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Apagón analógico: torpezas del gobierno, soberbia de Televisa

By: Draco Dracul on 1:12:00 / comment : 0 , , ,

Dar por terminada la transmisión de televisión analógica y entrar de lleno a la digital es una política que se está aplicando en todo el mundo y tiene ventajas; entre otras, libera espectro utilizable para diversos servicios de banda ancha y abre la arena para la competencia. Pero este panorama le eriza los cabellos a Televisa, consorcio que ha puesto en marcha una campaña para retrasar el “apagón analógico”. Quien tiene la última palabra, el gobierno, parece no saber qué camino tomar, luego de que su fecha límite para ejecutar el apagón está siendo torpedeada desde varios frentes.
MÉXICO, DF: Errores en la operación del “apagón analógico” en Monterrey, medida que estaba prevista para aplicarse el 24 de septiembre último en esa ciudad, dieron pie a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y en especial el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, emprendieran una campaña mediática y un intenso cabildeo legislativo para postergar la fecha límite –el próximo 31 de diciembre–, establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, para ordenar el cese de las transmisiones analógicas de televisión y realizar el “encendido digital”.

 Dos meses y medio antes de ese plazo, el pasado 19 de octubre, la CIRT dejó de guardar silencio: señaló que el apagón de Monterrey no había sido exitoso, tal como lo habían anunciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 Un estudio de la firma Nielsen-Ibope, responsable de medir los índices de audiencia o rating, afirmó que no fueron 472 mil sino 645 mil regiomontanos quienes se quedaron sin señal de televisión analógica. Es decir, 16% y no 10.3%, como habían señalado un día antes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, y la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe. El 72% de estas personas son de nivel socioeconómico “muy bajo”, afirmó Roberto Vázquez, de Nielsen-Ibope, en conferencia de prensa convocada por la CIRT.

 Los datos de Nielsen-Ibope fueron la señal de arranque de la intensa campaña mediática.

 Azcárraga Jean afirmó en entrevista con Radio Fórmula que la fecha límite para el apagón debía aplazarse unos meses para no afectar a la población de escasos recursos. “Estamos claros que el mandato constitucional habla del 31 de diciembre, pero lo que nos preocupa con los números arrojados en la ciudad de Monterrey es que miles de personas se quedaron sin televisión”, afirmó el presidente de Televisa, quien por primera vez hizo una declaración pública en sentido contrario a una política gubernamental peñanietista.

 Extrapolando la cifra de 16% de la población sin acceso a la señal televisiva –analógica ni digital–, Azcárraga afirmó que más de 7 millones de mexicanos no podrían ver televisión.

 En sincronía con la CIRT y la propuesta de Azcárraga, el 22 de octubre los senadores Javier Lozano, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, propusieron dos iniciativas de reforma al artículo 5 transitorio en materia de telecomunicaciones para aplazar el apagón: que sea el 31 de diciembre de 2016, propuso el panista; o el 30 de junio del mismo año, dijo el perredista.

 El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, declaró su apoyo al aplazamiento del apagón, sin tomar en cuenta que varios legisladores de su bancada se opusieron de inmediato, principalmente Dolores Padierna, Luis Sánchez y Angélica de la Peña.

 En la bancada del PAN, Javier Corral acusó a Lozano y Robledo de formar parte de un “nado sincronizado” para favorecer a las televisoras. En un memorándum dirigido a los legisladores de su bancada argumentó que modificar la reforma retrasará la competencia en televisión abierta, protegerá a las empresas de Televisa que ofrecen televisión por cable en la frontera y vulnerará el proceso de licitación de la “red compartida” en la banda de 700 Mhz.

 Fue más allá y acusó de mentiroso a Azcárraga. Afirmó que no es cierto que Televisa hubiera invertido para estar preparado para la transición de la tecnología analógica a la digital. Citando datos del IFT, el chihuahuense afirmó que del total de señales complementarias en televisión (846) sólo 67 operan bajo el sistema digital, 313 tienen solicitud de migración y más de 55% (466) ni siquiera han hecho esa solicitud.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Violencia y corrupción, herencia de Jorge Herrera a 8 meses de dejar su gestión en Durango

By: Draco Dracul on 1:05:00 / comment : 0 , , ,

Los operativos en busca de “El Chapo” Guzmán Loera revelan lo que el priista Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango, siempre negó: la presencia del narco en esa entidad.
Ciudad de México, 1 de noviembre: En marzo de 2013, Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango, negó que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se escondiera en esa entidad y aseguró que no existía un fenómeno de migración por la presencia del crimen organizado.

 “En la entidad no se da esa situación. Los niveles que se han dado de violencia, no son de la magnitud que lamentablemente se da en otras ciudades o estados del país”, dijo el mandatario estatal en una entrevista luego de una serie de hechos violentos que se vivieron en el estado y que motivó la presencia del Ejército mexicano.

 No obstante, los enfrentamientos registrados de grupos del crimen organizado en la capital obligaron a Herrera Caldera a solicitar a la población no salir a altas horas de la noche.

 En ese entonces el priista llevaba poco más de ocho meses de haber iniciado su gestión y aseguraba que la entidad se convertiría en una de las más seguras del país. Pero no fue así.

 A ocho meses de concluir su gestión, el estado que gobierna Jorge Herrera de nueva cuenta vuelve a ser noticia. La razón: los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) en busca de “El Chapo”, prófugo desde el 11 de julio pasado.

 En las últimas semanas se ha registrado el éxodo de familias desplazadas del municipio de Tamazula. De acuerdo a versiones y testimonios de los pobladores desplazados a las que tuvo acceso SinEmbargo, la zona entre los estados de Durango y Sinaloa es un verdadero campo de batalla, donde a cada momento se escuchan detonaciones de armas de alto calibre y sobre vuelos de aviones y helicópteros.

 Los enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de sicarios han dejado a los habitantes del municipio duranguense en el fuego cruzado. No son aisladas las denuncias por abusos en contra de estas corporaciones.

 En junio pasado se acusó a marinos de asesinar a dos jóvenes y de herir a un menor en un ataque aéreo. Sin embargo, la dependencia a cargo del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz negó cualquier exceso de sus elementos. En otro caso, a principios de octubre una de las habitantes de Tamazula narró al diario Noroeste que su vivienda fue objeto de disparos, según ella, desde el aire.

 En respuesta a ésta y otras acusaciones, la Marina emitió un comunicado en el que negó haber cometido abusos o ataques contra los pobladores de la zona serrana de Tamazula, y aseguró que lo que realizan en la zona son recorridos de disuasión en estricto apego a la Ley.

 Ante estas denuncias por parte de los pobladores de Tamazula, diversas organizaciones civiles y organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han alzado la voz en contra de las posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales.

 El Gobernador de Durango ha mantenido su estrategia de un bajo perfil ante los medios de comunicación y no ha emitido alguna postura al respecto, situación que le ha valido severas críticas por parte de la oposición política y organizaciones, quienes lo acusan de ser “indiferente” ante la crisis de inseguridad que vive la entidad.

 INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN

 Si bien, su predecesor, Ismael Hernández Deras, le heredó un estado abatido por la delincuencia, desempleo y pobreza, Herrera Caldera no ha mostrado avances para terminar con ese panorama, así lo revelan estadísticas de organismos federales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que siguen colocando a Durango como uno de los más violentos y corruptos.

 Desde su llegada a la gubernatura el principal problema que ha enfrentado Jorge Herrera es la inseguridad desatada por la lucha entre bandas del crimen organizado que dominan la región y la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

 En abril de 2009 el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, advertía de la presencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Guanaceví. “Todos lo sabemos, menos la autoridad”, expresó el prelado un año antes de que Jorge Herrera Caldera tomara posesión como Gobernador de la entidad.

 Un año después, en noviembre de 2010, ya con Jorge Herrera al frente del estado, el Arzobispo insistió y aseguró a los medios de comunicación que el jefe del Cártel de Sinaloa estaba presente en todas partes, lo mismo caminando por las calles, cenando en un restaurante o en Tamazula, Durango.

 A pesar de que la administración de Herrera ha tratado de negar la situación de violencia en Durango, estadísticas e informes revelan el grado de inseguridad que se vive en la entidad.

 Por ejemplo, en abril de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió precaución para visitar Durango, debido a la violencia generada en las carreteras. Solicitó viajar sólo en el día y cumplir el toque de queda de una a seis de la mañana.

 Dos meses después, en junio de este año, el “El Barómetro” de México Avanza dio a conocer su informe sobre percepción de seguridad pública en la Zona Metropolitana Lagunera. El documento destacó que los laguneros estaban preocupados en primer lugar, por la inseguridad generada por el narcotráfico.

 Ese mismo mes el Gobernador priista reaccionó a las encuestas sobre seguridad de su estado y declaró que la violencia no podía compararse a la que se vivía hace dos años, es decir en 2013.

 En octubre de 2013 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2013) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que para 60 por ciento de la población de Durango, la inseguridad era el principal problema de la entidad, incluso sobre la pobreza y el desempleo.

 De acuerdo con el Inegi, los duranguenses sentían temor y falta de confianza al realizar sus actividades cotidianas.

 La encuesta también reveló que en segundo lugar, con un 52 por ciento, la población de Durango ubicó la falta de empleo, superando la media nacional con ocho puntos porcentuales. Mientras que la pobreza, a tres años de la administración del priista, era la tercera preocupación entre sus gobernada con 38 por ciento de los encuestados.

 En enero de 2013 el crimen organizado ejecutó a seis personas de distintos municipios de la entidad y acusó directamente al Gobernador de estar relacionado con un grupo criminal.

 De acuerdo con Agencia Proceso una narcomanta sin firma acusó al Gobernador: “Atención policía federal y wachos: el problema no es con ustedes es con la DEI (Dirección Estatal de Seguridad) y con el Gobe Pechocho de Durango que ya se arregló con los Cabrera”.

 A principios de ese año la violencia se recrudeció y varias dependencias públicas y compañías fueron atacadas.

 De acuerdo con el estudio “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”, Durango ocupa el lugar número noveno a nivel nacional en el ranking de violencia nacional.

 En el tema de la corrupción tampoco los números le favorecen a Durango. En junio de 2014, el Inegi colocó al estado como la novena entidad con mayor percepción de corrupción entre sus habitantes, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013.

 Durango se colocó por debajo de Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Distrito Federal y Jalisco, entidad que ocupó el primer lugar.

 Por si fuera poco, su esposa, Teresa Álvarez del Castillo, contribuyó con un escándalo más. En septiembre de 2014, la directora del Sistema DIF de Durango se pronunció por el respeto a las uniones de parejas del mismo sexo, para luego asegurar que “la naturaleza es muy sabia” y que la homosexualidad es una “degeneración” que reproduce “enfermedades como el SIDA”.
Las infortunadas declaraciones provocaron severas críticas y horas más tarde tuvo que disculparse. “La presidenta expresa su respeto absoluto a las preferencias sexuales. Afirma que la intención nunca fue, ni será ofender a nadie”, publicó la cuenta de Twitter del DIF de Durango.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1534085.

¿Y la Ley contra la Tortura? EPN no da señales y se ignora a la sociedad, se quejan ONGs

By: Draco Dracul on 0:41:00 / comment : 0 , , ,

Faltan menos de 90 días para que el Congreso de la Unión emita una Ley contra la Tortura, pero a la fecha no se ha presentado la iniciativa, ni tampoco se ha abierto el debate con la sociedad civil y las familias de las víctimas para incluir puntos nodales. Y mientras el Estado no reconoce que este crimen es generalizado, los casos incrementan de forma “catastrófica”.
Ciudad de México, 31 de octubre: En menos de tres meses el Congreso de la Unión deberá aprobar una Ley contra la Tortura en México, esa fue la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario no ha presentado dicha iniciativa ni tampoco se ha convocado a la sociedad, ni a víctimas y sus familiares, ni las organizaciones sociales, para crear un debate amplio que tenga como resultado una legislación seria, lejana a un compendio de letras muertas.

 ¿Por qué es importante esta Ley? Organizaciones como Amnistía Internacional, Centro Prodh e incluso el Relator Especial de La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, han denunciado que la tortura en México es generalizada y/o sistemática, y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.

 Una legislación que atienda este crimen es un avance en materia de derechos humanos y podrá dar paso erradicar otras violaciones, e incluso combatiría la impunidad, han expresado expertos en la materia.

 Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, explicó que esta nueva Ley además es urgente porque estandarizará las legislaciones locales. Por ello es importante que los legisladores abran el debate, pues si bien han existido acercamientos breves, falta mucho por exponer sobre el tema.

“La Ley es importante, pero no debemos perder de vista la instrumentación y las herramientas que se le brinden para la aplicación”, comentó Quiroz Rendón.
De acuerdo con diversos informes, la tortura es una práctica que se emplea para acallar voces, disolver movimientos, aterrorizar a la sociedad y sobre todo, para coaccionar declaraciones durante la averiguación de delitos.

 Es decir, que muchos inocentes podrían en este momento estar cumpliendo una sentencia por un crimen que no cometieron porque habrían sido torturados hasta aceptar culpabilidad. Y nadie sabe en realidad cuántos casos así existen.

 El Centro Prodh informó sobre la importancia de exámenes independientes. De acuerdo con datos de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 2016 evaluaciones físicas y psicológicas, en sólo seis casos se reconoció que existían secuelas de tortura.
Amnistía Internacional mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la PGR.

 A pesar de las denuncias, sólo en 11 casos ha existido consignación y se tiene registro de cinco sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura. Lo que expone que hay torturados, pero no torturadores.
A esas cifras se suman los casos que no han sido denunciados, o que no procedieron porque los médicos de las propias procuradurías no encontraron secuelas de tortura, en ocasiones porque las lesiones ya habían sanado, detalló en un foro sobre crisis de derechos humanos en México, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el Gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el análisis titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria”, Amnistía refiere que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos”. Y agrega que esto socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar estas prácticas.

 Tanto Amnistía Internacional como el Centro Prodh y decenas de organizaciones civiles han denunciado que el Estado ha sido omiso a esta problemática con “niveles catastróficos”. También el Gobierno federal ha sido cuestionado por no aceptar las observaciones de organismos de derechos humanos internacionales.

 El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 que faculta al Congreso [que el 1 de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones] a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 En marzo pasado, el Relator Juan E. Méndez expresó que la tortura en México es generalizada.

“Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”, recomendó Méndez en su informe sobre el tema.
Sin embargo, el Estado mexicano rechazó el informe e incluso, en voz de Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Relator de la ONU no fue “profesional y ético”.

 Méndez afirmó que fue “con mucho pesar” que llegó a la conclusión de que la tortura en México es generalizada. “Pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, expuso.

 Diversas organizaciones como Amnistía Internacional aseguraron que las respuestas del Gobierno mexicano, más que intentar descalificar la labor de Méndez, intentaba desviar el tema centra y poner “excusas” para cerrar casos de impunidad y tortura.

 “Lo que intenta hacer la cancillería no es cerrar el conflicto con el Relator, sino intentar cerrar el tema de la tortura en México”, explicó en su momento Perseo Quiróz Rendón.

 Activistas y al menos 20 organizaciones han denunciaron que no se ha consultado a la sociedad y que no ha habido un acercamiento serio, por ello emitieron misivas para solicitar de manera formal que sean consultados, pues existen diversos puntos nodales en la discusión.

 Entre los puntos que quieren que se contemplen en la Ley son: que se emitan medidas integrales, superando el tema de las indemnizaciones; contar con peritos independientes que realicen exámenes físicos y psicológicos; que ante cualquier indicio de tortura, en el sistema penal acusatorio, se reinicien las diligencias con el fin de garantizar derecho a la justicia; mejorar las deficiencias en el marco normativo en materia; y, entre otras propuestas, eliminar el requisito de gravedad, con el fin que cualquier caso pueda ser atendido y resuelto.

 Otros de los puntos que se dieron a conocer y que serán enviados a la Cámara de Diputados son: que la Ley tenga una perspectiva de víctimas, responsabilidad del superior geriátrico, limitar jurisdicción militar, que se rompan con los obstáculos en las denuncias y que la Ley no se quede en papel, sino que exista una instrumentación.

 Amnistía refirió que las autoridades federales no han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.

“[Se requiere] Una robusta Ley General contra la tortura, que signifique más que palabras y asegure justicia para las víctimas, sería un buen primer paso para que México se recupere de la profunda crisis de derechos humanos en la que está inmerso,” dijo Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional.
La organización ha documentado numerosos casos en los que, pese a haberse denunciado torturas, las autoridades no han mostrado la diligencia debida para hacer un seguimiento de esas denuncias. “En muchos casos, a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, lamentó.

 Amnistía denunció que los agentes del Estado sospechosos de haber infligido torturas a menudo permanecen en sus cargos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos.

 Dijo que en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan las pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave.

 El análisis de la organización mostró que los médicos que examinan a los detenidos después de su arresto como los expertos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
“Las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar las lesiones de los detenidos en tres categorías: el detenido no muestra señales de lesión; el detenido presenta lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días; el detenido presenta lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar”, explicó la organización.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2015/1528442

La corrupta OHL trama nuevos despojos ejidales

By: Draco Dracul on 0:30:00 / comment : 0 , , , ,

Para ensanchar el Circuito Exterior Mexiquense, que el otrora gobernador Enrique Peña Nieto publicitó como la obra carretera más importante del país, la compañía OHL, envuelta en interminables escándalos de corrupción en México y el extranjero, no se detiene ante requisitos legales ni ante los derechos de los dueños de las tierras afectadas por sus proyectos. Con ello, los gobiernos del Estado de México y el federal parecen premiar la cauda de irregularidades y abusos del consorcio español, hoy hundido en el desprestigio nacional e internacional.
TULTEPEC, Edomex: Don Santiago Rodríguez Rangel, presidente del comisariado del Ejido Tultepec, comenta indignado:

 “A nuestras tierras ya empiezan a llegar topógrafos de la empresa OHL. Vienen con sus equipos a tomar medidas a los costados del Circuito Exterior Mexiquense que cruza arbitrariamente por nuestro ejido. Ahora van a meterle más carriles porque esta autopista conectará con el nuevo aeropuerto de Texcoco.”

 Acompañado por otros campesinos, don Santiago camina en medio de las milpas ejidales y la autopista de cuatro carriles protegida por alambradas de púas. Prosigue su relato:

 “Antes de que tendieran el circuito también llegaron primero los topógrafos. Luego vinieron las maquinarias y los trabajadores que asfaltaron sobre nuestras tierras. Hoy OHL gana mucho dinero por el peaje de vehículos y a nosotros jamás nos indemnizó. Llevamos años peleando en tribunales una indemnización, ¡y nada! Ahora vuelven a llegar los topógrafos… ¡mala señal!”.

 –¿OHL ya les informó que ensanchará su autopista y que ocupará más tierras de ustedes?

 –No, para nada. Eso lo sabemos por los rumores que corren. Y por los técnicos de OHL que empiezan a llegar un poco a escondidas. Hace poco pusieron una hilera de estacas a lo largo de la autopista para señalar los nuevos carriles que planean construir.

 Don Santiago apunta a la autopista que se pierde rumbo a Texcoco, donde se levantará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y dice:

 “OHL planea ampliar el Circuito Exterior Mexiquense despojando de tierras a los ejidos y comunidades que le quedan a su paso, como siempre lo ha hecho. Pero nosotros nos vamos a defender”.

 Así, pese a los recientes escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta, la empresa española OHL ya se prepara a fin de ensanchar su controvertido Circuito Exterior Mexiquense (CEM), construido durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, quien durante su gestión como gobernador publicitó a la autopista como la más importante obra carretera del país a fin de promoverse para la Presidencia de la República.

 Pero al realizar el tendido de los 113 kilómetros de longitud de la autopista, OHL lo hizo ilegalmente, pues no efectuó los procesos expropiatorios correspondientes con los ejidos que arrasó, como los de Tultepec, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextlalpan, entre otros, además de que afectó muchas propiedades privadas y dejó incomunicados y cercenados a varios municipios (Proceso 1802).

 Por ser un circuito que conecta a los estados de México, Querétaro, Hidalgo y Puebla, sin tocar el Distrito Federal, el CEM ahora comunicará al centro del país con el aeropuerto internacional que se construirá en Texcoco, por donde también pasa la autopista.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.

“Tengo los dos pies en el PRI”, dice Cuauhtémoc Gutiérrez

By: Draco Dracul on 0:22:00 / comment : 0 , , ,

MÉXICO, D.F: El exlíder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, defendió su permanencia en ese partido y afirmó que el proceso que enfrentó por la red de prostitución que operaba en la dirigencia local ya está cerrado.

 El equipo de noticias liderado por la periodista Carmen Aristegui publicó el año pasado un reportaje que evidenciaba cómo desde la oficina del PRI capitalino, que en ese entonces presidía Gutiérrez, se ofrecía trabajo a jovencitas a cambio de brindar servicios sexuales al exdirigente priista.

 En un comunicado difundido por el diario Reforma, Gutiérrez aseguró que tiene los dos pies en el PRI porque la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor resolvió en septiembre la extinción de la responsabilidad jurídica y dio como definitivamente concluido el asunto.

 Destacó que la comisión no reunió pruebas que causaran su expulsión del partido.

 Gutiérrez agregó que se determinó restituirle sus derechos políticos-partidistas luego de que el Tribunal Electoral del DF ordenara un nuevo fallo en el proceso de expulsión que se promovió en su contra.

 El exlíder priista defendió sus apariciones en eventos públicos del partido con el argumento de que tiene todo el derecho de reanudar sus actividades en el ámbito político, en las filas del PRI.

 En el comunicado, Gutiérrez afirmó que no tiene injerencia alguna en la fracción priista pues sus integrantes participan en diferentes sectores y corrientes ideológicas del tricolor.
Sostuvo que ellos toman decisiones propias y cuentan con el talento suficiente para representar al partido y a los ciudadanos en la Asamblea.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cerrojazo a la Comisión Ayotzinapa

By: Draco Dracul on 0:14:00 / comment : 0 , ,

La bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro. Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma… Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.
MÉXICO, D.F: Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

 Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.

 En su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y con el exfiscal de esa entidad, Iñaky Blanco.

 De esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a los normalistas.

 Aguirre Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida, según expusieron.

 Luego de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario.

 La diputada Araceli Damián González, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el cerrojazo:

 “Quienes consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la posibilidad de negarnos la información”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Alza criminal en residenciales de Xalapa: aprovechan asueto para robar: regidora

By: Draco Dracul on 0:04:00 / comment : 0 , ,

La regidora del ayuntamiento de Xalapa, Leticia Amira Delgado, aseguró que la zonas residenciales de Xalapa enfrentan una crisis de inseguridad, debido a un incremento en los robos que se registran.

 Entrevistada previo a la realización del Consejo Estatal Ciudadano y toma de protesta del partido Movimiento Ciudadano, informó que la inseguridad en zonas como Ánimas, Indeco, Monte Magno, Monte Novo y otros fraccionamientos, ha incrementado hasta en 75 por ciento.

 Lo anterior, explicó, se desprende de informes entregados a la regidora por parte de los jefes de manzana, que señalan que los robos a casa-habitación han aumentado.

 En ese sentido, explicó que además estos días de asueto son de especial cuidado en el tema de inseguridad debido a que los xalapeños dejan sus casas solas, a merced de los amantes de lo ajeno que aprovechan la ausencia para desmantelar los hogares.

 Leticia Armida alertó que el modus operandi de los delincuentes consiste en ir de casa en casa en los fraccionamientos de mayor nivel económico para ofrecer productos, pero sólo para cerciorarse qué hogares están solos.

 Dijo que en estos fraccionamientos los vecinos reportan la presencia de personas -en su mayoría mujeres- que acuden a ofrecer productos a altas horas de la noche y que sirven de vigilantes para que se registren futuros atracos.

 Asimismo, alertó que los delincuentes también se acreditan como encuestadores del Instituto Nacional Electoral (INE), y cuestionan al jefe de la casa sobre los ingresos económicos, el número de habitantes y demás información personal.

 “Pasaron a las 12 de la noche vendiendo chiles rellenos. Están checando y esperando qué casas están desocupadas. Y pasaron supuestamente del INE preguntando quién es el jefe de familia y cuántos vivían”.
Si bien dijo que los rondines por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han incrementado, aceptó que los ladrones utilizan cualquier artimaña para realizar el hurto.

 FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.

Grandes vacíos en caso de multihomicidio en la Narvarte

By: Draco Dracul on 23:34:00 / comment : 0 , ,

A tres meses del multihomicidio en la Colonia Narvarte, donde asesinaron a cinco personas, entre ellas al fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, nadie sabe por qué y cómo pasaron los hechos, pues no hay hasta el momento un móvil del crimen sustentado pericialmente.

 Leopoldo Maldonado, abogado de la Organización Artículo 19, coadyuvante en el caso, advirtió que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debe aclarar si tiene la capacidad de determinar pericialmente el móvil, o de lo contrario, se deben habilitar peritos independientes mexicanos o extranjeros que permitan avanzar en la investigación.

 Afirmó que el reto para las autoridades es esclarecer qué fue lo que pasó la noche del 31 de agosto, pues hasta el momento hay graves vacíos periciales y científicos en la investigación e incluso contradicciones entre las declaraciones de los tres detenidos, Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino.

 “Se debe privilegiar el derecho a la verdad y el derecho al acceso de justicia para las víctimas por encima de cualquier formalidad, además la Ley permite la habilitación de peritos independientes, pero primero se deben aceptar las propias incapacidades”, consideró.

 Advirtió que la PGJDF ha señalado que la definición de homicidio no exige conocer las causas del hecho, y aunque legalmente no se exija, en términos del derecho de las víctimas se tiene que conocer la verdad histórica “ No podemos quedarnos con esta versión de los hechos chata, incompleta, y que en tribunales será difícil sostener sobre los tres únicos implicados en el crimen de la Narvarte”.

 Lamentó que a través de filtraciones, la PGJDF quiera apuntalar la investigación hacia líneas como el robo, las drogas o el sexoservicio, cuando ninguna de estas hipótesis está jurídica ni pericialmente sustentadas. Advirtió que estas filtraciones, que incluyen las declaraciones de tres detenidos, van dirigidas a una versión de los hechos, y a desacreditar la línea de amenazas y hostigamiento que padecieron Rubén y Nadia en Veracruz.

 “Hasta el momento no hay un reconstrucción de los hechos, no se sabe qué pasó esa noche, ni la secuencia de los asesinatos, no hay evidencia científica que diga que pasó, lo que nos parece una incapacidad de la PGJ”, consideró. Alertó que es preocupante que no haya avances en la investigación, y aunque oficialmente no se cierre el caso, se mantenga indefinidamente abierto el expedientes, pero no se esclarezcan los hechos ni haya más detenidos.

Atracción de expediente de la PGR, un riesgo

En su consideración la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) subejerce su capacidad de atracción en el caso de asesinatos de periodistas. Sin embargo, en este caso, hay dudas, pues se teme que solo se atraiga el caso de Rubén para su investigación y no el de las otras cuatro víctimas y que se empiece desde cero.

 “Si no decidiera atraerla investigación de los cinco casos, eso implicaría replantear toda la investigación, o continuar con las líneas que la PGJDF se ha planteado”. Dijo que hay riesgo de que se abran tantas líneas de investigación que al final la verdad sea diluida, y se pierda. Aclaró que en este momento no se planteará a la PGR la atracción del caso, pero se exigirá a la PGJDF avanzar en la investigación que al momento sigue estancada.


La diez inconsistencias más graves del caso Narvarte

 FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Fidel Herrera, el cónsul impresentable

By: Draco Dracul on 10:55:00 / comment : 0 , ,

El nombramiento de Fidel Herrera Beltrán como cónsul en Barcelona ha sido muy mal visto en Cataluña, donde la historia oscura de este personaje no es desconocida. La comunidad mexicana asentada en la Ciudad Condal y la propia población catalana repudian al veracruzano, cuyo nombre aparece con mucha frecuencia en los tribunales donde se ventilan casos de corrupción y narcotráfico. Pero los analistas ven otro aspecto: “degradar” de ese modo al consulado barcelonés es una jugada para restarle importancia a esa región española, que busca la independencia.
MADRID: El cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, dueño de una de las más negras biografías del priismo mexicano, no logra aquietar la repulsa que su nombramiento provocó y, todo indica, mancha de manera irremediable las “magníficas relaciones bilaterales” que presumen los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Mariano Rajoy.

 El 26 de octubre, en visita a la embajada de México en Madrid, Herrera adelantó que su prioridad es conseguir la reanudación del vuelo México-Barcelona. Para esta gestión –que tiene el propósito también de limpiar su imagen– busca los servicios de Jordi Segarra, consultor político andorrano que participó en la campaña de Barack Obama.

 Su llegada a Cataluña generó una reacción de indignación entre los mexicanos afincados en España y ya tuvo sus primeras consecuencias: la Casa América Catalunya anunció que por un “conflicto de conciencia”, los escritores Juan Pablo Villalobos, Jordi Soler y Laura Restrepo declinaron participar en unas sesiones literarias dentro del Festival MXaBCN.

 En un comunicado emitido el 22 de octubre, la institución organizadora señala que MXaBCN es un “proyecto cultural”, pero que “es imposible desligar la cultura de otros aspectos de actualidad político-social, y por tanto entendemos y somos respetuosos con las posturas que puedan surgir entre los participantes invitados”.

 Tras el comunicado no hubo más declaraciones de los involucrados, pero este semanario corroboró que la declinación se produjo porque el consulado participa en los patrocinios de dichas jornadas literarias.

 Fidel en “observación”

 El caso de Herrera no pasa inadvertido en España: lo estudian abogados especializados en temas de derechos humanos en Europa, algunos de los cuales, en el pasado, llevaron querellas contra el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld; los “vuelos de la CIA” o el primer ministro uzbeko, Zakir Almatow.

 Así lo explica Gonzalo Boyé, abogado y asesor del European Center for Constitutional and Human Rights, de Berlín, agrupación que llevó las causas referidas. “Lo grave que resulta que el gobierno de España haya brindado el exequatur (autorización definitiva) para este cónsul mexicano. Una labor mínima de los cuerpos de inteligencia españoles podía haber corroborado el perfil del personaje, como el hecho de que su nombre fue mencionado por testigos sometidos a procesos por blanqueo de capitales en tribunales en Estados Unidos”.

 Se refiere al juicio que se celebró en la Corte de Distrito Oeste, en Austin, Texas, en 2013, que declaró culpables de blanqueo de capitales y de arreglo de carreras de caballos a José Treviño Morales –hermano de Miguel Ángel, líder de Los Zetas–y otros coacusados, entre ellos el empresario Francisco Pancho Colorado.

 En ese proceso, encabezado por el juez Sam Sparks, el nombre de Fidel Herrera salió a la luz. Según los testigos, se “invirtieron” 12 millones de dólares para que alcanzara la gubernatura de Veracruz y dejara operar a Los Zetas en esa entidad clave para la ruta del Golfo de la cocaína (Proceso 1906).

 El nombre del priista fue mencionado por el agente especial del FBI, Scott Lawson, que en la audiencia del 26 de septiembre de 2012 dijo que entre 2003 ó 2004, “Francisco Colorado se estableció como un intermediario entre Los Zetas y el gobierno de Veracruz”. Habló de supuestos sobornos para “darles libertad en el trasiego de drogas en el estado de Veracruz y al mismo tiempo como una manera de ayudar a Fidel Herrera a financiar su campaña como gobernador”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.

La Fórmula Uno acaba con la Ciudad Deportiva

By: Draco Dracul on 10:33:00 / comment : 0 , ,

El Gobierno del Distrito Federal entregó a tres empresas el control de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca para que se disputara ahí el Gran Premio de la Fórmula Uno el domingo 1 de noviembre. CIE, OCESA y Televisa han hecho lo que han querido con esas instalaciones públicas: ya impidieron la entrada a los deportistas, talaron 2 mil 500 árboles, ocuparon canchas, destrozaron enormes zonas y otras las convirtieron en basureros. Y ni siquiera han cumplido con los tiempos y los compromisos que adquirieron con la Federación Internacional de Automovilismo.
MÉXICO, D.F: El viernes 23, cuando faltaba sólo una semana para que se realizara el Gran Premio de México de la Fórmula Uno, la improvisación predominaba en la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez, que seguía inconcluso. Paralelamente se recrudeció el rechazo de grupos de usuarios y vecinos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca (CDMM) contra las medidas del gobierno de Miguel Ángel Mancera por la “privatización” de todo ese complejo.

 Además, el circuito de 4.3 kilómetros seguía sin recibir la homologación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y, de hecho, el comité organizador ya se excedió de la fecha límite señalada (20 de octubre) por el organismo de la especialidad. Los organizadores habían prometido que el escenario estaría listo y en condiciones en agosto pasado.

 Así, la entrega de la licencia Grado Uno de la FIA se mantenía en suspenso:

 El problema es que la FIA no termina de convencerse de varios detalles que detectó en la remodelación del circuito. Por lo anterior, en su última visita al autódromo capitalino, el martes 20, el director de Carrera y de Seguridad de la F1, Charlie Whiting, dejó un cuaderno de pendientes y recomendaciones que, advirtió, deberán cumplirse el jueves 29, es decir, apenas un día antes del inicio de las pruebas libres del GP de México.

 En el caso del circuito restaban detalles, como pintar las líneas de ingreso y salida de pits, el semáforo de pits, así como dovelas a la salida de los boxes, entre otras recomendaciones de Whiting.

 No obstante que el responsable organizador, la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), incumplió con el tiempo de entrega a la FIA, la realización de la carrera está fuera de peligro gracias a que Whiting aprobó su realización.

 Ahora bien, desde el martes 13 el director de pista de la FIA, el ingeniero mexicano Julián Abed, sentenció que el circuito debería estar totalmente en condiciones a partir del 20 de octubre, o se correría el riesgo de recibir una sanción del organismo “dependiendo de lo que no se cumpla. Esperamos y confiamos que no sea el caso”, declaró Abed a medios locales.

 Abed, quien esperaba que ese día la FIA entregara el certificado de homologación de la pista, abundó que, de detectarse alguna falla, aún “hay tiempo para corregirlo. Son 10 días antes del evento, y si hubiera algún detallito lo tendríamos que llevar a cabo”.

 No es la primera vez que un comité organizador incumple los plazos y términos establecidos. También pasó con los autódromos de Yeongam, en Corea del Sur, y de Buda, en India. Ninguna de estas carreras fue cancelada, pero ambos escenarios ya están fuera del calendario de la Fórmula Uno.

 La competencia de automovilismo más importante se realizará en la CDMM del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. Pero antes de que tres pilotos asciendan al podio, el GP de México ya tiene a sus grandes ganadores: CIE, su subsidiaria OCESA y su socio Televisa, el consorcio que por primera ocasión anuncia una transmisión en vivo de la F1 –con los millonarios ingresos que representan los patrocinadores– desde que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez corre en el llamado gran circo (2010).

 En pleno año de recorte presupuestal y en tiempo de crisis, el gobierno de Peña Nieto pactó la presencia de la F1 en el país para los próximos cinco años y se obligó a pagar al dueño de los derechos de comercialización del serial, Bernie Ecclestone (presidente de la Fórmula Uno), un total de 213 millones de dólares, lo que significa que anualmente saldrán del erario 42.6 millones de dólares.

 Al hacerse oficial el regreso de la F1, el 23 de julio de 2014, así lo expusieron el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; el presidente de grupo CIE, Alejandro Soberón, y la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

 Pese a que el gobierno federal y capitalino afirmaron que el regreso de la Fórmula Uno será una buena inversión pública, lo cierto es que la CIE y su subsidiaria OCESA son las primeras favorecidas, pues se quedarán con la totalidad del ingreso por boletaje y con todas las ganancias derivadas de la venta de alimentos, souvenirs y parte de los derechos de transmisión durante los tres días del encuentro. Para operar durante la carrera, dicha empresa entregará 20 millones de dólares al emporio de Ecclestone.

 Adicionalmente, CIE invirtió 50 millones de dólares en la remodelación y adecuación del inmueble, con un aforo para 110 mil espectadores.

 Los precios de los boletos van desde mil 500 y hasta 18 mil 750 pesos en la zona Grandstands (tribuna principal-recta principal). Si se toma como referencia la cifra más baja, el lleno del inmueble representará ingresos de al menos 200 millones de pesos.

 Compromisos violados

 En agosto de 2014, Horacio de la Vega, vocero de la F1 designado por el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, reveló que la administración capitalina invertiría en la remodelación restante de las instalaciones de la CDMM (Proceso 1970). “Pretendemos transformarla en algo totalmente rehabilitado, con espacios nuevos, que comulgue perfectamente con el proyecto de la Fórmula Uno”.

 Nada más distinto a la realidad. Hoy la CDMM presenta dos rostros opuestos: un autódromo que contrasta con un entorno desolado por el paso de tráileres, maquinaria pesada y trabajadores.

 De la Vega no sólo ha fallado con la llamada remodelación de la Ciudad Deportiva. Más aún: dentro del inmueble, una parte que los aficionados en general no suelen conocer quedó convertida en un muladar: se acumulan toneladas de basura y los troncos de los árboles talados –al menos 2 mil 500– para cumplir con las necesidades de los organizadores del GP, de acuerdo con el presidente de la asociación Ecoactivistas de la Ciudad Deportiva, Elías García. Aunado a ello, algunas canchas de futbol fueron afectadas por el incesante recorrido de la maquinaria pesada.

 Los reclamos se incrementan en torno al uso y excesos de OCESA, que tiene la zona bajo su absoluto control desde el domingo 18, y por ello prohibió el acceso a usuarios, vecinos y futbolistas de las diferentes ligas de futbol, no obstante que pagaron sus respectivas cuotas.

 Otro abuso: el 15 de agosto de 2014, Miguel Ángel Mancera reinauguró, “para uso y disfrute de los deportistas capitalinos”, el estadio de futbol y de atletismo Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad Deportiva, con una inversión de 25 millones de pesos. Sin embargo, desde la primera semana de octubre, ese escenario está totalmente ocupado por enormes carpas bajo las cuales el CIE proyecta instalar parte de la zona de comedores y venta de souvenirs, con el riesgo de dañar la cancha y la pista sintética de atletismo.

 El retorno del GP de México implicó, además, la mudanza del equipo de beisbol profesional Diablos Rojos, cuyo propietario –Alfredo Harp Helú– tiene la promesa de Mancera de que varias canchas de futbol de la CDMM se destinarán a cumplir el sueño más acariciado del empresario: la edificación de la nueva sede de su novena, que disputaba sus partidos de local en el Foro Sol, también concesionado por CIE a través de OCESA.

 La ira creciente

 Aun cuando la construcción del estadio de beisbol sigue en duda, la manera en que el jefe de gobierno capitalino ha privilegiado a los empresarios ya desembocó en una alianza de usuarios, vecinos, presidentes de ligas de futbol, vendedores locales e incluso de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista –los grandes perdedores–, que se muestra decidida a impedir el desarrollo de dicho proyecto de beisbol en las 150 hectáreas de la CDMM.

 Desde hace meses, este grupo se manifiesta con marchas y plantones en la Ciudad Deportiva, frente a los edificios del Gobierno del Distrito Federal y del Indeporte. En su pliego petitorio, la alianza demanda frenar la privatización del complejo, reducir el costo por usar las instalaciones, reconectar la red de agua tratada, cuya suspensión alcanza los 10 meses, no destruir más canchas y frenar la tala.

 Para rematar, el grupo opositor exige a Mancera destituir al titular del Indeporte, Horacio de la Vega, por considerar “que no ha querido resolver las peticiones de los deportistas. Por tal motivo, ejerceremos nuestro derecho a protestar con mítines y una marcha a la Ciudad Deportiva”, advierte Víctor Roldán, responsable de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista y representante de los usuarios y vecinos del complejo.

 “No es posible que por organizar un encuentro que sólo beneficia a la clase adinerada castiguen a los deportistas quitándoles los espacios creados para la práctica del deporte popular”, asienta Roldán.

 Además, Roldán explica que se había planeado un boicot contra el GP de México a partir del viernes 23. Sin embargo, se aplazó esa decisión a raíz de una invitación del gobierno central.

 “Aparentemente hay una respuesta del gobierno capitalino para quedarnos quietos. Si nos dan una respuesta positiva, estaremos tranquilos hasta firmar el convenio. De lo contrario, vendrá una larga lucha. Esto no termina, porque tampoco queremos otro estadio de beisbol en Ciudad Deportiva. Por ahora llevamos más de 10 mil firmas de usuarios y vecinos de la Ciudad Deportiva, y vamos por más.”

 El jueves 15, el grupo fue convocado a una reunión de negociaciones con autoridades del gobierno capitalino. El encuentro duró apenas 20 minutos, ya que Julio Escamilla, director de Asuntos Políticos dependiente del gobierno del DF, se mostró soberbio e intransigente, según asistentes. El funcionario sentenció que no habría arreglos y que los usuarios, a quienes amenazó con no permitirles el uso de las instalaciones, deberán atenerse a las consecuencias.

 A la par, desde el 20 de mayo, la asociación Ecoactivistas, A.C., que encabeza Elías García, exige al gobierno de Mancera que los 27 millones de pesos que entregó OCESA por la afectación ambiental a la Ciudad Deportiva se reinviertan en mejoras de las áreas verdes y canchas deportivas. Al mismo tiempo solicitan crear una Comisión de Seguimiento para la correcta ejecución del proyecto, así como la plantación de al menos 2 mil árboles.

 Elías García teme que con el cierre temporal de la Ciudad Deportiva, ordenado por CIE, el consorcio continúe con el derribe de árboles. “Si lo hicieron en presencia de los usuarios, ahora que no estaremos presentes es posible que continúen”.

 Asesorado por la administración del complejo deportivo, José Enrique García, quien durante 56 años ha trabajado en su local de alimentos dentro del recinto, decidió ampararse ante los frecuentes amagues del administrador de la CDMM, Pedro Martínez, de retirarlo del espacio que ha conservado desde que el inmueble abrió sus puertas.

 Este complejo fue construido en 1959 como parque público para la práctica y desarrollo del deporte popular, pero nada queda de aquella esencia, ya que el recinto, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, es operado bajo la concesión de Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V., a través de OCESA, una de sus subsidiarias.

 Es CIE, la empresa socia de Televisa, y no el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la que dicta las reglas y dispone del inmueble las veces que se lo propone, para uso y disfrute de particulares.
En agosto de 2014, De la Vega reveló que para el GP de México se utilizarán 90% de las 150 hectáreas que conforman la CDMM. Por ello, admitió, el gobierno capitalino amplío a OCESA la concesión de gran parte de la Ciudad Deportiva. El nuevo convenio estará vigente de 2015 a 2019.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.

El señor de los túneles

By: Draco Dracul on 10:22:00 / comment : 0 , , ,

TIJUANA: Se llama José Sánchez Villalobos, le dicen “El Quirino”, oriundo de Ixtlahuacán de los Membrillos, un poblado de Jalisco ubicado a 30 kilómetros de Guadalajara, donde apenas terminó la instrucción primaria.

 Es el propietario de túneles construidos en la frontera de México con Estados Unidos, desde Nogales hasta Tijuana, para el trasiego de droga.

 Por eso le dicen “El señor de los túneles”.
Estos pasadizos son rentados a carteles mexicanos de la droga, aunque por su experiencia fue contratado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera para construir túneles en sus casas de seguridad en diferentes ciudades del país con el objetivo de tener comunicación con otras viviendas y, en su caso, rutas de escape.

 La información fue obtenida por apro a través del expediente judicial de Sánchez Villalobos y en conversaciones con autoridades y gente allegada a su caso.
Aunque no tiene procesos penales en su contra se encuentra en el Centro de Readaptación Social del Altiplano en espera de su extradición a Estados Unidos, una vez que concluya el proceso de un amparo que presentó ante el Poder Judicial de la Federación.

 “El Quirino” estuvo en el área de Tratamientos Especiales, justo en la misma celda que ocupó, a partir del 22 de febrero El Chapo Guzmán, a quien días antes cedió su lugar.

 Sostiene que no es empleado de algún cartel en especial sino un prestador de servicios e infraestructura para el tráfico internacional de estupefacientes.

 Tecnología de punta

 Los túneles de Sánchez Villalobos se caracterizan por iniciar en casas o bodegas con patios de gran extensión para apilar los costales de tierra, de ahí que no se cuente con vestigios de movimientos para el traslado de cascajo.

 En su construcción se utilizan perforadoras móviles suecas de gran calado con un precio de un millón de dólares.

 En túneles asegurados en Mexicali y Tijuana se detectaron instrumentos similares que cuentan con geolocalizadores (GPS) y con la posibilidad de operación manual y de control remoto.

 La tecnología de que se vale El Quirino dista mucho de la versión del gobierno mexicano sobre el uso de pico y pala para construir los pasadizos subterráneos y de la supuesta contratación de geólogos, arquitectos o ingenieros ya que los diseños son de su autoría.

 Usa además aves, sobre todo palomas, para medir los niveles de oxigenación de los subterráneos.

 En el diseño se considera una profundidad de más de 10 metros para evitar ruidos al exterior y apuntalamiento de las paredes, además de sistemas de iluminación y ventilación.

 Los trabajos pasan desapercibidos por los vecinos aledaños a los inmuebles aledaños, prueba de ello es que en ninguna investigación de túneles existen testimonios sobre movimientos extraños durante la construcción.

 En la boca de los pasadizos se realiza un marco de apuntalamiento de madera y que sirve para el trazo de rieles que permite el trayecto de la máquina perforadora.

 Aunque hay versiones de empleados forzados a estar en cautiverio, lo cierto es que los trabajadores de la construcción son contratados en su tierra natal, Sinaloa y Durango por los niveles de confidencialidad. Por ello, en las edificaciones emplean grupos de hasta seis trabajadores por turno.

 Sánchez Villalobos fue capturado en Zapopan, Jalisco, en 2013 por una denuncia anónima en Estados Unidos que proporcionó información sobre sus actividades y relaciones personales.
Leyendas mediáticas y viñetas de narcoficción adjudicaron a Guzmán Loera el mote “El Señor de los Túneles” cuando se trata de un usuario de gran escala. Incluso una de estas leyendas señala que El Chapo se inició en la construcción de túneles para el trasiego de droga a Estados Unidos en los subterráneos que construyó la comunidad china de Mexicali en las primeras décadas del siglo XX para fumar opio, jugar apuestas y cruzar a Calexico, California. Esos túneles están sellados desde hace muchos años.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO.)

La Suprema Corte investigará un presunto feminicidio, cometido en 2012 en una discoteca de SLP

By: Draco Dracul on 1:14:00 / comment : 0 , , , ,

El de Karla Pontigo —quien falleció el 29 de octubre de 2012 dentro de una discoteca en SLP a causa de heridas en el cuello, las partes genitales y una pierna— es el segundo caso de un probable feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La madrugada del domingo 28 de octubre de 2012, la joven Karla Pontigo, de 22 años, fue encontrada por su hermano herida y moribunda sobre un charco de sangre en la discoteca Play Club de San Luis Potosí, donde ella trabajaba. Horas más tarde murió en el hospital.

El Ministerio Público llegó 38 horas y media después al lugar de los hechos, cuando ya personal de la discoteca había limpiado una parte de la escena de muerte. La necropsia, realizada la madrugada del lunes, dictaminó 39 lesiones. La autoridad ministerial decretó que había muerto por un accidente, al estrellarse contra una puerta de cristal.

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí consignó el caso como homicidio culposo y permitió al dueño de la discoteca salir libre bajo fianza. Esto, pese a que varias de las heridas de Karla eran en genitales, labios, ojos y cráneo y zonas cóncavas que difícilmente se habría hecho al estrellarse contra una superficie plana.

El caso de Karla Pontigo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por unanimidad, en julio pasado, decidió atraerlo para verificar si el Ministerio Público cumplió con los estándares ya establecidos para investigar un feminicidio y verificar también si se cumplieron los estándares nacionales e internacionales para la atención a familiares de víctimas y el acceso a la justicia.

“El análisis que hará la Corte será en dos ámbitos muy importantes para la investigación de feminicidios y para la atención a víctimas en todo el país, no sólo en el caso de Karla, ayudará a sentar jurisprudencia”, explica el abogado Marco Barrera.

¿Accidente?

Karla tenía 22 años, había terminado las carreras de estilista y sistemas computacionales y estudiaba masaje terapéutico, que practicaba en un spa. En agosto del 2012 entró a trabajar como edecán a la discoteca Play.

Todos los domingos su hermano Fernando la recogía en la discoteca al salir del trabajo. Esa madrugada del día 28 de octubre él le llamó para avisarle que había llegado, pero no contestó. Los empleados no lo dejaron entrar al lugar hasta que escuchó que Karla había tenido un accidente y entró a la fuerza, llegó hasta el tercer piso —ahí estaba la cocina, la oficina del jefe y no había acceso a clientes— donde la encontró tirada en el piso, en un charco de sangre. Karla alcanzó a decirle sus últimas palabras: “Ayúdame”, después fue trasladada al hospital por paramédicos.

Esperanza Lucciotto, mamá de Karla, recuerda que al hospital su hija llegó inconsciente y de inmediato fue sometida a una operación para amputarle una pierna por la profundidad de una lesión. Karla murió a las 1:15 horas del lunes.

“Cuando llegué al hospital pedí explicaciones, nadie me decía nada, pasaban los segundos, las horas y nadie me decía nada, sólo ‘está estable’. Luego me dijeron que tenían que operar de emergencia por la herida en su pierna, un médico del hospital, el que la operó, me dijo que había sido herida con un arma punzocortante porque le había cercenado hasta el hueso”, recuerda la señora Esperanza.

Cuando Karla murió, los doctores le dijeron a Esperanza que Karla era candidata a donar órganos.

El abogado Barrera explica que el Ministerio Público llegó al hospital para insistir y presionar que aceptaran la donación de los órganos de su hija, a pesar de que ella y su esposo insistían en querer presentar una denuncia por homicidio.

“Querían sepultar cualquier posibilidad futura de revivir el caso”, dice el abogado Barrera.

Durante varios meses la familia intentó aportar pruebas y acceder a la averiguación previa, pero no se lo permitieron. Cuando lograron revisar el documento, gracias a un juicio de amparo, encontraron irregularidades. La historia creada ahí, dice el abogado Barrera, fue que Karla corrió en la noche a oscuras por su mochila que dejó en la oficina del dueño, que no vio la puerta de 6 centímetros de espesor, que se estrelló con ella y murió.

En abril del año 2013, la PGJ de San Luis Potosí exhumó el cuerpo de Karla, a la familia le avisaron 5 horas antes y no accedió a los resultados. La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato aportó una valoración, que determinó que Karla no murió en un accidente, como decían las autoridades locales.

En la revisión del cuerpo y del expediente, se encontraron 39 lesiones, la más grande de quince centímetros en la cabeza, la de la pierna y otras que se pueden considera defensivas, palmas de la mano, a hombros antebrazo, cuello, punzo cortantes y tiene heridas de índole sexual interior y exterior vaginal.

“La forense de Guanajuato le dice a la de San Luis Potosí que la muerte de Karla no pudo ocurrir por accidente, pues es imposible que habiendo chocado con una superficie plana, tuviera heridas en zonas cóncavas como el cuello, las partes genitales. Si hubiera sido así, tendría heridas en la frente, en la nariz, en las rodillas o las manos”, explicó Marco Barrera.

Investigación alterada ante la Corte

Entre los errores de la PGJ de San Luis, además de llegar 38.5 horas después de la muerte, está el no preservar la escena de la muerte, el no investigar el acoso laboral que Karla sufría por parte de su jefe Jorge Pedro Vasilakos Reyes, que ella denunciaba incluso en Facebook, no indagar las heridas que pudieron ser intencionadas, no permitir a la familia de la víctima aportar pruebas ni acceder a la averiguación previa.

Este es el segundo caso de un probable feminicidio que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero es el de Mariana Lima que fue asesinada por su esposo, un policía federal, en el Estado de México.

“Este caso le permitirá a la Suprema Corte seguir desarrollando su jurisprudencia sobre los protocolos que el Ministerio Público debe atender al investigar un caso de feminicidio y decidirá hasta dónde llega la protección para las víctimas cuando se violan derechos humanos en la etapa de la investigación”, señala un escrito de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho que coadyuva la defensa de la familia de Karla.

La SCJN decidirá en su discusión, que aún no tiene fecha, si la PGJ de San Luis Potosí debe abrir una nueva investigación y hacerlo con los estándares de feminicidio.

La señora Lucciotto reconoce que el logro de su familia servirá para que muchas víctimas no sean ignoradas cuando se investiguen crímenes, y no se viole su derecho a la justicia, la verdad y la reparación integral.

“Para nosotros ha sido una batalla muy dura. Al dolor hay que cargarle además la impunidad. No es justo que las muchachas en edad de ir a una disco, quieran ir y nomás porque le gusta a un hombre él cree que tiene derecho a hacer lo que quiera. No, que sepan los que las lastiman que también serán castigados, que no tienen el poder de hacer y deshacer a quien quieran”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DANIELA REA.

60 rectores reclaman pago a Javier Duarte

By: Draco Dracul on 1:04:00 / comment : 0 , , , ,

Rectores de universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, el Colegio de México o el CIDE exigen que el gobierno de Veracruz pague 2, 251.6 millones de pesos a la Universidad Veracruzana.
El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES reclamó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la falta de pago de 2, 251.6 millones de pesos, correspondientes a 1,799 millones de subsidio estatal y 451.7 millones de subsidio federal, a la Universidad Veracruzana.

 La acción se realizó mediante un desplegado firmado por 60 rectores y directivos de instituciones de educación superior del país, y por el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, donde el Consejo “hace un llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que cumpla el compromiso de apoyar y contribuir al funcionamiento de la Universidad con la entrega inmediata de los recursos pactados con la federación”.

 Igualmente se puntualiza en la necesidad de la entrega inmediata de los recursos pendientes autorizados por el Gobierno Federal “y que debieron entregarse oportunamente”, porque algunos deben ser ejercidos antes del 31 de diciembre o ser devueltos a la Tesorería de la Federación.

 De hecho reclamaron que en el caso de los recursos extraordinarios federales que le corresponden a la Universidad Veracruzana y “que están retenidos por el gobierno del Estado”, estos fueron aprobados por el Congreso la Unión en el presupuesto correspondiente a este año, “por lo que deben entregarse íntegramente a la Universidad Veracruzana, independientemente de otros adeudos de años anteriores”.

 Entre los firmantes del reclamo, están la UNAM, el IPN, la UAM, el Colegio de México, el CIDE, el colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la FLACSO, el CIESAS, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Instituto Luis Mora, así como universidades y tecnológicos de todo el país.

 El 8 de septiembre, Javier Duarte de Ochoa aseguró que su gobierno no le debía “nada” a la Universidad Veracruzana: “Nosotros contribuimos de manera generosa y solidaria subsidiando a la Universidad Veracruzana”, expresó.

 El documento dirigido a Javier Duarte de Ochoa y a la opinión pública, anota que la Universidad Veracruzana transita “injustificadamente”, por “una complicada situación financiera que limita su quehacer pone en riesgo el cumplimiento de la misión social que le fue encomendada, así como los significativos avances logrados a la fecha.

 Ahí se insiste que “esto es ocasionado por la demora en la entrega de los recursos que le corresponde aportar al gobierno del estado de Veracruz”.

 También se puntualiza que “la totalidad de estos recursos son indispensables para la operación de una institución que atiende a más de 62,000 estudiantes en diversas sedes académicas distribuidas en el estado, genera conocimiento relevante a través de los proyectos que desarrollan 434 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y difunde ampliamente la cultura en beneficio de la sociedad veracruzana y del país.

 La Constitución de Veracruz anota en su articulo 10 que el patrimonio de la Universidad Veracruzana se integrará con “las aportaciones federales y estatales”, principalmente, se asienta en el desplegado.

 El reclamo firmado por los 61 directivos de las instituciones de educación superior del país, puntualiza que “de continuar esta situación, la Universidad no podrá solventar el pago de sus obligaciones laborales, limitará sus actividades docentes, de investigación y difusión cultural, todo ello en detrimento de la calidad de sus servicios y en perjuicio de la comunidad estudiantil veracruzana, y del desarrollo social de la entidad”.
Los firmantes insistieron en que el financiamiento de la educación superior pública está previsto en el Artículo 3º Constitucional, el cual en su fracción VIII establece que el Congreso de la Unión fija las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y señala “las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Sandra Isabel Jiménez Mateos
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