El recorte del presupuesto para la Iniciativa Mérida aplicado por EU es sólo el principio de lo que el Gobierno de México puede esperar si no resuelve con celeridad los casos de violaciones a las garantías de sus ciudadanos, alerta la activista mexicana Alejandra Ancheita, galardonada con el Premio Martin Ennals 2014.
Ciudad de México, 1 de noviembre: El recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida que el gobierno de Estados Unidos aplicó a México puede ser el inicio de una serie de reducciones en la ayuda que otras naciones otorgan al gobierno ante la falta de respuestas eficientes a la crisis de derechos humanos, advirtió la activista mexicana Alejandra Ancheita, ganadora del Premio Martin Ennals 2014, considerado como el “Nobel de los Derechos Humanos”.
El 18 de octubre, el diario The Washington Post publicó: “El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”. Ancheita afirmó en entrevista con SinEmbargo que la Unión Europea (UE) e incluso organismos internacionales estarían en la misma postura ante la “actitud negligente del gobierno mexicano”.
La abogada es también fundadora y directora general de ProDESC, una ONG que apoya a migrantes, a los trabajadores y a las comunidades indígenas en su lucha contra las empresas multinacionales de los ramos minero y energético. Es pionera en llevar ante los tribunales casos de grandes corporativos que violan las garantías de las comunidades.
Sobre este tema, consideró que las grandes empresas, principalmente del sector energético, también están violando los derechos humanos de miles de mexicanos al negarles cuestiones básicas como la consulta y el acceso a los beneficios que generan los grandes proyectos.
PAÍS VIOLENTO CON GOBIERNO NEGLIGENTE
–¿En qué momento nos encontramos en México en materia de respeto a los derechos humanos?
–Tenemos casos como el de Colombia, que desde hace más de tres décadas libra un conflicto armado que incluye también una guerra contra el narco. En estos años registra 50 mil desaparecidos, mientras que en México en 9 años de guerra contra el narco estamos hablando de 26 mil ¿qué nos dice esta cifra?
–Nos habla de un aumento exacerbado de la violencia y una falta de atención integral y efectiva por parte de las instancias del gobierno mexicano por esta situación que se está viviendo. México se ha caracterizado por ser un país donde la falta de investigación especializada ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, además del altísimo nivel de corrupción que tenemos en varias de las instancias que tendrían que ser de procuración y administración de justicia así como el alto nivel de impunidad que da como resultado un mensaje público de que se podrían seguir dando estas violaciones, que se podría aumentar escandalosamente el número de violaciones a los derechos humanos sin que haya una respuesta integral y contundente por parte del gobierno, creo que es evidentemente la respuesta a un ambiente generalizado de corrupción e impunidad.
– ¿Qué se piensa dentro de las ONGs de corte internacional sobre la respuesta que ha dado el gobierno a organismos como la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] y la misma ONU?
– ¿Esto qué consecuencias puede traer?
–Me parece que varios empresarios identificaron una serie de consecuencias principalmente en materia económica: una de las principales preocupaciones del gobierno mexicano es la participación en tratados internacionales en materia económica y los fondos que recibe del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. El Gobierno de EU acaba de hacer un recorte a su presupuesto de ayuda y, por supuesto, está en duda toda la participación que se va a tener ahora con la Unión Europea, esto puede tener una afectación directa en la llamado cláusula democrática que implica que los países tienen una serie de compromisos que incluyen el respeto a los derechos humanos y una mejoría en la solución a sus violaciones. No se tiene todavía una afectación directa, pero ya vamos a empezar a escuchar en los próximos meses más reacciones públicas en ese sentido.
LAS OTRAS VIOLACIONES
–El tema Ayotzinapa evidenció la cuestión de las desapariciones forzadas, otros casos como Tlatlaya y Tanhuato han evidenciado el tema de las ejecuciones extrajudiciales ¿qué otras violaciones a los derechos humanos estamos invisibilizando?
–¿Cuáles fueron las recomendaciones?
–El Alto Comisionado hizo un llamado al Gobierno mexicano para que estas empresas establezcan un proceso adecuado de consultas y también aseguren la participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo. Me parece también muy importante mencionar que este tema fue el que agregó la defensora de los derechos indígenas Isabel Jiménez el pasado 19 de octubre durante su participación en una audiencia temática de la CIDH [Comisión Interamericana de los Derechos Humanos] sobre el papel de defensoras del medio ambiente en América Latina. En una carta de distintas organizaciones al Alto Comisionado se hizo mención del derecho a la consulta previa, libre e informada y que los defensores y defensoras están ahora pugnado por el derecho a las tierras a los territorios indígenas de manera específica frente a las propuestas de inversión e infraestructura. Es muy importante poner en perspectiva la clara violación a los derechos humanos que implica los asesinatos extrajudiciales, la desaparición forzada en el contexto de una crisis generalizada que implica una crisis económica donde el nivel de desempleo va aumentado de manera acelerada que tiene como resultado una sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras sino que también hay una tendencia a la sobreexplotación de los recursos naturales.
– ¿De qué megaproyectos estamos hablando en específico?
– Tenemos conocimiento de manera específica de los megaproyectos ubicados en el Istmo de Tehuantepec en los parques eólicos que se han venido construyendo en los últimos años. Hay 31 parques eólicos en México, 24 de los cuales están en el Istmo de Tehuantepec y sólo 2 de esos 24 están en la comunidad de Juchitán, dos están proyectados para Chiapas y eso ha tenido un efecto en la vida cotidiana sobre la población.
SUPERVISIÓN INTERNACIONAL
–Hay algunas voces que ya se empiezan a pronunciarse sobre la instalación de una comisión contra la impunidad similar a la de Guatemala, ¿considera necesaria una supervisión externa en este momento para aclarar las violaciones y a los Derechos Humanos y terminar con el tema de la impunidad?
–¿Desde donde tendría que empezar a investigar una comisión de este tipo para hacer justicia y terminar con la impunidad?
–Es una pregunta muy amplia, se tendría que empezar por la elaboración de un diagnóstico real de la impunidad, la falta de acceso a la justicia, las violaciones a los derechos humanos. Hay distintos informes, pero lo que hace falta es tener un diagnóstico más claro, homogéneo, de las condiciones estructurales a atender y a partir de ahí tener una definición más clara de cuáles serían las pautas de trabajo por parte de esta comisión.
–¿Cuáles serían los tres problemas en materia de derechos humanos que deben ser prioritarios?
–Una demanda de la sociedad mexicana es investigar la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano lo que daría también la posibilidad de ir investigando con más efectividad las graves violaciones, las desapariciones forzadas que se han dado en el país y, por otro lado, la investigación de las condiciones que están generando la crisis económica.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1535893.
El 18 de octubre, el diario The Washington Post publicó: “El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”. Ancheita afirmó en entrevista con SinEmbargo que la Unión Europea (UE) e incluso organismos internacionales estarían en la misma postura ante la “actitud negligente del gobierno mexicano”.
La abogada es también fundadora y directora general de ProDESC, una ONG que apoya a migrantes, a los trabajadores y a las comunidades indígenas en su lucha contra las empresas multinacionales de los ramos minero y energético. Es pionera en llevar ante los tribunales casos de grandes corporativos que violan las garantías de las comunidades.
Sobre este tema, consideró que las grandes empresas, principalmente del sector energético, también están violando los derechos humanos de miles de mexicanos al negarles cuestiones básicas como la consulta y el acceso a los beneficios que generan los grandes proyectos.
–¿En qué momento nos encontramos en México en materia de respeto a los derechos humanos?
–Estamos en un momento de una crisis generalizada. La violencia en México, y muy específicamente en las violaciones a los derechos humanos, creo que se ha visibilizado a partir de este caso gravísimo que se va convirtiendo en un caso cada vez más paradigmática que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que nos dio la posibilidad de visibilizar todas las demás graves violaciones a los derechos humanos, lo que implica también las más de 26 mil desapariciones que ya se han por lo menos identificado que existen oficialmente en el país y la gravísima práctica que se ha denunciado por décadas que es la de la tortura.
–Tenemos casos como el de Colombia, que desde hace más de tres décadas libra un conflicto armado que incluye también una guerra contra el narco. En estos años registra 50 mil desaparecidos, mientras que en México en 9 años de guerra contra el narco estamos hablando de 26 mil ¿qué nos dice esta cifra?
–Nos habla de un aumento exacerbado de la violencia y una falta de atención integral y efectiva por parte de las instancias del gobierno mexicano por esta situación que se está viviendo. México se ha caracterizado por ser un país donde la falta de investigación especializada ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, además del altísimo nivel de corrupción que tenemos en varias de las instancias que tendrían que ser de procuración y administración de justicia así como el alto nivel de impunidad que da como resultado un mensaje público de que se podrían seguir dando estas violaciones, que se podría aumentar escandalosamente el número de violaciones a los derechos humanos sin que haya una respuesta integral y contundente por parte del gobierno, creo que es evidentemente la respuesta a un ambiente generalizado de corrupción e impunidad.
– ¿Qué se piensa dentro de las ONGs de corte internacional sobre la respuesta que ha dado el gobierno a organismos como la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] y la misma ONU?
–El Gobierno mexicano ha tenido un trabajo muy especializado de diplomacia hacia el exterior, donde la visión que se tenía era que el Gobierno federal, a pesar de que estaba enfrentando una serie de problemas principalmente originados por el crimen organizado, tendría de alguna manera la situación bajo control que estaba resolviendo de manera adecuada lo que estaba pasando en el país. Sin embargo, ahora es cada vez más claro, por las visitas internacionales y las respuestas que ha dado, que ya hay una noción más clara de la falta de control que tiene el gobierno sobre la situación y una muy clara ineficacia de escuchar y retomar las recomendaciones de especialistas para ir construyendo respuestas concretas a la situación de crisis. Se empieza a leer una actitud negligente del gobierno mexicano hacia las recomendaciones de organizaciones y asociaciones internacionales a diferencia de otros años. El gobierno actual no escucha.
– ¿Esto qué consecuencias puede traer?
–Me parece que varios empresarios identificaron una serie de consecuencias principalmente en materia económica: una de las principales preocupaciones del gobierno mexicano es la participación en tratados internacionales en materia económica y los fondos que recibe del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. El Gobierno de EU acaba de hacer un recorte a su presupuesto de ayuda y, por supuesto, está en duda toda la participación que se va a tener ahora con la Unión Europea, esto puede tener una afectación directa en la llamado cláusula democrática que implica que los países tienen una serie de compromisos que incluyen el respeto a los derechos humanos y una mejoría en la solución a sus violaciones. No se tiene todavía una afectación directa, pero ya vamos a empezar a escuchar en los próximos meses más reacciones públicas en ese sentido.
–El tema Ayotzinapa evidenció la cuestión de las desapariciones forzadas, otros casos como Tlatlaya y Tanhuato han evidenciado el tema de las ejecuciones extrajudiciales ¿qué otras violaciones a los derechos humanos estamos invisibilizando?
–Yo creo que es muy importante identificar el efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales, principalmente para las personas en situación de pobreza, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, para las mujeres niños y niñas, adolescentes; la violencia hacia los defensores de los derechos humanos, las personas gay y de manera muy específica la violencia contra familiares de víctimas y periodistas, que esta violencia es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de justicia de las propias familias de las víctimas. También es muy importante reflexionar sobre los derechos económicos y culturales: el alto comisionado de la ONU, que acaba de venir a México, y que tuvo una crítica muy certera sobre la actuación del gobierno, escuchó a varias ONGS que llamamos la atención sobre las empresas involucradas en los megaproyectos, estableció que no se ha consultado de manera adecuada a los pueblos indígenas sobre tierras y recursos que planean explotar.
–¿Cuáles fueron las recomendaciones?
–El Alto Comisionado hizo un llamado al Gobierno mexicano para que estas empresas establezcan un proceso adecuado de consultas y también aseguren la participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo. Me parece también muy importante mencionar que este tema fue el que agregó la defensora de los derechos indígenas Isabel Jiménez el pasado 19 de octubre durante su participación en una audiencia temática de la CIDH [Comisión Interamericana de los Derechos Humanos] sobre el papel de defensoras del medio ambiente en América Latina. En una carta de distintas organizaciones al Alto Comisionado se hizo mención del derecho a la consulta previa, libre e informada y que los defensores y defensoras están ahora pugnado por el derecho a las tierras a los territorios indígenas de manera específica frente a las propuestas de inversión e infraestructura. Es muy importante poner en perspectiva la clara violación a los derechos humanos que implica los asesinatos extrajudiciales, la desaparición forzada en el contexto de una crisis generalizada que implica una crisis económica donde el nivel de desempleo va aumentado de manera acelerada que tiene como resultado una sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras sino que también hay una tendencia a la sobreexplotación de los recursos naturales.
– ¿De qué megaproyectos estamos hablando en específico?
– Tenemos conocimiento de manera específica de los megaproyectos ubicados en el Istmo de Tehuantepec en los parques eólicos que se han venido construyendo en los últimos años. Hay 31 parques eólicos en México, 24 de los cuales están en el Istmo de Tehuantepec y sólo 2 de esos 24 están en la comunidad de Juchitán, dos están proyectados para Chiapas y eso ha tenido un efecto en la vida cotidiana sobre la población.
SUPERVISIÓN INTERNACIONAL
–Hay algunas voces que ya se empiezan a pronunciarse sobre la instalación de una comisión contra la impunidad similar a la de Guatemala, ¿considera necesaria una supervisión externa en este momento para aclarar las violaciones y a los Derechos Humanos y terminar con el tema de la impunidad?
–Sería un elemento que fortalecería una investigación imparcial, especializada y que por el tipo de institución que es y la crisis actual que estamos viviendo en México lo está ameritando, pero desafortunadamente la falta de una respuesta efectiva e integral por parte de las instancias del gobierno mexicano dan como resultado este tipo de propuestas, el propio ejemplo de los expertos independientes que hicieron una investigación sobre Ayotzinapa deja es muy clara la necesidad de crear estas instancias que ayuden a ir resarciendo las situaciones que el propio gobierno no lo ha hecho con la eficacia que amerita la crisis que estamos viviendo.
–¿Desde donde tendría que empezar a investigar una comisión de este tipo para hacer justicia y terminar con la impunidad?
–Es una pregunta muy amplia, se tendría que empezar por la elaboración de un diagnóstico real de la impunidad, la falta de acceso a la justicia, las violaciones a los derechos humanos. Hay distintos informes, pero lo que hace falta es tener un diagnóstico más claro, homogéneo, de las condiciones estructurales a atender y a partir de ahí tener una definición más clara de cuáles serían las pautas de trabajo por parte de esta comisión.
–¿Cuáles serían los tres problemas en materia de derechos humanos que deben ser prioritarios?
–Una demanda de la sociedad mexicana es investigar la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano lo que daría también la posibilidad de ir investigando con más efectividad las graves violaciones, las desapariciones forzadas que se han dado en el país y, por otro lado, la investigación de las condiciones que están generando la crisis económica.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1535893.
