Ciudad de México, 1 de noviembre: Un joven estudiante de Fisioterapia y Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), llamado José Luis Rodríguez Muñiz, de 31 años de edad, fue ejecutado unas cuantas horas después de subir un video a su cuenta de la red social Facebook, en el cual criticaba la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Chihuahua, al gobierno de César Duarte Jáquez y al sistema político en general. El joven subió la grabación la noche del pasado jueves (a las 22:15 horas) a su cuenta denominada “Rezö Seress”, en el cual donde lanzaba duras críticas hacia el gobierno. Sin embargo, Rodríguez Muñiz no vivió para darse cuenta que su video se convirtió en viral, ya que fue asesinado al día siguiente, el viernes 30 de octubre, en las calles del Fraccionamiento Roma, de la ciudad fronteriza. Rodríguez Muñiz era conocido en su comunidad, como músico. También solía disfrazarse de payaso para participar en eventos de grupos defensores de niños y mujeres violentadas en la ciudad, indican los medios locales. Horas antes de ser ejecutado de cuatro balazos, Rodríguez Muñiz subió a su muro de Facebook un vídeo donde expresaba su sentir en relación con el Gobernador Duarte, el Alcalde Enrique Serrano Escobar y los aspirantes priistas a la gubernatura de Chihuahua, Lilia Merodio Reza, y Héctor Murguía Lardizábal, alias “Teto”, a los que califica como “bola de ratas”.
“Y se olvidan de como nuestro pinche gobernador Cesar Duarte Jáquez que nos sigue chingando con lo del helicopterazo, que no funcionó pero muchos se lo tragaron. Y ahora vamos a ver qué estupideces nos deja en el trienio Serrano (el Alcalde de Juárez) y vamos a esperar a nuestro próximo gobernador, el señor ‘Teto’ Murguía”, denunció el joven.
“Vamos dejar que el país se lo sigan chingando hombre, y a los que les gusta la grilla como yo, nada más que hacer grilla cibernética. Porque nadie va dar su vida por el país”, abundó el hoy occiso.
“México es un país para robar y para los chingones. Los pendejos como nosotros ahí nos quedamos en el camino”, finalizó su grabación.
La víctima, identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE), vestía una camisa en color azul y el escudo de la máxima casa de estudios de Chihuahua. El homicidio fue reportado este viernes después de mediodía en el cruce de las calles Tlatole y Yecora, y quedó sin vida a bordo de una camioneta Saturnmodelo 2005 color gris. El material difundido a través de su cuenta personal, el cual lleva 28 mil vistas, 943 “Me gusta” y 1,067 veces compartido, hace alusión a supuestas “cortinas de humo” que los gobernantes crean para desviar la atención de la ciudadanía de temas importantes. Unas horas después, el joven estudiante fue asesinado mientras circulaba a bordo de su camioneta en las calles Tlatole y Yecora. Entre los comentarios, el ahora occiso informaba que tenía preparado un reportaje sobre el Valle de Juárez, sin especificar un tema.
Tras conocer el homicidio, amigos y conocidos de Rodríguez Muñiz condenaron el hecho. “Amigo mío, tú diste la vida por nosotros tan cobardes y en el camino te quedaste. Dios ilumine tu camino y estaremos al tanto de tus hijos”, escribió uno de sus contactos.
Por su parte, Geraldine Mujik Geral, escribió: “D.E.P. Nunca te callaste lo q pensabas en un pais libre de expresión ojala tu muerte no sea en vano (sic)”. Según informa la prensa local, Rezo formaba parte de un canal independiente por internet donde grababa un programa llamado Un programa Piloto donde subían vídeos con opiniones sin censura.
El Diario de Ciudad Juárez indica que la ciudad registró al menos cinco homicidios en menos de 24 horas. VÍDEO:
MÉXICO, DF: Un integrante del grupo musical Los Cardenales de Sinaloa fue ejecutado de nueve balazos esta madrugada por sujetos armados. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la víctima viajaba junto con sus compañeros desde la localidad Las Tatemas, Sinaloa cuando fueron interceptados por un grupo armado. Supuestamente regresaban de amenizar una fiesta de quince años. Los sujetos obligaron a bajar al acordeonista, identificado como Marcos Félix Bojórquez, de 30 años, y lo asesinaron a balazos. Los agresores dejaron que el resto de los músicos siguiera su camino para luego abandonar el cadáver de la víctima sobre una brecha. Según el diario El Debate, a las 8:30 horas llegaron a la escena del crimen agentes de la Policía Municipal. El cuerpo del músico fue localizado a ocho kilómetros de Sinaloa de Leyva, sobre un camino de terracería, boca arriba y a simple vista se le apreciaban por lo menos nueve impactos de bala en el pecho. El periódico reportó que a un costado del músico se hallaba el sombrero y en su mano derecha tenía un mecate con el que lo ataron para evitar que opusiera resistencia. Bojórquez vestía uniforme color rojo, botas negras y sombrero. Los peritos también localizaron seis casquillos de rifle R-15 y tres de AK-47.
El cadáver fue levantado por una funeraria y trasladado a Guasave donde se le realizó la necropsia de ley. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Montajes van, montajes vienen. Así funciona la justicia en México, fabricando culpables, extrayendo confesiones bajo tortura, aliándose con los medios para manufacturar mentiras. Llevando así a condenas colectivas, como en el caso de Florence Cassez, y a “mentiras históricas” como en el caso de Ayotzinapa. Permitiendo que los administradores del aparato inquisidor usen a víctimas prestadas para cobrar venganzas ajenas o construir narrativas oficiales a conveniencia o legitimar las acciones ilegales del gobierno en el “combate a la inseguridad”. De esa manera se usa al sistema de justicia para crear leyendas mediáticas. Para armar grandes pantomimas. La parodia de la justicia con fines televisivos. Todo para darle al público un buen espectáculo. Esa es la verdad que se desprende del espléndido libro de Emmanuel Steels El teatro del engaño. Buscando a Los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca fue. Esa es la verdad que encuentra quitándole envoltura tras envoltura a la cebolla, hurgando en expedientes, entrevistando acusados, confrontando a acusadores, investigando a los involucrados en la farsa que siempre fue el proceso de Florence Cassez e Israel Vallarta. Culpables ante la opinión pública a pesar de la liberación de la primera y la ausencia de sentencia del segundo. Culpables por todo lo que Televisa y Televisión Azteca –de la mano de la AFI y la PGR– hicieron aquella noche de su supuesta “detención”. Un montaje de la operación “en vivo” que resultó no serlo y para el cual reporteros y conductores y policías se prestaron. Una farsa que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino escenificaron para sustentar la narrativa de Felipe Calderón: la eficacia en el combate al crimen. Y que para ello se valieron de Israel Vallarta, el único ejemplo en la historia judicial de México donde un sospechoso es torturado frente a las cámaras. La tortura al servicio de los medios. Y las cámaras se vuelven cómplices. Cómplices de un montaje que –al igual que Ayotzinapa– se organizó porque no existía una investigación, o para paliar sus carencias. Porque de haber sido culpables, los habrían capturado en flagrancia en el interior de la casa, en presencia de las víctimas. Porque había que inculpar a Cassez y a Vallarta porque era imperativo presentar a algún secuestrador detenido. Porque la única manera de sostener que Israel y Florence eran secuestradores era hacer a las víctimas cómplices de la manipulación y la escenificación. No es casual que los secuestrados agradezcan su rescate una y otra vez a la AFI. Del núcleo del montaje policiaco-judicial –al igual que Ayotzinapa– desciende el montaje mediático, que a su vez produce pruebas para el montaje judicial. En el caso Cassez, la Suprema Corte echó para abajo la obsesión de quienes argumentaron que las violaciones al debido proceso y la escenificación no afectaban el fondo del asunto. En el caso Ayotzinapa, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acaba de tumbar el montaje de Murillo Karam. Mientras tanto, Israel Vallarta, por ser mexicano y no tener un gobierno extranjero que lo respalde, languidece en la cárcel. Torturado. Golpeado y sometido a toques eléctricos. Obligado a confesar algo que no hizo. Detenido arbitrariamente. Pudriéndose por ser el malo de una película que el gobierno –de la mano de las televisoras– escribió. Él y sus familiares, a quienes la justicia es incapaz de procesar, juzgar, sentenciar. Condenados ya por un tribunal mediático mientras jueces y ministerios públicos siguen pedaleando en el lodo de la presunta investigación policial, paralizados por consignas políticas. Como escribe Steels, “a Cassez se le atacó por ser francesa, a ellos se les ignora por ser mexicanos”. Como tantos más. Como los que el Estado torturó para extraer confesiones sobre Ayotzinapa y así montar una “verdad histórica”. “Verdad” que evidencia la mentira que el gobierno preferiría ocultar. El ejercicio indebido del servicio público por autoridades judiciales y policiales. El abuso de autoridad. El delito contra la administración de la justicia. Pero en vez de ser procesados y castigados, los responsables de engañar, mentir y montar son recompensados con altos puestos o con impunidad. Helos en el entorno directo de Enrique Peña Nieto, con la protección blindada. Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y Humberto Castillejos y Eduardo Medina Mora y Alfredo Castillo y Luis Enrique Miranda Nava y Daniel Cabeza de Vaca y Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales. Los responsables de un acuerdo fraguado para garantizar la impunidad de los montajes. Los responsables de construir el sólido muro de contención frente a los –hasta ahora hipotéticos– intentos de la justicia para sancionar abusos del pasado. La investigación abierta por la PGR iniciada en 2013 sobre las irregularidades del caso Cassez no ha ido a ningún lado, y con Arely Gómez –dados sus lazos con Televisa– seguramente no lo hará. En lugar de castigar a los autores del montaje se les ha protegido y premiado, incluso con un asiento en la Suprema Corte, como ocurrió con el exprocurador Medina Mora.
Él y tantos más en el actual gobierno, interesados en que Israel Vallarta siga siendo considerado como un secuestrador, como el líder de una banda que nunca existió, como culpable al igual que el resto de sus familiares encarcelados, con o sin sentencia. Interesados en mantener de la misma manera el montaje de Ayotzinapa, por la forma en la cual el cinismo ha permeado a toda una generación de policías y agentes del Estado. Un grupo compacto que se protege entre sí y que a través de su silencio, su pasividad y su consigna de sepultar la verdad ha creado un modelo perverso. El modelo mexicano de inseguridad, de tortura generalizada, de violaciones sistemáticas a derechos elementales, de injusticia sin fin. El modelo que sólo cambiará si se enmiendan y se castigan los errores. Si se reconoce y se pone fin a la simulación con la que actúa la PGR. Si se reconoce que la tortura en México es un mal generalizado. Porque si eso no ocurre, los montajes continuarán, las mentiras proseguirán y la batalla librada contra el crimen organizado será lo que ha sido: una lucha de fachada. Un montaje más. FUENTE: PROCESO. AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS)
MÉXICO, DF: El grupo de ciberactivistas Anonymous México publicó un video en su canal de YouTube en el cual fija su postura en relación a la Ley Fayad a la que considera que criminaliza a los usuarios de internet y limita el derecho a la libertad de expresión.
Este sábado Anonymous lanzó #OpDown en contra de la “Ley Fayad”, que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en contra de la iniciativa del senador priista Omar Fayad, aunque no precisó qué tipo de acciones tomará.
“Dejemos de inventar pretextos, esta iniciativa está muy lejos de ayudar a la población, simplemente pretende censurar y atentar contra los derechos humanos a la libertad de expresión, pretenden minimizar los ataques de una sociedad enfurecida con un gobierno represor y la única finalidad de esta iniciativa es buscar una burocracia”, dice la voz de Anonymous. El grupo destaca: “Consideramos que la elaboración y redacción (de la propuesta) es una porquería. Cuando se pretende crear un proyecto honesto y con buenos fundamentos se debe informar con precisión a la población”. Los ciberactivistas señalaron que detrás de la propuesta del senador priista, existe la intención de minimizar los ataques de una sociedad enfurecida en contra de un gobierno represor.
La iniciativa de Fayad es considerada por activistas y expertos en Internet como una ley que criminaliza a los casi 54 millones de internautas en el país, que limita la libertad de expresión y permitiría la persecución de periodistas y medios digitales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 1 de noviembre: Las cuatro explosiones, provocadas ayer por bombas reguladas por relojes, en la Línea 2 del Mexibús en Ecatepec, son sólo la punta de un gigantesco iceberg donde coinciden la violencia, corrupción, inseguridad, impunidad y pobreza que cada día viven los habitantes del Estado de México, coinciden análisis, activistas y legisladores. Destacan que en los últimos años el Edomex se ha convertido en una entidad dominada por el crimen, la corrupción, la pobreza, la opacidad, los feminicidios y ahora por ataques como el de ayer.
“Todo lo que golpea al Estado de México un coctel explosivo; es una mezcla terroríficamente compuesta por estos elementos, es una mezcla aberrante que se vive en la cotidianeidad mexiquense”, aseguró José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Hace tres meses, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) presentó un análisis en el que resaltaba que la entidad gobernada por el priista, Eruviel Ávila Villegas, tenía prendidos varios focos rojos, como el hecho de ser el último lugar en la disponibilidad de médicos por cada mil habitantes, el número 26 en gasto per cápita en salud y el primero en incidencias delictivas por cada 100 mil habitantes, entre otros. El análisis expone que el Edomex es el número 29 en la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio y el segundo con el mayor número de población penitenciaria [18 mil 056 personas]. También ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de actos de corrupción. A pesar de que es la segunda entidad que aporta más al Producto Interno (PIB) Bruto nacional, con el 9.4 por ciento, el 49.6 por ciento de su población vive en pobreza y el 7.2 por ciento en pobreza extrema. “Nos llama mucho la atención que dado esto tendría que estar reportando unos niveles más altos en calidad de vida, debería ser uno de los más grandes en crecimiento del país”, dijo en su momento a SinEmbargo Lorena Becerra Mizuno, investigadora del CIDAC y una de las autoras del análisis. Sin embargo, 8 millones 269 mil 900 de sus habitantes viven en condición de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El 58.9 por ciento de la población, es decir 9 millones 823 mil 900 personas tiene un ingreso inferior al de la línea de bienestar, es decir, que no pueden comprar una canasta básica ni cuenta con los elementos suficientes para llevar una vida digna.
“Corrupción, impunidad, violación de derechos humanos… evidentemente son elementos que se conjugan en una población que acusa a un alto índice de pobreza y marginación y eso es dinamita pura para los conflictos sociales”, alertó el activista.
El documento del CIDAC alerta que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada diez sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada diez mexicanos son pobres y tres de cada diez son vulnerables.
EL CAOS MEXIQUENSE Lara Duque expresó que en esta entidad, los ciudadanos ya empiezan a organizarse para resolver “de manera pacífica” todas las carencias y delitos que los aquejan, ante la falta de una acción contundente del gobierno estatal para hacerlo. “En el Estado de México lo urbano y lo rural son un caos, a pesar de ello, hay una vocación cívica por transformar las cosas por la vía pacífica, pero es el gobierno estatal el que no genera canales efectivos para una solución. Estamos en tiempo de hacer la apuesta, de transformaciones civiles y pacíficas porque si esto no sucede, sería muy grave”, añadió. Alertó que la situación es más grave en los municipios metropolitanos del oriente norte y poniente porque esas zonas recibieron el desplazamiento de la mancha urbana que cada día necesita más servicios y seguridad. Por su parte, el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, particularizó en el municipio de Ecatepec –donde se registró la explosión en el Mexibús. “En Ecatepec la Policía Municipal, la Policía Estatal, van en contra de sus propios habitantes eso lo vemos todos los días, todos los días se sabe de la corrupción de los cuerpos policíacos, entonces imaginamos que los delincuentes están en un paraíso, ese es el problema de Ecatepec”, expresó e hizo un llamado a investigar las explosiones en las unidades. Insistió en que Ecatepec es en este momento “un municipio sin ley”, por lo que las explosiones en el medio de transporte son un acto delincuencial que debe ser investigado, antes de que este tipo de acciones alcancen a los ciudadanos.
LA SOSPECHA DE ATENTADO Tras las explosiones, la Línea 2 del Mexibús, que corre de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, a Las Américas, en Ecatepec, publicó ayer un tuit en el que advertía: “Alerta por posible atentado en autobuses, permanecerán cerradas estaciones hasta nuevo aviso, disculpen las molestias”. Sin embargo, en la explicación oficial, emitida a través de un boletín de prensa, no se dieron muchas especificaciones sobre el tipo de objetos que explotaron. Únicamente se señaló que se había tratado de ocho “aparatos caseros” de los cuáles explotaron sólo cuatro. En fotografías se puede apreciar que algunos de los paquetes incluían relojes.
“Tras sofocar las llamas de las cuatro unidades, se procedió a verificar el resto de los vehículos, en los que se detectaron cuatro artefactos caseros más, lo cuales no se activaron”, explicó Ricardo Campos, director de Transporte Masivo de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que anunció la apertura del Acta Circunstanciada 51PP/2015 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ninguna de las dos instancias dio más detalles sobre las explosiones. David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Estado de México, dijo que el ataque ocurrido en el Mexibús se debe a la lucha entre transportistas y Gobierno del Estado por la ruta. La concesión del Mexibús, explicó, se entregó a distintos grupos, pero afectó a otros grupos de transportistas que operaban en la ruta. “Son concesiones que se entregaron a grupos de transportistas que cobran doble pasaje, porque hay que pagar un pesero al Mexibús y de ahí a Las Américas. Esto está sucediendo por la incompetencia del Secretario de Movilidad Isidro Pastor Medrano, que no ha sabido poner orden”, dijo. Mancera Figueroa explicó que desde hace algunos meses la violencia entre los transportistas se desató en Ecatepec, por lo que constantemente aparecen taxistas ejecutados.
“Esperemos que la violencia no alcance a la sociedad. Le exigimos al Gobernador Eruviel Ávila brinde la seguridad necesaria a los usuarios de Mexibús. Que haga efectivo el viajero simulado del que había hablado hace unos meses y que se coloquen cámaras al interior del Mexibús para ver qué nos está ocurriendo”, indicó.
No obstante, Lara Duque estimó que la violencia en el Edomex alcanzó a la sociedad desde hace muchos años, lo que se evidencia en un muestreo realizado por el centro que encabeza en el que se destacan agresiones a 150 defensores de los derechos humanos durante la administración del Gobernador Ávila Villegas –hace 3 años, con un nivel de impunidad del 95 por ciento. “El gobierno ha estado controlado desde la Revolución por el Grupo Atlacomulco. No se puede negar que existe un grupo de poder, y uno de los principios fundamentales es un ejercicio autoritario del poder, lo que implica que las voces disidentes sean perseguidas y cooptadas y eso lo tienen perfectamente practicado”, concluyó Lara Duque. FOCOS ROJOS QUE NO BRILLAN En los últimos meses se publicaron una serie de noticias que reforzaron el hecho de que en el Estado de México existen varios focos rojos, tres de ellos fueron: las grabaciones que mostraban actos de corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno local para favorecer a la empresa española OHL [Obrascon Huarte Lain]; la segunda, las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral [INE] al Gobernador por hacer promoción en tiempos electorales, y la tercera es el hecho de que sea uno de los 10 estados del país donde creció más la pobreza. También está el tema de los feminicidios: el 31 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió por primera vez en la historia la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México tras los altos índices de violencia que registra la entidad en contra del sexo femenino. La declaratoria se emitió para los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México. De acuerdo con el análisis del CIDAC, la impunidad de este delito en el Edomex es alarmante ya que uno de cada diez feminicidios reportados entre 2005 y 2010 no derivó en imputación alguna; para el periodo 2011 y 2014, la cifra aumentó a cuatro de cada diez. La medida fue necesaria toda vez que entre 2011 y 2013 se registraran 840 femicidios y tan sólo entre 2011 y 2012 se reportaran mil 258 mujeres desaparecidas, el análisis compara que entre 1993 y 2014 en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad emblemático en el tema del feminicidio en México se cometieron al menos mil 530 asesinatos de mujeres, mientras que en el Estado de México entre 2006 y 2013, sólo siete años, se registraron 2 mil 837 casos, lo que representa casi el doble. “Sin embargo, el problema de inseguridad en el Estado de México no se restringe a este tipo de delitos, la incidencia delictiva es la más alta del país y aumentó de 2012 a 2013 en 64 por ciento”, destaca el análisis del CIDAC. Nueve de cada diez habitantes fueron víctimas de al menos un delito en el año 2013.
La cifra de ilícitos no denunciados, detalla el análisis, es la segunda más elevada en el país y asciende a 96 por ciento. “Este número de delitos no reportado se explica en gran parte por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades. La suma de los elementos mencionados, nos indica que la problemática de inseguridad en la entidad no es un fenómeno reciente sino más bien un problema permanente que ha sido ignorado por mucho tiempo”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN/Shaila Rosagel, Juliana Fregoso y David Martínez. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1536714.
El recorte del presupuesto para la Iniciativa Mérida aplicado por EU es sólo el principio de lo que el Gobierno de México puede esperar si no resuelve con celeridad los casos de violaciones a las garantías de sus ciudadanos, alerta la activista mexicana Alejandra Ancheita, galardonada con el Premio Martin Ennals 2014.
Ciudad de México, 1 de noviembre: El recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida que el gobierno de Estados Unidos aplicó a México puede ser el inicio de una serie de reducciones en la ayuda que otras naciones otorgan al gobierno ante la falta de respuestas eficientes a la crisis de derechos humanos, advirtió la activista mexicana Alejandra Ancheita, ganadora del Premio Martin Ennals 2014, considerado como el “Nobel de los Derechos Humanos”. El 18 de octubre, el diario The Washington Post publicó: “El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”. Ancheita afirmó en entrevista con SinEmbargo que la Unión Europea (UE) e incluso organismos internacionales estarían en la misma postura ante la “actitud negligente del gobierno mexicano”. La abogada es también fundadora y directora general de ProDESC, una ONG que apoya a migrantes, a los trabajadores y a las comunidades indígenas en su lucha contra las empresas multinacionales de los ramos minero y energético. Es pionera en llevar ante los tribunales casos de grandes corporativos que violan las garantías de las comunidades. Sobre este tema, consideró que las grandes empresas, principalmente del sector energético, también están violando los derechos humanos de miles de mexicanos al negarles cuestiones básicas como la consulta y el acceso a los beneficios que generan los grandes proyectos.
PAÍS VIOLENTO CON GOBIERNO NEGLIGENTE –¿En qué momento nos encontramos en México en materia de respeto a los derechos humanos?
–Estamos en un momento de una crisis generalizada. La violencia en México, y muy específicamente en las violaciones a los derechos humanos, creo que se ha visibilizado a partir de este caso gravísimo que se va convirtiendo en un caso cada vez más paradigmática que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que nos dio la posibilidad de visibilizar todas las demás graves violaciones a los derechos humanos, lo que implica también las más de 26 mil desapariciones que ya se han por lo menos identificado que existen oficialmente en el país y la gravísima práctica que se ha denunciado por décadas que es la de la tortura.
–Tenemos casos como el de Colombia, que desde hace más de tres décadas libra un conflicto armado que incluye también una guerra contra el narco. En estos años registra 50 mil desaparecidos, mientras que en México en 9 años de guerra contra el narco estamos hablando de 26 mil ¿qué nos dice esta cifra? –Nos habla de un aumento exacerbado de la violencia y una falta de atención integral y efectiva por parte de las instancias del gobierno mexicano por esta situación que se está viviendo. México se ha caracterizado por ser un país donde la falta de investigación especializada ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, además del altísimo nivel de corrupción que tenemos en varias de las instancias que tendrían que ser de procuración y administración de justicia así como el alto nivel de impunidad que da como resultado un mensaje público de que se podrían seguir dando estas violaciones, que se podría aumentar escandalosamente el número de violaciones a los derechos humanos sin que haya una respuesta integral y contundente por parte del gobierno, creo que es evidentemente la respuesta a un ambiente generalizado de corrupción e impunidad. – ¿Qué se piensa dentro de las ONGs de corte internacional sobre la respuesta que ha dado el gobierno a organismos como la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] y la misma ONU?
–El Gobierno mexicano ha tenido un trabajo muy especializado de diplomacia hacia el exterior, donde la visión que se tenía era que el Gobierno federal, a pesar de que estaba enfrentando una serie de problemas principalmente originados por el crimen organizado, tendría de alguna manera la situación bajo control que estaba resolviendo de manera adecuada lo que estaba pasando en el país. Sin embargo, ahora es cada vez más claro, por las visitas internacionales y las respuestas que ha dado, que ya hay una noción más clara de la falta de control que tiene el gobierno sobre la situación y una muy clara ineficacia de escuchar y retomar las recomendaciones de especialistas para ir construyendo respuestas concretas a la situación de crisis. Se empieza a leer una actitud negligente del gobierno mexicano hacia las recomendaciones de organizaciones y asociaciones internacionales a diferencia de otros años. El gobierno actual no escucha.
– ¿Esto qué consecuencias puede traer? –Me parece que varios empresarios identificaron una serie de consecuencias principalmente en materia económica: una de las principales preocupaciones del gobierno mexicano es la participación en tratados internacionales en materia económica y los fondos que recibe del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. El Gobierno de EU acaba de hacer un recorte a su presupuesto de ayuda y, por supuesto, está en duda toda la participación que se va a tener ahora con la Unión Europea, esto puede tener una afectación directa en la llamado cláusula democrática que implica que los países tienen una serie de compromisos que incluyen el respeto a los derechos humanos y una mejoría en la solución a sus violaciones. No se tiene todavía una afectación directa, pero ya vamos a empezar a escuchar en los próximos meses más reacciones públicas en ese sentido.
LAS OTRAS VIOLACIONES –El tema Ayotzinapa evidenció la cuestión de las desapariciones forzadas, otros casos como Tlatlaya y Tanhuato han evidenciado el tema de las ejecuciones extrajudiciales ¿qué otras violaciones a los derechos humanos estamos invisibilizando?
–Yo creo que es muy importante identificar el efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales, principalmente para las personas en situación de pobreza, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, para las mujeres niños y niñas, adolescentes; la violencia hacia los defensores de los derechos humanos, las personas gay y de manera muy específica la violencia contra familiares de víctimas y periodistas, que esta violencia es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de justicia de las propias familias de las víctimas. También es muy importante reflexionar sobre los derechos económicos y culturales: el alto comisionado de la ONU, que acaba de venir a México, y que tuvo una crítica muy certera sobre la actuación del gobierno, escuchó a varias ONGS que llamamos la atención sobre las empresas involucradas en los megaproyectos, estableció que no se ha consultado de manera adecuada a los pueblos indígenas sobre tierras y recursos que planean explotar.
–¿Cuáles fueron las recomendaciones? –El Alto Comisionado hizo un llamado al Gobierno mexicano para que estas empresas establezcan un proceso adecuado de consultas y también aseguren la participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo. Me parece también muy importante mencionar que este tema fue el que agregó la defensora de los derechos indígenas Isabel Jiménez el pasado 19 de octubre durante su participación en una audiencia temática de la CIDH [Comisión Interamericana de los Derechos Humanos] sobre el papel de defensoras del medio ambiente en América Latina. En una carta de distintas organizaciones al Alto Comisionado se hizo mención del derecho a la consulta previa, libre e informada y que los defensores y defensoras están ahora pugnado por el derecho a las tierras a los territorios indígenas de manera específica frente a las propuestas de inversión e infraestructura. Es muy importante poner en perspectiva la clara violación a los derechos humanos que implica los asesinatos extrajudiciales, la desaparición forzada en el contexto de una crisis generalizada que implica una crisis económica donde el nivel de desempleo va aumentado de manera acelerada que tiene como resultado una sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras sino que también hay una tendencia a la sobreexplotación de los recursos naturales. – ¿De qué megaproyectos estamos hablando en específico? – Tenemos conocimiento de manera específica de los megaproyectos ubicados en el Istmo de Tehuantepec en los parques eólicos que se han venido construyendo en los últimos años. Hay 31 parques eólicos en México, 24 de los cuales están en el Istmo de Tehuantepec y sólo 2 de esos 24 están en la comunidad de Juchitán, dos están proyectados para Chiapas y eso ha tenido un efecto en la vida cotidiana sobre la población. SUPERVISIÓN INTERNACIONAL –Hay algunas voces que ya se empiezan a pronunciarse sobre la instalación de una comisión contra la impunidad similar a la de Guatemala, ¿considera necesaria una supervisión externa en este momento para aclarar las violaciones y a los Derechos Humanos y terminar con el tema de la impunidad?
–Sería un elemento que fortalecería una investigación imparcial, especializada y que por el tipo de institución que es y la crisis actual que estamos viviendo en México lo está ameritando, pero desafortunadamente la falta de una respuesta efectiva e integral por parte de las instancias del gobierno mexicano dan como resultado este tipo de propuestas, el propio ejemplo de los expertos independientes que hicieron una investigación sobre Ayotzinapa deja es muy clara la necesidad de crear estas instancias que ayuden a ir resarciendo las situaciones que el propio gobierno no lo ha hecho con la eficacia que amerita la crisis que estamos viviendo.
–¿Desde donde tendría que empezar a investigar una comisión de este tipo para hacer justicia y terminar con la impunidad? –Es una pregunta muy amplia, se tendría que empezar por la elaboración de un diagnóstico real de la impunidad, la falta de acceso a la justicia, las violaciones a los derechos humanos. Hay distintos informes, pero lo que hace falta es tener un diagnóstico más claro, homogéneo, de las condiciones estructurales a atender y a partir de ahí tener una definición más clara de cuáles serían las pautas de trabajo por parte de esta comisión. –¿Cuáles serían los tres problemas en materia de derechos humanos que deben ser prioritarios?
–Una demanda de la sociedad mexicana es investigar la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano lo que daría también la posibilidad de ir investigando con más efectividad las graves violaciones, las desapariciones forzadas que se han dado en el país y, por otro lado, la investigación de las condiciones que están generando la crisis económica. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JULIANA FREGOSO. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1535893.
CANCÚN, Q. Roo: Unas seis mil personas salieron a las calles en repudio por el asesinato de la universitaria María Karen Carrasco Castilla, quien fue encontrada el pasado martes en un lote baldío del fraccionamiento La Guadalupana. Convocada por estudiantes de la Universidad de Quintana Roo (Unicaribe), la marcha que se desarrolló en silencio concluyó en un mitin en la Plaza de la Reforma, en donde los oradores exigieron al gobernador Roberto Borge, al presidente municipal Paul Carrillo y el procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera el esclarecimiento del crimen y la detención de los culpables. También demandaron que “se deje de gastar en propaganda falsa y engañosa” y que esos recursos sean usados para la limpieza de lotes baldíos, iluminación y seguridad. El líder universitario Bryan Toriz leyó un pliego petitorio de ocho puntos, en el que piden además que cada lunes la Procuraduría informe sobre los avances de la investigación del crimen de María Karen. “Todos somos Karen”, destacó. La activista Teresa Carmona sostuvo que Cancún no es el paraíso, sino una ciudad marcada por la muerte, la desigualdad y pobreza, sede de gobiernos ineptos e inasibles. “Queremos ver el rostro de los asesinos (de Karen) y los queremos ver en la cárcel”, enfatizó. Carmona demandó que la Procuraduría dé tratamiento de feminicidio al asesinato de Karen Carrasco y que se emita además la alerta de género en la entidad. Al inicio de su discurso, la activista recordó el caso de cinco sexoservidoras asesinadas en diciembre de 2014, cuando sujetos incendiaron la casa de citas en que trabajaban, y lamentó que la sociedad fuera omisa en este multihomicidio sólo “porque eran putas”. Los manifestantes partieron del malecón Tajamar y recorrieron la avenida Tulum, la principal de la ciudad, hasta la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal, en donde se llevaba a cabo una expresión y venta de artesanías y un festival de Día de Muertos. Al llegar al Palacio Municipal, los inconformes exigieron al alcalde Paul Carrillo y a los regidores “que salgan”. En la marcha participaron también víctimas de violencia, como el caso de una mujer que fue violada y desfigurada a golpes y la Procuraduría dio carpetazo al asunto; o un padre, que al final del mitin estalló en llanto por el secuestro y asesinato de su hijo. En la vanguardia de la marcha fue extendido un enorme cartel con la leyenda “Karen no está sola, estamos con ella”.
En las pancartas también hubo demandas para limpieza de lotes baldíos, cámaras de seguridad y alumbrado público. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
MÉXICO, DF: Juan José Farías El Abuelo, vinculado por autoridades federales con la delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, participó el pasado jueves 29 en una reunión con integrantes de la Fuerza Rural de Michoacán y con el procurador de esa entidad. El diario Reforma publica este domingo que el encuentro se realizó en la discoteca “La Montaña”, en Tepalcatepec, donde se sirvieron mariscos y carne asada para los asistentes. En 2009, la PGR vinculó a Farías como lugarteniente del cártel de Los Valencia y con Zhenli Ye Gon y Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Abuelo ha estado en prisión por posesión de mariguana y por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delitos por los que cumplió una condena de tres años y tres meses de prisión y quedó en libertad. No es la primera vez que El Abuelo, quien salió de la escena pública por varios meses, se reúne con autoridades. El 5 de febrero de 2014 Farías sostuvo una reunión a puerta cerrada también en Tepalcatepec con líderes de autodefensas y con el entonces comisionado para el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, en la cual pactaron estrategias de seguridad y acciones de coordinación con el fin de recuperar la seguridad en la zona de Tierra Caliente. La reunión quedó registrada en video y fue transmitida al día siguiente en el programa Punto de Partida, de Televisa, que conduce Denisse Mearker sin mayor realce que el de la propia reunión. Sin embargo, el diario Reforma reconoció en el video a Farías, a quien ni Televisa ni las autoridades federales, ni las propias autodefensas, identificaron. En una entrevista con el periódico, Alfredo Castillo reconoció que, en efecto, el presunto capo estuvo presente en la reunión, aunque afirmó que no fue informado de quién se trataba. A la reunión del pasado jueves, y según imágenes captadas por Reforma, asistieron autoridades federales como Florentino Coalla Pulido, delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, quien fuera mano derecha de Castillo. Fuentes oficiales indicaron al diario que en la reunión el procurador michoacano planteó los pros y contras del por qué la Fuerza Rural debe continuar en operación en el municipio de Tepalcatepec, fronterizo con Jalisco. Durante el encuentro, los integrantes de la Fuerza Rural pidieron mejorar los esquemas de coordinación con el resto de las autoridades y llamaron a extender las acciones de la corporación. A la resunión también acudieron la síndico de Tepalcatepec Ana Gloria Valencia; Beatriz Sandoval La Ticha, expresidenta municipal del PRI; Estanislao Beltrán Papa Pitufo; la integrante de la Fuerza Rural, Juana Reyes y Juventino Cisneros El Tilín, mando de esa misma corporación.
Tepalcatepec, junto con La Ruana en Buenavista Tomatlán, fue la zona donde surgió el movimiento de autodefensas el 24 de febrero de 2013, impulsado por ganaderos y productores de limón que eran constantemente amenazados por el crimen organizado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Dar por terminada la transmisión de televisión analógica y entrar de lleno a la digital es una política que se está aplicando en todo el mundo y tiene ventajas; entre otras, libera espectro utilizable para diversos servicios de banda ancha y abre la arena para la competencia. Pero este panorama le eriza los cabellos a Televisa, consorcio que ha puesto en marcha una campaña para retrasar el “apagón analógico”. Quien tiene la última palabra, el gobierno, parece no saber qué camino tomar, luego de que su fecha límite para ejecutar el apagón está siendo torpedeada desde varios frentes.
MÉXICO, DF: Errores en la operación del “apagón analógico” en Monterrey, medida que estaba prevista para aplicarse el 24 de septiembre último en esa ciudad, dieron pie a que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y en especial el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, emprendieran una campaña mediática y un intenso cabildeo legislativo para postergar la fecha límite –el próximo 31 de diciembre–, establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, para ordenar el cese de las transmisiones analógicas de televisión y realizar el “encendido digital”. Dos meses y medio antes de ese plazo, el pasado 19 de octubre, la CIRT dejó de guardar silencio: señaló que el apagón de Monterrey no había sido exitoso, tal como lo habían anunciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Un estudio de la firma Nielsen-Ibope, responsable de medir los índices de audiencia o rating, afirmó que no fueron 472 mil sino 645 mil regiomontanos quienes se quedaron sin señal de televisión analógica. Es decir, 16% y no 10.3%, como habían señalado un día antes el presidente del IFT, Gabriel Contreras, y la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe. El 72% de estas personas son de nivel socioeconómico “muy bajo”, afirmó Roberto Vázquez, de Nielsen-Ibope, en conferencia de prensa convocada por la CIRT. Los datos de Nielsen-Ibope fueron la señal de arranque de la intensa campaña mediática. Azcárraga Jean afirmó en entrevista con Radio Fórmula que la fecha límite para el apagón debía aplazarse unos meses para no afectar a la población de escasos recursos. “Estamos claros que el mandato constitucional habla del 31 de diciembre, pero lo que nos preocupa con los números arrojados en la ciudad de Monterrey es que miles de personas se quedaron sin televisión”, afirmó el presidente de Televisa, quien por primera vez hizo una declaración pública en sentido contrario a una política gubernamental peñanietista. Extrapolando la cifra de 16% de la población sin acceso a la señal televisiva –analógica ni digital–, Azcárraga afirmó que más de 7 millones de mexicanos no podrían ver televisión. En sincronía con la CIRT y la propuesta de Azcárraga, el 22 de octubre los senadores Javier Lozano, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, propusieron dos iniciativas de reforma al artículo 5 transitorio en materia de telecomunicaciones para aplazar el apagón: que sea el 31 de diciembre de 2016, propuso el panista; o el 30 de junio del mismo año, dijo el perredista. El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, declaró su apoyo al aplazamiento del apagón, sin tomar en cuenta que varios legisladores de su bancada se opusieron de inmediato, principalmente Dolores Padierna, Luis Sánchez y Angélica de la Peña. En la bancada del PAN, Javier Corral acusó a Lozano y Robledo de formar parte de un “nado sincronizado” para favorecer a las televisoras. En un memorándum dirigido a los legisladores de su bancada argumentó que modificar la reforma retrasará la competencia en televisión abierta, protegerá a las empresas de Televisa que ofrecen televisión por cable en la frontera y vulnerará el proceso de licitación de la “red compartida” en la banda de 700 Mhz. Fue más allá y acusó de mentiroso a Azcárraga. Afirmó que no es cierto que Televisa hubiera invertido para estar preparado para la transición de la tecnología analógica a la digital. Citando datos del IFT, el chihuahuense afirmó que del total de señales complementarias en televisión (846) sólo 67 operan bajo el sistema digital, 313 tienen solicitud de migración y más de 55% (466) ni siquiera han hecho esa solicitud.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Los operativos en busca de “El Chapo” Guzmán Loera revelan lo que el priista Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango, siempre negó: la presencia del narco en esa entidad.
Ciudad de México, 1 de noviembre: En marzo de 2013, Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango, negó que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se escondiera en esa entidad y aseguró que no existía un fenómeno de migración por la presencia del crimen organizado. “En la entidad no se da esa situación. Los niveles que se han dado de violencia, no son de la magnitud que lamentablemente se da en otras ciudades o estados del país”, dijo el mandatario estatal en una entrevista luego de una serie de hechos violentos que se vivieron en el estado y que motivó la presencia del Ejército mexicano. No obstante, los enfrentamientos registrados de grupos del crimen organizado en la capital obligaron a Herrera Caldera a solicitar a la población no salir a altas horas de la noche. En ese entonces el priista llevaba poco más de ocho meses de haber iniciado su gestión y aseguraba que la entidad se convertiría en una de las más seguras del país. Pero no fue así. A ocho meses de concluir su gestión, el estado que gobierna Jorge Herrera de nueva cuenta vuelve a ser noticia. La razón: los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) en busca de “El Chapo”, prófugo desde el 11 de julio pasado. En las últimas semanas se ha registrado el éxodo de familias desplazadas del municipio de Tamazula. De acuerdo a versiones y testimonios de los pobladores desplazados a las que tuvo acceso SinEmbargo, la zona entre los estados de Durango y Sinaloa es un verdadero campo de batalla, donde a cada momento se escuchan detonaciones de armas de alto calibre y sobre vuelos de aviones y helicópteros. Los enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de sicarios han dejado a los habitantes del municipio duranguense en el fuego cruzado. No son aisladas las denuncias por abusos en contra de estas corporaciones. En junio pasado se acusó a marinos de asesinar a dos jóvenes y de herir a un menor en un ataque aéreo. Sin embargo, la dependencia a cargo del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz negó cualquier exceso de sus elementos. En otro caso, a principios de octubre una de las habitantes de Tamazula narró al diario Noroeste que su vivienda fue objeto de disparos, según ella, desde el aire. En respuesta a ésta y otras acusaciones, la Marina emitió un comunicado en el que negó haber cometido abusos o ataques contra los pobladores de la zona serrana de Tamazula, y aseguró que lo que realizan en la zona son recorridos de disuasión en estricto apego a la Ley. Ante estas denuncias por parte de los pobladores de Tamazula, diversas organizaciones civiles y organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han alzado la voz en contra de las posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales. El Gobernador de Durango ha mantenido su estrategia de un bajo perfil ante los medios de comunicación y no ha emitido alguna postura al respecto, situación que le ha valido severas críticas por parte de la oposición política y organizaciones, quienes lo acusan de ser “indiferente” ante la crisis de inseguridad que vive la entidad. INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN Si bien, su predecesor, Ismael Hernández Deras, le heredó un estado abatido por la delincuencia, desempleo y pobreza, Herrera Caldera no ha mostrado avances para terminar con ese panorama, así lo revelan estadísticas de organismos federales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que siguen colocando a Durango como uno de los más violentos y corruptos. Desde su llegada a la gubernatura el principal problema que ha enfrentado Jorge Herrera es la inseguridad desatada por la lucha entre bandas del crimen organizado que dominan la región y la estrategia de seguridad del Gobierno federal. En abril de 2009 el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, advertía de la presencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Guanaceví. “Todos lo sabemos, menos la autoridad”, expresó el prelado un año antes de que Jorge Herrera Caldera tomara posesión como Gobernador de la entidad. Un año después, en noviembre de 2010, ya con Jorge Herrera al frente del estado, el Arzobispo insistió y aseguró a los medios de comunicación que el jefe del Cártel de Sinaloa estaba presente en todas partes, lo mismo caminando por las calles, cenando en un restaurante o en Tamazula, Durango. A pesar de que la administración de Herrera ha tratado de negar la situación de violencia en Durango, estadísticas e informes revelan el grado de inseguridad que se vive en la entidad. Por ejemplo, en abril de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió precaución para visitar Durango, debido a la violencia generada en las carreteras. Solicitó viajar sólo en el día y cumplir el toque de queda de una a seis de la mañana. Dos meses después, en junio de este año, el “El Barómetro” de México Avanza dio a conocer su informe sobre percepción de seguridad pública en la Zona Metropolitana Lagunera. El documento destacó que los laguneros estaban preocupados en primer lugar, por la inseguridad generada por el narcotráfico. Ese mismo mes el Gobernador priista reaccionó a las encuestas sobre seguridad de su estado y declaró que la violencia no podía compararse a la que se vivía hace dos años, es decir en 2013. En octubre de 2013 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2013) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que para 60 por ciento de la población de Durango, la inseguridad era el principal problema de la entidad, incluso sobre la pobreza y el desempleo. De acuerdo con el Inegi, los duranguenses sentían temor y falta de confianza al realizar sus actividades cotidianas. La encuesta también reveló que en segundo lugar, con un 52 por ciento, la población de Durango ubicó la falta de empleo, superando la media nacional con ocho puntos porcentuales. Mientras que la pobreza, a tres años de la administración del priista, era la tercera preocupación entre sus gobernada con 38 por ciento de los encuestados. En enero de 2013 el crimen organizado ejecutó a seis personas de distintos municipios de la entidad y acusó directamente al Gobernador de estar relacionado con un grupo criminal. De acuerdo con Agencia Proceso una narcomanta sin firma acusó al Gobernador: “Atención policía federal y wachos: el problema no es con ustedes es con la DEI (Dirección Estatal de Seguridad) y con el Gobe Pechocho de Durango que ya se arregló con los Cabrera”. A principios de ese año la violencia se recrudeció y varias dependencias públicas y compañías fueron atacadas. De acuerdo con el estudio “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”, Durango ocupa el lugar número noveno a nivel nacional en el ranking de violencia nacional. En el tema de la corrupción tampoco los números le favorecen a Durango. En junio de 2014, el Inegi colocó al estado como la novena entidad con mayor percepción de corrupción entre sus habitantes, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013. Durango se colocó por debajo de Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Distrito Federal y Jalisco, entidad que ocupó el primer lugar. Por si fuera poco, su esposa, Teresa Álvarez del Castillo, contribuyó con un escándalo más. En septiembre de 2014, la directora del Sistema DIF de Durango se pronunció por el respeto a las uniones de parejas del mismo sexo, para luego asegurar que “la naturaleza es muy sabia” y que la homosexualidad es una “degeneración” que reproduce “enfermedades como el SIDA”.
Las infortunadas declaraciones provocaron severas críticas y horas más tarde tuvo que disculparse. “La presidenta expresa su respeto absoluto a las preferencias sexuales. Afirma que la intención nunca fue, ni será ofender a nadie”, publicó la cuenta de Twitter del DIF de Durango. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1534085.
Faltan menos de 90 días para que el Congreso de la Unión emita una Ley contra la Tortura, pero a la fecha no se ha presentado la iniciativa, ni tampoco se ha abierto el debate con la sociedad civil y las familias de las víctimas para incluir puntos nodales. Y mientras el Estado no reconoce que este crimen es generalizado, los casos incrementan de forma “catastrófica”.
Ciudad de México, 31 de octubre: En menos de tres meses el Congreso de la Unión deberá aprobar una Ley contra la Tortura en México, esa fue la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario no ha presentado dicha iniciativa ni tampoco se ha convocado a la sociedad, ni a víctimas y sus familiares, ni las organizaciones sociales, para crear un debate amplio que tenga como resultado una legislación seria, lejana a un compendio de letras muertas. ¿Por qué es importante esta Ley? Organizaciones como Amnistía Internacional, Centro Prodh e incluso el Relator Especial de La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, han denunciado que la tortura en México es generalizada y/o sistemática, y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. Una legislación que atienda este crimen es un avance en materia de derechos humanos y podrá dar paso erradicar otras violaciones, e incluso combatiría la impunidad, han expresado expertos en la materia. Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, explicó que esta nueva Ley además es urgente porque estandarizará las legislaciones locales. Por ello es importante que los legisladores abran el debate, pues si bien han existido acercamientos breves, falta mucho por exponer sobre el tema.
“La Ley es importante, pero no debemos perder de vista la instrumentación y las herramientas que se le brinden para la aplicación”, comentó Quiroz Rendón.
De acuerdo con diversos informes, la tortura es una práctica que se emplea para acallar voces, disolver movimientos, aterrorizar a la sociedad y sobre todo, para coaccionar declaraciones durante la averiguación de delitos. Es decir, que muchos inocentes podrían en este momento estar cumpliendo una sentencia por un crimen que no cometieron porque habrían sido torturados hasta aceptar culpabilidad. Y nadie sabe en realidad cuántos casos así existen. El Centro Prodh informó sobre la importancia de exámenes independientes. De acuerdo con datos de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 2016 evaluaciones físicas y psicológicas, en sólo seis casos se reconoció que existían secuelas de tortura.
Amnistía Internacional mencionó que el número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la PGR. A pesar de las denuncias, sólo en 11 casos ha existido consignación y se tiene registro de cinco sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura. Lo que expone que hay torturados, pero no torturadores.
A esas cifras se suman los casos que no han sido denunciados, o que no procedieron porque los médicos de las propias procuradurías no encontraron secuelas de tortura, en ocasiones porque las lesiones ya habían sanado, detalló en un foro sobre crisis de derechos humanos en México, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el Gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el análisis titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria”, Amnistía refiere que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos”. Y agrega que esto socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar estas prácticas. Tanto Amnistía Internacional como el Centro Prodh y decenas de organizaciones civiles han denunciado que el Estado ha sido omiso a esta problemática con “niveles catastróficos”. También el Gobierno federal ha sido cuestionado por no aceptar las observaciones de organismos de derechos humanos internacionales. El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 que faculta al Congreso [que el 1 de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones] a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En marzo pasado, el Relator Juan E. Méndez expresó que la tortura en México es generalizada.
“Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”, recomendó Méndez en su informe sobre el tema.
Sin embargo, el Estado mexicano rechazó el informe e incluso, en voz de Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Relator de la ONU no fue “profesional y ético”. Méndez afirmó que fue “con mucho pesar” que llegó a la conclusión de que la tortura en México es generalizada. “Pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, expuso. Diversas organizaciones como Amnistía Internacional aseguraron que las respuestas del Gobierno mexicano, más que intentar descalificar la labor de Méndez, intentaba desviar el tema centra y poner “excusas” para cerrar casos de impunidad y tortura. “Lo que intenta hacer la cancillería no es cerrar el conflicto con el Relator, sino intentar cerrar el tema de la tortura en México”, explicó en su momento Perseo Quiróz Rendón. Activistas y al menos 20 organizaciones han denunciaron que no se ha consultado a la sociedad y que no ha habido un acercamiento serio, por ello emitieron misivas para solicitar de manera formal que sean consultados, pues existen diversos puntos nodales en la discusión. Entre los puntos que quieren que se contemplen en la Ley son: que se emitan medidas integrales, superando el tema de las indemnizaciones; contar con peritos independientes que realicen exámenes físicos y psicológicos; que ante cualquier indicio de tortura, en el sistema penal acusatorio, se reinicien las diligencias con el fin de garantizar derecho a la justicia; mejorar las deficiencias en el marco normativo en materia; y, entre otras propuestas, eliminar el requisito de gravedad, con el fin que cualquier caso pueda ser atendido y resuelto. Otros de los puntos que se dieron a conocer y que serán enviados a la Cámara de Diputados son: que la Ley tenga una perspectiva de víctimas, responsabilidad del superior geriátrico, limitar jurisdicción militar, que se rompan con los obstáculos en las denuncias y que la Ley no se quede en papel, sino que exista una instrumentación. Amnistía refirió que las autoridades federales no han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“[Se requiere] Una robusta Ley General contra la tortura, que signifique más que palabras y asegure justicia para las víctimas, sería un buen primer paso para que México se recupere de la profunda crisis de derechos humanos en la que está inmerso,” dijo Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional.
La organización ha documentado numerosos casos en los que, pese a haberse denunciado torturas, las autoridades no han mostrado la diligencia debida para hacer un seguimiento de esas denuncias. “En muchos casos, a la denuncia de tortura simplemente se le asigna un número de expediente, sin que lleguen a producirse avances claros en la investigación”, lamentó. Amnistía denunció que los agentes del Estado sospechosos de haber infligido torturas a menudo permanecen en sus cargos pese a que se hayan abierto investigaciones contra ellos. Dijo que en muchos casos, los agentes del ministerio público ni siquiera analizan las pruebas más básicas, como los registros de la detención, las pruebas halladas en el lugar del crimen y los testimonios clave. El análisis de la organización mostró que los médicos que examinan a los detenidos después de su arresto como los expertos no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
“Las normas existentes en México permiten a los médicos oficiales clasificar las lesiones de los detenidos en tres categorías: el detenido no muestra señales de lesión; el detenido presenta lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días; el detenido presenta lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 días en sanar”, explicó la organización. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2015/1528442
