El grupo es conformado por Carlos Martín Beristaín, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
El próximo viernes 6 de noviembre, a las 9 de la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dará a conocer cómo será la segunda etapa de su mandato en el país, que durará seis meses, desde noviembre a diciembre, meses en los que seguirá investigando el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En una invitación a medios, titulada “Próximos pasos del GIEI sobre el caso Ayotzinapa”, se explica que los expertos “darán a conocer la forma en que se trabajará y las nuevas líneas de investigación que se seguirán en esta segunda etapa de su mandato de trabajo, así como las características de su trabajo con las autoridades y con las víctimas”. En febrero pasado se dio a conocer que un grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indagaría el expediente Ayotzinapa. Llegaron a México en marzo y comenzaron con sus tareas, se reunieron con todos los involucrados, incluso con los padres de Ayotzinapa quienes les han refrendado su confianza. En septiembre pasado, el grupo derrumbó la verdad histórica del gobierno y refutó que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, por lo que la PGR indicó que se hará un tercer peritaje en ese punto, el cual confirme o desmienta el incendio que, según integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, ocurrió la madrugada del 27 de septiembre y con ello lograron desaparecer a sus víctimas.
CHILPANCINGO, Gro: Habitantes de Carrizalillo confirmaron que al menos un centenar de sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos se refugió en ese poblado tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tal como lo informó proceso.com.mx el 11 de octubre de 2014 en la nota titulada Señalan a pandilleros de “Los Peques” como agresores de normalistas. Los habitantes del lugar también denunciaron públicamente la existencia de fosas clandestinas: señalaron que tienen indicios de que los normalistas desaparecidos fueron trasladados a esta comunidad, donde se encuentra asentada la minera canadiense Gold Corp. Encabezados por el comisario ejidal Ricardo López García, hicieron un llamado a los padres de los 43 estudiantes para que viajen a Carrizalillo y busquen ahí a su hijos. El viernes 31 de octubre, vecinos de la comunidad aseguraron a medios locales que tienen indicios de que los normalistas habrían sido trasladados a ese lugar, luego de la cacería desatada en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Señalaron que en las primeras horas del 27, al menos una treintena de hombres armados procedentes de Iguala arribó a Carrizalillo a bordo de varias camionetas. Afirmaron que los sujetos son miembros de la banda Los Peques, señalada como el brazo armado de Guerreros Unidos, y que habrían sido protegidos por la familia Peña Celso, que se refugió en Iguala después de que varios de sus integrantes fueron asesinados. De acuerdo con los denunciantes, en esa ocasión llegaron al lugar varias retroexcavadoras, y una gran cantidad de arena destinada para una obra pública “simplemente desapareció”. Las declaraciones se dan a conocer luego de que la semana pasada pobladores de Carrizalillo retuvieron a nueve agentes federales y un civil identificado como Modesto Onofre Peña Celso, presunto miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes pretendían llevarse al comisario ejidal Ricardo López. La comunidad, ubicada sobre la rivera del río Balsas, en el llamado ‘Cinturón de oro, ha padecido la confrontación entre sicarios al servicio de la banda Los Rojos y Guerreros Unidos, que buscan hacerse del control de la ruta de trasiego de drogas y las millonarias ganancias que obtienen a través del cobro de piso a la empresa minera Gold Corp. Según los pobladores de Carrizalillo, durante la retención de los federales y de Modesto Onofre Peña Celso, este habría confesado que en varios cerros existen fosas clandestinas que fueron utilizadas por los miembros de Guerreros Unidos para desaparecer a sus víctimas. Incluso dijeron que ellos mismos acudieron a un punto y encontraron restos humanos, motivo por el cual lanzaron un llamado a los padres de los 43 normalistas para que busquen ahí a sus hijos. El 11 de octubre de 2014, proceso.com.mx dio a conocer, con base en un reporte federal, que un grupo de sicarios al servicio de Guerreros Unidos se había refugiado en Carrizalillo con la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército, luego de ocurrida la masacre y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La nota se tituló: “Señalan a pandilleros de ‘Los Peques’ como agresores de normalistas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Los titulares de las comisiones de los derechos humanos del Distrito Federal, Morelos, Querétaro y Tlaxcala pidieron a la Cámara de Diputados evitar recortes presupuestales a estos organismos en 2016. Por el contrario, señalaron en una petición conjunta envidada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, es necesario fortalecer institucional y presupuestalmente a estos organismos autónomas ante los retos que enfrenta el país en la materia. “Hacemos un llamado para evitar recortes presupuestales y que, por el contrario, la asignación de recursos públicos a estos organismos contribuya a llevar a cabo una verdadera transformación en materia de derechos humanos, a efecto de cumplir con la ley; respetando la cultura de la legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos”, apuntaron los ómbudsman. Es imprescindible, abundaron, que mediante la asignación de presupuesto suficiente se fortalezcan los mecanismos de promoción y defensa de los derechos humanos y así mejorar el acceso a la justicia de las víctimas. Uno de sus principales retos, señalaron, es contribuir a subsanar las desigualdades y ayudar a construir y estructurar políticas y programas que enfrenten efectivamente esta problemática. Al mismo tiempo, subrayaron que los organismos públicos de derechos humanos tienen un “compromiso indeclinable” en materia de transparencia y rendición de cuentas. El oficio está firmado por las presidentas de las Comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, y de Morelos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor. También por el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, y por Francisco Mixcoatl Antonio, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Además enviaron copia de su oficio a la presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, Cecilia Soto González; al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, y al senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal de ese órgano legislativo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la Delegación Chiapas, detuvieron a dos personas en posesión de ocho armas de fuego y 21 cargadores. En un comunicado, la PGR precisó que al dar cumplimiento a investigaciones relacionadas con una averiguación previa a cargo del agente del Ministerio Público (MP) de la Federación, los agentes de la AIC realizaron un operativo en la carretera Federal 145-D, y en el tramo Ocozocoautla-Las Choapas marcaron el alto al conductor de un automóvil con placas de circulación del estado de Guerrero. Durante la inspección, añadió, dentro de la unidad se hallaron seis armas de fuego largas, dos cortas de diferentes calibres y 21 cargadores desabastecidos. Los integrantes de la AIC detuvieron a un hombre y una mujer, ambos oriundos de Guerrero, quienes iban acompañados de dos menores. La PGR destacó que por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las dos personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del MP encargado de la investigación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Córdoba, Ver: Con el fin de hacer notar que la justicia “está muerta” en nuestro país, estudiantes de diseño gráfico y artes plásticas de la Escuela Secundaria, de Bachilleres, Artes y Oficios (Esbao) instalaron un exposición de más de 30 pinturas en honor a los estudiantes de Ayotzinapa, y por la indiferencia ante la ola de violencia e inseguridad, en la muestra de altares por Todos Santos, que cada año se colocan en el centro de la ciudad. Los jóvenes estudiantes colocaron una exposición en donde expresaron su molestia por dicha situación que atraviesa el país que además no recibe el apoyo de nadie, lo que hace de este país un conformista e inseguro. Ariadna Michel Hipólito Rivera, estudiante de la Esbao, explicó que este sentir se refleja en 30 óleos que se expondrán durante estos días alusivos al día de muertos, en las pinturas la intención es recordar a los 43 estudiantes víctimas de la violencia de Ayotzinapa con el fin de ser solidarios con los padres que siguen sufriendo. En general dijo, los jóvenes viven en incertidumbre y desean saber la verdad sobre este tema, es necesario que las autoridades den resultados comentó la entrevistada. En su explicación a decenas de ciudadanos que se acercan para admirar las pinturas elaboradas en óleo, pinturas acrílicas, gis pastel, Eva Gómez y Maricruz Sánchez señalan que los estudiantes buscaban expresarse ante una serie de necesidades de las que eran presas, en un medio rural marginado, olvidado por gobernantes. Los participantes aseguran que con el montaje que realizan no significa que los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa estén muertos. “Estas personas luchaban por un derecho que como estudiantes les pertenecía y a cambio de eso ellos obtuvieron ser callados de la manera más brutal, los reprimieron como ahora hacen también con ustedes, los periodistas”, afirman.
“Buscamos que más gente abra los ojos, se dé cuenta que la justicia se ve reprimida igual que la libertad de expresión, no se puede vivir así, porque siempre se debe alzar la voz ante las injusticias, comentó Maricruz. FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
Washington. Desde 2010 en el continente americano han sido asesinados por su trabajo 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, de los cuales, 55 han sido en México. La Comisión denunció que muy pocos autores intelectuales han recibido condena y que la mayoría de las investigaciones muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los Estados del hemisferio a terminar con la impunidad que persiste sobre los casos, en un continente en el que cada 14 días un periodista es asesinado. Uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar. "Para el Sistema Interamericano es fundamental que los Estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión", dijo la Relatoría en un comunicado al conmemorarse el lunes el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. "Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación", agregó. "Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales", añadió la Relatoría. Por otro lado, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó hoy a los gobiernos de la región a proteger la vida y los derechos de los periodistas y adoptar medidas para prevenir la violencia contra ellos, lo que calificó como "la forma más extrema de censura". "Levantamos nuestra voz para recordar la forma de censura más extrema que existe, la eliminación de las voces críticas de quienes informan sobre los hechos de interés público a sus comunidades", dijo Almagro.
La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 2013 el 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. FUENTE: LA JORNADA.
CANCUN: Horas después de que unas seis mil personas protestaran en las calles de esta ciudad por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, exalumna de la Universidad del Caribe, fue hallado el cuerpo de otra mujer asesinada a puñaladas. Su identidad aún se desconoce, pero es la tercera víctima que se registra en este mes, en menos de tres semanas. El cuerpo fue hallado en las primeras horas de este lunes, en la calle Tercera Privada de Petunia del fraccionamiento Villas del Mar 3, al final de la Avenida Kabah, en la Región 248. El procurador de Justicia del estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, confirmó el homicidio de la mujer, a través de la estación de radio del gobierno del estado. Afirmó que la víctima aún no ha sido identificada, pero que ya hay una persona presentada, presuntamente relacionada con el crimen. El funcionario precisó que tuvo conocimiento del homicidio a las 4:30 horas de este lunes y aunque la investigación aún está en proceso, comentó que los primeros indicios apuntan a que la mujer fue asesinada en un lugar distinto al que fue encontrada. Hay “un arrastre de cuerpo, que significa que la mujer fue movida del lugar donde le infringieron la heridas mortales y se trató de limpiar la escena del crimen”, explicó y descartó que la mujer hubiese sido atacada sexualmente. Este feminicidio ocurrió horas después de que unas seis mil personas, convocadas por estudiantes de la Universidad del Caribe, salieron el domingo pasado a protestar por el asesinato de la joven, María Karen Carrasco Castilla, exalumna de esa casa de estudios de Cancún, cuyo cadáver fue encontrado el martes pasado en un lote baldío del fraccionamiento La Guadalupana. Además, el domingo 18 fue hallado en el fraccionamiento Puertas del Mar, en la Región 251 de esta localidad, el cuerpo desnudo de otra joven con el rostro destrozado por los golpes.
La PGJ identificó a la víctima como Rebeca Rivera Neri, de 24 años, originaria de Veracruz. Según la necropsia, la mujer fue estrangulada por sus victimarios. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
MÉXICO, D.F: El senador priista Omar Fayad ofreció quemar la llamada Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, presentada en el pleno el martes pasado. “Ofrezco todas las opciones: corregir, quitar, aumentar o comenzar de cero una nueva redacción”, adelantó Fayad, quien añadió: “Si lo que quieren es que la queme, la quemamos, pero que no quede en la conciencia social y en las redes que quisimos hacer un intento de mordaza, eso jamás lo haría”. “Quemamos el primer texto, no hay problema, podemos construir una iniciativa que responda al problema que vivimos”, recalcó el autor de la nombrada “Ley Fayad”. La iniciativa fue considerada por activistas y expertos en internet como un propuesta que criminaliza a los casi 54 millones de internautas en el país, además de atentar contra la libertad de expresión. El priista incluso admitió que obtuvo ayuda del comisionado de la Policía Federal Preventiva, Enrique Galindo Ceballos, para elaborar dicha iniciativa. Entre las propuestas contenidas en la iniciativa destaca el artículo 12, que estipula que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.
Aparte, el artículo 21 fija: “A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: Asistentes al Gran Premio de México gritaron “¡Asesino!” al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. La presencia del exmandatario provocó que algunos aficionados le pidieran tomarse una foto, mientras otros le gritaban “Lárgate, asesino, sáquenlo”.
Calderón respondió con una sonrisa nerviosa y un saludo a las gradas. Algunas versiones indican que se retiró del Autódromo Hermanos Rodríguez en helicóptero, mientras que su esposa, Margarita Zavala, aspirante a la presidencia para 2018, abordó el Metro.
El panista es asiduo espectador de competencias deportivas internacionales. En mayo de 2014 viajó al principado de Mónaco para ver al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. En junio de 2014 viajó en el crucero MSC Divina para presenciar el debut de la selección mexicana en el Mundial de Brasil. De acuerdo con el reglamento vigente del Estado Mayor Presidencial, Calderón tiene 12 guardias destinados a custodiar su seguridad, más guardaespaldas para su esposa e hijos. A principios de su sexenio, Calderón declaró “la guerra” al crimen organizado, arrebato que fue criticado por especialistas, que denunciaron la falta de una estrategia clara para combatir al narcotráfico. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en el sexenio anterior murieron 121 mil personas de manera violenta.
Según Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, la narcoguerra dejó un saldo de 101 mil 199 personas asesinadas, más 344 mil 230 víctimas indirectas, entre ellas hijos, esposas, padres o familiares de las víctimas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de DDHH en México lanzaron una iniciativa para exigir el cumplimiento por parte de las autoridades municipales y estatales de Sonora, así como de la Segob en la investigación de las agresiones cometidas en el estado.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció las recientes agresiones sufridas contra una de sus integrantes por parte de las autoridades municipales de San Luis Río Colorado, Sonora. La red informó que Martha Solórzano Martínez, integrante de la organización y presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, acudió el pasado 19 de octubre a la Contraloría de San Luis Río Colorado, en Sonora, a la audiencia en el caso de abuso de autoridad policial contra una mujer de la tercera edad. De acuerdo con el informe, en días anteriores la mujer de la tercera edad denunció que policías municipales le robaron su vehículo para después venderlo. En la audiencia, que tenía como finalidad el careo entre la víctima y los señalados, asistió Solórzano y al ser vista por uno de ellos este comenzó a insultarla y a gritar “qué hace aquí esta vieja”. “El policía exigió reiteradamente a la contralora [María de Jesús Gastelum] que sacara a la defensora de la audiencia, a lo cual la contralora dijo “por eso está calladita, sólo verá la audiencia”. En ese instante, el policía agarró su teléfono celular e hizo llamadas al exterior del edificio, describiendo la forma en que iba vestida [Solórzano]“, detalla el comunicado. Posterior a esta acción, el policía realizó otras cuatro llamadas de carácter intimidatorio en contra de la defensora de derechos humanos, quien comenzó a captar con su teléfono celular las acciones del elemento municipal. En respuesta, el acusado comenzó a tomar una postura violenta y hasta lazó golpes contra Solórzano. Pese al entorno violento, las autoridades de la Contraloría no intervinieron, sino hasta que otro periodista presente en la audiencia contuvo las agresiones del policía. IM-Defensoras detalla que ese mismo día un hombre fue captado por las cámaras de seguridad entrando al domicilio de Martha Solórzano, donde robó algunos artículos e intentó venderlos a un conocido de esta. Durante el allanamiento, fuera de la casa estaban estacionadas tres patrullas. Días después, el hombre fue capturado y relató que los policías municipales le encomendaron matar a Solórzano, pero que al no hacerlo estos lo golpearon.
El pasado 8 de septiembre, IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México lanzaron la iniciativa #AlertaDefensras para exigir el cumplimiento de las autoridades municipales, estatales y de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la investigación de estas agresiones, además de garantizar seguridad a Martha Solórzano. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-11-2015/1538020.
Ciudad de México, 1 de noviembre: Un joven estudiante de Fisioterapia y Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), llamado José Luis Rodríguez Muñiz, de 31 años de edad, fue ejecutado unas cuantas horas después de subir un video a su cuenta de la red social Facebook, en el cual criticaba la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Chihuahua, al gobierno de César Duarte Jáquez y al sistema político en general. El joven subió la grabación la noche del pasado jueves (a las 22:15 horas) a su cuenta denominada “Rezö Seress”, en el cual donde lanzaba duras críticas hacia el gobierno. Sin embargo, Rodríguez Muñiz no vivió para darse cuenta que su video se convirtió en viral, ya que fue asesinado al día siguiente, el viernes 30 de octubre, en las calles del Fraccionamiento Roma, de la ciudad fronteriza. Rodríguez Muñiz era conocido en su comunidad, como músico. También solía disfrazarse de payaso para participar en eventos de grupos defensores de niños y mujeres violentadas en la ciudad, indican los medios locales. Horas antes de ser ejecutado de cuatro balazos, Rodríguez Muñiz subió a su muro de Facebook un vídeo donde expresaba su sentir en relación con el Gobernador Duarte, el Alcalde Enrique Serrano Escobar y los aspirantes priistas a la gubernatura de Chihuahua, Lilia Merodio Reza, y Héctor Murguía Lardizábal, alias “Teto”, a los que califica como “bola de ratas”.
“Y se olvidan de como nuestro pinche gobernador Cesar Duarte Jáquez que nos sigue chingando con lo del helicopterazo, que no funcionó pero muchos se lo tragaron. Y ahora vamos a ver qué estupideces nos deja en el trienio Serrano (el Alcalde de Juárez) y vamos a esperar a nuestro próximo gobernador, el señor ‘Teto’ Murguía”, denunció el joven.
“Vamos dejar que el país se lo sigan chingando hombre, y a los que les gusta la grilla como yo, nada más que hacer grilla cibernética. Porque nadie va dar su vida por el país”, abundó el hoy occiso.
“México es un país para robar y para los chingones. Los pendejos como nosotros ahí nos quedamos en el camino”, finalizó su grabación.
La víctima, identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE), vestía una camisa en color azul y el escudo de la máxima casa de estudios de Chihuahua. El homicidio fue reportado este viernes después de mediodía en el cruce de las calles Tlatole y Yecora, y quedó sin vida a bordo de una camioneta Saturnmodelo 2005 color gris. El material difundido a través de su cuenta personal, el cual lleva 28 mil vistas, 943 “Me gusta” y 1,067 veces compartido, hace alusión a supuestas “cortinas de humo” que los gobernantes crean para desviar la atención de la ciudadanía de temas importantes. Unas horas después, el joven estudiante fue asesinado mientras circulaba a bordo de su camioneta en las calles Tlatole y Yecora. Entre los comentarios, el ahora occiso informaba que tenía preparado un reportaje sobre el Valle de Juárez, sin especificar un tema.
Tras conocer el homicidio, amigos y conocidos de Rodríguez Muñiz condenaron el hecho. “Amigo mío, tú diste la vida por nosotros tan cobardes y en el camino te quedaste. Dios ilumine tu camino y estaremos al tanto de tus hijos”, escribió uno de sus contactos.
Por su parte, Geraldine Mujik Geral, escribió: “D.E.P. Nunca te callaste lo q pensabas en un pais libre de expresión ojala tu muerte no sea en vano (sic)”. Según informa la prensa local, Rezo formaba parte de un canal independiente por internet donde grababa un programa llamado Un programa Piloto donde subían vídeos con opiniones sin censura.
El Diario de Ciudad Juárez indica que la ciudad registró al menos cinco homicidios en menos de 24 horas. VÍDEO:
MÉXICO, DF: Un integrante del grupo musical Los Cardenales de Sinaloa fue ejecutado de nueve balazos esta madrugada por sujetos armados. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la víctima viajaba junto con sus compañeros desde la localidad Las Tatemas, Sinaloa cuando fueron interceptados por un grupo armado. Supuestamente regresaban de amenizar una fiesta de quince años. Los sujetos obligaron a bajar al acordeonista, identificado como Marcos Félix Bojórquez, de 30 años, y lo asesinaron a balazos. Los agresores dejaron que el resto de los músicos siguiera su camino para luego abandonar el cadáver de la víctima sobre una brecha. Según el diario El Debate, a las 8:30 horas llegaron a la escena del crimen agentes de la Policía Municipal. El cuerpo del músico fue localizado a ocho kilómetros de Sinaloa de Leyva, sobre un camino de terracería, boca arriba y a simple vista se le apreciaban por lo menos nueve impactos de bala en el pecho. El periódico reportó que a un costado del músico se hallaba el sombrero y en su mano derecha tenía un mecate con el que lo ataron para evitar que opusiera resistencia. Bojórquez vestía uniforme color rojo, botas negras y sombrero. Los peritos también localizaron seis casquillos de rifle R-15 y tres de AK-47.
El cadáver fue levantado por una funeraria y trasladado a Guasave donde se le realizó la necropsia de ley. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Montajes van, montajes vienen. Así funciona la justicia en México, fabricando culpables, extrayendo confesiones bajo tortura, aliándose con los medios para manufacturar mentiras. Llevando así a condenas colectivas, como en el caso de Florence Cassez, y a “mentiras históricas” como en el caso de Ayotzinapa. Permitiendo que los administradores del aparato inquisidor usen a víctimas prestadas para cobrar venganzas ajenas o construir narrativas oficiales a conveniencia o legitimar las acciones ilegales del gobierno en el “combate a la inseguridad”. De esa manera se usa al sistema de justicia para crear leyendas mediáticas. Para armar grandes pantomimas. La parodia de la justicia con fines televisivos. Todo para darle al público un buen espectáculo. Esa es la verdad que se desprende del espléndido libro de Emmanuel Steels El teatro del engaño. Buscando a Los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca fue. Esa es la verdad que encuentra quitándole envoltura tras envoltura a la cebolla, hurgando en expedientes, entrevistando acusados, confrontando a acusadores, investigando a los involucrados en la farsa que siempre fue el proceso de Florence Cassez e Israel Vallarta. Culpables ante la opinión pública a pesar de la liberación de la primera y la ausencia de sentencia del segundo. Culpables por todo lo que Televisa y Televisión Azteca –de la mano de la AFI y la PGR– hicieron aquella noche de su supuesta “detención”. Un montaje de la operación “en vivo” que resultó no serlo y para el cual reporteros y conductores y policías se prestaron. Una farsa que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino escenificaron para sustentar la narrativa de Felipe Calderón: la eficacia en el combate al crimen. Y que para ello se valieron de Israel Vallarta, el único ejemplo en la historia judicial de México donde un sospechoso es torturado frente a las cámaras. La tortura al servicio de los medios. Y las cámaras se vuelven cómplices. Cómplices de un montaje que –al igual que Ayotzinapa– se organizó porque no existía una investigación, o para paliar sus carencias. Porque de haber sido culpables, los habrían capturado en flagrancia en el interior de la casa, en presencia de las víctimas. Porque había que inculpar a Cassez y a Vallarta porque era imperativo presentar a algún secuestrador detenido. Porque la única manera de sostener que Israel y Florence eran secuestradores era hacer a las víctimas cómplices de la manipulación y la escenificación. No es casual que los secuestrados agradezcan su rescate una y otra vez a la AFI. Del núcleo del montaje policiaco-judicial –al igual que Ayotzinapa– desciende el montaje mediático, que a su vez produce pruebas para el montaje judicial. En el caso Cassez, la Suprema Corte echó para abajo la obsesión de quienes argumentaron que las violaciones al debido proceso y la escenificación no afectaban el fondo del asunto. En el caso Ayotzinapa, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acaba de tumbar el montaje de Murillo Karam. Mientras tanto, Israel Vallarta, por ser mexicano y no tener un gobierno extranjero que lo respalde, languidece en la cárcel. Torturado. Golpeado y sometido a toques eléctricos. Obligado a confesar algo que no hizo. Detenido arbitrariamente. Pudriéndose por ser el malo de una película que el gobierno –de la mano de las televisoras– escribió. Él y sus familiares, a quienes la justicia es incapaz de procesar, juzgar, sentenciar. Condenados ya por un tribunal mediático mientras jueces y ministerios públicos siguen pedaleando en el lodo de la presunta investigación policial, paralizados por consignas políticas. Como escribe Steels, “a Cassez se le atacó por ser francesa, a ellos se les ignora por ser mexicanos”. Como tantos más. Como los que el Estado torturó para extraer confesiones sobre Ayotzinapa y así montar una “verdad histórica”. “Verdad” que evidencia la mentira que el gobierno preferiría ocultar. El ejercicio indebido del servicio público por autoridades judiciales y policiales. El abuso de autoridad. El delito contra la administración de la justicia. Pero en vez de ser procesados y castigados, los responsables de engañar, mentir y montar son recompensados con altos puestos o con impunidad. Helos en el entorno directo de Enrique Peña Nieto, con la protección blindada. Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y Humberto Castillejos y Eduardo Medina Mora y Alfredo Castillo y Luis Enrique Miranda Nava y Daniel Cabeza de Vaca y Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales. Los responsables de un acuerdo fraguado para garantizar la impunidad de los montajes. Los responsables de construir el sólido muro de contención frente a los –hasta ahora hipotéticos– intentos de la justicia para sancionar abusos del pasado. La investigación abierta por la PGR iniciada en 2013 sobre las irregularidades del caso Cassez no ha ido a ningún lado, y con Arely Gómez –dados sus lazos con Televisa– seguramente no lo hará. En lugar de castigar a los autores del montaje se les ha protegido y premiado, incluso con un asiento en la Suprema Corte, como ocurrió con el exprocurador Medina Mora.
Él y tantos más en el actual gobierno, interesados en que Israel Vallarta siga siendo considerado como un secuestrador, como el líder de una banda que nunca existió, como culpable al igual que el resto de sus familiares encarcelados, con o sin sentencia. Interesados en mantener de la misma manera el montaje de Ayotzinapa, por la forma en la cual el cinismo ha permeado a toda una generación de policías y agentes del Estado. Un grupo compacto que se protege entre sí y que a través de su silencio, su pasividad y su consigna de sepultar la verdad ha creado un modelo perverso. El modelo mexicano de inseguridad, de tortura generalizada, de violaciones sistemáticas a derechos elementales, de injusticia sin fin. El modelo que sólo cambiará si se enmiendan y se castigan los errores. Si se reconoce y se pone fin a la simulación con la que actúa la PGR. Si se reconoce que la tortura en México es un mal generalizado. Porque si eso no ocurre, los montajes continuarán, las mentiras proseguirán y la batalla librada contra el crimen organizado será lo que ha sido: una lucha de fachada. Un montaje más. FUENTE: PROCESO. AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS)
MÉXICO, DF: El grupo de ciberactivistas Anonymous México publicó un video en su canal de YouTube en el cual fija su postura en relación a la Ley Fayad a la que considera que criminaliza a los usuarios de internet y limita el derecho a la libertad de expresión.
Este sábado Anonymous lanzó #OpDown en contra de la “Ley Fayad”, que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en contra de la iniciativa del senador priista Omar Fayad, aunque no precisó qué tipo de acciones tomará.
“Dejemos de inventar pretextos, esta iniciativa está muy lejos de ayudar a la población, simplemente pretende censurar y atentar contra los derechos humanos a la libertad de expresión, pretenden minimizar los ataques de una sociedad enfurecida con un gobierno represor y la única finalidad de esta iniciativa es buscar una burocracia”, dice la voz de Anonymous. El grupo destaca: “Consideramos que la elaboración y redacción (de la propuesta) es una porquería. Cuando se pretende crear un proyecto honesto y con buenos fundamentos se debe informar con precisión a la población”. Los ciberactivistas señalaron que detrás de la propuesta del senador priista, existe la intención de minimizar los ataques de una sociedad enfurecida en contra de un gobierno represor.
La iniciativa de Fayad es considerada por activistas y expertos en Internet como una ley que criminaliza a los casi 54 millones de internautas en el país, que limita la libertad de expresión y permitiría la persecución de periodistas y medios digitales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 1 de noviembre: Las cuatro explosiones, provocadas ayer por bombas reguladas por relojes, en la Línea 2 del Mexibús en Ecatepec, son sólo la punta de un gigantesco iceberg donde coinciden la violencia, corrupción, inseguridad, impunidad y pobreza que cada día viven los habitantes del Estado de México, coinciden análisis, activistas y legisladores. Destacan que en los últimos años el Edomex se ha convertido en una entidad dominada por el crimen, la corrupción, la pobreza, la opacidad, los feminicidios y ahora por ataques como el de ayer.
“Todo lo que golpea al Estado de México un coctel explosivo; es una mezcla terroríficamente compuesta por estos elementos, es una mezcla aberrante que se vive en la cotidianeidad mexiquense”, aseguró José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Hace tres meses, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) presentó un análisis en el que resaltaba que la entidad gobernada por el priista, Eruviel Ávila Villegas, tenía prendidos varios focos rojos, como el hecho de ser el último lugar en la disponibilidad de médicos por cada mil habitantes, el número 26 en gasto per cápita en salud y el primero en incidencias delictivas por cada 100 mil habitantes, entre otros. El análisis expone que el Edomex es el número 29 en la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio y el segundo con el mayor número de población penitenciaria [18 mil 056 personas]. También ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de actos de corrupción. A pesar de que es la segunda entidad que aporta más al Producto Interno (PIB) Bruto nacional, con el 9.4 por ciento, el 49.6 por ciento de su población vive en pobreza y el 7.2 por ciento en pobreza extrema. “Nos llama mucho la atención que dado esto tendría que estar reportando unos niveles más altos en calidad de vida, debería ser uno de los más grandes en crecimiento del país”, dijo en su momento a SinEmbargo Lorena Becerra Mizuno, investigadora del CIDAC y una de las autoras del análisis. Sin embargo, 8 millones 269 mil 900 de sus habitantes viven en condición de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El 58.9 por ciento de la población, es decir 9 millones 823 mil 900 personas tiene un ingreso inferior al de la línea de bienestar, es decir, que no pueden comprar una canasta básica ni cuenta con los elementos suficientes para llevar una vida digna.
“Corrupción, impunidad, violación de derechos humanos… evidentemente son elementos que se conjugan en una población que acusa a un alto índice de pobreza y marginación y eso es dinamita pura para los conflictos sociales”, alertó el activista.
El documento del CIDAC alerta que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada diez sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada diez mexicanos son pobres y tres de cada diez son vulnerables.
EL CAOS MEXIQUENSE Lara Duque expresó que en esta entidad, los ciudadanos ya empiezan a organizarse para resolver “de manera pacífica” todas las carencias y delitos que los aquejan, ante la falta de una acción contundente del gobierno estatal para hacerlo. “En el Estado de México lo urbano y lo rural son un caos, a pesar de ello, hay una vocación cívica por transformar las cosas por la vía pacífica, pero es el gobierno estatal el que no genera canales efectivos para una solución. Estamos en tiempo de hacer la apuesta, de transformaciones civiles y pacíficas porque si esto no sucede, sería muy grave”, añadió. Alertó que la situación es más grave en los municipios metropolitanos del oriente norte y poniente porque esas zonas recibieron el desplazamiento de la mancha urbana que cada día necesita más servicios y seguridad. Por su parte, el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, particularizó en el municipio de Ecatepec –donde se registró la explosión en el Mexibús. “En Ecatepec la Policía Municipal, la Policía Estatal, van en contra de sus propios habitantes eso lo vemos todos los días, todos los días se sabe de la corrupción de los cuerpos policíacos, entonces imaginamos que los delincuentes están en un paraíso, ese es el problema de Ecatepec”, expresó e hizo un llamado a investigar las explosiones en las unidades. Insistió en que Ecatepec es en este momento “un municipio sin ley”, por lo que las explosiones en el medio de transporte son un acto delincuencial que debe ser investigado, antes de que este tipo de acciones alcancen a los ciudadanos.
LA SOSPECHA DE ATENTADO Tras las explosiones, la Línea 2 del Mexibús, que corre de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, a Las Américas, en Ecatepec, publicó ayer un tuit en el que advertía: “Alerta por posible atentado en autobuses, permanecerán cerradas estaciones hasta nuevo aviso, disculpen las molestias”. Sin embargo, en la explicación oficial, emitida a través de un boletín de prensa, no se dieron muchas especificaciones sobre el tipo de objetos que explotaron. Únicamente se señaló que se había tratado de ocho “aparatos caseros” de los cuáles explotaron sólo cuatro. En fotografías se puede apreciar que algunos de los paquetes incluían relojes.
“Tras sofocar las llamas de las cuatro unidades, se procedió a verificar el resto de los vehículos, en los que se detectaron cuatro artefactos caseros más, lo cuales no se activaron”, explicó Ricardo Campos, director de Transporte Masivo de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que anunció la apertura del Acta Circunstanciada 51PP/2015 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ninguna de las dos instancias dio más detalles sobre las explosiones. David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Estado de México, dijo que el ataque ocurrido en el Mexibús se debe a la lucha entre transportistas y Gobierno del Estado por la ruta. La concesión del Mexibús, explicó, se entregó a distintos grupos, pero afectó a otros grupos de transportistas que operaban en la ruta. “Son concesiones que se entregaron a grupos de transportistas que cobran doble pasaje, porque hay que pagar un pesero al Mexibús y de ahí a Las Américas. Esto está sucediendo por la incompetencia del Secretario de Movilidad Isidro Pastor Medrano, que no ha sabido poner orden”, dijo. Mancera Figueroa explicó que desde hace algunos meses la violencia entre los transportistas se desató en Ecatepec, por lo que constantemente aparecen taxistas ejecutados.
“Esperemos que la violencia no alcance a la sociedad. Le exigimos al Gobernador Eruviel Ávila brinde la seguridad necesaria a los usuarios de Mexibús. Que haga efectivo el viajero simulado del que había hablado hace unos meses y que se coloquen cámaras al interior del Mexibús para ver qué nos está ocurriendo”, indicó.
No obstante, Lara Duque estimó que la violencia en el Edomex alcanzó a la sociedad desde hace muchos años, lo que se evidencia en un muestreo realizado por el centro que encabeza en el que se destacan agresiones a 150 defensores de los derechos humanos durante la administración del Gobernador Ávila Villegas –hace 3 años, con un nivel de impunidad del 95 por ciento. “El gobierno ha estado controlado desde la Revolución por el Grupo Atlacomulco. No se puede negar que existe un grupo de poder, y uno de los principios fundamentales es un ejercicio autoritario del poder, lo que implica que las voces disidentes sean perseguidas y cooptadas y eso lo tienen perfectamente practicado”, concluyó Lara Duque. FOCOS ROJOS QUE NO BRILLAN En los últimos meses se publicaron una serie de noticias que reforzaron el hecho de que en el Estado de México existen varios focos rojos, tres de ellos fueron: las grabaciones que mostraban actos de corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno local para favorecer a la empresa española OHL [Obrascon Huarte Lain]; la segunda, las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral [INE] al Gobernador por hacer promoción en tiempos electorales, y la tercera es el hecho de que sea uno de los 10 estados del país donde creció más la pobreza. También está el tema de los feminicidios: el 31 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió por primera vez en la historia la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México tras los altos índices de violencia que registra la entidad en contra del sexo femenino. La declaratoria se emitió para los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México. De acuerdo con el análisis del CIDAC, la impunidad de este delito en el Edomex es alarmante ya que uno de cada diez feminicidios reportados entre 2005 y 2010 no derivó en imputación alguna; para el periodo 2011 y 2014, la cifra aumentó a cuatro de cada diez. La medida fue necesaria toda vez que entre 2011 y 2013 se registraran 840 femicidios y tan sólo entre 2011 y 2012 se reportaran mil 258 mujeres desaparecidas, el análisis compara que entre 1993 y 2014 en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad emblemático en el tema del feminicidio en México se cometieron al menos mil 530 asesinatos de mujeres, mientras que en el Estado de México entre 2006 y 2013, sólo siete años, se registraron 2 mil 837 casos, lo que representa casi el doble. “Sin embargo, el problema de inseguridad en el Estado de México no se restringe a este tipo de delitos, la incidencia delictiva es la más alta del país y aumentó de 2012 a 2013 en 64 por ciento”, destaca el análisis del CIDAC. Nueve de cada diez habitantes fueron víctimas de al menos un delito en el año 2013.
La cifra de ilícitos no denunciados, detalla el análisis, es la segunda más elevada en el país y asciende a 96 por ciento. “Este número de delitos no reportado se explica en gran parte por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades. La suma de los elementos mencionados, nos indica que la problemática de inseguridad en la entidad no es un fenómeno reciente sino más bien un problema permanente que ha sido ignorado por mucho tiempo”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN/Shaila Rosagel, Juliana Fregoso y David Martínez. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1536714.
El recorte del presupuesto para la Iniciativa Mérida aplicado por EU es sólo el principio de lo que el Gobierno de México puede esperar si no resuelve con celeridad los casos de violaciones a las garantías de sus ciudadanos, alerta la activista mexicana Alejandra Ancheita, galardonada con el Premio Martin Ennals 2014.
Ciudad de México, 1 de noviembre: El recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida que el gobierno de Estados Unidos aplicó a México puede ser el inicio de una serie de reducciones en la ayuda que otras naciones otorgan al gobierno ante la falta de respuestas eficientes a la crisis de derechos humanos, advirtió la activista mexicana Alejandra Ancheita, ganadora del Premio Martin Ennals 2014, considerado como el “Nobel de los Derechos Humanos”. El 18 de octubre, el diario The Washington Post publicó: “El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”. Ancheita afirmó en entrevista con SinEmbargo que la Unión Europea (UE) e incluso organismos internacionales estarían en la misma postura ante la “actitud negligente del gobierno mexicano”. La abogada es también fundadora y directora general de ProDESC, una ONG que apoya a migrantes, a los trabajadores y a las comunidades indígenas en su lucha contra las empresas multinacionales de los ramos minero y energético. Es pionera en llevar ante los tribunales casos de grandes corporativos que violan las garantías de las comunidades. Sobre este tema, consideró que las grandes empresas, principalmente del sector energético, también están violando los derechos humanos de miles de mexicanos al negarles cuestiones básicas como la consulta y el acceso a los beneficios que generan los grandes proyectos.
PAÍS VIOLENTO CON GOBIERNO NEGLIGENTE –¿En qué momento nos encontramos en México en materia de respeto a los derechos humanos?
–Estamos en un momento de una crisis generalizada. La violencia en México, y muy específicamente en las violaciones a los derechos humanos, creo que se ha visibilizado a partir de este caso gravísimo que se va convirtiendo en un caso cada vez más paradigmática que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que nos dio la posibilidad de visibilizar todas las demás graves violaciones a los derechos humanos, lo que implica también las más de 26 mil desapariciones que ya se han por lo menos identificado que existen oficialmente en el país y la gravísima práctica que se ha denunciado por décadas que es la de la tortura.
–Tenemos casos como el de Colombia, que desde hace más de tres décadas libra un conflicto armado que incluye también una guerra contra el narco. En estos años registra 50 mil desaparecidos, mientras que en México en 9 años de guerra contra el narco estamos hablando de 26 mil ¿qué nos dice esta cifra? –Nos habla de un aumento exacerbado de la violencia y una falta de atención integral y efectiva por parte de las instancias del gobierno mexicano por esta situación que se está viviendo. México se ha caracterizado por ser un país donde la falta de investigación especializada ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, además del altísimo nivel de corrupción que tenemos en varias de las instancias que tendrían que ser de procuración y administración de justicia así como el alto nivel de impunidad que da como resultado un mensaje público de que se podrían seguir dando estas violaciones, que se podría aumentar escandalosamente el número de violaciones a los derechos humanos sin que haya una respuesta integral y contundente por parte del gobierno, creo que es evidentemente la respuesta a un ambiente generalizado de corrupción e impunidad. – ¿Qué se piensa dentro de las ONGs de corte internacional sobre la respuesta que ha dado el gobierno a organismos como la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] y la misma ONU?
–El Gobierno mexicano ha tenido un trabajo muy especializado de diplomacia hacia el exterior, donde la visión que se tenía era que el Gobierno federal, a pesar de que estaba enfrentando una serie de problemas principalmente originados por el crimen organizado, tendría de alguna manera la situación bajo control que estaba resolviendo de manera adecuada lo que estaba pasando en el país. Sin embargo, ahora es cada vez más claro, por las visitas internacionales y las respuestas que ha dado, que ya hay una noción más clara de la falta de control que tiene el gobierno sobre la situación y una muy clara ineficacia de escuchar y retomar las recomendaciones de especialistas para ir construyendo respuestas concretas a la situación de crisis. Se empieza a leer una actitud negligente del gobierno mexicano hacia las recomendaciones de organizaciones y asociaciones internacionales a diferencia de otros años. El gobierno actual no escucha.
– ¿Esto qué consecuencias puede traer? –Me parece que varios empresarios identificaron una serie de consecuencias principalmente en materia económica: una de las principales preocupaciones del gobierno mexicano es la participación en tratados internacionales en materia económica y los fondos que recibe del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. El Gobierno de EU acaba de hacer un recorte a su presupuesto de ayuda y, por supuesto, está en duda toda la participación que se va a tener ahora con la Unión Europea, esto puede tener una afectación directa en la llamado cláusula democrática que implica que los países tienen una serie de compromisos que incluyen el respeto a los derechos humanos y una mejoría en la solución a sus violaciones. No se tiene todavía una afectación directa, pero ya vamos a empezar a escuchar en los próximos meses más reacciones públicas en ese sentido.
LAS OTRAS VIOLACIONES –El tema Ayotzinapa evidenció la cuestión de las desapariciones forzadas, otros casos como Tlatlaya y Tanhuato han evidenciado el tema de las ejecuciones extrajudiciales ¿qué otras violaciones a los derechos humanos estamos invisibilizando?
–Yo creo que es muy importante identificar el efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales, principalmente para las personas en situación de pobreza, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, para las mujeres niños y niñas, adolescentes; la violencia hacia los defensores de los derechos humanos, las personas gay y de manera muy específica la violencia contra familiares de víctimas y periodistas, que esta violencia es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de justicia de las propias familias de las víctimas. También es muy importante reflexionar sobre los derechos económicos y culturales: el alto comisionado de la ONU, que acaba de venir a México, y que tuvo una crítica muy certera sobre la actuación del gobierno, escuchó a varias ONGS que llamamos la atención sobre las empresas involucradas en los megaproyectos, estableció que no se ha consultado de manera adecuada a los pueblos indígenas sobre tierras y recursos que planean explotar.
–¿Cuáles fueron las recomendaciones? –El Alto Comisionado hizo un llamado al Gobierno mexicano para que estas empresas establezcan un proceso adecuado de consultas y también aseguren la participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo. Me parece también muy importante mencionar que este tema fue el que agregó la defensora de los derechos indígenas Isabel Jiménez el pasado 19 de octubre durante su participación en una audiencia temática de la CIDH [Comisión Interamericana de los Derechos Humanos] sobre el papel de defensoras del medio ambiente en América Latina. En una carta de distintas organizaciones al Alto Comisionado se hizo mención del derecho a la consulta previa, libre e informada y que los defensores y defensoras están ahora pugnado por el derecho a las tierras a los territorios indígenas de manera específica frente a las propuestas de inversión e infraestructura. Es muy importante poner en perspectiva la clara violación a los derechos humanos que implica los asesinatos extrajudiciales, la desaparición forzada en el contexto de una crisis generalizada que implica una crisis económica donde el nivel de desempleo va aumentado de manera acelerada que tiene como resultado una sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras sino que también hay una tendencia a la sobreexplotación de los recursos naturales. – ¿De qué megaproyectos estamos hablando en específico? – Tenemos conocimiento de manera específica de los megaproyectos ubicados en el Istmo de Tehuantepec en los parques eólicos que se han venido construyendo en los últimos años. Hay 31 parques eólicos en México, 24 de los cuales están en el Istmo de Tehuantepec y sólo 2 de esos 24 están en la comunidad de Juchitán, dos están proyectados para Chiapas y eso ha tenido un efecto en la vida cotidiana sobre la población. SUPERVISIÓN INTERNACIONAL –Hay algunas voces que ya se empiezan a pronunciarse sobre la instalación de una comisión contra la impunidad similar a la de Guatemala, ¿considera necesaria una supervisión externa en este momento para aclarar las violaciones y a los Derechos Humanos y terminar con el tema de la impunidad?
–Sería un elemento que fortalecería una investigación imparcial, especializada y que por el tipo de institución que es y la crisis actual que estamos viviendo en México lo está ameritando, pero desafortunadamente la falta de una respuesta efectiva e integral por parte de las instancias del gobierno mexicano dan como resultado este tipo de propuestas, el propio ejemplo de los expertos independientes que hicieron una investigación sobre Ayotzinapa deja es muy clara la necesidad de crear estas instancias que ayuden a ir resarciendo las situaciones que el propio gobierno no lo ha hecho con la eficacia que amerita la crisis que estamos viviendo.
–¿Desde donde tendría que empezar a investigar una comisión de este tipo para hacer justicia y terminar con la impunidad? –Es una pregunta muy amplia, se tendría que empezar por la elaboración de un diagnóstico real de la impunidad, la falta de acceso a la justicia, las violaciones a los derechos humanos. Hay distintos informes, pero lo que hace falta es tener un diagnóstico más claro, homogéneo, de las condiciones estructurales a atender y a partir de ahí tener una definición más clara de cuáles serían las pautas de trabajo por parte de esta comisión. –¿Cuáles serían los tres problemas en materia de derechos humanos que deben ser prioritarios?
–Una demanda de la sociedad mexicana es investigar la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano lo que daría también la posibilidad de ir investigando con más efectividad las graves violaciones, las desapariciones forzadas que se han dado en el país y, por otro lado, la investigación de las condiciones que están generando la crisis económica. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JULIANA FREGOSO. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1535893.
CANCÚN, Q. Roo: Unas seis mil personas salieron a las calles en repudio por el asesinato de la universitaria María Karen Carrasco Castilla, quien fue encontrada el pasado martes en un lote baldío del fraccionamiento La Guadalupana. Convocada por estudiantes de la Universidad de Quintana Roo (Unicaribe), la marcha que se desarrolló en silencio concluyó en un mitin en la Plaza de la Reforma, en donde los oradores exigieron al gobernador Roberto Borge, al presidente municipal Paul Carrillo y el procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera el esclarecimiento del crimen y la detención de los culpables. También demandaron que “se deje de gastar en propaganda falsa y engañosa” y que esos recursos sean usados para la limpieza de lotes baldíos, iluminación y seguridad. El líder universitario Bryan Toriz leyó un pliego petitorio de ocho puntos, en el que piden además que cada lunes la Procuraduría informe sobre los avances de la investigación del crimen de María Karen. “Todos somos Karen”, destacó. La activista Teresa Carmona sostuvo que Cancún no es el paraíso, sino una ciudad marcada por la muerte, la desigualdad y pobreza, sede de gobiernos ineptos e inasibles. “Queremos ver el rostro de los asesinos (de Karen) y los queremos ver en la cárcel”, enfatizó. Carmona demandó que la Procuraduría dé tratamiento de feminicidio al asesinato de Karen Carrasco y que se emita además la alerta de género en la entidad. Al inicio de su discurso, la activista recordó el caso de cinco sexoservidoras asesinadas en diciembre de 2014, cuando sujetos incendiaron la casa de citas en que trabajaban, y lamentó que la sociedad fuera omisa en este multihomicidio sólo “porque eran putas”. Los manifestantes partieron del malecón Tajamar y recorrieron la avenida Tulum, la principal de la ciudad, hasta la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal, en donde se llevaba a cabo una expresión y venta de artesanías y un festival de Día de Muertos. Al llegar al Palacio Municipal, los inconformes exigieron al alcalde Paul Carrillo y a los regidores “que salgan”. En la marcha participaron también víctimas de violencia, como el caso de una mujer que fue violada y desfigurada a golpes y la Procuraduría dio carpetazo al asunto; o un padre, que al final del mitin estalló en llanto por el secuestro y asesinato de su hijo. En la vanguardia de la marcha fue extendido un enorme cartel con la leyenda “Karen no está sola, estamos con ella”.
En las pancartas también hubo demandas para limpieza de lotes baldíos, cámaras de seguridad y alumbrado público. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
