Ningún afectado por alguna desaparición forzada ha cobrado dinero o recibido la indemnización del fondo de víctimas. Además, la legislación sobre ese tema también duerme el sueño de los justos y no ha sido aprobada.
No existe en México actualmente otro tema en la agenda nacional que exhiba más la debilidad institucional del gobierno mexicano que el de las desapariciones forzadas.
Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.
Pese a los compromisos internacionales, no existen avances en el Congreso federal en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada, un compromiso que las autoridades mexicanas adquirieron desde el 2008, tras el caso Rosendo Radilla. Hoy se sabe también que el principal instrumento institucional de ayuda para víctimas, como es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no ha autorizado ningún apoyo para los familiares de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.
Las cifras oficiales que existen sobre el tema son un caos: para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hay 122 casos de desaparición forzada registrados en el país.
Para muchos, la cifra real hay que buscarla entre las 25 mil personas desaparecidas que existen en el país de manera extraoficial.
Por lo pronto, México sigue cosechando descrédito internacional por sus desaparecidos. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que recortaría hasta en un 15 por ciento los recursos destinados para México, a través de la Iniciativa Mérida, en castigo por las violaciones a los derechos humanos que existe en el país. Y este domingo José Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, corrió el Maratón de Nueva York en protesta por la desaparición de su hijo hace un año en Guerrero.
Las víctimas por desaparición forzada hoy están más visibles que nunca en el país, pese al intento oficial de silenciarlas.
La bolsa de indemnizaciones para víctimas de desaparición forzada aún no aparece.
Aunque el gobierno federal ha indemnizado hasta con tres millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ningún familiar de una víctima de desaparición forzada ha recibido apoyos económicos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que “se tienen 122 personas en situación de víctima inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que manifestaron haber sido víctimas de desaparición forzada”.
Esto es con base en el Registro Nacional de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que maneja la CEAV.
En esta cifra no están incluidos, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace un año y donde estuvieron involucradas autoridades municipales de los municipios de Guerrero, Iguala y Cocula.
Ninguna de las víctimas, aunque están reconocidas, han recibido fondos por parte de la autoridad federal.
“La dirección general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral informa que a la fecha de respuesta no se ha erogado ningún pago con cargo a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por concepto de reparación integral a víctimas directas, indirecta y/o potenciales de desaparición forzada”, señala la información.
El Comité Interdisciplinario Evaluador, dice la información, no ha emitido dictamen alguno sobre la procedencia de acceso a los recursos del fondo económico en mención.
De acuerdo con el informe de reconocimiento oficial de víctimas directas e indirectas de desaparición forzada hay 122 víctimas en el país.
El reconocimiento comenzó en el año 2014, cuando se reconocieron casos suscitados en los 2008 en Chihuahua (dos víctimas, una indirecta y una directa), tres más en 2011, dos más en 2013 acontecidos en Michoacán y una veintena de víctimas en Guerrero en ese mismo 2014.
Es decir, en 2014 se reconocieron 27 víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este año, de acuerdo con el reporte fechado el 22 de octubre y obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, se han reconocido 95 casos de víctimas por desaparición forzada.
La autoridad federal ha reconocido a víctimas de desaparición forzada por un hecho suscitado en 1971, once en 1972, dos en 1973, 27 víctimas más en 1974. Todos estos casos ocurridos en Guerrero. Además, dos víctimas más están reconocidas en hechos de 1976 (Guerrero y Distrito Federal), cuatro víctimas en 1977 (tres en Jalisco y una en Guerrero) y de ese año hay reconocimientos oficiales de víctimas hasta 2009, cuando se reconocen a ocho víctimas, seis de ellas en Coahuila y en dos casos no se ubica entidad.
En 2010 hay 21 reconocimientos oficiales de víctimas por desaparición forzada, diez de ellos en Veracruz, ocho en San Luis Potosí y tres en Nuevo León. En 2011 están reconocidos 5 casos, tres se suscitaron en Morelos y dos víctimas más están reportadas en Michoacán.
Los cinco casos de víctimas reportados en 2012 y tres de 2013 se reportan en Nuevo León, de acuerdo con el informe.
El estado que más tiene es Guerrero, donde se reportaron 69 casos, sigue Veracruz, con 13; luego Nuevo León, con 11; en San Luis Potosí se reportan ocho víctimas, seis en Coahuila, cuatro en Michoacán, tres en Morelos y Jalisco, respectivamente, y dos en Chihuahua y uno en el Distrito Federal. Además hay dos casos en los que no hay datos de la entidad.
La información advierte que “la presente información es preliminar y se obtiene de las manifestaciones realizadas por los solicitantes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) mediante el Formato Único de Declaración (FUD) o en su caso el otorgamiento de la calidad de víctima por parte de la autoridad”.
Si bien las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada no han tenido una indemnización, en el caso de otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En 2013 se suscitó una polémica luego de que Lía Limón, entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dijo que había 27 mil desaparecidos en México.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desdijo a la entonces responsable del asunto en el gobierno federal y reconoció que no existía un padrón oficial de desaparecidos.
En su columna del diario El Universal, Ciro Gómez Leyva atribuyó a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una declaración en la que asegura que son 194 víctimas de desaparición forzada.
Al solicitar la confirmación de la cifra, la Secretaría de Gobernación pidió turnar la pregunta a la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entregó la presente información en la que refiere que son 122 víctimas, directas e indirectas, en materia de desaparición forzada.
Pagan más cuando los matan
A diferencia de las víctimas de desaparición forzada, otras violaciones a los derechos humanos han sido compensadas por el gobierno federal, de acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En estos casos, existe la observancia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El gobierno federal ha destinado 243 millones al pago de indemnizaciones a 193 víctimas y familiares de alguna violación a sus derechos humanos. En tanto que los familiares de víctimas de desapación forzada no han recibido un peso.
“El monto total por concepto de indemnizaciones que se ha hecho por parte del gobierno mexicano a familiares y víctimas de alguna violación a derechos humanos, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2015 es el siguiente: 243 millones 218 mil 717.54 pesos.
Los pagos por indemnizaciones van desde los 23 mil 133 pesos por casos de tortura hasta los 3 millones por pérdida de la vida.
El gobierno federal, luego de que la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, constituido el 25 de octubre de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2014, ha erogado 243 millones 218 mil 717 pesos en pagos por indemnizaciones.
“De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, su objetivo es cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) u Órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH), las recomendaciones emitidas por la Comisóin Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y demás obligaciones establecidas en los convenios suscritos por la Segob, siempre que los mismos señalen responsabilidad al Estado mexicano o a sus agentes estatales por violaciones de derechos humanos”, indica la información.
Dichos pagos están vinculados con violaciones contra la vida y a la integridad personal (golpes y otras formas de tortura), de acuerdo con la documentación en poder de Reporte Indigo obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.
En Sonora hay 104 beneficiarios por golpes y pérdida de la vida. El gobierno ha erogado un total de 183 millones 970 mil pesos. De ellos 41, familias recibieron 3 millones de pesos
Hasta septiembre pasado, en Guerrero, han sido siete beneficiarios que han recibido 80 mil 655 pesos por compensaciones tras haber sido víctimas de violaciones a su integridad personal (golpes o tortura).
En Chiapas hay reporte de 11 beneficiarios por golpes y tortura por 3.8 millones de pesos.
En reporte oficial menciona -sin desglosar- que en estados como Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Baja California hay 63 casos de víctimas que sufrieron daños a su integridad personal que requirieron una indemnización de 49 millones 267 mil pesos. El monto mayor fue por un millón 238 mil pesos y el menor por 182 mil 921 pesos.
El informe destaca dos casos en el Estado de México en que debido a las lesiones atribuidas por agentes del Estado, la autoridad erogó un millón 981 mil 300 pesos por concepto de indemnización y en Chiapas otras dos agresiones causaron el pago de medio millón de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
Pasajeros de una línea camionera de primera clase habrían sufrido una terrible pesadilla al haber sido privados de su libertad durante más de una hora por sujetos desconocidos y armados, en el municipio de Isla, quienes despojaron de sus pertenencias a todos los usuarios y violaron a las mujeres jóvenes.
Los hechos, según la denuncia que ha trascendido en redes sociales, ocurrieron el pasado primero de noviembre alrededor de las 11 de la noche cuando el autobús salía de Isla en dirección a la autopista.
La unidad cubría la ruta con rumbo a la Ciudad de México. Sin embargo, seis sujetos -uno de ellos iba como pasajero y se supone que subió en Isla-, tomaron el autobús tras interceptarlo, lo desviaron a un camino vecinal y ahí sometieron a todos los tripulantes para despojarlos de sus pertenencias, dejándolos libres hasta poco antes de la una de la mañana. Además del robo, la denunciante dijo que violaron a las mujeres jóvenes.
La informante aseguró que su madre, quien vive en Juan Rodríguez Clara, fue víctima solamente del hurto de sus pertenencias. Hasta el momento no existe versión oficial de los hechos ni denuncia formal ante alguna autoridad de esta zona.
La empresa camionera tampoco ha confirmado o desmentido el hecho. El asalto de autobuses de pasajeros es un delito que se ha vuelto común en la zona de Isla, Acayucan, Las Choapas y San Andrés Tuxtla, sin que hasta el momento haya responsables detenidos.
FUENTE: NOTINFOMEX.
LINK: http://www.notinfomex.co/2015/11/encueran-y-violan-pasajeras-de-ado-en.html?m=1
MÉXICO, DF: La Secretaría de Energía (Sener) entregó la primera concesión en la historia del país para la generación de energía eléctrica en la modalidad de geotermia, a la empresa “Geotérmica para el Desarrollo”, perteneciente a Grupo Dragón de Ricardo y Ninfa Salinas Pliego.
La concesión permitirá a los Salinas Pliego para instalar una planta geotérmica en el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, que proveerá de energía eléctrica limpia a casi 50% de los habitantes de ese estado.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avalaron la concesión en el uso de recursos hídricos.
La empresa filial de Grupo Dragón generará electricidad a partir de mediados de 2016 con 25 megawatts y podrá ampliarse otro volumen similar en 2018.
“Geotérmica para el Desarrollo” tiene permiso para explotar 18 pozos de agua en estado de vapor en el yacimiento geotérmico Domo San Pedro, lo que implica un volumen anual de 43.8 millones de metros cúbicos, a profundidad de entre tres mil y tres mil 500 metros.
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, comentó que la de Salinas Pliego se comprometió a invertir dos mil 600 millones de pesos en el proyecto y generar por lo menos 650 empleos.
Según Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética, los recursos geotérmicos prospectivos con que cuenta el país ubicarán a México en la tercera posición mundial en generación de energía limpia por medio de la geotermia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: A pesar de los repetidos intentos de la industria de biotecnologías y de varias secretarías del gobierno federal para eliminarla, la medida precautoria que impide desde hace más de dos años la liberación de permisos de siembra de maíz transgénico en México sigue vigente, ya que el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil del Primer Circuito confirmó la suspensión de manera provisional.
Esta medida precautoria se encuentra en peligro desde el pasado 19 de agosto, cuando el juez federal Francisco Peñalosa Heras decidió anularla. Enseguida, las organizaciones defensoras del maíz apelaron la decisión del magistrado, con lo que detuvieron de nuevo la entrega de permisos de siembra a empresas trasnacionales, entre ellas Monsanto y Syngenta.
Hoy las ONG recibieron la notificación de que la medida permanecerá vigente hasta que el juez decida en definitiva la apelación.
Aprobada en septiembre de 2013 en el marco de una demanda colectiva que considera ilegal la siembra de maíz transgénico en el país, la medida precautoria resistió 93 impugnaciones y 22 amparos de las empresas y el gobierno federal, y transitó por distintos 17 tribunales.
Los integrantes de la Demanda Colectiva AC aprovecharon la notificación para recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este miércoles 4 sobre la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.
La SCJN, según el colectivo, “debe considerar que somos un país megadiverso en lo biológico, en lo cultural y en lo agrícola, por tanto, sembrar transgénicos, sean de maíz, soya u otro, en un país como el nuestro, entre otras afectaciones negativas que provocaría es que la miel mexicana deje de ser orgánica”.
Hace tres años comunidades mayas de la región se ampararon contra la comercialización de transgénicos, la cual vulnera su actividad principal –la apicultura— y genera contaminación ambiental y deforestación, denuncian.
El año pasado la justicia se pronunció a su favor, pero Monsanto y el gobierno federal impugnaron esas decisiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, DF: Familiares de los normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, quienes viajaron la semana pasada a Colombia para informar sobre los hechos criminales de hace más de un año, exigieron que el gobierno mexicano reactive urgentemente la búsqueda con vida de sus hijos, y que además asuma las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) al respecto.
Desde la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, las madres y padres de los estudiantes han visitado decenas de países de casi todos los continentes, para informar a la sociedad el dolor y la desesperación que han experimentado durante más de un año del impune ataque criminal.
Como parte de esas caravanas informativas de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, viajó desde el martes 20 de octubre a Colombia, en compañía de Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán Abrajam de la Cruz, también desaparecido.
Desde el país sudamericano, Bautista informó vía telefónica que el paso siguiente en sus exigencias es pedir la reactivación urgente de la búsqueda con vida de los normalistas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
No obstante –detalló–, la búsqueda debe ser coordinada con el GIEI, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió su tiempo de estancia en México hasta el 30 de abril próximo.
Cristina Bautista explicó que las madres y padres de los normalistas siempre han estado y están en la disposición de organizarse para ir a buscar ellos mismos a sus hijos, donde la gente les diga que pueden estar.
No obstante, señaló que las familias esperarán a que el GIEI determine el procedimiento por el que se reactivará la búsqueda y con el que se trabajará coordinadamente con las familias y con el gobierno federal, con el fin de garantizar el uso de tecnología de punta, así como mapa de fosas y otros lugares identificados.
La mujer expresó que en su estancia en Colombia, que durará hasta el próximo lunes 9, ha sido bien recibida por estudiantes y grupos civiles, quienes los han acompañado y manifestado su solidaridad.
También adelantó que mañana ambos representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos serán recibidos por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en la capital Bogotá, a fin de escuchar los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Guerrero.
Según el informe que presentó el GIEI el 6 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la búsqueda de los normalistas después de que informara su presunta “verdad histórica”, la cual fue desmentida por las y los expertos del GIE.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
Suemi Rodríguez Romo, candidata a la Rectoría de la máxima casa de estudios, quiere extender la influencia de la Universidad a las comunidades. La UNAM, dice, debe contribuir a crear políticas públicas que sirvan a todos los ciudadanos.
Además de ser fuente de conocimiento en todas las áreas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está destinada a guiar a México por el camino del desarrollo y, para lograrlo, debe renacer en todo su esplendor, considera Suemi Rodríguez Romo, candidata a la Rectoría de la máxima casa de estudios.
Apasionada en sus gestos y entusiasmada por la idea de extender la influencia de la Universidad a las comunidades, Suemi Rodríguez expone que la vocación de la UNAM es contribuir no solo a la formación de jóvenes profesionistas, sino a la creación e instrumentación de políticas públicas que sirvan a todos los ciudadanos y ser así el motor del desarrollo del país.
“En este instante es importante que, si es necesario renacer, volvamos a nacer. No quiere decir esto que perdamos nuestra tradición, porque es muy rica, muy valiosa, es muy importante (…) Renacer en el sentido de atrevernos a innovar; y no solo a innovar, sino en innovar en como innovamos, a innovar en cómo cambiamos.
“Lo que es fundamental es preparar a los egresados adecuadamente para que construyan un México mejor, como personas formadas integralmente. No solamente expertas en un área de trabajo, sino con ética, con valores, de tal manera que ciertas situaciones como la corrupción y otro tipo de aspectos, se resuelvan por la formación ética que les podemos dar nosotros”, comentó en entrevista.
Con 32 años de antigüedad en la UNAM, Suemi Rodríguez es una de las candidatas para suceder a José Narro con amplias credenciales académicas, científicas y administrativas.
Especialista en fisicoquímica y matemáticas aplicadas, Rodríguez cuenta con tres estancias de posdoctorado y decenas de artículos científicos.
Suemi Rodríguez fue directora de la Facultad de Estudios Superiores campus Cuautitlán, en el Estado de México, entre el 2005 y el 2013.
Busca la rectoría por segunda ocasión y, ahora, ha planteado la necesidad de que la UNAM tenga presencia no solo hacia el interior de la institución, sino en las comunidades que la rodean y en las políticas del Ejecutivo en todos los niveles.
En las comunidades, por ejemplo, Rodríguez plantea que los universitarios pueden ayudar a través del servicio social o en la aplicación de sus tesis para crecer la producción local de negocios u otras actividades productivas.
A nivel nacional, uno de los intereses de la investigadora y académica es que la UNAM pueda incidir en la creación de una nueva política educativa desde el nivel básico, que dé nuevos horizontes a los niños para llegar mejor preparados a los niveles avanzados del conocimiento.
“Definitivamente no somos la SEP, quien tiene la responsabilidad es la SEP. Pero sí tenemos centros de investigación dedicados exclusivamente a los procesos educativos, tenemos gente muy preparada. Hay que impulsar desde la Rectoría a los investigadores y académicos para atreverse a innovar.
“Y seguramente ya hay algún investigador que los aborde, pero no inciden en la realidad de las políticas que se generan; y yo creo que aumentando y empujando el prestigio que tenemos, usando el peso político que tiene la voz del rector o la rectora, podemos ayudar a resolver conflictos que son extremos para que de alguna manera la SEP se pueda concentrar en el centro, que es el más masivo y el más fuerte de lo que es la educación en esos niveles”, afirmó Rodríguez.
La propuesta de Rodríguez pasa por organizar las líneas de investigación en educación que se tienen en la UNAM para proporcionar información a las autoridades educativas sobre lo que ocurre en los estados, en materia educativa.
Una de las áreas a estudiar, por ejemplo, es en la detección de jóvenes talentos en educación básica; o las condiciones culturales que hacen de cada estado un lugar único para aprender de cierta forma.
“Hay que incidir en ese espacio (educación básica) para poder empezar a apropiarnos un poco de modelos educativos que nos permitan que los chicos sepan leer. Nos llegan sin saber leer. Y no es que no lean, si leen; no entienden lo que leen.
“Entonces, realmente, ¿cómo les podemos dar una cultura general o hacerlos expertos en algo o pedirles que lean cualquier cosa, si no entienden lo que están leyendo, si no escriben?”, cuestionó.
Esto, acota, lo hará hasta donde permitan las autoridades, pero siempre presentando investigaciones que ayuden a mejorar el modelo educativo del país.
Detrás de un escritorio sobrio, donde no hay nada sobre él más que su computadora, y dando la espalda a sus libros sobre ciencia, Suemi Rodríguez asegura que la relación con el Gobierno federal debe ser respetuosa, pero crítica, requisito indispensable para poder incidir en la vida nacional.
“Debe ser crítica en la medida que sea necesario porque es lo que estoy proponiendo, que la Universidad le ayude al país a decir hacia dónde va, y hay muchos temas de investigación que pueden ser espinosos.
“Los gobiernos de todo el mundo, de todos los países, son sensibles. Pero también tenemos que entender que el país tiene que madurar. Tienen que madurar ellos (para aceptar los errores que hacemos ver) y tenemos que madurar nosotros. Tampoco se trata de criticar por criticar, porque a veces pasa que porque vuela una mosca ya estamos criticando (…) No se trata de que la UNAM sea parte del problema; seamos parte de la solución”, llamó Rodríguez.
Respecto al tema de inseguridad y venta de estupefacientes que vive la Universidad, Rodríguez destaca que es primordial instrumentar medidas de seguridad que impliquen obtener información en tiempo real para evitar un problema donde pueda generarse y tener una reacción rápida donde sea necesario.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
CANCÚN, Q. Roo: Un cuarto feminicidio en menos de tres semanas fue reportado esta tarde, luego de que fue descubierto el cuerpo de una mujer, de entre 20 a 30 años, en un paraje del kilómetro 17 de la zona hotelera.
Sin embargo, el secretario de Gobierno estatal, Gabriel Mendicuti, y el procurador Carlos Arturo Álvarez negaron que estos cuatro casos sean feminicidios.
No obstante, Mendicuti reconoció que “son hechos que nos han sorprendido”.
Mientras el gobernador priista Roberto Borge sigue su gira en Londres, Inglaterra, Mendicuti y Álvarez Escalera, así como el presidente municipal Paul Carrillo y el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Jaime Aguilar Ongay, dieron a conocer esta noche en rueda de prensa conjunta la postura de las autoridades al acumularse el cuarto asesinato de una mujer en menos de tres semanas.
En su mensaje inicial, Mendicuti afirmó que no hay relación entre los cuatro asesinatos y pidió despejar los juicios de que se trata de feminicidios
“No obstante la gravedad de la pérdida de estas vidas, las investigaciones indican que no hay una relación directa entre estos casos derivada del género de las víctimas, ni tampoco que los homicidios obedezcan a esta misma condición”, atajó.
Y sostuvo:
“Es importante subrayar este punto a fin de despejar juicios a priori que están extrapolando estos lamentables hechos interpretándolos como feminicidios, situación que no puede ser calificada de ese modo, en razón de que no hay indicios que apunten a ese móvil, que hacerlo puede inducir a un alarmismo sin fundamentos”, justificó.
El procurador Álvarez Escalera indicó que la cuarta víctima aún no ha sido identificada, pero se trataría de una empleada de la zona hotelera, que tendría entre 20 y 30 años de edad.
Por otra parte, aseguró que hay avances en las investigaciones de los otros homicidios, en particular de la universitaria Karen Carrasco, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado martes en un lote baldío, frente al fraccionamiento La Guadalupana.
El procurador aseguró que las investigaciones llevan un avance de entre 80 y 90% en tres de los casos de las últimas semanas, incluidos los homicidios de Paloma Guadalupe Balam y Rebeca Rivera Neri, cuyos cuerpos fueron encontrados en los fraccionamientos Villas del Mar y Puertas del Mar, respectivamente, e incluso que se tiene ubicados a varios sospechosos.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: SERGIO CABALLERO.
El Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre la desaparición quedaría aprobada, pero aún sigue estancada.
A pesar de que fue un compromiso del Ejecutivo tenerla lista para mediados de este año, la Ley General contra la Desaparición Forzada no tiene para cuándo ver la luz en el Congreso de la Unión.
En febrero de este año, el Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada.
Durante una audiencia con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de este año, funcionarios mexicanos calificaron como un “reto inmediato” la aprobación de esta ley.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esa declaración fue hecha el 2 de febrero pasado. Es noviembre y el Ejecutivo ni siquiera ha enviado la iniciativa. En el Congreso de la Unión, sin embargo, los trabajos avanzan con lo que se tiene disponible. Recientemente, ambas Cámaras aprobaron cambios a la Constitución Política para facultar al Congreso a legislar sobre el tema. De acuerdo con lo estipulado, el Congreso tiene 180 días para aprobar la ley secundaria en la materia. Esos seis meses vencen el 17 de diciembre próximo.
Es decir, diputados y senadores tienen 44 días para estudiar y aprobar la ley general que castigue la desaparición.
Desde la Legislatura pasada, diputados y senadores de todos los partidos han presentado iniciativas sobre la expedición de una Ley General sobre desaparición, o han propuesto reformas al Código Penal Federal u otros ordenamientos, relacionados con las desapariciones.
Sin embargo, el acuerdo de las fuerzas políticas ha sido esperar la iniciativa del Ejecutivo y añadir elementos de otras propuestas, incluidos los de la sociedad civil.
En octubre, los legisladores federales convocaron a la realización de mesas de trabajo en las que expertos, organizaciones civiles y redes de familiares de las víctimas, expusieron sus ideas para conseguir la mejor legislación.
Entre los documentos que se encuentran a debate están las tres iniciativas más importantes sobre el tema que han sido presentadas por legisladores del PRI, PAN y PRD. Todas se encuentran pendientes en comisiones.
Se trata de las propuestas del priista Omar Fayad, que presentó su iniciativa el 16 de abril del 2014; del panista Roberto Gil Zuarth, que fue registrada el 18 de marzo del 2015; y de la perredista Angélica de la Peña, del 24 de marzo del 2015.
De la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó una iniciativa extra el 17 de septiembre pasado, donde ya contempla prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.
Se ha dicho que el Ejecutivo planteará en su iniciativa castigos de hasta 100 años de prisión contra funcionarios que participen en la desaparición forzada de una persona, y que la propuesta será presentada “a la brevedad”.
Las organizaciones se han pronunciado por incluir en la Ley General el derecho de los ciudadanos a no ser desaparecidos, con lo que se abre la puerta a que sea la obligación del Estado evitar ese delito.
Se ha planteado también que exista un solo protocolo para buscar e identificar a las víctimas de desaparición en México.
El retraso del Ejecutivo en el envío de su iniciativa empantana su avance porque, al ser un tema muy polémico, las fracciones parlamentarias tendrán poco tiempo para estudiarlo.
Un ejemplo de lo complejo para alcanzar acuerdos sobre el tema fue la discusión en la Cámara de Diputados para declarar el 26 de septiembre de cada año como Día contra la Desaparición Forzada.
Los diputados aprobaron con prisas la instauración de ese tema, ante la cercanía del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En el Senado ni siquiera fue sometido a discusión.
De no aprobar a más tardar el 15 de diciembre –fecha en que termina el periodo ordinario- la legislación secundaria sobre este tema, se corre el riesgo de que su discusión y eventual aprobación pudiera alargarse hasta febrero próximo, cuando concluya el receso de fin de año del Congreso de la Unión.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, DF: El PRD presentó una queja ante el INE contra Televisa y el programa “Laura” por la presunta difusión de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y con miras a denigrar a esa fuerza política.
“Es una queja con solicitud de medidas cautelares dirigida al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina”, precisó en entrevista con Notimex la perredista Verónica Juárez Piña.
La querella incluye audios y videos del programa que conduce la peruana Laura Bozzo como pruebas documentales, informó la candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional perredista.
“Consideramos que se ha destinado tiempo en televisión realizando propaganda en la misma, dirigida a influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos en contra del PRD”, acusó.
Juárez Piña indicó que con esta denuncia se pretende que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE apruebe medidas cautelares, y a su vez solicite a la Secretaría de Gobernación (Segob) dictar medidas administrativas en contra del programa de Televisa para que cesen los señalamientos calumniosos.
En su opinión, la conductora Laura Bozzo se manifiesta de manera abierta en asuntos políticos del país, lo que viola el artículo 33 constitucional, el cual “establece que los ciudadanos extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
Además se vulnera el 41 constitucional, que establece que los partidos y los candidatos independientes tienen derecho a usar los medios de comunicación y que el INE es la única autoridad responsable de la administración de tiempos en radio y televisión destinados al ejercicio de los derechos de las fuerzas políticas.
Es por ello, advirtió Juárez, que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en esos medios para influir en la preferencia electoral de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de los partidos o candidatos a cargos de elección popular.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: Enrique Peña Nieto usó este domingo 1 su cuenta de Twitter para felicitar, en inglés y en español, a los pilotos, aficionados y organizadores de la carrera de Fórmula Uno, pero no tuvo ni una palabra para el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que este lunes se conmemoró en todo el mundo.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, imitó a su frívolo jefe. “Un emocionante domingo de carreras con el Gran Premio de México de Fórmula Uno. ¡Un evento de talla mundial para nuestro gran México!”, escribió el funcionario que dejó fugarse a Joaquín El Chapo Guzmán y que ambiciona ser presidente de México.
Ese silencio del jefe del Estado mexicano y de su segundo en la jerarquía gubernamental en un asunto tan sensible en el mundo, explica por qué México ocupa el primer lugar en el asesinato de periodistas en el Continente –uno de cada tres– y por qué hay 90% de impunidad en los crímenes que se cometen contra ellos.
A Peña no le importa que maten y agredan a periodistas. Tampoco le importó a Felipe Calderón. Ni a Vicente Fox.
En 15 años de los tres gobiernos han sido asesinados 107 periodistas, según el cómputo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el de Calderón –a quien ayer le llamaron “asesino” en el autódromo– ha sido el más cruento: Suman 47 los atentados a medios de comunicación desde 2006 y 20 periodistas desaparecidos.
En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en honor a los comunicadores asesinados en Mali, con el fin de comprometer a los Estados miembros a tomar acciones contra este fenómeno.
La Asamblea General de la ONU resolvió 18 de diciembre de 2013 convocar a los países integrantes a adoptar medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones, pero también los exhortó a promover un entorno propicio y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.
Se trata, entonces, de un deber de los Estados, no de un capricho de los gobernantes, como parece ser en el caso de México. Tampoco se trata de que los periodistas tengan un fuero o un tratamiento especial, como suponen algunos en el gremio, sino de garantías básicas para el desempeño de la actividad informativa.
La abulia de Peña y Osorio Chong es contagiosa: Si a ellos no les importa honrar el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a la procuradora general de la República, Arely Gómez, tampoco.
Sólo el fiscal para atender las agresiones contra periodistas, Ricardo Nájera –quien fue vocero de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República (PGR)– rindió un burocrático informe sobre los cursos que ha impartido la dependencia a sus funcionarios para relacionarse con los trabajadores de los medios.
No existe, pues, ningún interés del gobierno de Peña –ya no digamos de los poderes del Estado– para la protección de los periodistas en México. Y la única certeza es que seguirá habiendo asesinatos en Veracruz y en donde sea.
Pero tampoco existe interés genuino desde el poder para cesar la matanza de mujeres, que alcanza niveles escalofriantes con una tendencia a la alza: Siete al día.
Ayer mismo en Cancún, Quintana Roo, y apenas horas después de que unas seis mil personas protestaron por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, exalumna de la Universidad del Caribe, fue hallado el cuerpo de otra mujer asesinada a puñaladas. Fue la tercera víctima en octubre.
La ONU, que el 25 de noviembre conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considera alarmantes las cifras de feminicidios en México.
Cifras de ese organismo establecen que en 2007 se registraron mil 87 asesinatos de mujeres, pero cada año aumentaron, particularmente en 2011 (2 mil 712), 2012 (2 mil 752) y 2013 (2 mil 502).
En el Estado de México se decretó una alerta de género por 922 casos documentados de feminicidio entre 2005 y 2010, justo cuando Peña era gobernador, y en la Puebla del panista Rafael Moreno Valle se han acumulado, según el Observatorio Ciudadano de Justicia Social, 280 feminicidios y más de 400 mujeres desaparecidas.
Nadie puede ser indiferente ante estas infamias…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
Hace dos años el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a la funcionaria Diana Francia Puente Martínez para investigarla por sus nexos casineros. Hace dos semanas, la reinstalaron en su cargo.
En el tiempo en el que estuvo suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para investigar sus presuntos nexos con casinos, Diana Francia Puente Martínez, se desempeñó como abogada del casinero Rogelio Garza Cantú, ejecutado hace 6 años en Monterrey.
La actuaria federal –reinstalada por el CJF hace dos semanas en su cargo, pese a los señalamientos– aparece como una de las defensoras de este polémico empresario de casinos y de establecimientos de table dance en la capital de Nuevo León.
El nombre de Puente Martínez aparece en los documentos relacionados con el juicio por el cual se disputó legalmente en el 2014 la posesión del Casino Revolución de Monterrey, propiedad de la familia del polémico Garza Cantú.
Este centro de apuestas –que protagonizó sucesos violentos como atentados– fue cerrado hace tres años por las autoridades municipales de Monterrey por carecer permisos.
La funcionaria federal, de acuerdo a los documentos que tiene en su poder Reporte Indigo, se desempeñó como uno de los abogados de Víctor Manuel Garza Cantú, albacea de la sucesión a bienes del codemandado Rogelio Garza Cantú.
En el juicio de arrendamiento aparece la firma de Puente Martínez –así como su credencial de elector– junto con la de los abogados Augusto Salinas Muzquiz y Blanca Saavedra Hernández.
La demanda de arrendamiento fue interpuesta por María Luisa Muzquiz Ramírez y Fernando Javier Muzquiz Ramírez, en contra del Grupo Restaurantero Revolución, que era presidido por Rogelio Garza Cantú, conocido como “El Diablo”.
Tras la muerte de Garza Cantú, tanto los table dances como el casino Revolución pasaron al control de la familia del casinero.
La demanda de arrendameinto bajo el número 20/2014 –en la que aparece el nombre de Puente Martínez- se desahogó en el Juzgado Segundo Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.
La denuncia del exalcalde
Hace dos años, Puente Martínez fue denunciada junto con otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación por el entonces alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz.
La denuncia promovida por el exedil panista fue presentada el 14 de enero del 2014 ante el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que controla y vigila la actuación de jueces y magistrados federales.
El escrito de denuncia señalaba al secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León, Édgar Fernando Martínez Galván, además de la actuaria Puente Martínez.
De acuerdo al Municipio de San Pedro, tanto Martínez Galván como Puente Martínez se coludieron para retrasar el trámite de recursos de revisión que interpuso el Ayuntamiento sampetrino en contra de amparos otorgados en su momento por el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís.
Barbosa Alanis es uno de los jueces que el Consejo de la Judicatura Federal ha suspendido para investigarlo por sus presuntos nexos con casineros.
Tras la denuncia en su contra, Puente Martínez fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo hace dos semanas fue reinstalada en su cargo como lo publicó Reporte Indigo.
La funcionaria se reincorporó a cargo sin que hasta el momento el Consejo de la Judicatura Federal haya informado sobre si hubo deslinde de responsabilidades en su contra o si fue exonerada o simplemente el CJF, que preside el ministro Luis María Aguilar, no actuó en contra de ella.
La revelación de su regreso al Primer Tribunal Colegiado provocó que Ruiz presentara hace una semana escrito de inconformidad en el CJF por su decisión de nombrarla otra vez actuaria.
“Las conductas imputadas a la denunciada Diana Francia Puente Martínez, son de tal gravedad que ameritan la puntual información de su restitución e incorporación a las funciones en el Tribunal Colegiado de Circuito”, reclamó Ruiz en su escrito.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Solicita al Congreso del estado que asigne la fecha para la realización de los comicios luego de la cancelación de la elección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene contacto con el Congreso de Colima para la organización de la elección extraordinaria para renovar la gubernatura.
Ahora sólo está a la espera de que se dé a conocer la fecha de los comicios y la emisión de la convocatoria respectiva, informaron los consejeros electorales.
Al asumir la facultad para organizar las elecciones locales, por mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el instituto deberá contar con plazos necesarios para designar funcionarios de casilla t abrir registro de candidatos, incluidos los independientes, así como de coaliciones.
Además de fiscalizar las precampañas y campañas, así como tener listo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otras tareas.
El consejero electoral Javier Santiago Castillo dijo que la designación de Ramón Pérez Díaz como gobernador interino, por el tiempo necesario, permitirá al INE organizar los comicios sin presión de tiempo; “nosotros vamos a poner el máximo cuidado en la organización de la elección”.
Dijo que “en un primer momento el Congreso del estado había aprobado por dos meses el interinato (del gobernador); la noche del sábado cambió su decisión y lo dejó por tiempo indefinido y eso le permite al INE contar con el tiempo suficiente para trabajar sin presiones en la organización de la elección”.
Santiago Castillo estimó que se requiere entre dos o tres meses para cumplir con todas las etapas de la elección local en la que se necesitarán insacular a 64 mil 809 ciudadanos, de los cuales seis mil 321 deberán ser capacitados para fungir como funcionarios en alguna de las 903 casillas que se instalarán el día de la contienda.
Además se requiere tiempo para la impresión de la documentación electoral, como son las actas y las boletas, así como la construcción del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Resaltó que hasta ahora no hay resolución alguna que impida a los candidatos que participaron en la contienda ordinaria volver a participar en la extraordinaria; “eso será materia jurisdiccional”.
Prioridad panista
El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo que esa entidad es actualmente la máxima prioridad para ese instituto albiazul, razón por la cual gran parte del Comité Ejecutivo Nacional se trasladará a dicho estado, donde estarán muy atentos a evitar trampas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
MÉXICO, DF: Los especialistas extranjeros que realizaron una valoración médica a Aldo Gutiérrez Solano, estudiante normalista de Ayotzinapa herido de bala en la cabeza durante los enfrentamientos del 26 de septiembre de 2014, confirmaron que éste se encuentra en “estado vegetativo”.
El diagnóstico de los neurólogos Calixto Francisco Machado Curbelo de Cuba y Mauricio Chinchilla Acosta de Costa Rica, indicó que el joven de 20 años de edad tiene un extenso daño encefálico originado por el proyectil.
Dicha evaluación confirmó la que antes hicieron médicos en una dependencia de salud del gobierno federal:
“La información obtenida por datos clínicos y paraclínicos respalda el diagnóstico del estado vegetativo, mismo que concuerda en su totalidad con el emitido por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez”, asegura el reporte de los especialistas extranjeros.
Los médicos realizarán un informe diagnóstico del estado vegetativo de pronóstico reservado en que se encuentra Aldo, así como de los criterios que consideran para el seguimiento y las alternativas de la atención, informó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal.
La nueva valoración a Gutiérrez Solano se realizó a petición de los familiares del joven estudiante.
Aquella noche de los ataques en Ayotzinapa, Guerrero, el estudiante recibió un balazo en la parte frontal de su cabeza, que salió por el lado derecho. El proyectil destruyó 65% de su cerebro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: La juez de Distrito Janice Ellington, con sede en Corpus Christi, Texas, negó al exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, la solicitud para declarar vía “control remoto” desde México.
De acuerdo con información difundida por el diario ‘Vanguardia’, en la demanda que promovió en su momento el exmandatario coahuilense, junto con su esposa María Carlota Llaguno, para evitar que les confiscaran dos millones 762 mil 66 dólares de una cuenta en el paraíso fiscal de las Bermudas, en el banco Old Mutual, Torres López dijo que estaba dispuesto a declarar y que ya buscaba los documentos para demostrar que los fondos provenían de fuentes lícitas.
Sin embargo, como enfrenta el posible arresto sin garantía de fianza, solicitó que la declaración se realizara a través de una videoconferencia desde México, para no viajar a Estados Unidos por miedo a ser arrestado cuando cruzara la frontera.
Según copia de la demanda civil 2:13-CV-294, otro argumento de Jorge Torres para no presentarse a declarar en Estados Unidos fue que todos los documentos necesarios estarían en México, por lo que si las partes determinaran que se necesitan presentar expedientes adicionales, “sería más fácil obtenerlos si todas las partes están en México”.
Además, el exgobernador afirmó que “sería menos costoso” hacer las declaraciones en México que viajar a Corpus Christi.
“El miedo a ser arrestado no es un argumento legítimo para realizar una declaración remota”, resolvió la juez Ellington.
“Fueron notificados el 4 de abril de 2014 y tuvieron seis semanas para conseguir los documentos. No hay razón para creer que pueden obtener los documentos mientras se llevan a cabo las declaraciones”, agregó.
El 13 de mayo de 2014 la juez negó la intención de Jorge Torres de declarar vía video conferencia, y éste nunca se presentó a las audiencias del juicio que él mismo interpuso; como consecuencia, el 5 de junio Ellington resolvió declarar al coahuilense prófugo de la justicia y negó su derecho a reclamar la fortuna por tratarse presuntamente de dinero ilícito.
Según la información difundida por ‘Vanguardia’, el gobierno presentó una declaración jurada de Luis Reyna, un agente especial del Internal Revenue Service (IRS), quien declaró que con base en registros migratorios, tanto Jorge Torres como su esposa “viajaron rutinariamente” de México a Estados Unidos antes de la presentación de la demanda por la confiscación de la cuenta y la acusación penal.
En 2012 el exgobernador viajó nueve veces desde México a Estados Unidos y en 2013 se desplazó al país del norte en cinco ocasiones. La última vez que cruzó la frontera fue el 12 de julio de 2013. Además, Reyna afirmó que Torres y su esposa poseen una residencia ubicada en el Distrito Sur de Texas y varios lotes de tierra en Texas.
En el mismo juicio que se sigue contra el exmandatario coahuilense, su esposa solicitó una orden de protección, pero tenía que demostrar que asistir a las declaraciones en Corpus Christi causaría “molestia, vergüenza, opresión, carga o gasto indebido”.
Carlota Llaguno no presentó ninguna prueba en apoyo de su solicitud y, según los informes, también cuenta con
bienes inmuebles en Texas y contrató a un abogado en esa entidad.
“Ella parece estar acostumbrada a hacer negocios en el Distrito Sur de Texas”, se lee en el dictamen del 5 de junio de 2014, donde también le fue negada la orden de protección.
El gobierno estadunidense previó y dio aviso a Llaguno para aparecer en cuatro declaraciones y en ninguna lo hizo. En dos de las cuatro ocasiones, las declaraciones fueron continuadas por la Corte.
El 8 de julio de 2014, la esposa de Torres López promovió una orden de protección, pidiendo más tiempo para asegurar los documentos de prueba. Su abogado también declaró que no acudió a las declaraciones por temor a ser detenida si cruzaba la frontera; en cambio, justificó que estaba tratando de obtener documentos del banco. No se le concedió la protección, pero sí el tiempo a cambio de que pagara los gastos por la audiencia a la que no asistió.
El 12 de septiembre pidió otra ampliación con el argumento de que su padre había muerto. El 29 de agosto, a través de su abogado, dijo que no acudiría por temor a que fuera detenida y obligada a “declarar que su esposo había hecho algo ilícito”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: Enrique Peña Nieto utilizó en su campaña presidencial estrategias de neurociencia, consistentes en medición de impulsos cerebrales, ritmo cardiaco y excitación de piel de los asistentes a sus mítines.
Mientras el entonces candidato del PRI emitía discursos, cámaras grababan reacciones del público: ira, júbilo, felicidad, asco, miedo… Y entonces los responsables de la campaña ajustaban la estrategia, aprovechando las frases o momentos más efectivos.
El periódico The New York Times presenta un reportaje en el que aborda que el neuromarketing comienza a cobrar fuerza en las marcas comerciales, pero su uso con fines políticos es escaso, aunque lo uso Peña en el 2012 y el PRI en los comicios federales del 2015.
Según el reportaje, científicos han denostado esta práctica, equiparándola con estrategias chatarra. No obstante, el “escepticismo no ha disuadido a los partidos políticos en muchas partes del mundo. Según los registros, las campañas de los presidentes y primeros ministros en al menos tres continentes han contratado a consultores científicos para escanear cerebros, cuerpos y rostros de los votantes, todo con el objetivo de realzar su resonancia emocional con el electorado”.
En México, el PRI empleó en 2012 “herramientas para medir las ondas cerebrales de los votantes, la excitación de la piel, la frecuencia cardíaca y las expresiones faciales durante la campaña presidencial”.
“Recientemente el partido ha sido el uso de la codificación facial para ayudar a recoger sus mejores candidatos, dice un consultor. Algunos funcionarios incluso hablan abiertamente de su abrazo de técnicas neuropolítica, y no sólo para hacer campaña, para gobernar también”, cita el diario neoyorquino.
Uno de los políticos mexicanos que admitió públicamente el empleo de estas técnicas es el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, quien las avala bajo la premisa de que permiten medir con más exactitud a la población.
El neuromarketing con fines políticos se aplica en Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Argentina, El Salvador, Rusia y España.
En México, la firma Emotion Research Lab utiliza las cámaras incorporadas en su signo digital para analizar las reacciones faciales de los asistentes a mítines del PRI.
La fundadora de la firma, María Pocovi, fundadora de la firma, asegura que el neuromarketing ayudó al PRI a seleccionar a cinco candidatos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el PRI quiere evitar que Jorge Luis Preciado vuelva a ser candidato.
El dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, aseguró que en la nueva elección a gobernador en Colima -luego que la de junio fuera anulada-, no “toleraremos trampas ni desviaciones”.
Además, “exigimos al gobernador interino (Ramón Pérez Díaz) actuar con total imparcialidad de cara al próximo proceso electoral”.
En un comunicado, el PAN dio a conocer que integrantes del Comité Ejecuto Nacional se trasladarán a Colima para estar al pendiente del proceso.
“Colima merece un cambio y hoy tenemos una oportunidad histórica para lograrlo”, afirmó Anaya Cortés.
Además, sostuvo que “el PRI quiere evitar a toda costa que Jorge Luis Preciado vuelva a ser candidato, porque sabe que todas las encuestas y mediciones lo favorecen. Hoy la ciudadanía de Colima está dispuesta a luchar por el cambio, porque los gobiernos del PRI, lejos de resolver los graves problemas de Colima, los han agravado”.
“La máxima prioridad para el Partido Acción Nacional es Colima, por lo que gran parte del Comité Ejecutivo Nacional se trasladará a esta entidad, para estar muy atentos a que no se repitan las trampas y el fraude electoral del PRI, y vigilar que el gobernador Interino actúe con total imparcialidad”, subrayó.
Anaya Cortés destacó que Colima ha padecido durante muchas décadas los pésimos gobiernos del PRI, y que ya es hora de que “la democracia llegue a Colima”.
El líder panista recordó que a partir del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el que se demostró la injerencia del gobierno priista en la elección del 7 de junio, se comenzó a escribir una nueva historia, que se convertirá en ejemplo de democracia para todo México.
“Los ciudadanos están hartos del mal gobierno, de la irresponsabilidad y del endeudamiento, y por eso la inmensa mayoría va a votar por el cambio. Estoy seguro de que vamos a ganar esta elección, y con Jorge Luis Preciado, le vamos a dar a Colima el gobierno que merece”, aseguró.
En contraste, hace unos días, tras conocerse la anulación de la elección a gobernador en Colima, el PRI confió en que “volverá a ganar” en ese estado, en la que José Ignacio Peralta participó como candidato tricolor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En cuanto a la víctima, desde la semana pasada se confirmó su identidad: era un hombre de 29 años, originario de Chiapas, quien radicaba en la ciudad de México desde hace 18 años.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (SSPDF) aportó los elementos de prueba suficientes para que un juez dictara auto de formal prisión contra uno de los sujetos que participaron en el homicidio de una persona cuyo cuerpo fue encontrado colgado en el puente de la Concordia, en la delegación Iztapalapa.
El impartidor de justicia Quincuagésimo Primero Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, dentro de la causa penal 185/2015, determinó abrir proceso de tipo ordinario contra Alejandro Gutiérrez Herrera o Ángel Alejandro Gutiérrez Vasconcelos, como presunto responsable del delito de homicidio calificado.
Por tratarse de un delito grave, por el número de participantes en los hechos y por portar armas de fuego y utilizarlas contra el agraviado, los presuntos homicidas podrían alcanzar una pena de entre 20 a 50 años de prisión, de acuerdo al Artículo 128 del Código Penal vigente para el Distrito Federal.
El inculpado fue detenido gracias a los resultados periciales en materia de criminalística, informes de Policía de Investigación del Área de Video Inteligencia e informes del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4).
Así como la declaración de un testigo que fue clave para la ubicación y detención del presunto responsable el pasado 24 de octubre.
El pasado 19 de octubre al menos dos personas, entre ellas el involucrado, subieron a la víctima a una camioneta marca Chrysler, tipo Plymouth, color blanco con franjas color café y placas de circulación del Estado de México y durante el trayecto le dispararon privándolo de la vida, posteriormente colgaron el cuerpo en el Puente La Concordia, dejando un mensaje escrito en una cartulina.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
XALAPA, Ver: Rodolfo Zapata Carrillo, activista y litigante del puerto de Coatzacoalcos, fue ejecutado a balazos esta mañana afuera de un taller mecánico, muy cerca de las instalaciones de la Cruz Roja y a unos cuantos metros de un destacamento de la Policía Naval.
Zapata Carrillo cobró notoriedad este año, al encabezar marchas contra la inseguridad en el municipio de Coatzacoalcos, en el sur del estado, y recriminó al gobierno de Javier Duarte y al secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, su incapacidad para detener la delincuencia, tanto del fuero común como federal.
El abogado era dueño del restaurante “Mi Tampico”, que en diversas ocasiones fue asaltado, y hace apenas dos semanas él mismo aprehendió al ladrón que había robado mobiliario de su camioneta y quien anteriormente ya había intentado asaltarlo.
Cansado de la delincuencia común, Zapata Carrillo había organizado varias marchas contra la inseguridad en Coatzacoalcos, y hace unos días fue recibido por autoridades de la SSP y de la Fiscalía General del Estado para escuchar sus demandas.
De acuerdo con testigos, esta mañana un sicario solitario descendió de un automóvil negro y disparó en repetidas ocasiones contra el abogado, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica de la calle Quevedo.
El cadáver del activista presentó impactos de bala en el rostro y el torso. Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información al respecto.
Horas antes de la ejecución de Zapata, el gobernador priista Javier Duarte presumió los resultados de su gobierno en materia de seguridad, combate al secuestro, localización de personas desaparecidas y avances en las investigaciones contra delitos impunes.
En el sur de Veracruz, particularmente en Coatzacoalcos, los homicidios dolosos han aumentado.
El pasado 30 de octubre, Roberto Lara Velásquez, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, fue acribillado afuera de su casa ubicada en la colonia Frutos de la Revolución.
El caso cobró notoriedad debido a que la víctima tenía una investigación ministerial abierta en su contra como presunto responsable –junto con otros tres empleados de la paraestatal– del homicidio del pastor Claudio Martínez, ocurrido en 2013.
Lara Velásquez fue asesinado frente a su madre, Felisa Velásquez, quien a gritos pedía a los sicarios que no mataran a su hijo, pero éstos hicieron caso omiso.
El empleado de la CFE ya había pisado la cárcel por su presunta participación en el asesinato de Claudio Martínez, pero una mala integración ministerial por parte de la Fiscalía General del Estado le permitido recobrar su libertad ocho meses después de haber sido aprehendido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
CHILPANCINGO. GRO: Un grupo armado ejecutó esta mañana al regidor perredista Roberto García García en el municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la convulsionada región de la Tierra Caliente de la entidad.
El crimen ocurrió a las 06:00 horas de este martes en la comunidad El Terrero. El grupo criminal irrumpió en el domicilio del regidor, para posteriormente privarlo de su libertad y asesinarlo en plena calle, frente a decenas de testigos.
El edil de San Miguel Totolapan, el perredista Juan Mendoza Acosta, envió un mensaje hoy a las diez de la mañana en su cuenta de Facebook reprobando el asesinato del regidor.
Describió a la víctima como “un ciudadano que no se metía con nadie, siempre dispuesto a la ayuda, con gran espíritu de servicio”.
Mendoza Acosta también reprochó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al gobernador del estado, Héctor Astudillo, la inoperancia gubernamental frente a la ola de inseguridad y violencia que sufre este municipio.
“Exijo que la federación con todos sus recursos, detenga esta ola criminal que prevalece en este municipio, la gente quiere paz y orden, y espero, en verdad, que el gobernador Héctor Astudillo Flores, haga realidad su promesa”, escribió el edil, quien añadió:
“Y al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, le pido que deje de ver el país que no existe, su pueblo, nuestro pueblo, se está deshaciendo en nuestras manos”.
El municipio de San Miguel Totolapan es considerado una de las principales zonas de producción y elaboración de heroína en la entidad.
El pacto del alcalde con el narco
El pasado domingo 2 de agosto, se difundió un video en la red social de Youtube titulado “Alcalde electo de San Miguel apoyado por la delincuencia”, donde se observa a Mendoza entrevistarse con un sujeto identificado por el gobierno federal como ‘El Tequilero’ y señalado como líder de una célula delictiva al servicio del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
En las imágenes se observa a al alcalde electo decir: “Yo estoy con ustedes, tú sabes güey, jamás voy a jalar con otros cochos; ustedes son los buenos pa’mí” (sic).
A la sombra de un árbol y en estado de ebriedad, se compromete a apoyar a ese grupo delictivo, durante un diálogo que sostiene con al menos tres hombres encabezados por un sujeto de camisa rosa, quien se encuentra sentado en el piso y evidentemente alcoholizado.
“Ponte verga, cocho, así como te hicimos ganar, verga, échanos la mano y ponte a echar chingadazos”, exige al edil electo un sujeto obeso que porta gorra roja, mientras la persona que graba el encuentro pide de manera insistente a Mendoza Acosta que exprese su apoyo a los miembros del grupo delincuencial.
Enseguida, el sujeto identificado como ‘El Tequilero’ suelta: “Si nos fallas, te voy a matar hijo de tu pinche madre”.
El alcalde electo, quien porta un sombrero texano y camisa clara, sólo se limita a decir que va a apoyar a esta célula al servicio de Guerreros Unidos y que presuntamente tiene el control de la siembra de amapola, así como de la producción y trasiego de heroína blanca en este municipio donde el Ejército encabeza el operativo especial Tierra Caliente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
