El Ejército hace lo que quiere con sus “manzanas podridas”

Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército.

MÉXICO, D.F: El movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos.

Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).

La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales.

Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defensa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión.

Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan.

Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan.

El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar “las manzanas podridas” y, obedientes al mando, “aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos”, dice a Proceso un militar bajo proceso penal.

La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2035 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Preocupa a Coparmex “elevado” endeudamiento en la Ley de Ingresos 2016

MÉXICO, DF: El sector patronal mostró su preocupación ante el “elevado” endeudamiento que plantea la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, el cual “significará un menor nivel de vida para todos los mexicanos”.

A menos de 15 días de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan Pablo Castañón señaló:

“Los legisladores tienen que considerar que los recursos obtenidos a través de mayor deuda se tienen que pagar en el futuro, con intereses, lo cual significará un menor nivel de vida para todos los mexicanos, si no son invertidos de manera correcta”.

De acuerdo con el organismo empresarial –y como lo adelantó Proceso en su edición 2035 que circula esta semana–, durante este año la deuda pública aumentó hasta el 45.5% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 33.9% del PIB en diciembre de 2012.

Además, según su mensaje semanal, la Coparmex estimó que la deuda pública será cercana a 48% del PIB para finales de 2016, lo que indica “un crecimiento relevante del monto y ritmo de crecimiento para un país de mediano desarrollo como lo es México”.

Si bien se anuncia que el déficit público será de solo 0.5% del PIB en el próximo año, los mercados se fijan más en los Requerimientos Financieros del Sector Público, que se plantea alcancen 3.5% del PIB en 2016.

La semana pasada el Congreso aprobó los Criterios Generales de Política Económica, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para 2016. Ésta última contempla ingresos totales y endeudamiento por 4 billones 764 mil millones de pesos.

Dicho presupuesto es el más grande de la historia del país y equivale a un incremento nominal de 3.3% en comparación con el estimado de 2015. Sin embargo, se plantea una disminución de la inversión pública en 21%, ante la caída de los ingresos petroleros.

Esos ingresos serán de 884 mil millones de pesos, con una disminución de 28.3% en términos reales, respecto al año anterior.

En tanto, los ingresos no petroleros, donde se incluyen los recursos que provienen de impuestos, así como ingresos de empresas del sector público, se elevarán a 3 billones 270 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 12.2% por arriba de la inflación.

“Esas cifras nos indican que la sociedad seguirá compensando con su propio bolsillo la caída en los ingresos petroleros, a través de una mayor recaudación, y de los precios de los distintos bienes y servicios que provee el sector público”, advirtió la Coparmex.

Luego, hizo un llamado para que el gobierno utilice estos recursos de la manera más eficiente, transparente y honesta. Y que se haga un gran esfuerzo para conformar el mejor entorno posible para fortalecer nuestra economía.


El presidente del organismo Juan Pablo Castañón agregó que es necesario corregir tendencias insostenibles como las que se observan este año. Por ejemplo, el elevado crecimiento del gasto en los Ramos Autónomos, de 17% real hasta septiembre pasado, así como en el Costo Financiero, que reporta un crecimiento de 22% por arriba de la inflación al mismo mes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: 3 DE NOVIEMBRE 2015.

Agreden a periodistas en Veracruz durante presentación de convenio que los “protege”

XALAPA, Ver: El acto protocolario en el que autoridades federales y estatales signaron el convenio de “Alerta Temprana” para la protección de periodistas, fue interrumpido de forma abrupta cuando un fotoperiodista alzó una cartulina en la que exigía al gobierno de Javier Duarte reconocer que la alarma obedece a los 15 asesinatos de informadores ocurridos en los últimos 48 meses de gobierno.

Durante la firma del convenio entre el gobierno veracruzano y la Secretaría de Gobernación (Segob), empleados de Ayudantía del gobierno estatal arremetieron a empellones y rodillazos contra el fotoperiodista de Imagen del Golfo, Roger Martínez, cuando éste alzó su pancarta con la protesta.

Ante los silbidos, gritos y exigencia de libre manifestación, el gobernador Duarte ordenó a sus empleados soltar a Martínez para continuar con el acto protocolario.

Acto seguido, entre cámaras y grabadoras empezaron a surgir más periodistas que portaban cartulinas de protestas y fotografías de los reporteros asesinados en los últimos años. “Es una alerta, no convenio”, decía una de las cartulinas; “Alerta, por crímenes contra periodistas” decía otra.

En los carteles aparecieron fotografías de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y del fotoperiodista y colaborador de este semanario y de la revista Cuartoscuro, Rubén Espinosa, cuyos crímenes continúan en la impunidad.

De acuerdo con el convenio signado por una veintena de autoridades federales y estatales, con la “Alerta Temprana” el gobierno de Veracruz, auxiliado por la federación, establecerá medidas de prevención, protección, garantías a la libertad de expresión y políticas públicas para garantizar el ejercicio del periodismo crítico en la entidad.

El sistema de alerta temprana y de reacción inmediata que se ejecutará en Veracruz contará con el apoyo de la Fiscalía General del estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), resumió el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Segob, Roberto Campa Cifrián. La CEAPP es un órgano integrado por periodistas subordinados a Duarte.

Lejos de generar certidumbre entre los periodistas, los mecanismos de operación de la “Alerta Temprana” incomodaron a reporteros veracruzanos que en redes sociales y en grupos de WhatsApp expusieron que la logística de protección a periodistas a cargo de la CEAPP y de la SSP sería como poner a dialogar a secuestradores con víctimas o “dejar la cueva de Ali Baba en manos de los 40 ladrones”.

Durante el acto, Campa Cifrián destacó que esta es una “nueva etapa” en la que se busca garantizar el respeto al libre ejercicio periodístico. Dijo que hay disposición del gobierno del estado de que cada organismo asuma sus responsabilidades y tareas.

“Hay acciones específicas, entre ellas, el respeto y derecho a la libertad de expresión; establecer un mapa de riesgo; un conjunto de acciones relativas a la seguridad; un seguimiento a las investigaciones ministeriales pendientes por el asesinato de periodistas; medidas de reacción inmediata cuando haya agresión a periodistas; una visión integral del conflicto y fortalecer a las instituciones”, enumeró Campa.

La protesta de una parte de los reporteros molestó a las integrantes de CEAPP, al titular de la SSP estatal, Arturo Bermúdez, y al propio Duarte, pues fue la primera manifestación pública frente a instancias federales en lo que va del sexenio.

Durante la firma del convenio Javier Duarte afirmó que su administración y la procuración de justicia “no son omisos” a los “lamentables” asesinatos que han ocurrido en Veracruz: “Nos duelen como sociedad”, dijo.

Insistió en que la firma de este convenio tendrá que “robustecer” los mecanismos de protección y los protocolos de alerta, cuando algún periodista se encuentre en riesgo. “No queremos que nuestros periodistas recurran a la autocensura”, sostuvo el priista.

El mandatario precisó que la vigilancia, protección de periodistas y defensores recaerá en los “organismos autónomos” –la CEAPP y Fiscalía General del Estado– que serán los garantes de que el protocolo de “Alerta Temprana” se cumpla.

En su intervención, el fiscal general del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo, refirió que “si no hay impunidad” en la agresión a comunicadores en la entidad, no habrá repetición del agravio.

Tras el acto protocolario y la protesta de periodistas, el mandatario priista y el titular de la SSP estatal se abstuvieron de asistir a la rueda de prensa programada.

Los integrantes de la CEAPP y el fiscal general sí acudieron al encuentro con la prensa aunque no circularon el “reglamento” y las “acciones específicas” que protegerán a los periodistas de Veracruz y prometieron subirlo en horas siguientes a las redes sociales.

En la rueda de prensa, Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, recordó que desde el 10 de septiembre pasado fue solicitada una “alerta institucional” de protección a periodistas al gobierno federal y que ésta se instauró por petición gremial y no por voluntad del gobierno de Veracruz.

“La muerte de los periodistas no se negocia, se defiende la justicia, en Veracruz sí hay impunidad, no es una campaña de linchamiento en contra del gobernador Javier Duarte, es un reclamo legal y legítimo, por los compañeros asesinados en este sexenio”, expresó Trujillo.

Ahora, dijo, la Segob ya está consciente de la gravedad del conflicto: “Es un jalón de orejas al gobierno del estado”, afirmó.

Sin embargo, entre las peticiones que hizo el gremio de periodistas veracruzanos quedó fuera la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación.


En la rueda de prensa, reporteros reprocharon al fiscal que continúan en la impunidad el asesinato de Regina Martínez, el “levantón” y homicidio del editor de La Unión, Moisés Sánchez, así como la desaparición desde hace cuatro años del reportero del Diario de Acayucan, Gabriel Fonseca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
FECHA: 3 NOVIEMBRE 2015.

Pese a aprehensiones, la CNTE amenaza con “boicot” a las evaluaciones docentes

Aunque cuatro integrantes de la CNTE fueron detenidos la semana pasada y existen más órdenes de aprehensión contra los líderes de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, la disidencia magisterial asegura que continuarán con sus movilizaciones en las próximas semanas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará un “boicot” a las evaluaciones docentes que se aplicarán a partir del próximo 14 de noviembre en todo el país, como parte de su plan de acción contra la reforma educativa.

Aunque cuatro integrantes de la CNTE fueron detenidos la semana pasada y existen más órdenes de aprehensión contra los líderes de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, la disidencia magisterial asegura que continuarán con sus movilizaciones en las próximas semanas.

Dirigentes magisteriales consultados por Animal Político aseguran que las acciones judiciales no los amedrentan porque siempre han tenido integrantes detenidos; tampoco se sienten debilitados porque esta “represión” enoja más a sus agremiados y provoca unión de fuerzas, aseguró Ramos Reyes, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

La disidencia magisterial prepara un plan de acción que se definirá el 8 de noviembre, cuando los secretarios generales y representantes de las secciones de la CNTE realicen la asamblea nacional ampliada.

Sin embargo, una de las acciones ya acordadas es el “boicot” a las evaluaciones que se aplicarán por primera vez a los maestros que están en las aulas, como lo establece la Ley del Servicio Profesional Docente. Pero, de impedirlo, traería consecuencias directas a los profesores.

A partir de la reforma educativa, el Legislativo aprobó e que todos los maestros sean evaluados para ingresar, permanecer y ascender en el sistema educativo. El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) es el organismo encargado de diseñar y aplicar dichos exámenes.

Después de la aprobación de la reforma educativa en 2012, este es el primer año en que los maestros en activo deberán presentar una evaluación que consiste en un examen de conocimientos y competencias didácticas; un reporte de planeación didáctica argumentada y un examen complementario de inglés.

Los docentes que reprueben la evaluación recibirán capacitación y podrán presentar los exámenes hasta dos veces más. En caso de no aprobar, serán despedidos, según marca la Ley.

Juan Melchor, integrante de la dirección política nacional de la CNTE, explicó que al menos Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas definirá el mecanismo de acción para impedir la aplicación de los exámenes.

Buscarán bloquear las entradas a las sedes de los exámenes, ignorando la amenaza del secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien advirtió el despido para aquellos profesores que no presenten las evaluaciones.

Este miércoles 4 de noviembre, la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación, integrada por sindicatos de Estados Unidos, Canadá y México, donde se encuentra la CNTE, entregará una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que resuelva el conflicto social sin “coacción”.

“¿Por qué un gobierno tiene que encarcelar a sus docentes, reprimir un movimiento  y estar amenazando constantemente para aplicar una reforma?”, reclama Juan Melchor.

Más detenciones, cero interlocución

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que existen órdenes de aprehensión contra normalistas y dirigentes de la CNTE en ese estado, con base en investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen).

Ramos Reyes, secretario general de la CETEG, reconoció que también existen órdenes de aprehensión contra dirigentes de la disidencia en Guerrero, por lo que ha buscado  una reunión con la Procuraduría de la entidad, pero no lo ha conseguido.

De concretarse las amenazas de aprehensión, el gobierno federal golpearía a los tres bastiones de la CNTE (Oaxaca, Michoacán y Guerrero) que ganó capacidad de negociación frente al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, con quien sostuvo encuentros constantes y cedió a sus demandas en los últimos dos años.


Sin embargo, desde el 5 de junio, dos días antes de la elecciones, la CNTE no ha reanudado interlocución con los gobiernos estatales ni con la Federación. Desde ese encuentro, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les advirtió sobre las órdenes de aprehensión. Pero los maestros respondieron con movilizaciones en Guerrero, Michoacán y Oaxaca durante la jornada electoral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Templarios aún operan: Aureoles

Llegan a Morelia, la capital de la entidad, 300 elementos de la división de Gendarmería de la Policía Federal.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aceptó que en Michoacán actúan todavía alrededor de 12 células criminales de la organización de Los Caballeros Templarios.

Ayer (Lunes), en una reunión con medios de comunicación dijo que tras la supuesta desarticulación del cártel delictivo en esa entidad continuaban esos 12 subgrupos operando.

La información ofrecida por el gobernador del estado difiere con la de la Procuraduría General de la República (PGR) que oficialmente reconoce la operación de dos células delictivas de esa organización en la entidad.

Apenas este año la PGR ubicó que el cártel se dividió en dos células, pues en la versión de 2014 del mapa delictivo se apreciaba que la organización operaba en nueve estados de la República y carecía de subgrupos.

En la última versión tiene dos células, ambas en la región de Tierra Caliente. Una conocida como la célula de Los Tena, controlada por Fernando Cruz Mendoza “El Tena” con operación en Aquila, Coahuayana y Coalcomán, y una más encabezada por Homero González Rodríguez o Gonzalo González, apodado “El Gallito”, con operación en Tumbiscatío y Apatzingán.

Recibe a Gendarmería

El gobernador del estado recibió ayer a 300 elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal que se establecerán en la capital michoacana. 

“Es un reto mayúsculo pero estoy seguro que lo vamos a lograr con el apoyo pleno del gobierno federal, y en el especial de la Policía Federal, del gobierno municipal y por su puesto de la mano de los ciudadanos”, externó.


En tanto, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo, señaló que la División de Gendarmería que inicia operaciones en Morelia en el marco del Plan de Fortalecimiento en materia de seguridad para Michoacán dijo que el concepto de Gendarmería nace precisamente en esta entidad hace más de dos años, y sus integrantes cuentan con diferentes capacidades policiales.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

El priísta Fayad retira formalmente su iniciativa para castigar delitos en Internet

El tema no estuvo en la agenda del Senado, aclara el perredista Miguel Barbosa.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priísta Omar Fayad, solicitó formalmente a la mesa directiva de este órgano legislativo que retire la iniciativa que presentó hace dos semanas para prevenir y sancionar los delitos informáticos, conocida como ley Fayad.

Asimismo, el priísta informó que las audiencias previstas para este jueves por la tarde –en las que recibiría a víctimas, organizaciones civiles y académicos– se posponen y se recalendarizarán, con el objetivo de convocar a un mayor número de especialistas, cibernautas e interesados en el tema.

El priísta retiró su propuesta luego de que en días pasados recibió una serie de críticas y cuestionamientos de organizaciones civiles, especialistas y cibernautas, que calificaron la iniciativa de ley mordaza. Incluso, advirtieron que con esa propuesta del PRI se pretendió coartar la libertad de expresión y la libertad de acceso a Internet, así como prohibir la crítica al Ejecutivo en temas como el de la Casa Blanca.

Fayad adelantó el pasado fin de semana que retiraría su iniciativa porque ha generado muchas dudas, críticas y se ha desvirtuado totalmente, se ha prestado a todo tipo de interpretaciones. Si esta versión mete tanto ruido y ha requerido de mi parte tanta explicación, por supuesto que no sirve. La voy a retirar.

Destacó: “yo no me voy a empecinar en sacar adelante esta versión de la ley que se presta a interpretaciones en algo tan delicado como son los delitos. Tampoco quiero coartar la libertad de expresión. Mi iniciativa no es una ley mordaza, como la han denominado; no es así. La están malinterpretando”.


Incluso señaló que “hay una sobrerreacción a la propuesta. Yo soy uno de los senadores más tuiteros; estoy mucho tiempo en las redes sociales. Me han calificado de ser, entre los legisladores del PRI, el número uno en Twitter, y me encuentro entre los primeros lugares de todos los senadores de la República, Entonces, cómo creen que iba yo a estar tratando de coartar la libertad de expresión y la libertad en Internet; de ninguna manera”.

En la carta que Fayad remitió al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, con fecha de ayer, en seis líneas le solicita el retiro de la iniciativa por la que se expediría la ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos, presentada por el que suscribe, el pasado 27 de octubre del año en curso.

En otro texto, de cinco párrafos, el senador priísta informó a los medios de comunicación que solicitó a la mesa directiva del Senado que se retire de manera formal la iniciativa referida.

En ese escrito apunta que ante el constate incremento de ilícitos cometidos con Internet como herramienta, la realización de los foros será con objeto de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos, tal como es su compromiso como legislador.

Reiteró: la iniciativa que construiremos tras escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado.

Insistió en que el combate a este tipo de crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión, pues como siempre estaré en favor de las garantías que establece la Constitución.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, afirmó: la materia de los ciberdelitos y la regulación de la red no está en la agenda del poder público, y creo que se le dio mucha importancia a una propuesta legislativa que no se convertirá en ley porque no está en la agenda de ninguna de las partes que determinan el avance del proceso legislativo.


El perredista Barbosa insistió: el tema no está en la agenda del Senado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.

Comparece en Seido director de la normal de Ayotzinapa

México, DF. El director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos -mejor conocida como Ayotzinapa-, José Luis Hernández Rivera, acudió a las instalaciones de la Seido en respuesta, dijo, a un citatorio que le envió la Procuraduría General de la República.

El docente aseguró que desconoce los términos en los que deberá comparecer ante el Ministerio Público Federal, aunque su declaración la rendirá como parte de la averiguación previa iniciada por los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre de 2014 y por los que 43 normalistas de la escuela que dirige están desaparecidos.

Hernández Rivera llegó acompañado de su abogado defensor, José Luis González Meza, quien se identificó como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Lázaro Cárdenas del Río”. El litigante también participó como defensor de algunos de los detenidos por los hechos del 20 de noviembre del año pasado.

Presuntamente entre los cuestionamientos que se le realizarán está si recibió dinero del cártel de Los Rojos para infiltrar a integrantes de ese grupo entre los estudiantes que viajaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014.


Asimismo se le cuestionará quién decidió qué grupos de estudiantes viajarían a Iguala y las causas por las que fueron a ese municipio, donde fueron atacados por policías municipales y miembros del cártel de Guerreros Unidos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

Simpatizantes de Cuauhtémoc Blanco exigen destitución de dos consejeras

Cuernavaca, Mor. Un centenar de simpatizantes del alcalde electo, Cuauhtémoc Blanco, irrumpió en el Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac) para exigir la destitución de dos consejeras que -aseguran- “han fabricado pruebas para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, con la intención de anular la elección del pasado 7 de junio.

Los simpatizantes del ex integrante de la selección mexicana de futbol arribaron a la sede del Impepac cerca de las 11 de la mañana, donde entre gritos y pancartas exigieron la destitución de las consejeras electorales Claudia Ortiz e Ixel Mendoza Aragón, por “obedecer” a los intereses del PRI y del Partido Nueva Alianza (Panal), los cuales quedaron en segundo lugar en los comicios pasados.

Después de varios minutos de protestas, los manifestantes ingresaron por la fuerza al patio del Impepac, donde acusaron a las consejeras y al PRI de pretender que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declare nula la elección.

Los simpatizantes, encabezados por el dirigente del Partido Social Democráta (PSD), Eduardo Bordonave, y el representante del partido, Israel Yúdico, interpusieron ante el Impepac una denuncia contra las consejeras. Las acusan de probable “violación” de la ley electoral.

“Vamos a pedirle a la presidenta del Impepac (Ana Isabel León Trueba), la destitución de las dos consejeras, porque han actuado de mala fe para beneficiar al PRI”, declaró el líder del PSD, Eduardo Bordonave.

Fuente: La Jornada

Autor: Rubicela Morelos

Ni fondo ni ley

Ningún afectado por alguna desaparición forzada ha cobrado dinero o recibido la indemnización del fondo de víctimas. Además, la legislación sobre ese tema también duerme el sueño de los justos y no ha sido aprobada.

No existe en México actualmente otro tema en la agenda nacional que exhiba más la debilidad institucional del gobierno mexicano que el de las desapariciones forzadas.

Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.

Pese a los compromisos internacionales, no existen avances en el Congreso federal en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada, un compromiso que las autoridades mexicanas adquirieron desde el 2008, tras el caso Rosendo Radilla. Hoy se sabe también que el principal instrumento institucional de ayuda para víctimas, como es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no ha autorizado ningún apoyo para los familiares de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.

Las cifras oficiales que existen sobre el tema son un caos: para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hay 122 casos de desaparición forzada registrados en el país.

Para muchos, la cifra real hay que buscarla entre las 25 mil personas desaparecidas que existen en el país de manera extraoficial.

Por lo pronto, México sigue cosechando descrédito internacional por sus desaparecidos. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que recortaría hasta en un 15 por ciento los recursos destinados para México, a través de la Iniciativa Mérida, en castigo por las violaciones a los derechos humanos que existe en el país.  Y este domingo José Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, corrió el Maratón de Nueva York en protesta por la desaparición de su hijo hace un año en Guerrero.

Las víctimas por desaparición forzada hoy están más visibles que nunca en el país, pese al intento oficial de silenciarlas.

La bolsa de indemnizaciones para víctimas de desaparición forzada aún no aparece.

Aunque el gobierno federal ha indemnizado hasta con tres millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ningún familiar de una víctima de desaparición forzada ha recibido apoyos económicos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que “se tienen 122 personas en situación de víctima inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que manifestaron haber sido víctimas de desaparición forzada”.

Esto es con base en el Registro Nacional de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que maneja la CEAV.

En esta cifra no están incluidos, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace un año y donde estuvieron involucradas autoridades municipales de los municipios de Guerrero, Iguala y Cocula.

Ninguna de las víctimas, aunque están reconocidas, han recibido fondos por parte de la autoridad federal.

“La dirección general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral informa que a la fecha de respuesta no se ha erogado ningún pago con cargo a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por concepto de reparación integral a víctimas directas, indirecta y/o potenciales de desaparición forzada”, señala la información.

El Comité Interdisciplinario Evaluador, dice la información, no ha emitido dictamen alguno sobre la procedencia de acceso a los recursos del fondo económico en mención.

De acuerdo con el informe de reconocimiento oficial de víctimas directas e indirectas de desaparición forzada hay 122 víctimas en el país. 

El reconocimiento comenzó en el año 2014, cuando se reconocieron casos suscitados en los 2008 en Chihuahua (dos víctimas, una indirecta y una directa), tres más en 2011, dos más en 2013 acontecidos en Michoacán y una veintena de víctimas en Guerrero en ese mismo 2014.

Es decir, en 2014 se reconocieron 27 víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este año, de acuerdo con el reporte fechado el 22 de octubre y obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, se han reconocido 95 casos de víctimas por desaparición forzada.

La autoridad federal ha reconocido a víctimas de desaparición forzada por un hecho suscitado en 1971, once en 1972, dos en 1973, 27 víctimas más en 1974. Todos estos casos ocurridos en Guerrero. Además, dos víctimas más están reconocidas en hechos de 1976 (Guerrero y Distrito Federal), cuatro víctimas en 1977 (tres en Jalisco y una en Guerrero) y de ese año hay reconocimientos oficiales de víctimas hasta 2009, cuando se reconocen a ocho víctimas, seis de ellas en Coahuila y en dos casos no se ubica entidad.

En 2010 hay 21 reconocimientos oficiales de víctimas por desaparición forzada, diez de ellos en Veracruz, ocho en San Luis Potosí y tres en Nuevo León. En 2011 están reconocidos 5 casos, tres se suscitaron en Morelos y dos víctimas más están reportadas en Michoacán.

Los cinco casos de víctimas reportados en 2012 y tres de 2013 se reportan en Nuevo León, de acuerdo con el informe.

El estado que más tiene es Guerrero, donde se reportaron 69 casos, sigue Veracruz, con 13; luego Nuevo León, con 11; en San Luis Potosí se reportan ocho víctimas, seis en Coahuila, cuatro en Michoacán, tres en Morelos y Jalisco, respectivamente, y dos en Chihuahua y uno en el Distrito Federal. Además hay dos casos en los que no hay datos de la entidad.


La información advierte que “la presente información es preliminar y se obtiene de las manifestaciones realizadas por los solicitantes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) mediante el Formato Único de Declaración (FUD) o en su caso el otorgamiento de la calidad de víctima por parte de la autoridad”.

Si bien las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada no han tenido una indemnización, en el caso de otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En 2013 se suscitó una polémica luego de que Lía Limón, entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dijo que había 27 mil desaparecidos en México. 

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desdijo a la entonces responsable del asunto en el gobierno federal y reconoció que no existía un padrón oficial de desaparecidos.

En su columna del diario El Universal, Ciro Gómez Leyva atribuyó a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una declaración en la que asegura que son 194 víctimas de desaparición forzada.

Al solicitar la confirmación de la cifra, la Secretaría de Gobernación pidió turnar la pregunta a la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entregó la presente información en la que refiere que son 122 víctimas, directas e indirectas, en materia de desaparición forzada.

Pagan más cuando los matan

A diferencia de las víctimas de desaparición forzada, otras violaciones a los derechos humanos han sido compensadas por el gobierno federal, de acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En estos casos, existe la observancia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

El gobierno federal ha destinado 243 millones al pago de indemnizaciones a 193 víctimas y familiares de alguna violación a sus derechos humanos. En tanto que los familiares de víctimas de desapación forzada no han recibido un peso.

“El monto total por concepto de indemnizaciones que se ha hecho por parte del gobierno mexicano a familiares y víctimas de alguna violación a derechos humanos, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2015 es el siguiente: 243 millones 218 mil 717.54 pesos.

Los pagos por indemnizaciones van desde los 23 mil 133 pesos por casos de tortura hasta los 3 millones por pérdida de la vida.

El gobierno federal, luego de que la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, constituido el 25 de octubre de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2014, ha erogado 243 millones 218 mil 717 pesos en pagos por indemnizaciones.

“De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, su objetivo es cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) u Órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH), las recomendaciones emitidas por la Comisóin Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y demás obligaciones establecidas en los convenios suscritos por la Segob, siempre que los mismos señalen responsabilidad al Estado mexicano o a sus agentes estatales por violaciones de derechos humanos”, indica la información.

Dichos pagos están vinculados con violaciones contra la vida y a la integridad personal (golpes y otras formas de tortura), de acuerdo con la documentación en poder de Reporte Indigo obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.

En Sonora hay 104 beneficiarios por golpes y pérdida de la vida. El gobierno ha erogado un total de 183 millones 970 mil pesos. De ellos 41, familias recibieron 3 millones de pesos

Hasta septiembre pasado, en Guerrero, han sido siete beneficiarios que han recibido 80 mil 655 pesos por compensaciones tras haber sido víctimas de violaciones a su integridad personal (golpes o tortura).

En Chiapas hay reporte de 11 beneficiarios por golpes y tortura por 3.8 millones de pesos.

En reporte oficial menciona -sin desglosar- que en estados como Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Baja California hay 63 casos de víctimas que sufrieron daños a su integridad personal que requirieron una indemnización de 49 millones 267 mil pesos. El monto mayor fue por un millón 238 mil pesos y el menor por 182 mil 921 pesos.


El informe destaca dos casos en el Estado de México en que debido a las lesiones atribuidas por agentes del Estado, la autoridad erogó un millón 981 mil 300 pesos por concepto de indemnización y en Chiapas otras dos agresiones causaron el pago de medio millón de pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.

Encueran y violan a pasajeras de ADO en carretera Isla, Veracruz

Pasajeros de una línea camionera de primera clase habrían sufrido una terrible pesadilla al haber sido privados de su libertad durante más de una hora por sujetos desconocidos y armados, en el municipio de Isla, quienes despojaron de sus pertenencias a todos los usuarios y violaron a las mujeres jóvenes. 

Los hechos, según la denuncia que ha trascendido en redes sociales, ocurrieron el pasado primero de noviembre alrededor de las 11 de la noche cuando el autobús salía de Isla en dirección a la autopista. 

La unidad cubría la ruta con rumbo a la Ciudad de México. Sin embargo, seis sujetos -uno de ellos iba como pasajero y se supone que subió en Isla-, tomaron el autobús tras interceptarlo, lo desviaron a un camino vecinal y ahí sometieron a todos los tripulantes para despojarlos de sus pertenencias, dejándolos libres hasta poco antes de la una de la mañana. Además del robo, la denunciante dijo que violaron a las mujeres jóvenes. 

La informante aseguró que su madre, quien vive en Juan Rodríguez Clara, fue víctima solamente del hurto de sus pertenencias. Hasta el momento no existe versión oficial de los hechos ni denuncia formal ante alguna autoridad de esta zona. 


La empresa camionera tampoco ha confirmado o desmentido el hecho. El asalto de autobuses de pasajeros es un delito que se ha vuelto común en la zona de Isla, Acayucan, Las Choapas y San Andrés Tuxtla, sin que hasta el momento haya responsables detenidos.

FUENTE: NOTINFOMEX.
LINK: http://www.notinfomex.co/2015/11/encueran-y-violan-pasajeras-de-ado-en.html?m=1

La Sener entrega la primera concesión para generar energía eléctrica geotérmica… a Salinas Pliego

MÉXICO, DF: La Secretaría de Energía (Sener) entregó la primera concesión en la historia del país para la generación de energía eléctrica en la modalidad de geotermia, a la empresa “Geotérmica para el Desarrollo”, perteneciente a Grupo Dragón de Ricardo y Ninfa Salinas Pliego.

La concesión permitirá a los Salinas Pliego para instalar una planta geotérmica en el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, que proveerá de energía eléctrica limpia a casi 50% de los habitantes de ese estado.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avalaron la concesión en el uso de recursos hídricos.

La empresa filial de Grupo Dragón generará electricidad a partir de mediados de 2016 con 25 megawatts y podrá ampliarse otro volumen similar en 2018.

“Geotérmica para el Desarrollo” tiene permiso para explotar 18 pozos de agua en estado de vapor en el yacimiento geotérmico Domo San Pedro, lo que implica un volumen anual de 43.8 millones de metros cúbicos, a profundidad de entre tres mil y tres mil 500 metros.

El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, comentó que la de Salinas Pliego se comprometió a invertir dos mil 600 millones de pesos en el proyecto y generar por lo menos 650 empleos.


Según Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética, los recursos geotérmicos prospectivos con que cuenta el país ubicarán a México en la tercera posición mundial en generación de energía limpia por medio de la geotermia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sigue suspendida siembra de maíz transgénico en el país: ONG

MÉXICO, DF: A pesar de los repetidos intentos de la industria de biotecnologías y de varias secretarías del gobierno federal para eliminarla, la medida precautoria que impide desde hace más de dos años la liberación de permisos de siembra de maíz transgénico en México sigue vigente, ya que el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil del Primer Circuito confirmó la suspensión de manera provisional.

Esta medida precautoria se encuentra en peligro desde el pasado 19 de agosto, cuando el juez federal Francisco Peñalosa Heras decidió anularla. Enseguida, las organizaciones defensoras del maíz apelaron la decisión del magistrado, con lo que detuvieron de nuevo la entrega de permisos de siembra a empresas trasnacionales, entre ellas Monsanto y Syngenta.

Hoy las ONG recibieron la notificación de que la medida permanecerá vigente hasta que el juez decida en definitiva la apelación.

Aprobada en septiembre de 2013 en el marco de una demanda colectiva que considera ilegal la siembra de maíz transgénico en el país, la medida precautoria resistió 93 impugnaciones y 22 amparos de las empresas y el gobierno federal, y transitó por distintos 17 tribunales.

Los integrantes de la Demanda Colectiva AC aprovecharon la notificación para recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este miércoles 4 sobre la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.

La SCJN, según el colectivo, “debe considerar que somos un país megadiverso en lo biológico, en lo cultural y en lo agrícola, por tanto, sembrar transgénicos, sean de maíz, soya u otro, en un país como el nuestro, entre otras afectaciones negativas que provocaría es que la miel mexicana deje de ser orgánica”.

Hace tres años comunidades mayas de la región se ampararon contra la comercialización de transgénicos, la cual vulnera su actividad principal –la apicultura— y genera contaminación ambiental y deforestación, denuncian.


El año pasado la justicia se pronunció a su favor, pero Monsanto y el gobierno federal impugnaron esas decisiones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Familiares de los 43 expondrán al presidente de Colombia el caso Ayotzinapa

MÉXICO, DF: Familiares de los normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, quienes viajaron la semana pasada a Colombia para informar sobre los hechos criminales de hace más de un año, exigieron que el gobierno mexicano reactive urgentemente la búsqueda con vida de sus hijos, y que además asuma las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) al respecto.

Desde la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, las madres y padres de los estudiantes han visitado decenas de países de casi todos los continentes, para informar a la sociedad el dolor y la desesperación que han experimentado durante más de un año del impune ataque criminal.

Como parte de esas caravanas informativas de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, viajó desde el martes 20 de octubre a Colombia, en compañía de Bernabé Abrajam Gaspar, padre de Adán Abrajam de la Cruz, también desaparecido.

Desde el país sudamericano, Bautista informó vía telefónica que el paso siguiente en sus exigencias es pedir la reactivación urgente de la búsqueda con vida de los normalistas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

No obstante –detalló–, la búsqueda debe ser coordinada con el GIEI, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió su tiempo de estancia en México hasta el 30 de abril próximo.

Cristina Bautista explicó que las madres y padres de los normalistas siempre han estado y están en la disposición de organizarse para ir a buscar ellos mismos a sus hijos, donde la gente les diga que pueden estar.

No obstante, señaló que las familias esperarán a que el GIEI determine el procedimiento por el que se reactivará la búsqueda y con el que se trabajará coordinadamente con las familias y con el gobierno federal, con el fin de garantizar el uso de tecnología de punta, así como mapa de fosas y otros lugares identificados.

La mujer expresó que en su estancia en Colombia, que durará hasta el próximo lunes 9, ha sido bien recibida por estudiantes y grupos civiles, quienes los han acompañado y manifestado su solidaridad.

También adelantó que mañana ambos representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos serán recibidos por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en la capital Bogotá, a fin de escuchar los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Guerrero.


Según el informe que presentó el GIEI el 6 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la búsqueda de los normalistas después de que informara su presunta “verdad histórica”, la cual fue desmentida por las y los expertos del GIE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

‘La UNAM debe renacer’

Suemi Rodríguez Romo, candidata a la Rectoría de la máxima casa de estudios, quiere extender la influencia de la Universidad a las comunidades. La UNAM, dice, debe contribuir a crear políticas públicas que sirvan a todos los ciudadanos.

Además de ser fuente de conocimiento en todas las áreas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está destinada a guiar a México por el camino del desarrollo y, para lograrlo, debe renacer en todo su esplendor, considera Suemi Rodríguez Romo, candidata a la Rectoría de la máxima casa de estudios.

Apasionada en sus gestos y entusiasmada por la idea de extender la influencia de la Universidad a las comunidades, Suemi Rodríguez expone que la vocación de la UNAM es contribuir no solo a la formación de jóvenes profesionistas, sino a la creación e instrumentación de políticas públicas que sirvan a todos los ciudadanos y ser así el motor del desarrollo del país.

“En este instante es importante que, si es necesario renacer, volvamos a nacer. No quiere decir esto que perdamos nuestra tradición, porque es muy rica, muy valiosa, es muy importante (…) Renacer en el sentido de atrevernos a innovar; y no solo a innovar, sino en innovar en como innovamos, a innovar en cómo cambiamos.

“Lo que es fundamental es preparar a los egresados adecuadamente para que construyan un México mejor, como personas formadas integralmente. No solamente expertas en un área de trabajo, sino con ética, con valores, de tal manera que ciertas situaciones como la corrupción y otro tipo de aspectos, se resuelvan por la formación ética que les podemos dar nosotros”, comentó en entrevista.

Con 32 años de antigüedad en la UNAM, Suemi Rodríguez es una de las candidatas para suceder a José Narro con amplias credenciales académicas, científicas y administrativas.

Especialista en fisicoquímica y matemáticas aplicadas, Rodríguez cuenta con tres estancias de posdoctorado y decenas de artículos científicos.

Suemi Rodríguez fue directora de la Facultad de Estudios Superiores campus Cuautitlán, en el Estado de México, entre el 2005 y el 2013.

Busca la rectoría por segunda ocasión y, ahora, ha planteado la necesidad de que la UNAM tenga presencia no solo hacia el interior de la institución, sino en las comunidades que la rodean y en las políticas del Ejecutivo en todos los niveles.

En las comunidades, por ejemplo, Rodríguez plantea que los universitarios pueden ayudar a través del servicio social o en la aplicación de sus tesis para crecer la producción local de negocios u otras actividades productivas.

A nivel nacional, uno de los intereses de la investigadora y académica es que la UNAM pueda incidir en la creación de una nueva política educativa desde el nivel básico, que dé nuevos horizontes a los niños para llegar mejor preparados a los niveles avanzados del conocimiento.

“Definitivamente no somos la SEP, quien tiene la responsabilidad es la SEP. Pero sí tenemos centros de investigación dedicados exclusivamente a los procesos educativos, tenemos gente muy preparada. Hay que impulsar desde la Rectoría a los investigadores y académicos para atreverse a innovar.

“Y seguramente ya hay algún investigador que los aborde, pero no inciden en la realidad de las políticas que se generan; y yo creo que aumentando y empujando el prestigio que tenemos, usando el peso político que tiene la voz del rector o la rectora, podemos ayudar a resolver conflictos que son extremos para que de alguna manera la SEP se pueda concentrar en el centro, que es el más masivo y el más fuerte de lo que es la educación en esos niveles”, afirmó Rodríguez.

La propuesta de Rodríguez pasa por organizar las líneas de investigación en educación que se tienen en la UNAM para proporcionar información a las autoridades educativas sobre lo que ocurre en los estados, en materia educativa.

Una de las áreas a estudiar, por ejemplo, es en la detección de jóvenes talentos en educación básica; o las condiciones culturales que hacen de cada estado un lugar único para aprender de cierta forma.

“Hay que incidir en ese espacio (educación básica) para poder empezar a apropiarnos un poco de modelos educativos que nos permitan que los chicos sepan leer.  Nos llegan sin saber leer. Y no es que no lean, si leen; no entienden lo que leen.

“Entonces, realmente, ¿cómo les podemos dar una cultura general o hacerlos expertos en algo o pedirles que lean cualquier cosa, si no entienden lo que están leyendo, si no escriben?”, cuestionó.

Esto, acota, lo hará hasta donde permitan las autoridades, pero siempre presentando investigaciones que ayuden a mejorar el modelo educativo del país.

Detrás de un escritorio sobrio, donde no hay nada sobre él más que su computadora, y dando la espalda a sus libros sobre ciencia, Suemi Rodríguez asegura que la relación con el Gobierno federal debe ser respetuosa, pero crítica, requisito indispensable para poder incidir en la vida nacional.

“Debe ser crítica en la medida que sea necesario porque es lo que estoy proponiendo, que la Universidad le ayude al país a decir hacia dónde va, y hay muchos temas de investigación que pueden ser espinosos.

“Los gobiernos de todo el mundo, de todos los países, son sensibles. Pero también tenemos que entender que el país tiene que madurar. Tienen que madurar ellos (para aceptar los errores que hacemos ver) y tenemos que madurar nosotros. Tampoco se trata de criticar por criticar, porque a veces pasa que porque vuela una mosca ya estamos criticando (…) No se trata de que la UNAM sea parte del problema; seamos parte de la solución”, llamó Rodríguez.


Respecto al tema de inseguridad y venta de estupefacientes que vive la Universidad, Rodríguez destaca que es primordial instrumentar medidas de seguridad que impliquen obtener información en tiempo real para evitar un problema donde pueda generarse y tener una reacción rápida donde sea necesario.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Matan a otra mujer en zona hotelera de Cancún; van cuatro feminicidios

CANCÚN, Q. Roo: Un cuarto feminicidio en menos de tres semanas fue reportado esta tarde, luego de que fue descubierto el cuerpo de una mujer, de entre 20 a 30 años, en un paraje del kilómetro 17 de la zona hotelera.

Sin embargo, el secretario de Gobierno estatal, Gabriel Mendicuti, y el procurador Carlos Arturo Álvarez negaron que estos cuatro casos sean feminicidios.

No obstante, Mendicuti reconoció que “son hechos que nos han sorprendido”.

Mientras el gobernador priista Roberto Borge sigue su gira en Londres, Inglaterra, Mendicuti y Álvarez Escalera, así como el presidente municipal Paul Carrillo y el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Jaime Aguilar Ongay, dieron a conocer esta noche en rueda de prensa conjunta la postura de las autoridades al acumularse el cuarto asesinato de una mujer en menos de tres semanas.

En su mensaje inicial, Mendicuti afirmó que no hay relación entre los cuatro asesinatos y pidió despejar los juicios de que se trata de feminicidios

“No obstante la gravedad de la pérdida de estas vidas, las investigaciones indican que no hay una relación directa entre estos casos derivada del género de las víctimas, ni tampoco que los homicidios obedezcan a esta misma condición”, atajó.

Y sostuvo:

“Es importante subrayar este punto a fin de despejar juicios a priori que están extrapolando estos lamentables hechos interpretándolos como feminicidios, situación que no puede ser calificada de ese modo, en razón de que no hay indicios que apunten a ese móvil, que hacerlo puede inducir a un alarmismo sin fundamentos”, justificó.

El procurador Álvarez Escalera indicó que la cuarta víctima aún no ha sido identificada, pero se trataría de una empleada de la zona hotelera, que tendría entre 20 y 30 años de edad.

Por otra parte, aseguró que hay avances en las investigaciones de los otros homicidios, en particular de la universitaria Karen Carrasco, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado martes en un lote baldío, frente al fraccionamiento La Guadalupana.


El procurador aseguró que las investigaciones llevan un avance de entre 80 y 90% en tres de los casos de las últimas semanas, incluidos los homicidios de Paloma Guadalupe Balam y Rebeca Rivera Neri, cuyos cuerpos fueron encontrados en los fraccionamientos Villas del Mar y Puertas del Mar, respectivamente, e incluso que se tiene ubicados a varios sospechosos.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: SERGIO CABALLERO.

Desaparición, ¿prioridad para el Ejecutivo?

El Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre la desaparición quedaría aprobada, pero aún sigue estancada.

A pesar de que fue un compromiso del Ejecutivo tenerla lista para mediados de este año, la Ley General contra la Desaparición Forzada no tiene para cuándo ver la luz en el Congreso de la Unión.

En febrero de este año, el Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada.

Durante una audiencia con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de este año, funcionarios mexicanos calificaron como un “reto inmediato” la aprobación de esta ley.

“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esa declaración fue hecha el 2 de febrero pasado. Es noviembre y el Ejecutivo ni siquiera ha enviado la iniciativa. En el Congreso de la Unión, sin embargo, los trabajos avanzan con lo que se tiene disponible. Recientemente, ambas Cámaras aprobaron cambios a la Constitución Política para facultar al Congreso a legislar sobre el tema. De acuerdo con lo estipulado, el Congreso tiene 180 días para aprobar la ley secundaria en la materia. Esos seis meses vencen el 17 de diciembre próximo.

Es decir, diputados y senadores tienen 44 días para estudiar y aprobar la ley general que castigue la desaparición.

Desde la Legislatura pasada, diputados y senadores de todos los partidos han presentado iniciativas sobre la expedición de una Ley General sobre desaparición, o han propuesto reformas al Código Penal Federal u otros ordenamientos, relacionados con las desapariciones.

Sin embargo, el acuerdo de las fuerzas políticas ha sido esperar la iniciativa del Ejecutivo y añadir elementos de otras propuestas, incluidos los de la sociedad civil.

En octubre, los legisladores federales convocaron a la realización de mesas de trabajo en las que expertos, organizaciones civiles y redes de familiares de las víctimas, expusieron sus ideas para conseguir la mejor legislación.

Entre los documentos que se encuentran a debate están las tres iniciativas más importantes sobre el tema que han sido presentadas por legisladores del PRI, PAN y PRD. Todas se encuentran pendientes en comisiones.

Se trata de las propuestas del priista Omar Fayad, que presentó su iniciativa el 16 de abril del 2014; del panista Roberto Gil Zuarth, que fue registrada el 18 de marzo del 2015; y de la perredista Angélica de la Peña, del 24 de marzo del 2015.

De la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó una iniciativa extra el 17 de septiembre pasado, donde ya contempla prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.

Se ha dicho que el Ejecutivo planteará en su iniciativa castigos de hasta 100 años de prisión contra funcionarios que participen en la desaparición forzada de una persona, y que la propuesta será presentada “a la brevedad”.

Las organizaciones se han pronunciado por incluir en la Ley General el derecho de los ciudadanos a no ser desaparecidos, con lo que se abre la puerta a que sea la obligación del Estado evitar ese delito.

Se ha planteado también que exista un solo protocolo para buscar e identificar a las víctimas de desaparición en México.

El retraso del Ejecutivo en el envío de su iniciativa empantana su avance porque, al ser un tema muy polémico, las fracciones parlamentarias tendrán poco tiempo para estudiarlo.

Un ejemplo de lo complejo para alcanzar acuerdos sobre el tema fue la discusión en la Cámara de Diputados para declarar el 26 de septiembre de cada año como Día contra la Desaparición Forzada.

Los diputados aprobaron con prisas la instauración de ese tema, ante la cercanía del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En el Senado ni siquiera fue sometido a discusión.


De no aprobar a más tardar el 15 de diciembre –fecha en que termina el periodo ordinario- la legislación secundaria sobre este tema, se corre el riesgo de que su discusión y eventual aprobación pudiera alargarse hasta febrero próximo, cuando concluya el receso de fin de año del Congreso de la Unión.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.