Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército.
MÉXICO, D.F: El movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos.
Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).
La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales.
Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defensa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión.
Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan.
Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan.
El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar “las manzanas podridas” y, obedientes al mando, “aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos”, dice a Proceso un militar bajo proceso penal.
La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2035 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).
La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales.
Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defensa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión.
Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan.
Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan.
El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar “las manzanas podridas” y, obedientes al mando, “aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos”, dice a Proceso un militar bajo proceso penal.
La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2035 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
