Durante la firma del convenio entre el gobierno veracruzano y la Secretaría de Gobernación (Segob), empleados de Ayudantía del gobierno estatal arremetieron a empellones y rodillazos contra el fotoperiodista de Imagen del Golfo, Roger Martínez, cuando éste alzó su pancarta con la protesta.
Ante los silbidos, gritos y exigencia de libre manifestación, el gobernador Duarte ordenó a sus empleados soltar a Martínez para continuar con el acto protocolario.
Acto seguido, entre cámaras y grabadoras empezaron a surgir más periodistas que portaban cartulinas de protestas y fotografías de los reporteros asesinados en los últimos años. “Es una alerta, no convenio”, decía una de las cartulinas; “Alerta, por crímenes contra periodistas” decía otra.
En los carteles aparecieron fotografías de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y del fotoperiodista y colaborador de este semanario y de la revista Cuartoscuro, Rubén Espinosa, cuyos crímenes continúan en la impunidad.
De acuerdo con el convenio signado por una veintena de autoridades federales y estatales, con la “Alerta Temprana” el gobierno de Veracruz, auxiliado por la federación, establecerá medidas de prevención, protección, garantías a la libertad de expresión y políticas públicas para garantizar el ejercicio del periodismo crítico en la entidad.
El sistema de alerta temprana y de reacción inmediata que se ejecutará en Veracruz contará con el apoyo de la Fiscalía General del estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), resumió el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Segob, Roberto Campa Cifrián. La CEAPP es un órgano integrado por periodistas subordinados a Duarte.
Lejos de generar certidumbre entre los periodistas, los mecanismos de operación de la “Alerta Temprana” incomodaron a reporteros veracruzanos que en redes sociales y en grupos de WhatsApp expusieron que la logística de protección a periodistas a cargo de la CEAPP y de la SSP sería como poner a dialogar a secuestradores con víctimas o “dejar la cueva de Ali Baba en manos de los 40 ladrones”.
Durante el acto, Campa Cifrián destacó que esta es una “nueva etapa” en la que se busca garantizar el respeto al libre ejercicio periodístico. Dijo que hay disposición del gobierno del estado de que cada organismo asuma sus responsabilidades y tareas.
“Hay acciones específicas, entre ellas, el respeto y derecho a la libertad de expresión; establecer un mapa de riesgo; un conjunto de acciones relativas a la seguridad; un seguimiento a las investigaciones ministeriales pendientes por el asesinato de periodistas; medidas de reacción inmediata cuando haya agresión a periodistas; una visión integral del conflicto y fortalecer a las instituciones”, enumeró Campa.
La protesta de una parte de los reporteros molestó a las integrantes de CEAPP, al titular de la SSP estatal, Arturo Bermúdez, y al propio Duarte, pues fue la primera manifestación pública frente a instancias federales en lo que va del sexenio.
Durante la firma del convenio Javier Duarte afirmó que su administración y la procuración de justicia “no son omisos” a los “lamentables” asesinatos que han ocurrido en Veracruz: “Nos duelen como sociedad”, dijo.
Insistió en que la firma de este convenio tendrá que “robustecer” los mecanismos de protección y los protocolos de alerta, cuando algún periodista se encuentre en riesgo. “No queremos que nuestros periodistas recurran a la autocensura”, sostuvo el priista.
El mandatario precisó que la vigilancia, protección de periodistas y defensores recaerá en los “organismos autónomos” –la CEAPP y Fiscalía General del Estado– que serán los garantes de que el protocolo de “Alerta Temprana” se cumpla.
En su intervención, el fiscal general del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo, refirió que “si no hay impunidad” en la agresión a comunicadores en la entidad, no habrá repetición del agravio.
Tras el acto protocolario y la protesta de periodistas, el mandatario priista y el titular de la SSP estatal se abstuvieron de asistir a la rueda de prensa programada.
Los integrantes de la CEAPP y el fiscal general sí acudieron al encuentro con la prensa aunque no circularon el “reglamento” y las “acciones específicas” que protegerán a los periodistas de Veracruz y prometieron subirlo en horas siguientes a las redes sociales.
En la rueda de prensa, Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, recordó que desde el 10 de septiembre pasado fue solicitada una “alerta institucional” de protección a periodistas al gobierno federal y que ésta se instauró por petición gremial y no por voluntad del gobierno de Veracruz.
“La muerte de los periodistas no se negocia, se defiende la justicia, en Veracruz sí hay impunidad, no es una campaña de linchamiento en contra del gobernador Javier Duarte, es un reclamo legal y legítimo, por los compañeros asesinados en este sexenio”, expresó Trujillo.
Ahora, dijo, la Segob ya está consciente de la gravedad del conflicto: “Es un jalón de orejas al gobierno del estado”, afirmó.
Sin embargo, entre las peticiones que hizo el gremio de periodistas veracruzanos quedó fuera la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación.
En la rueda de prensa, reporteros reprocharon al fiscal que continúan en la impunidad el asesinato de Regina Martínez, el “levantón” y homicidio del editor de La Unión, Moisés Sánchez, así como la desaparición desde hace cuatro años del reportero del Diario de Acayucan, Gabriel Fonseca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
FECHA: 3 NOVIEMBRE 2015.
