Si necesitas tratamiento contra las drogas en México, procura no ser pobre. Porque si es así, puedes enfrentar con tus recursos tu adicción o puedes entrar en un centro de rehabilitación privado no regulado, donde las condiciones sanitarias son atroces y el abuso físico y mental es rampante.
En 2010, la familia de Ricardo Sánchez, de 34 años, le urgió a buscar un tratamiento contra su adicción. El consumo excesivo de alcohol, marihuana y cocaína le habían cobrado una factura muy alta en su vida diaria.
“El trabajo, la familia, sus relaciones, todo se había visto afectado”, dijo a El Daily Post el mecánico y padre divorciado de tres niños. “Estaba viviendo solo un momento y luego otro, incapaz de controlar mis acciones sólo con mi fuerza de voluntad”.
Sin embargo, cuando fue llevado a un centro privado de rehabilitación en el Estado de México, Sánchez encontró que una experiencia aún más aterradora lo esperaba.
En una ocasión fue esposado a su cama durante seis horas por desobedecer las reglas que establecieron en la casa los “padrinos”, o directores del centro, un grupo de adictos en recuperación que aseguraban tener las calificaciones para tratar a los enfermos.
“Al principio yo quería creer en sus métodos porque estaba desesperado por recibir ayuda”, dijo Sánchez. “Esa es la naturaleza de la bestia contra la que estaba peleando. Pero dejé la clínica en peores condiciones mentales y físicas que cuando entré”.
De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), hay más de 2 mil centros de rehabilitación privados en México cuyas normas y su nivel de respeto por la ley son muy variables. Negar el derecho a las visitas, negar los alimentos, condiciones sanitarias atroces, e incluso abusos sexuales han sido violaciones denunciadas en los peores centros existentes.
“Era como un campo de concentración allí adentro”, dijo Sánchez refiriéndose la clínica. “Los chavos estaban siempre pensando en formas de escapar. Pero si te descubrían, el castigo era brutal”.
Estas clínicas –también conocidas como “anexos”–, se pueden encontrar en todo el país, llenando el vacío dejado por la inexistencia de centros de salud públicos. De acuerdo con Carlos Zamudio, un investigador del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), sólo uno de cada cuatro centros de ese tipo está regulado por la ley, y los abusos dentro de ellos son comunes.
“Ha habido intentos por acabar con la negligencia pero estos han provocado que los centros con más opacidad se muden a lugares del país en donde pueden escapar de la vista de las autoridades”, dijo Zamudio en una entrevista. Familiares de los adictos que entienden poco de la enfermedad –o aquellos simplemente desesperados por encontrar un tratamiento efectivo para sus seres queridos– son engañados para que paguen por esos tratamientos, y con frecuencia firman para eliminar su derecho de pedirle cuentas a esas instituciones.
“La ironía es que la mayoría de esos centros fueron fundados y son dirigidos por otros adictos en recuperación y se basan en la idea del apoyo mutuo”, dijo Zamudio. “Pero qué tan bien administrados y transparente son, eso varía enormemente. Los peores son lugares realmente perturbadores”.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones, realizada por el Conadic, el alcohol y el consumo de drogas está en aumento en México, especialmente entre los jóvenes. Aunque todavía es significativamente más baja que los niveles en Estados Unidos, se cree que la tasa de consumo de drogas ilícitas en México se suplicó en los últimos 15 años, tras pasar de 0.8 por ciento de la población en 2002, al 1.5 por ciento en 2011. Los hombres y los habitantes de zonas urbanas registraron un aumento aún mayor, en esos dos segmentos las tasas son de 2.6 y 2.9 por ciento de la población, respectivamente.
De acuerdo con la misma encuesta, aproximadamente 6.2 por ciento de los hombres mexicanos y 2 por ciento de las mujeres sufren dependencia del alcohol, mientras que 0.7 por ciento de la población sufriría de la adicción a las drogas ilícitas.
El problema de drogas del país es particularmente notable a lo largo de la frontera norte, donde el desbordamiento de narcóticos como la heroína destinada al mercado de Estados Unidos ha producido un aumento en la dependencia. Sin embargo, el fenómeno está creciendo en el interior del país, en el gusto de los habitantes de la Ciudad de México, Monterrey y el Estado de México.
De acuerdo con el médico Gerardo González Torres, especialista en adicciones, las razones para que se haya dado el aumento en los niveles de dependencia en el país son varios.
“La migración del campo a la ciudad, la ruptura de la tradicional unión familiar, la desigualdad y la falta de un componente educativo en el tratamiento de problemas de adicción se dan todos en México”, dijo. “Y los jóvenes son los más vulnerables a estos factores. Ellos son los que corren mayor riesgo de meterse en problemas graves”.
Mientras la conciencia de este problema crece, México posee un número creciente de centros de rehabilitación de lujo. Ofrecen de todo, desde equipos de alta tecnología para el acondicionamiento físico o para terapias, como Monte Fénix y Oceánica –este último inaugurado en 1993 por el ex presidente estadounidense Gerald Ford en el visitado balneario de Mazatlán, en la costa del Pacífico–. Son los centros que eligen para sus tratamientos los ricos del país.
Sin embargo, cuando se trata de centros de rehabilitación con financiamiento público, las opciones son escasas. Alrededor de 300 clínicas patrocinadas por el gobierno, conocidas como “Centros Nueva vida”, proporcionan actualmente tratamiento a través de la Secretaría de Salud. Parte de una iniciativa que comenzó en 2007, los centros fueron financiados en parte por los 200 millones de dólares incautados en la mansión del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon en ese año, en conexión con una operación de tráfico de metanfetaminas
Los Centros Nueva Vida se enfocan en el tratamiento preventivo y asistencial y son gratuitos para el público. Conadic también envía cada vez más personal especialmente entrenado a escuelas, prisiones y comunidades vulnerables para educar a los ciudadanos, especialmente gente joven, en peligro de caer en abuso.
“Este es un gran paso adelante en la lucha contra el ciclo de la adicción en México”, dijo Raúl Martín del Campo, director de la oficina de Atención y Tratamiento de Conadic. “Estamos tratando de mirar a los factores asociados con el abuso de sustancias y de llegar a los más frecuentemente afectados. La escala del programa en curso de tratamiento público no tiene precedente en México.
“¿Podría hacerse más? Absolutamente. Pero este es un nuevo enfoque por parte del Estado mexicano que se espera se expanda en futuras administraciones para seguir transformando vidas”.
Jorge Hernández Tinajero, experto en política de drogas en México, cree que las autoridades apenas han comenzado a reconocer la importancia de una política integral para hacer frente a las adicciones.
“Lo más preocupante es que el problema es todavía profundamente incomprendido”, dijo Hernández. “Todavía hay un gran estigma asociado con el abuso de drogas y con las adicciones, en términos más generales, y el resultado ha sido la falta de una política pública efectiva.”
Para los que son como Ricardo Sánchez, cuyos bajos ingresos e ingenuidad por parte de su familia lo llevó en las garras de los dueños de las clínicas privadas sin escrúpulos, el problema de la adicción es uno que sin duda merece más atención por parte de las autoridades.
“Desde mi propia experiencia, espero que se haga algo para tratar el tema,” dijo Sánchez, quien ha estado limpio y sobrio durante dos años. “Nadie está pidiendo un pase libre; el adicto tiene que poner el esfuerzo también, pero algo se tiene que hacer para crear conciencia y evitar que los oportunistas abusen de la situación. Este es un tema que afecta a todos los mexicanos en el largo plazo”.
Texto original
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/DAILY POST.
AUTOR: PAUL IMISON.
La secretaría de Salud minimizó la resolución de la SCJN y señaló que la decisión a favor del amparo de cuatro personas para consumir la hierba no es la legalización de la mariguana en el país.
El presidente Enrique Peña Nieto declaró que su gobierno acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso lúdico de la mariguana, informó La Jornada.
Aclaró, sin embargo, que esta medida no significa legalizar la comercialización de este enervante ni eliminar la persecución del trasiego del mismo.
A su regreso de Los Cabos, Baja California, Peña Nieto declaró en el hangar presidencial que la medida de los ministros abre un amplio debate sobre las consecuencias negativas o no del consumo de la mariguana, y dijo que la Presidencia hará un detallado análisis del fallo para pronunciarse ampliamente.
Secretaría de Salud
La secretaria de Salud del Gobierno Federal, Mercedes Juan López, aseguró que el hecho de que se haya aprobado a cuatro personas el amparo para el cultivo y autoconsumo de la mariguana no significa que esto sea una legalización.
Durante su participación en el Décimo Séptimo Congreso Internacional en Adicciones: Evidencias para el Desarrollo de Nuevas Políticas Públicas, señaló que la decisión de la SCJN a favor del amparo de cuatro personas no es la legalización de la mariguana en el país, ni tampoco la autorización para producir y comercializar este producto.
Abundó que la Secretaría de Salud será respetuosa del fallo de la Suprema Corte, “aunque nuestros enfoques son diferentes”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR:
Los obispos recordaron que la atención a las víctimas de la violencia es fundamental para la construcción de la paz; dicha atención también es medida preventiva porque “ser víctima es la ruta más corta para ser victimario”.
Los obispos de Guerrero consideraron necesario crear una “gran plataforma social” para la reconstrucción del tejido social con una agenda común entre gobierno, Estado, iglesias e instituciones y organismos, privilegiando la palabra como herramienta social y política con el fin de trasformar la realidad social del estado; e indicaron que el diálogo sea, incluso, con los delincuentes.
De acuerdo con el diario El Sur, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, señaló que los que delinquen también son parte de la sociedad.
“La palabra es el instrumento privilegiado de las autoridades para relacionarse con sus ciudadanos, y la ciudadanía también son los que son delincuentes, las implicaciones pueden ser muchas, si te detienes a profundizar en la expresión que está ahí”, expuso.
El arzobispo leyó un comunicado de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, titulado “Compromiso por Guerrero y con la Paz”, en el que manifiestan que el cambio de gobierno en el estado abre “la gran esperanza” para reemprender la ruta que conduzca a una vida “digna, justa y en paz”.
Expusieron que el nuevo gobierno, encabezado por Héctor Astudillo, inicia en “medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos”, pues Guerrero es el estado más violento del país, y “esta grave situación ha llevado a la polarización, la confrontación, la marginación, la desesperanza e incluso a buscar justicia por propia mano”.
Ante la “grave” situación, los obispos urgen elaborar un plan de desarrollo integral y sustentable para el estado.
“Urge una gran plataforma social que, superando las agendas particulares, nos plantee una agenda común para el bienestar y desarrollo de los y las guerrerenses”, expone el comunicado.
Además, los obispos enfatizaron que se requiere un gobierno sensible al dolor de las víctimas del crimen organizado.
“La sugerencia específica es que formulemos los mecanismos legales e institucionales que permitan acompañar de forma integral a las víctimas, para brindarles la oportunidad de reintegrarse a la vida comunitaria en mejores condiciones posibles, buscando que desde un enfoque jurídico en derechos humanos, puedan acceder a la justicia y a la reparación del daño”, afirman.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Madrid: Cuatro periodistas y un activista de derechos humanos catalanes lanzaron públicamente una batería de 12 preguntas al nuevo cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, relacionadas con hechos graves sucedidos durante su gestión como gobernador de Veracruz (2004-2010), entre ellos el homicidio de periodistas, los ataques a migrantes en esa entidad, la desaparición de personas y su presunta vinculación en actividades ilegales.
Tres cuestionamientos más fueron dirigidos este miércoles al gobierno del presidente Mariano Rajoy, para que responda por qué no vio impedimentos para otorgar la autorización definitiva para que Herrera Beltrán ocupara ese consulado en representación de México, tal y como fue la postura oficial respondida a una pregunta de ‘El Periódico’ de Cataluña.
Éstas últimas preguntas fueron leídas por David Bondia, presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, quien preguntó al gobierno de Rajoy: “¿por qué el gobierno de España no vio ‘impedimentos’ en el nombramiento de Fidel Herrera como cónsul en Barcelona? ¿Cuál fue la información que tuvo el ministerio (de Asuntos Exteriores y Cooperación) para dar esta autorización diplomática? Entre esa información ¿se cuenta con las declaraciones de testigos que lo señalan como presuntamente involucrado en actividades ilegales?
En estos cuestionamientos se plantea lo expuesto en un reportaje presentado por Proceso en su edición que circula esta semana (2035), en la que el abogado Gonzalo Boyé, especializado en temas de derechos humanos, cuestiona que una labor mínima de los órganos de inteligencia españoles pudieron haber tenido un perfil claro del nuevo cónsul por las declaraciones judiciales en Estados Unidos, donde se le señala de supuestamente haber recibido 12 millones de dólares procedentes del narco para su campaña política.
La periodista Natza Farré primero se refirió a los nueve periodistas y trabajadores de la información asesinados en Veracruz durante el sexenio de Herrera, y le cuestionó: ¿Qué resultados dieron las investigaciones por los asesinatos y/o desapariciones de los periodistas y trabajadores de la información mientras el cónsul de Barcelona fue gobernador de Veracruz? ¿Qué hizo para investigar esos casos? ¿Por qué se blindó por 12 años la información del gasto en comunicación social de los seis años de su gobierno?
El periodista y diputado de Candidatura de Unidad Popular, David Fernández, cuestionó a Herrera sobre qué hizo su gobierno para buscar a 134 personas desaparecidas en Veracruz, registradas por el activista Alberto Escrocia. ¿Qué trato y propuesta de colaboración recibieron sus familiares de parte de las autoridades estatales? ¿Qué recursos, medios, instituciones y funcionarios se utilizaron para facilitar la vida y la búsqueda de las víctimas de manera efectiva? ¿Se ha logrado identificar el paradero de todas esas personas, las causas de su desaparición y posible muerte’ ¿Ha habido juicios al respecto?
A través de un video, Marc Marginedas, periodista especializado en la cobertura de conflictos bélicos, dio a conocer el contexto de los ataques que sufren algunos medios de comunicación, como los sitios de internet de Aristegui Noticias y Sinembargo, junto con otros medios de Tamaulipas y Veracruz. Y refirió la investigación policial publicada por Sinembargo sobre los vínculos de Herrera con una organización dedicada a limpiar información incómoda para los políticos y a hostigar y ‘trolear’ a los medios que publican esa información.
Y le preguntó Herrera: ¿Cuál es la relación del nuevo cónsul de Barcelona con Juan Carlos Zaragoza Ríos, el hombre acusado de acosar a periodistas para ‘limpiar’ la imagen de los políticos? ¿Utilizó recursos públicos para ello? ¿Qué podría aportar el hecho de que este exempleado de Televisa esté siendo procesado en la fiscalía de delitos contra la libertad de expresión?
En el caso de Jordi Évole, el periodista y presentador del programa televisivo ‘Salvados’, hizo referencia al informe especial sobre casos de secuestro contra migrantes de la CNDH (junio 2009), que señalaba que la entidad entonces gobernada por Fidel Herrera ocupaba el primer lugar en secuestros de indocumentados.
¿Qué ocurrió para que Veracruz se convirtiera en el estado más peligroso para los migrantes centroamericanos durante el gobierno de Fidel Herrera? ¿Tomó alguna medida su gobierno para paliar la situación? ¿Por qué durante su mandato hubo una persecución tan intensa contra los defensores de los derechos humanos de los migrantes?, preguntó.
Durante la conferencia de prensa posterior a los cuestionamientos, la representante de una de las organizaciones convocantes, Nuestra Aparente Rendición, Lolita Bosch, respondió a una pregunta señalando que la pretensión de esta conferencia era que los cuatro periodistas con el perfil de los participantes hablaran por los periodistas de México.
Añadió que si el cónsul Fidel Herrera “quiere hablar con nosotros y responder con todo respeto, en un acto público, nosotros nos sentaremos a hablar con él para que responda a los cuestionamientos”.
Expresó que no esperan una respuesta inmediata, pero si el cónsul está dispuesto sentarse a dialogar, “nosotros estamos dispuestos, porque la finalidad es parar las muertes, es una guerra muy dolorosa, muy trágica”.
Señaló que el malestar inicial que sintieron los mexicanos afincados en Cataluña por el nombramiento del nuevo cónsul, no tiene comparación con lo que se vive en México. “Nuestro malestar no es noticia, México es noticia”, dijo.
Sin embargo, algunos mexicanos participantes en el público sí expresaron su temor por la presencia de Herrera en Barcelona, y otros por posibles represalias contra familiares en México.
Los convocantes no quisieron adelantar si tenían hipótesis sobre el por qué del nombramiento de Herrera, pero dijeron que coincidía con que Barcelona sea una de las ciudades europeas más activas en la protesta hacia la guerra contra el narcotráfico en México.
Por su parte, Barcelona en Común, que participó en las últimas elecciones, emitió un comunicado en el que alude sobre la alarma causada entre la comunidad mexicana afincada aquí, en una ciudad de acogida para las personas que ven violados en México sus derechos humanos y su libertad de expresión.
Lanza, asimismo, un cuestionamiento sobre la decisión de las autoridades competentes por aceptar el nombramiento de Fidel Herrera, y pide que se expresen públicamente los motivos para esa aceptación.
En las redes sociales el evento fue seguido y muy comentado, incluso entre algunos que mostraron apoyo al cónsul Herrera, al que pidieron no “calumniar” y lo describen como “muy cercano”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
México, DF; 4 de noviembre: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó el consumo de la mariguana con fines recreativos en México para cuatro personas que se ampararon en contra de la prohibición estipulada en la Ley General de Salud.
La Primera Sala del máximo tribunal emitió su sentencia en una votación de cuatro a uno en un debate que colocó a los ministros mexicanos en la tendencia internacional de despenalizar el consumo de la droga extraída de la planta conocida como cannabis.
Después de una batalla legal de dos años, Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruis y Juan Francisco Torres Landa Ruffo obtuvieron el amparo que les permite consumir mariguana con “fines lúdicos”; es decir, sembrar la hierba para consumo personal y no de comercialización.
El amparo también fue firmado por la organización civil Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) con el propósito de que todos sus integrantes se beneficiaran del recurso, pero los ministros sólo ampararon a las cuatro personas firmantes.
La protección de la justicia federal fue propuesta por el ministro Arturo Zaldívar, quien obtuvo el respaldo del ministro José Ramón Cossío, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra saliente Olga Sánchez Cordero. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se quedó solo en la votación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
El estudio de la OCDE dice que en México no son tan frecuentes, como en otras partes del mundo desarrollado, comportamientos dañinos como el tabaquismo o el consumo de alcohol. Pero la mala alimentación y su corolario, la obesidad, pesan en numerosos problemas.
México es, con 74.6 años, el único país de la OCDE que no ha superado el listón de los 75 años de esperanza de vida y es también donde más lentamente ha avanzado ésta desde comienzos de siglo.
Según un estudio publicado hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comportamientos perjudiciales para la salud como la mala alimentación o la altísima tasa de obesidad figuran entre las primeras razones que explican la mediocre progresión de la esperanza de vida en México.
En concreto, el incremento fue de 1.1 años entre 2000 y 2013, cuando en ese mismo periodo el aumento de la mayoría de los 34 Estados miembros de la organización fue de más de tres años, hasta una media de 80.5 años.
En México no son tan frecuentes como en otras partes del mundo desarrollado comportamientos dañinos como el tabaquismo o el consumo de alcohol, pero la mala alimentación y su corolario, la obesidad, pesan en numerosos problemas, desde la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o las afecciones respiratorias.
Un 32.4 por ciento de los mexicanos adultos son obesos, una cifra que sólo superan los estadounidenses (35.3 por ciento), que queda muy lejos del 19 %por ciento de media en la OCDE y a años luz del 4.7 por ciento de los surcoreanos y del 3.7 por ciento de los japoneses.
Pero por si fuera poco, México se ha significado por su trepidante tendencia al empeoramiento: entre 2000 y 2013 esa tasa de obesidad se incrementó en 8 puntos porcentuales, algo que sólo ocurrió durante ese periodo en Australia (allí pasó del 20 al 28 por ciento) mientras en los 34 Estados miembros en conjunto subió en tres puntos.
En el caso del sobrepeso infantil, afecta a más del 37 por ciento de los niños mexicanos y a alrededor del 32 por ciento de las niñas.
México se desmarca de la inmensa mayoría de los Estados de la OCDE por su falta de avances desde 1990 en la reducción de la mortalidad por paro cardíaco, que se mantiene a un nivel elevado (140 decesos por cada 100 mil habitantes, frente a una media de 117).
Las cifras de México son particularmente malas en mortalidad por accidentes de transporte, con más de 17 muertos anuales por cada 100 mil habitantes (casi 30 en el caso de los hombres), frente a una media en torno a los 7 en la OCDE, y por debajo de 4 en Reino Unido, Suecia o Dinamarca.
Tampoco son buenas las referidas a la mortalidad infantil, donde vuelve a ser, con diferencia, el farolillo rojo con 13 fallecimientos de menores de un año por cada mil nacimientos (el segundo peor es Turquía con 10.2), frente a los 3.8 de media en la Organización y menos de 2 en Finlandia (1.7), Eslovenia (1.7) e Islandia (1.3).
México destaca en el lado positivo por la mortalidad por cáncer, con una tasa inferior a los 125 decesos por cada 100 mil habitantes, cuando ningún otro país está por debajo de los 150, la media es superior a los 200 y tanto Eslovenia como Hungría superan los 250.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2015/1539812
MÉXICO, D.F: Una operación trinacional entre Panamá, Colombia y México iniciada hace 18 meses, descubrió que Joaquín “El Chapo” Guzmán mantuvo una red financiera del cártel del Pacífico que operaba en Panamá, en coordinación con el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Rodolfo Aguilera, ministro panameño de Seguridad, y el comisionado Omar Pinzón, jefe de la Policía Nacional de Panamá, revelaron a periodistas que su país trabajó durante 18 meses “en conjunto” con México y Colombia para desbaratar esta red, según informó la Agencia Efe.
Sin identificar a los presuntos responsables, Pinzón refirió que una pareja de mexicanos actuó en Panamá como enlace de “El Chapo” con representantes del frente de las FARC, que eran de nacionalidad panameña.
Las autoridades panameñas, dijo, están pidiendo a México la extradición de los dos mexicano para ser procesados por los presuntos delitos que cometieron en Panamá.
De acuerdo con el jefe de la Policía panameña, la operación trinacional contra el cártel del Pacífico derivó en el decomiso de más de media tonelada de cocaína, vehículos y otras propiedades y artículos, así como en la detención de unas 50 personas entre los tres países, aunque no precisó fechas.
Sobre la operación trinacional, el ministro Aguilera confirmó que el “trabajo conjunto” con las fuerzas policiales mexicanas y colombianas permitió “desarticular una banda que se comprobó era dirigida por ‘El Chapo’ Guzmán” desde Sinaloa.
En julio pasado, luego de poco más de un año de permanecer preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, El Chapo se fugó por segunda vez en su carrera delictiva y desde entonces es buscado en el norte del país y se sigue su huella en otros países.
En una ocasión medios locales de Panamá señalaron que el capo ha visitado al menos dos veces ese país, sin embargo, preguntado sobre el particular, el presidente panameño afirmó que eso no es cierto y que de haber sido así ya estaría informado.
“Cada media hora recibo un informe de seguridad y eso no ha sido reportado”, afirmó el mandatario este miércoles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fue una carnicería el ataque perpetrado ayer en Antón Lizardo, donde cuatro personas fueron masacradas por un presunto convoy de civiles a bordo de unos seis vehículos de motor, se menciona con insistencia en redes sociales.
Según versiones extraoficiales que circulan en las redes sociales, la balacera ocurrió en una obra en desarrollo propiedad del empresario transportista Alfonso Enríquez Bousart, y en cuyo lugar cuatro personas fueron acribilladas, entre escoltas y albañiles.
Según usuarios de las redes, probablemente el convoy iría por el connotado hombre de negocios, quien resultó lesionado.
Como ya se informó, entre los fallecidos se encuentra el delegado de Tránsito con sede en Córdoba, Miguel Angel Sarmiento Uribe un escolta del IPAX de nombre Aquilino Silva Mirón, y dos empleados de la construcción.
FUENTE: EL PIÑERO DE LA CUENCA.
AUTOR: CORRESPONSALÍS (DEL PIÑERO)
LINK: http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/policiaca/105487-2015-11-04-14-14-42
Banxico informó que ante el panorama global, se acortó la previsión de crecimiento del PIB a un rango de 1.9 y 2.4 , mientras que la inflación se mantuvo por debajo del 3 por ciento.
El Banco de México (Banxico) informó que durante el tercer trimestre de 2015, la economía mexicana creció a un ritmo moderado, y que ante el complicado panorama global, los mercados financieros nacionales se vieron afectados, entre ellos el país.
En ese contexto, el peso se depreció frente al dólar, mientras que las tasas de interés de los bonos gubernamentales mostraron disminuciones en sus diferentes plazos. Además se acortó la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a entre 1.9 y 2.4 –desde un 1.7 a 2.5 por ciento previo–, mientras que la inflación se mantuvo por debajo de 3 por ciento.
El Banco central explicó que dado que no se pueden descartar los episodios adicionales de turbulencia en los mercados internacionales, es fundamental conservar un marco macroeconómico sólido para mantener la confianza en la economía de México y proyectar los resultados de las reformas estructurales.
“Es preciso el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho, lo cual implica claramente un marco jurídico apropiado, pero sobre todo, su aplicación y cabal cumplimiento. Cabe resaltar que este fortalecimiento requiere también de un esfuerzo constante de la sociedad para que sus resultados se vean reflejados en un mayor crecimiento económico que redunde en un mayor bienestar para toda la población”, publicó en su Informe Trimestral Julio-Septiembre de 2015.
De acuerdo con Banxico, se prevé que en lo que resta de 2015 la economía mexicana continúe mostrando un dinamismo moderado, dadas las expectativas de un bajo crecimiento de la actividad industrial de Estados Unidos, una modesta expansión de la demanda interna y que los efectos de las reformas estructurales se reflejarán en una mayor competitividad sólo de manera gradual.
Banxico anticipó que el PIB crezca entre 1.9 y 2.4 por ciento, un intervalo menor al de 1.7 a 2.5 por ciento en el Informe trimestral previo. Sin embargo para 2017, se espera una mejoría más notoria en el sector industrial de Estados Unidos y un mayor impulso a la actividad económica derivado de la implementación de las reformas estructurales en el país, por lo que se prevé una expansión del PIB de entre 3 y 4 por ciento.
Para el siguiente año, se continúa anticipando una recuperación de la actividad económica ante la mejoría prevista de la producción industrial estadounidense para ese año de manera que el intervalo de pronóstico para la tasa de crecimiento del PIB de México se mantiene sin cambio respecto al Informe anterior entre 2.5 y 3.5 por ciento.
Por lo que se refiere a la inflación, se prevé que las general y subyacente anuales se ubiquen por debajo de 3 por ciento en lo que resta de 2015 y para 2016 se anticipa que ambas observarán un incremento, ubicándose en niveles cercanos a 3 por ciento, como reflejo del desvanecimiento del efecto de choques de oferta favorables que tuvieron lugar en 2015 y del impacto de la depreciación del tipo de cambio en los precios de algunos bienes, mas no de un deterioro generalizado de la dinámica de formación de precios.
No obstante, para 2017, se anticipa que se desvanezcan estos efectos y que las inflaciones general y subyacente registren una moderada tendencia a la baja, ubicándose más cerca de 3 por ciento a finales del año.
La institución anunció que la Junta de Gobierno se mantendrá atenta a la evolución de todos lo determinantes de la inflación y sus expectativas para horizontes de mediano y largo plazo, en particular a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos, al traspaso de movimientos del tipo de cambio a los precios del consumidor, así como a la evolución del grado de holgura en la economía. Esto con el fin de estar en posibilidad de tomar las medidas necesarias con toda flexibilidad y en el momento en que las condiciones lo requieran, para consolidar la convergencia de la inflación al objetivo de 3 por ciento.
Detalló que la demanda externo mantuvo un débil desempeño; en cuanto al gasto interno, la inversión mostró un menor dinamismo que en el segundo trimestre. Sin embargo, los indicadores del consumo privado exhibieron una tasa de expansión mayor que en el trimestre anterior.
En este contexto, persistieron condiciones de holgura en la economía, por lo que no se percibieron presiones sobre los precios en los principales mercados de insumos, ni sobre las cuentas externas.
Tomando en consideración el complejo entorno internacional y las perspectivas de que este prevalezca en el futuro, es crucial mantener un marco macroeconómico sólido en México, y para ello es necesario, además de ajustar la postura de política monetaria de ser necesario, concretar los esfuerzos recientemente planteados en el ámbito fiscal y continuar implementando adecuada y oportunamente las reformas estructurales.
“Lo anterior contribuirá a preservar un ambiente de confianza en torno a la economía mexicana, distinguiéndola de otras economías emergentes, de tal manera que el componente de riesgo país implícito en las tasas de interés permanezca en niveles bajos”, expuso Banxico.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2015/1540201
Puebla como Michoacán es una Tierra sin dios, donde los pueblos como Ajalpan hacen justicia por su mano propia. Ya no tarda en que aparezcan grupos de autodefensas armados y que el crimen organizado controle gobiernos municipales, advirtió el periodista Jesús Lemus, quien ha sido desplazado de su estado natal por documentar los nexos de las autoridades con el narcotráfico.
En entrevista, con La Jornada de Oriente, comparó que en Puebla también ya se vive la usencia del gobierno estatal en sus comunidades, así como la creciente violencia y la pobreza extrema.
Señaló que estos factores están presentes en el estado, en Veracruz y Oaxaca, con las mismas características sociopolíticas.
El periodista michoacano esta en Puebla para promocionar su reciente libro Tierra sin dios, bajo la editorial Grijalbo, el cual será presentado este viernes 6 de noviembre a las 11 horas en el Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), ubicado en la calle 3 Oriente número 1611, en Analco.
Adelantó que Tierra sin dios es una radiografía del desgobierno de Michoacán que no tuvo cabida para su publicación en medios impresos.
En el libro, que es una continuidad de sus trabajos anteriores como Los Malditos, Lemus pone al descubierto los nexos de la corrupción de los gobiernos, que trabajan de la mano con células del crimen organizado hasta llegar a un “narco estado”.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES.
FECHA: 3 NOVIEMBRE 2015.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el permiso concedido por la dirección general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a la transnacional Monsanto para la producción de soya transgénica y ordenó a las autoridades que lleven a cabo una consulta con las comunidades indígenas de la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca antes de emitir una nueva autorización para la siembra del citado cultivo.
Sin entrar al fondo del asunto, es decir, sin analizar el impacto negativo que tendría la siembra de soya “genéticamente modificada” transgénica para los productores de miel del área referida, los ministros ordenaron a las autoridades que escuchen a las comunidades, tal y como lo establece la constitución y los tratados internacionales suscritos por México, cuando un proyecto productivo pueda afectar directamente a las comunidades indígenas.
Productores miel, encabezados por Angélica María Ek Canché, promovieron amparos en contra de Monsanto y de la dirección general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en los que plantearon que la Corte ordenara que dejaran de sembrarse 253 mil 500 hectáreas en cinco polígonos ubicados en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca, cuyos permisos fueron otorgados el 11 de mayo de 2012.
Sin embargo, la decisión de los ministros sólo contempla dejar sin efecto el permiso para que la autoridad convoque a la consulta a las comunidades afectadas; pero la autoridad mantiene la prerrogativa de conceder o negar la autorización para la siembra de soya transgénica
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
Peritos mexicanos y expertos argentinos iniciaron este miércoles 4 de noviembre la exhumación del cadáver de Julio César Mondragón, el joven asesinado y desollado la misma noche de 2014 en que fueron detenidos y desaparecidos sus 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Un estudio de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró que la primera autopsia realizada al cuerpo del joven tuvo inconsistencias y contradicciones, por lo cual recomendó exhumarlo para hacer un nuevo estudio.
Mondragón fue uno de los seis asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en Guerrero, aunque esas muertes quedaron en el olvido ante la magnitud de las 43 desapariciones forzosas de los estudiantes, cuyo destino todavía se desconoce.
El joven tenía 22 años cuando falleció, estaba casado y tenía una niña de dos meses en ese momento.
La autopsia original, realizada por la fiscalía estatal, señaló que el desollamiento se realizó con arma blanca pero en otra parte del mismo estudio lo atribuye a la fauna del lugar. La familia del joven consideró esta última posibilidad una “burla”.
En un reciente comunicado, los Mondragón denunciaron también que de las 13 fotografías a color del cadáver que hizo el perito de turno, sólo siete se integraron en el expediente y en blanco y negro.
La familia ha acusado a autoridades de los tres niveles de gobierno de “obstaculizar la investigación” y pidieron que en la exhumación estuvieran presentes los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha participado en el análisis de las pruebas encontradas tras la desaparición de los 43 estudiantes.
“Lo único que pedimos es la verdad”, dijo Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César, quien reconoció que tomar la decisión de exhumar el cadáver fue difícil porque implicaba volver a enfrentarse cara a cara con el horror que el joven vivió aquella noche.
El reporte de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el cuerpo de Mondragón tenía “visibles muestras de tortura”, sin embargo ese delito no se menciona en la investigación estatal.
La abogada de la familia, Sayuri Herrera, confió en que la nueva autopsia deje constancia clara de que Julio César fue torturado.
Además, la familia y su abogada esperan que si se confirma la tortura, la Procuraduría General de la República atraerá el caso, como los expertos han recomendado por meses, ya que ese es un delito federal que debe investigarse de oficio.
De acuerdo con los expertos independientes, la noche del 26 de septiembre de 2014 policías locales vinculados con el crimen organizado lanzaron un ataque desproporcionado y coordinado contra alumnos de Ayotzinapa que habían llegado a esa ciudad, 200 kilómetros al sur de la capital, a tomar varios autobuses para ir a una manifestación.
Su informe dijo que todo ocurrió bajo la atenta mirada de las fuerzas federales y del ejército que no hicieron nada por ayudar a las víctimas. Además, el documento tumbó la versión oficial de que los 43 fueron calcinados en un basurero y constató obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y serias negligencias por parte de algunas autoridades.
El cadáver de Mondragón fue localizado por militares la mañana del 27 de septiembre tirado en una calle de Iguala. Las fotografías del cuerpo con el rostro arrancado fueron subidas a internet.
Las familias de las víctimas de Ayotzinapa sospechan que el ejército pudo estar involucrado por acción u omisión en los ataques contra los estudiantes, aunque hasta ahora lo único que se ha determinado es que fueron testigos de los hechos y no hicieron nada para evitarlo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
México, DF. Al cierre de octubre pasado, la reserva de divisas del país acumuló doce semanas de caída consecutiva para ubicarse, según la información más reciente del Banco de México, en 175 mil 565 millones de dólares.
La baja sólo durante el décimo mes del año fue de 4 mil 840 millones de dólares, pero a lo largo del periodo enero-octubre de 2015 se observa un desplome de 17 mil 674 millones de dólares, equivalente a 9 por ciento del monto con que cerró 2014, principalmente por la subasta de dólares para brindar al mercado de cambios del país la suficiente solvencia y estabilidad frente a la volatilidad financiera internacional. Este miércoles el Banco de México publicó en su cuenta de twitter: “la semana pasada se subastaron mil millones de dólares en cinco subastas sin precio mínimo y 200 millones de dólares en una subasta con precio mínimo”.
Hoy el banco central dio a conocer el más reciente reporte sobre la situación de la reserva internacional de divisas, la cual pasó de 180 mil 404 millones de dólares el 30 de septiembre pasado, a 175 mil 565 millones de la misma moneda al 30 de octubre.
“Al 30 de octubre pasado la reserva internacional fue de 175 mil 565 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de mil 413 millones de dólares y una reducción acumulada , respecto al cierre de 2014, de 17 mil 674 millones de dólares. La variación semanal en la reserva internacional fue resultado de: la compra de dólares del gobierno federal al Banco de México por 86 millones de dólares; una reducción de mil millones de dólares resultado de la asignación en las subastas diarias de dólares sin precio mínimo, así como de 200 millones de dólares correspondientes a las subastas diarias con precio mínimo conforme a los mecanismos autorizados por la Comisión de Cambios, y una reducción de 127 millones de dólares debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del instituto central”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército.
MÉXICO, D.F: El movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos.
Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).
La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales.
Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defensa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión.
Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan.
Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan.
El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar “las manzanas podridas” y, obedientes al mando, “aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos”, dice a Proceso un militar bajo proceso penal.
La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2035 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, DF: El sector patronal mostró su preocupación ante el “elevado” endeudamiento que plantea la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, el cual “significará un menor nivel de vida para todos los mexicanos”.
A menos de 15 días de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan Pablo Castañón señaló:
“Los legisladores tienen que considerar que los recursos obtenidos a través de mayor deuda se tienen que pagar en el futuro, con intereses, lo cual significará un menor nivel de vida para todos los mexicanos, si no son invertidos de manera correcta”.
De acuerdo con el organismo empresarial –y como lo adelantó Proceso en su edición 2035 que circula esta semana–, durante este año la deuda pública aumentó hasta el 45.5% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 33.9% del PIB en diciembre de 2012.
Además, según su mensaje semanal, la Coparmex estimó que la deuda pública será cercana a 48% del PIB para finales de 2016, lo que indica “un crecimiento relevante del monto y ritmo de crecimiento para un país de mediano desarrollo como lo es México”.
Si bien se anuncia que el déficit público será de solo 0.5% del PIB en el próximo año, los mercados se fijan más en los Requerimientos Financieros del Sector Público, que se plantea alcancen 3.5% del PIB en 2016.
La semana pasada el Congreso aprobó los Criterios Generales de Política Económica, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para 2016. Ésta última contempla ingresos totales y endeudamiento por 4 billones 764 mil millones de pesos.
Dicho presupuesto es el más grande de la historia del país y equivale a un incremento nominal de 3.3% en comparación con el estimado de 2015. Sin embargo, se plantea una disminución de la inversión pública en 21%, ante la caída de los ingresos petroleros.
Esos ingresos serán de 884 mil millones de pesos, con una disminución de 28.3% en términos reales, respecto al año anterior.
En tanto, los ingresos no petroleros, donde se incluyen los recursos que provienen de impuestos, así como ingresos de empresas del sector público, se elevarán a 3 billones 270 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 12.2% por arriba de la inflación.
“Esas cifras nos indican que la sociedad seguirá compensando con su propio bolsillo la caída en los ingresos petroleros, a través de una mayor recaudación, y de los precios de los distintos bienes y servicios que provee el sector público”, advirtió la Coparmex.
Luego, hizo un llamado para que el gobierno utilice estos recursos de la manera más eficiente, transparente y honesta. Y que se haga un gran esfuerzo para conformar el mejor entorno posible para fortalecer nuestra economía.
El presidente del organismo Juan Pablo Castañón agregó que es necesario corregir tendencias insostenibles como las que se observan este año. Por ejemplo, el elevado crecimiento del gasto en los Ramos Autónomos, de 17% real hasta septiembre pasado, así como en el Costo Financiero, que reporta un crecimiento de 22% por arriba de la inflación al mismo mes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: 3 DE NOVIEMBRE 2015.
XALAPA, Ver: El acto protocolario en el que autoridades federales y estatales signaron el convenio de “Alerta Temprana” para la protección de periodistas, fue interrumpido de forma abrupta cuando un fotoperiodista alzó una cartulina en la que exigía al gobierno de Javier Duarte reconocer que la alarma obedece a los 15 asesinatos de informadores ocurridos en los últimos 48 meses de gobierno.
Durante la firma del convenio entre el gobierno veracruzano y la Secretaría de Gobernación (Segob), empleados de Ayudantía del gobierno estatal arremetieron a empellones y rodillazos contra el fotoperiodista de Imagen del Golfo, Roger Martínez, cuando éste alzó su pancarta con la protesta.
Ante los silbidos, gritos y exigencia de libre manifestación, el gobernador Duarte ordenó a sus empleados soltar a Martínez para continuar con el acto protocolario.
Acto seguido, entre cámaras y grabadoras empezaron a surgir más periodistas que portaban cartulinas de protestas y fotografías de los reporteros asesinados en los últimos años. “Es una alerta, no convenio”, decía una de las cartulinas; “Alerta, por crímenes contra periodistas” decía otra.
En los carteles aparecieron fotografías de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y del fotoperiodista y colaborador de este semanario y de la revista Cuartoscuro, Rubén Espinosa, cuyos crímenes continúan en la impunidad.
De acuerdo con el convenio signado por una veintena de autoridades federales y estatales, con la “Alerta Temprana” el gobierno de Veracruz, auxiliado por la federación, establecerá medidas de prevención, protección, garantías a la libertad de expresión y políticas públicas para garantizar el ejercicio del periodismo crítico en la entidad.
El sistema de alerta temprana y de reacción inmediata que se ejecutará en Veracruz contará con el apoyo de la Fiscalía General del estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), resumió el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Segob, Roberto Campa Cifrián. La CEAPP es un órgano integrado por periodistas subordinados a Duarte.
Lejos de generar certidumbre entre los periodistas, los mecanismos de operación de la “Alerta Temprana” incomodaron a reporteros veracruzanos que en redes sociales y en grupos de WhatsApp expusieron que la logística de protección a periodistas a cargo de la CEAPP y de la SSP sería como poner a dialogar a secuestradores con víctimas o “dejar la cueva de Ali Baba en manos de los 40 ladrones”.
Durante el acto, Campa Cifrián destacó que esta es una “nueva etapa” en la que se busca garantizar el respeto al libre ejercicio periodístico. Dijo que hay disposición del gobierno del estado de que cada organismo asuma sus responsabilidades y tareas.
“Hay acciones específicas, entre ellas, el respeto y derecho a la libertad de expresión; establecer un mapa de riesgo; un conjunto de acciones relativas a la seguridad; un seguimiento a las investigaciones ministeriales pendientes por el asesinato de periodistas; medidas de reacción inmediata cuando haya agresión a periodistas; una visión integral del conflicto y fortalecer a las instituciones”, enumeró Campa.
La protesta de una parte de los reporteros molestó a las integrantes de CEAPP, al titular de la SSP estatal, Arturo Bermúdez, y al propio Duarte, pues fue la primera manifestación pública frente a instancias federales en lo que va del sexenio.
Durante la firma del convenio Javier Duarte afirmó que su administración y la procuración de justicia “no son omisos” a los “lamentables” asesinatos que han ocurrido en Veracruz: “Nos duelen como sociedad”, dijo.
Insistió en que la firma de este convenio tendrá que “robustecer” los mecanismos de protección y los protocolos de alerta, cuando algún periodista se encuentre en riesgo. “No queremos que nuestros periodistas recurran a la autocensura”, sostuvo el priista.
El mandatario precisó que la vigilancia, protección de periodistas y defensores recaerá en los “organismos autónomos” –la CEAPP y Fiscalía General del Estado– que serán los garantes de que el protocolo de “Alerta Temprana” se cumpla.
En su intervención, el fiscal general del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo, refirió que “si no hay impunidad” en la agresión a comunicadores en la entidad, no habrá repetición del agravio.
Tras el acto protocolario y la protesta de periodistas, el mandatario priista y el titular de la SSP estatal se abstuvieron de asistir a la rueda de prensa programada.
Los integrantes de la CEAPP y el fiscal general sí acudieron al encuentro con la prensa aunque no circularon el “reglamento” y las “acciones específicas” que protegerán a los periodistas de Veracruz y prometieron subirlo en horas siguientes a las redes sociales.
En la rueda de prensa, Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, recordó que desde el 10 de septiembre pasado fue solicitada una “alerta institucional” de protección a periodistas al gobierno federal y que ésta se instauró por petición gremial y no por voluntad del gobierno de Veracruz.
“La muerte de los periodistas no se negocia, se defiende la justicia, en Veracruz sí hay impunidad, no es una campaña de linchamiento en contra del gobernador Javier Duarte, es un reclamo legal y legítimo, por los compañeros asesinados en este sexenio”, expresó Trujillo.
Ahora, dijo, la Segob ya está consciente de la gravedad del conflicto: “Es un jalón de orejas al gobierno del estado”, afirmó.
Sin embargo, entre las peticiones que hizo el gremio de periodistas veracruzanos quedó fuera la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación.
En la rueda de prensa, reporteros reprocharon al fiscal que continúan en la impunidad el asesinato de Regina Martínez, el “levantón” y homicidio del editor de La Unión, Moisés Sánchez, así como la desaparición desde hace cuatro años del reportero del Diario de Acayucan, Gabriel Fonseca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
FECHA: 3 NOVIEMBRE 2015.
Aunque cuatro integrantes de la CNTE fueron detenidos la semana pasada y existen más órdenes de aprehensión contra los líderes de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, la disidencia magisterial asegura que continuarán con sus movilizaciones en las próximas semanas.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará un “boicot” a las evaluaciones docentes que se aplicarán a partir del próximo 14 de noviembre en todo el país, como parte de su plan de acción contra la reforma educativa.
Aunque cuatro integrantes de la CNTE fueron detenidos la semana pasada y existen más órdenes de aprehensión contra los líderes de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, la disidencia magisterial asegura que continuarán con sus movilizaciones en las próximas semanas.
Dirigentes magisteriales consultados por Animal Político aseguran que las acciones judiciales no los amedrentan porque siempre han tenido integrantes detenidos; tampoco se sienten debilitados porque esta “represión” enoja más a sus agremiados y provoca unión de fuerzas, aseguró Ramos Reyes, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
La disidencia magisterial prepara un plan de acción que se definirá el 8 de noviembre, cuando los secretarios generales y representantes de las secciones de la CNTE realicen la asamblea nacional ampliada.
Sin embargo, una de las acciones ya acordadas es el “boicot” a las evaluaciones que se aplicarán por primera vez a los maestros que están en las aulas, como lo establece la Ley del Servicio Profesional Docente. Pero, de impedirlo, traería consecuencias directas a los profesores.
A partir de la reforma educativa, el Legislativo aprobó e que todos los maestros sean evaluados para ingresar, permanecer y ascender en el sistema educativo. El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) es el organismo encargado de diseñar y aplicar dichos exámenes.
Después de la aprobación de la reforma educativa en 2012, este es el primer año en que los maestros en activo deberán presentar una evaluación que consiste en un examen de conocimientos y competencias didácticas; un reporte de planeación didáctica argumentada y un examen complementario de inglés.
Los docentes que reprueben la evaluación recibirán capacitación y podrán presentar los exámenes hasta dos veces más. En caso de no aprobar, serán despedidos, según marca la Ley.
Juan Melchor, integrante de la dirección política nacional de la CNTE, explicó que al menos Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas definirá el mecanismo de acción para impedir la aplicación de los exámenes.
Buscarán bloquear las entradas a las sedes de los exámenes, ignorando la amenaza del secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien advirtió el despido para aquellos profesores que no presenten las evaluaciones.
Este miércoles 4 de noviembre, la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación, integrada por sindicatos de Estados Unidos, Canadá y México, donde se encuentra la CNTE, entregará una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que resuelva el conflicto social sin “coacción”.
“¿Por qué un gobierno tiene que encarcelar a sus docentes, reprimir un movimiento y estar amenazando constantemente para aplicar una reforma?”, reclama Juan Melchor.
Más detenciones, cero interlocución
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que existen órdenes de aprehensión contra normalistas y dirigentes de la CNTE en ese estado, con base en investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen).
Ramos Reyes, secretario general de la CETEG, reconoció que también existen órdenes de aprehensión contra dirigentes de la disidencia en Guerrero, por lo que ha buscado una reunión con la Procuraduría de la entidad, pero no lo ha conseguido.
De concretarse las amenazas de aprehensión, el gobierno federal golpearía a los tres bastiones de la CNTE (Oaxaca, Michoacán y Guerrero) que ganó capacidad de negociación frente al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, con quien sostuvo encuentros constantes y cedió a sus demandas en los últimos dos años.
Sin embargo, desde el 5 de junio, dos días antes de la elecciones, la CNTE no ha reanudado interlocución con los gobiernos estatales ni con la Federación. Desde ese encuentro, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les advirtió sobre las órdenes de aprehensión. Pero los maestros respondieron con movilizaciones en Guerrero, Michoacán y Oaxaca durante la jornada electoral.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Llegan a Morelia, la capital de la entidad, 300 elementos de la división de Gendarmería de la Policía Federal.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aceptó que en Michoacán actúan todavía alrededor de 12 células criminales de la organización de Los Caballeros Templarios.
Ayer (Lunes), en una reunión con medios de comunicación dijo que tras la supuesta desarticulación del cártel delictivo en esa entidad continuaban esos 12 subgrupos operando.
La información ofrecida por el gobernador del estado difiere con la de la Procuraduría General de la República (PGR) que oficialmente reconoce la operación de dos células delictivas de esa organización en la entidad.
Apenas este año la PGR ubicó que el cártel se dividió en dos células, pues en la versión de 2014 del mapa delictivo se apreciaba que la organización operaba en nueve estados de la República y carecía de subgrupos.
En la última versión tiene dos células, ambas en la región de Tierra Caliente. Una conocida como la célula de Los Tena, controlada por Fernando Cruz Mendoza “El Tena” con operación en Aquila, Coahuayana y Coalcomán, y una más encabezada por Homero González Rodríguez o Gonzalo González, apodado “El Gallito”, con operación en Tumbiscatío y Apatzingán.
Recibe a Gendarmería
El gobernador del estado recibió ayer a 300 elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal que se establecerán en la capital michoacana.
“Es un reto mayúsculo pero estoy seguro que lo vamos a lograr con el apoyo pleno del gobierno federal, y en el especial de la Policía Federal, del gobierno municipal y por su puesto de la mano de los ciudadanos”, externó.
En tanto, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo, señaló que la División de Gendarmería que inicia operaciones en Morelia en el marco del Plan de Fortalecimiento en materia de seguridad para Michoacán dijo que el concepto de Gendarmería nace precisamente en esta entidad hace más de dos años, y sus integrantes cuentan con diferentes capacidades policiales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
