VERACRUZ, Ver: La ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado, obra transexenal proyectada para concluirse en 2030, ha empezado a tambalearse.
A dos años de que se anunció como la infraestructura más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto –solo detrás de la ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez–, ya cambió su esquema de financiamiento e inversión.
Además hay opacidad en las acciones de obra ya desarrolladas y por efectuar, así como en los cambios económicos por fraguarse. Y, peor aún, en la propia Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) desconocen la manera en que impactará la caída de los precios internacionales del petróleo y los recortes al paquete económico de 2016.
Pero si bien el proceso de construcción de las posiciones de atraque está en la incertidumbre, la edificación de la base para el rompeolas poniente continúa y se hace en total desaseo, sin respetar normas ambientales.
Así, por ejemplo, las piedras que se “siembran” en la “base de la coraza” del rompeolas no “están lavadas”; la membrana de protección (una enorme red tendida a mar abierto) para reducir contaminantes y residuos al sistema de arrecifes no ha sido cerrada, por lo que el flujo de residuos a las aguas del Golfo de México es constante; la propia membrana amarilla de protección está rota en algunas partes, y a pocos metros de distancia el agua salada se ve completamente turbia.
Y el colmo: el día en que los enviados del semanario Proceso recorrieron los avances de la obra junto con activistas sociales y ambientalistas que se oponen a la ampliación del puerto, porque causaría daños irreversibles al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), ningún investigador de la Universidad Veracruzana (UV), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) supervisaba que los empleados de esas empresas hicieran los trabajos de maquinaria pesada respetando normas ambientales.
En diciembre de 2014, la Procuraduría de Medio Ambiente Estatal (PMA) ordenó detener los trabajos iniciales de ampliación del puerto, después de que durante las excavaciones realizadas se encontraron “residuos sólidos urbanos” (basura enterrada).
La construcción del muro de contención de más de cuatro kilómetros fue adjudicada a las empresas Estructuras de Veracruz SA de CV, Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, y Conseer SA de CV, según lo confirmó a reporteros el ingeniero de obras de Apiver, Francisco Leaño, quien destacó que esta acción inicial tendrá un costo de casi 247 millones de pesos más IVA.
Los residuos sólidos que desembocan al mar y la membrana rota contrastan con las promesas del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Genaro Ruiz Esparza.
Cuando arrancó la obra, el funcionario federal presumió que el de Veracruz se convertiría en “un puerto de clase mundial, de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de respeto a la ecología. Eso queremos y va a ser el orgullo del puerto de Veracruz para los veracruzanos”, subrayó.
Calado demoledor…
Para que en los puntos de atraque puedan entrar buques de gran calado deberán excavarse 20 y hasta 25 metros por debajo del muelle con el fin de despejar el acceso de las embarcaciones, dice el buzo profesional y activista ambiental Manuel Victoria Muguira.
Eso, agrega, será una “masacre”, pues un navío que arribe en línea recta necesariamente deberá pasar por arrecifes como Punta Gorda y Bahía de Vergara, arrasando con lo que encuentre por encima de esos 20.25 metros de superficie. Incluso advierte que podría haber afectaciones en la poligonal protegida del Sistema Arrecifal Veracruzano.
“Estamos hablando de que el sistema coralino de Veracruz es el tercer arrecife de coral más importante del mundo. No me digan que una obra de esas dimensiones, una vez instalado su estacionamiento portuario, va a respetar cuidadosamente normas ambientales”.
Y puntualiza que estas zonas rocallosas son ricas en biodiversidad de zooplancton y fitoplancton, dado que hay una variedad importante de corales, erizos, tortugas lora y verde, así como peces damisela, payasito, tijerilla, cirujano, perro cubano y charal elegante, entre otros.
Leonardo Ortiz, ambientalista e investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías adscrito a la UV, otro de los opositores al proyecto de ampliación del puerto, asegura que el “megaproyecto” se planeó sin un estudio económico, de mercado, ambiental y social, para determinar si realmente Veracruz y el Golfo de México requieren de esta infraestructura.
“¿Dónde está el estudio? ¿Quién lo avaló? ¿A quién se lo enseñaron?”, pregunta. Más bien pareciera que no tenían en qué invertir el dinero y decidieron ampliar el puerto, apunta.
“Hablan de competir con otros puertos internacionales, pero no se puede competir con Houston o con Panamá en condiciones totalmente distintas”, expresa.
Una vez que el “súper puerto” esté concluido, “si lo concluyen”, sería bueno ver el movimiento-incremento que por tonelaje diario tenga el renovado recinto portuario, dice.
“En diez metros hay vida arrecifal, especies riquísimas que van a ser arrastradas, aniquiladas por la industria y el progreso”, sostienen Muguira y Ortiz, luego de snorkelear con los enviados de Proceso en la zona de arrecifes amenazadas.
Y destacan que una de las mayores preocupaciones por la construcción de la colosal obra son los sedimentos en los arrecifes de Anegada de Adentro y de La Gallerita, que además –subrayan– podrían colapsar.
“Ni la Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboraron estudios de impacto ambiental, de la viabilidad del proyecto o algún tipo de estudio para justificar y avalar los trabajos ya hechos”, lamenta Ortiz.
Y señala que varios pescadores y activistas del Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, quienes incluso interpusieron un amparo ante la justicia federal, ya se echaron para atrás en la defensa del territorio, algunos por interés económicos y otros por presiones gubernamentales o laborales.
“Son empleos”
Aunque muy pocas veces se ha pronunciado al respecto, el gobernador Javier Duarte ha mostrado un gran interés por la ampliación del puerto. El priista ha dicho que no hay “magnitud ni antecedente” de infraestructura similar al megaproyecto, salvo en tiempos de Porfirio Díaz.
“Necesitamos esa inversión. La mayor obra en toda la historia de Veracruz era la construcción del propio recinto portuario con Porfirio Díaz. El megaproyecto de ahora es ampliar tres veces más ese puerto, lo necesitamos. Ahora el puerto de Houston nos está comiendo”, justificó Duarte en una de sus conferencias de prenmsa realizadas cada lunes en Palacio de Gobierno.
Según el mandatario estatal, el proyecto es “sustentable” porque los barcos de gran calado, dijo, no pueden atracar en Veracruz y “se pierden empleos”, inversiones y desarrollo económico. “Son empleos para ustedes, para nosotros, para los veracruzanos”, subrayó.
Con dicha declaración, el priista también justificó la extracción de dos millones y medio de toneladas de piedra basáltica para construir el inmenso rompeolas, material que será extraído de la reserva natural protegida de los Tuxtlas, en la comunidad de Balzapote.
Está acción ya originó la irritación de lugareños en esa región, quienes crearon el movimiento civil “La Roca No Se Toca”, apelando a que dichos cerros de material basáltico sirven como muros de contención para fenómenos meteorológicos y también son ricos en fauna y biodiversidad.
Opacidad
El presidente Enrique Peña Nieto presumió el proyecto original como una infraestructura que generará 140 mil empleos (100 mil indirectos), con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos –39% de los gobiernos federal y estatal y 61% de la iniciativa privada–, y según estimaciones se desarrollaría en 13 años.
No obstante, al interior de Apiver algunos de sus directivos han admitido que la caída de los precios del petróleo, los recortes presupuestales y la subida estrepitosa del dólar, entre otros factores, han cambiado el esquema de financiamiento, y pudiera ser que hasta el proyecto original de la obra.
Durante más de un mes Proceso solicitó una entrevista con el director de Apiver, Ignacio Fernández Carvajal, pero luego de cuatro intentos por meter en agenda una cita, su jefe de prensa, Pedro Cruz, dijo al reportero: “El reportaje se tendrá que ir con la información que tengas… El jefe anda “ponchadito” (enfermo)”.
Ante tal respuesta se solicitaron copias del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la obra y del proyecto ejecutivo, así como de las acciones que se han realizado en el recinto portuario y los permisos solicitados, entre otros puntos, lo cual quedó asentado en la solicitud de información número 0918200005515.
Dos meses después, con la eventual solicitud de prórroga, Apiver contestó que la información solicitada sólo estaba “disponible con costo”, es decir, a cambio de un depósito bancario de 25 mil 476 pesos, más 106 pesos con cincuenta centavos por “costos de envío” por copias simples. Y si el solicitante deseaba una “copia certificada”, apuntó, debería desembolsar 866 mil pesos, más los 106 por gastos de paquetería, por concepto de un compilado de 50 mil 496 hojas.
“Son las reglas del juego… Así son los lineamientos del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), nosotros nos apegamos a ellos”, respondieron dos empleados de la Unidad de Enlace de Apiver cuando el reportero se apersonó en las instalaciones de la dependencia federal para solicitar que le entregaran la información en una memoria USB o en un disco con costo.
Leonardo Ortiz suelta una carcajada cuando se le comenta la experiencia con Apiver para acceder a la información. Según el investigador universitario, el también pidió datos similares en la plataforma Infomex, pero a cambio le exigieron un millón 106 mil 275 pesos (solicitud de información número 09182000011614).
Le dijeron que una vez depositada esa cantidad, Apiver le haría entrega de 58 mil 412 hojas relativas a la valoración económica de las medidas de mitigación y condicionantes del MIA, el programa de manejo ambiental para la ampliación del puerto de Veracruz, así como documentos alusivos al monitoreo de la flora y fauna del Sistema Arrecifal Veracruzano, entre otros documentos.
“Es obvio que te piden esas cantidades estratosféricas para desalentarte que puedas tener esa información. Ya estamos buscando otras vías de acceder a ello. Insistimos en que ellos (el gobierno) escogieron el peor lugar para ampliar el puerto”, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).
COLIMA, Col: Por unanimidad, el Congreso local ordenó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) realizar una “auditoría exhaustiva” a la administración del exgobernador priista Mario Anguiano Moreno.
En particular a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Administración y Finanzas con el propósito de investigar el presunto desvío de recursos y posibles actos de corrupción.
Ante la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado panista Nicolás Contreras Cortés, ningún legislador del PRI hizo uso de la voz para defender al exmandatario surgido de las filas de su partido, sino que por el contrario, todos respaldaron que se le investigue.
De acuerdo con Nicolás Contreras, actualmente el gobierno del estado se encuentra en una crisis financiera derivada de la mala administración de los recursos públicos realizada por el anterior gobernador y demás funcionarios de su administración.
“Ha sido tal el daño a la hacienda estatal que se han presentado grandes dificultades para el pago de las prestaciones a los maestros, con atrasos en las mismas, siendo que dichos gastos están debidamente clasificados y presupuestados en la ley correspondiente”, dijo.
Como elemento de prueba, el legislador panista ofreció parte de la transcripción de un video de una rueda de prensa ofrecida en agosto pasado por el entonces gobernador, en la que declara sobre el manejo de los recursos económicos en la Secretaría de Educación del Estado lo siguiente:
“Hay recursos que estaban presupuestados, pero que empezaron a meter más personal del que se podía cubrir, entonces cuando llegaba la nómina se tomaban los fondos que se disponía para pagarles y entonces empezaron a dejar de pagar algunos compromisos que se tienen”.
Asimismo, Anguiano admite que había muchos maestros comisionados, por lo que se contrataron maestros eventuales para cumplir la tarea que los titulares venían realizando, y se les empezó a pagar sin estar considerados en una base presupuestal.
“Cuando llegaba la nómina se utilizaba el dinero que había, dinero que era a veces para cubrir algunas prestaciones de los maestros que no urgían en ese momento, pero que después empiezan a urgir y ya no hay los fondos para poder hacerlo”, reconoció el exmandatario.
Otro de los elementos utilizados para sustentar las presuntas irregularidades es un informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se ofrecen resultados de la fiscalización del fondo educativo en el país, de 325 mil millones de pesos, en el que destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato.
También pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.
La ASF señaló que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.
Además de lo anterior, señaló Contreras, existen denuncias de docentes que acudieron a las aulas a impartir clases pero no han recibido su respectiva remuneración. Ellos refieren que al presentarse ante el sindicato o con el anterior Secretario de Educación, éstos les indicaban que no tenían nombramiento u oficio de asignación, por lo que ante el sistema no existían.
Refirió que si bien las declaraciones del exgobernador se limitan a la Secretaría de Educación, “la contundencia de las mismas, abonadas a otras situaciones vividas en nuestro estado, como el adeudo a los jubilados y pensionados, la suspensión de programas sociales por falta de recursos y las dificultades en el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, son signos inequívocos del desvío de recursos realizados en la administración anguianista, lo cual hace necesaria la intervención directa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización”.
En la misma sesión del Congreso, la diputada panista Julia Lizeth Jiménez Angulo, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, anunció el inicio de un juicio político contra el procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes, y el exsecretario de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco, por su intervención ilegal en la elección de gobernador anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la tribuna, la legisladora mencionó que con esto se atiende uno de los resolutivos de la sentencia del TEPJF, que dio vista al Congreso del estado para realizar la investigación correspondiente.
Días antes del final del sexenio de Mario Anguiano, Salazar Velasco renunció a la titularidad de la Sedescol, puesto en el que el gobernador interino, Ramón Pérez Díaz, nombró a Rubén Pérez Anguiano, exsecretario de Cultura.
Mientras tanto, a cuatro días de haber asumido el cargo, el mandatario no ha nombrado a un nuevo procurador de Justicia, por lo que Marcos Santana se mantiene en el puesto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
OAXACA, Oax: Con marchas, bloqueos, mítines y ayunos, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron la liberación de sus compañeros Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, detenidos el pasado 28 de octubre y recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Por la mañana, el comité ejecutivo convocó a un plantón y un ayuno de seis horas frente a los juzgados de Ixcotel, y a partir de las 4 de la tarde a una concentración masiva (fuera del horario de clases) y un bloqueo en el crucero de Símbolos Patrios.
Con cartulinas donde se leían consignas como: “Libertad a los presos políticos”, “Justicia”, “En México luchar por la verdad es un delito” y “Alto a la criminalización de la protesta social”, los inconformes anunciaron que iniciarían una huelga de hambre en respuesta al auto de formal prisión dictado al profesor Roberto Abel Jiménez García.
La representante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, Edith Santibáñez Bohórquez, señaló que este martes la juez primero de lo penal del fuero común del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión Jiménez García, conocido como ‘El Abuelo’.
“La juez Graciela Maldonado González nos sorprendió, porque sin respetar el debido proceso le dictó un auto de formal prisión al compañero, por lo que vamos a exigir su traslado a la penitenciaria de Oaxaca y solicitaremos al presidente del Tribunal Superior de Justicia libertad bajo caución”, puntualizó
Santibáñez Bohórquez comentó que en el proceso que se sigue a los detenidos hay distintos vicios, así como inconsistencias e irregularidades, como el no permitir que los detenidos tengan contacto con familiares y abogados.
Precisó que al menos el día de hoy no tendrán acompañamiento del cuerpo jurídico porque no lo ha permitido la autoridad federal, cuestión que violenta los derechos humanos de los detenidos.
Tanto el profesor Othón Nazariega Segura como Juan Carlos Orozco Matus, rindieron este miércoles su declaración y ya fueron asistidos por abogados de la Sección 22, mientras que la comparecencia de Efraín Picaso está programada para mañana.
Por separado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, manifestó que “las resistencias de quienes han querido secuestrar la marcha de la reforma educativa se superan con la coordinación eficaz y eficiente de las autoridades, y con respeto a la ley”.
Durante su participación en los trabajos del Mecanismo de Coordinación Regional Zona Sur-Sureste, anunció que se destinarán a esa zona 15 mil millones de pesos para construir y mejorar escuelas.
Ante los gobernadores de Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, el funcionario federal dijo que ante quienes se han negado a la reforma educativa, la respuesta es esta coordinación que busca establecer una agenda periódica para construir una nueva realidad y alcanzar educación de calidad.
A su vez, los gobernadores reiteraron su apoyo pleno a la reforma educativa y su implementación integral, y acordaron hacer cumplir la Constitución y las leyes que regulan la política de educación en el ámbito de sus atribuciones.
De igual manera, se comprometieron a impulsar los cambios y acciones necesarios para cumplir con la obligación de garantizar educación de calidad con equidad para niños y jóvenes.
En el acto, Nuño comentó que la coordinación entre las autoridades estatales y federales permitirá llevar a buen puerto la reforma educativa, y recordó que a través de los certificados de infraestructura escolar se tendrán 50 mil millones de pesos adicionales para atender los problemas de en las escuelas.
En este sentido, insistió que la Zona Sur-Sureste obtendrá 15 mil millones de pesos, y reiteró que pese a la situación económica complicada, no habrá recorte al presupuesto para educación, por lo que se prevé que el año próximo se cuente con 712 mil millones de pesos en la materia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, en una misiva dirigida a López Obrador, expresó el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.
El Gobierno del Distrito Federal solicitó el proyecto alterno del Nuevo Aeropuerto presentado ayer por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, envió una misiva dirigida a López Obrador, en la que le expresa el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.
“Como es de su conocimiento, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos ha instruido a desarrollar un amplio programa de participación, consulta e información a todos los ciudadanos y a todos los actores de la Ciudad de México, en torno al Aeropuerto Internacional, ante la posibilidad de su mudanza, fuera de la propia Ciudad”, inicia la misiva.
Detalla que el objetivo “ es preparar a la ciudad con todo rigor y antelación, ante la eventualidad de cambio físico del Aeropuerto, en efecto, ocurra”. Por ello, asegura el documento, escucharán todas las voces, “sin distingos, con un Plan de Participación que está ahora mismo, en marcha”.
“Con interés, acudimos a la presentación de la alternativa aeroportuaria que usted realizó el día de ayer”, agrega.
Finalmente, la carta indica que “por tal razón resulta de gran interés, poder contar con su presentación para estudiarla y analizarla, como una de las voces que debemos tomar en cuenta en nuestra consulta -y en el momento que usted lo decida- conocer directamente a mayor profundidad las condiciones de su proyecto”.
Ayer, el dirigente de Morena presentó su proyecto alternativo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el cual, asegura, se busca un ahorro de cien mil millones de pesos, de los 170 mil millones que estima el Gobierno federal.
López Obrador solicitó además una audiencia con el Presidente Enrique Peña Nieto para presentarle el proyecto alternativo, solicitud que encomió a los integrantes de la comisión que se creó para difundir esta propuesta.
“Que se busque una audiencia pública con el licenciado Peña Nieto, independientemente de nuestras diferencias estamos hablando del patrimonio nacional”, declaró esta noche durante la presentación de su proyecto.
El dirigente de Morena explicó que el gasto planteado por el Gobierno federal incluye el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el área de Santa Lucia, sin embargo, dijo, la propuesta alterna que él trabaja es más eficaz y barata, ya que contempla la remodelación y no el cierre.
Indicó que su propuesta busca remodelar la actual terminal capitalina y la Base Aérea de Santa Lucía, y establecer entre ambas un transporte directo, en un recorrido de unos 35 minutos, además de mejorar algunas vialidades existentes.
Esta alternativa, dijo, costaría unos 69 mil millones por la construcción de dos pistas más, casi 100 mil millones menos de los que el Gobierno federal tiene contemplados para la construcción de un nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, ya que el monto de inversión solo considerará la renovación de las instalaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2015/1540816
Hipólito Mora, jefe fundador de los autofedensas en Michoacán, busca la creación de una comisión en San Lázaro que admita los reclamos de los civiles que continúan alzados en todo el estado.
En Michoacán, sigue sin resolverse el problema de las autodefensas. Mientras el gobernador Silvano Aureoles insiste en que esos grupos deben ser historia; Hipólito Mora, jefe fundador del movimiento busca que el Senado de la República cree una comisión, que además de investigar la actuación de la Policía federal implicada en la muerte de algunos autodefensas, admita los reclamos de los civiles alzados en armas.
Mora ha optado por llevar la lucha armada de las autodefensas al plano político del país. Ha volteado hacia el poder legislativo. Ha comenzado una ronda de diálogos con un grupo de senadores, a fin de exponer la realidad que se vive en Michoacán, más allá del discurso oficial.
Su reclamo va en dos vías; que se hagan investigaciones a posteriori sobre la muerte de una veintena de autodefensas, en donde cabe la presunción de actos extrajudiciales y que se busque una salida al conflicto armado que se vive en Michoacán, donde parte fundamental sería la liberación de los autodefensas encarcelados, entre ellos José Manuel Mireles y Semeí Verdía Zepeda.
A lo anterior se suma la actuación de Mireles, aunque preso, no ha sido anulado como líder del movimiento de autodefensas en Michoacán. Mantiene el contacto permanente con los principales comandantes de región y jefes de grupo de toda la zona en conflicto. Les hace llegar audios, cartas y recados, a través de su hermana, la doctora Virginia Mireles y diversos contactos.
En el último mensaje de audio que les hizo llegar desde la prisión, el jefe fundador instruye directamente a los grupos de autodefensa de Apatzingán para que cierren la plaza.
Pide que se organice todo el pueblo para expulsar “a los malos”, de los que sabe siguen organizados y actuantes, aun cuando el Gobierno estatal, a través del gobernador, asegura que el resurgimiento de los cárteles son solo rumores.
Aureoles ha ido más de allá. Afirma que a la fecha el Cártel Jalisco Nueva Generación no opera en el estado.
Ha dicho que solo son “rumores” que ese cártel ya se ha posicionado en la entidad.
Sus dichos los finca en la vigilancia que ha ordenado en los límites del estado con Jalisco, que se encuentran prácticamente sellados.
La postura del Gobierno estatal es compartida por la federación. El general Felipe Gurrola Sánchez, encargado de los operativos de seguridad y movilización de fuerzas federales, ha señalado que en Michoacán no hay cárteles de la delincuencia organizada, solo reductos de las organizaciones que fueron.
Sin embargo, pese a que solo existen reductos de cárteles y no organizaciones criminales de alto impacto, esta semana arribaron 2 mil policías federales para fortalecer los programas de seguridad.
De esa forma ya son más de 8 mil los elementos desplegados en un estado en donde oficialmente no hay cárteles de las drogas.
Los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) son duros y se contraponen al discurso oficial: los Caballeros Templarios operan en 27 de los 113 municipios de Michoacán, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se aloja en 35 y la Familia Michoacana tiene presencia en más de 20 localidades de la entidad.
Los grupos de autodefensa solo tienen presencia actualmente en 13 municipios de la zona Costa Sierra Nahua, en donde se ha agudizado la violencia.
La voz que predica en el desierto
Hipólito Mora Chávez, el hombre que tras el encarcelamiento del doctor José Manuel Mireles Valverde asumió la estafeta en la organización de los grupos de autodefensa en Michoacán, busca a toda costa que el movimiento perviva. Aun cuando oficialmente ha dejado las armas, ahora gestiona desde la trinchera política condiciones de apoyo para los civiles armados que luchan contra los cárteles de las drogas en Michoacán.
Ya acudió al Senado de la República y en breve lo hará a la Cámara de diputados. Su bandera –asegura- es la de buscar a toda costa que no se apague el movimiento, porque las condiciones en el estado no son de paz. Comparte la óptica de su amigo el doctor Mireles: no es cierto que el cártel de Los Caballeros Templarios haya sido desarticulado.
Insiste en que no es momento de desarticular las autodefensas.
Ha alzado la voz desde su condición de civil y ex autodefensa, sin descartar en ningún momento el retorno a las armas, bajo el pretexto de reclamar la liberación del doctor José Manuel Mireles y otros autodefensas que a la fecha se encuentran encarcelados, todos acusados del delito grave de portación de armas, “cuando el único delito que cometieron fue defender a su pueblo de las garras del crimen organizado”.
Hipólito Mora Chávez ya se reunió con algunos senadores, y lo seguirá haciendo. Plantea la necesidad de una ley de amnistía para todos los autodefensas presos. Ha pedido que se cree una comisión que investigue la actuación de la Policía federal frente a posibles ejecuciones extrajudiciales contra miembros de los grupos de autodefensa.
Entre las ejecuciones que Hipólito Mora ha solicitado al Senado que investigue, a través de una comisión, está la de enero en Apatzingán, en donde la Policía federal mató a 16 miembros del grupo de Luis Antonio Torres ‘El Americano’, alzados contra el cártel de los Caballeros Templarios.
Ante los diputados federales, Hipólito Mora llevará el planteamiento para un reconocimiento formal del grupo de autodefensas que se mantiene vivo en el estado. Busca frenar la intención del gobierno estatal y federal de perseguir a los civiles armados, a cuyos líderes se les han girado órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero común.
No descarta la posibilidad de llevar a los senadores –cuyos nombres no han sido revelados, a petición de ellos mismos-, para que dialoguen abiertamente con los grupos de autodefensas.
Sigue Mireles en pie de lucha
Aunque preso, el doctor José Manuel Mireles sigue siendo fundamental en la lucha de los grupos de autodefensa. Hacia principios de año eran 37 los grupos de civiles armados que se mantenían fieles a las instrucciones que pudieran salir desde la cárcel federal de Hermosillo, en Sonora. Algunos ya fueron disueltos a fuerza de persecución por parte de la federación. Se calcula que actualmente solo 20 grupos de autodefensas mantienen comunicación con el fundador del movimiento.
En un audio que circula entre algunos hombres de las autodefensas de la zona de Apatzingán, grabado hace más de cinco días, el líder encarcelado instruye a sus fuerzas en la zona de Tierra Caliente para que no desistan. Les pide que cierren el pueblo y que saquen a todos los malos. En el mensaje prevalece el convencimiento sobre la persistencia del cártel de los Caballeros Templarios en la zona.
Después de ese mensaje que se difundió entre los civiles armados, el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo ha reconocido que aún se mantienen activas 12 células criminales de ese cártel, principalmente en la zona de Tierra Caliente y la región de la Costa Sierra Nahua, en donde la movilización de los grupos de autodefensa es más intensa.
Aun cuando la liberación de Mireles sigue incierta, en Michoacán el partido Movimiento Ciudadano, el único que ha tenido acercamiento con los líderes de los civiles armados, le ha apostado a su inocencia. Ha dispuesto un equipo jurídico para ayudar en su defensa. Recientemente hizo un pago de 100 mil pesos al abogado Ignacio Mendoza Jiménez para tal cometido.
El doctor –ha dicho su hermana Virginia Mireles-, está débil físicamente. Sigue hospitalizado dentro de la cárcel federal, se oye cansado, pero animado porque el movimiento no termine hasta que haya paz.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MONTERREY, NL: Pese a los reclamos de organismos de derechos humanos que se oponen a la incorporación de militares a labores de seguridad, en diciembre próximo llegarán a la entidad 500 elementos a reforzar trabajos preventivos, informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) auxiliarán a la policía estatal Fuerza Civil (FC) y también a los alcaldes que inician sus gestiones, informó esta mañana El Bronco.
El mandatario independiente anunció que se reunirá con organizaciones de la sociedad civil, que ven con recelo a los militares en las calles, para explicarles su función y convencerlos de que trabajarán con apego a los derechos humanos.
Rodríguez anunció hoy que, a partir de enero, comenzará a funcionar en la entidad la Policía Militar (PM), que forma parte el nuevo esquema de la Sedena para establecer batallones en todo el país.
En octubre del año pasado se anunció que el cuartel de la PM, ubicado en terrenos de la Séptima Zona Militar, en Escobedo, será ocupado por tres mil 200 efectivos de formación castrense, que recorrerán los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, que integran la Cuarta Región Militar.
Al respecto, el mandatario afirmó que en Nuevo León no existe militarización y explicó que hay elementos que son “necesarios” para combatir el crimen y que su funcionamiento será explicado a los grupos de derechos humanos que han demostrado inconformidad por su desempeño.
“Hablaré con todos para explicarles. Hay mandos militares que son necesarios en el caso del estado y creo que en los municipios tienen a alguien de ese perfil, la mayoría tienen a un secretario de seguridad que proviene del Ejército, porque están capacitados y seguiremos en ese plan”, afirmó.
Consideró benéfico para la ciudadanía que los jefes policiacos con este perfil, disciplinen capaciten y hagan funcionar a las corporaciones del estado y los municipios.
“Me reuniré con todos ellos (ONG), les explicaré plenamente eso. Es bueno que tengamos gente preparada para que podamos dar un mejor servicio y trataré que esas dudas que ellos tienen, sobre todo en el respeto a los derechos humanos, las vayamos aclarando”, abundó.
El mandatario se reunió esta mañana con los alcaldes de la entidad para discutir temas de seguridad. Reconoció un incremento en el robo de autos en octubre, su primer mes de gestión, con respecto a los anteriores.
Se registraron 314 hurtos pero, según dijo, ya han sido recuperados 229 y se realizarán operativos de los tres niveles de gobierno para abatir el delito, así como los de violencia familiar y robo domiciliario, que van a la alza.
En la reunión se acordó también regresar a los municipios el control de la expedición de permisos para la venta de alcohol, una facultad que había sido atraída por el gobierno estatal en la pasada administración.
Rodríguez Calderón señaló que en su sexenio los alcaldes serán de nuevo los jefes de la seguridad en cada municipio, mientras que la FC y el Ejército les ayudarán en trabajos preventivos, si requieren ayuda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA
MÉXICO, DF: En el proceso de investigación y de sanción que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el pasado 23 de octubre en contra de OHL están en juego hasta 29 mil 471 millones de pesos, equivalentes a 75% de la deuda pública del Estado de México y considerados como el pago irregular de “rentabilidad garantizada” por el erario mexiquense y federal a la filial mexicana de la constructora española.
Ese día, cinco meses después de anunciar una investigación sobre la contabilidad y los informes al mercado bursátil de la empresa, la CNBV informó que detectó anomalías en las cláusulas de “rentabilidad garantizada” del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) –la obra carretera más importante y de la que depende más del 40% de los ingresos de OHL–, así como de Viaducto Bicentenario y la Autopista Urbana Norte, esta última en el Distrito Federal.
En un comunicado que envió desde Madrid al mercado bursátil, OHL negó que haya incurrido en esas irregularidades, las cuales pueden derivar en sanciones contra la firma y sus directivos, especialmente el director de la filial mexicana, Sergio Hidalgo, y contra los directores económico, Raúl Revuelta Musalem, y jurídico, Gerardo Fernández Reyes.
La notificación de la CNBV prácticamente le da la razón a la mayoría de los argumentos y demandas que ha ventilado públicamente la empresa Infraiber, cuyo abogado y principal vocero, Paulo Díez Gargari, fue detenido el 7 de septiembre último para ser presentado en calidad de “testigo” por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones, en un claro intento de responsabilizarlo por más de seis audios que circularon en YouTube donde se presume una complicidad entre directivos de OHL y funcionarios mexiquenses y federales.
La detención de Díez Gargari derivó en otro escándalo mediático porque los agentes de la PGR le sembraron un arma y luego lo acusaron de posesión ilegal de esa misma arma. Un video confirmó esta acción, al tiempo que las instalaciones de Infraiber fueron cateadas el viernes 10 de septiembre como parte de un operativo para localizar “equipo de espionaje”.
La PGR actuó a la vez que OHL anunciaba a la Bolsa Mexicana de Valores que había interpuesto una denuncia penal en contra de Infraiber y “terceras personas físicas” por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.
El ataque a Infraiber, firma especializada en la medición del aforo vehicular de las carreteras concesionadas del Estado de México, ocurrió un año después de que esa compañía documentó que OHL ha recaudado de manera irregular, desde enero de 2013, 50 centavos por cada automóvil que transita en el Circuito Exterior Mexiquense.
Ifraiber denunció también que las ampliaciones al título de concesión a OHL han sido igualmente irregulares, pues le han permitido cobrar 50 centavos extra a cada automovilista, y calculó que desde enero de 2013 hasta agosto de 2015 OHL había recaudado de esa forma más de 113 millones de pesos.
El reporte de la CNBV provocó que las acciones de OHL cayeran drásticamente al inicio de la semana pasada, pero se recuperaron con inyección del fondo de recompra del mismo consorcio.
Según el documento de la Bolsa Mexicana de Valores, fechado el 26 de octubre, desde el 12 de junio pasado OHL México ha recomprado 19 millones 201 mil acciones propias y ha utilizado 457.6 millones de pesos de su fondo de recompra. Sólo le quedan 92.3 millones de pesos. A este ritmo, podría quedarse sin recursos ante la repercusión de la investigación de la CNBV en el mercado bursátil.
En su citado reporte, la CNBV considera incorrecto que los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal deban pagar lo que OHL alega como cumplimiento por un aforo vehicular mínimo que le permita recuperar su inversión y obtener una ganancia neta libre anual de entre 10 y 7%.
La comisión entiende “que en dichas concesiones no existe una obligación incondicional de pago en el sentido que la define el Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC 12, por sus siglas en inglés)”.
OHL tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para responder a las observaciones de la CNBV antes de que procedan las sanciones.
Para Díez Gargari, el engaño de OHL radica en hacer creer que tiene una “cuenta por cobrar” en contra del erario mexiquense por el monto de la “rentabilidad garantizada”, que tan sólo en el caso del CEM asciende a 29 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2014; “algo así como 75% de la deuda pública del estado”.
Díez Gargari envió el 29 de octubre una carta a Ávila en la que expone: “¿Va a litigar el gobierno del Estado de México del lado de OHL, en contra de la CNBV, de los mexiquenses y de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense?… Si el gobierno del Estado hubiera asumido una obligación incondicional de pago de dinero a favor de OHL sin contar con la autorización previa de la Legislatura estatal, el gobernador del Estado de México, como autoridad en materia de deuda pública, habría incurrido en violaciones graves a la Constitución”.
Además, le recuerda al gobernador que el monto reclamado por OHL (29 mil millones de pesos) es muy superior a los 12 mil millones de pesos de rentabilidad garantizada que reconoció y aprobó el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en los registros semestrales de inversión firmados por el propio SAASCAEM y OHL”.
Videgaray y Banobras
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitió el 31 de marzo de 2015 una garantía a favor de OHL hasta por 773.9 millones de Udis, equivalentes a 4 mil 99 millones de pesos. Fueron colocados como certificados de Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI).
La operación fue denunciada por Díez Gargari en este semanario (Proceso 2029). En una carta de réplica, el gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Banobras, Jorge Andrés Gómez Pineda, negó que tal crédito constituyera deuda pública “por tratarse de operaciones bancarias activas”, y afirmó que en su autorización no intervinieron ni el Consejo Directivo de Banobras ni el secretario de Hacienda (Proceso 2030).
En respuesta a esta réplica y en una carta enviada el 26 de octubre al titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, Díez Gargari le recordó que la garantía Banobras “es una operación constitutiva de deuda pública” en los términos de ley, ya que Banobras “asume una obligación incondicional de pago de dinero, es decir, un pasivo”.
El abogado de Infraiber le advierte a Videgaray que los recursos derivados de los certificados OPI fueron destinados a pagar anticipadamente “cierto crédito otorgado por Goldman Sachs a favor de OPI hasta por 300 millones de dólares. Con parte de estos recursos, OPI otorgó a su vez un crédito a Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (OHL) como parte del refinanciamiento llevado a cabo por OHL en diciembre de 2013, con cargo al Circuito Exterior Mexiquense”.
Díez también subraya que en caso de que “Banobras se vea obligado a realizar cualquier pago al amparo de la Garantía Banobras, su única fuente de reembolso está constituida por esos mismos supuestos (pero altamente improbables) derechos residuales de OPI”, los mismos que la CNBV considera irregulares.
Dicha garantía “debió ser autorizada por el Consejo Directivo de Banobras (que usted preside) en términos de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Deuda” y “también debió ser autorizada por la secretaría, de conformidad con lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 19 de la Ley de Deuda”.
“Inexplicablemente, ni el Consejo Directivo de Banobras ni la Secretaría autorizaron la Garantía Banobras, por lo que esta última está afectada de nulidad absoluta”, afirma Díez Gargari en su carta, de la que Proceso tiene copia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
PANINDÍCUARO, Mich: Normalistas de diversas escuelas de la entidad tomaron esta tarde la caseta de cobro en la autopista de Occidente, luego de burlar un cordón de seguridad desplegado por policías municipales y federales.
Alrededor de las 13:15 horas, unos 250 estudiantes con los rostros cubiertos, se concentraron en el punto de peaje, aunque en un primer momento fueron contenidos por policías municipales y conminados a que no se apoderaran de la caseta de cobro.
Luego de unos 15 minutos de reclamos a la autoridad y de lanzar cohetones al aire, los normalistas se abalanzaron sobre los uniformados y procedieron a tomar el control de la caseta de cobro, localizada en la autopista de Occidente con dirección a Guadalajara, Jalisco.
A pesar de que en el lugar hay cuatro patrullas con oficiales de la PF, éstos no intervinieron y sólo se limitaron a atestiguar los hechos.
La víspera, el gobernador Silvano Aureoles advirtió que ya no habría “más tomas ni plantones de nadie, trátese de quien se trate”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
Oaxaca, Oax. La jueza Primero de lo Penal del fuero común del estado de Oaxaca, dictó auto de formal prisión en contra del profesor Roberto Abel Jiménez García quien forma parte del Comité Ejecutivo de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), esto a pesar de que no había culminado el plazo ampliado de 72 horas que marca la ley, dijo la abogada Edith Santibáñez Bohorquez quien forma parte de la Secretaría Jurídica de la gremial.
Refirió que el auto de formal prisión le fue dictado el pasado martes por el delito de robo. La denuncia fue interpuesta por el gobierno del estado de Oaxaca que encabeza, Gabino Cué Monteagudo, por lo que señaló que para la gremial es claro que la culpabilidad del profesor no la definió la jueza, sino que se definió en el Palacio de Gobierno.
Señaló que en el proceso hubo varias violaciones al debido proceso, incluso no se le permitió tener un equipo de abogados propio, sino que la jueza les informó que se le otorgó un defensor de oficio, explicó Santibáñez Bohorquez, quien agregó que esto demuestra que desde antes de ser aprehendido si sentencia ya estaba decidida.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) criticó el sistema de salud en México y afirmó que en el país “la calidad de la atención generalmente es más baja que en la mayoría de los demás países” integrantes de ese organismo internacional.
En el Panorama de la Salud 2015, un nuevo informe de la OCDE, afirma que al interior de los miembros del organismo “muchas vidas se siguen perdiendo” porque la calidad de la atención a la salud “mejora muy despacio” para hacer frente al envejecimiento de la población y al creciente número de personas con una o varias enfermedades crónicas.
En el caso particular de México el informe se refiere a “estilos de vida poco saludables tales como obesidad y consumo dañino de alcohol”. Pero también menciona que, por ejemplo, “de la atención de las enfermedades agudas en hospitales para pacientes que ingresan por infarto (infarto agudo de miocardio) o derrame cerebral, la probabilidad de que esos pacientes sobrevivan a esas enfermedades potencialmente mortales es mucho menor que en otros países de la OCDE. Pero también es necesario fortalecer el acceso a una buena atención primaria en México para que disminuya la hospitalización innecesaria de personas con enfermedades crónicas. Aunque México tiene tasas de hospitalización relativamente bajas para el asma y las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas (EPOC), tiene la tasa de ingreso más alta para personas diabéticas”.
El Panorama de la Salud 2015 menciona que la oferta de trabajadores del sector salud en México ha aumentado en la última década, pero acota: “sigue siendo baja conforme a las normas de la OCDE; en especial, el número de enfermeras. Aunque desde el año 2000 ha aumentado considerablemente el número de médicos (de 1.6 médicos por cada mil habitantes en el 2000, a 2.2, en 2013), el crecimiento del número de enfermeras ha sido mucho más moderado (únicamente de 2.2 enfermeras por cada mil habitantes en el 2000, a 2.6 en 2013). En la mayoría de los países de la OCDE, hay alrededor de tres enfermeras por cada médico, pero en México la proporción es casi de 1-1. Es necesario hacer más esfuerzos para capacitar y emplear a más enfermeras en México para mejorar el acceso y la eficiencia en los servicios de atención de la salud”.
También se muestra que el gasto total en salud registra un lento crecimiento en muchos países de la OCDE a la par del PIB. “Pero el crecimiento del gasto en salud en México ha rebasado al de la mayoría de los demás países (de la OCDE), impulsado principalmente por el aumento del gasto del gobierno. Aun así, en México el gasto total en salud per cápita y como porcentaje del PIB sigue siendo mucho más bajo que en casi todos los demás países de la OCDE (con la excepción de Turquía)”.
Añade: “El porcentaje del gasto directo en efectivo de los hogares se ha reducido en México porque la cobertura del seguro de salud se hizo más universal, y un mayor porcentaje del gasto en salud se paga a través de fuentes públicas. Sin embargo, el porcentaje de gasto directo en México, de 45 por ciento del gasto total en salud, sigue siendo el más alto entre los países de la OCDE. La fuerte carga de gasto directo puede crear obstáculos financieros para acceder a la atención de la salud, sobre todo para los grupos con bajos ingresos”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP: Alumnos y maestros que regresaban a clases después del asueto por la celebración del Día de Muertos se encontraron con una escena aterradora: el cadáver de una joven de 17 años con la cabeza destrozada en el patio trasero de una escuela ubicada en la comunidad de Tampaxal del municipio de Aquismón, en la zona huasteca.
La Procuraduría de Justicia informó esta tarde que el cuerpo de Martha ‘N’ fue encontrado la mañana del lunes detrás de un aula, cerca de la barda perimetral de la Escuela de Educación Media a Distancia número 13 en Tampaxal. La cabeza de la menor fue destrozada con piedras.
Estaba tirada boca arriba y además de las lesiones provocadas por pesadas piedras, le encontraron huellas de estrangulamiento.
Debido a que su rostro y cráneo fueron desfigurados, no fue posible conocer su identidad inicialmente.
La Policía Ministerial pudo localizar a sus familiares y la víctima fue identificada en las instalaciones del Servicio Forense de Ciudad Valles, a donde fue trasladado su cuerpo.
Sus padres informaron a las autoridades que Martha salió desde el domingo por la tarde a acompañar a su hermana y cuñado a tomar el autobús a Matlapa. Luego debía regresar a su casa, pero ya no volvió.
Salieron a buscarla durante horas hasta que decidieron interponer una denuncia en el Ministerio Público por desaparición. Posteriormente, fueron informados por los ministeriales sobre el hallazgo de un cuerpo en la escuela y confirmaron que se trataba de su hija.
El director de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo, dijo que el o los responsables de este crimen dejaron caer varias piedras grandes sobre la cabeza de la adolescente.
Y debido a que se trabaja bajo líneas específicas, dijo que no podía dar mayores detalles del caso aunque “ya se cuenta con un seguimiento”.
Castillo dudó en calificar el asesinato como un feminicidio, porque primero se deben analizar todos los elementos para concluir si se trata de un crimen de género.
Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido en los últimos meses la declaratoria de una alerta por violencia de género debido al número de homicidios de mujeres, que del 2011 a la fecha rebasan los 210.
Ante la situación, este miércoles el secretario de gobierno Alejandro Leal Tovías anunció que se reforzarán los operativos entre corporaciones de distintos niveles, el Ejército y la Marina en las regiones del estado, particularmente en la zona Huasteca
Este operativo también se aplicará por micro regiones, y en las zonas limítrofes de San Luis, dijo.
El programa especial de seguridad, dijo el secretario, buscará reducir los índices de ilícitos en coordinación con los gobiernos municipales y con entidades como Veracruz, Zacatecas y Tamaulipas, “a fin de evitar que los delincuentes pasen hacia nuestro estado”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, DF: Antes de concluir este año José Manuel Mireles podría recuperar su libertad, aseguró su abogado defensor Ignacio Mendoza, quien subrayó que no existen argumentos jurídicos que acrediten los delitos que se le imputan, como portación de armas y posesión de drogas.
El exlíder de las autodefensas fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en posesión de armamento, cuatro envoltorios de mariguana y uno de cocaína.
Durante más de un año Mireles ha aportado pruebas de que le “sembraron” la droga en la camioneta en que viajaba y que las armas eran portadas de manera legal, pues formaba parte de las autodefensas de Michoacán, fuerzas que fueron toleradas y aceptadas por el gobierno federal.
Como parte del proceso legal, el 3 de julio pasado la PGR se desistió de un recurso jurídico con el que había impugnado un amparo concedido en abril a Mireles y a tres de sus escoltas, que también se encuentran en prisión.
A pesar de ello, el doctor de Tepalcatapec, Michoacán, sigue preso en un penal sonorense, sujeto a proceso por el delito de portación de armas, considerado grave y que no le permite obtener la libertad provisional bajo caución.
Este miércoles, en rueda de prensa, la defensa de Mireles precisó que se puede acreditar que no se cometió delito alguno con la posesión de las armas.
El abogado Mendoza precisó que, desde el 28 de enero de 2014 hasta finales del mismo año, el entonces comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, construyó un acuerdo con las autodefensas para legalizarlas y transformarlas en policía rurales.
Y durante ese tiempo las autodefensas siguieron armadas por razones de seguridad hasta que se transformaron en fuerza rural.
De ahí, según el abogado, que no se pueda sostener la acusación de portación de armas cuando el propio Estado participó de un acuerdo fáctico con las autodefensas para que portaran armas mientras transitaban a la fuerza rural.
En la conferencia realizada en la sede del partido Movimiento Ciudadano (MC), el líder de esta agrupación, Dante Delgado, dijo que se reservan su derecho a iniciar juicio político en contra de Alfredo Castillo por meter a prisión a las autodefensas mediante engaños.
Al acto asistió Virginia Mireles, hermana del exlíder de las autodefensas michoacanas, quien fue candidata a diputada federal por MC y la principal defensora de José Manuel, quien se encuentra recluido en el penal de seguridad de Hermosillo, Sonora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: “Pirómano” y excesivo como suele ser en sus declaraciones, el senador hidalguense Omar Fayad, del PRI, asumió así su derrota frente a la intención de lanzar una Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos: “No sólo la vamos a retirar, la vamos a quemar”.
El gusto al legislador priista no le duró ni una semana. Desde el martes 27 de octubre, cuando fue presentada tras una serie de consultas controladas con representantes de la Policía Federal Preventiva, la #LeyFayad nació muerta.
Fueron tan absurdos sus presupuestos y artículos que pareció más una provocación que un ejercicio legislativo serio. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales (@R3dmx), así como Artículo 19, la AMEDI, el colectivo Anonymous y miles de usuarios y especialistas en la neutralidad de la red le demostraron al propio Fayad que antes de criminalizar debía entender el ciberactivismo y, en especial, la defensa de los derechos en la red.
Fayad no pudo defender de manera convincente ninguno de los artículos más polémicos de la ley que fue bautizada con su nombre porque simple y sencillamente era difícil argumentar a favor de artículos tan retrógrados como el 17 o los del 21 al 24 de la #LeyFayad.
Por ejemplo, el artículo 17 estipulaba que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró que este ordenamiento puede constituir una criminalización al uso de la computadora personal o a considerar delito tirarla a la basura.
Fayad afirmó que este artículo hablaba de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora, ¿por qué se va a interpretar que cometes esta conducta?”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.
En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto de lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Un párrafo de su artículo 21 ordena:
“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.
En muchos sentidos, la #LeyFayad tuvo el descaro de revelar cómo piensa un sector del peñismo y del priismo frente a la nueva dinámica del uso del Internet y, en especial, de las redes sociales, auténtica pesadilla para un telepresidente acostumbrado sólo a la comunicación vertical, unilateral y analógica.
Sin embargo, lo verdaderamente retrógrada no es la hoy extinta #LeyFayad sino otros ordenamientos que, con el pretexto de proteger el comercio internacional, buscan imponer restricciones al uso del Internet.
Es el caso del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), negociado en secreto, sin consultar a ninguno de los organismos legislativos de las 11 naciones firmantes, incluyendo a Estados Unidos y México, mucho menos a las organizaciones defensoras de los derechos digitales.
El TPP prevé penalizar a quienes revelen delitos empresariales “a través de sistemas informáticos”. Y con el pretexto de proteger los derechos de autor, el TPP autoriza que proveedores de contenidos puedan eliminar publicaciones o videos en Facebook o YouTube si se recibe una queja formal.
“Es la peor ley de copyright”, han subrayado otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation (@EFF), críticas del TPP.
En otras palabras, la amenaza al libre flujo de información y de contenidos en Internet no está en los policías o en los regímenes autoritarios solamente, sino en los acuerdos de libre comercio de reciente generación, a través de los cuales se pretenden conculcar derechos digitales.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=419903
Han pasado "tres largos años" desde la reforma educativa y esta aún no permea en la estructura educativa; la resistencia podría aumentar, indicó el rector Hugo Aboites.
Las órdenes de aprehensión contra maestros de la CNTE y normalistas muestran que “estamos en presencia de la construcción policíaca de una candidatura presidencial, es una construcción cantada en la cual Aurelio Nuño forma parte de esta pretensión transexenal, una especie de “cártel de la doble ñ” -Peña y Nuño-, están realizando toda una faena con pretensiones épicas”, señaló Julio Hernández López, columnista de La Jornada.
“Pretenden manejar por un lado el garrote, con la Policía Federal, la Gendarmería, con las órdenes de aprehensión en Oaxaca y Michoacán, y por otra parte la zanahoria electoral con los certificados de infraestructura escolar nacional que es una forma de tener una gran canasta para el reparto efectista de recursos a las diversas escuelas del país, que promoverán en los momentos electorales un repunte de las apariencias de una bonanza en la infraestructura educativa, todo esto con la idea de ir afianzando la postulación del niño de oro, el candidato preferido de la oficina presidencial, que hoy también tiene una abundante promoción en los medios, donde aparece lo mismo en actos escolares, que en cantos de himno y saludos a la bandera, que lo mismo en reuniones con gobernadores, ha estado en la Conago”, expuso en entrevista para Aristegui CNN.
Refirió que incluso en algunas columnas periodísticas pintan a Nuño como una “especie de súper hombre con una actividad intensa, que va resolviendo problema tras problema, en esta construcción policíaca y judicial de la candidatura judicial”.
Respecto a las órdenes de aprehensión contra maestros, mencionó que “la represión a maestros, a ferrocarrileros, a médicos, han instalado un estigma con aquellos hombres de poder que han creído que es posible frenar procesos de lucha como los que ellos están dando a nivel nacional”.
Hernández consideró que “el peñismo ha creído que están las condiciones maduras para golpear abiertamente, en el marco de un ascenso de las condiciones sombrías en las que periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes sindicales y personas que protestan en general están siendo atacadas, agredidas, tanto procesalmente en términos judiciales como también con ataques directos que forman parte de esta mano dura que se va perfilando cada vez con mayor claridad y lo que pretende es frenar el ascenso de la lucha social y consolidar esta pretensión transexenal del equipo de Enrique Peña de continuar adelante con el poder, al costo que sea”.
Incluso, comentó que temas como la Ley Fayad para combatir ciberdelitos y hasta “terrorismo informático”, forma parte de las políticas de control de información, donde tienen señuelos, pistas falsas, para diversificar la opinión; “tratan de ocultar lo que diariamente estamos viendo en una represión constante, cuyos ribetes más tráficos y evidentes se dan en estas órdenes de aprehensión, con maestros encarcelados, con normalistas desaparecidos”.
Apuntó que según el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hay 90 órdenes de aprehensión “para demostrar que se va contra estudiantes, normalistas y todo lo que se mueva en este momento difícil de la política nacional”.
“La doble ñ -Peña y Nuño- aprieta, hay una descomposición nacional, hay una incapacidad política para enfrentar los problemas económicos y sociales en el país, hay un grupo en el poder que está efectivamente con una desesperación porque no puede salir adelante, y frente a ello lo que hace falta es la organización social y la resistencia, que es justamente contra lo cual está actuando esta doble ñ que aprieta”, finalizó el columnista.
“Gobierno no ve otra salida más que la represión”
Sobre el encarcelamiento de 4 maestros oaxaqueños de la CNTE -trasladados al penal del Altiplano, Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dijo también en CNN que “el gobierno aparentemente no ve otra salida en este momento más que la de la represión”.
En el estudio, Aboites expuso que han sido “tres largos años que han pasado desde la reforma educativa que en 10 días se vuelve constitucional, todo parecía bien y 3 años después, ni las leyes secundarias ni los censos ni las amenazas de represión ni los descuentos ni las evaluaciones han logrado que esta reforma no sólo permee toda la estructura educativa, sino que convenza a un importante grupo no sólo de educadores, sino también de la población en general”.
Consideró que no se puede hacer una evaluación universal en un país tan diverso como México, por lo que consideró que desde 2013 había una salida no conflictiva: “Estaba en la propia Ley del Servicio Profesional Docente, que hubiera evitado todo este conflicto, todos estos años de enfrentamientos: en el artículo 15 de esa ley se establece otra forma de evaluación distinta a la punitiva. La punitiva dice que a las 3 evaluaciones que estés mal te vas del servicio o del aula. Y en otro artículo, de la misma ley, se establece que habrá una evaluación de los maestros en cada escuela que no tendrá ninguna repercusión ni administrativa ni laboral para los docentes, que buscará el compromiso y el mejoramiento de la escuela in situ, es decir en el lugar donde ocurren las cosas, y se ha dejado a un lado”.
Aboites agregó que “hay un ambiente de desesperación respecto de que nunca se esperó esta resistencia a la reforma de la educación y no creo que vaya a descontinuarse sino a aumentar mucho más, cuando se encarcela se convierte en un referente muy importante de una lucha”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En la página www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx se especifica la fecha y hora de aplicación de las evaluaciones nacionales.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó las fechas y horarios de la aplicación de las evaluaciones nacionales para los docentes que participan en la primera etapa de la Evaluación del Desempeño.
Los docentes y que realizan funciones de director en la educación básica y los maestros de educación media superior que participan en la primera etapa del ciclo escolar 2015-2016 podrán consultar la información en la página web www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx.
En ese portal, se dará a conocer la fecha y hora de aplicación de las evaluaciones nacionales de las Etapas II, III, IV y, en su caso V, relativas a conocimientos y competencias didácticas que favorecen al aprendizaje de los alumnos; la planeación didáctica argumentada, segunda lengua de educación secundaria, inglés.
Así como la ruta de mejora argumentada; el domicilio de la sede en la que se realizarán las evaluaciones, así como los requisitos que se deberán cumplir para llevar a cabo este proceso.
La dependencia federal refirió en un comunicado que esta información también será enviada a las cuentas de correo electrónico que los participantes registraron en la plataforma del Servicio Profesional Docente.
La SEP destacó la importancia de que los docentes consulten de manera frecuente la página de internet proporcionada en el caso de que la asignación de las sedes, fecha y hora de aplicación de sus evaluaciones aún están por definir.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
