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Matanza en Calera: juicio civil a cuatro soldados

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Foto: Veta Zacatecas
Zacatecas, Zac.- La obtención de pruebas en el proceso judicial contra el coronel Martín Pérez Reséndiz y sus tres elementos de ordenanza por la desaparición forzada y el homicidio de siete jóvenes en Calera, el pasado 7 de julio, ha obligado a ampliar en tres meses la investigación complementaria.
El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal, ubicado en Ciudad Gobierno, el enorme complejo administrativo estatal y federal construido en el sexenio de la gobernadora Amalia García en la ciudad de Zacatecas.
La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y estuvieron presentes los cuatro militares indiciados: el coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, así como los cinco abogados particulares que los defienden.
También asistieron –en una sala para testigos protegidos, a fin de no mostrar sus rostros– algunos familiares de las víctimas.
Germán Martín García González, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Guillermo García Murrieta, Víctor Hugo González Cisneros, David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes y Beatriz Fernández Hernández, fueron sacados de una vivienda en Calera por efectivos del 97 Batallón de infantería con sede en Fresnillo, al mando de Pérez Reséndiz, quienes posteriormente los torturaron y asesinaron (Proceso 2021).
Sus esposas, padres y hermanos se enteraron del operativo del Ejército en la casa de la calle Francisco I. Madero 106, de Calera, y comenzaron a buscarlos. Desde el principio supieron que el jefe del batallón iba al frente. Tocaron a las puertas de la base militar, visitaron hospitales, el Servicio Médico Forense y las oficinas de la procuraduría estatal, la delegación de la PGR y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 15 de julio se plantaron con pancartas afuera del domicilio allanado, donde colgaron una manta y denunciaron ante los medios al coronel y su tropa. Luego viajaron a la ciudad de Zacatecas y entraron al Congreso, donde se entrevistaron con diputados locales y algunos activistas de derechos humanos.
Sólo después de eso personal de PGR acudió a la casa, recabó declaraciones y realizó peritajes. Había ropa y objetos desperdigados, se llevaron televisores y el estéreo.
Dos días después, la procuradora zacatecana Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos en una casa cerca de la presa El Tesorero, en una brecha por la carretera Jerez-Fresnillo. Horas más tarde se localizó a los tres restantes. Todos tenían un disparo en la cabeza, signos de tortura y evidencia de haber muerto varios días atrás.
Las autopsias e informes forenses certificaron que las siete personas fueron asesinadas horas después de que los militares las sacaran de la casa mencionada.
En filtraciones a portales digitales y medios locales, tres de las siete víctimas (entre ellos Germán Martín García, un exmilitar que estuvo a las órdenes de Reséndiz) fueron señaladas como integrantes de grupos delictivos contrarios.
Para ese momento, el Ejército ya realizaba su propia investigación. Según fuentes militares, en medio del descrédito por casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se enojó por los excesos del coronel Reséndiz y la ostentación que éste hacía de su amistad, así que decidió ponerlo como ejemplo de que el Ejército “no toleraría violaciones a la ley ni a los derechos humanos”.
En un comunicado, la Sedena confirmó la detención de los cuatro militares y anunció que serían entregados a las autoridades civiles para ser procesados penalmente.
El 31 de julio, los cuatro militares fueron vinculados a proceso en el Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al concluir el juez que se presentaron elementos para señalarlos probables responsables de delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y homicidio calificado.
Una vez vinculados a proceso el 31 de julio, el juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que venció el 30 de octubre.
Así empezó el juicio 43/2015, del cual formó parte la audiencia del mediodía del 28 de octubre, cuyo único propósito era registrar el cambio de asesores jurídicos de los familiares de las víctimas.
Por primera vez desde mediados de julio, cuando se hizo pública la desaparición de las siete personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición, enviando a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara, para fungir como asesores jurídicos.
Minutos antes de la audiencia personal de la CEAV obtuvo la autorización de los familiares para representarlos, y después solicitó al juez Barreto copias de los audios, videos e informes escritos de las audiencias previas, para enterarse de los pormenores del caso.
Antes de que acabara la audiencia, la Fiscalía de la PGR pidió al juez que ampliara el plazo de la investigación complementaria por tres meses, es decir, hasta el 30 de enero de 2016, pues tiene pendientes muchas diligencias para recabar pruebas. La defensa de los militares se opuso, pero el juez Barreto aprobó la solicitud de la fiscalía.
Mientras tanto, varios integrantes del 97 Batallón de Infantería fueron reasignados a otras instalaciones. Días después de la detención del coronel Pérez Reséndiz, fue nombrado como nuevo comandante Alfredo Alvarado Rojas, coronel de infantería diplomado del Estado Mayor y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército.
Expediente Zacatecas, a la CIDH
Ricardo Bermeo, integrante de la organización Zacatecanos por la Paz, dice a Proceso que el expediente de este caso debió presentarse ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias efectuadas hace semanas en varias ciudades del país.
Bermeo acudió a la del 29 de septiembre, que se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y llevó un caso similar ocurrido en 2012, en Estancia de Ánimas, comunidad del municipio de Villa González Ortega. Lo acompañaron dos familiares de cinco desaparecidos, a quienes se presume víctimas de elementos de la Policía Federal (PF).
El activista explica que su organización no tuvo acceso al expediente del caso de Calera –que equipara por su gravedad con los de Tlatlaya y Ayotzinapa–, y “aunque insistimos con familiares no obtuvimos respuesta. Su aprobación y participación es fundamental para que nosotros podamos entrar al proceso y acompañarlos”.
En la audiencia de Monterrey, Bermeo y los familiares de los desaparecidos narraron ante la comisionada Tracy Robinson que, la tarde del 7 de agosto del 2012, siete jornaleros fueron sacados violentamente por policías federales del rancho Los Pirules, en Estancia de Ánimas, donde trabajaban.
La corporación buscaba a integrantes de la delincuencia organizada con un helicóptero y 10 camionetas.
Dos de los detenidos fueron hallados después, cerca del municipio de Pinos. Según el expediente, sus captores recibieron una llamada con la orden de soltarlos “porque no les servían para nada y al cabo les daban 30 mil por cada persona que agarraran, delincuente o no”.
Decenas de pobladores de la zona vieron pasar el convoy de federales hacia San Luis Potosí, pero no se ha vuelto a saber de los otros cinco jornaleros: los hermanos Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez, así como Ismael Rodríguez Muñoz y José Castillo Aguayo.
Sus familiares los buscaron en la delegación de la PGR. En los hoteles donde se hospedaban los federales asignados a Zacatecas, les dijeron que fueran a la entonces SIEDO (ahora SEIDO) en la Ciudad de México. Hasta el 29 de agosto se admitió su denuncia en la procuraduría estatal.
La averiguación rebotó entre esta dependencia y la PGR en distintos momentos. Finalmente quedó en manos de la estatal, pero desde mediados de 2013 no hay avances.
Cuando Zacatecanos por la Paz preparaba un informe sobre tortura, ejecuciones y desapariciones para la CIDH, pidió reunirse con la procuradora Leticia Soto. Como la funcionaria no respondía y urgía asistir a la audiencia con la CIDH, el 29 de septiembre, los activistas no presentaron dichos informes, que siguen elaborando.
Pero ahora, dice Bermeo, “ya tuvimos la reunión con la procuradora y le expusimos nuestro interés. Su respuesta fue positiva. Esperamos tener los datos. Es importante, ahora que ya el caso de Estancia de Ánimas fue presentado ante la CIDH y no lo vamos a soltar”.
Fuente: Proceso
Autor: Verónica Espinosa

Un militar torturado por militares

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México, D.F.- Al teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar.
El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto.
Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla.
En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas.
La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción.
Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843).
En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes.
También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles.
El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados.
Fracaso ejemplar
De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho.
El documento establece que éste último confesó espontáneamente:
“Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”.
Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones.
A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales.
En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades.
Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos.
Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó.
Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar.
Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía.
Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla.
Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles.
La descripción de la tortura a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas.
Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”.
Según Toga Lara, cuando por fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez.
Amenaza cumplida
Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido.
Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo.
La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO.
La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO.
De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia.
Le aplicaron el tehuacanazo, consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas.
Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván.
El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A.
El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar.
La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia.
En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.
Fuente: Proceso
Autor: Arturo Rodríguez García

Caen dos de los cinco violadores de pasante de Medicina en Oaxaca

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Agentes estatales de investigación detuvieron a dos de los cinco individuos que violaron a una pasante de Medicina del Centro de Salud de San Pedro Comitancillo.
Juan Diego Calderón Toledo y Héctor Ojeda López fueron detenidos el pasado 30 de octubre por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación tumultuaria y robo, luego de que el juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec obsequió la orden de aprehensión bajo la causa penal 426/2015.
Este miércoles, los indiciados fueron trasladados a la oficina de la Vicefiscalía por Razón de Género de la Subprocuraduría General del Istmo y presentados ante el juez de Garantía para la audiencia de control de detención, quien a las 17:00 horas los declaró formalmente vinculados a proceso en prisión preventiva.
La Fiscalía de Justicia resaltó que la pasante de licenciatura en Medicina egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llegó hace ocho meses a San Pedro Comitancillo, Tehuantepec, para realizar su servicio social en el centro de salud de la comunidad.
El pasado 22 de octubre, alrededor de las 3 de la madrugada, la víctima se despertó al escuchar ruidos en su habitación. Entonces descubrió a sus cinco atacantes, entre los que identificó a Calderón Toledo y Ojeda López.
Los agresores la sometieron, le dijeron que eran del grupo criminal de Los Zetas y que era mejor que no hiciera nada. Entonces, uno a uno, la ultrajaron sexualmente.
Por estos hechos se inició el legajo de investigación 4959/FMIT/2015 y la Fiscalía de Justicia del Estado procedió a la detención de dos de los implicados.
El fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz manifestó que este delito será sancionado de manera severa al vulnerar de forma integral la situación de la víctima y de todo su entorno social.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dio un plazo de cinco días a la Fiscalía General de Justicia para que rinda un informe de las investigaciones realizadas sobre la agresión a la pasante del IPN.
Trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) realizaron el pasado 27 de octubre un paro de labores en los siete hospitales y 143 centros de salud del Istmo de Tehuantepec para exigir a las autoridades de justicia esclarecer hechos de abuso sexual y físico que sufrió la joven.
Los sindicalizados lamentaron que la inseguridad que azota a la región istmeña afecte la actividad del personal que brinda servicios en localidades porque no existen condiciones de seguridad en las clínicas y hospitales.
Fuente: Proceso
Autor: Pedro Matías

Gobierno de Peña alista la licitación de 26 nuevos gasoductos

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A contrarreloj, el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara la licitación de 26 gasoductos a capital privado “nacional e internacional”, y para ello deberá construir, de aquí al 2018, más de 8 mil kilómetros de ductos para transportar gas natural “en todo el país”.
El anuncio fue presumido en el primer congreso internacional en “Logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, organizado por Pemex; en el evento el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, detalló que este ambicioso proyecto permitirá el traslado de “gas natural” en todas las entidades federativas del país.
“Es una estrategia nacional de impulsar más gasoductos, pues actualmente tenemos 11 mil 300 kilómetros lineales, y con esta licitación incrementaremos en 75% lo que tenemos… la licitación se abrirá al sector privado nacional e internacional”, confirmó el director de CFE.
En su intervención el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguró que la licitación de gasoductos, la creación de los mercados de gas y la transformación industrial de esta empresa productiva del Estado obedecen a una instrucción precisa del presidente Peña Nieto de “aprovechar al máximo las herramientas de la reforma energética”.
En su mensaje, Lozoya fue realista sobre quiénes habrán de construir los gasoductos al adelantar: “Ojalá nuestros (futuros) socios fueran representados por capital mexicano”, en alusión a que inversiones de esta envergadura tendrán que ser entregadas –en su mayoría– a capital extranjero.
En el congreso, desarrollado en el municipio de Boca del Río, ni Ochoa Reza ni Lozoya Austin repararon en la inconformidad y polémica por la instalación de gasoductos en los estados de Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Chihuahua, entre otros, luego de que diversas organizaciones de ambientalistas, comunidades enteras y asociaciones civiles acusan que en aras de dar celeridad al proyecto, las empresas –que participan en los estudios previos para construir los gasoductos– y el gobierno federal y locales no han reparado en los Manifiestos de Impacto Ambiental, en los lineamientos de protección civil, así como en afectaciones a asentamientos y fraccionamientos ya construidos hace décadas.
Tan sólo en la entidad la instalación de gasoductos ha traído inconformidades en los municipios de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, San Rafael y Martínez de la Torre.
En el caso de los municipios aledaños a la capital del estado, organizaciones vecinales y ambientales acusan que la instalación de un gasoducto que atravesará siete municipios únicamente se hace con la finalidad de beneficiar a las trasnacionales Nestlé y Coca Cola, a costa de traer problemas de escasez de agua para diversas comunidades.
Para Ochoa Reza, la licitación de 26 gasoductos en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto permitirá reducir el costo de generación de energía eléctrica, suplir el combustóleo y tener una energía de menor daño al ambiente.
Lozoya Austin estimó que la apertura al mercado internacional permitirá entrar a Pemex a un mercado global.
En este primer congreso internacional en “Logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos” quedó fuera de la agenda la caída de los precios internacionales del petróleo, así como la cancelación de plazas en Pemex, situación que tiene alarmados a los empleados de planta en el norte y sur de la entidad.
Apenas el lunes pasado, la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPM), a través de su líder Ramón Hernández Toledo, confirmó la cancelación de mil 283 plazas, lo que representa 43% de los puestos de trabajo que, a nivel nacional, Pemex tenía programado suprimir este 2015.
El dirigente petrolero acotó que en ese recorte emergente 550 plazas canceladas se debieron a jubilaciones.
Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta

Encuentran muerto en Durango a un militar “levantado” en Chihuahua

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Un elemento del 76 Batallón de Infantería de la 42 Zona Militar fue levantado en Parral hace más de una semana y apareció muerto junto con otro hombre en Durango, en los límites con Chihuahua.
La desaparición del soldado no había trascendido hasta hoy.
De acuerdo con el portavoz de la Fiscalía General de Durango, Ray Enríquez, los cuerpos fueron localizados en un paraje del Arroyo de las Peñas, entre Providencia y San José de las montañas, del municipio de Ocampo.
Uno de los hombres fue identificado como Manuel Benigno Esparza, de 32 años, quien era militar en Parral y originario de Balleza, de acuerdo con autoridades chihuahuenses.
El otro hombre fue identificado por autoridades duranguenses como Víctor Joel Javalera Urtuzuástegui, de 20 años, quien era originario del municipio de Urique, Chihuahua.
Los cuerpos permanecían en calidad de desconocidos hasta el lunes pasado cuando fueron trasladados a la ciudad de Parral para realizar los trámites correspondientes.
Fuente: Proceso
Autor: Patricia Mayorga

La incógnita sigue: ¿quién será el próximo rector de la UNAM?

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El nombre de quien ocupará la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2015-2019 sigue en la incógnita.

Ayer, la Junta de Gobierno (JG) de la casa de estudios concluyó sin acuerdos su sesión de deliberaciones sobre el proyecto de universidad para los siguientes años, por lo que no se conoce aún el nombre de quien relevará a José Narro Robles.

De manera inusual, anoche, dos de los candidatos considerados con mayores posibilidades escribieron en sus cuentas de Twitter mensajes en los que agradecieron el apoyo de quienes abrazaron sus proyectos. Se trata de la directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y del ex director del Instituto de Ingeniería, Sergio Alcocer Martínez.

Mediante su cuenta@Rosaura_Ruiz_, la directora de la FC llamó a quienes la apoyaron y a la comunidad universitaria a respetar la decisión de la JG: En esta etapa final sólo nos resta respetar y conocer la decisión de la Junta de Gobierno que no puede ser otra, sino la que mejor convenga.

En una carta de cuatro párrafos agradeció las muestras de respaldo, mismas que, dijo, "me han conmovido y dado la fuerza necesaria para trabajar sin descanso en pos de seguir mejorando a nuestra universidad (...) No me cabe duda de que el proceso que vivimos en estas fechas ha marcado una huella e la historia universitaria por el nivel de participación, civilidad, debate y por el renovado interés, nacional e internacional, por la UNAM que captó durante su desarrollo”.

Por su parte, Sergio Alcocer, en su cuenta @SM_Alcocer, agradeció a quienes lo respaldaron en este proceso de sucesión en la rectoría. Agradezco el apoyo de todas las voces que confían en mí para esta gran misión, es un privilegio continuar en este proceso.

Los integrantes de la junta iniciaron el martes la última fase del proceso de sucesión en la rectoría, y tras dos sesiones a puerta cerrada no han llegado a un consenso.

En la plenaria del martes, los miembros de la JG presentes –el ingeniero Óscar de Buen se encuentra en Corea en un congreso– enfocaron la discusión en el análisis del contexto actual de la universidad, sus retos y desafíos.

La víspera se centraron en deliberar quién de los diez universitarios que aspiran al cargo cumple con el perfil para enfrentar la actualidad de la casa de estudios y resolver sus retos y problemáticas.

Fuentes cercanas al proceso informaron que hasta ayer no existía consenso entre los 14 miembros de la Junta que decidirán cuál es el perfil que requiere la UNAM de hoy y de los próximos años.

Anoche se decretó un receso en la sesión, misma que se retomará hoy en la mañana. Se prevé que en el debate cada integrante de la JG argumente quién, a su juicio, tiene los méritos para el cargo.

Así, se realizarán varias rondas de votaciones y debates. Cuando un aspirante alcance el apoyo de 10 de los 15 miembros de la JG, se dará el nombramiento.

Según los consultados, la designación se hará esta semana. Aunque, acotaron, la fecha límite es el 16 de noviembre, día en que Narro Robles concluirá su segundo y último periodo al frente de la casa de estudios.

La ley orgánica de la UNAM de 1945 faculta a la JG para nombrar a directores de escuelas, facultades e institutos, y al rector.

Fuente: La Jornada

Autores: Emir Olivares y Arturo Sánchez

Aprueban la transformación de Pensionissste en una Afore

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Con el voto de PRI, PVEM y Panal, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial para sustituir el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) por una administradora de fondos para el retiro (Afore) que operará con el esquema privado, y los priístas añadieron, además, que estará bajo control del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que no sólo nombrará a un director general, sino que tendrá voto de calidad en las decisiones del consejo de administración.

 La iniciativa original pretendía dar autonomía a la Afore a través de un consejo de administración, y ayer el PRI autorizó nuevas atribuciones al titular de Hacienda, que además podrá nombrar a uno de los tres vocales dentro del consejo de administración.

 En la opinión presentada por ese partido se señala que sólo se le separa administrativamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pero la presidenta de la comisión, Aracely Damián (Morena), señaló que al constituirse en paraestatal los ahorros de los trabajadores pasarán a tener carácter privado y de riesgo

 En la reunión de ayer de la comisión, los diputados priístas Beatriz Velez, Marco Antonio García, Manuel Vallejo Barragán, Arlet Mólgora Glover, María Guadalupe Oyervides y Pablo Bedoya se presentaron con un documento para acentuar los cambios propuestos por el Ejecutivo a la ley de Issste.

 En su propuesta, los legisladores del tricolor argumentaron que con el cambio en la estructura directiva de la administradora se pretende fortalecer la participación de los trabajadores en el consejo de administración, al proponer la participación de nueve vocales designados por los sindicatos.

 Sin embargo, también agregaron la participación del titular de Hacienda, así como el nombramiento de otros dos vocales, uno designado por el director general de instituto y otro por las secretarías de Trabajo, de la Función Pública y de Desarrollo Social, pese a que la iniciativa señala en sus exposición de motivos que el tránsito de Pensionissste a un esquema de recuperación privado es para darle flexibilidad administrativa.

 En su documento, la bancada del PRI sostuvo que la reforma pretende que la nueva entidad se transforme en una empresa de participación estatal mayoritaria para administrar los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores y que continúa como institución ciento por ciento del Estado mexicano.

 Afirmaron que la reforma cuenta con el respaldo de la junta directiva del Issste y las organizaciones sindicales, porque se incluye el derecho del trabajador para elegir la institución que administre su cuenta individual para el retiro, aunque esto ya ocurre en el régimen vigente de Pensionissste.

 La diputada Aracely Damián sostuvo que el argumento de la alta migración de cuentas a otras afores privadas es sólo un pretexto, ya que el cambio de cuentas del Pensionissste es aún menor que el promedio y los trabajadores no tendrán la garantía de que las comisiones sean las más bajas del mercado, como las tienen en su actual cuenta.
No es necesario pasar a una empresa público-privada cuando hemos tenido experiencias lamentables en la transformación de empresas estatales a privadas, señaló durante la reunión.

 El dictamen se turnó a la Comisión de Hacienda, que discutirá la inciativa este jueves.

 Fuente: La Jornada

 Autores: Enrique Méndez y Roberto Garduño



Mantiene SCT apagón analógico para el 31 de diciembre

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México, DF. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene el 31 de diciembre de 2015 como fecha para realizar el apagón analógico, aseguró la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe.

Dijo que la SCT le notificó ayer al Instituto Federal de Telecomunicaciones que cumplió con la entrega de televisores en diversas zonas, entre ellas el Valle de México, una de las más complejas y donde se entregaron más de dos millones de dispositivos

En entrevista radiofónica la funcionaria dijo que en breve el Ifetel tendrá que sesionar para ordenar el apagón en el Valle de México, Bajío, Guadalajara y otras que ya habían sido notificadas y permitirían alcazar la transición en 77 por ciento del país.

 Fuente: La Jornada

 Autor: Miriam Posada

Se tambalea megaproyecto para ampliar el puerto de Veracruz

By: Draco Dracul on 0:18:00 / comment : 0 , , , ,

VERACRUZ, Ver: La ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado, obra transexenal proyectada para concluirse en 2030, ha empezado a tambalearse.

 A dos años de que se anunció como la infraestructura más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto –solo detrás de la ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez–, ya cambió su esquema de financiamiento e inversión.

 Además hay opacidad en las acciones de obra ya desarrolladas y por efectuar, así como en los cambios económicos por fraguarse. Y, peor aún, en la propia Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) desconocen la manera en que impactará la caída de los precios internacionales del petróleo y los recortes al paquete económico de 2016.

 Pero si bien el proceso de construcción de las posiciones de atraque está en la incertidumbre, la edificación de la base para el rompeolas poniente continúa y se hace en total desaseo, sin respetar normas ambientales.

 Así, por ejemplo, las piedras que se “siembran” en la “base de la coraza” del rompeolas no “están lavadas”; la membrana de protección (una enorme red tendida a mar abierto) para reducir contaminantes y residuos al sistema de arrecifes no ha sido cerrada, por lo que el flujo de residuos a las aguas del Golfo de México es constante; la propia membrana amarilla de protección está rota en algunas partes, y a pocos metros de distancia el agua salada se ve completamente turbia.

 Y el colmo: el día en que los enviados del semanario Proceso recorrieron los avances de la obra junto con activistas sociales y ambientalistas que se oponen a la ampliación del puerto, porque causaría daños irreversibles al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), ningún investigador de la Universidad Veracruzana (UV), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) supervisaba que los empleados de esas empresas hicieran los trabajos de maquinaria pesada respetando normas ambientales.

 En diciembre de 2014, la Procuraduría de Medio Ambiente Estatal (PMA) ordenó detener los trabajos iniciales de ampliación del puerto, después de que durante las excavaciones realizadas se encontraron “residuos sólidos urbanos” (basura enterrada).

 La construcción del muro de contención de más de cuatro kilómetros fue adjudicada a las empresas Estructuras de Veracruz SA de CV, Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, y Conseer SA de CV, según lo confirmó a reporteros el ingeniero de obras de Apiver, Francisco Leaño, quien destacó que esta acción inicial tendrá un costo de casi 247 millones de pesos más IVA.

 Los residuos sólidos que desembocan al mar y la membrana rota contrastan con las promesas del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Genaro Ruiz Esparza.
Cuando arrancó la obra, el funcionario federal presumió que el de Veracruz se convertiría en “un puerto de clase mundial, de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de respeto a la ecología. Eso queremos y va a ser el orgullo del puerto de Veracruz para los veracruzanos”, subrayó.
Calado demoledor…

 Para que en los puntos de atraque puedan entrar buques de gran calado deberán excavarse 20 y hasta 25 metros por debajo del muelle con el fin de despejar el acceso de las embarcaciones, dice el buzo profesional y activista ambiental Manuel Victoria Muguira.

 Eso, agrega, será una “masacre”, pues un navío que arribe en línea recta necesariamente deberá pasar por arrecifes como Punta Gorda y Bahía de Vergara, arrasando con lo que encuentre por encima de esos 20.25 metros de superficie. Incluso advierte que podría haber afectaciones en la poligonal protegida del Sistema Arrecifal Veracruzano.

 “Estamos hablando de que el sistema coralino de Veracruz es el tercer arrecife de coral más importante del mundo. No me digan que una obra de esas dimensiones, una vez instalado su estacionamiento portuario, va a respetar cuidadosamente normas ambientales”.

 Y puntualiza que estas zonas rocallosas son ricas en biodiversidad de zooplancton y fitoplancton, dado que hay una variedad importante de corales, erizos, tortugas lora y verde, así como peces damisela, payasito, tijerilla, cirujano, perro cubano y charal elegante, entre otros.

 Leonardo Ortiz, ambientalista e investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías adscrito a la UV, otro de los opositores al proyecto de ampliación del puerto, asegura que el “megaproyecto” se planeó sin un estudio económico, de mercado, ambiental y social, para determinar si realmente Veracruz y el Golfo de México requieren de esta infraestructura.

 “¿Dónde está el estudio? ¿Quién lo avaló? ¿A quién se lo enseñaron?”, pregunta. Más bien pareciera que no tenían en qué invertir el dinero y decidieron ampliar el puerto, apunta.

 “Hablan de competir con otros puertos internacionales, pero no se puede competir con Houston o con Panamá en condiciones totalmente distintas”, expresa.

 Una vez que el “súper puerto” esté concluido, “si lo concluyen”, sería bueno ver el movimiento-incremento que por tonelaje diario tenga el renovado recinto portuario, dice.

 “En diez metros hay vida arrecifal, especies riquísimas que van a ser arrastradas, aniquiladas por la industria y el progreso”, sostienen Muguira y Ortiz, luego de snorkelear con los enviados de Proceso en la zona de arrecifes amenazadas.

 Y destacan que una de las mayores preocupaciones por la construcción de la colosal obra son los sedimentos en los arrecifes de Anegada de Adentro y de La Gallerita, que además –subrayan– podrían colapsar.

 “Ni la Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboraron estudios de impacto ambiental, de la viabilidad del proyecto o algún tipo de estudio para justificar y avalar los trabajos ya hechos”, lamenta Ortiz.
Y señala que varios pescadores y activistas del Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, quienes incluso interpusieron un amparo ante la justicia federal, ya se echaron para atrás en la defensa del territorio, algunos por interés económicos y otros por presiones gubernamentales o laborales.
“Son empleos”

 Aunque muy pocas veces se ha pronunciado al respecto, el gobernador Javier Duarte ha mostrado un gran interés por la ampliación del puerto. El priista ha dicho que no hay “magnitud ni antecedente” de infraestructura similar al megaproyecto, salvo en tiempos de Porfirio Díaz.

 “Necesitamos esa inversión. La mayor obra en toda la historia de Veracruz era la construcción del propio recinto portuario con Porfirio Díaz. El megaproyecto de ahora es ampliar tres veces más ese puerto, lo necesitamos. Ahora el puerto de Houston nos está comiendo”, justificó Duarte en una de sus conferencias de prenmsa realizadas cada lunes en Palacio de Gobierno.

 Según el mandatario estatal, el proyecto es “sustentable” porque los barcos de gran calado, dijo, no pueden atracar en Veracruz y “se pierden empleos”, inversiones y desarrollo económico. “Son empleos para ustedes, para nosotros, para los veracruzanos”, subrayó.

 Con dicha declaración, el priista también justificó la extracción de dos millones y medio de toneladas de piedra basáltica para construir el inmenso rompeolas, material que será extraído de la reserva natural protegida de los Tuxtlas, en la comunidad de Balzapote.
Está acción ya originó la irritación de lugareños en esa región, quienes crearon el movimiento civil “La Roca No Se Toca”, apelando a que dichos cerros de material basáltico sirven como muros de contención para fenómenos meteorológicos y también son ricos en fauna y biodiversidad.
Opacidad

 El presidente Enrique Peña Nieto presumió el proyecto original como una infraestructura que generará 140 mil empleos (100 mil indirectos), con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos –39% de los gobiernos federal y estatal y 61% de la iniciativa privada–, y según estimaciones se desarrollaría en 13 años.

 No obstante, al interior de Apiver algunos de sus directivos han admitido que la caída de los precios del petróleo, los recortes presupuestales y la subida estrepitosa del dólar, entre otros factores, han cambiado el esquema de financiamiento, y pudiera ser que hasta el proyecto original de la obra.

 Durante más de un mes Proceso solicitó una entrevista con el director de Apiver, Ignacio Fernández Carvajal, pero luego de cuatro intentos por meter en agenda una cita, su jefe de prensa, Pedro Cruz, dijo al reportero: “El reportaje se tendrá que ir con la información que tengas… El jefe anda “ponchadito” (enfermo)”.

 Ante tal respuesta se solicitaron copias del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la obra y del proyecto ejecutivo, así como de las acciones que se han realizado en el recinto portuario y los permisos solicitados, entre otros puntos, lo cual quedó asentado en la solicitud de información número 0918200005515.

 Dos meses después, con la eventual solicitud de prórroga, Apiver contestó que la información solicitada sólo estaba “disponible con costo”, es decir, a cambio de un depósito bancario de 25 mil 476 pesos, más 106 pesos con cincuenta centavos por “costos de envío” por copias simples. Y si el solicitante deseaba una “copia certificada”, apuntó, debería desembolsar 866 mil pesos, más los 106 por gastos de paquetería, por concepto de un compilado de 50 mil 496 hojas.

 “Son las reglas del juego… Así son los lineamientos del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), nosotros nos apegamos a ellos”, respondieron dos empleados de la Unidad de Enlace de Apiver cuando el reportero se apersonó en las instalaciones de la dependencia federal para solicitar que le entregaran la información en una memoria USB o en un disco con costo.

 Leonardo Ortiz suelta una carcajada cuando se le comenta la experiencia con Apiver para acceder a la información. Según el investigador universitario, el también pidió datos similares en la plataforma Infomex, pero a cambio le exigieron un millón 106 mil 275 pesos (solicitud de información número 09182000011614).

 Le dijeron que una vez depositada esa cantidad, Apiver le haría entrega de 58 mil 412 hojas relativas a la valoración económica de las medidas de mitigación y condicionantes del MIA, el programa de manejo ambiental para la ampliación del puerto de Veracruz, así como documentos alusivos al monitoreo de la flora y fauna del Sistema Arrecifal Veracruzano, entre otros documentos.
“Es obvio que te piden esas cantidades estratosféricas para desalentarte que puedas tener esa información. Ya estamos buscando otras vías de acceder a ello. Insistimos en que ellos (el gobierno) escogieron el peor lugar para ampliar el puerto”, concluye.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).

Ordenan “auditoría exhaustiva” a la administración de Mario Anguiano

By: Draco Dracul on 0:01:00 / comment : 0 , ,

COLIMA, Col: Por unanimidad, el Congreso local ordenó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) realizar una “auditoría exhaustiva” a la administración del exgobernador priista Mario Anguiano Moreno.

 En particular a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Administración y Finanzas con el propósito de investigar el presunto desvío de recursos y posibles actos de corrupción.

 Ante la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado panista Nicolás Contreras Cortés, ningún legislador del PRI hizo uso de la voz para defender al exmandatario surgido de las filas de su partido, sino que por el contrario, todos respaldaron que se le investigue.

 De acuerdo con Nicolás Contreras, actualmente el gobierno del estado se encuentra en una crisis financiera derivada de la mala administración de los recursos públicos realizada por el anterior gobernador y demás funcionarios de su administración.

 “Ha sido tal el daño a la hacienda estatal que se han presentado grandes dificultades para el pago de las prestaciones a los maestros, con atrasos en las mismas, siendo que dichos gastos están debidamente clasificados y presupuestados en la ley correspondiente”, dijo.

 Como elemento de prueba, el legislador panista ofreció parte de la transcripción de un video de una rueda de prensa ofrecida en agosto pasado por el entonces gobernador, en la que declara sobre el manejo de los recursos económicos en la Secretaría de Educación del Estado lo siguiente:

 “Hay recursos que estaban presupuestados, pero que empezaron a meter más personal del que se podía cubrir, entonces cuando llegaba la nómina se tomaban los fondos que se disponía para pagarles y entonces empezaron a dejar de pagar algunos compromisos que se tienen”.

 Asimismo, Anguiano admite que había muchos maestros comisionados, por lo que se contrataron maestros eventuales para cumplir la tarea que los titulares venían realizando, y se les empezó a pagar sin estar considerados en una base presupuestal.

 “Cuando llegaba la nómina se utilizaba el dinero que había, dinero que era a veces para cubrir algunas prestaciones de los maestros que no urgían en ese momento, pero que después empiezan a urgir y ya no hay los fondos para poder hacerlo”, reconoció el exmandatario.

 Otro de los elementos utilizados para sustentar las presuntas irregularidades es un informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se ofrecen resultados de la fiscalización del fondo educativo en el país, de 325 mil millones de pesos, en el que destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato.

 También pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

 La ASF señaló que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.

 Además de lo anterior, señaló Contreras, existen denuncias de docentes que acudieron a las aulas a impartir clases pero no han recibido su respectiva remuneración. Ellos refieren que al presentarse ante el sindicato o con el anterior Secretario de Educación, éstos les indicaban que no tenían nombramiento u oficio de asignación, por lo que ante el sistema no existían.

 Refirió que si bien las declaraciones del exgobernador se limitan a la Secretaría de Educación, “la contundencia de las mismas, abonadas a otras situaciones vividas en nuestro estado, como el adeudo a los jubilados y pensionados, la suspensión de programas sociales por falta de recursos y las dificultades en el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, son signos inequívocos del desvío de recursos realizados en la administración anguianista, lo cual hace necesaria la intervención directa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización”.

 En la misma sesión del Congreso, la diputada panista Julia Lizeth Jiménez Angulo, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, anunció el inicio de un juicio político contra el procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes, y el exsecretario de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco, por su intervención ilegal en la elección de gobernador anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 En la tribuna, la legisladora mencionó que con esto se atiende uno de los resolutivos de la sentencia del TEPJF, que dio vista al Congreso del estado para realizar la investigación correspondiente.

 Días antes del final del sexenio de Mario Anguiano, Salazar Velasco renunció a la titularidad de la Sedescol, puesto en el que el gobernador interino, Ramón Pérez Díaz, nombró a Rubén Pérez Anguiano, exsecretario de Cultura.
Mientras tanto, a cuatro días de haber asumido el cargo, el mandatario no ha nombrado a un nuevo procurador de Justicia, por lo que Marcos Santana se mantiene en el puesto.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Se movilizan maestros de Oaxaca para exigir la liberación de sus compañeros

By: Draco Dracul on 23:48:00 / comment : 0 , , ,

OAXACA, Oax: Con marchas, bloqueos, mítines y ayunos, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron la liberación de sus compañeros Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, detenidos el pasado 28 de octubre y recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

 Por la mañana, el comité ejecutivo convocó a un plantón y un ayuno de seis horas frente a los juzgados de Ixcotel, y a partir de las 4 de la tarde a una concentración masiva (fuera del horario de clases) y un bloqueo en el crucero de Símbolos Patrios.

 Con cartulinas donde se leían consignas como: “Libertad a los presos políticos”, “Justicia”, “En México luchar por la verdad es un delito” y “Alto a la criminalización de la protesta social”, los inconformes anunciaron que iniciarían una huelga de hambre en respuesta al auto de formal prisión dictado al profesor Roberto Abel Jiménez García.

 La representante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, Edith Santibáñez Bohórquez, señaló que este martes la juez primero de lo penal del fuero común del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión Jiménez García, conocido como ‘El Abuelo’.

 “La juez Graciela Maldonado González nos sorprendió, porque sin respetar el debido proceso le dictó un auto de formal prisión al compañero, por lo que vamos a exigir su traslado a la penitenciaria de Oaxaca y solicitaremos al presidente del Tribunal Superior de Justicia libertad bajo caución”, puntualizó

 Santibáñez Bohórquez comentó que en el proceso que se sigue a los detenidos hay distintos vicios, así como inconsistencias e irregularidades, como el no permitir que los detenidos tengan contacto con familiares y abogados.

 Precisó que al menos el día de hoy no tendrán acompañamiento del cuerpo jurídico porque no lo ha permitido la autoridad federal, cuestión que violenta los derechos humanos de los detenidos.

 Tanto el profesor Othón Nazariega Segura como Juan Carlos Orozco Matus, rindieron este miércoles su declaración y ya fueron asistidos por abogados de la Sección 22, mientras que la comparecencia de Efraín Picaso está programada para mañana.

 Por separado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, manifestó que “las resistencias de quienes han querido secuestrar la marcha de la reforma educativa se superan con la coordinación eficaz y eficiente de las autoridades, y con respeto a la ley”.

 Durante su participación en los trabajos del Mecanismo de Coordinación Regional Zona Sur-Sureste, anunció que se destinarán a esa zona 15 mil millones de pesos para construir y mejorar escuelas.

 Ante los gobernadores de Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, el funcionario federal dijo que ante quienes se han negado a la reforma educativa, la respuesta es esta coordinación que busca establecer una agenda periódica para construir una nueva realidad y alcanzar educación de calidad.

 A su vez, los gobernadores reiteraron su apoyo pleno a la reforma educativa y su implementación integral, y acordaron hacer cumplir la Constitución y las leyes que regulan la política de educación en el ámbito de sus atribuciones.

 De igual manera, se comprometieron a impulsar los cambios y acciones necesarios para cumplir con la obligación de garantizar educación de calidad con equidad para niños y jóvenes.

 En el acto, Nuño comentó que la coordinación entre las autoridades estatales y federales permitirá llevar a buen puerto la reforma educativa, y recordó que a través de los certificados de infraestructura escolar se tendrán 50 mil millones de pesos adicionales para atender los problemas de en las escuelas.
En este sentido, insistió que la Zona Sur-Sureste obtendrá 15 mil millones de pesos, y reiteró que pese a la situación económica complicada, no habrá recorte al presupuesto para educación, por lo que se prevé que el año próximo se cuente con 712 mil millones de pesos en la materia.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

El GDF se dice interesado en el proyecto alternativo de AMLO para el Nuevo Aeropuerto

By: Draco Dracul on 23:41:00 / comment : 0 , , , ,

El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, en una misiva dirigida a López Obrador, expresó el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.

 El Gobierno del Distrito Federal solicitó el proyecto alterno del Nuevo Aeropuerto presentado ayer por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

 El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, envió una misiva dirigida a López Obrador, en la que le expresa el “gran interés” de las autoridades capitalinas por estudiar y analizar su proyecto.

 “Como es de su conocimiento, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, nos ha instruido a desarrollar un amplio programa de participación, consulta e información a todos los ciudadanos y a todos los actores de la Ciudad de México, en torno al Aeropuerto Internacional, ante la posibilidad de su mudanza, fuera de la propia Ciudad”, inicia la misiva.

 Detalla que el objetivo “ es preparar a la ciudad con todo rigor y antelación, ante la eventualidad de cambio físico del Aeropuerto, en efecto, ocurra”. Por ello, asegura el documento, escucharán todas las voces, “sin distingos, con un Plan de Participación que está ahora mismo, en marcha”.

 “Con interés, acudimos a la presentación de la alternativa aeroportuaria que usted realizó el día de ayer”, agrega.
Finalmente, la carta indica que “por tal razón resulta de gran interés, poder contar con su presentación para estudiarla y analizarla, como una de las voces que debemos tomar en cuenta en nuestra consulta -y en el momento que usted lo decida- conocer directamente a mayor profundidad las condiciones de su proyecto”.
Ayer, el dirigente de Morena presentó su proyecto alternativo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el cual, asegura, se busca un ahorro de cien mil millones de pesos, de los 170 mil millones que estima el Gobierno federal.

 López Obrador solicitó además una audiencia con el Presidente Enrique Peña Nieto para presentarle el proyecto alternativo, solicitud que encomió a los integrantes de la comisión que se creó para difundir esta propuesta.

 “Que se busque una audiencia pública con el licenciado Peña Nieto, independientemente de nuestras diferencias estamos hablando del patrimonio nacional”, declaró esta noche durante la presentación de su proyecto.

 El dirigente de Morena explicó que el gasto planteado por el Gobierno federal incluye el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el área de Santa Lucia, sin embargo, dijo, la propuesta alterna que él trabaja es más eficaz y barata, ya que contempla la remodelación y no el cierre.

 Indicó que su propuesta busca remodelar la actual terminal capitalina y la Base Aérea de Santa Lucía, y establecer entre ambas un transporte directo, en un recorrido de unos 35 minutos, además de mejorar algunas vialidades existentes.
Esta alternativa, dijo, costaría unos 69 mil millones por la construcción de dos pistas más, casi 100 mil millones menos de los que el Gobierno federal tiene contemplados para la construcción de un nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, ya que el monto de inversión solo considerará la renovación de las instalaciones.

 FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2015/1540816
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