En conferencia de prensa para presentar las características de la segunda parte de su mandato, los expertos Alejando Valencia, Carlos Beristain y Francisco Cox, consideraron “innecesario” el planteamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un nuevo estudio al basurero de Cocula, donde habrían sido quemados los estudiantes según la “versión histórica”, pero que fue desmentida por el GIEI a través del peritaje del experto José Torero.
En su posicionamiento los expertos recordaron que el reporte de Torero demostró la “imposibilidad de dicha acción en tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados”.
Ante la insistencia de la PGR de realizar un nuevo peritaje, los miembros del GIEI consideraron que los expertos seleccionados para realizar el nuevo estudio deben tener “el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto”.
Aun cuando el GIEI proporcionó un listado de nueve científicos que cumplen con esas características, “aún no se ha hecho el proceso de selección final de los expertos para participar”.
En su posicionamiento los expertos independientes también hicieron propuestas a la PGR “sobre los objetivos del peritaje, la documentación previa que debe ser utilizada, los criterios sobre el tiempo, la organización de la visita, el trabajo de campo y la realización de su informe”.
Y recordaron a la dependencia que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) “está realizando un peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas”.
PGR tomó declaración a 11 militares
Los expertos revelaron que la PGR tomó declaraciones a 11 militares del 27 Batallón sin notificarles con antelación, entre ellos habría soldados que formaban parte de una lista de 26 que el GIEI había solicitado interrogar previamente.
Carlos Beristáin recordó que ante la solicitud de interrogar a los 26 militares, el 19 de agosto, la PGR les informó que sólo podrían hacerlo a través del ministerio público y que para ello tendrían que formular un cuestionario.
Al señalar que entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre pasado militares se presentaron a declarar y ampliar declaración, Beristáin señaló que ellos no se enteraron de estas diligencias sino hasta finales de septiembre, y hasta ahora no las han revisado.
Francisco Cox apuntó que una vez que estas declaraciones sean analizadas por el GIEI, va a evaluar si sigue siendo necesario o no tomar declaraciones. “Si nosotros consideramos que es necesario tomarles declaraciones, nosotros vamos a insistir en el punto”, señaló.
Cox añadió que si el Estado mexicano quiere saber qué ocurrió con los estudiantes, es necesario se le dé acceso al GIEI a todas las fuentes de información, incluidas las militares.
Al referirse al emplazamiento del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de que si para el GIEI el destino de los estudiantes no fue el basurero de Cocula, los expertos deben aclarar dónde están, el abogado chileno reviró:
“Justamente como lo solicita el secretario Osorio Chong tenemos que ver qué ocurrió y cómo ocurrió. Y no puede ser que exista al interior del Estado (mexicano) una contradicción tan grande, que una fuente de información se nos prive como posible línea a determinar tanto para la búsqueda como para conocer la verdad.
“Si es necesario finalmente se nos dará acceso a eso (a las declaraciones de militares) toda vez que como ha dicho el secretario Osorio Chong tenemos que determinar qué pasó con los muchachos, y es una labor tanto de nosotros como expertos como del Estado mexicano”, apuntó.
Por su parte, Ángela Buitrago señaló que el martes 5 el expediente que consta de 151 tomos fue trasferido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, y que recientemente se creó la nueva unidad encargada de las investigaciones misma que estará integrada por cuatro elementos, con el compromiso de que se sumaran otros 33 agentes investigadores y ministerios públicos.
Sobre el impacto del filme “La noche de Iguala” –que valida la versión oficial—Buitrago apuntó que “lo mediático no debe influenciar una investigación. Sí debe arrojar luces que pueden ser eventualmente investigadas pero no afectación frente al tema de la investigación”.
Alejandro Valencia puntualizó que en esta segunda etapa los integrantes del GIEI pretenden hacer “un trabajo coordinado y coherente entre las líneas de investigación y las líneas de búsqueda, y sobre todo que las acciones de búsqueda respondan a las líneas de investigación”.
Resaltó que con la nueva etapa de investigación se pretende “arrojar nuevas pistas para determinar la suerte de los normalistas desaparecidos, generar estrategias de búsqueda objetivas y estratégicas que puedan intentar encontrar o realizar estas acciones de una manera más coherente, respondiendo a elementos objetivos”.
En su posicionamiento, los expertos reconocieron la atención médica brindada al normalista Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado de coma, pero cuestionó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que gestionó la visita de dos neurólogos de Costa Rica y Cuba para la valoración médica, haya difundido los resultados preliminares sin consultar a los familiares del normalista.
Los expertos informaron que estuvieron presentes en la exhumación de los restos de Julio César Mondragón, que serán analizados por el EAAF, e informó que en los próximos días enviarán sus comentarios sobre el anteproyecto de Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada, que les fue enviado el 26 de octubre pasado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
