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Recompensa contra la corrupción

La fiscalía Anticorrupción que perfila el Gobierno de Nuevo León exhortaría a los ciudadanos a denunciar actos ilícitos de los funcionarios, y si el hecho se comprueba, otorgaría gratificación económica.

La Fiscalía Anticorrupción que planea crear el Gobierno del estado pone sobre la mesa una propuesta al estilo del viejo oeste.

Se trata de una recompensa a la persona que señale un posible acto de corrupción de un funcionario. El caso sería investigado por la Fiscalía y, si hay pruebas, el señalado será vinculado a proceso bajo el esquema del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Por ejemplo, en el caso de enriquecimiento inexplicable de un funcionario, si un ciudadano denuncia y la Fiscalía Anticorrupción estatal comprueba el delito, el denunciante se lleva el 30 por ciento de la cantidad malversada que logre recuperar el Estado.

También podría tener una recompensa la persona que denuncie al burócrata que, por ejemplo, pida soborno a una constructora para la asignación de una obra. Si el nuevoleonés tiene una prueba contundente se llevaría la compensación.

Ernesto Canales, presidente de Renace, dijo públicamente que él podría ser designado titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal.

“Lo que estoy planteado es un trabajo en proceso, recibir información del público sobre actos de corrupción a cambios de tres ventajas, una es que podría tener derecho a una compensación de las cantidades que el Estado llegue a recoger, segunda sería por vía anónima, y una tercera que tendría derecho a una amnistía.

“Lo que se trata es crear confianza a la ciudadanía para que se acerque a la oficina del fiscal y aporte las pruebas, y que nos permita con esa información iniciar con las investigaciones y poder vincular a proceso”, dijo Canales.

Van por altas esferas

Aunque en el 2011 el expresidente Felipe Calderón propuso un incentivo para quien denuncie un caso de lavado de dinero y actos de corrupción, hasta el momento no se ha oficializado del todo en las entidades federativas.

En Nuevo León sólo se ha anunciado una recompensa económica para quien aporte información sobre un líder del narcotráfico o por el “moche” de un agente hacia un ciudadano, más no para un funcionario de alto nivel.

Pero ahora parecería que combatir la corrupción en altas esferas políticas va en serio.

Ernesto Canales agregó que en Nuevo León se tendrá una tabla de porcentajes en diferentes casos dependiendo el acto de corrupción, pero el factor económico será fundamental para que la ciudadanía tenga la confianza de denunciar.

“Está en la mesa y aún no hay un pronunciamiento de todas las partes, en particular quien tomará la decisión es el señor gobernador, pero serían compensaciones sustanciales del alrededor de un 30 por ciento, y que sea lo suficientemente atractivo para que una persona se dé su tiempo y su esfuerzo en ayudar para alcanzar estas causas.

“No estamos inventado el hilo negro, la compensación se utiliza en otros países, inclusive hay algunos antecedentes en México como la figura del testigo protegido, la intención es aprovechar las herramientas que existen para organizarlas de una manera efectiva”, explicó Canales.

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), tiene un programa para recompensar a quien contribuya en el descubrimiento de un fraude fiscal.

Uno de sus casos más renombrados fue en el 2012, cuando el exbanquero suizo Bradley Birkenfeld, de Union Bank of Switzerland (UBS), denunció a casi 4 mil 500 ciudadanos estadounidenses que defraudaban al fisco a través de cuentas bancarias en el extranjero.

Por esta denuncia el exbanquero tuvo una compensación de 104 millones de dólares.

Trabajar de inmediato

Aunque pareciera anticipado crear una Fiscalía Anticorrupción estatal, lo importante será iniciar con la operación lo más rápido posible, consideró Canales. 

“Estamos diseñando un sistema que pueda empezar a trabajar de inmediato, si más adelante la legislación tiene ciertas características que tengamos que cambiar lo haremos, pero lo que no queremos es esperar a que exista la ley nacional porque no sabemos cuándo va ser el momento político para lograr su aprobación.

 “Lo que quiero decir es que si puede existir en el sistema actual una oficina anticorrupción que sea independiente. Todo esto está en proceso, son temas nuevos que se tiene que ir definiendo. Lo que he señalado que la intención es iniciar a finales de este mes”, dijo Ernesto Canales.

Dentro de su estrategia será crear confianza entre la ciudadanía para que Nuevo León sea de los primeros en aterrizar una Fiscalía Anticorrupción.

Sí habrá ‘dientes’El próximo fiscal anticorrupción estatal y aún presidente de Renace, Ernesto Canales, aseguró que la propuesta de la nueva Fiscalía estatal tendrá herramientas contundentes para investigar actos de corrupción.

 “Los dientes y las herramientas son la investigación, pero partiendo de la información que se pudiera obtener, que nos permita vincular a proceso a una acción penal, lo que hace posible que se puedan tomar declaraciones formales de los indiciados”, aseveró Canales.

Agregó que se podrá acusar a un funcionario por el delito de enriquecimiento inexplicable, pues se podrá vigilar sus declaraciones fiscales o patrimoniales.

“Se tendrá juicios abiertos para dar explicaciones sobre las discrepancias que existan de la información pública y las declaraciones patrimoniales, y podría ser por el delito de enriquecimiento inexplicable de funcionarios públicos”, dijo Canales.

Confía que con una buena oficina técnica con alto nivel de profesionalismo se pueden armar expedientes muy sólidos de actos de corrupción.


“Si la oficina se estructura como un organismo descentralizado dependiendo del gobernador, y a su vez este órgano desconcentrado tiene un consejo ciudadano independiente, pues se garantiza la autonomía”, dijo Ernesto Canales.

Se espera que la Fiscalía Anticorrupción no sea una simulación, como sucedió con la Auditoría Superior del Estado, que no cuenta con “dientes” necesarios para castigar las observaciones no sustentadas de los Municipios y órganos descentralizados.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

Atacan a balazos a activistas indígenas en Iztapalapa; tres heridos

MÉXICO, DF: Tres activistas indígenas fueron agredidos a balazos esta mañana en la colonia Álvaro Obregón de la delegación Iztapalapa.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:20 horas cuando las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados en la zona conocida como Chinam Pac de Juárez del Frente Guelatao.

Los heridos fueron identificados como Rubicel Hernández García, de 26 años, miembro del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO); Jesús Hernández Reyes de 28 años, del Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo (FNLS) en Michoacán y el indígena náhuatl Matías Flores, también del FNLS en Las Huastecas.

Rubicel Hernández tiene un disparo de arma de fuego en el tórax del lado izquierdo; Matías Flores en el estómago y Jesús Hernández en una pierna.

Los defensores de derechos humanos fueron trasladados en ambulancia al Hospital General Balbuena,  sin permitirse que ningún acompañante estuviera presente en el traslado, según denunciaron.

La Policía de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Oasis reportó que los activistas fueron atacados por un grupo de sujetos que les dispararon desde un Volkswagen Jetta azul, cuando caminaban por la calle Manuel Escandón, junto a la Unidad Deportiva Francisco I. Madero.

Hasta el momento no hay personas detenidas por este incidente.

En una carta dirigida a las autoridades federales, incluidos el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo explicó que los tres heridos son parte de una comisión que se encuentra en el Distrito Federal denunciando la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López, miembro de la OCEZ-FNLS, en Chiapas el 29 de septiembre.

La organización calificó el ataque como un intento de ejecución extrajudicial.

Por tal motivo, exige al gobierno federal tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la atención médica adecuada a Rubicel Hernández, Matías Flores y Jesús Hernández, además de garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de la Comisión del FNLS en el DF.

También realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos del intento de ejecución extrajudicial contra Rubicel Hernández, Matías Flores y Jesús Hernández y que los resultados de la investigación se hagan públicos, además que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.


De manera general, el Comité Cerezo pide que las autoridades realicen sus acciones conforme a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.

FUENTE: PROCESO.
FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a otros dos autodefensas en Michoacán; suman 10 este mes

FELIPE CARRILLO PUERTO, Mich: Dos autodefensas murieron esta mañana al ser emboscados por hombres armados en La Ruana.

En lo que va del mes más de 10 autodefensas han sido asesinados por el crimen organizado.

De acuerdo con reportes policiacos, el doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 7:30 horas en el camino que comunica a las localidades de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) y Pancha López, donde Juan Álvarez Ramírez, El Burras, miembro de las autodefensas que operaba en la Fuerza Rural, tenía una parcela.

Junto con él viajaba, a bordo de una camioneta Nissan de redilas color blanca, Víctor Manuel Guillén Valero, de 15 años, El Guango, también autodefensa.

Ambos fueron victimados cuando llegaban a trabajar a la propiedad de El Burras. Sujetos armados los esperaban ocultos entre la vegetación y abrieron fuego contra ellos.

Los cuerpos de Álvarez Ramírez y de Guillén Valero quedaron en el interior del vehículo.

Posteriormente se registró una fuerte movilización de elementos de las policías Federal y Estatal, así como de personal del Ejército en busca de los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Álvarez Ramírez era cercano a Antonio Torres El Americano, exlíder de autodefensas en Buenavista Tomatlán.

Presuntamente el ataque en su contra se debe a la disputa por el control de la región que mantienen grupos de civiles armados.

El pasado día 5 en Aguililla, dos hombres identificados como Sacramento Mendoza y David Zapién, autodefensas de este municipio, fueron hallados muertos y calcinados dentro de una camioneta.

El martes pasado sobre el libramiento a Los Reyes, dos autodefensas más fueron ejecutados y su camioneta quemada.


En Churumuco, Arteaga, Tancítaro y Huetamo han sido ejecutados otros líderes de autodefensas. “Nos están matando como moscas”, afirmó el Comandante Roberto, de Pinzandaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.

Exige Solalinde a Graco identificar cadáveres de fosas

CUERNAVACA, Mor: El padre Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino, cuestionó duramente al gobernador Graco Ramírez por las dos fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia morelense, en las que se habían inhumado ilegalmente 150 cadáveres.

A través de su cuenta de Twitter, el presbítero le exigió al tabasqueño que “Haga pública la identificación de los cadáveres encontrados en la fosa para buscar ahí a lxs desaparecidx (sic) en su gobierno @gracoramírez”, escribió en los primeros minutos de este sábado, luego de tuitear un enlace sobre la noticia de las fosas ilegales de la Fiscalía, que Proceso ha dado seguimiento desde el miércoles pasado.

Se preguntó entonces, “es Morelos más seguro con @gracoramirez en el gobierno?”, a lo que el tabasqueño respondió: “Si, y ahí están las cifras. Se reducen delitos de alto impacto y 100 mil jóvenes tienen beca para ir a la escuela”.

Enseguida, el padre reviró: “ahí están ONG’s percibiendo todo lo contrario”. El debate siguió. Dijo Graco: “hay pluralidad en Ongs. Y no son pocas las que reconocen los avances. No se trata de actos de fé (sic), son datos validados”.

Solalinde volvió a la carga: “Hay muchxs ciudadanxs (sic) que han perdido la Fe en tu gobierno, exigen justicia con sus desaparecidxs (sic) donde solo aparecen fosas”. A lo que Graco respondió con una invitación a Solalinde, “lo invito a reunirse con Fiscal Gral del Estado y comprobar que cada uno de los cadaveres (sic) están documentados”.

Yo “Te invito a reunirte con las familias de desaparecidxs y les respondas con documentos cada caso concreto”, contestó el padre.

Graco no pudo mantener el paso, así que quiso salir con una de sus conocidas frases fáciles: “desde que asumí el gobierno me he reunido con las víctimas Se hizo Ley y esta reparándose daño y se editó una memoria”. Respondió el presbítero: “Queremos identificación de desaparecidxs (sic). No memorias impresas, sé preciso Gobernador”.

La última respuesta de Graco fue: “La memoria es para no olvidar el pasado. Hoy en Morelos estamos. Cambiando con inversión social y respeto derechos”.

Luego Solalinde Guerra tuiteó una noticia en la que las madres de desaparecidos que exigen exhumar los 150 cuerpos de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos, con el texto: “Ahí te hablan @gracoramirez tienes que escucharlxs”. Pero ya no tuvo respuesta del mandatario, que en ese momento anunciaba que se encontraba en camino a la asunción de Agustín Basave en el liderazgo nacional del PRD.

El pasado miércoles, la familia Hernández Hernández denunció que la Fiscalía General de Justicia de Morelos tenía dos fosas clandestinas ilegales en las que había colocado 150 cadáveres, al menos, entre ellos el de su hijo Oliver Wenceslao, quien a pesar de estar plenamente identificado fue colocado desde marzo de 2014, y pasó ahí 11 meses, hasta que la familia se enteró y obligó a la dependencia a entregarles el cuerpo.

Proceso publicó en su portal un video perturbador, en el que elementos de la Fiscalía exhumaron los cadáveres utilizando una retroexcavadora.

El pasado jueves, el gobierno del estado admitió la ilegalidad de las fosas, aunque el viernes advirtió que no eran clandestinas, sino fosas comunes.


No obstante, las fosas se encuentran en un predio ejidal que no cuenta con ninguno de los servicios requeridos por la ley de panteones, sanitaria y del Registro Civil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)

Agustín Basave es el nuevo dirigente nacional del PRD

Basave, quien pidió licencia a su cargo como diputado a inicios de noviembre, fue elegido nuevo dirigente del PRD. Beatriz Mojica será lanueva secretaria general del partido.

Tras la renuncia de Carlos Navarrete el viernes 6 de noviembre, el Partido de la Revolución Democrática eligió a Agustín Basave como nuevo dirigente nacional. La votación nominal se llevó a cabo este sábado y, junto a Basave, se designó a Beatriz Mojica como secretaria general del partido.

La fórmula Basave-Mojica recibió 295 votos de los 304 consejeros presidentes. Este sábado se registraron otras dos fórmulas que compitieron por los cargos, una de Onel Ortíz y Liliana Martínez, y otra de Fernando Belaunzaran con Celso Pulido.

“El renacimiento del PRD tiene grandes desafíos, nuestra identidad se ha desdibujado”, dijo Basave tras haberse anunciado los resultados de la votación. “Más vale perder una clientela que recibir el repudio ciudadano, no solaparemos la corrupción en el PRD”, continuó.

Basave también pidió a los miembros del partido no perder la pasión por las “causas justas que México requiere” y ser una “oposición firme e inequívoca a este gobierno corrupto e inepto que ha detonado una crisis en el país”.


https://twitter.com/PRDmexico/status/663123918421561344

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dan prisión a uno de los cómplices en fuga del ‘Chapo’

Al indiciado se le atribuye la omisión de hacer del conocimiento de las autoridades que se construía un túnel por el que se evadió el ahora fugitivo.

Con los elementos probatorios aportados por la Procuraduría General de la República, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó auto de formal prisión por encubrimiento en contra de una de las personas que, desde el exterior, participaron en la evasión de Joaquín Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la PGR dio a conocer que al indiciado se le atribuye la omisión de hacer del conocimiento de las autoridades que se construía un túnel por el que se evadió el ahora fugitivo.

Además estaba enterado dado que uno de sus familiares, procesado por evasión de preso, era presumiblemente el encargado de supervisar la construcción del pasadizo hasta la celda.

La Seido indicó también que el pasado 3 de noviembre se dio cumplimiento por reclusión a la orden de aprehensión dictada por el Juez Primero de Distrito en Sinaloa con Residencia en Culiacán, en contra del ahora formalmente preso, por delito contra la salud.

En agosto de este año, elementos navales lo detuvieron en la capital sinaloense en posesión de mariguana y clorhidrato de metanfetamina.

Por el delito de Encubrimiento, insistió la Seido, se fijó al imputado la caución de 80 mil pesos, por concepto de obligaciones procesales, para obtener su libertad provisional; sin embargo, continuará recluido por el delito contra la salud, ya que éste es grave y no alcanza fianza.

El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Seido ejerció acción penal contra el indiciado al cumplimentar la orden de aprehensión otorgada por el Juez de la causa, el 3 de noviembre del año en curso.


Fue ingresado al Cefereso Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego también de cumplir la medida cautelar de arraigo decretada por un órgano jurisdiccional especializado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Asesorará la CNDH a familiares de desaparecidos para elaborar ley

MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asesorará y acompañará a familiares de personas desaparecidas de todo el país para la elaboración de una Ley General Sobre Personas Desaparecidas en México.

Esta ley deberá abonar al esclarecimiento de cada caso y permita conocer la verdad de los hechos, reparar el daño, hacer justicia, castigar a los responsables y dé garantías de no repetición.

Al encabezar una reunión de trabajo con el “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, ¡Sin las Familias No!”, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recibió de familiares de presuntos desaparecidos un documento elaborado de manera colegiada, que contiene elementos esenciales que coadyuvarán en la elaboración de una ley en la materia.

Tras escuchar a las víctimas y sus dirigentes, agrupados en 36 Colectivos de 23 estados de la República y 40 organizaciones civiles que los respaldan, el presidente de la CNDH les reiteró su apoyo, solidaridad y propósito de contribuir con esta causa.

González Pérez aceptó brindar acompañamiento y tener una participación activa en el proceso de elaboración de la ley, de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales del organismo nacional.

En el encuentro, en las instalaciones del edificio sede de la CNDH, los familiares de personas desaparecidas refirieron a González Pérez la problemática general y personal que enfrentan, a lo que el ombudsman nacional ofreció analizar los planteamientos y, de ser procedentes, llevar esta iniciativa al Congreso de la Unión.

Indicó que la Comisión Nacional revisará la propuesta de iniciativa de ley que, reconoció, es un esfuerzo colectivo por crear una esperanza para encontrar respuesta de las instituciones del Estado, y que contiene las experiencias, obstáculos, indiferencias y apatías que han enfrentado en su exigencia legítima de justicia y búsqueda de sus familiares hasta ahora desaparecidos.

Los felicitó por la forma en que se han organizado y articulado, sumando esfuerzos y subrayó que la atención que se dará a su solicitud no es una gracia sino un derecho, una obligación de la CNDH y su deber constitucional.

Lo hacemos por convencimiento propio, dijo, y porque vemos con un rostro humanitario lo que plantean para tener una ley y una base jurídica sólidas.

“Que no pase lo de siempre, que tenemos muchas leyes, pero no funcionan o no se emplean. Ustedes están buscando una ley que se aplique y les ayude a dar con el paradero de sus familiares”.

Les dijo que comprendía que, luego de su dolor, se enfrentan a la falta de información, al desconocer si se ha avanzado o no en la búsqueda de sus familiares, así como tratar con servidores públicos que no atienden o que muchas veces están involucrados con desapariciones de personas.

“En la CNDH estamos sensibilizados de que hablamos de personas y no de casos o expedientes; son seres muy queridos de ustedes, y en la CNDH nos preocupan mucho, porque podemos imaginar el dolor que han atravesado, el sufrimiento y la incertidumbre de no saber el paradero de sus familiares”.

Los familiares de personas desaparecidas también le solicitaron asesoría jurídica para diferentes asuntos, como lograr se incorpore la declaración de ausencia y dar personalidad jurídica a los familiares en cuestiones de derechos patrimoniales.

Además, se tome en cuenta lo jurídico, forense y el aspecto psicosocial, y que exista una confiable cadena de custodia y un banco de información genética, porque actualmente no se sabe qué sucede con los restos de personas encontrados en fosas clandestinas.


En este encuentro, el presidente de la CNDH estuvo acompañado por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, y el secretario técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Narro Lobo.

FUENTE: NACIONAL.
AUTOR: REDACCIÓN.

Intentan desprestigiar con nuevo audio de Apolinar Mena: consejera jurídica de Eruviel

TOLUCA, Edomex: Los escándalos desatados por los tres audios difundidos en redes sociales en contra de funcionarios del Gobierno del Estado de México tienen como propósito desgastar la administración mexiquense, justificó Luz María Zarza, consejera jurídica.

La funcionaria estatal no descartó intereses políticos detrás de las nuevas grabaciones en las que se denuncia la supuesta alteración de cifras del proyecto de la línea 2 del Mexibús por parte del secretario técnico del gabinete y exsecretario de Comunicaciones, Apolinar Mena.

Zarza Delgado precisó que la autoridad estatal aún no tiene conocimiento oficial sobre estos nuevos hechos, por lo que tampoco existe un procedimiento de investigación, de tal manera que llamó a esperar para conocer cuál es el sustento legal de los dichos.

No obstante, consideró que el interés de denunciar presuntos malos manejos usando las redes sociales e Internet, radica en golpear a la autoridad estatal para desprestigiarla.

“Pareciera ¿no? Pareciera (una campaña negra), pero el gobierno del Estado de México está tranquilo, sabe lo que hemos hecho, hemos trabajado apegados a la legalidad y no vamos a caer en provocaciones”, apuntó.

Luz María Zarza aseguró además que desconoce el avance de la indagatoria por otra denuncia de corrupción del mismo funcionario con la empresa OHL.

“De verdad no lo sé, es un tema en el que yo he estado muy aislada… el tema OHL es como una gran sábana, yo llevé un puntito que fue un amparo, entonces no tengo un conocimiento integral”, justificó quien también fue protagonista de uno de los audios en el que se escucha hablar sobre el litigio en contra de Infraiber, empresa rival de Obrascón Huarte Line.

La consejera jurídica del Gobierno del Estado de México reconoció que litigó para que Infraiber no realizara el conteo del aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense, pero rechazó que lo hiciera a nombre de OHL.

“No –se actuó a nombre de OHL–, sino del Gobierno del Estado y de la gente, de las y los mexiquenses”, afirmó.

La funcionaria explicó que Infraiber ganó un amparo al Gobierno del Estado, porque le informó que no iba a realizar el conteo.

“Impugnaron el oficio, perdimos en el sentido de que nos ordenaron fundarlo y motivarlo mejor, se fundó y motivó, se volvió a emitir, se consideró que estaba bien y allí concluyó el asunto”, dijo.

No obstante, detalló que el juicio vino cuando Infraiber pretendía “entrar” al conteo. “Allí nunca se avanzó, porque había un convenio marco y nunca se firmó condicionado a convenios específicos, nunca se firmó ni un solo convenio específico y el convenio marco ya se invalidó”, expuso.

Aseguró que jamás hay negociaciones con los tribunales; “la consejería jurídica, su servidora, litiga asuntos del Gobierno del Estado, sólo del Gobierno del Estado, de manera permanente, constantemente, como cualquier abogado litigante”, afirmó.

“Incluso los jueces y magistrados se sorprenden mucho cuando me ven llegar porque es difícil que un secretario de gabinete, como su servidora, vaya a los juzgados a litigar los asuntos del Gobierno del Estado, es lo que se denomina los alegatos de oída, donde quienes estamos en estos temas sabemos que cualquier abogada o abogado que litigue este asunto, va y platica y se hace escuchar por los jueces y magistrados, tenemos que explicar nuestros razonamientos, es de lo más normal”, indicó.

“Su servidora –recordó– fue magistrada del Tribunal Electoral y del de lo Contencioso, y siempre recibía a los abogados que querían platicarme sobre sus asuntos, eso es de lo más normal, es una práctica común, no tan común entre los secretarios, pero su servidora sí lo realiza”, comentó.

Al ser cuestionada sobre la llamada en la que se le escucha, la funcionaria evadió proporcionar detalles, bajo el argumento de que ese tema ya fue explicado por José Manzur, secretario general de Gobierno.

Apolinar Mena Vargas, hoy secretario técnico del gabinete estatal, renunció al cargo como secretario de Comunicaciones el pasado 17 de mayo, tras difundirse una grabación en la que se le escuchaba negociar las vacaciones decembrinas de su familia en un hotel de la Riviera Maya, propiedad de OHL.


En una nueva grabación, se le escucha, también en su calidad de secretario de Comunicaciones, instruir la alteración de cifras para respaldar el proyecto de la línea 2 del Mexibús.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Pervierte al país aval de Corte a la mariguana: “El Bronco”

TOLUCA, Edomex: La aprobación del uso lúdico de la mariguana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una forma de “empezar a pervertir al país”, consideró el  gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada en esta capital, el mandatario estatal dijo que la verdadera solución al problema del narcotráfico radica en que a las administraciones federal y estatales no debe temblarles la mano para ir en contra de los traficantes.

El omitir la captura de quienes se dedican al narcotráfico, acusó, no es más que “una tibieza del gobierno y del sistema político mexicano”.

Rodríguez Calderón apuntó que el aval de la SCJN al uso recreativo de la cannabis, no es la mejor solución para un país como México, donde prevalece la inseguridad y la corrupción.

“Aquél que se mete mugre en el cuerpo o cosas que no son biológicamente naturales, comete un agravio no sólo contra sí, sino también contra la sociedad; aunque me eche de enemigos a todos los que consumen mariguana”, comentó.

El mandatario neoleonés advirtió que la decisión primero legalizará la mariguana, luego la cocaína y después el crack; “no podemos excusarnos en eso, una sociedad para ser consciente no necesita la droga”, dijo.

El Bronco criticó que la decisión de la Suprema Corte abre las puertas a muchas perversidades en el núcleo de la sociedad y perjudicaría aún más el tejido social.

“No estoy en contra del uso de la droga con fines medicinales, pero no diversión; eso va a hacer que mi hijo consuma y luego que también mi nieto lo haga; no voy a permitir que mi familia tenga un mal ejemplo de su padre. No sé qué quieran hacer con sus hijos”, planteó.


Finalmente, sentenció que nadie se puede excusar en un cargo político para aprobar algo que daña al país, pues la decisión, desde su punto de vista, traerá como consecuencia un fuerte incremento en el consumo de esta hierba.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

LOS LINCHAMIENTOS EN MÉXICO ALCANZAN NIVELES HISTÓRICOS

En lo que va del año se han registrado 63 linchamientos en diferentes estados de la República Mexicana. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal son los que tienen la mayor incidencia de este delito. Especialistas afirman que las razones recaen en la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho.

Los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos, coinciden organizaciones y académicos.
Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en entrevista para SinEmbargo.
De acuerdo con el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país.

En lo que va del año suman 63 casos en diferentes estados de la República. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a  la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos, de acuerdo con el registro de la UAM.

El profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y autor del estudio, destaca que en las últimas tres décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente que vemos cada día.
“Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano”, explicó a este medio digital el académico de la UAM.
Desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS LINCHAMIENTOS

Para los especialistas en Sociología, las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

El concepto de linchamiento presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
“El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, o sea son muy rápidos, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos”, detalló el profesor Rodríguez Guillén.
Para realizar el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de presuntos linchamientos.

A partir de esa base de datos, hicieron una clasificación de los casos reales de linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo.
“El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos, pueden ser guardias comunitarios que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero éstos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida”, refirió Raúl Rodríguez.
Añadió que generalmente en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”.

El estudio de la UAM detalla que los linchamientos no son un fenómeno nuevo en México, pero actualmente, por sus características y contexto, adquiere un carácter novedoso.
“En tiempos de la Revolución se linchaba al del bando contrario o a quien se oponía de alguno de los bandos o de los grupos de ese momento, y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades”, indicó el académico de la UAM.
Mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, destaca el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)”.

Ello, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

CASO PUEBLA

El fenómeno del linchamiento es una práctica que ha tomado cada vez más fuerza en México, el último caso del que se tiene registro ocurrió el pasado 26 de octubre en el municipio de Amecameca en el Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar  a dos hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.

Pero el que más causó indignación a nivel nacional fue el ocurrido en el estado de Puebla el pasado 19 de octubre cuando dos encuestadores, José Abraham Copado Molina de 30 años y su hermano, David Rey, de 39, fueron linchados en el municipio de Ajalpan.

No contaban con prestaciones de Ley porque trabajaban como freelancers. Les pagaban por cuestionario entregado entre 25 y 50 pesos, según el tipo de proyecto. Pese a ello, a las inclemencias del tiempo y a los peligros del camino, así se ganaban la vida.

El Edil de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, informó que tras la denuncia de los pobladores sobre sujetos sospechosos, la Policía Municipal abordó a los encuestadores y se identificaron con su credenciales de elector y del trabajo.

Para evitar que fueran agredidos por los pobladores, los encuestadores fueron retenidos en la comandancia ante la insistencia de que eran los responsables de un intento de secuestro en contra de una menor.

Los habitantes de Ajalpan tocaron las campanas de la iglesia y un contingente de más de mil personas se agrupó en el lugar para después arremeter en contra de las instalaciones del Palacio Municipal y vehículos oficiales.

La turba sacó a los hombres de los separos, pese al arribo de la Policía Estatal y de municipios aledaños. Posteriormente los hombres fueron torturados y quemados en la explanada municipal.

INCAPACIDAD DE AUTORIDADES ESTATALES

El Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que garanticen el Estado de Derecho en sus respectivas entidades y tomen las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.
“La idea de llamar a comparecer a los gobernadores de estos estados es porque de 2010 a la fecha, solamente en el Estado de México ha habido 54 casos de intentos de  linchamiento y en Puebla hay 33”, describió el legislador perredista.
El documento que será analizado por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja también exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que no solamente en el estado de Puebla alerte sobre estos actos de linchamiento, también en otros estados y que determine cuál es el camino a seguir como autoridad para evitar estos lamentables hechos.

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que no basta con hacer un llamado de atención a las autoridades estatales, se necesitan mecanismos que procuren la justicia en México.

“No basta con el llamado de atención a las autoridades para resolver el problema de los linchamientos, lo que tenemos que hacer es generar contrapesos en la sociedad civil y exigir que las autoridades no sean omisas y no permitan más casos de impunidad”, opinó Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.

Fracking, imparable; ni amparos de SCJN podrán proteger territorios concesionados

Chicontepec, Ver: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente concedió el amparo solicitado por comunidades mayas de Yucatán y Campeche respecto del uso de suelo de sus tierras. Éste puede sentar jurisprudencia y evitar actividades tales como el fracking, la explotación de minas, y los cultivos genéticamente modificados.

Sin embargo, en entrevista con La Jornada Veracruz, al terminar la ceremonia de entrega de certificados a proyectos productivos, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, aseguró: “en el caso del fracking son compromisos contraídos previamente; actualmente la CDI lo que está trabajando es en el protocolo avalado por la ONU con el que se protegerán los territorios de las etnias: todo proyecto realizado por el gobierno federal que cruce por territorio indígena deberá ser sometido a consulta de los pobladores para ser autorizado.

”Nosotros estamos trabajando de 2013 para acá con los compromisos previamente adquiridos, lo que estamos haciendo es tratar de regularizarlos, pero esa responsabilidad no es nuestra”.

La CDI considera que el derecho a la consulta previa, debe tener un desarrollo progresivo, por lo que, cuando se trata de megaproyectos o proyectos a gran escala que impactan de manera profunda a pueblos y comunidades indígenas, el Estado tiene la obligación de buscar el consentimiento libre, previo e informado, como el estándar de nivel de protección más alto.


Finalmente, el organismo constitucional reitera su indeclinable compromiso con la protección, la defensa y garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas del país. De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.

Torturados y con tiro de gracia, dejan 5 ejecutados en calles de Nuevo Laredo

MÉXICO, D.F: Los cuerpos de cinco hombres con huellas de tortura y el “tiro de gracia” fueron dejados frente a la plaza de toros “Lauro Luis Longoria” de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Junto a los cadáveres fue encontrado un narcomensaje dirigido a ladrones, secuestradores y rateros.

En la cartulina se advierte a los delincuentes que eso les pasará si siguen cometiendo robos, extorsiones y secuestros.

“Esto va para todos los RATEROS, SECUESTRADORES, y RATEROS, ke nos se les haga fácil, x que en este camino no hay regreso. ROBAR desde un Dulce hasta un Banco no hay PEDO, esto solo es el COMIENZO, sea quien seas NO HAY PARO!!!”, dice el mensaje

El primer cuerpo fue hallado en la avenida Taxco; metros más adelante, sobre la avenida Monterrey, se localizó el resto de los cadáveres que presentaban huellas de tortura, con los brazos atados en la espalda, así como los ojos cubiertos con cinta adhesiva.

Luego de que vecinos del sector reportaran la presencia de los cuerpos, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía Federal.


Hasta esta tarde ninguna de las víctimas ha sido identificada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuga del “Chapo”: Los custodios desarman la versión oficial

Las autoridades federales dijeron que, durante la fuga del Chapo Guzmán, “se siguieron los protocolos” en el penal del Altiplano. Pero los custodios detenidos por esa evasión refutan ese dicho: ni siquiera conocían tales protocolos. Proceso consiguió las declaraciones ministeriales de 13 de esos guardias, que reconstruyen con todo detalle los minutos siguientes a la huida del líder del Cártel de Sinaloa, y enumeran las fallas que campeaban en dicha cárcel “de máxima seguridad”: 30% de las cámaras perimetrales no servían, los monitores fallaban y el Ejército, la Marina, Gobernación y el Cisen supieron en tiempo real lo que estaba ocurriendo.

MÉXICO, D.F: Las declaraciones de 13 de los custodios y encargados de monitoreo presos en el penal de El Altiplano acusados del delito de evasión por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el 11 de julio, muestran paso a paso lo ocurrido esa noche en el penal de máxima seguridad y lo que las autoridades federales han ocultado.

Los testimonios señalan las fallas de la penitenciaría, como el hecho de que el sistema geofónico –que detecta ruidos en el piso– no funcionaba desde hace un año y dos meses; que 30% de las cámaras de vigilancia perimetral estaban descompuestas; que los monitores se pasman, y que a los custodios les dieron a leer el protocolo de actuación… un mes después de la fuga.

Demuestran también que a través de correo electrónico o radio tipo Matra, la base central de la Policía Federal en avenida Constituyentes recibió de manera inmediata las incidencias durante la noche de la evasión.

En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal –integradas en la causa penal 48, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en León, Guanajuato; y en la causa penal 55, del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México– los guardias señalan que fueron detenidos con engaños y sin orden de aprehensión. Durante 24 horas, acusan, fueron retenidos desnudos en las oficinas de la SEIDO y fueron amenazados para aceptar su participación en la huida…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2031 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA (REPORTAJE ESPECIAL).

TPP, un negocio redondo para trasnacionales

MÉXICO, DF: Después de cinco años de negociaciones que 12 países llevaron a cabo en secrecía, el lunes 5 de octubre se oficializó la firma del polémico Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el cual establece una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Singapur, Japón, Australia, Malasia, Vietnam, Brunei y Nueva Zelanda.

Ayer, el ministerio de Economía de Nueva Zelanda publicó por primera vez la versión final –y en inglés– del documento que establece, a lo largo de sus 30 capítulos, las nuevas reglas de los intercambios comerciales y financieros –de orientación resolutivamente neoliberales–, a las que las legislaciones nacionales tendrán que adecuarse.

La zona de libre comercio elimina los aranceles a las importaciones y exportaciones, así como otras “barreras comerciales innecesarias”, entre ellas los subsidios, de decenas de miles de bienes –el gobierno de Barack Obama menciona más de 18 mil productos estadunidenses de exportación exentos de aranceles–, y abre su mercado a todas las empresas de la región, por lo que ellas operan en los demás países como si fueran nacionales.

En otras palabras, las empresas de toda la región competirán entre sí para captar los mercados nacionales de los 12 países firmantes del TPP, lo que, según los detractores del acuerdo, beneficiará en primer lugar a las transnacionales, que ya cuentan con la estructura para dominar cadenas internacionales de producción.

De hecho, el TPP dedica un breve capítulo al desarrollo y el reforzamiento de estas cadenas internacionales, en el que insta a los países a abrirse a las empresas para que ellas integren la totalidad del proceso de producción de sus mercancías.

“Ningún (país) adoptará ni mantendrá prohibiciones o restricciones sobre la importación de cualquier bien de otro (país) o sobre la exportación o la venta para exportar de cualquier bien destinado al territorio de otro país”, plantea el TPP, aunque en esta materia México determinó que las restricciones comerciales no se aplicarán a los hidrocarburos ni a las partes de automóviles usadas.

De acuerdo con el documento, los Estados deberán agilizar las leyes que rigen la competencia en sus territorios, reforzar la protección a los derechos de propiedad intelectual y combatir las prácticas monopólicas –aunque permita a los países a designar monopolios– y “anticomerciales”.

El TPP también plantea la apertura comercial de los sectores textil, agrícola, ambiental, financiero y de las telecomunicaciones, así como de la nueva economía digital.

Liberaliza la circulación de bienes financieros y bancarios, así como las inversiones en la zona y limita las acciones “directas o indirectas” de expropiación.

Con el mismo tono, el documento obliga los países a eliminar las “barreras técnicas” mediante la armonización de sus sistemas de regulación y de sus estándares para la comercialización de los productos. Para lo anterior, el TPP establece estándares compartidos para los licores, los productos farmacéuticos y cosméticos, los alimentos procesados o el material médico, entre otros.

El TPP también obliga a los Estados a informar a sus pares –con antelación– cuando elabora una nueva reglamentación o una ley que podrían impactar sobre uno de los capítulos del TPP. En estos casos, llamados “consulta”, el texto ofrece la oportunidad a un país firmante de hacer “comentarios” sobre el futuro texto de ley.

Incluso, permite a las empresas, nacionales y extranjeras –llamadas “personas” en el documento– participar “en la elaboración de las normas, regulaciones técnicas y procedimientos de evaluación de conformidad” de un Estado si así lo requieren.

Burocracia

El TPP tendrá su propia gobernanza, ya que el acuerdo crea un nuevo aparato burocrático, encabezado por la Comisión de la Alianza Transpacífico, conformada por ministros de los 12 países, los cuales estarán a cargo de revisar la implementación y la operación del acuerdo, así como de enmendarlo si fuera necesario.

Además, la comisión supervisará el trabajo de la batería de comités y grupos de trabajo que crea el TPP, cuya función recaerá en vigilar que los países respeten las obligaciones del acuerdo, así como establecer nuevas reglas, siempre hacia una mayor apertura comercial.

El Comité sobre Comercio de Bienes, por ejemplo, tiene la misión de promover el comercio de bienes entre los países, “acelerar la eliminación de tarifas” o “abordar las barreras al comercio entre los países”.

Por su parte, el Comité sobre Comercio Agrícola promoverá la aplicación del TPP en materia agrícola, y hospedará un grupo de trabajo sobre los alimentos y peces desarrollados con “biotecnologías modernas” –mejor conocidos como transgénicos–.

Este grupo se desempeñará como “foro” para discutir las normas en materia de transgénicos y para “destacar la cooperación entre dos o más (países) cuando exista un interés mutuo en el comercio de productos de biotecnología moderna”.

Prácticamente todos los capítulos del TPP tienen su comité, en los que sesionarán “representantes” de los gobiernos: el comité sobre materia en comercio textiles y de ropa, de barreras técnicas al comercio, de servicios financieros, de adquisiciones gubernamentales, de empresas estatales y monopolios designados; el comité ambiental, de desarrollo o de coherencia regulatoria, entre otros.

Disputas

Además de la apertura comercial y financiera, que diluye parte del poder de los Estados en las manos del sector privado, el TPP establece un protocolo de remediación de disputas, tanto entre Estados como entre empresas y gobiernos.

Así, si un Estado considera que otro país viola cualquier punto del TPP –porque adoptó medidas que estima demasiado proteccionistas o porque está inconforme con su nueva reglamentación–, dará a conocer su queja a su contraparte.

Si los gobiernos no logran un consenso ni existe una forma de mediación, nombrarán a un panel de tres miembros, quienes dictaminarán una resolución. Si el fallo recae a favor del país demandado, éste debe modificar la causa que originó la inconformidad del otro Estado.

En el caso de que una empresa extranjera se sienta afectada por las acciones de un gobierno o las autoridades de un país en el que invirtió, podrá acudir a los tribunales de arbitraje internacionales y demandar “al tú por tú” a los gobiernos para reclamar una compensación monetaria o la restitución de su propiedad.

Este tipo de juicios comerciales ya existe, y suele provocar la indignación en los países demandados. El año pasado, por ejemplo, el Estado de Uruguay perdió la demanda comercial que interpuso en su contra la multinacional del tabaco Philip Morris, con el argumento que la nueva cajetilla “neutra” –que impuso el gobierno uruguayo para desalentar, con éxito, el consumo de tabaco— violaba su propiedad intelectual.

Con el TPP, si la supresión de aranceles conlleva a la importación masiva de productos textiles que ponga en peligro la industria nacional, un gobierno puede decretar “medidas de emergencia” y elevar los aranceles durante un periodo no mayor a dos años –prorrogable un año–.

Sin embargo, en este caso tendrá que otorgar al país afectado concesiones “que tengan un efecto comercial sustancialmente equivalente al valor de los impuestos recaudados como resultado de la medida de emergencia”.

El documento prevé medidas para combatir la corrupción y el cohecho internacional que afectarían a los intereses comerciales de una empresa. Si una empresa pierde una licitación pública a pesar de presentar la mejor oferta y el Estado no investigó los hechos, su gobierno podrá acudir a las instancias de disputa.

En varios capítulos, el TPP aborda las regulaciones al comercio agrícola. Establece de manera clara que “ningún (país) puede adoptar o mantener cualquier subsidio a bienes agrícolas destinados al territorio de otro país”. En materia de transgénicos, el texto del TPP es muy prudente en su redacción –pues en ningún momento menciona a los transgénicos como tales–, y deja a los países una aparente margen de soberanía para comercializarlos o no.

Respecto de las normas sanitarias y fitosanitarias, si bien el TPP establece la necesidad de proteger la vida humana, animal y vegetal “mientras se facilita y se expande el comercio”, también plantea en sus objetivos “asegurarse que las medidas sanitarias y fitosanitarias implementadas por un (país) no crean obstáculos injustificados al comercio”.

Lo mismo ocurre en materia ambiental: el TPP incentiva las políticas de crecimiento sostenible, llama a reforzar las leyes de protección al ambiente y deja una aparente soberanía a los Estados en términos de normatividad, pero subraya que “es inapropiado el establecer o utilizar sus leyes ambientales en una forma que podría constituir una restricción disfrazada del comercio o de inversiones entre los países”.

Confidencialidad

Bajo el pretexto de proteger la “competitividad”, El TPP obliga a los países respetar estrictas reglas de confidencialidad sobre la información que recauden de las empresas extranjeras –para verificar si cumplen con las normas ambientales, por ejemplo– y que comparten entre sí.

En materia financiera, por ejemplo, los Estados no podrán solicitar a sus pares información acerca de los clientes de las instituciones financieras internacionales o proveedores de servicios financieros; ni tampoco pedir datos “confidenciales” que “perjudiquen los intereses comerciales legítimos de las empresas”.

Asimismo, el TPP restringe a los Estados la recolección de información sobre las fórmulas de los alimentos procesados o les prohíbe solicitar a los laboratorios farmacéuticos los datos financieros y los costos de sus estrategias de venta.

En la versión final del TPP permaneció una cláusula sobre los secretos comerciales, que causó alarma entre los activistas de la región cuando Wikileaks difundió un borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, ya que atentaría contra la figura del Whistleblower.


Esta cláusula obliga a los Estados a perseguir en el ámbito penal a cualquier persona que acceda, utilice o divulgue de manera no autorizada a un “secreto comercial” en un sistema informático. Uno de los agravantes plantea “que el acto sea en detrimento de los intereses económicos, de las relaciones internacionales, de la defensa nacional o de la seguridad nacional de (un país)”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Hay mucho optimismo de maestros por evaluarse, dice la SEP

México, DF. A un día de que concluya el plazo para que los maestros convocados a la evaluación de desempeño suban sus evidencias de enseñanza, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño Cantú, aseguró que hay mucho optimismo del magisterio para participar de este proceso.

“Hemos visto cómo se ha logrado en las últimas semanas entusiasmar a los maestros a cumplir con su obligación. Tienen el derecho y la obligación a ser evaluados y se ha detectado justamente un gran aumento en el registro de evidencias; del cien por ciento en el caso de la educación media superior, y vamos muy avanzados en la básica”, sostuvo.

En entrevista, el funcionario resaltó que ya no habrá ampliación del plazo para subir evidencias, dado que la evaluación arranca el 14 de este mes.

“Confío que vamos a estar contando con la totalidad de los que han sido convocados. Hay un gran entusiasmo”, resaltó.

Treviño Cantú destacó que la evaluación no es punitiva, ni se trata de castigar a nadie. “Al contrario, se trata de tener un proceso muy eficaz de acompañamiento, capacitación de formación continua con los maestros. A los que les vaya bien, van a mejorar sus ingresos, lo cual también es muy atractivo”.

Apuntó que en las próximas horas el Servicio Profesional Docente dará a conocer las cifras del registro total de maestros que subieron sus evidencias.

Por otro lado, tras inaugurar el Encuentro Nacional sobre Inclusión Educativa y Éxito Escolar admitió que mantienen un gran reto en cuanto a la inclusión y la equidad en muchos lugares del país.

“Justamente en los ocho estados de la región sur-sureste tenemos el gran reto de la inclusión. Ahí se encuentran dos terceras partes de la población en educación indígena, por ejemplo”, señaló.


Afirmó que para “ir mejorando” trabajan con las autoridades educativas estatales, y recordó que se cuenta, además, con el programa Escuelas al CIEN para los próximos tres años. “50 mil millones de pesos adiciones para la infraestructura y equipamiento de las escuelas para su mejoramiento”, añadió.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
FECHA 6 NOVIEMBRE 2015.

INE quitan por segunda vez registro al PT

México, DF. A contrapelo de casi todos los partidos políticos, incluido el PRI-Verde, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), le quitaron por segunda vez el registro al PT.

El Consejo General se dividió entre quienes defendieron aguardar la celebración de las elecciones extraordinarias en el distrito 1 de Aguascalientes para definir el futuro del PT y quienes lo consideraron innecesario.

Votaron a favor de quitarle el registro a los petistas el consejero presidente Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Enrique Andrade, Arturo Sánchez, Javier Santiago, Benito Nacif y de última hora, se sumó Adriana Favela.

En contra se pronunciaron Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña.

La sesión transcurría conforme al guión. Seis consejeros se habían pronunciado por quitarle el registro al PT, que el 7 de junio arañó el requerido 3 por ciento para permanecer en el mapa político del país.

Dio un giro sorpresivo cuando el representante del PRI, Alejandro Muñoz García, señaló que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es clara y señala que el cómputo debe ser de 300 distritos, no de 299.

La Constitución no distingue con qué tipo de elección se debe calcular la pérdida de registro (ordinaria o extraordinaria), expuso y pidió esperar a la elección de Aguascalientes.

Ausente hasta ese momento en la sesión, el consejero Baños llegó corriendo y anunció que apoyaba quitarle el registro al Partido Humanista, pero en el caso del PT “hay elementos adicionales que habría que ver”.

Expresó que el Tribunal no dice si deben ser únicamente los 299 distritos pero hay duda de cómo interpreta ese punto. Por eso planteó esperarse al desahogo de la elección extraordinaria del 6 de diciembre para que se determine si tiene el 3 por ciento de la votación.

Luego Beatriz Galindo apoyaría a Baños y sorprendentemente coincidieron con las habituales voces discordantes: las de Pamela San Martín y de José Roberto Ruiz Saldaña.

Al inicio de la sesión, San Martín se preguntó por qué los ciudadanos del distrito 1 de Aguascalientes no tienen derecho a que su voto sirva para determinar si un partido sale del sistema de partidos. Y señaló que si después de Aguascalientes el PT no alcanza el 3 por ciento ya se definirá su futuro.

Ruiz Saldaña dijo que la Sala Superior del Tribunal Electoral les pidió atender no sólo cuestiones de legalidad sino de constitucionalidad y hasta cita artículos. “No puedo compartir que tengamos que basar el proyecto en el artículo 94 de la Legipe, la resolución parte de cuestiones de constitucionalidad y derechos fundamentales”, expuso.

A esas alturas casi todos los partidos políticos en la mesa del Consejo General del INE se habían pronunciado en contra de quitarle el registro al PT.

El panista Francisco Gárate planteó que la sentencia del Tribunal Electoral obliga al INE a esperar las elecciones de Aguascalientes.

“No por mucho madrugar amanece más temprano, este Consejo General debiera tener paciencia. Por cierto nos gustaría que muchos otros asuntos se hubiera visto esa agilidad. Vimos por contrario, lentitud pasmosa. Retener hasta que pase la elección extraordinaria”.

Pablo Gómez consideró que a ese cómputo le falta el electorado del primer distrito de Aguascalientes.

Horacio Duarte, representante de Morena, dijo que el tribunal sí mandató ir al tema constitucional y citó el artículo 51 de la Carta Magna en el sentido de que la Cámara se integra por representantes electos en su totalidad.

También salieron en defensa del PT otros partidos: Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Humanista y el único que no dio su postura fue Encuentro Social.

El consejero presidente Lorenzo Córdova llevó la batuta de quienes rechazaron la permanencia del PT con el argumento de que no le gusta que se haya subido del 2 al 3 por ciento el umbral para mantener el registro, pero él tiene que aplicar la ley.

Con una postura contraria, Ciro Murayama dijo que hace 12 años quedó claro que se puede quitar el registro a los partidos políticos sin que se celebren elecciones extraordinarias pendientes.


Similares argumentos dieron sus colegas Nacif, Andrade, Santiago, Andrade y Favela.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BELTRÁN.
FECHA: 6 NOVIEMBRE 2015.