Funcionarios le piden mordida a 4 de cada 10 empresarios: IMCO

El IMCO presentó el informe 'La corrupción en México: Transamos y no avanzamos', en el que se da a conocer, entre otros datos, que el 63% de los empresarios del país dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.

El 46% de los empresarios mexicanos reveló que autoridades de gobierno les piden sobornos para obtener a cambio un contrato o una oportunidad de negocio.

Además, el 57% de los emprendedores admitió que utiliza gestores con acceso a privilegios o información para que intercedan en su favor ante las autoridades; el 65% aseguró haber perdido una oportunidad de negocio ante un competidor que sí utilizó influencias o pagó un soborno, mientras que el 63% dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.

Estos son cuatro de los principales resultados que documenta el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó ayer lunes 9 de noviembre, el cual incluye ensayos de investigadores y académicos que analizan los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción en el país.

En el capítulo Emprendedurismo y Corrupción de este informe, Álvaro Rodríguez Arriegui, director de la empresa IGNIA, destaca que el pago de sobornos para agilizar la obtención de permisos y licencias es la causa que más alegraron (18%) los empresarios que admitieron haber recurrido a esta práctica ilegal.


La obtención de concesiones de gobierno (11%), evitar ser molestado por la policía municipal (11%), y agilizar la conexión a servicios públicos (11%), son otros de los principales motivos por los que los empresarios pagan ‘mordidas’ a las autoridades.

“Si no pagas mordidas, no te dan contratos”

Sin embargo, el pago de sobornos no se limita a la facilitación de trámites y servicios, refiere el informe del IMCO, ya que además del 46% de los empresarios que afirmaron que el gobierno les ha solicitado dinero para la obtención de un contrato, otro 25% dijo haber pagado un soborno en especie, “como una comida o un viaje”, con tal de obtener una oportunidad de negocio o contrato.

“Un emprendedor nos comentaba que ‘si no accedes a dar sobornos se te van eliminando las posibilidades de recibir más contratos, o te empiezan a dificultar ciertos procesos”, expone Rodríguez Arriegui, en el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos.

Otro de los puntos que destaca el documento es que el “uso de influencias” es “una práctica generalizada” en todos los ámbitos de la sociedad, “aunque mucho más marcada en el ámbito de los negocios, la política y la intersección entre ambos sectores”.

“Todos los días tienes que recurrir a influencias y contactos. Si no dices que conoces al secretario o al subsecretario, no te hacen caso”. “Muchas juntas las he conseguido porque un familiar cercano trabaja en el gobierno”, son otros de los testimonios que documenta el informe, en el que se hace hincapié en que 40% de los empresarios coinciden en que “la forma más efectiva para obtener una ventaja competitiva es a través de sobornos y conexiones”.


En el ámbito del sector privado, las encuestas reflejan que también el 32% de los emprendedores dijeron haber recibido solicitudes de pagos de otras empresas “con el fin de garantizar la obtención de un contrato u oportunidad de negocios”.

Con el dinero destinado a corrupción se podría pagar 87 veces la UNAM

Al margen de la relación entre empresarios y gobierno, María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del IMCO, subrayó ayer durante su ponencia Transamos y no avanzamos que las prácticas corruptas, además de dañar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades, generan un daño grave a la economía de México.

En este sentido, Casar explicó que de acuerdo con estimaciones de diferentes fuentes internacionales, como el World Economic Forum, el Banco Mundial o el Banco de México, la corrupción genera pérdidas en México de entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Tomemos el PIB del 2014, que fue de 17 billones de pesos. Y ahora no nos quedemos con el 2% de pérdida que es la estimación más baja, ni con el 10% que es la más alta. Tomemos el 5% que es el dato intermedio. Es decir, el 5% del PIB perdido en actos de corrupción, que son unos 890 mil millones de pesos”.

“Con esa cifra –añadió la investigadora-, se podrían hacer cinco reformas fiscales, y además pagar 87 veces el presupuesto de la UNAM; 7.7 veces el presupuesto de Sedesol; y tres veces el presupuesto de la Secretaría de Educación”.

Sólo 12 elementos de PGR investigan corrupción de funcionarios; en Hong Kong mil 415

En cuanto a las acciones para combatir la corrupción, Juan Pardinas, director general del IMCO, aseguró que este problema “sí tiene solución, aunque no hay una bala de plata”, y recordó que “combatir la corrupción es perseguir redes, no individuos”, por lo que llamó a construir instituciones con más presupuesto destinado al combate a este problema, más tecnología, más reglas claras y más autonomía política para los ministerios públicos.

En este sentido, el director del IMCO llamó a las autoridades “a tomar en serio el combate a la corrupción” mediante la construcción de instituciones fuertes para este fin. Ya que, recordó, en México la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR sólo cuenta con 12 elementos, mientras que otros países como Singapur destinan 88 personas a estas unidades especializadas, e incluso mil 415 elementos, como el caso de Hong Kong.

Asimismo, expuso, mientras en Hong Kong y Singapur se destinan 2 mil millones y 406 millones de pesos, respectivamente, a estas unidades para investigar actos de corrupción, en México el monto invertido es de 26 millones.

Es decir, por cada 10 mil pesos ejercidos por el gobierno mexicano, sólo 5 centavos van destinados a la unidad para investigar la corrupción de funcionarios, refirió Pardinas.


El informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos:

2015 ICI Libro La Corrupcion en Mexico:

  2015 ICI Libro La Corrupcion en Mexico

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ NAYELI ROLDÁN.

Caso Ayotzinapa: La Policía Federal aportará los datos que pida PGR, dice Renato Sales

El comisionado Nacional de Seguridad subrayó que se trata de una investigación que sigue abierta y en la que se indagan distintas vertientes. Animal Político público que la Policía Federal presenció los incidentes en Iguala pero reportó saldo blanco.

Si la PGR lo solicita, la Policía Federal entregará cualquier informe relacionado con la actuación de sus elementos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, dijo este martes 10 de noviembre el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

“La averiguación previa esta iniciada en la PGR. Nosotros estamos en plena disposición de aportar lo que sea solicitado en la Procuraduría y es una averiguación previa que sabemos esta en curso. Se han consignado algunos desgloses pero el expediente principal sigue abierto”, indicó Sales en entrevista tras su participación en el foro Sumemos Causas Policías + Ciudadanos.

Animal Político publicó a principios de octubre que patrullas de la Policía Federal estuvieron presentes en los lugares clave donde se registraron los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, de acuerdo con la bitácoras oficiales incluidas en el expediente del caso, los agentes no intervinieron e incluso se reportó “saldo blanco”. 


Policías federales dieron paso libre a secuestradores de normalistas: bitácora

El funcionario federal agregó que los hechos ocurridos en la noche de Iguala corresponden a una investigación que sigue en curso y en integración, y con la que ellos cooperarán si se les requiere datos sobre la actuación de las fuerzas federales. Señaló que es la PGR la que determinará las responsabilidades.

Respecto a los hechos de violencia ocurridos en Guerrero en los últimos días, incluido un tiroteo en un Palenque, Sales subrayó que se ha incrementado la presencia de elementos de la Gendarmería en varios puntos de la entidad, como el puerto turístico de Acapulco.

Defendió que si bien hay problemas que persisten en algunas partes del país, los operativos y la estrategia de seguridad actual han dado resultados.

“Hay que ver como estábamos hace algunos años. Del 2007 al 2011 pasamos de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, esto en apenas cuatro años. Actualmente estamos en 16 homicidios que claro, seguimos teniendo problemas en algunas entidades federativas, pero está disminuyendo la incidencia delictiva en este y otros delitos”, dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Gobernador de Quintana Roo descarta alerta de género en el estado

De acuerdo con Borge, los homicidios cometidos en el estado son producto de violencia intrafamiliar y se han cometido en los propios domicilios.

En Quintana Roo, donde en los últimos 15 días se ha cometido el asesinato de seis mujeres, no hay condiciones para establecer alerta de género, advirtió el gobernador de la entidad, Roberto Borge, en entrevista para Grupo Imagen.

“Lo que vemos es que se dispararon en 15 días los casos de violencia intrafamiliar”, dijo Borge. “Hay grupos que se han querido aprovechar de estos hechos lamentables…para querer generar un estado de psicosis, en un estado que está en crecimiento, que tenemos muy buenos indicadores [económicos]”, continuó.

De acuerdo con Borge, los homicidios cometidos en el estado son producto de violencia intrafamiliar y se han cometido en los propios domicilios. El funcionario también destacó que la alerta de género es una condición que no se decreta por el gobierno estatal, sino por una instancia federal.

Para el gobernador de Quintana Roo, son actores políticos quienes están detrás de lo que él califica como un acto que busca “desestabilizar el estado”. Además descartó que haya un asesino serial detrás de los homicidios o grupos del crimen organizado.

El martes 9 de noviembre el gobierno de Quintana Roo informó de una sexta mujer asesinada. Se trata de Yolanda Sánchez Pérez, quien murió al ser golpeada por su esposo, Jaime Abraham May Alfaro. Al ser detenido. May Alfaro se encontraba en estado de ebriedad y drogado.


Otra víctima reciente fue Elsy del Rosario Sánchez Pisté, maestra de zumba de 31 años de edad quien fue encontrada sin vida el viernes 6 de noviembre en un domicilio del fraccionamiento Paseos Kabah. Sánchez estaba desnuda sobre la cama, aparentemente estrangulada.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México ha consolidado su vocación democrática: Peña Nieto

México, DF. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en México hay vocación democrática, se ha consolidado bajo esta condición y como pocos países, en los últimos 81 años ha vivido estabilidad política y social.

Al reunirse con integrantes del Comité Judío Americano y del Comité Central de la Comunidad Judía en México, el mandatario también señaló que “cada día se acrecienta la confianza en el país, a partir de la actuación responsable en el manejo de las finanzas públicas para cuidar y preservar la estabilidad macroeconómica”.

Subrayó que esto ha favorecido el dinamismo de la economía nacional y que ésta siga siendo el principal motor del desarrollo económico.

Comentó a sus invitados en la residencia oficial de Los Pinos, que en los últimos tres años la inversión extranjera directa ha sido de más de 80 mil millones de dólares, lo que equivale a 50 por ciento más del promedio de las inversiones que reportan los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Peña Nieto destacó que “México quiere seguir en el camino de romper las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo. Queremos ser constructores y arquitectos de un mejor destino para México, para la sociedad mexicana y para quienes han hecho de este país el lugar donde vivir, como ha sido el caso de la comunidad judía”.


Enseguida agradeció y reconoció al Comité Judío Americano el apoyo que ha brindado a los connacionales en los Estados Unidos y confió en que seguirá reivindicando los derechos y la contribución que tienen las comunidades migrantes en la nación norteamericana para contribuir a su desarrollo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Repudia Peña legalización de la mariguana… pero llama a debate

MÉXICO, DF: El presidente Enrique Peña Nieto convocó a un debate entre especialistas y legisladores para que el país fije una postura en torno a una eventual liberalización del consumo de mariguana, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de su uso con fines recreativos.

En el marco de la inauguración del IV Foro Nacional “Sumemos causas por la seguridad: ciudadanos + policías”, Peña dijo que instruyó a la Secretaría de Gobernación para abrir “un debate amplio, especializado, que convoque a sociólogos, a médicos, a académicos para realmente definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones que como Estado debiéramos tener sobre este tema”.

La semana pasada, la Corte declaró que la prohibición de la siembra y consumo de la mariguana atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de cuatro personas que presentaron un recurso legal, pero el comercio continúa prohibido.

El presidente aclaró este lunes que personalmente está en contra de la legalización de la mariguana por sus efectos dañinos, pero consideró que la decisión judicial sentó un precedente y que el debate permitirá definir cuáles son las políticas que se deben asumir.

“El consumo de mariguana, como lo marca este precedente judicial, debe observarse desde la perspectiva de los derechos humanos, no solamente en una óptica de pensar o no en la criminalización”, acotó Peña Nieto.

También sostuvo que es necesario un análisis para llegar a una postura como país antes de un debate sobre el asunto convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abril del año próximo.

Peña Nieto afirmó hoy que a título personal está en contra de la legalización de la mariguana debido a que se abre el camino para el “consumo de drogas mucho más dañinas”, pero convocó a un “amplio debate” que permita definir la ruta a seguir en torno al tema.


Es por ello que se organizará un debate amplio durante los próximos meses, donde en principio se impulsará una consulta especializada, en la que médicos, abogados, psicólogos sociales y otros profesionales con calificación técnica buscarán analiza las alternativas, beneficios y consecuencias de transitar de un esquema de prohibición, a otro de regulación de la mariguana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 9 NOVIEMBRE 2015.

Presentan Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte

MÉXICO, DF: A 100 días del multihomicidio de la colonia Narvarte, familiares de las víctimas, periodistas y defensores internacionales de los derechos humanos presentaron la Plataforma de Acompañamiento al caso, con el propósito de orientar la investigación y exigir al Gobierno del Distrito Federal (GDF) resultados con “transparencia, claridad y certeza histórica y jurídica”.

En conferencia de prensa, familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín –desde Bogotá— y Yesenia Quiroz (no estuvieron los de Alejandra Negrete), y abogados coadyuvantes del caso aseguraron que a 100 días del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha podido establecer el móvil del homicidio del 31 de julio ni ha asegurado el acceso a la justicia para las víctimas ni sus familiares.

Denunciaron que las autoridades han dejado de lado la línea de investigación de las amenazas contra Nadia y Rubén desde el gobierno de Veracruz, además de que han difundido versiones confusas del caso y con violación a los derechos de las víctimas.

David Peña, representante de la familia de Nadia Vera señaló las contradicciones entre el discurso del jefe de gobierno de que no habrá impunidad en el caso y la negativa de la PGJDF a realizar más de 50 diligencias para profundizar en la investigación.

“El MP hace poco más de dos semanas nos niega las diligencias que estábamos promoviendo y con ello perfila el cierre de la investigación sin haber construido un móvil claro, sin tener clara la película de lo que pasó ese día, sin tener la certeza de cómo sucedieron los hechos, la Procuraduría está perfilando el cierre de la investigación, pretende dar carpetazo a la investigación”, dijo.

Los familiares de las víctimas

Mirtha Luz Pérez, madre de Nadia Pérez, recordó las agresiones que ella sufrió por parte de la policía de Veracruz y que la obligaron a emigrar al DF. Luego lanzó una serie de preguntas a la PGJDF que “exhibe el sistema de injusticia incapaz de armas casos sólidos y atender un número creciente de expedientes que se acumulan unos detrás de otros”, entre las que destacaron:

¿Por qué a más de tres meses aún no se tiene un móvil claro y se tiene prisa por cerrar el expediente?, ¿por qué no se ha investigado ni castigado a quienes permitieron las filtraciones?,¿qué intereses llevaron a la PGJDF a adoptar una estrategia de incertidumbre, desinformación y sospecha que generara dudas sobre la integridad y la reputación de las víctimas al grado de que la opinión pública pudiese encontrar justificación para el asesinato?, ¿por qué la actividad de Nadia como activista no ha sido contemplada como un hecho que la colocó en un hecho de vulnerabilidad?, ¿qué les impide hacer una investigación clara, expedita, diligente, exhaustiva que lleve al esclarecimiento de los hechos, del móvil y a encontrar los autores materiales e intelectuales?”.

En transmisión vía internet desde Bogotá, Freddy Martín, hermano de Mile Virginia Martín, manifestó la “gran preocupación” de su familia porque no ha habido claridad sobre los hechos. Exigió a las autoridades que se aplique justicia y se respete la memoria y dignidad de su hermana quien, dijo, “la autoridad siempre la ha culpado de todo lo que pasó”.

Patricia y Alma Espinosa, hermanas de Rubén, aseguraron que la PGJDF “es la que criminaliza a las víctimas”, mientras que el GDF “no litiga en los juzgados, sino en los medios de comunicación”. Reclamaron su derecho a la verdad como víctimas del caso y acusaron a las autoridades de que con su silencio “se convierten en cómplices de la impunidad”.

Piden investigación transparente

La integración de esta Plataforma tiene como antecedentes las que se formaron por el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, en abril del 2012, y el de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, en 2001, cuyo caso –14 años después— se encuentra en un estudio de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la conferencia de este lunes, y como integrante de la Plataforma de acompañamiento al caso Narvarte, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso — en la que colaboraba Rubén Espinosa –, manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y reiteró la línea editorial del semanario de mantener abiertas sus páginas a la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos.

La periodista Carmen Aristegui dijo que el caso es hasta ahora un “acto insostenible de impunidad”, por lo que llamó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y al procurador Rodolfo Ríos a llevar la investigación con transparencia, claridad y compromiso de que se sepa la verdad del multihomicidio.

Miguel Álvarez, de la asociación civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), dijo que su participación es en pro de un ejercicio público de transparencia y como un compromiso para acompañar el proceso de la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. “El Estado y la sociedad exigen justicia” por este caso.

Juan Pablo Albán, exfuncionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió en la necesidad de brindar el apoyo para “incorporar estrategias internacionales para la investigación” del caso y saber realmente qué ocurrió y no basarse en “simples especulaciones”.

Además de estas personalidades, en la Plataforma participan la periodista Blanche Petrich, el defensor de derechos humanos Javier Garza, así como abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Artículo 19 y la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Informe, en su momento: PGJDF

Cuatro horas después del anuncio de la Plataforma, el procurador Rodolfo Ríos ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al caso Narvarte, aunque reiteró su discurso: “Hay tres personas detenidas, continúa la investigación y en su momento se hará, como ya lo había comentado, la relatoría por parte de la Procuraduría”.

Al preguntarle sobre las diligencias que pide la coadyuvancia, respondió que en todas las peticiones hechas en el Ministerio Público, “las pruebas que son procedentes se admiten y se desahogan en su momento”. Sin embargo, dijo que las que el MP considere que no lo son, no se realizan.

En aras de la transparencia, el funcionario agregó: “Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de estos hechos”, los coadyuvantes, familiares de las víctimas, las comisiones de derechos humanos local y nacional, así como la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos han tenido acceso completo al expediente.

Pronunciamiento íntegro de la Plataforma de acompañamiento al caso Narvarte

9 de noviembre de 2015

A petición de los familiares de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, y por invitación de las organizaciones que legalmente las representan, quienes conformamos esta Plataforma hemos decidido aceptar ambas solicitudes y constituirnos como una instancia civil e independiente de acompañamiento y observación del caso de la colonia Narvarte.

El multihomicidio ocurrido hace 100 días no sólo fue brutal para las víctimas y sus familiares, sino también para los grupos de defensores de derechos humanos y de periodistas que considerábamos a la Ciudad de México como un refugio en donde podíamos guarecernos de los actos de violencia y de persecución que son cotidianos en muchas partes de nuestro país.

Este crimen representa un reto no sólo para las autoridades de la Ciudad de México encargadas de la investigación, sino para todas y todos nosotros que como sociedad ejercemos nuestra profesión en un contexto adverso de inseguridad, hostigamiento y presiones desde las esferas del poder público formal y de los poderes fácticos.

A partir de la información que nos han compartido las organizaciones coadyuvantes en el caso, hemos podido conocer que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a pesar de haber consignado a tres personas como probables responsables de estos hechos, no ha logrado acreditar el móvil del multihomicidio. Tampoco, sin demérito de otras hipótesis, ha profundizado en las líneas de investigación que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos como posibles motivaciones del crimen ocurrido el pasado 31 de julio. Esta línea se robustece a la luz de los antecedentes de amenazas y hostigamientos contra Nadia Vera y Rubén Espinosa, situación que finalmente provocó su desplazamiento al Distrito Federal.

Resulta indispensable que este caso quede completamente esclarecido, que se conozca la verdad de los hechos y que se agoten todas las líneas de investigación de manera seria y científica, pues sólo así se podrá recuperar la confianza en las autoridades responsables de investigar este caso y recuperar la credibilidad en las acciones de Estado para salvaguardar a la vida y la integridad de los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos.

Ante esta necesidad, y escuchando las voces precisamente de los grupos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hemos aceptado conformar esta Plataforma con el objetivo de fortalecer las acciones de los familiares y establecer un canal de comunicación con las autoridades con la finalidad de brindar una mirada externa a la investigación y procesamiento judicial que se sigue en este caso.

No somos una instancia técnica, ni suplimos el papel de ninguno de los actores involucrados y responsables en este caso. Nuestra labor es precisamente acompañar tanto a las víctimas como a las autoridades para que este caso sea un ejemplo de transparencia, claridad y certeza histórica y jurídica. También buscaremos recomendar a las autoridades de procuración de justicia posibles criterios para orientar la investigación.

Esperamos que en lo inmediato podamos establecer comunicación con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para coordinar las tareas que nos han pedido hacer los familiares de las víctimas. Tenemos un compromiso frente a ellas y frente a la sociedad y por ello nos instalamos formalmente el día de hoy y en los próximos días contactaremos a más personas interesadas para que respalden nuestra tarea como Plataforma de acompañamiento al caso Narvarte, pues sólo con la suma de muchas voluntades lograremos conocer la verdad, acceder a la justicia y asegurar la reparación para las víctimas.

Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte:


Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Blanche Petrich, Miguel Álvarez, Javier Garza y Juan Pablo Albán

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Movilización campesina contra reducción presupuestal para 2016

México, DF. Organizaciones del movimiento Campo es de Todos, en el marco de su Jornada Nacional de Lucha Campesina Permanente, se movilizan por el Centro Histórico en protesta por la reducción y eliminación de programas agropecuarios previstos en la iniciativa del presupuesto de egresos que se aprobará esta semana.

Hasta ahora centenas de personas de la UNTA se dirigen al Zócalo y a la Cámara de Diputados, mientras que otras organizaciones espera aún en el Ángel de la Independencia para dirigirse a la Secretaría de Gobernación.


De acuerdo con los organizadores desde el lunes llegaron más de 18 mil campesinos de agrupaciones como CNPA MN, FICAM, UGOCP, Red Mocaf, CONSUCC, CIOAC JDL, CCC, UPREZ y AMUCS.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELICA ENCISO.

Atrae la Corte el caso de la Laguna del Carpintero en Tamaulipas

Dos personas promovieron amparo en contra de la construcción del llamado Parque Ecológico Centenario, en Tampico, Tamaulipas, pero fue sobreseído inicialmente por un juez de distrito.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción para conocer de un juicio sobre el derecho a un medio ambiente sano, después de que un juez de distrito sobreseyó el asunto, esto en el caso de la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas.

Dos personas promovieron amparo en contra de la construcción del llamado Parque Ecológico Centenario, en Tampico, Tamaulipas, ya que, según ellas, vulneran su derecho a un medio ambiente sano, al causar un daño irreversible al ecosistema de embalse y la destrucción de humedales, manglares, así como especies terrestres y acuáticas.

La Laguna del Carpintero está ubicada en el centro de Tampico, con una superficie de 157 hectáreas, de las cuales 80 son espacio terrestre y 77 son cuerpo de agua;  se comunica por medio del Canal de la Cortadura al Río Pánuco, que desemboca con el Golfo de México ubicado a 8 kilómetros de distancia de aquella, de acuerdo con datos aportados por Hilda Gómez, fundadora de la asociación civil Ciudadanía Plena.

La Corte emitió sobre este asunto el siguiente comunicado:

PRIMERA SALA EJERCE FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DE JUICIO SOBRE DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

En sesión de 6 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 115/2015, presentada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, relacionada con el contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano.
En el caso, dos personas promovieron amparo en contra de la construcción del llamado Parque Ecológico Centenario, en Tampico, Tamaulipas, ya que, según ellas, vulneran su derecho a un medio ambiente sano, al causar un daño irreversible al ecosistema de embalse y la destrucción de humedales, manglares, así como especies terrestres y acuáticas.
El juez de distrito estimó que las quejosas carecen de interés legítimo y sobreseyó el amparo. Inconformes interpusieron recurso de revisión, mismo que aquí se solicita atraer para su conocimiento.
Por la trascendencia del tema, la Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del citado amparo pues, sin prejuzgar el fondo del asunto, podrá pronunciarse sobre lo siguiente:

1.    ¿Cuál es el concepto de interés legítimo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo indirecto y cómo se relaciona con el derecho humano al medio ambiente sano?
2.    Para demostrar la existencia de un interés legítimo que justifique la procedencia del juicio de amparo, ¿es necesario probar la existencia de un daño al medio ambiente, o basta con que el quejoso argumente su posible afectación?
3.    Para justificar un interés legítimo ¿es necesario aducir que tales afectaciones han producido, además, una vulneración directa o indirecta a otros derechos individuales o colectivos, como pueden ser la vida, la salud o la integridad? O bien, ¿basta demostrar una posible afectación objetiva al medio ambiente para tener por satisfecha dicha legitimación?

4.    ¿Cuál es el contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Cuáles son los parámetros para acreditar un daño al medio ambiente? Y, finalmente, en caso de que se estime una violación a este derecho ¿qué acciones deben implementarse a fin de reparar las violaciones integralmente?

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban modificaciones para tercera licitación de Ronda Uno

MÉXICO, DF: Con el objetivo de contar con más ofertas económicas para las 25 áreas contractuales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó modificaciones a la licitación para la tercera convocatoria de la Ronda Uno petrolera.

Los contratos en tierra, son en campos maduros, muchos de ellos actualmente en producción, que se ubican en Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

“Estamos haciendo modificaciones a las bases, de tal manera que las empresas puedan presentar varias ofertas económicas. Es un esquema de multiofertas y lo que va hacer el Comité Licitatorio es que se abrirán en secuencia”, precisó el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda.

Durante la Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión, el funcionario detalló que en esta ocasión el requisito de capital contable es por área, a diferencia de las primeras, que fue por toda la licitación.

De igual manera, recordó que esta vez hay 80 empresas interesadas y agrupadas en 50 licitantes con distintas capacidades financieras, pero con el nuevo esquema se promoverá la competencia para concretar más proyectos de inversión y adjudicación de contratos.

Por su parte, el comisionado Héctor Alberto Acosta destacó que al presentar varias propuestas, y en caso de no haber un mejor licitante, las empresas tienen oportunidad de participar en las siguientes, siempre y cuando tengan el capital.

“Esto va en beneficio de los licitantes al tener más oportunidades de ser asignados con un contrato y en beneficio del Estado, porque tiene la posibilidad de adjudicar una mayor cantidad de áreas en el proceso licitatorio”, apuntó.

A su vez, el director de Licitaciones de la CNH, Martín Álvarez Magaña, manifestó que los ajustes se harán en la fecha de las bases de licitación sobre la precalificación en la fase de revisión, del 20 al 25 de noviembre, y pasará de 120 a 140 días para suscribir los contratos.

De igual forma, se harán modificaciones de las coordenadas de algunas áreas contractuales, como la de Benavides, donde se incorpora el Campo Primavera, y se establecen los límites de profundidad de las 25 áreas contractuales.


Sin embargo, quedan sin alteraciones las fechas para las visitas de las áreas contractuales, del 20 al 27 del presente mes, además de la fecha para conocer a los licitantes precalificados y la publicación de bases finales y contrato, y la del 15 de diciembre para la apertura de ofertas económicas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diagnóstico desnuda a la policía: oficiales aviadores, academias “patito”, jefes sin experiencia

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que debería velar por el desarrollo policial, es una oficina que reparte dinero incapaz de vigilar y sancionar, evidencia María Elena Morera. El diagnóstico es correcto, reconoce Peña Nieto. Hace falta reforma constitucional, señala Renato Sales.

Tres de cada cuatro personas contratadas como policías en Michoacán en realidad no lo son; en Guerrero hay barrenderos y secretarias que cobran como agentes; la academia policial de Nayarit tiene un salón; el Mando Único anunciado desde el sexenio pasado, funciona en la mitad de los estados; Veracruz y Sinaloa tienen en la calle y armados a miles de oficiales con el control de confianza reprobado.

El diagnóstico de la situación en que operan las policías en México, presentado en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”, evidencia que las corporaciones no solo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino que presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el funcionamiento de las corporaciones.

Y el órgano, que debería velar porque esto no ocurra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, es en realidad, según el diagnóstico presentado en el foro, un ente convertido en repartidor de dinero, pero incapaz de dar seguimiento a los objetivos planteados y menos aún de sancionar a quienes no cumplen con su trabajo, dijo frente al presidente Enrique Peña Nieto la activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y organizadora del foro.

“Tengo que reconocer que María Elena Morera ha dado un claro diagnóstico y tiene razón, es la realidad que se presenta en algunas partes del país” respondió el presidente.

Incluso, agregó Morera en entrevista posterior, el Registro Nacional de Seguridad y Justicia, que debería contener una relación pormenorizada del desarrollo de cada agente policial, incluyendo los cursos que ha tomado, las pruebas y exámenes que ha superado, su trayectoria y ascensos, en realidad carece de todos esos datos.

“Esto va más allá de un tema de voluntad política. Es un tema de orden institucional. Tenemos que empezar desde el principio y definir qué queremos del policía y, en base a eso, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a ascender, cómo va a tener méritos y eso está sólo en la ley, pero en la realidad es inexistente” dijo la activista.

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en entrevista con Animal Político que existen pendientes en la capacitación de las fuerzas policiales en el país, y adelantó que es necesaria una reforma constitucional para equilibrar los beneficios sociales como trabajadores de los agentes de seguridad, pues sus condiciones laborales rayan en la “discriminación”.

Peor que con los maestros

El diagnóstico, que fue presentado en el foro, arroja que hay zonas en el país en donde el número de policías real es distinto al de las plazas otorgadas para que gente trabaje como tal. Es decir, hay gente a la que se le paga como si fuera un agente operativo en las calles, pero en realidad se trata de “policías aviadores”.

Causa en Común, la organización que preside Morera y lleva cuatro años analizando el desarrollo policial en el país, puso de ejemplo el caso de Michoacán, en donde la llamada Fuerza de Seguridad Ciudadana tiene registrados dos mil 350 elementos pero en realidad, sólo hay 600 policías operativos en la calle.

“Resulta que el resto son, o eso nos dicen, trabajadores administrativos. Nosotros nos preguntamos. ¿Cómo puede ser que en una institución de seguridad haya más trabajadores administrativos que policías?” señaló Morera.

Otro caso es el de Guerrero. De los aproximadamente cinco mil policías estatales, solo dos mil son agentes operativos, que superaron el control de confianza, señaló la activista. El resto resultó que no eran policías, sino servidores públicos de otras áreas, como por ejemplo empleados de limpia o secretarias de los servicios de salud.

“La explicación que nos dio el gobierno estatal es totalmente absurda: nos dicen que siempre ha sido así el desorden administrativo en Guerrero y que entonces, como no hay plazas de otra cosa, pues les dan plazas de policías para que tengan seguridad laboral” señala Morera.

La situación es similar e incluso aún más grave que la que se presentaba con los “maestros aviadores” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que cobraban sin dar clases.

“Ahí era el sindicato el que ponía a gente que cobraba de maestros a hacer otras cosa pero aquí es mucho más grave porque quien los comisiona es la misma autoridad. La misma autoridad corrompe sus plazas” dijo Morera.

Capacitación y confianza ficticias

El esquema de desarrollo policial plantea que cada estado debe contar con una academia en la que se profesionalice de forma integral a los uniformados, pero en los hechos la realidad es distinta.

El diagnóstico de Causa en Común arroja que solo hay 13 entidades del país con “condiciones mínimas” para brindar una capacitación a los policías, mientras que hay cuatro estados, Zacatecas, Chiapas, Colima y Puebla, que carecen de cualquier condición mínima para preparar a sus agentes.

“Y tenemos estados que dicen tener una academia pero en algunos casos como Nayarit la supuesta academia consta de una sola aula que es donde se dan los cursos” reveló Morera.

Respecto al sistema profesional de carrera, los estados de Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala tienen deficiencias “graves” en cuanto la implementación de los esquemas de desarrollo y progresos de los agentes, incluyendo ascensos y promociones.

Morera dijo a Animal Político que la realidad es que, en la mayoría de los estados del país, no hay un control deficiente sino que es inexistente, en cuanto a los cursos que toma cada policía, a los ascensos que ha recibido los procesos de control de confianza que han tomado.

A esto se suma, aunque de ello no se dieron cifras precisas, del nombramiento de personas sin experiencia al frente de instancias de seguridad pública. Además, según un encuesta realizada por Causa en Común, que 7 de cada 10 policías consideran que sus jefes no los toman en cuenta para nada.

El otro pendiente es el control de confianza, pues si bien se aplicaron todas las pruebas, proceso que llevó años, en muchos estados los agentes reprobados siguen laborando. De hecho, solo 9 de las 32 entidades federativas han dado de baja a todos los agentes reprobados.

Los casos más graves, según el diagnóstico, son los de Veracruz, donde casi 40% de los policías no son confiables, según los exámenes practicados; mientras que en Sinaloa, el porcentaje asciende a 35.09% y Baja California Sur con 33.3%.

“Además tenemos casos de policías que ni siquiera saben el resultado de sus pruebas porque los mandos no les dicen y con ello los extorsionan” dijo Morera.

En este contexto, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, explicó que hace falta una reforma al artículo 123 constitucional Apartado B Fracción XIII, el cual establece un régimen especial para que los policías puedan ser dados de baja, que no son acordes a los derechos que tiene cualquier otro servidor público.

Y Mando Único, solo a la mitad

Desde el sexenio del presidente Felipe Calderón se estableció la importancia de impulsar un Mando Único Policial en los estados con el fin de unificar la coordinación de las corporaciones de seguridad estatal y municipales que operan en una entidad. En diciembre de 2015, hace casi un año, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que esta esquema era necesario.

La realidad actualmente, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Gobernación presentados en el foro, es que apenas 53% de los estados han firmado y puesto en marcha los esquemas de coordinación de Mando Único. Nueve entidades mas tienen avances importantes pero aun no consiguen completar el procedimiento.

Hay un caso, el de Oaxaca, en donde el avance es de 54% en la firma del convenio necesario con los municipios, mientras que en otras cinco entidades Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, Sonora e Hidalgo el progreso es prácticamente inexistente.

En ese contexto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la federación retirará el apoyo en seguridad a las entidades que no apresuren a implementar el esquema del Mando Único.


Activistas como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, y Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, señalaron a este medio digital su apoyo a la implementación de este esquema, aunque consideraron prioritario que el mismo se adapte a la realidad de cada zona.

Las 5 propuestas de Causa en Común para fortalecer policías y seguridad
1	Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 16 años repartió 130 mil mdp en subsidios pero los resultados son pobres
2	Consolidar Comisión Especial de Desarrollo Policíal la cual deberá, antes que nada, realiza run diagnóstico oficial de las corporaciones en el país
3	Consolidar espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con funciones definidas
4	Transparentar Acuerdos de Colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a gobernadores que no colaboren
5	Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad

Presentadas en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”.

El discurso completo de María Elena Morera:

  Discurso de María Elena Morera

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Con 3 ministros ausentes, la SCJN aprueba impugnada ley electoral en Veracruz

Cinco ministros se pronunciaron contra la legislación, tres a favor y tres más se ausentaron; se requerían ocho votos para conseguir la invalidez de la norma.

Con la presencia de ocho de los once ministros que lo integran, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la legislación electoral del estado de Veracruz, que incrementa a 3% de la lista nominal de electores el porcentaje mínimo que deben acreditar los candidatos independientes para participar en los comicios locales.

Los ministros avalaron la decisión a pesar de que la legislación federal establece como requisito que el candidato independiente demuestre contar las firmas de apoyo del 1% de la lista nominal de electores, informó el diario La Jornada.

El ministro Fernando Franco solicitó que se aplazara la votación, ya que cinco votaron por la invalidez de la ley y podría darse el caso de que los tres ministros ausentes se sumaran a ellos, alcanzándose así los ocho votos necesarios para dejar sin efecto la norma.

Pero el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, le respondió que “sería difícil”, pues dos de los ministros ausentes, Juan N. Silva Meza y Alberto Gelacio Pérez Dayán, se encuentran en misión oficial en España.

El ministro José Ramón Cossío no se quedó al final de la sesión por cuestiones personales; la sesión no terminó a las 14:00 horas sino 25 minutos después, indicó La Jornada.


La discusión de la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley electoral, presentada por los partidos de oposición continuará mañana martes 10.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGJDF pretende dar carpetazo al multihomicidio en la Narvarte

MÉXICO, DF: Cumplidos los primeros 100 días del caso Narvarte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se encamina a cerrar el caso, pese a las múltiples dudas que subyacen todavía. Por ello, los abogados coadyuvantes interpusieron el pasado 5 de noviembre una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal contra la dependencia que dirige Rodolfo Ríos Garza.

El argumento es que la PGJDF se negó a informarles por escrito los avances de la investigación del crimen ocurrido el pasado 31 de julio en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde fueron asesinadas Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

No sólo eso: la Procuraduría puso pretextos para no realizar o aplazar –sin fecha definida–, la realización de por lo menos 50 peritajes y diligencias específicas, así como la reconstrucción de hechos que la coadyuvancia le pidió por escrito dos veces –el 5 de agosto y el 10 de septiembre– para complementar la indagatoria y aclarar el crimen.

La solicitud de los demandantes incluía acciones que apuntan a Veracruz, de donde salieron el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, exiliados por las amenazas y acoso que, a decir de ellos públicamente, provenían del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El pasado 12 de octubre, la PGJDF respondió a los abogados con la negativa de cumplir dichas peticiones, pues consideró que no era “necesario ni obligatorio” darles un informe por escrito. Entre sus argumentos expuso que los interesados han tenido “múltiples” reuniones informativas con las autoridades encargadas de la investigación, entre ellos Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Marco Reyes, fiscal de Homicidios; y Raúl Peralta, director de la Policía de Investigación de la dependencia.

También alegó que los interesados han podido revisar el expediente del caso en días y horarios hábiles. Sin embargo, la PGJDF no aclaró que éste es un derecho legal de la coadyuvancia, no un favor de la dependencia.

Sobre los peritajes y diligencias solicitadas, la PGJDF respondió que las realizará sólo si el Ministerio Público las considera “dables y oportunas” y si ello ocurre, se harían “en su momento procesal oportuno”.

De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta por los abogados, con su respuesta la Procuraduría no dio “cumplimiento a su obligación constitucional y legal de informar a las víctimas sobre el desarrollo del proceso y no solventó las dudas que se plantearon”. Por si fuera poco, dejó a los familiares de las víctimas “en un estado de indefensión” pues no les dio ninguna certidumbre sobre el móvil del asesinato de sus familiares aquella tarde del 31 de julio.

Inconsistencias impiden cierre

Un resumen ejecutivo sobre el avance en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, elaborado por los abogados Karla Micheele Salas y David Peña –defensa de las familias de Nadia Vera y Mile Virginia Martín–, asegura que, pese a las inconsistencias en el expediente señaladas por los abogados coadyuvantes, la PGJDF les ha informado que en las próximas semanas el caso va a ser “cerrado y archivado”.

Entre las principales observaciones que alegan los también integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) está el doble discurso de la PGJDF. Y es que, dicen, por un lado el procurador Ríos Garza, ha presentado públicamente a tres personas –Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas– como las que “estuvieron presentes en el departamento el día de los hechos” y aparecen en los videos captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SP-DF) cuando entraron al edificio de la calle Luz Saviñón.

Sin embargo, el funcionario ha sido “muy cuidadoso” en no señalarlos públicamente como los responsables de los asesinatos. De esta manera, aclaran, evita “que los medios de comunicación le inquieran sobe la mecánica de los hechos, el móvil o la organización previa para el crimen”.

No obstante, los tres detenidos han recibido el auto de formal prisión por los delitos de homicidio y cuatro feminicidios, además del robo calificado. De hecho, Pacheco, Torres y Martínez se encuentran presos en el reclusorio Preventivo Oriente, en una zona conocida como “Diamante”. Se trata de un módulo de alta seguridad, con extrema vigilancia y salidas al patio, visitas y uso de dinero restringidos. Ahí están recluidos secuestradores, multihomicidas y líderes del crimen organizado… aquellos considerados como peligro para la sociedad. Por ejemplo, ahí están presos los acusados por el caso Heaven.

Una segunda inconsistencia, añaden, es que a más de tres meses de investigación, la PGJDF no ha podido establecer ni probar el móvil del multihomicidio. “No sabe cuál fue la motivación de este atroz crimen, por qué cuatro de las cinco víctimas fueron torturadas, ni por qué ni para qué actuaron de la forma en que lo hicieron las personas responsables de los hechos”.

Para colmo, agregan, las autoridades de justicia les han dicho que “no es obligación de la PGJDF el probar el móvil, eso en este caso es una exquisitez”. Así les respondieron en la reunión realizada el jueves 27 de agosto.

Como tercer punto, la coadyuvancia observa que tanto Pacheco Gutiérrez como Torres Tranquilino han admitido la participación de más personas y más vehículos antes y después de cometido el crimen. En su edición 2038, Proceso informó de la existencia de una videograbación captada por cámaras particulares a las 19:07 horas de aquel 31 de julio en calles de la delegación Coyoacán. Las imágenes mostraron el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que Abraham y Omar tuvieron con al menos otra persona más.

El mismo Abraham lo reconoció en la ampliación de su declaración: “En el fotograma señalado con la hora 19:08:26 se ve a Omar después caminando hacia un sujeto con una playera color café clara como beige, sin saber quién es, porque es la gente de Omar…”.

En otra parte de su testimonio, el expolicía capitalino mencionó la presencia de dos personas a quienes reconoció como “gente de Omar”, quienes los ayudaron cuando el Mustang –propiedad de Mile y que robaron después del crimen– empezó a fallar y lo metieron al estacionamiento de un hotel ubicado en la calzada de Tlalpan: “Entonces llegan los del carro y me introducen al vehículo, pero a mí me ponen en la parte posterior atrás del copiloto, pero me piden que agache la cabeza, pues no quería Omar que viera a los otros dos tipos y le dijeron ellos que a mí me hubiera mandado Omar en Metro…”.

Otra inconsistencia marcada por los abogados y que la PGJDF no ha aclarado es el hallazgo en el departamento del ADN de una cuarta persona que participó en el multihomicidio. El material genético se obtuvo cuando — a petición de la coadyuvancia– se procesaron pericial y químicamente algunos objetos localizados en la zona del crimen, entre ellos, la liga para hacer ejercicio con la que fue asfixiada Nadia Vera. En ese artículo deportivo se encontró “una muestra de ADN con 14 marcadores definidos y sólo un marcador mezclado” que corresponden a los de una persona de sexo masculino, que no es ninguno de los tres detenidos ni de Rubén Espinosa. Eso, dicen, “nos obliga a pensar la participación de cuando menos una persona más en estos hechos”. Pero la PGJDF no ha mencionado nada al respecto.

Es el mismo caso en cuanto a las huellas dactilares que se encontraron en el departamento y en el Mustang y que no corresponden ni a las víctimas ni a los tres detenidos. Por ello, dicen los abogados, la Procuraduría “no ha podido tampoco descartar la presencia de otros sujetos en el departamento al momento de crimen”.

En el resumen ejecutivo del caso, los autores destacan que la PGJDF realizó un cruce de llamadas telefónicas entre los tres detenidos con el cual construyó una “red” de comunicaciones con la que pretendió acreditar que se “organizaron” para cometer el crimen.

No obstante, dicen que la autoridad ha omitido investigar el cúmulo de llamadas que los tres tuvieron antes, durante y después de ir al departamento de la colonia Narvarte. Y son enfáticos: “existen llamadas y enlaces telefónicos sin investigar, números telefónicos sin procesar e incluso enlaces de comunicación de Puebla, Chihuahua y del Estado de México que siguen sin ser investigados”.

Peor aún, no se ha hecho un seguimiento de los teléfonos celulares de Nadia y Rubén, pese a que lo solicitaron desde septiembre pasado. “A 100 días de los hechos no se tiene información cierta sobre la localización, uso y llamadas o mensajes que pudieron haberse enviado y recibido de ambos teléfonos después del crimen”.

Sobre la camioneta Suburban azul, presuntamente propiedad de Daniel Pacheco, en la que los homicidas llegaron al departamento (Proceso 2027), señalan que luego de ser localizada el 1 de octubre en un estacionamiento de una unidad habitacional en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los peritos no hallaron rastros de droga, armas ni otro indicio “que permita robustecer ninguna de las hipótesis que ha mantenido la PGJDF”.

Respecto a la pistola utilizada para ultimar a las víctimas, la coadyuvancia informa que el rastreo y el análisis comparativo, tanto en la base de datos de armas del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República (PGR) no se encontró ningún antecedente delincuencial. Ello indica que el arma nunca había sido utilizada en otros hechos delictivos o que era nueva, “lo que permite concluir que se trató de una arma especialmente adquirida para el multihomicidio”.

Sobre este mismo aspecto, señalan que aunque la PGJDF ha reiterado su negativa de que los homicidas usaron un silenciador para accionar el arma, “los testimonios de más de siete vecinos señalan que en ningún momento escucharon las detonaciones con las que fueron asesinados Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra”.

Una de las acciones más cuestionadas a la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos desde que ocurrió el multihomicidio fue la filtración de información que salió de la misma procuraduría y de manera parcial para encaminar el caso a un asunto de prostitución, robo y narcomenudeo. No obstante, tampoco ha encontrado la droga que supuestamente le quitaron a Mile en el departamento.

En el resumen ejecutivo de las inconsistencias de la investigación, la coadyuvancia señala la “violencia institucional en contra de las víctimas desde las primeras horas de cometido el crimen hasta la fecha”. La acusa de “dirigir a la opinión pública y crear una verdad paralela sobre lo que en realidad consta en la investigación”.

Destaca su preocupación por el manejo sobre la información relativa a Mile Virginia, la víctima de origen colombiano. Dice: “A partir de estereotipos derivados de la apariencia de la víctima y de su nacionalidad, la PGJDF construyó un perfil de la víctima, le impuso un apodo o sobrenombre y ha filtrado información a los medios de comunicación sobre supuestas actividades previas al crimen así como su involucramiento en los hechos”.

No obstante, agrega, a 100 días de los hechos, la Procuraduría “no puede establecer con pruebas objetivas la supuesta relación que tenía Mile Virginia con los responsables, ni si ellos se conocían previamente”.

Pero eso no es todo. Como representantes legales de la familia de la joven en México, los litigantes acusan que el “uso malicioso” en la prensa que ha hecho la PGJDF sobre su imagen, así como el “maltrato” al propio cuerpo de la víctima, pues fue enviado a Colombia en un avanzado estado de descomposición y “muchas” semanas después, bajo el argumento de que “el cuerpo estaba en investigación”. Eso, añaden, “se tradujo en un maltrato físico al propio cuerpo y una afectación emocional para sus familiares”.

Lamentable, el papel de la CDHDF

En la lista de inconsistencias señaladas por la coadyuvancia, destaca la crítica al “lamentable papel” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presidida por Perla Gómez Gallardo, pues critica que “con su silencio se ha convertido en parte de la impunidad que prevalece en el caso”.

Y señala sus errores: En un primer comunicado de prensa sólo hizo referencia al fotoperiodista Rubén Espinosa y pidió a las autoridades capitalinas medidas cautelares hacia su familia, “dejando de lado” a las cuatro víctimas mujeres. Tampoco verificó que los restos de Mile Virginia se preservaran y que su traslado a Colombia se diera respetando los derechos de la familia.

Más: Aún cuando acreditó que Daniel Pacheco Gutiérrez fue víctima de tratos crueles durante su detención, la Comisión se pronunció diciendo que “no fue víctima de tortura”. Con ello, restó “importancia a la coacción de la cual fue objeto el detenido para declarar”.

Karla Micheele Salas y David Peña también observan que la PGJDF ha incumplido las medidas cautelares emitidas por la CDHDF para evitar las filtraciones de información, que se respeten los derechos de las víctimas y se garantice el derecho a la coadyuvancia.


“A pesar de los claros incumplimientos, dicha instancia no se ha pronunciado ni ha hecho valer los medios legales que tiene a su disposición para que se investigue y sancione el incumplimiento de sus peticiones”. Tampoco se ha pronunciado contra las omisiones que la Procuraduría ha hecho en la indagatoria, aún cuando la misma Comisión las ha acreditado y “pese a la importancia que conllevaría que esa instancia se pronunciara sobre un caso que se encuentra aún abierto y que puede corregirse”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Madre de sepultado en forma clandestina denuncia amenazas

Le ordenan retirar denuncias contra funcionarios de Morelos, dice.

Cuernavaca, Mor. María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Navarrete –secuestrado, asesinado y enterrado en una fosa clandestina junto con otros 149 cadáveres en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla–, denunció que la han amenazado para que retire sus denuncias contra el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, y el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, así como otros funcionarios estatales, a quienes acusa de encubrir a los responsables de la inhumación clandestina de su hijo.

En entrevista, aseguró que a su hermana Amelia se le han acercado desconocidos a exigirle que ya le bajemos, que retiremos la denuncia y dejemos todo así. Nosotros estamos haciendo público esto porque no queremos que otra gente pase el calvario que hemos pasado porque los de la FGE (Fiscalía General del Estado) no hacen su trabajo y porque a las autoridades, desde el gobernador (Graco Ramírez), el fiscal y los diputados parece que nos les interesa lo que estamos viviendo miles de familias de víctimas de la violencia y la inseguridad.

Ambas mujeres hicieron responsables al gobernador y al fiscal de lo que pueda ocurrirles a ellas, a integrantes de su familia y a otras madres con hijos desaparecidos en Morelos.

Hernández exigió al mandatario estatal que vea la realidad en que ha sumido a Morelos, que deje de estar soñando una entidad en donde no pasa nada, que reconozca los delitos que han cometido servidores públicos al inhumar cadáveres de manera irregular.

Ayer por la tarde, la mujer y otros familiares de víctimas acudieron al palacio de gobierno a recibir respuesta del gobernador a un oficio que le enviaron el 26 de marzo pasado, en el cual detallaron las irregularidades en que había incurrido la FGE en la zona oriente. La Secretaría de la Gubernatura sólo les informó que el oficio fue remitido a la fiscalía.

El pasado 5 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos demandó a la FGE que regrese a la fiscalía de la zona oriente el expediente CT-UIDD-A/586/2015, en el cual la madre de Oliver Navarrete acusa al titular de la FGE, Javier Pérez; al fiscal regional en la zona oriente, José Manuel Serrano Salmerón, y a subprocuradores de esa región de delitos contra el respeto a los muertos y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, al igual que de anomalías al integrar la carpeta.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RUBICELA MORELOS.

Vecino denuncia a Mancera ante la PGR por deslaves en Santa Fe

MÉXICO, DF: Juan Rivero Legarreta, abogado y propietario de un departamento en el conjunto residencial Vista del Campo, en Santa Fe, interpuso dos denuncias de hechos ante la PGR y la Procuradurúa capitalina contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

La demanda, según el diario El Universal, alega los problemas que enfrenta luego de los deslaves que se han presentado en el terreno donde están asentados los edificios departamentales, mismos que ponen en riesgo su integridad y la de sus vecinos.

Además del mandatario local, el quejoso demandó al secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, y a los encargados de la construcción y comercialización del fraccionamiento, así como a quienes resulten responsables de los daños que se pudieran ocasionar a su persona y su propiedad.

Las denuncias fueron interpuestas ayer, a dos semanas de que se presentó el primero de tres deslaves en la zona. El abogado acudió al Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Cuajimalpa y luego a la PGR.

En ellas acusó la negligencia de quienes autorizaron, construyeron y comercializaron el fraccionamiento Vista del Campo y el riesgo que ahora presentan.

Se quejó de que, desde entonces, las autoridades del GDF se han limitado a decir que se harán los estudios correspondientes sin fechas específicas y sin explicaciones respecto a que si la obra se realizó con los permisos legales. Ello, dijo, coloca en la incertidumbre a los afectados.

Al consejo de administración del fraccionamiento lo señaló de omitir la aplicación de acciones contundentes y legales para garantizar la seguridad, el libre acceso a los predios y una indemnización a los afectados.

El número de denuncias podría aumentar conforme las interpongan más vecinos perjudicados. Además, se prevé que esta semana se realicen algunas manifestaciones en la delegación y la zona de Santa Fe.

Se revisarán permisos: Mancera         

Mancera informó que la situación legal de los predios, construcciones y obras en proceso en la zona del deslave de Santa Fe será determinada a partir de los dictámenes que emitan la Consejería Jurídica y la Secretaría de Protección Civil.

“Se supone que cuando se construyó ahí hubo un estudio, alguna empresa realizó el estudio de la mecánica de suelo, de todo esto, para poder obtener las autorizaciones, las licencias de construcción”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad no descartó la posibilidad de sancionar a funcionarios que pudieran estar involucrados en la omisión de trámites y permisos.

Mancera Espinosa dijo que en dos o tres semanas estarán listos los resultados de los estudios realizados por personal de los institutos de Geofísica y Geología de la UNAM y especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como Protección Civil federal y local.


Aclaró que ninguno de los cuatro lotes ubicados en la zona de deslave es propiedad de la administración local.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.