MÉXICO, DF: El gobernador guerrerense Héctor Astudillo se reunió con el cónsul general de Estados Unidos en México, Hugo F. Rodríguez, con quien se comprometió a revisar el caso de Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, presa desde el 21 de agosto de 2013.
En entrevista desde Estados Unidos, la abogada de la activista e integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Alejandra Gonza, dijo que la respuesta de las autoridades de “revisar el caso es siempre la misma”, por lo que habrá que esperar que Astudillo proponga una solución real.
El encuentro entre el cónsul y el gobernador se dio luego de que el 21 de octubre la defensa de Nestora –quien tiene nacionalidad estadunidense– y representantes del Estado mexicano se reunieran con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las medidas cautelares que otorgó a la activista en enero pasado.
A su vez, los representantes de Nestora Salgado a escala internacional pidieron al Departamento de Estado y a congresistas estadunidenses que escalen en la pelea por la libertad de la activista a un nivel diplomático, y tengan un posicionamiento claro, toda vez que la excomandanta lleva ya dos años en prisión.
“Para nosotros resulta de suma importancia la actuación de Estados Unidos y la solicitud directamente a las autoridades de Guerrero de por fin hacer una revisión de este caso; recordemos que este es el tercer gobernador que pasa por el caso”, acotó Gonza.
Héctor Astudillo, quien tomó posesión apenas el 27 de octubre, es el tercer gobernador que “revisará” el caso de Nestora, ya que anteriormente Ángel Aguirre prometió conseguir su libertad, y Rogelio Ortega reconoció oficialmente que ella fue detenida de forma arbitraria e incluso la definió como una “presa política”.
Es por ello que la abogada resaltó que ahora esperan el análisis serio que haga el gobierno de Astudillo, quien ya se reunió con representantes de la CIDH durante la visita del organismo a México entre septiembre y octubre pasados, para documentar la situación humanitaria en nuestro país.
Entre los compromisos del mandatario estatal con la CIDH está la depuración de la Fiscalía General de Guerrero y revisar el caso de Nestora con su familia y abogados, por lo que están a la espera de una fecha para concretar el encuentro y marcar las vías jurídicas para lograr la libertad de la excomandanta.
La abogada insistió en la “debilidad institucional” del estado y en la necesidad de que Astudillo tome una acción concreta y no sólo brinde declaraciones a la prensa.
“En dos años tenemos tres gobernadores y dos fiscales, pero creo que la urgencia con que se tiene que tratar este caso amerita soluciones más claras”, demandó.
Alejandra Gonza señaló además que los abogados que llevan el litigo internacional tienen conocimiento de que se han programado cerca de 15 careos entre la activista y las supuestas víctimas, pero que no se han realizado porque quienes la acusan no se presentan.
A propósito del retraso en el proceso judicial y de que los anteriores gobernadores han señalado que no pueden hacer más que pedir el desistimiento de la acción penal a la Fiscalía estatal, la litigante agregó: “El gobernador es esencial para buscar la liberación y la restauración de sus derechos, así como fue esencial para mandarla presa, tiene distintas formas para hacerlo”.
Y expresó: “Los gobernadores siempre se han justificado con la independencia judicial y con la existencia de supuestas víctimas, pero creo que no han tenido la asesoría suficiente de su equipo para demostrar que el caso de Nestora Salgado ha sido decidido a nivel federal, y que esa decisión debe tener un efecto a nivel estatal”.
En agosto de 2013 un juez declaró inocente a Nestora del delito de delincuencia organizada, pero siguió en prisión acusada de secuestro.
Al respecto, el abogado e integrante de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Sandino Rivero, dijo que la próxima semana en la Primera Sala Penal de Chilpancingo –capital de Guerrero– podría resolverse un recurso de apelación que los abogados, a nivel nacional, interpusieron para pedir la libertad de Nestora.
Los juristas argumentan que a Nestora se le está juzgando dos veces por los mismos hechos, ya que en 2013 fue exonerada y ella actuó en ejercicio de sus funciones, pues al momento de la acusación de secuestro era comandanta de la PC, mecanismo de seguridad estipulado en las leyes estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
GUANAJUATO, Gto: Martín Navarro Escutia, El Cebollón, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría involucrado en los ataques en contra del Ejército y civiles del 1 de mayo en esa entidad, y también en el homicidio del edil electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, cometido en junio pasado.
A raíz de la recaptura de Navarro Escutia efectuada el domingo 8 en Querétaro por corporaciones estatales y federales, la Procuraduría de Guanajuato confirmó que el presunto capo del CJNG había sido detenido en mayo del año pasado por esta misma dependencia con un arsenal, drogas, vehículos y otros cinco cómplices, pero fue liberado una semana después por un juez federal de Celaya.
Por esta liberación –que se dio en horas de la madrugada y con el argumento de que se trataba “de un empresario”–, el Ministerio Público federal interpuso un recurso de inconformidad.
Mientras tanto, El Cebollón se estableció en Querétaro, desde donde siguió operando para el grupo delictivo desde mediados del 2014.
Finalmente, fue recapturado el domingo pasado en un operativo en el que participaron ambas procuradurías, PGR, Ejército y el Cisen.
Horas antes, siete de los integrantes del grupo que encabezaba también fueron capturados en Querétaro, informó el procurador de esa entidad, Alejandro Echeverría Cornejo.
El procurador queretano dijo el lunes 9 que Martín Navarro Escutia es señalado como cabecilla en el robo de combustible en esa entidad.
“Ya tenía bastante tiempo operando aquí, porque no solamente operaba en Guanajuato; también era el responsable de muchos de los casos del robo de combustible en Querétaro. Si no de todos, sí la mayoría”, indicó.
Incluso, el procurador afirmó que la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y su operatividad en el estado fue “uno de los paquetes que nos dejaron dentro de las herencias” del sexenio anterior, cuando gobernó el priista José Calzada Rovirosa.
“Ese sujeto ya tenía varios meses operando por aquí. Y seguramente la parte rival de El Cebollón también se encuentra aquí”, advirtió.
Fue el procurador de Querétaro quien reveló que Navarro Escutia “fue el responsable” del homicidio de Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerécuaro por el PVEM.
Sánchez Galán fue acribillado en un negocio de su propiedad junto con dos de sus colaboradores, el 23 de junio.
Igualmente, a El Cebollón se le achaca haber dirigido los ataques en contra de las instalaciones de la Policía Ministerial en Apaseo El Alto, en marzo del año pasado, cuando un comando rafagueó y lanzó una granada contra el inmueble.
No obstante, en aquella ocasión el ataque fue adjudicado a miembros de Los Caballeros Templarios, en supuesta represalia o respuesta a la captura de uno de sus dirigentes, según dijo en su momento la PGJE.
Presente en ataques de mayo en Jalisco
El presunto jefe de plaza del CJNG y los otros siete detenidos fueron trasladados de Querétaro a Guanajuato y puestos a disposición de varios juzgados del fuero común para responder inicialmente por diversas órdenes de aprehensión por homicidio y terrorismo.
Pero además de comandar el robo de hidrocarburos, extorsiones, homicidios y secuestros, Martín Navarro Escutia está señalado en las investigaciones por los ataques cometidos en Jalisco el 1 de mayo pasado, en los que fue derribado un helicóptero del Ejército e incendiados varios vehículos.
Información publicada hoy en El Economista, que cita fuentes oficiales, refiere que Martín Navarro Escutia habría sido quien disparó el lanzacohetes que derribó el helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio de Villa Purificación, en Jalisco, en el ataque encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
En esta agresión murieron diez integrantes de la Fuerza Aérea y el Ejército.
Esta tarde, el procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que autoridades de Querétaro, Michoacán y Jalisco han solicitado información sobre el detenido, puesto que está involucrado en varios hechos delictivos en esos estados vecinos, aunque no confirmó su participación en los ataques del 1 de mayo.
También dijo que serán las autoridades de cada entidad las que den a conocer cuáles son los delitos por los que se persigue al presunto capo del CJNG.
En Guanajuato, El Cebollón ya fue vinculado a proceso por un juzgado de oralidad en Apaseo El Grande, donde tiene fincada una carpeta por los homicidios de dos policías municipales, cometidos a mediados de agosto del 2014.
“Se le está poniendo a disposición de los distintos jueces donde se han consignado los expedientes, sin menoscabo de la investigación que se sigue en torno a su participación donde privaron de la vida al alcalde electo de Jerécuaro”, confirmó Carlos Zamarripa.
El procurador refirió que a mediados de octubre fue capturado Javier Navarro Sánchez, El Cebollín, hijo de Martín Navarro Escutia, quien también participó en el ataque en Apaseo El Alto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
México, DF. El momento para reformar el actual sistema de pensiones “definitivamente llegó”, sostuvo este martes Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), que reúne a las empresas privadas que gestionan los fondos de retiro.
En ese sentido, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo supervisor, consideró que “tiene que llegar el momento” en que los diferentes diagnósticos realizados sobre la insuficiencia del sistema para, con los niveles actuales de cotización, garantizar una pensión suficiente “deriven en acciones” de reforma, para lo que es necesario un diálogo nacional sobre el tema.
Un cambio en las leyes para que los patrones obtengan beneficios fiscales a cambio de facilitar las condiciones para que los trabajadores incrementen sus aportaciones voluntarias a sus cuentas para el retiro es impulsado por la industria de fondos para el retiro, como parte de acciones para elevar el monto de las pensiones en los próximos años, que hoy es reconocido por autoridades, expertos y los administradores como insuficiente.
El mecanismo propuesto es adicional a la posibilidad que ya existe en la ley de que un trabajador realice aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro, explicó Carlos Noriega Curtis.
La propuesta consiste en que en automático el patrón traslade a la cuenta para el retiro un mayor porcentaje del salario del trabajador, “pero con la posibilidad de que el propio trabajador pueda declinar esa opción”, dijo Noriega en una conferencia de prensa en que fue presentado el estudio El uso de las ciencias del comportamiento para aumentar los ahorros para el retiro.
Actualmente, un trabajador aporta 6.5 por ciento de su salario a la cuenta para el retiro. Con ese porcentaje de aportación, según varios cálculos, la pensión alcanzaría poco menos de un tercio del salario promedio de los cinco últimos años laborados –siempre que reúna las semanas de cotización–, una cantidad reconocida por autoridades, la industria y expertos como insuficiente para cubrir las necesidades de una persona en retiro.
En la misma conferencia, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo regulador del sistema, apuntó que una aportación de entre 13 y 15 por ciento del salario a lo largo de la vida laboral es la que puede garantizar que un trabajador reciba, al momento del retiro, una pensión equivalente a 70 por ciento de su salario, un porcentaje considerado como apropiado para atender sus necesidades.
La propuesta impulsada por la Amafore, entidad que representa a las empresas que administran los fondos de retiro, va en el sentido de que cada año y de manera creciente se realicen aportaciones adicionales a las establecidas como obligatorias por la ley.
“Puede ser, por ejemplo, medio punto porcentual (del salario) un año y otro medio punto porcentual al siguiente”, explicó Carlos Ramírez. Una parte de la aportación sería financiada por el propio trabajador y otra por el empleador y, es en ese terreno en donde podrían establecerse beneficios fiscales.
“El punto importante de la propuesta es que un trabajador puede decidir salirse de este mecanismo”, insistió Noriega Curtis.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.
De acuerdo con la ONU, el tráfico de personas en México es un delito que está a la par del narcotráfico y el crimen organizado. Tlaxcala es uno de los estados en los que este ilícito es casi una tradición.
En Tenancingo, Tlaxcala, se puede tener sexo hasta por 50 pesos. El arreglo se da entre el padrote y el cliente. No es necesaria la decisión de la mujer sometida a explotación sexual.
La prostitución, cuenta Celeste, es un asunto de hombres. A las mujeres solo nos queda obediencia y quedarnos calladas, porque si no, nos va mal.
Celeste es casi una niña. Ella dice que tiene 20 años, pero su escuálido cuerpo no representa más de los 16. Trabaja en una casa de prostitución en Tenancingo desde hace más de 4 años. La joven es originaria de una comunidad cerca de Tehuacán, de donde su padrote se la trajo.
Lo conoció saliendo de la escuela (no explica si primaria o secundaria) y se hicieron novios. Por más de un año, su padrote la enamoró. A ella la deslumbró su camioneta y la forma en que la trataba: la consentía, la llevaba a pasear y le prometió una vida de ensueño con hijos y una casa en la ciudad de Orizaba. La realidad fue otra apenas decidió escaparse con él. La comenzó a golpear y la obligó a prostituirse. El amor que siente por él, del que ni siquiera dice su nombre, es la que la mantiene en esa vida.
La jornada de trabajo de Celeste comienza todos los días a las cinco de la tarde y termina cuando amanece. A veces ha atendido hasta 30 clientes en una sola noche, porque su dueño no permite que nadie permanezca con ella más de 15 minutos.
“Él es muy celoso, no le gusta que los hombres me toquen y mucho menos que me besen”.
A Celeste le gusta que la celen.
Una tradición
En Tenancingo, Tlaxcala, la explotación sexual y la trata de personas, es una tradición. Es parte de una cultura arraigada que se quiere amparar en los usos y costumbres de los pueblos naturales.
A la mayoría de los niños se les predestina a ser padrotes aun antes de saber que están en el mundo. Existe un rito para que los hombres en ciernes tengan poder sexual sobre las mujeres.
El chamán de la comunidad es el iniciador de la cultura de la explotación sexual. La tradición marca que el recién nacido debe someterse a una iniciación: con apenas unos cuantos meses de edad, se le deja sin bañar por espacio de dos semanas a un mes. El niño es llevado a una ceremonia privada en donde se le limpia con algodón la costra acumulada en sus genitales.
Hay oraciones y rezos, claveles rojos para la pasión. Las ramas de pirul y el incienso recorren el cuerpo del menor. Lo alejan del mal y lo acercan a las bondades de la vida. La costra de los genitales es tratada con un ritual que tiene que ver con la luna llena y mezclas de aceites especiales. Luego esa costra convertida en bálsamo especial se unta en el ombligo del menor. El niño está listo para atender sexualmente a cuanta mujer pueda tener, cuando alcance el uso de razón. Se le formó como un padrote que está obligado a mantener todo un harem bajo su control, aunque por la fuerza.
Así nace otro proxeneta.
Un problema que crece
Este año el tráfico de personas se apunta como uno de los de mayor incidencia, pues solo en el primer semestre de este 2015 se rebasó la cifra de averiguaciones previas iniciadas en relación a las integradas por ese delito durante el 2014.
La trata de personas tiene su epicentro en nueve municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, en donde en promedio se registran por mes dos casos de robo de personas, principalmente mujeres indígenas menores de 20 años, de las que en su mayoría no se vuelve a saber de ellas.
Los municipios que se apuntan en cuanto a las cifras de desaparición, bajo la presunción de la trata de personas son Zacatlán, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, San Martin Texmelucan, Tepeaca, y El Seco, en Puebla, así como Tenancingo, en Tlaxcala, municipio considerado por los propios vecinos del lugar como “la cuna de la trata y la prostitución”.
Reporte Indigo buscó ayer las versiones del gobierno de Tlaxcala y de la Procuraduría local.
Se contactó a Daniel Irvin Angulo Juárez, quien aparece como jefe del Departamento de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, y se le solicitó una entrevista con la titular de la dependencia, Alicia Fragoso Sánchez.
Dijo que por la premura de la llamada, la titular no podría responder a los cuestionamientos, pero que enviaría al correo electrónico información estadística sobre el tema.
Por parte de gobierno del estado, la titular de la Coordinación de Información, Verónica Hernández, dijo que “el tema no es nuevo” y que es hasta esta gestión que se ha trabajado para dar resultados, y se comprometió a mandar información.
“Te mando algunos datos generales, digamos, y ya en la Procuraduría si te pueden dar una información complementaria, sería lo más importante. Aprovecho para comentarte que este tema del que tú hablas no es nuevo. Al contrario, en esta administración es cuando se hizo una estrategia estatal de combate contra este problema.
“Entonces, ya ahí en los datos que te mande pues a ver si te ayudan para tener un poquito de contexto y del trabajo que se ha realizado”, comentó la funcionaria
La información, hasta el cierre de edición, no había llegado al correo electrónico.
Pero no solo en Puebla y Tlaxcala es donde se registra la creciente incidencia de desaparecidas por trata de personas. El fenómeno se extiende, de acuerdo a las estadísticas de la PGR, a otras entidades del país.
Lo más grave
La organización Unidos Contra la Trata, que encabeza Rosy Orozco, establece la gravedad de la trata de personas al referir dos simples cifras: el 85 por ciento de las víctimas de explotación sexual que se detectan en el país son mujeres menores de 15 años, en tanto que el restante 15 por ciento son niños también menores de edad, lo que apunta hacia el creciente mercado del sexo con menores de edad.
Para el investigador J. Jesús Ruiz González, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la trata de personas va a la alza debido al uso de las redes sociales por parte de los menores, los que son fácilmente enganchados por las redes del crimen organizado, que allí encuentran su principal “fuente de abastecimiento de materia prima”.
El modus operandi de los enganchadores –explicó el especialista- es casi siempre el mismo: comienza por contactar a sus víctimas, compartiendo sus gustos y aficiones.
En la mayoría de los casos se hacen pasar por personas del mismo sexo y la misma edad. Cuando se ganan la confianza del niño o la niña hacen una cita y de allí los menores son secuestrados y trasladados a la mayor distancia posible del lugar de origen, para someterlos por medio de la violencia y las amenazas.
La casada infiel
Erika tiene más de 13 años dedicada a la explotación sexual en Tenancingo. A sus 35 ya es “una mujer vieja para el negocio”. Su padrote ya no la trata con el cariño de los primeros días. Ahora ya ni la golpea.
“Antes era bonito, porque había días que no me dejaba salir a trabajar, le gustaba quedarse acostado conmigo todo el día, y me decía que no le gustaba que yo me acostara con nadie más”.
Su padrote es el que le lleva los clientes. Entre 10 y 15 personas atiende por día. A ella le toca atender a los clientes más viejos. El celo de su padrote no le permite a Erika tener relaciones con hombres más jóvenes que ella. Cobra 250 pesos por ocasión y de ese dinero solo le corresponden a ella 100 por día, para que compre sus cigarros y a veces un paquete de cervezas.
Legalmente no están casados, pero ella se siente su esposa. Su padrote vive con otras cuatro mujeres, pero al ser más jóvenes que Erika, a ella le corresponde el primer lugar entre todas.
Es la que menos dinero le genera, pero –se consuela- es porque le arrima menos clientes, eso la hace sentirse amada. Con eso le basta. A las otras mujeres que cohabitan con su padrote, Erika las considera como sus hermanas menores. Las cuida y en no pocas ocasiones las ha librado de las golpizas.
No revela su nombre. No quiere hablar de él, pero dice que lo ama con toda el alma. Se conocen desde hace más de 15 años, cuando él la enamoró en Veracruz y le pidió que se fuera con él. Se conocieron en un baile y comenzó a enamorarla. Fueron novios casi un año, hasta que Erika decidió dejar a su marido, con el que no hacía vida.
“Esta es mi vida”, dice con un dejo de dolor que apenas se compensa con una sonrisa leve en sus labios, “esto es lo que me tocó vivir”.
Está asignada a una cantina cerca de Tlaxcala, en donde es vigilada de cerca por un niño al que le paga su padrote para que le informe lo que ella hace, mientras él está en busca de clientes para llevárselos.
Un desenlace feliz
Lety Cruz, de 13 años, tuvo mucha suerte. La reacción rápida de sus padres permitió arrancarla de una red de tráfico de personas. El caso de Lety tuvo un desenlace feliz a diferencia de los otros 457 registrados en lo que va de este año.
En la mayoría de los delitos de trata de personas, el sistema judicial opera a favor de las redes de tráfico de personas.
Las denuncias por desaparición de personas pocas veces son atendidas de manera inmediata. Tienen que pasar horas y a veces días para que en las agencias del Ministerio Público se reciba la querella, se integre la averiguación previa y se inicie con la investigación.
A veces la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público es la causa principal para que no se emita en tiempo y forma la Alerta Amber.
El caso de Lety Cruz refleja el grado de incapacidad de las autoridades ministeriales. Cuando los padres de la menor acudieron a interponer la denuncia por la desaparición de la niña, el Ministerio Público recibió la denuncia dos días después, pero integró la averiguación con el número de oficio correspondiente al robo de una gallina.
Por eso no se aplicó nunca la Alerta Amber, lo que dejó a la niña expuesta por una semana a la acción de la red de trata que la mantenía en su poder.
En ocasiones, reconocen activistas, los casos de trata no son clasificados así porque los agentes del Ministerio Público no saben identificar los elementos constitutivos del delito.
En Puebla, Tlaxcala y Edomex es necesaria a veces la intervención de las Organizaciones no Gubernamentales para orientar a los ministerios públicos en la integración de la investigación.
Con la mirada perdida
No es difícil reconocer a las mujeres mayores de edad que son víctimas de trata, sometidas a la explotación sexual. Casi siempre son como autómatas –explica un activista de derechos humanos en Tlaxcala-.
Se les ve con la mirada perdida. No hablan y siempre están con miedo. Son mujeres que están muriendo todos los días porque no tienen forma de salir de la prisión y el infierno en los que viven.
Las víctimas de trata, por lo general viven en casas de seguridad y en hoteles bajo el control de las redes de tráfico de personas. De acuerdo al activista que pidió la omisión de sus datos, el desmedido crecimiento de moteles a pie de carretera es signo inequívoco de esa actividad. Por eso refirió que en los municipios de Puebla y Tlaxcala, en donde se considera la sede nacional de tratas, ha aumentado considerablemente ese tipo de establecimientos.
Solo en el corredor de la carretera Puebla-Tlaxcala, en un tramo de 60 kilómetros, se contabilizan 53 moteles de paso, algunos de ellos en obra negra, los que prestan sus instalaciones al mejor postor, por sumas que van desde 50 hasta 500 pesos. Esos son los sitios que utiliza la red de trata de personas que opera en esa parte del país, con mujeres sustraídas de otras entidades de México.
Las víctimas de explotación sexual, dijo Samanta, una mujer sustraída de Chiapas desde hace 10 años, están obligadas a atender en forma diaria de 35 a 40 clientes. Todos ellos son llevados por parte de un miembro de la red hasta su habitación. Ella cobra 200 pesos por cita, y de lo que logra recabar en un día nunca ha visto un solo peso. Le pagan con el hospedaje, la comida y la protección de su persona.
Pero los clientes que logra la red de tráfico no solo tienen la preferencia de mujeres de más de 30 años, como es el caso de Samanta. Hay clientes que prefieren menores de edad. Otros, son clientes especiales, los que no se limitan en el costo de los servicios, los que piden mujeres menores de edad, a veces niños, los que también se suministran en esta parte del país.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, DF: Manuel Rodolfo Trillo Hernández, acusado de operaciones con recursos ilícitos y presunto implicado en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se reservó su derecho a declarar y pidió que se le duplicara el plazo para definir su situación jurídica.
La fecha vence el próximo domingo 15, cuando puede ser declarado formalmente preso o quedar en libertad por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
En la causa penal 458/2015, Trillo es acusado por la compra de 10 vehículos de distintas marcas y modelos, entre 2012 y 2015, en la que utilizó por lo menos dos nombres diferentes al suyo. Según la PGR, Trillo sabía que el dinero que utilizó tenía un origen ilegal.
Trillo fue detenido por la Policía Federal (PF) en San Pedro Cholula, Puebla y ahora está internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, el mismo de donde se fugó El Chapo el pasado 11 de julio.
Según la PGR, la PF lo detuvo desde el 19 de agosto, pero apenas el lunes informó que había cumplido la orden de aprehensión en su contra, otorgada por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
La diligencia judicial de Trillo se realizó por videoconferencia en ese Juzgado Noveno. En la audiencia de su declaración preparatoria, el acusado se reservó su derecho a declarar y pidió la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, DF: La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el plan y calendario de la elección extraordinaria de Colima para gobernador, ejercicio a realizarse el 17 de enero y que costará 21 millones 839 mil pesos.
En sesión extraordinaria, los integrantes de la Junta señalaron que las precampañas iniciarán el 20 de noviembre y durarán 11 días. Las campañas durarán 35 días.
Por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se refirió al tema de la eventual legalización de la mariguana. Por ello, consideró la posibilidad de organizar una consulta popular al respecto.
Esto, afirmó, se tendría que realizar en el marco de las próximas elecciones presidenciales en 2108.
“Es un buen inicio para discutir sin tapujos ni falsos discursos un tema que es de enorme relevancia nacional. Con independencia de eso, la SCJN con su decisión ha abierto la puerta a un importante debate público que tiene que recrearse en todos los ámbitos de decisión el Estado mexicano”, comentó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: El Senado de la República notificó el 9 de noviembre al empresario Alberto Bailleres que fue votado por la mayoría de los legisladores –68 a favor, 13 en contra– para recibir este año el máximo reconocimiento de la Cámara Alta: la Medalla Belisario Domínguez en honor al tribuno de Comitán, Chiapas, quien se enfrentó al golpista Victoriano Huerta en un célebre discurso pronunciado el 23 de septiembre de 1913.
En la parte medular de aquel discurso, Belisario Domínguez, entonces senador de la República, le advirtió al usurpador Huerta:
“La verdad es ésta: durante el gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República, es infinitamente peor que antes: la Revolución se ha extendido en casi todos los estados; muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados; muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan con extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria”.
¿Qué relación hay entre la personalidad del legislador liberal que le propuso al Senado que depusiera a Victoriano Huerta y el empresario Alberto Bailleres, que en menos de 15 años multiplicó su fortuna personal de mil 200 a 18 mil 200 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer hombre más rico de México y el más consentido acaparador de tierras en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón?
¿Qué relación existe entre el dueño del Grupo Peñoles que detenta concesiones mineras en más de 2 millones de hectáreas del país y el valiente legislador chiapaneco que fue asesinado cruelmente el 7 de octubre, tres semanas después de su célebre discurso en contra de Huerta?
¿Qué merecimiento puede tener Bailleres, el hombre que luce en su oficina personal a sus animales disecados, los colmillos de marfil (cuya caza está mundialmente condenada) y sus pieles de lujo frente a la memoria de Belisario Domínguez, a quien sus verdugos le cortaron la lengua y se la enviaron como “trofeo” a Victoriano Huerta?
¿En qué momento Bailleres, tan cómodo desde su privilegiada posición económica y de clara influencia política a través de sus redes personales en el ITAM y en sus organizaciones filantrópicas, ha arriesgado algo para defender a la República, para ejercer la libertad de expresión que le costó la vida a Belisario Domínguez? ¿Alguien le ha escuchado al señor Bailleres un discurso tan delicado como el del prócer chiapaneco?
La única respuesta que se puede encontrar frente a estas preguntas es que, ante la evidente contradicción de vida y obra de Alberto Bailleres y Belisario Domínguez, la mayoría de los senadores del PRI, PAN, Verde y algunos del PRD optaron por el cinismo más ramplón que se escuda en la ignorancia histórica.
Si a don Alberto Bailleres lo quieren galardonar por sus contribuciones a los últimos cuatro gobiernos, por haber impulsado a eminentes funcionarios-empresarios como Pedro Aspe, Luis Videgaray y tantos otros que se formaron en las aulas del ITAM, que lo reconozcan los exalumnos célebres de esta institución académica, de calidad notable, pero que no se caracteriza por su carácter público. En todo caso, que le den el reconocimiento al rector del ITAM, no a su financiador.
Lo más grotesco del reconocimiento a Bailleres no es que se trate de un magnate, o del dueño de las tiendas departamentales que simbolizan el delirio aspiracional de nuestra élite “totalmente Palacio”.
Lo más ofensivo es el intento evidente de instrumentalizar un poder público, el Senado, que se arrodilla de manera grotesca para darle el reconocimiento a Bailleres que le deben otorgar las cámaras empresariales, las sociedades de exalumnos, las instituciones filantrópicas, las revistas Forbes o Líderes, pero no una cámara del Poder Legislativo que dice representar los ‘intereses públicos’ de los mexicanos.
Otros galardonados con la medalla Belisario Domínguez fueron polémicos por haber formado parte del sistema político autoritario que los mexicanos creímos haber superado, pero en ningún caso anterior habíamos visto un intento deliberado de frivolizar la memoria de un legislador que luchó contra la tiranía y defender con su vida la libertad de expresión que, al parecer, se volvió una concesión más del Grupo Peñoles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Las víctimas son familiares del ex secretario de seguridad de Chilapa, Silvestre Carreto González.
Un día después del tiroteo en un palenque en Guerrero, que ha causado la muerte a 12 personas, este lunes 9 de noviembre fueron asesinadas seis personas más –entre ellas dos menores– en Chilapa.
Chilapa es el municipio donde en mayo pasado ciudadanos denunciaron que un grupo de civiles armados irrumpió y tomó el control de la alcaldía.
De acuerdo con un reporte de CNN México, la Secretaría de Seguridad estatal informó que las personas asesinadas fueron halladas alrededor de las 17:45 horas, casi dos horas después de que recibieron el reporte de un enfrentamiento en el poblado de Tepozcuauta, en el mismo municipio.
Las víctimas son familiares de Silvestre Carreto González, ex director de Seguridad Pública de Chilapa, cuyo hijo de 27 años fue asesinado el pasado 3 de noviembre, detallaron las autoridades estatales.
Carreto González fue cesado de su cargo el año pasado por el Grupo Coordinación Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El IMCO presentó el informe 'La corrupción en México: Transamos y no avanzamos', en el que se da a conocer, entre otros datos, que el 63% de los empresarios del país dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.
El 46% de los empresarios mexicanos reveló que autoridades de gobierno les piden sobornos para obtener a cambio un contrato o una oportunidad de negocio.
Además, el 57% de los emprendedores admitió que utiliza gestores con acceso a privilegios o información para que intercedan en su favor ante las autoridades; el 65% aseguró haber perdido una oportunidad de negocio ante un competidor que sí utilizó influencias o pagó un soborno, mientras que el 63% dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.
Estos son cuatro de los principales resultados que documenta el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó ayer lunes 9 de noviembre, el cual incluye ensayos de investigadores y académicos que analizan los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción en el país.
En el capítulo Emprendedurismo y Corrupción de este informe, Álvaro Rodríguez Arriegui, director de la empresa IGNIA, destaca que el pago de sobornos para agilizar la obtención de permisos y licencias es la causa que más alegraron (18%) los empresarios que admitieron haber recurrido a esta práctica ilegal.
La obtención de concesiones de gobierno (11%), evitar ser molestado por la policía municipal (11%), y agilizar la conexión a servicios públicos (11%), son otros de los principales motivos por los que los empresarios pagan ‘mordidas’ a las autoridades.
“Si no pagas mordidas, no te dan contratos”
Sin embargo, el pago de sobornos no se limita a la facilitación de trámites y servicios, refiere el informe del IMCO, ya que además del 46% de los empresarios que afirmaron que el gobierno les ha solicitado dinero para la obtención de un contrato, otro 25% dijo haber pagado un soborno en especie, “como una comida o un viaje”, con tal de obtener una oportunidad de negocio o contrato.
“Un emprendedor nos comentaba que ‘si no accedes a dar sobornos se te van eliminando las posibilidades de recibir más contratos, o te empiezan a dificultar ciertos procesos”, expone Rodríguez Arriegui, en el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos.
Otro de los puntos que destaca el documento es que el “uso de influencias” es “una práctica generalizada” en todos los ámbitos de la sociedad, “aunque mucho más marcada en el ámbito de los negocios, la política y la intersección entre ambos sectores”.
“Todos los días tienes que recurrir a influencias y contactos. Si no dices que conoces al secretario o al subsecretario, no te hacen caso”. “Muchas juntas las he conseguido porque un familiar cercano trabaja en el gobierno”, son otros de los testimonios que documenta el informe, en el que se hace hincapié en que 40% de los empresarios coinciden en que “la forma más efectiva para obtener una ventaja competitiva es a través de sobornos y conexiones”.
En el ámbito del sector privado, las encuestas reflejan que también el 32% de los emprendedores dijeron haber recibido solicitudes de pagos de otras empresas “con el fin de garantizar la obtención de un contrato u oportunidad de negocios”.
Con el dinero destinado a corrupción se podría pagar 87 veces la UNAM
Al margen de la relación entre empresarios y gobierno, María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del IMCO, subrayó ayer durante su ponencia Transamos y no avanzamos que las prácticas corruptas, además de dañar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades, generan un daño grave a la economía de México.
En este sentido, Casar explicó que de acuerdo con estimaciones de diferentes fuentes internacionales, como el World Economic Forum, el Banco Mundial o el Banco de México, la corrupción genera pérdidas en México de entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Tomemos el PIB del 2014, que fue de 17 billones de pesos. Y ahora no nos quedemos con el 2% de pérdida que es la estimación más baja, ni con el 10% que es la más alta. Tomemos el 5% que es el dato intermedio. Es decir, el 5% del PIB perdido en actos de corrupción, que son unos 890 mil millones de pesos”.
“Con esa cifra –añadió la investigadora-, se podrían hacer cinco reformas fiscales, y además pagar 87 veces el presupuesto de la UNAM; 7.7 veces el presupuesto de Sedesol; y tres veces el presupuesto de la Secretaría de Educación”.
Sólo 12 elementos de PGR investigan corrupción de funcionarios; en Hong Kong mil 415
En cuanto a las acciones para combatir la corrupción, Juan Pardinas, director general del IMCO, aseguró que este problema “sí tiene solución, aunque no hay una bala de plata”, y recordó que “combatir la corrupción es perseguir redes, no individuos”, por lo que llamó a construir instituciones con más presupuesto destinado al combate a este problema, más tecnología, más reglas claras y más autonomía política para los ministerios públicos.
En este sentido, el director del IMCO llamó a las autoridades “a tomar en serio el combate a la corrupción” mediante la construcción de instituciones fuertes para este fin. Ya que, recordó, en México la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR sólo cuenta con 12 elementos, mientras que otros países como Singapur destinan 88 personas a estas unidades especializadas, e incluso mil 415 elementos, como el caso de Hong Kong.
Asimismo, expuso, mientras en Hong Kong y Singapur se destinan 2 mil millones y 406 millones de pesos, respectivamente, a estas unidades para investigar actos de corrupción, en México el monto invertido es de 26 millones.
Es decir, por cada 10 mil pesos ejercidos por el gobierno mexicano, sólo 5 centavos van destinados a la unidad para investigar la corrupción de funcionarios, refirió Pardinas.
El informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos:
2015 ICI Libro La Corrupcion en Mexico:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ NAYELI ROLDÁN.
El comisionado Nacional de Seguridad subrayó que se trata de una investigación que sigue abierta y en la que se indagan distintas vertientes. Animal Político público que la Policía Federal presenció los incidentes en Iguala pero reportó saldo blanco.
Si la PGR lo solicita, la Policía Federal entregará cualquier informe relacionado con la actuación de sus elementos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, dijo este martes 10 de noviembre el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
“La averiguación previa esta iniciada en la PGR. Nosotros estamos en plena disposición de aportar lo que sea solicitado en la Procuraduría y es una averiguación previa que sabemos esta en curso. Se han consignado algunos desgloses pero el expediente principal sigue abierto”, indicó Sales en entrevista tras su participación en el foro Sumemos Causas Policías + Ciudadanos.
Animal Político publicó a principios de octubre que patrullas de la Policía Federal estuvieron presentes en los lugares clave donde se registraron los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, de acuerdo con la bitácoras oficiales incluidas en el expediente del caso, los agentes no intervinieron e incluso se reportó “saldo blanco”.
Policías federales dieron paso libre a secuestradores de normalistas: bitácora
El funcionario federal agregó que los hechos ocurridos en la noche de Iguala corresponden a una investigación que sigue en curso y en integración, y con la que ellos cooperarán si se les requiere datos sobre la actuación de las fuerzas federales. Señaló que es la PGR la que determinará las responsabilidades.
Respecto a los hechos de violencia ocurridos en Guerrero en los últimos días, incluido un tiroteo en un Palenque, Sales subrayó que se ha incrementado la presencia de elementos de la Gendarmería en varios puntos de la entidad, como el puerto turístico de Acapulco.
Defendió que si bien hay problemas que persisten en algunas partes del país, los operativos y la estrategia de seguridad actual han dado resultados.
“Hay que ver como estábamos hace algunos años. Del 2007 al 2011 pasamos de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, esto en apenas cuatro años. Actualmente estamos en 16 homicidios que claro, seguimos teniendo problemas en algunas entidades federativas, pero está disminuyendo la incidencia delictiva en este y otros delitos”, dijo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
De acuerdo con Borge, los homicidios cometidos en el estado son producto de violencia intrafamiliar y se han cometido en los propios domicilios.
En Quintana Roo, donde en los últimos 15 días se ha cometido el asesinato de seis mujeres, no hay condiciones para establecer alerta de género, advirtió el gobernador de la entidad, Roberto Borge, en entrevista para Grupo Imagen.
“Lo que vemos es que se dispararon en 15 días los casos de violencia intrafamiliar”, dijo Borge. “Hay grupos que se han querido aprovechar de estos hechos lamentables…para querer generar un estado de psicosis, en un estado que está en crecimiento, que tenemos muy buenos indicadores [económicos]”, continuó.
De acuerdo con Borge, los homicidios cometidos en el estado son producto de violencia intrafamiliar y se han cometido en los propios domicilios. El funcionario también destacó que la alerta de género es una condición que no se decreta por el gobierno estatal, sino por una instancia federal.
Para el gobernador de Quintana Roo, son actores políticos quienes están detrás de lo que él califica como un acto que busca “desestabilizar el estado”. Además descartó que haya un asesino serial detrás de los homicidios o grupos del crimen organizado.
El martes 9 de noviembre el gobierno de Quintana Roo informó de una sexta mujer asesinada. Se trata de Yolanda Sánchez Pérez, quien murió al ser golpeada por su esposo, Jaime Abraham May Alfaro. Al ser detenido. May Alfaro se encontraba en estado de ebriedad y drogado.
Otra víctima reciente fue Elsy del Rosario Sánchez Pisté, maestra de zumba de 31 años de edad quien fue encontrada sin vida el viernes 6 de noviembre en un domicilio del fraccionamiento Paseos Kabah. Sánchez estaba desnuda sobre la cama, aparentemente estrangulada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en México hay vocación democrática, se ha consolidado bajo esta condición y como pocos países, en los últimos 81 años ha vivido estabilidad política y social.
Al reunirse con integrantes del Comité Judío Americano y del Comité Central de la Comunidad Judía en México, el mandatario también señaló que “cada día se acrecienta la confianza en el país, a partir de la actuación responsable en el manejo de las finanzas públicas para cuidar y preservar la estabilidad macroeconómica”.
Subrayó que esto ha favorecido el dinamismo de la economía nacional y que ésta siga siendo el principal motor del desarrollo económico.
Comentó a sus invitados en la residencia oficial de Los Pinos, que en los últimos tres años la inversión extranjera directa ha sido de más de 80 mil millones de dólares, lo que equivale a 50 por ciento más del promedio de las inversiones que reportan los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Peña Nieto destacó que “México quiere seguir en el camino de romper las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo. Queremos ser constructores y arquitectos de un mejor destino para México, para la sociedad mexicana y para quienes han hecho de este país el lugar donde vivir, como ha sido el caso de la comunidad judía”.
Enseguida agradeció y reconoció al Comité Judío Americano el apoyo que ha brindado a los connacionales en los Estados Unidos y confió en que seguirá reivindicando los derechos y la contribución que tienen las comunidades migrantes en la nación norteamericana para contribuir a su desarrollo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: El presidente Enrique Peña Nieto convocó a un debate entre especialistas y legisladores para que el país fije una postura en torno a una eventual liberalización del consumo de mariguana, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de su uso con fines recreativos.
En el marco de la inauguración del IV Foro Nacional “Sumemos causas por la seguridad: ciudadanos + policías”, Peña dijo que instruyó a la Secretaría de Gobernación para abrir “un debate amplio, especializado, que convoque a sociólogos, a médicos, a académicos para realmente definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones que como Estado debiéramos tener sobre este tema”.
La semana pasada, la Corte declaró que la prohibición de la siembra y consumo de la mariguana atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de cuatro personas que presentaron un recurso legal, pero el comercio continúa prohibido.
El presidente aclaró este lunes que personalmente está en contra de la legalización de la mariguana por sus efectos dañinos, pero consideró que la decisión judicial sentó un precedente y que el debate permitirá definir cuáles son las políticas que se deben asumir.
“El consumo de mariguana, como lo marca este precedente judicial, debe observarse desde la perspectiva de los derechos humanos, no solamente en una óptica de pensar o no en la criminalización”, acotó Peña Nieto.
También sostuvo que es necesario un análisis para llegar a una postura como país antes de un debate sobre el asunto convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abril del año próximo.
Peña Nieto afirmó hoy que a título personal está en contra de la legalización de la mariguana debido a que se abre el camino para el “consumo de drogas mucho más dañinas”, pero convocó a un “amplio debate” que permita definir la ruta a seguir en torno al tema.
Es por ello que se organizará un debate amplio durante los próximos meses, donde en principio se impulsará una consulta especializada, en la que médicos, abogados, psicólogos sociales y otros profesionales con calificación técnica buscarán analiza las alternativas, beneficios y consecuencias de transitar de un esquema de prohibición, a otro de regulación de la mariguana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 9 NOVIEMBRE 2015.
MÉXICO, DF: A 100 días del multihomicidio de la colonia Narvarte, familiares de las víctimas, periodistas y defensores internacionales de los derechos humanos presentaron la Plataforma de Acompañamiento al caso, con el propósito de orientar la investigación y exigir al Gobierno del Distrito Federal (GDF) resultados con “transparencia, claridad y certeza histórica y jurídica”.
En conferencia de prensa, familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín –desde Bogotá— y Yesenia Quiroz (no estuvieron los de Alejandra Negrete), y abogados coadyuvantes del caso aseguraron que a 100 días del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha podido establecer el móvil del homicidio del 31 de julio ni ha asegurado el acceso a la justicia para las víctimas ni sus familiares.
Denunciaron que las autoridades han dejado de lado la línea de investigación de las amenazas contra Nadia y Rubén desde el gobierno de Veracruz, además de que han difundido versiones confusas del caso y con violación a los derechos de las víctimas.
David Peña, representante de la familia de Nadia Vera señaló las contradicciones entre el discurso del jefe de gobierno de que no habrá impunidad en el caso y la negativa de la PGJDF a realizar más de 50 diligencias para profundizar en la investigación.
“El MP hace poco más de dos semanas nos niega las diligencias que estábamos promoviendo y con ello perfila el cierre de la investigación sin haber construido un móvil claro, sin tener clara la película de lo que pasó ese día, sin tener la certeza de cómo sucedieron los hechos, la Procuraduría está perfilando el cierre de la investigación, pretende dar carpetazo a la investigación”, dijo.
Los familiares de las víctimas
Mirtha Luz Pérez, madre de Nadia Pérez, recordó las agresiones que ella sufrió por parte de la policía de Veracruz y que la obligaron a emigrar al DF. Luego lanzó una serie de preguntas a la PGJDF que “exhibe el sistema de injusticia incapaz de armas casos sólidos y atender un número creciente de expedientes que se acumulan unos detrás de otros”, entre las que destacaron:
¿Por qué a más de tres meses aún no se tiene un móvil claro y se tiene prisa por cerrar el expediente?, ¿por qué no se ha investigado ni castigado a quienes permitieron las filtraciones?,¿qué intereses llevaron a la PGJDF a adoptar una estrategia de incertidumbre, desinformación y sospecha que generara dudas sobre la integridad y la reputación de las víctimas al grado de que la opinión pública pudiese encontrar justificación para el asesinato?, ¿por qué la actividad de Nadia como activista no ha sido contemplada como un hecho que la colocó en un hecho de vulnerabilidad?, ¿qué les impide hacer una investigación clara, expedita, diligente, exhaustiva que lleve al esclarecimiento de los hechos, del móvil y a encontrar los autores materiales e intelectuales?”.
En transmisión vía internet desde Bogotá, Freddy Martín, hermano de Mile Virginia Martín, manifestó la “gran preocupación” de su familia porque no ha habido claridad sobre los hechos. Exigió a las autoridades que se aplique justicia y se respete la memoria y dignidad de su hermana quien, dijo, “la autoridad siempre la ha culpado de todo lo que pasó”.
Patricia y Alma Espinosa, hermanas de Rubén, aseguraron que la PGJDF “es la que criminaliza a las víctimas”, mientras que el GDF “no litiga en los juzgados, sino en los medios de comunicación”. Reclamaron su derecho a la verdad como víctimas del caso y acusaron a las autoridades de que con su silencio “se convierten en cómplices de la impunidad”.
Piden investigación transparente
La integración de esta Plataforma tiene como antecedentes las que se formaron por el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, en abril del 2012, y el de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, en 2001, cuyo caso –14 años después— se encuentra en un estudio de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la conferencia de este lunes, y como integrante de la Plataforma de acompañamiento al caso Narvarte, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso — en la que colaboraba Rubén Espinosa –, manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y reiteró la línea editorial del semanario de mantener abiertas sus páginas a la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
La periodista Carmen Aristegui dijo que el caso es hasta ahora un “acto insostenible de impunidad”, por lo que llamó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y al procurador Rodolfo Ríos a llevar la investigación con transparencia, claridad y compromiso de que se sepa la verdad del multihomicidio.
Miguel Álvarez, de la asociación civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), dijo que su participación es en pro de un ejercicio público de transparencia y como un compromiso para acompañar el proceso de la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. “El Estado y la sociedad exigen justicia” por este caso.
Juan Pablo Albán, exfuncionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió en la necesidad de brindar el apoyo para “incorporar estrategias internacionales para la investigación” del caso y saber realmente qué ocurrió y no basarse en “simples especulaciones”.
Además de estas personalidades, en la Plataforma participan la periodista Blanche Petrich, el defensor de derechos humanos Javier Garza, así como abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Artículo 19 y la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Informe, en su momento: PGJDF
Cuatro horas después del anuncio de la Plataforma, el procurador Rodolfo Ríos ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al caso Narvarte, aunque reiteró su discurso: “Hay tres personas detenidas, continúa la investigación y en su momento se hará, como ya lo había comentado, la relatoría por parte de la Procuraduría”.
Al preguntarle sobre las diligencias que pide la coadyuvancia, respondió que en todas las peticiones hechas en el Ministerio Público, “las pruebas que son procedentes se admiten y se desahogan en su momento”. Sin embargo, dijo que las que el MP considere que no lo son, no se realizan.
En aras de la transparencia, el funcionario agregó: “Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de estos hechos”, los coadyuvantes, familiares de las víctimas, las comisiones de derechos humanos local y nacional, así como la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos han tenido acceso completo al expediente.
Pronunciamiento íntegro de la Plataforma de acompañamiento al caso Narvarte
9 de noviembre de 2015
A petición de los familiares de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, y por invitación de las organizaciones que legalmente las representan, quienes conformamos esta Plataforma hemos decidido aceptar ambas solicitudes y constituirnos como una instancia civil e independiente de acompañamiento y observación del caso de la colonia Narvarte.
El multihomicidio ocurrido hace 100 días no sólo fue brutal para las víctimas y sus familiares, sino también para los grupos de defensores de derechos humanos y de periodistas que considerábamos a la Ciudad de México como un refugio en donde podíamos guarecernos de los actos de violencia y de persecución que son cotidianos en muchas partes de nuestro país.
Este crimen representa un reto no sólo para las autoridades de la Ciudad de México encargadas de la investigación, sino para todas y todos nosotros que como sociedad ejercemos nuestra profesión en un contexto adverso de inseguridad, hostigamiento y presiones desde las esferas del poder público formal y de los poderes fácticos.
A partir de la información que nos han compartido las organizaciones coadyuvantes en el caso, hemos podido conocer que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a pesar de haber consignado a tres personas como probables responsables de estos hechos, no ha logrado acreditar el móvil del multihomicidio. Tampoco, sin demérito de otras hipótesis, ha profundizado en las líneas de investigación que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos como posibles motivaciones del crimen ocurrido el pasado 31 de julio. Esta línea se robustece a la luz de los antecedentes de amenazas y hostigamientos contra Nadia Vera y Rubén Espinosa, situación que finalmente provocó su desplazamiento al Distrito Federal.
Resulta indispensable que este caso quede completamente esclarecido, que se conozca la verdad de los hechos y que se agoten todas las líneas de investigación de manera seria y científica, pues sólo así se podrá recuperar la confianza en las autoridades responsables de investigar este caso y recuperar la credibilidad en las acciones de Estado para salvaguardar a la vida y la integridad de los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos.
Ante esta necesidad, y escuchando las voces precisamente de los grupos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hemos aceptado conformar esta Plataforma con el objetivo de fortalecer las acciones de los familiares y establecer un canal de comunicación con las autoridades con la finalidad de brindar una mirada externa a la investigación y procesamiento judicial que se sigue en este caso.
No somos una instancia técnica, ni suplimos el papel de ninguno de los actores involucrados y responsables en este caso. Nuestra labor es precisamente acompañar tanto a las víctimas como a las autoridades para que este caso sea un ejemplo de transparencia, claridad y certeza histórica y jurídica. También buscaremos recomendar a las autoridades de procuración de justicia posibles criterios para orientar la investigación.
Esperamos que en lo inmediato podamos establecer comunicación con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para coordinar las tareas que nos han pedido hacer los familiares de las víctimas. Tenemos un compromiso frente a ellas y frente a la sociedad y por ello nos instalamos formalmente el día de hoy y en los próximos días contactaremos a más personas interesadas para que respalden nuestra tarea como Plataforma de acompañamiento al caso Narvarte, pues sólo con la suma de muchas voluntades lograremos conocer la verdad, acceder a la justicia y asegurar la reparación para las víctimas.
Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte:
Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Blanche Petrich, Miguel Álvarez, Javier Garza y Juan Pablo Albán
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
México, DF. Organizaciones del movimiento Campo es de Todos, en el marco de su Jornada Nacional de Lucha Campesina Permanente, se movilizan por el Centro Histórico en protesta por la reducción y eliminación de programas agropecuarios previstos en la iniciativa del presupuesto de egresos que se aprobará esta semana.
Hasta ahora centenas de personas de la UNTA se dirigen al Zócalo y a la Cámara de Diputados, mientras que otras organizaciones espera aún en el Ángel de la Independencia para dirigirse a la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con los organizadores desde el lunes llegaron más de 18 mil campesinos de agrupaciones como CNPA MN, FICAM, UGOCP, Red Mocaf, CONSUCC, CIOAC JDL, CCC, UPREZ y AMUCS.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELICA ENCISO.
