MÉXICO, DF: “¡Ya llegaron los discos, éntrenle!”, anuncia un hombre refiriéndose a que ya hay tortillas calientes para echar el taco. Son las 15:30 horas y afuera de la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto se preparan para comer unos 30 exbraceros y sus familiares que desde el pasado domingo se instalaron en plantón permanente frente a la puerta de la millonaria mansión.
“Venimos a la casa del presidente a ver si le da vergüenza vernos aquí y ya nos da nuestro dinero”, dice María de los Ángeles García. “No le pedimos limosna, es el dinero que nuestros braceros trabajaron hace muchos años”, agrega Natalia González.
Frente al número 150 de la calle Sierra Gorda, colonia Lomas de Chapultepec, esposas, hijas, nietos y los mismos exbraceros saborean el caldo de pollo que hoy tienen la suerte de comer, mientras ven pasar los autos de lujo, los autobuses escolares y las patrullas una y otra vez, mientras se ahonda la diferencia entre los que tienen de sobra y los que no tienen prácticamente nada.
“Mire la casota que se mandó a hacer este señor, todos los viajes que hace con la Gaviota y uno a veces no tiene ni para los frijoles. Eso no se vale”, comenta otra mujer entre las casas de campaña, colchonetas, cobijas, techos de hule, bancos de plástico y la esperanza de que esta vez reciban respuesta positiva a sus demandas.
Dos niños juegan en la banqueta mientras escuchan las reflexiones de los grandes sobre las injusticias del gobierno mexicano. Una mujer lava en cubetas los platos de plástico que se usaron en la comida. Otra recoge los trastos de la cocina improvisada –con todo y tanque de gas– que instalaron junto a un árbol y la puerta principal de la mansión.
Las demandas
Originarios de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Oaxaca y Querétaro, los exbraceros y familiares de los que ya murieron están ahí para exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo la asignación de mil 523 millones de pesos para el “apoyo social” que años atrás le prometieron a 40 mil 87 extrabajadores que participaron en el Programa Bracero en el siglo pasado.
Jesús Muñoz, presidente de la Asociación Civil de Exbraceros, explica en entrevista que esa cantidad es apenas uno de los acuerdos a los que, por decreto, se comprometió el gobierno federal, pero a la fecha no se ha cumplido.
Una segunda exigencia en agenda es la elaboración de un “verdadero programa de pago” de la “deuda histórica” que el gobierno mexicano tiene con los que en su juventud se fueron a trabajar a los campos de Estados Unidos. “Somos 240 mil los afectados a los que nos retiraron el 10% de las ganancias de nuestro trabajo y a más de medio siglo no nos lo quieren dar”, asegura Muñoz Ávalos.
Como tercera demanda, exigen que se abra un nuevo padrón para incorporar a todos los extrabajadores que no se inscribieron en el programa debido, dice, a que no hubo la suficiente difusión; “lo hicieron secretamente”.
Además, solicitan la reinstalación de la comisión especial en el Congreso de la Unión para dar seguimiento al caso ya que ésta funcionó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, “pero en el de Peña Nieto desapareció y no ha aprobado ni un pago a pesar de que está en la llamada Ley 10320.
Peor aún, agrega el líder de los manifestantes, el marzo de 2014 el Poder Judicial emitió una sentencia ejecutoria a favor de exbraceros de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco para que les pagaran su deuda, pero hasta ahora no han recibido un solo peso.
“Venimos a manifestarnos aquí a la ‘Casa Blanca’ porque es el símbolo de la corrupción, para que vea el mundo entero cómo el gobierno no quiere pagarnos”, asegura Jesús Muñoz.
La demanda es, explica, tener una reunión directa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “si no, no nos vamos a retirar. Ya nos cansamos de que los del Fideicomiso nos manden a sus gatos a negociar sin resultados”.
Y advierte: “Vamos a ir a poner nuestra queja en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuando venga el Papa (Francisco) a México le vamos a pedir que nos ayude”.
En la cosecha de naranja y fresa
A sus 19 años, Simón Velásquez, originario de Trancoso, Zacatecas, consiguió el permiso para irse de bracero a trabajar a los campos de Estados Unidos. Era 1964.
Era el mayor de 12 hermanos y el primero que aprendió a arar la tierra. Por ello, le tocaba irse a la aventura. Así aguantó revisiones físicas –hasta de su pene y sus testículos– para comprobar que no tenía ninguna enfermedad y estaba sano para ir a trabajar. “Eran vejaciones, pero la necesidad nos hacía aguantar eso y más”, recuerda.
La primera vez estuvo en Anaheim, condado de Orange, California. Trabajó en la pisca de naranja durante cuatro meses y medio –tres contratos de 45 días cada uno–. Le pagaban 25 centavos de dólar por caja llena; al día lograba entre 80 y 90. Al final de la semana recibía su cheque de money order lo depositaba para enviarlo a su familia en México.
Al poco tiempo de regresar a su tierra, se volvió a enlistar. Era 1967 y en el sorteo le tocó ir a San Luis Obispo, también en California, donde se quedó a trabajar otros cinco meses.
“Nos tocaba comer y quedarnos en las barracas, entre cinco y seis personas. Después de trabajar no salíamos, nos quedábamos a escuchar radio o ver televisión”, cuenta.
De regreso a México y con la promesa de recibir el dinero que el gobierno mexicano les había prometido para entrar al programa bracero, comenzó a trabajar como chofer de transporte de carga. Ahora dos de sus tres hijos viven en Texas, a donde se fueron de “mojados” hace dos décadas. Él tiene visa estadunidense y de vez en cuando le mandan dinero para que vaya a visitarlos.
Pero, a 50 años de aquellas jornadas laborales, ya con un aparato auditivo, diabetes, vista cansada y paso lento, Simón sigue en pie, esta vez en el plantón frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto para exigir el pago justo por su trabajo.
Hijas y viudas, la misma lucha
María de los Ángeles García tiene 74 años y un encargo que su esposo le dejó hace un lustro, antes de morir. A Mariano Arellano le dio una embolia, pero aún con eso estaba en la lucha junto a sus compañeros braceros para exigir lo que les ofreció el gobierno mexicano.
Ambos nacieron en San Pedro de la Sierra, Zacatecas. Ahí se conocieron poco antes de que él se fuera a Calexico, California, a la pizca de betabel, algodón y tomate. Tenía entonces 18 años. Durante el tiempo que trabajó envió dinero con el que se pudo construir una casa para sus padres y hermanos.
Al regresar, se casó con María de los Ángeles y desde entonces compartieron la lucha. “Llevábamos cinco años de lucha y cinco yo sola desde que mi ‘trabadillo’ se murió, pero aquí estoy para exigir lo que le toca a mi esposo”, dice.
Mientras la mujer platica, el vecino de la izquierda de la “Casa Blanca” sale a pie y, acompañado de su guardia de seguridad, le dice con amabilidad a los del plantón:
“Oigan, por favor, yo entiendo su lucha y más porque es la casa de este… pero por favor, liberen el espacio de mi fachada, ¿si? Se los pido de buena manera. Muchas gracias”.
A sus 80 años, sentada con los pies tapados con su chal, Natalia González, participa en el plantón de exbraceros para exigir el pago por el trabajo que hizo su padre Candelario González en 1946.
Originario de San Mateo Valparaíso, Zacatecas, él se fue 11 meses a trabajar en la pizca de naranja en California. Pero en un día de labor, se cayó de una escalera y se lastimó. Tuvo que ser sometido a una cirugía y ya no pudo trabajar.
Cuatro años más tarde, en 1950 se enroló de nuevo en el sorteo del Programa Bracero y le tocó ir a Texas, a trabajar en el corte de algodón y betabel, así como en actividades de riego. “Me contaba que tenía que trabajar con el agua hasta las rodillas y años después por eso le dolían las piernas, de las reumas”.
Como muchos exbraceros, Candelario murió sin ver materializada la exigencia de recibir el pago total por sus jornadas de trabajo duro en los campos estadunidenses. Uno de sus hijos se unió al movimiento de exbraceros, pero al poco tiempo murió.
Hoy, con el tiempo arrugado en su rostro y sus ojos llorosos, Natalia hace esfuerzos por seguir en el plantón: duerme en una colchoneta, con frío y, como todos los participantes, tiene que buscar dónde hacer sus necesidades fisiológicas.
Y es que, –a diferencia de las otras veces que han estado en plantón en el Monumento a la Revolución– ahora el Gobierno del Distrito Federal no les ha llevado baños portátiles a la colonia Lomas de Chapultepec. Peor aún, en ningún Oxxo los dejan pasar al baño “ni aunque les paguemos nos dejan entrar”. A las mansiones, ni hablar.
Así, entre pláticas y canciones de sus pueblos, los exbraceros ven pasar el tiempo en el plantón frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto. De pronto, se escucha un claxon insistente. Una mujer con gafas oscuras y al volante de una camioneta con vidrios polarizados sale de la cochera de su mansión, baja la ventanilla del copiloto y le grita a uno de los exbraceros sentado en la orilla de la banqueta: “¡Cuidado señor, no lo vaya a atropellar y luego qué hacemos!”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advierte que no ya no apoyarán a las entidades que incumplan con su parte de crear policías confiables.
El gobierno de la República dejará de apoyar y acompañar, en materia de seguridad, a los estados que incumplan con su parte de crear policías confiables y capacitadas, sentenció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Al encabezar la firma del convenio para la conformación del Mando Único Policial en Michoacán, el funcionario federal señaló que contar con policías confiables no es una opción, sino una obligación del gobierno.
Durante el evento en que se firmó el convenio, Osorio Chong aseguró que el gobierno federal mantendrá el apoyo a las entidades, pero reiteró que aquellas que no se comprometan y no cumplan no tendrán más el respaldo.
Osorio Chong mencionó que esperan resultados, sobre todo de aquellas entidades que no registran avances.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, llama a las autoridades a que rindan cuentas para salir de la crisis de confianza ciudadana que enfrenta el país.
Las políticas de gobierno abierto y la rendición de cuentas en el país son una salida para una la crisis de confianza que se vive en México, afirmó Óscar Guerra Ford.
En entrevista para Reporte Indigo, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), reconoció que las desapariciones forzadas y los diferentes casos de violencia y atropellos a los derechos humanos han ocasionado quizás una de las crisis de confianza más fuertes en la historia del país.
Para Guerra Ford una buena opción para salir de este bache y hacer que los ciudadanos confíen en las autoridades es la implementación de políticas en materia de gobierno abierto.
“La transparencia y las políticas de gobierno abierto lo que pueden generar es un asunto de confianza, que es uno de los grandes problemas que sufre nuestro país”, detalló.
El funcionario indicó que la sociedad en generala tiene desconfianza a sus autoridades y uno de los instrumentos para poder recuperar esta confianza –que debería ser una preocupación de cualquier funcionario, de cualquier político– es implementar medidas profundas que den resultados visibles, tanto en materia de transparencia como de gobierno abierto.
“Si esto no se da, se corre el riesgo de que caigamos en una crisis de confianza, si no hay un cumplimiento de estas leyes cabalmente como lo debe de haber, porque las leyes se aprueban para cumplirse, seguiremos con este problema de crisis, de gente que está decepcionada de la política y que busca otras alternativas, a veces ya hasta de tipo ilegal o busca otras alternativas que son totalmente válidas como la de los candidatos independientes, a ver si por ahí si puede ser. Tenemos que asumir que tenemos una fuerte crisis de confianza institucional”, añadió.
Guerra Ford se dijo confiado en que con la colaboración entre los diferentes ámbitos de gobierno y de la sociedad civil se pueden echar a andar las políticas en materia de gobierno abierto de las cuales México forma parte, junto con otras 68 naciones.
Los servicios y los trámites se verán agilizados con la implementación de esas políticas, aseguró, lo que se verá reflejado en la desaparición de los llamados “coyotes” que cobran por realizar los trámites ante algunas dependencias.
“Si uno puede hacer el trámite, bajar el formato, conocer o hacer las citas telefónicas, lo hemos en algunas cosas, como el pasaporte o la licencia, pero siguen habiendo muchos otros trámites que no. Las placas o este tipo de cuestiones”, expresó.
Las políticas de transparencia se deberán implementar en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, remarcó.
“Algo que fue muy novedoso y que presentó México es que el esfuerzo no se hizo sólo a nivel del Ejecutivo federal, si no que se han sumado otros órganos de gobierno, como el propio Legislativo, que se conoce como parlamento abierto. Ahora también está la idea de que el Poder Judicial, a través de los tribunales abiertos, se pueda sumar a este esfuerzo y también, algo que es muy importante, es que las políticas de gobierno abierto y datos abiertos, se lleven a los estados y a los municipios”, detalló.
Guerra Ford destacó que la transparencia y las políticas de apertura gubernamental deben ser parte esencial de la política.
Es un nuevo elemento que llegó para quedarse y los gobernantes deben mostrar interés en entregar la información que por derecho de los ciudadanos es pública, dijo.
“Es uno de los grandes retos. La ley general marca ya que debe de haber políticas que deben de llevar a cabo los diversos órganos públicos, no importando si es federal, estatal o municipal.
“Las leyes de los estados se están armonizando en esta ley general, por lo tanto tendrán esta obligación y obviamente dependerá mucho de los órganos garantes del Estado que promuevan la transparencia y tendrán siempre el apoyo del INAI para promover estas políticas”.
Un asunto también de ciudadanos
Para Óscar Guerra Ford, las política en materia de gobierno abierto solo darán resultados si los ciudadanos también se involucran, para que exijan resultados y analicen y cuestionen la información.
“Si los ciudadanos hacen de ellos este derecho, lo utilizan haciendo solicitudes, demandando políticas de gobierno abierto, pidiéndole rendición de cuentas a sus autoridades, las autoridades se van a ver forzadas. Uno toca y toca la puerta, si no le abren la va a tirar”, afirmó.
Una sociedad civil más activa y más abierta permite que estas políticas puedan funcionar, agregó.
“Si los gobiernos y los estados no ven esta presión, por decirlo de alguna forma, esta demanda ciudadana, se ponen en su curva de confort y cumplen ahí mediamente lo que hay que cumplir. Si los ciudadanos participan, se preocupan, critican, analizan y proponen, las cosas avanzan”, aseguró Guerra Ford.
Los políticos, remarcó, deben de concientizarse sobre la situación que vive el país y actuar con transparencia y rendición de cuentas, sin importar en ámbito de gobierno en el que se desenvuelvan.
“Estamos en una falta de credibilidad muy importante, de las más bajas que ha habido en la historia del país, esto no le viene bien a nadie, ni a los propios gobernantes, ni a los gobernados, ni a las instituciones, si podemos generar con transparencia, con gobierno abierto, cuestiones en que la ciudadanía confíe”, indicó el funcionario.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
MÉXICO, DF: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó que la sustancia mineral derramada el pasado martes 3 dentro del complejo minero Buenavista del Cobre, en Sonora, contuviera sustancias químicas.
Su destino final fue el nuevo depósito de jales con que cuenta la Planta Concentradora número 2, apuntó.
En un comunicado, el organismo destacó que de acuerdo con estimaciones técnicas, la liberación de carga fue de aproximadamente mil 247 toneladas de mineral molido con 50% de sólidos, agua y cal.
Dicha liberación corrió a una distancia de 100 metros y posteriormente llegó a un cauce pluvial de casi 400 metros de longitud, que descarga sobre el arroyo que conduce hasta el nuevo depósito, puntualizó.
La Profepa precisó que a través de su delegación en el estado de Sonora, tuvo pleno conocimiento del suceso desde las 5 de la mañana del mismo día en que se registró.
Detalló que como resultado de una visita de inspección realizada al día siguiente del derrame, personal especializado de la dependencia comprobó que el producto de proceso es un material de extracción triturado en fino, que se agrega a una solución acuosa para formar una especie de pulpa o pasta lodosa.
Y sostuvo que como parte de las acciones de respuesta que emprendió la empresa minera, destaca el control de la liberación del material, así como el levantamiento de bordos de contención para asegurar de inmediato que no se dispersara sobre una mayor superficie de suelo natural.
Buenavista del Cobre inició de inmediato los trabajos de retiro del material liberado y la limpieza del lecho del cauce afectado, y constató que éste quedara depositado en la presa de jales, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, DF: El gobernador guerrerense Héctor Astudillo se reunió con el cónsul general de Estados Unidos en México, Hugo F. Rodríguez, con quien se comprometió a revisar el caso de Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, presa desde el 21 de agosto de 2013.
En entrevista desde Estados Unidos, la abogada de la activista e integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Alejandra Gonza, dijo que la respuesta de las autoridades de “revisar el caso es siempre la misma”, por lo que habrá que esperar que Astudillo proponga una solución real.
El encuentro entre el cónsul y el gobernador se dio luego de que el 21 de octubre la defensa de Nestora –quien tiene nacionalidad estadunidense– y representantes del Estado mexicano se reunieran con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las medidas cautelares que otorgó a la activista en enero pasado.
A su vez, los representantes de Nestora Salgado a escala internacional pidieron al Departamento de Estado y a congresistas estadunidenses que escalen en la pelea por la libertad de la activista a un nivel diplomático, y tengan un posicionamiento claro, toda vez que la excomandanta lleva ya dos años en prisión.
“Para nosotros resulta de suma importancia la actuación de Estados Unidos y la solicitud directamente a las autoridades de Guerrero de por fin hacer una revisión de este caso; recordemos que este es el tercer gobernador que pasa por el caso”, acotó Gonza.
Héctor Astudillo, quien tomó posesión apenas el 27 de octubre, es el tercer gobernador que “revisará” el caso de Nestora, ya que anteriormente Ángel Aguirre prometió conseguir su libertad, y Rogelio Ortega reconoció oficialmente que ella fue detenida de forma arbitraria e incluso la definió como una “presa política”.
Es por ello que la abogada resaltó que ahora esperan el análisis serio que haga el gobierno de Astudillo, quien ya se reunió con representantes de la CIDH durante la visita del organismo a México entre septiembre y octubre pasados, para documentar la situación humanitaria en nuestro país.
Entre los compromisos del mandatario estatal con la CIDH está la depuración de la Fiscalía General de Guerrero y revisar el caso de Nestora con su familia y abogados, por lo que están a la espera de una fecha para concretar el encuentro y marcar las vías jurídicas para lograr la libertad de la excomandanta.
La abogada insistió en la “debilidad institucional” del estado y en la necesidad de que Astudillo tome una acción concreta y no sólo brinde declaraciones a la prensa.
“En dos años tenemos tres gobernadores y dos fiscales, pero creo que la urgencia con que se tiene que tratar este caso amerita soluciones más claras”, demandó.
Alejandra Gonza señaló además que los abogados que llevan el litigo internacional tienen conocimiento de que se han programado cerca de 15 careos entre la activista y las supuestas víctimas, pero que no se han realizado porque quienes la acusan no se presentan.
A propósito del retraso en el proceso judicial y de que los anteriores gobernadores han señalado que no pueden hacer más que pedir el desistimiento de la acción penal a la Fiscalía estatal, la litigante agregó: “El gobernador es esencial para buscar la liberación y la restauración de sus derechos, así como fue esencial para mandarla presa, tiene distintas formas para hacerlo”.
Y expresó: “Los gobernadores siempre se han justificado con la independencia judicial y con la existencia de supuestas víctimas, pero creo que no han tenido la asesoría suficiente de su equipo para demostrar que el caso de Nestora Salgado ha sido decidido a nivel federal, y que esa decisión debe tener un efecto a nivel estatal”.
En agosto de 2013 un juez declaró inocente a Nestora del delito de delincuencia organizada, pero siguió en prisión acusada de secuestro.
Al respecto, el abogado e integrante de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Sandino Rivero, dijo que la próxima semana en la Primera Sala Penal de Chilpancingo –capital de Guerrero– podría resolverse un recurso de apelación que los abogados, a nivel nacional, interpusieron para pedir la libertad de Nestora.
Los juristas argumentan que a Nestora se le está juzgando dos veces por los mismos hechos, ya que en 2013 fue exonerada y ella actuó en ejercicio de sus funciones, pues al momento de la acusación de secuestro era comandanta de la PC, mecanismo de seguridad estipulado en las leyes estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
GUANAJUATO, Gto: Martín Navarro Escutia, El Cebollón, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría involucrado en los ataques en contra del Ejército y civiles del 1 de mayo en esa entidad, y también en el homicidio del edil electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, cometido en junio pasado.
A raíz de la recaptura de Navarro Escutia efectuada el domingo 8 en Querétaro por corporaciones estatales y federales, la Procuraduría de Guanajuato confirmó que el presunto capo del CJNG había sido detenido en mayo del año pasado por esta misma dependencia con un arsenal, drogas, vehículos y otros cinco cómplices, pero fue liberado una semana después por un juez federal de Celaya.
Por esta liberación –que se dio en horas de la madrugada y con el argumento de que se trataba “de un empresario”–, el Ministerio Público federal interpuso un recurso de inconformidad.
Mientras tanto, El Cebollón se estableció en Querétaro, desde donde siguió operando para el grupo delictivo desde mediados del 2014.
Finalmente, fue recapturado el domingo pasado en un operativo en el que participaron ambas procuradurías, PGR, Ejército y el Cisen.
Horas antes, siete de los integrantes del grupo que encabezaba también fueron capturados en Querétaro, informó el procurador de esa entidad, Alejandro Echeverría Cornejo.
El procurador queretano dijo el lunes 9 que Martín Navarro Escutia es señalado como cabecilla en el robo de combustible en esa entidad.
“Ya tenía bastante tiempo operando aquí, porque no solamente operaba en Guanajuato; también era el responsable de muchos de los casos del robo de combustible en Querétaro. Si no de todos, sí la mayoría”, indicó.
Incluso, el procurador afirmó que la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y su operatividad en el estado fue “uno de los paquetes que nos dejaron dentro de las herencias” del sexenio anterior, cuando gobernó el priista José Calzada Rovirosa.
“Ese sujeto ya tenía varios meses operando por aquí. Y seguramente la parte rival de El Cebollón también se encuentra aquí”, advirtió.
Fue el procurador de Querétaro quien reveló que Navarro Escutia “fue el responsable” del homicidio de Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerécuaro por el PVEM.
Sánchez Galán fue acribillado en un negocio de su propiedad junto con dos de sus colaboradores, el 23 de junio.
Igualmente, a El Cebollón se le achaca haber dirigido los ataques en contra de las instalaciones de la Policía Ministerial en Apaseo El Alto, en marzo del año pasado, cuando un comando rafagueó y lanzó una granada contra el inmueble.
No obstante, en aquella ocasión el ataque fue adjudicado a miembros de Los Caballeros Templarios, en supuesta represalia o respuesta a la captura de uno de sus dirigentes, según dijo en su momento la PGJE.
Presente en ataques de mayo en Jalisco
El presunto jefe de plaza del CJNG y los otros siete detenidos fueron trasladados de Querétaro a Guanajuato y puestos a disposición de varios juzgados del fuero común para responder inicialmente por diversas órdenes de aprehensión por homicidio y terrorismo.
Pero además de comandar el robo de hidrocarburos, extorsiones, homicidios y secuestros, Martín Navarro Escutia está señalado en las investigaciones por los ataques cometidos en Jalisco el 1 de mayo pasado, en los que fue derribado un helicóptero del Ejército e incendiados varios vehículos.
Información publicada hoy en El Economista, que cita fuentes oficiales, refiere que Martín Navarro Escutia habría sido quien disparó el lanzacohetes que derribó el helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio de Villa Purificación, en Jalisco, en el ataque encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
En esta agresión murieron diez integrantes de la Fuerza Aérea y el Ejército.
Esta tarde, el procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que autoridades de Querétaro, Michoacán y Jalisco han solicitado información sobre el detenido, puesto que está involucrado en varios hechos delictivos en esos estados vecinos, aunque no confirmó su participación en los ataques del 1 de mayo.
También dijo que serán las autoridades de cada entidad las que den a conocer cuáles son los delitos por los que se persigue al presunto capo del CJNG.
En Guanajuato, El Cebollón ya fue vinculado a proceso por un juzgado de oralidad en Apaseo El Grande, donde tiene fincada una carpeta por los homicidios de dos policías municipales, cometidos a mediados de agosto del 2014.
“Se le está poniendo a disposición de los distintos jueces donde se han consignado los expedientes, sin menoscabo de la investigación que se sigue en torno a su participación donde privaron de la vida al alcalde electo de Jerécuaro”, confirmó Carlos Zamarripa.
El procurador refirió que a mediados de octubre fue capturado Javier Navarro Sánchez, El Cebollín, hijo de Martín Navarro Escutia, quien también participó en el ataque en Apaseo El Alto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
México, DF. El momento para reformar el actual sistema de pensiones “definitivamente llegó”, sostuvo este martes Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), que reúne a las empresas privadas que gestionan los fondos de retiro.
En ese sentido, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo supervisor, consideró que “tiene que llegar el momento” en que los diferentes diagnósticos realizados sobre la insuficiencia del sistema para, con los niveles actuales de cotización, garantizar una pensión suficiente “deriven en acciones” de reforma, para lo que es necesario un diálogo nacional sobre el tema.
Un cambio en las leyes para que los patrones obtengan beneficios fiscales a cambio de facilitar las condiciones para que los trabajadores incrementen sus aportaciones voluntarias a sus cuentas para el retiro es impulsado por la industria de fondos para el retiro, como parte de acciones para elevar el monto de las pensiones en los próximos años, que hoy es reconocido por autoridades, expertos y los administradores como insuficiente.
El mecanismo propuesto es adicional a la posibilidad que ya existe en la ley de que un trabajador realice aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro, explicó Carlos Noriega Curtis.
La propuesta consiste en que en automático el patrón traslade a la cuenta para el retiro un mayor porcentaje del salario del trabajador, “pero con la posibilidad de que el propio trabajador pueda declinar esa opción”, dijo Noriega en una conferencia de prensa en que fue presentado el estudio El uso de las ciencias del comportamiento para aumentar los ahorros para el retiro.
Actualmente, un trabajador aporta 6.5 por ciento de su salario a la cuenta para el retiro. Con ese porcentaje de aportación, según varios cálculos, la pensión alcanzaría poco menos de un tercio del salario promedio de los cinco últimos años laborados –siempre que reúna las semanas de cotización–, una cantidad reconocida por autoridades, la industria y expertos como insuficiente para cubrir las necesidades de una persona en retiro.
En la misma conferencia, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo regulador del sistema, apuntó que una aportación de entre 13 y 15 por ciento del salario a lo largo de la vida laboral es la que puede garantizar que un trabajador reciba, al momento del retiro, una pensión equivalente a 70 por ciento de su salario, un porcentaje considerado como apropiado para atender sus necesidades.
La propuesta impulsada por la Amafore, entidad que representa a las empresas que administran los fondos de retiro, va en el sentido de que cada año y de manera creciente se realicen aportaciones adicionales a las establecidas como obligatorias por la ley.
“Puede ser, por ejemplo, medio punto porcentual (del salario) un año y otro medio punto porcentual al siguiente”, explicó Carlos Ramírez. Una parte de la aportación sería financiada por el propio trabajador y otra por el empleador y, es en ese terreno en donde podrían establecerse beneficios fiscales.
“El punto importante de la propuesta es que un trabajador puede decidir salirse de este mecanismo”, insistió Noriega Curtis.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.
De acuerdo con la ONU, el tráfico de personas en México es un delito que está a la par del narcotráfico y el crimen organizado. Tlaxcala es uno de los estados en los que este ilícito es casi una tradición.
En Tenancingo, Tlaxcala, se puede tener sexo hasta por 50 pesos. El arreglo se da entre el padrote y el cliente. No es necesaria la decisión de la mujer sometida a explotación sexual.
La prostitución, cuenta Celeste, es un asunto de hombres. A las mujeres solo nos queda obediencia y quedarnos calladas, porque si no, nos va mal.
Celeste es casi una niña. Ella dice que tiene 20 años, pero su escuálido cuerpo no representa más de los 16. Trabaja en una casa de prostitución en Tenancingo desde hace más de 4 años. La joven es originaria de una comunidad cerca de Tehuacán, de donde su padrote se la trajo.
Lo conoció saliendo de la escuela (no explica si primaria o secundaria) y se hicieron novios. Por más de un año, su padrote la enamoró. A ella la deslumbró su camioneta y la forma en que la trataba: la consentía, la llevaba a pasear y le prometió una vida de ensueño con hijos y una casa en la ciudad de Orizaba. La realidad fue otra apenas decidió escaparse con él. La comenzó a golpear y la obligó a prostituirse. El amor que siente por él, del que ni siquiera dice su nombre, es la que la mantiene en esa vida.
La jornada de trabajo de Celeste comienza todos los días a las cinco de la tarde y termina cuando amanece. A veces ha atendido hasta 30 clientes en una sola noche, porque su dueño no permite que nadie permanezca con ella más de 15 minutos.
“Él es muy celoso, no le gusta que los hombres me toquen y mucho menos que me besen”.
A Celeste le gusta que la celen.
Una tradición
En Tenancingo, Tlaxcala, la explotación sexual y la trata de personas, es una tradición. Es parte de una cultura arraigada que se quiere amparar en los usos y costumbres de los pueblos naturales.
A la mayoría de los niños se les predestina a ser padrotes aun antes de saber que están en el mundo. Existe un rito para que los hombres en ciernes tengan poder sexual sobre las mujeres.
El chamán de la comunidad es el iniciador de la cultura de la explotación sexual. La tradición marca que el recién nacido debe someterse a una iniciación: con apenas unos cuantos meses de edad, se le deja sin bañar por espacio de dos semanas a un mes. El niño es llevado a una ceremonia privada en donde se le limpia con algodón la costra acumulada en sus genitales.
Hay oraciones y rezos, claveles rojos para la pasión. Las ramas de pirul y el incienso recorren el cuerpo del menor. Lo alejan del mal y lo acercan a las bondades de la vida. La costra de los genitales es tratada con un ritual que tiene que ver con la luna llena y mezclas de aceites especiales. Luego esa costra convertida en bálsamo especial se unta en el ombligo del menor. El niño está listo para atender sexualmente a cuanta mujer pueda tener, cuando alcance el uso de razón. Se le formó como un padrote que está obligado a mantener todo un harem bajo su control, aunque por la fuerza.
Así nace otro proxeneta.
Un problema que crece
Este año el tráfico de personas se apunta como uno de los de mayor incidencia, pues solo en el primer semestre de este 2015 se rebasó la cifra de averiguaciones previas iniciadas en relación a las integradas por ese delito durante el 2014.
La trata de personas tiene su epicentro en nueve municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, en donde en promedio se registran por mes dos casos de robo de personas, principalmente mujeres indígenas menores de 20 años, de las que en su mayoría no se vuelve a saber de ellas.
Los municipios que se apuntan en cuanto a las cifras de desaparición, bajo la presunción de la trata de personas son Zacatlán, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, San Martin Texmelucan, Tepeaca, y El Seco, en Puebla, así como Tenancingo, en Tlaxcala, municipio considerado por los propios vecinos del lugar como “la cuna de la trata y la prostitución”.
Reporte Indigo buscó ayer las versiones del gobierno de Tlaxcala y de la Procuraduría local.
Se contactó a Daniel Irvin Angulo Juárez, quien aparece como jefe del Departamento de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, y se le solicitó una entrevista con la titular de la dependencia, Alicia Fragoso Sánchez.
Dijo que por la premura de la llamada, la titular no podría responder a los cuestionamientos, pero que enviaría al correo electrónico información estadística sobre el tema.
Por parte de gobierno del estado, la titular de la Coordinación de Información, Verónica Hernández, dijo que “el tema no es nuevo” y que es hasta esta gestión que se ha trabajado para dar resultados, y se comprometió a mandar información.
“Te mando algunos datos generales, digamos, y ya en la Procuraduría si te pueden dar una información complementaria, sería lo más importante. Aprovecho para comentarte que este tema del que tú hablas no es nuevo. Al contrario, en esta administración es cuando se hizo una estrategia estatal de combate contra este problema.
“Entonces, ya ahí en los datos que te mande pues a ver si te ayudan para tener un poquito de contexto y del trabajo que se ha realizado”, comentó la funcionaria
La información, hasta el cierre de edición, no había llegado al correo electrónico.
Pero no solo en Puebla y Tlaxcala es donde se registra la creciente incidencia de desaparecidas por trata de personas. El fenómeno se extiende, de acuerdo a las estadísticas de la PGR, a otras entidades del país.
Lo más grave
La organización Unidos Contra la Trata, que encabeza Rosy Orozco, establece la gravedad de la trata de personas al referir dos simples cifras: el 85 por ciento de las víctimas de explotación sexual que se detectan en el país son mujeres menores de 15 años, en tanto que el restante 15 por ciento son niños también menores de edad, lo que apunta hacia el creciente mercado del sexo con menores de edad.
Para el investigador J. Jesús Ruiz González, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la trata de personas va a la alza debido al uso de las redes sociales por parte de los menores, los que son fácilmente enganchados por las redes del crimen organizado, que allí encuentran su principal “fuente de abastecimiento de materia prima”.
El modus operandi de los enganchadores –explicó el especialista- es casi siempre el mismo: comienza por contactar a sus víctimas, compartiendo sus gustos y aficiones.
En la mayoría de los casos se hacen pasar por personas del mismo sexo y la misma edad. Cuando se ganan la confianza del niño o la niña hacen una cita y de allí los menores son secuestrados y trasladados a la mayor distancia posible del lugar de origen, para someterlos por medio de la violencia y las amenazas.
La casada infiel
Erika tiene más de 13 años dedicada a la explotación sexual en Tenancingo. A sus 35 ya es “una mujer vieja para el negocio”. Su padrote ya no la trata con el cariño de los primeros días. Ahora ya ni la golpea.
“Antes era bonito, porque había días que no me dejaba salir a trabajar, le gustaba quedarse acostado conmigo todo el día, y me decía que no le gustaba que yo me acostara con nadie más”.
Su padrote es el que le lleva los clientes. Entre 10 y 15 personas atiende por día. A ella le toca atender a los clientes más viejos. El celo de su padrote no le permite a Erika tener relaciones con hombres más jóvenes que ella. Cobra 250 pesos por ocasión y de ese dinero solo le corresponden a ella 100 por día, para que compre sus cigarros y a veces un paquete de cervezas.
Legalmente no están casados, pero ella se siente su esposa. Su padrote vive con otras cuatro mujeres, pero al ser más jóvenes que Erika, a ella le corresponde el primer lugar entre todas.
Es la que menos dinero le genera, pero –se consuela- es porque le arrima menos clientes, eso la hace sentirse amada. Con eso le basta. A las otras mujeres que cohabitan con su padrote, Erika las considera como sus hermanas menores. Las cuida y en no pocas ocasiones las ha librado de las golpizas.
No revela su nombre. No quiere hablar de él, pero dice que lo ama con toda el alma. Se conocen desde hace más de 15 años, cuando él la enamoró en Veracruz y le pidió que se fuera con él. Se conocieron en un baile y comenzó a enamorarla. Fueron novios casi un año, hasta que Erika decidió dejar a su marido, con el que no hacía vida.
“Esta es mi vida”, dice con un dejo de dolor que apenas se compensa con una sonrisa leve en sus labios, “esto es lo que me tocó vivir”.
Está asignada a una cantina cerca de Tlaxcala, en donde es vigilada de cerca por un niño al que le paga su padrote para que le informe lo que ella hace, mientras él está en busca de clientes para llevárselos.
Un desenlace feliz
Lety Cruz, de 13 años, tuvo mucha suerte. La reacción rápida de sus padres permitió arrancarla de una red de tráfico de personas. El caso de Lety tuvo un desenlace feliz a diferencia de los otros 457 registrados en lo que va de este año.
En la mayoría de los delitos de trata de personas, el sistema judicial opera a favor de las redes de tráfico de personas.
Las denuncias por desaparición de personas pocas veces son atendidas de manera inmediata. Tienen que pasar horas y a veces días para que en las agencias del Ministerio Público se reciba la querella, se integre la averiguación previa y se inicie con la investigación.
A veces la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público es la causa principal para que no se emita en tiempo y forma la Alerta Amber.
El caso de Lety Cruz refleja el grado de incapacidad de las autoridades ministeriales. Cuando los padres de la menor acudieron a interponer la denuncia por la desaparición de la niña, el Ministerio Público recibió la denuncia dos días después, pero integró la averiguación con el número de oficio correspondiente al robo de una gallina.
Por eso no se aplicó nunca la Alerta Amber, lo que dejó a la niña expuesta por una semana a la acción de la red de trata que la mantenía en su poder.
En ocasiones, reconocen activistas, los casos de trata no son clasificados así porque los agentes del Ministerio Público no saben identificar los elementos constitutivos del delito.
En Puebla, Tlaxcala y Edomex es necesaria a veces la intervención de las Organizaciones no Gubernamentales para orientar a los ministerios públicos en la integración de la investigación.
Con la mirada perdida
No es difícil reconocer a las mujeres mayores de edad que son víctimas de trata, sometidas a la explotación sexual. Casi siempre son como autómatas –explica un activista de derechos humanos en Tlaxcala-.
Se les ve con la mirada perdida. No hablan y siempre están con miedo. Son mujeres que están muriendo todos los días porque no tienen forma de salir de la prisión y el infierno en los que viven.
Las víctimas de trata, por lo general viven en casas de seguridad y en hoteles bajo el control de las redes de tráfico de personas. De acuerdo al activista que pidió la omisión de sus datos, el desmedido crecimiento de moteles a pie de carretera es signo inequívoco de esa actividad. Por eso refirió que en los municipios de Puebla y Tlaxcala, en donde se considera la sede nacional de tratas, ha aumentado considerablemente ese tipo de establecimientos.
Solo en el corredor de la carretera Puebla-Tlaxcala, en un tramo de 60 kilómetros, se contabilizan 53 moteles de paso, algunos de ellos en obra negra, los que prestan sus instalaciones al mejor postor, por sumas que van desde 50 hasta 500 pesos. Esos son los sitios que utiliza la red de trata de personas que opera en esa parte del país, con mujeres sustraídas de otras entidades de México.
Las víctimas de explotación sexual, dijo Samanta, una mujer sustraída de Chiapas desde hace 10 años, están obligadas a atender en forma diaria de 35 a 40 clientes. Todos ellos son llevados por parte de un miembro de la red hasta su habitación. Ella cobra 200 pesos por cita, y de lo que logra recabar en un día nunca ha visto un solo peso. Le pagan con el hospedaje, la comida y la protección de su persona.
Pero los clientes que logra la red de tráfico no solo tienen la preferencia de mujeres de más de 30 años, como es el caso de Samanta. Hay clientes que prefieren menores de edad. Otros, son clientes especiales, los que no se limitan en el costo de los servicios, los que piden mujeres menores de edad, a veces niños, los que también se suministran en esta parte del país.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, DF: Manuel Rodolfo Trillo Hernández, acusado de operaciones con recursos ilícitos y presunto implicado en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se reservó su derecho a declarar y pidió que se le duplicara el plazo para definir su situación jurídica.
La fecha vence el próximo domingo 15, cuando puede ser declarado formalmente preso o quedar en libertad por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
En la causa penal 458/2015, Trillo es acusado por la compra de 10 vehículos de distintas marcas y modelos, entre 2012 y 2015, en la que utilizó por lo menos dos nombres diferentes al suyo. Según la PGR, Trillo sabía que el dinero que utilizó tenía un origen ilegal.
Trillo fue detenido por la Policía Federal (PF) en San Pedro Cholula, Puebla y ahora está internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, el mismo de donde se fugó El Chapo el pasado 11 de julio.
Según la PGR, la PF lo detuvo desde el 19 de agosto, pero apenas el lunes informó que había cumplido la orden de aprehensión en su contra, otorgada por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
La diligencia judicial de Trillo se realizó por videoconferencia en ese Juzgado Noveno. En la audiencia de su declaración preparatoria, el acusado se reservó su derecho a declarar y pidió la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, DF: La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el plan y calendario de la elección extraordinaria de Colima para gobernador, ejercicio a realizarse el 17 de enero y que costará 21 millones 839 mil pesos.
En sesión extraordinaria, los integrantes de la Junta señalaron que las precampañas iniciarán el 20 de noviembre y durarán 11 días. Las campañas durarán 35 días.
Por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se refirió al tema de la eventual legalización de la mariguana. Por ello, consideró la posibilidad de organizar una consulta popular al respecto.
Esto, afirmó, se tendría que realizar en el marco de las próximas elecciones presidenciales en 2108.
“Es un buen inicio para discutir sin tapujos ni falsos discursos un tema que es de enorme relevancia nacional. Con independencia de eso, la SCJN con su decisión ha abierto la puerta a un importante debate público que tiene que recrearse en todos los ámbitos de decisión el Estado mexicano”, comentó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: El Senado de la República notificó el 9 de noviembre al empresario Alberto Bailleres que fue votado por la mayoría de los legisladores –68 a favor, 13 en contra– para recibir este año el máximo reconocimiento de la Cámara Alta: la Medalla Belisario Domínguez en honor al tribuno de Comitán, Chiapas, quien se enfrentó al golpista Victoriano Huerta en un célebre discurso pronunciado el 23 de septiembre de 1913.
En la parte medular de aquel discurso, Belisario Domínguez, entonces senador de la República, le advirtió al usurpador Huerta:
“La verdad es ésta: durante el gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República, es infinitamente peor que antes: la Revolución se ha extendido en casi todos los estados; muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados; muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan con extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria”.
¿Qué relación hay entre la personalidad del legislador liberal que le propuso al Senado que depusiera a Victoriano Huerta y el empresario Alberto Bailleres, que en menos de 15 años multiplicó su fortuna personal de mil 200 a 18 mil 200 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer hombre más rico de México y el más consentido acaparador de tierras en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón?
¿Qué relación existe entre el dueño del Grupo Peñoles que detenta concesiones mineras en más de 2 millones de hectáreas del país y el valiente legislador chiapaneco que fue asesinado cruelmente el 7 de octubre, tres semanas después de su célebre discurso en contra de Huerta?
¿Qué merecimiento puede tener Bailleres, el hombre que luce en su oficina personal a sus animales disecados, los colmillos de marfil (cuya caza está mundialmente condenada) y sus pieles de lujo frente a la memoria de Belisario Domínguez, a quien sus verdugos le cortaron la lengua y se la enviaron como “trofeo” a Victoriano Huerta?
¿En qué momento Bailleres, tan cómodo desde su privilegiada posición económica y de clara influencia política a través de sus redes personales en el ITAM y en sus organizaciones filantrópicas, ha arriesgado algo para defender a la República, para ejercer la libertad de expresión que le costó la vida a Belisario Domínguez? ¿Alguien le ha escuchado al señor Bailleres un discurso tan delicado como el del prócer chiapaneco?
La única respuesta que se puede encontrar frente a estas preguntas es que, ante la evidente contradicción de vida y obra de Alberto Bailleres y Belisario Domínguez, la mayoría de los senadores del PRI, PAN, Verde y algunos del PRD optaron por el cinismo más ramplón que se escuda en la ignorancia histórica.
Si a don Alberto Bailleres lo quieren galardonar por sus contribuciones a los últimos cuatro gobiernos, por haber impulsado a eminentes funcionarios-empresarios como Pedro Aspe, Luis Videgaray y tantos otros que se formaron en las aulas del ITAM, que lo reconozcan los exalumnos célebres de esta institución académica, de calidad notable, pero que no se caracteriza por su carácter público. En todo caso, que le den el reconocimiento al rector del ITAM, no a su financiador.
Lo más grotesco del reconocimiento a Bailleres no es que se trate de un magnate, o del dueño de las tiendas departamentales que simbolizan el delirio aspiracional de nuestra élite “totalmente Palacio”.
Lo más ofensivo es el intento evidente de instrumentalizar un poder público, el Senado, que se arrodilla de manera grotesca para darle el reconocimiento a Bailleres que le deben otorgar las cámaras empresariales, las sociedades de exalumnos, las instituciones filantrópicas, las revistas Forbes o Líderes, pero no una cámara del Poder Legislativo que dice representar los ‘intereses públicos’ de los mexicanos.
Otros galardonados con la medalla Belisario Domínguez fueron polémicos por haber formado parte del sistema político autoritario que los mexicanos creímos haber superado, pero en ningún caso anterior habíamos visto un intento deliberado de frivolizar la memoria de un legislador que luchó contra la tiranía y defender con su vida la libertad de expresión que, al parecer, se volvió una concesión más del Grupo Peñoles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Las víctimas son familiares del ex secretario de seguridad de Chilapa, Silvestre Carreto González.
Un día después del tiroteo en un palenque en Guerrero, que ha causado la muerte a 12 personas, este lunes 9 de noviembre fueron asesinadas seis personas más –entre ellas dos menores– en Chilapa.
Chilapa es el municipio donde en mayo pasado ciudadanos denunciaron que un grupo de civiles armados irrumpió y tomó el control de la alcaldía.
De acuerdo con un reporte de CNN México, la Secretaría de Seguridad estatal informó que las personas asesinadas fueron halladas alrededor de las 17:45 horas, casi dos horas después de que recibieron el reporte de un enfrentamiento en el poblado de Tepozcuauta, en el mismo municipio.
Las víctimas son familiares de Silvestre Carreto González, ex director de Seguridad Pública de Chilapa, cuyo hijo de 27 años fue asesinado el pasado 3 de noviembre, detallaron las autoridades estatales.
Carreto González fue cesado de su cargo el año pasado por el Grupo Coordinación Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El IMCO presentó el informe 'La corrupción en México: Transamos y no avanzamos', en el que se da a conocer, entre otros datos, que el 63% de los empresarios del país dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.
El 46% de los empresarios mexicanos reveló que autoridades de gobierno les piden sobornos para obtener a cambio un contrato o una oportunidad de negocio.
Además, el 57% de los emprendedores admitió que utiliza gestores con acceso a privilegios o información para que intercedan en su favor ante las autoridades; el 65% aseguró haber perdido una oportunidad de negocio ante un competidor que sí utilizó influencias o pagó un soborno, mientras que el 63% dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.
Estos son cuatro de los principales resultados que documenta el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó ayer lunes 9 de noviembre, el cual incluye ensayos de investigadores y académicos que analizan los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción en el país.
En el capítulo Emprendedurismo y Corrupción de este informe, Álvaro Rodríguez Arriegui, director de la empresa IGNIA, destaca que el pago de sobornos para agilizar la obtención de permisos y licencias es la causa que más alegraron (18%) los empresarios que admitieron haber recurrido a esta práctica ilegal.
La obtención de concesiones de gobierno (11%), evitar ser molestado por la policía municipal (11%), y agilizar la conexión a servicios públicos (11%), son otros de los principales motivos por los que los empresarios pagan ‘mordidas’ a las autoridades.
“Si no pagas mordidas, no te dan contratos”
Sin embargo, el pago de sobornos no se limita a la facilitación de trámites y servicios, refiere el informe del IMCO, ya que además del 46% de los empresarios que afirmaron que el gobierno les ha solicitado dinero para la obtención de un contrato, otro 25% dijo haber pagado un soborno en especie, “como una comida o un viaje”, con tal de obtener una oportunidad de negocio o contrato.
“Un emprendedor nos comentaba que ‘si no accedes a dar sobornos se te van eliminando las posibilidades de recibir más contratos, o te empiezan a dificultar ciertos procesos”, expone Rodríguez Arriegui, en el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos.
Otro de los puntos que destaca el documento es que el “uso de influencias” es “una práctica generalizada” en todos los ámbitos de la sociedad, “aunque mucho más marcada en el ámbito de los negocios, la política y la intersección entre ambos sectores”.
“Todos los días tienes que recurrir a influencias y contactos. Si no dices que conoces al secretario o al subsecretario, no te hacen caso”. “Muchas juntas las he conseguido porque un familiar cercano trabaja en el gobierno”, son otros de los testimonios que documenta el informe, en el que se hace hincapié en que 40% de los empresarios coinciden en que “la forma más efectiva para obtener una ventaja competitiva es a través de sobornos y conexiones”.
En el ámbito del sector privado, las encuestas reflejan que también el 32% de los emprendedores dijeron haber recibido solicitudes de pagos de otras empresas “con el fin de garantizar la obtención de un contrato u oportunidad de negocios”.
Con el dinero destinado a corrupción se podría pagar 87 veces la UNAM
Al margen de la relación entre empresarios y gobierno, María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del IMCO, subrayó ayer durante su ponencia Transamos y no avanzamos que las prácticas corruptas, además de dañar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades, generan un daño grave a la economía de México.
En este sentido, Casar explicó que de acuerdo con estimaciones de diferentes fuentes internacionales, como el World Economic Forum, el Banco Mundial o el Banco de México, la corrupción genera pérdidas en México de entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Tomemos el PIB del 2014, que fue de 17 billones de pesos. Y ahora no nos quedemos con el 2% de pérdida que es la estimación más baja, ni con el 10% que es la más alta. Tomemos el 5% que es el dato intermedio. Es decir, el 5% del PIB perdido en actos de corrupción, que son unos 890 mil millones de pesos”.
“Con esa cifra –añadió la investigadora-, se podrían hacer cinco reformas fiscales, y además pagar 87 veces el presupuesto de la UNAM; 7.7 veces el presupuesto de Sedesol; y tres veces el presupuesto de la Secretaría de Educación”.
Sólo 12 elementos de PGR investigan corrupción de funcionarios; en Hong Kong mil 415
En cuanto a las acciones para combatir la corrupción, Juan Pardinas, director general del IMCO, aseguró que este problema “sí tiene solución, aunque no hay una bala de plata”, y recordó que “combatir la corrupción es perseguir redes, no individuos”, por lo que llamó a construir instituciones con más presupuesto destinado al combate a este problema, más tecnología, más reglas claras y más autonomía política para los ministerios públicos.
En este sentido, el director del IMCO llamó a las autoridades “a tomar en serio el combate a la corrupción” mediante la construcción de instituciones fuertes para este fin. Ya que, recordó, en México la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR sólo cuenta con 12 elementos, mientras que otros países como Singapur destinan 88 personas a estas unidades especializadas, e incluso mil 415 elementos, como el caso de Hong Kong.
Asimismo, expuso, mientras en Hong Kong y Singapur se destinan 2 mil millones y 406 millones de pesos, respectivamente, a estas unidades para investigar actos de corrupción, en México el monto invertido es de 26 millones.
Es decir, por cada 10 mil pesos ejercidos por el gobierno mexicano, sólo 5 centavos van destinados a la unidad para investigar la corrupción de funcionarios, refirió Pardinas.
El informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos:
2015 ICI Libro La Corrupcion en Mexico:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ NAYELI ROLDÁN.
