Cuestionan familiares de desaparecidos a PGR por cambio de agentes del MP

Denuncian la falta de visión estratégica de la dependencia y de la mínima sensibilidad hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos.

Organizaciones de la sociedad civil y 34 colectivos de familiares de personas desaparecidas cuestionaron a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, por haber  hecho cambios de agentes del Ministerio Público que afectan y le quitan importancia a varios de sus casos.

En una carta dirigida a la titular de PGR, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México denunció que se movieron a agentes del Ministerio Público que estaban en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas hacia la nueva Unidad Especial para Ayotzinapa.

“Expresamos nuestro rechazo a esta decisión de la Procuraduría que usted encabeza y reprochamos la falta de visión estratégica y de mínima sensibilidad de las autoridades hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos y empujar a las precarias estructuras del Estado responsables de esta labor”, dice la carta difundida el 9 de noviembre.

CARTA ABIERTA A LA PROCURADORA ARELY GÓMEZ

México D.F., a 9 de noviembre de 2015

Procuradora Arely Gómez

Procuraduría General de la República

El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas, junto con las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan y otras organizaciones y personas solidarias, nos dirigimos a Usted para exigir un trato digno y sin discriminación a las familias de las personas desaparecidas y sus representantes, y un plan nacional de búsqueda de manera inmediata.

Nos hemos enterado que el pasado 4 de noviembre de 2015, familiares de personas desaparecidas, integrantes de este movimiento, que llevan sus casos en la hoy llamada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recibieron la noticia de que varios de los Agentes del Ministerio Público Federal que hasta ahora eran responsables de la búsqueda e investigación de sus casos, serían asignados a la recientemente creada Unidad Especial para Ayotzinapa.

Como verá en la lista de firmantes, muchas de las familias de los colectivos que conforman este Movimiento Nacional nos vemos afectados por esta decisión. Estos cambios representan un retroceso en las investigaciones que con gran esfuerzo de los familiares y la cooperación de los AMPF se había logrado impulsar. Pero además, la decisión no fue comunicada de manera digna a los familiares, pues no ofrecieron una explicación completa, ni alternativa alguna o medidas para subsanar los impactos negativos de este cambio, lo que este Movimiento califica como desinterés, discriminación y maltrato. Si bien esta decisión de la PGR fue modificada parcialmente, revocando el cambio de una de las AMPF, esto no ofrece una solución integral a todas las víctimas afectadas por los cambios ni el agravio por la forma en que la decisión fue comunicada.

Los colectivos que conformamos este Movimiento y las personas y organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo a esta decisión de la Procuraduría que usted encabeza y reprochamos la falta de visión estratégica y de mínima sensibilidad de las autoridades hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos y empujar a las precarias estructuras del Estado responsables de esta labor.

Manifestamos nuestra solidaridad a la lucha de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, y nuestro apoyo a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Consideramos que el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos brinde resultados y las investigaciones avancen, al igual que en todos los miles de casos de personas desaparecidas en nuestro país.

No es quitando los pocos recursos de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas como el Estado mexicano va a cumplir con sus responsabilidades y acuerdos internacionales, por el contrario, las instituciones deben contar con el personal, las capacidades y los recursos necesarios para que la atención de unos casos no vaya en detrimento de otros. Desde su creación la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no ha contado con el personal ministerial necesario, policía de investigación, la tecnología ni recursos necesarios, no tiene una metodología adecuada ni planes de búsqueda desde una perspectiva contextual y no ha mostrado un empuje ni liderazgo en la identificación de restos humanos en fosas comunes y clandestinas como parte de una estrategia integral de búsqueda.

En este sentido, la UEBPD nunca fue una respuesta adecuada frente a la magnitud de la crisis de desapariciones en nuestro país y desgraciadamente observamos, que a pesar del cambio a Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, persisten las mismas deficiencias en esta instancia, y por lo tanto, no está en capacidad para realizar la búsqueda de las personas desaparecidas ni las investigaciones como lo requiere la crisis de desapariciones que vive el país.

Por lo anterior, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, junto con las organizaciones y personas solidarias firmantes, exigimos a Usted que:

Respeten el derecho a la verdad de las víctimas y familiares, incluyendo el acceso a información clara y oportuna sobre las investigaciones;

Promuevan y respeten el derecho a la consulta y a la participación en las investigaciones, y mecanismos de comunicación, transparencia y de rendición de cuentas, que sean respetuosos de la dignidad y los derechos de las víctimas.

Brinden una respuesta seria y profesional a las y los familiares de personas desaparecidas afectadas por el cambio de los Ministerios Públicos, que deberá ir más allá del nombramiento de un nuevo Ministerio Público y que deberá incluir un plan de trabajo para cada investigación, y los recursos humanos y materiales que garanticen resultados prontos en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Fortalezcan y reorganicen la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recuperando los estándares y buenas prácticas internacionales, y dotando a esta instancia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que la búsqueda e investigación se realice de manera integral, coordinada e inteligente.

Reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos y rechazamos cualquier distinción o intento de dividir nuestras luchas por parte de las autoridades. Nos faltan todos los desaparecidos y todas las desaparecidas, nuestro movimiento es por el derecho a la búsqueda, la verdad y la justicia de todas las personas desaparecidas y de la sociedad.

Atentamente,

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Integrado por: Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí; Colectivo 21 de Mayo (Tamaulipas); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); El Solecito de Veracruz (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Nacional de Enlaces; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida (Culiacán) Cauce Ciudadano-Red Retoño (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (Chihuahua); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. (Distrito Federal); Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ) (Distrito Federal); Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. (Guerrero); Dirección de Atención a Víctimas – Universidad Autónoma del Estado de Morelos, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C, Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

A título individual: María Emma Mora Liberato, J. Guadalupe Téllez Castrejón, Carlos Ríos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/cuestiona-familiares-de-desaparecidos-a-pgr-por-cambios-de-agentes-del-mp/

“Nosotros no somos Rojos”: Omar, normalista de Ayotzinapa

El celular del normalista fue intervenido y la conversación que se dio a conocer está "descontextualizada", asegura.

Desde Tixtla, Guerrero, Omar no tiene duda: detrás de la nota firmada por Carlos Marín (Van ‘Ardillos’ por presuntos ‘Rojos’ en Ayotzinapa) hay un intento más del gobierno por relacionar a los normalistas de Ayotzinapa con el crimen organizado. 

Aunque acepta que es su voz la que se escucha en una llamada telefónica intervenida, asegura que la conversación con uno de sus compañeros de la Normal fue sacada de contexto.

Para el normalista, identificado públicamente como Omar García, la nota forma “parte de la cadena de acusaciones que han venido orquestando desde los primeros meses del movimiento, mucho más ahora con el estreno de su peliculita esa de La Noche de Iguala, incluso después del informe de los expertos nosotros vimos una campaña de descalificación hacia los mismos”.

En la nota publicada en el diario Milenio, se señala que “dos grupos de la organización delictiva Los Ardillos intentaron hace 20 días irrumpir en la Normal de Ayotzinapa con el propósito de levantar a cuatro estudiantes… a quienes identifican como miembros de la banda de Los Rojos“.

Un día después de la noticia publicada en el periódico de circulación nacional, Omar toma una llamada telefónica de Aristegui Noticias, responde a las acusaciones y advierte que la entrevista está siendo grabada también por quienes tienen intervenido su celular.

-La llamada ¿efectivamente sucedió?

-Sucedió en parte, ahora las tecnologías son capaces de alterar y de modificar, de editar…

-¿Está editada?

-Está totalmente descontextualizada, por lo tanto nosotros creemos en primer lugar que es una violación a la ley, a la privacidad de las personas, hacer ese tipo de cosas.


El mismo Carlos Marín defendió a Lorenzo Córdova (presidente del INE) cuando éste fue interceptado en sus llamadas, ¿no? Ahora él mismo lo está haciendo y forma parte de este juego. Entonces creemos que está descontextualizada (la llamada), hay afirmaciones que no son…

-¿Quieres decir que está editada la llamada?

-Sí, en parte…

-¿Pero sí hacen mención a la entrada de Los Ardillos?

-No, mira, nosotros mencionamos a Los Ardillos porque es del conocimiento de la población de Tixtla que esos tipos llegaron a principios de octubre, como el 2 de octubre, a Tixtla, a arrebatarles la plaza a los contrarios, por lo tanto la mención de Los Ardillos estaba a la orden del día, tanto nuestra como de la población aquí. Nosotros teníamos miedo de que fuera parte de una estrategia gubernamental y dado que los compañeros salen de noche, o salen durante el día en las actividades en Tixtla, fueran a decir que somos Rojos, acuérdate que al haber un grupo de Los Ardillos aquí, dado que la vinculación de nosotros con Los Rojos ha sido desde el principio, es un tema por el cual tenemos temor de que nos vincularan con ellos.

-¿Quiénes son Los Ardillos?

-Nosotros igual no tenemos mucha información, quienes llegaron se presentaron así y lanzaron comunicados por ahí a la población y otras cosas, pues solamente eso… Entonces la discusión entre los compañeros, en llamadas telefónicas, mensajes y demás fue el de: oigan, tengan cuidado, ya no salgan de noche, nos van a confundir con Rojos, dicen que andan los Ardillos… Esas palabras siempre abundaron en nuestras conversaciones.

-¿De ti editaron mucho o poco en la llamada?

-Mira, la población tiene que entender que nosotros también nos hacemos nuestros propios planteamientos, creo que yo he sido claro en todas las entrevistas que he dado, en las conversaciones al público, de que no sólo se trata de ver hacia afuera sino también de ver hacia adentro, de manera permanente. Nosotros también nos hacemos nuestras propias preguntas, tenemos nuestras propias dudas, revisamos nuestra estructura, nuestros compañeros estudiantes… para ver si en dado caso algún compañero estuviera vinculado, nosotros lo hacemos con el propósito de no esconder nada, es un proceso interno de vigilancia interna que nosotros hacemos…

-Y en esa vigilancia interna, ¿es posible que alguno esté involucrado con el crimen organizado?

-Las probabilidades son como en cualquier otra escuela, o sea aquí también los chavos toman, aquí también unos llegan a ingerir algún otro tipo de cosas, igual que en cualquier otra institución, no voy a decir nombres, pero, carajo, de eso a que estemos vinculados con Los Rojos o que haya habido un trato para desaparecer a nuestros compañeros o un acuerdo, pues eso está muy lejos.

-En la llamada identifican a algunos compañeros…

-Está descontextualizado, (los mencionados) porque cometieron una indisciplina, mira, yo soy del Comité de Orden y Disciplina, soy el presidente, se supone que soy el que vigila, el que aplica la sanción si algún compañero incurre en faltas a los reglamentos internos, yo hablo todo el tiempo de eso, ahí están nuestros grupos internos de Whatsapp… que tal anda borracho, o que El Botas no fue a una actividad, o no asistió a la marcha o cosas así, entonces de ahí van sacando los nombres, igual que cuando sacaron el nombre de El Cochiloco (uno de los desaparecidos), de los demás compañeros… de nuestras declaraciones.

-Siendo presidente del Comité de Orden y Disciplina, ¿no has encontrado una situación mayor?

-No, mira, es que nosotros somos muy estrictos, la población tiene que tener conocimiento de antecedentes: en 2011 por ejemplo se expulsó a 2 chavos que andaban distribuyendo acá, droga, se les expulsó y en respuesta vinieron las personas armadas a amenazar al comité estudiantil, a los de Orden y Disciplina. Aún así, fueron expulsados… eran de segundo año, eran parte del menudeo, fueron a agredir a los comité pero ni madres, no pudieron, se les expulsó porque nosotros no permitimos ese tipo de cosas.

-¿Ellos pertenecían a algún grupo local?

-La verdad no sabría, no tengo conocimiento de cómo funcionan esos grupos…

Sobre sus distintos apellidos, Omar dice que en la Normal “acostumbramos eso… no nos cubrimos la cara pero tratamos de tener una especie de protección, pero a nivel legal, en las audiencias, mi nombre está tal cual y ellos lo saben”.

A la postre de la conversación, sentencia: “Nosotros no somos Rojos”. Pero antes dice que incluso si lo llegaran a detener, “me voy a reír”. 

-¿…Por qué (la risa)?
-Porque hemos dicho muchas cosas que no les han gustado, porque hemos puesto en la mirada de los mexicanos y de los extranjeros la situación que se vive en México, entonces como dijeran los zapatistas: aunque perdamos ya ganamos. Y aunque nos pase algo, hemos dicho muchísimas cosas que muchos no han tenido la oportunidad de decir. Nos congratulamos de haberle dado unas pedradas por lo menos a este sistema. 

Omar indica que desde la noche de Iguala los normalistas han sido vinculados a Los Rojos, y ahora “si le pasa algo a alguien (de la Normal) van a decir que son Rojos, se trata de crear una condición adecuada que les permita actuar. No es que vayan por 4, yo les digo que vienen por todos, porque en la lógica de ellos, todos los de Ayotzinapa somos Rojos y así le pase lo que le pase a cualquiera, van a decir que somos Rojos, de ahí no nos van a sacar, por eso no debemos de caer tanto en su juego… desde la lógica del sistema todos somos delincuentes y ellos son los santitos”.


El lunes, el normalista publicó en su cuenta de Facebook el mensaje titulado “Rojos otra vez”:

ROJOS OTRA VEZ"La mujer del tiempo anuncia un huracán"Cuando finalmente la autoridad federal se hizo cargo de la...
Posted by Omar García on lunes, 9 de noviembre de 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/nosotros-no-somos-rojos-omar-normalista-de-ayotzinapa/

Consumidores de drogas: la criminalización por consigna

MÉXICO, DF: “La criminalización que de facto existe en México hacia los usuarios de sustancias ilícitas favorece su marginación y la transgresión de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la autonomía, a la no discriminación, a la salud, a la información y al debido proceso”, señala El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, investigación elaborada por Catalina Pérez Correa y Karen Silva Mora.

Agrega que esa criminalización “significa también el gasto de recursos institucionales para el procesamiento penal” de los consumidores.

Publicada el año pasado y auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la investigación se sustenta principalmente en estadísticas de diversas dependencias públicas del sector salud y del ámbito de procuración de justicia.

De entrada presenta un panorama global sobre el consumo de drogas ilícitas en el país.

Apunta: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, cerca de 1.200,000 personas habían consumido alguna sustancia ilícita en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta”.

Todas estas personas están expuestas a ser tratadas como “delincuentes”, pese a que “el consumo de sustancias ilícitas no es un delito”. Pero en los hechos, recalca, “los datos muestran que el consumo es manejado como delito en nuestro país”.

Y luego detalla las “dos formas” en las cuales se criminaliza a los consumidores, incluso hasta llevarlos a prisión.

Expone: “Por una parte, cuando consumidores portan cantidades iguales o inferiores a las señaladas en la tabla de dosis máximas de la Ley General de Salud, son detenidos y procesados por consumo por las instituciones penales federales y locales.

“Por otra, cuando poseen cantidades superiores a las señaladas, son detenidos y procesados, siendo en este caso equiparados a narcomenudistas y castigados por el sistema penal como tales, lo que implica la imposición de penas de prisión”.

A escala nacional fueron detenidos 140 mil 860 consumidores entre 2009 y 2013, de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de la República. El informe indica que las entidades donde hubo más detenciones fueron Jalisco, el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.

En ese mismo periodo –sigue el estudio– en el sistema federal se iniciaron 53 mil 769 averiguaciones previas por consumo de droga. Y “aunque no fueron sancionadas penalmente, se trata de personas que estuvieron sujetas a un proceso penal. Es decir, fueron llevadas ante el Ministerio Público y se inició un proceso penal en su contra”.

La investigación indica que en la “población carcelaria” también se refleja “la importancia de los consumidores como objetivo del sistema de procuración de justicia”.

Estadísticas

Con base a la Primera Encuesta en los Centros Federales de Readaptación Social, elaborada en 2012, el estudio detalla: “40.7% de los internos sentenciados en los centros federales afirmó estar sentenciado por transporte de drogas, 38.5% por posesión (traer consigo), 15.4% por vender al menudeo, 8.9% por traficar, 4.9% por vender al mayoreo, 3.2% por ‘fomento al narcotráfico’, 3.0 % por suministro, 1.8% por consumo y 1.8% por plantar o cultivar drogas”.

Señala que a pesar de ponerse en marcha la Ley del Narcomenudeo, que pretendía “descargar” en los sistemas penales estatales “una parte importante de los casos que saturaban al sistema federal”, las cosas no han sido así, pues las autoridades federales siguen procesando casos que competen al “orden local”.

De 71 páginas, El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México alude igualmente a los “tratamientos forzosos” a los cuales son sometidos muchos consumidores de drogas.

Aporta las siguientes cifras: “Entre 2009 y 2012 se iniciaron 7,797 tratamientos forzosos a ‘farmacodependientes’ (el término usado en la ley para referir a los consumidores que se consideran problemáticos); de ellos, 82% ha concluido el tratamiento”.

Menciona a Baja California, Nayarit y Morelos como los estados donde más abunda este tipo de atropello contra los derechos humanos de los consumidores. Sólo la primara entidad acapara 68% de los tratamientos forzosos del país.

Señala que la mariguana es la “droga ilegal” de “mayor consumo” en México –con una “prevalencia anual” de 1.2%–, seguida por la cocaína –con una prevalencia de 0.5%–. Pero ambas drogas están muy por abajo del consumo del alcohol y el tabaco, con prevalencias de 51.4% y 21.7%, respectivamente.

También están muy por abajo como causas de muerte. Por ejemplo, la mariguana fue detectada en 2.1% de las muertes por “accidente”; el alcohol, en 90.2 %. En “homicidios”, la mariguana se detectó en 5.8% de los casos, y el alcohol en 81.8%; en los “suicidios”, la mariguana en 2.6% y el alcohol en 87%, según datos de 2012 de la Secretaría de Salud.

Por otro lado, la investigación indica que aunque hay “varias ramas del derecho” que regulan el uso de sustancias ilícitas en México, es sin embargo la rama penal la que principalmente se le aplica a los consumidores de droga.

Agrega: “Para muchos de los usuarios de sustancias ilícitas el consumo ha implicado caer bajo la actuación directa de las instituciones penales, con todos los costos que ello implica. Para otros, ha significado el riesgo de participar en mercados ilícitos y de consumir sustancias de procedencia y calidad desconocida”.


Y concluye: “Aunque existe cierto consenso, tanto a nivel nacional como internacional, respecto a que el consumo no debe ser un asunto de índole penal, sino uno de salud, la respuesta del Estado mexicano ante el consumo de sustancias ilícitas ha sido principalmente la de perseguir penalmente y marginar socialmente a los usuarios”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420362

Ordena INAI a la SEP entregar documentos relacionados con la muerte de un menor en Puebla

México, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que busque y entregue a una madre de familia todos los documentos relacionados con el fallecimiento de su hijo, ocurrido el 28 de enero de 2015 en la escuela secundaria federal número 5, ubicada en San Felipe Hueyotlipan, Puebla.

La SEP se declaró incompetente para conocer lo documentos y orientó a la solicitante a dirigir su petición ante la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Puebla.

La particular consideró “inverosímil” y “poco creíble” que la dependencia no cuente con la información requerida, y presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora.

En alegatos, y luego de asegurar que buscó los documentos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, y en la Subsecretaría de Educación Básica, la dependencia declaró la inexistencia de la información y reiteró que la instancia competente es la secretaría estatal.

No obstante, al analizar el caso se determinó que la SEP sí es competente para conocer la información requerida.

En un comunicado, el INAI precisó que como autoridad educativa federal, la dependencia tiene entre sus atribuciones: crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa, que permite una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas.

Asimismo, corroborar que el trato hacia los educandos corresponda con el respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y la demás legislación aplicable a los niños y jóvenes.

De igual manera, coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo la responsabilidad de los supervisores escolares.

También, instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servidor público educativo.

Adicionalmente se verificó que la dependencia firmó 15 compromisos con autoridades educativas del país, con el fin de definir la participación de docentes, alumnos, padres de familia y autoridades federales y locales, para tener escuelas libres de violencia, con una cultura apegada al respeto de los derechos humanos.

Por lo anterior, el INAI concluyó que la SEP no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, como la Unidad de Coordinación Ejecutiva, la Coordinación General de Delegaciones, la Delegación Federal Puebla y la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa.

En ese sentido, revocó la respuesta de la SEP y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de la información, a fin de entregar a la particular los documentos de su interés.

Entre esos documentos destacan los elaborados por servidores públicos de la dependencia (actas, memorándums, oficios y correos electrónicos); los intercambiados y recibidos con otras dependencias; los que expongan los motivos por los cuales el director del plantel educativo dejó su cargo en el momento de los hechos; los que avalen el acercamiento de la dependencia hacia la solicitante o su esposo, y los que den cuentas de las medidas adoptadas para prevenir sucesos similares.

Al presentar la resolución ante el Pleno, Puente de la Mora aseguró que en estos casos el ejercicio del derecho de acceso a la información se convierte en un vínculo para que los padres de familia puedan dar seguimiento a las medidas de seguridad implementadas por las escuelas para prevenir y combatir la violencia entre menores.


Expuso que 2014 fue el año para el combate al acoso escolar, y al respecto refirió que el gobierno de México ha emitido varias leyes, programas y acuerdos encaminados a proteger a los menores de edad en diferentes contextos, fundamentalmente en el escolar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420355

Exbraceros se plantan frente a Casa Blanca de Peña y La Gaviota: “A ver si les da vergüenza…”

MÉXICO, DF: “¡Ya llegaron los discos, éntrenle!”, anuncia un hombre refiriéndose a que ya hay tortillas calientes para echar el taco. Son las 15:30 horas y afuera de la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto se preparan para comer unos 30 exbraceros y sus familiares que desde el pasado domingo se instalaron en plantón permanente frente a la puerta de la millonaria mansión.

“Venimos a la casa del presidente a ver si le da vergüenza vernos aquí y ya nos da nuestro dinero”, dice María de los Ángeles García. “No le pedimos limosna, es el dinero que nuestros braceros trabajaron hace muchos años”, agrega Natalia González.

Frente al número 150 de la calle Sierra Gorda, colonia Lomas de Chapultepec, esposas, hijas, nietos y los mismos exbraceros saborean el caldo de pollo que hoy tienen la suerte de comer, mientras ven pasar los autos de lujo, los autobuses escolares y las patrullas una y otra vez, mientras se ahonda la diferencia entre los que tienen de sobra y los que no tienen prácticamente nada.

“Mire la casota que se mandó a hacer este señor, todos los viajes que hace con la Gaviota y uno a veces no tiene ni para los frijoles. Eso no se vale”, comenta otra mujer entre las casas de campaña, colchonetas, cobijas, techos de hule, bancos de plástico y la esperanza de que esta vez reciban respuesta positiva a sus demandas.


Dos niños juegan en la banqueta mientras escuchan las reflexiones de los grandes sobre las injusticias del gobierno mexicano. Una mujer lava en cubetas los platos de plástico que se usaron en la comida. Otra recoge los trastos de la cocina improvisada –con todo y tanque de gas– que instalaron junto a un árbol y la puerta principal de la mansión.

Las demandas

Originarios de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Oaxaca y Querétaro, los exbraceros y familiares de los que ya murieron están ahí para exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo la asignación de mil 523 millones de pesos para el “apoyo social” que años atrás le prometieron a 40 mil 87 extrabajadores que participaron en el Programa Bracero en el siglo pasado.

Jesús Muñoz, presidente de la Asociación Civil de Exbraceros, explica en entrevista que esa cantidad es apenas uno de los acuerdos a los que, por decreto, se comprometió el gobierno federal, pero a la fecha no se ha cumplido.

Una segunda exigencia en agenda es la elaboración de un “verdadero programa de pago” de la “deuda histórica” que el gobierno mexicano tiene con los que en su juventud se fueron a trabajar a los campos de Estados Unidos. “Somos 240 mil los afectados a los que nos retiraron el 10% de las ganancias de nuestro trabajo y a más de medio siglo no nos lo quieren dar”, asegura Muñoz Ávalos.

Como tercera demanda, exigen que se abra un nuevo padrón para incorporar a todos los extrabajadores que no se inscribieron en el programa debido, dice, a que no hubo la suficiente difusión; “lo hicieron secretamente”.

Además, solicitan la reinstalación de la comisión especial en el Congreso de la Unión para dar seguimiento al caso ya que ésta funcionó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, “pero en el de Peña Nieto desapareció y no ha aprobado ni un pago a pesar de que está en la llamada Ley 10320.

Peor aún, agrega el líder de los manifestantes, el marzo de 2014 el Poder Judicial emitió una sentencia ejecutoria a favor de exbraceros de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco para que les pagaran su deuda, pero hasta ahora no han recibido un solo peso.

“Venimos a manifestarnos aquí a la ‘Casa Blanca’ porque es el símbolo de la corrupción, para que vea el mundo entero cómo el gobierno no quiere pagarnos”, asegura Jesús Muñoz.

La demanda es, explica, tener una reunión directa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “si no, no nos vamos a retirar. Ya nos cansamos de que los del Fideicomiso nos manden a sus gatos a negociar sin resultados”.


Y advierte: “Vamos a ir a poner nuestra queja en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuando venga el Papa (Francisco) a México le vamos a pedir que nos ayude”.

En la cosecha de naranja y fresa

A sus 19 años, Simón Velásquez, originario de Trancoso, Zacatecas, consiguió el permiso para irse de bracero a trabajar a los campos de Estados Unidos. Era 1964.

Era el mayor de 12 hermanos y el primero que aprendió a arar la tierra. Por ello, le tocaba irse a la aventura. Así aguantó revisiones físicas –hasta de su pene y sus testículos– para comprobar que no tenía ninguna enfermedad y estaba sano para ir a trabajar. “Eran vejaciones, pero la necesidad nos hacía aguantar eso y más”, recuerda.

La primera vez estuvo en Anaheim, condado de Orange, California. Trabajó en la pisca de naranja durante cuatro meses y medio –tres contratos de 45 días cada uno–. Le pagaban 25 centavos de dólar por caja llena; al día lograba entre 80 y 90. Al final de la semana recibía su cheque de money order lo depositaba para enviarlo a su familia en México.

Al poco tiempo de regresar a su tierra, se volvió a enlistar. Era 1967 y en el sorteo le tocó ir a San Luis Obispo, también en California, donde se quedó a trabajar otros cinco meses.

“Nos tocaba comer y quedarnos en las barracas, entre cinco y seis personas. Después de trabajar no salíamos, nos quedábamos a escuchar radio o ver televisión”, cuenta.

De regreso a México y con la promesa de recibir el dinero que el gobierno mexicano les había prometido para entrar al programa bracero, comenzó a trabajar como chofer de transporte de carga. Ahora dos de sus tres hijos viven en Texas, a donde se fueron de “mojados” hace dos décadas. Él tiene visa estadunidense y de vez en cuando le mandan dinero para que vaya a visitarlos.


Pero, a 50 años de aquellas jornadas laborales, ya con un aparato auditivo, diabetes, vista cansada y paso lento, Simón sigue en pie, esta vez en el plantón frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto para exigir el pago justo por su trabajo.

Hijas y viudas, la misma lucha

María de los Ángeles García tiene 74 años y un encargo que su esposo le dejó hace un lustro, antes de morir. A Mariano Arellano le dio una embolia, pero aún con eso estaba en la lucha junto a sus compañeros braceros para exigir lo que les ofreció el gobierno mexicano.

Ambos nacieron en San Pedro de la Sierra, Zacatecas. Ahí se conocieron poco antes de que él se fuera a Calexico, California, a la pizca de betabel, algodón y tomate. Tenía entonces 18 años. Durante el tiempo que trabajó envió dinero con el que se pudo construir una casa para sus padres y hermanos.

Al regresar, se casó con María de los Ángeles y desde entonces compartieron la lucha. “Llevábamos cinco años de lucha y cinco yo sola desde que mi ‘trabadillo’ se murió, pero aquí estoy para exigir lo que le toca a mi esposo”, dice.

Mientras la mujer platica, el vecino de la izquierda de la “Casa Blanca” sale a pie y, acompañado de su guardia de seguridad, le dice con amabilidad a los del plantón:

“Oigan, por favor, yo entiendo su lucha y más porque es la casa de este… pero por favor, liberen el espacio de mi fachada, ¿si? Se los pido de buena manera. Muchas gracias”.

A sus 80 años, sentada con los pies tapados con su chal, Natalia González, participa en el plantón de exbraceros para exigir el pago por el trabajo que hizo su padre Candelario González en 1946.

Originario de San Mateo Valparaíso, Zacatecas, él se fue 11 meses a trabajar en la pizca de naranja en California. Pero en un día de labor, se cayó de una escalera y se lastimó. Tuvo que ser sometido a una cirugía y ya no pudo trabajar.

Cuatro años más tarde, en 1950 se enroló de nuevo en el sorteo del Programa Bracero y le tocó ir a Texas, a trabajar en el corte de algodón y betabel, así como en actividades de riego. “Me contaba que tenía que trabajar con el agua hasta las rodillas y años después por eso le dolían las piernas, de las reumas”.

Como muchos exbraceros, Candelario murió sin ver materializada la exigencia de recibir el pago total por sus jornadas de trabajo duro en los campos estadunidenses. Uno de sus hijos se unió al movimiento de exbraceros, pero al poco tiempo murió.

Hoy, con el tiempo arrugado en su rostro y sus ojos llorosos, Natalia hace esfuerzos por seguir en el plantón: duerme en una colchoneta, con frío y, como todos los participantes, tiene que buscar dónde hacer sus necesidades fisiológicas.

Y es que, –a diferencia de las otras veces que han estado en plantón en el Monumento a la Revolución– ahora el Gobierno del Distrito Federal no les ha llevado baños portátiles a la colonia Lomas de Chapultepec. Peor aún, en ningún Oxxo los dejan pasar al baño “ni aunque les paguemos nos dejan entrar”. A las mansiones, ni hablar.


Así, entre pláticas y canciones de sus pueblos, los exbraceros ven pasar el tiempo en el plantón frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto. De pronto, se escucha un claxon insistente. Una mujer con gafas oscuras y al volante de una camioneta con vidrios polarizados sale de la cochera de su mansión, baja la ventanilla del copiloto y le grita a uno de los exbraceros sentado en la orilla de la banqueta: “¡Cuidado señor, no lo vaya a atropellar y luego qué hacemos!”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).

Policía confiable es obligación: Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advierte que no ya no apoyarán a las entidades que incumplan con su parte de crear policías confiables.

El gobierno de la República dejará de apoyar y acompañar, en materia de seguridad, a los estados que incumplan con su parte de crear policías confiables y capacitadas, sentenció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al encabezar la firma del convenio para la conformación del Mando Único Policial en Michoacán, el funcionario federal señaló que contar con policías confiables no es una opción, sino una obligación del gobierno.

Durante el evento en que se firmó el convenio, Osorio Chong aseguró que el gobierno federal mantendrá el apoyo a las entidades, pero reiteró que aquellas que no se comprometan y no cumplan no tendrán más el respaldo.


Osorio Chong mencionó que esperan resultados, sobre todo de aquellas entidades que no registran avances. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El reto de la transparencia

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, llama a las autoridades a que rindan cuentas para salir de la crisis de confianza ciudadana que enfrenta el país.

Las políticas de gobierno abierto y la rendición de cuentas en el país son una salida para una la crisis de confianza que se vive en México, afirmó Óscar Guerra Ford.

En entrevista para Reporte Indigo, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), reconoció que las desapariciones forzadas y los diferentes casos de violencia y atropellos a los derechos humanos han ocasionado quizás una de las crisis de confianza más fuertes en la historia del país.

Para Guerra Ford una buena opción para salir de este bache y hacer que los ciudadanos confíen en las autoridades es la implementación de políticas en materia de gobierno abierto.

“La transparencia y las políticas de gobierno abierto lo que pueden generar es un asunto de confianza, que es uno de los grandes problemas que sufre nuestro país”, detalló.

El funcionario indicó que la sociedad en generala tiene desconfianza a sus autoridades y uno de los instrumentos para poder recuperar esta confianza –que debería ser una preocupación de cualquier funcionario, de cualquier político– es implementar medidas profundas que den resultados visibles, tanto en materia de transparencia como de gobierno abierto.

“Si esto no se da, se corre el riesgo de que caigamos en una crisis de confianza, si no hay un cumplimiento de estas leyes cabalmente como lo debe de haber, porque las leyes se aprueban para cumplirse, seguiremos con este problema de crisis, de gente que está decepcionada de la política y que busca otras alternativas, a veces ya hasta de tipo ilegal o busca otras alternativas que son totalmente válidas como la de los candidatos independientes, a ver si por ahí si puede ser. Tenemos que asumir que tenemos una fuerte crisis de confianza institucional”, añadió.

Guerra Ford se dijo confiado en que con la colaboración entre los diferentes ámbitos de gobierno y de la sociedad civil se pueden echar a andar las políticas en materia de gobierno abierto de las cuales México forma parte, junto con otras 68 naciones.

Los servicios y los trámites se verán agilizados con la implementación de esas políticas, aseguró, lo que se verá reflejado en la desaparición de los llamados “coyotes” que cobran por realizar los trámites ante algunas dependencias.

“Si uno puede hacer el trámite, bajar el formato, conocer o hacer las citas telefónicas, lo hemos en algunas cosas, como el pasaporte o la licencia, pero siguen habiendo muchos otros trámites que no. Las placas o este tipo de cuestiones”, expresó. 

Las políticas de transparencia se deberán implementar en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, remarcó.

“Algo que fue muy novedoso y que presentó México es que el esfuerzo no se hizo sólo a nivel del Ejecutivo federal, si no que se han sumado otros órganos de gobierno, como el propio Legislativo, que se conoce como parlamento abierto. Ahora también está la idea de que el Poder Judicial, a través de los tribunales abiertos, se pueda sumar a este esfuerzo y también, algo que es muy importante, es que las políticas de gobierno abierto y datos abiertos, se lleven a los estados y a los municipios”, detalló.

Guerra Ford destacó que la transparencia y las políticas de apertura gubernamental deben ser parte esencial de la política.

Es un nuevo elemento que llegó para quedarse y los gobernantes deben mostrar interés en entregar la información que por derecho de los ciudadanos es pública, dijo.

“Es uno de los grandes retos. La ley general marca ya que debe de haber políticas que deben de llevar a cabo los diversos órganos públicos, no importando si es federal, estatal o municipal.

“Las leyes de los estados se están armonizando en esta ley general, por lo tanto tendrán esta obligación y obviamente dependerá mucho de los órganos garantes del Estado que promuevan la transparencia y tendrán siempre el apoyo del INAI para promover estas políticas”.

Un asunto también de ciudadanos

Para Óscar Guerra Ford, las política en materia de gobierno abierto solo darán resultados si los ciudadanos también se involucran, para que exijan resultados y analicen y cuestionen la información.

“Si los ciudadanos hacen de ellos este derecho, lo utilizan haciendo solicitudes, demandando políticas de gobierno abierto, pidiéndole rendición de cuentas a sus autoridades, las autoridades se van a ver forzadas. Uno toca y toca la puerta, si no le abren la va a tirar”, afirmó.

Una sociedad civil más activa y más abierta permite que estas políticas puedan funcionar, agregó.

“Si los gobiernos y los estados no ven esta presión, por decirlo de alguna forma, esta demanda ciudadana, se ponen en su curva de confort y cumplen ahí mediamente lo que hay que cumplir. Si los ciudadanos participan, se preocupan, critican, analizan y proponen, las cosas avanzan”, aseguró Guerra Ford.

Los políticos, remarcó, deben de concientizarse sobre la situación que vive el país y actuar con transparencia y rendición de cuentas, sin importar en ámbito de gobierno en el que se desenvuelvan.


“Estamos en una falta de credibilidad muy importante, de las más bajas que ha habido en la historia del país, esto no le viene bien a nadie, ni a los propios gobernantes, ni a los gobernados, ni a las instituciones, si podemos generar con transparencia, con gobierno abierto, cuestiones en que la ciudadanía confíe”, indicó el funcionario.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.

Sustancia derramada en Buenavista del Cobre no contenía químicos: Profepa

MÉXICO, DF: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó que la sustancia mineral derramada el pasado martes 3 dentro del complejo minero Buenavista del Cobre, en Sonora, contuviera sustancias químicas.

Su destino final fue el nuevo depósito de jales con que cuenta la Planta Concentradora número 2, apuntó.

En un comunicado, el organismo destacó que de acuerdo con estimaciones técnicas, la liberación de carga fue de aproximadamente mil 247 toneladas de mineral molido con 50% de sólidos, agua y cal.

Dicha liberación corrió a una distancia de 100 metros y posteriormente llegó a un cauce pluvial de casi 400 metros de longitud, que descarga sobre el arroyo que conduce hasta el nuevo depósito, puntualizó.

La Profepa precisó que a través de su delegación en el estado de Sonora, tuvo pleno conocimiento del suceso desde las 5 de la mañana del mismo día  en que se registró.

Detalló que como resultado de una visita de inspección realizada al día siguiente del derrame, personal especializado de la dependencia comprobó que el producto de proceso es un material de extracción triturado en fino, que se agrega a una solución acuosa para formar una especie de pulpa o pasta lodosa.

Y sostuvo que como parte de las acciones de respuesta que emprendió la empresa minera, destaca el control de la liberación del material, así como el levantamiento de bordos de contención para asegurar de inmediato que no se dispersara sobre una mayor superficie de suelo natural.


Buenavista del Cobre inició de inmediato los trabajos de retiro del material liberado y la limpieza del lecho del cauce afectado, y constató que éste quedara depositado en la presa de jales, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a Astudillo “solución real” en caso Nestora Salgado

MÉXICO, DF: El gobernador guerrerense Héctor Astudillo se reunió con el cónsul general de Estados Unidos en México, Hugo F. Rodríguez, con quien se comprometió a revisar el caso de Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, presa desde el 21 de agosto de 2013.

En entrevista desde Estados Unidos, la abogada de la activista e integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Alejandra Gonza, dijo que la respuesta de las autoridades de “revisar el caso es siempre la misma”, por lo que habrá que esperar que Astudillo proponga una solución real.

El encuentro entre el cónsul y el gobernador se dio luego de que el 21 de octubre la defensa de Nestora –quien tiene nacionalidad estadunidense– y representantes del Estado mexicano se reunieran con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las medidas cautelares que otorgó a la activista en enero pasado.

A su vez, los representantes de Nestora Salgado a escala internacional pidieron al Departamento de Estado y a congresistas estadunidenses que escalen en la pelea por la libertad de la activista a un nivel diplomático, y tengan un posicionamiento claro, toda vez que la excomandanta lleva ya dos años en prisión.

“Para nosotros resulta de suma importancia la actuación de Estados Unidos y la solicitud directamente a las autoridades de Guerrero de por fin hacer una revisión de este caso; recordemos que este es el tercer gobernador que pasa por el caso”, acotó Gonza.

Héctor Astudillo, quien tomó posesión apenas el 27 de octubre, es el tercer gobernador que “revisará” el caso de Nestora, ya que anteriormente Ángel Aguirre prometió conseguir su libertad, y Rogelio Ortega reconoció oficialmente que ella fue detenida de forma arbitraria e incluso la definió como una “presa política”.

Es por ello que la abogada resaltó que ahora esperan el análisis serio que haga el gobierno de Astudillo, quien ya se reunió con representantes de la CIDH durante la visita del organismo a México entre septiembre y octubre pasados, para documentar la situación humanitaria en nuestro país.

Entre los compromisos del mandatario estatal con la CIDH está la depuración de la Fiscalía General de Guerrero y revisar el caso de Nestora con su familia y abogados, por lo que están a la espera de una fecha para concretar el encuentro y marcar las vías jurídicas para lograr la libertad de la excomandanta.

La abogada insistió en la “debilidad institucional” del estado y en la necesidad de que Astudillo tome una acción concreta y no sólo brinde declaraciones a la prensa.

“En dos años tenemos tres gobernadores y dos fiscales, pero creo que la urgencia con que se tiene que tratar este caso amerita soluciones más claras”, demandó.

Alejandra Gonza señaló además que los abogados que llevan el litigo internacional tienen conocimiento de que se han programado cerca de 15 careos entre la activista y las supuestas víctimas, pero que no se han realizado porque quienes la acusan no se presentan.

A propósito del retraso en el proceso judicial y de que los anteriores gobernadores han señalado que no pueden hacer más que pedir el desistimiento de la acción penal a la Fiscalía estatal, la litigante agregó: “El gobernador es esencial para buscar la liberación y la restauración de sus derechos, así como fue esencial para mandarla presa, tiene distintas formas para hacerlo”.

Y expresó: “Los gobernadores siempre se han justificado con la independencia judicial y con la existencia de supuestas víctimas, pero creo que no han tenido la asesoría suficiente de su equipo para demostrar que el caso de Nestora Salgado ha sido decidido a nivel federal, y que esa decisión debe tener un efecto a nivel estatal”.

En agosto de 2013 un juez declaró inocente a Nestora del delito de delincuencia organizada, pero siguió en prisión acusada de secuestro.

Al respecto, el abogado e integrante de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Sandino Rivero, dijo que la próxima semana en la Primera Sala Penal de Chilpancingo –capital de Guerrero– podría resolverse un recurso de apelación que los abogados, a nivel nacional, interpusieron para pedir la libertad de Nestora.


Los juristas argumentan que a Nestora se le está juzgando dos veces por los mismos hechos, ya que en 2013 fue exonerada y ella actuó en ejercicio de sus funciones, pues al momento de la acusación de secuestro era comandanta de la PC, mecanismo de seguridad estipulado en las leyes estatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

Implican a “El Cebollón” en ataques contra Ejército en Jalisco y en ejecución de alcalde

GUANAJUATO, Gto: Martín Navarro Escutia, El Cebollón, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría involucrado en los ataques en contra del Ejército y civiles del 1 de mayo en esa entidad, y también en el homicidio del edil electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, cometido en junio pasado.

A raíz de la recaptura de Navarro Escutia efectuada el domingo 8 en Querétaro por corporaciones estatales y federales, la Procuraduría de Guanajuato confirmó que el presunto capo del CJNG había sido detenido en mayo del año pasado por esta misma dependencia con un arsenal, drogas, vehículos y otros cinco cómplices, pero fue liberado una semana después por un juez federal de Celaya.

Por esta liberación –que se dio en horas de la madrugada y con el argumento de que se trataba “de un empresario”–, el Ministerio Público federal interpuso un recurso de inconformidad.

Mientras tanto, El Cebollón se estableció en Querétaro, desde donde siguió operando para el grupo delictivo desde mediados del 2014.

Finalmente, fue recapturado el domingo pasado en un operativo en el que participaron ambas procuradurías, PGR, Ejército y el Cisen.

Horas antes, siete de los integrantes del grupo que encabezaba también fueron capturados en Querétaro, informó el procurador de esa entidad, Alejandro Echeverría Cornejo.

El procurador queretano dijo el lunes 9 que Martín Navarro Escutia es señalado como cabecilla en el robo de combustible en esa entidad.

“Ya tenía bastante tiempo operando aquí, porque no solamente operaba en Guanajuato; también era el responsable de muchos de los casos del robo de combustible en Querétaro. Si no de todos, sí la mayoría”, indicó.

Incluso, el procurador afirmó que la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y su operatividad en el estado fue “uno de los paquetes que nos dejaron dentro de las herencias” del sexenio anterior, cuando gobernó el priista José Calzada Rovirosa.

“Ese sujeto ya tenía varios meses operando por aquí. Y seguramente la parte rival de El Cebollón también se encuentra aquí”, advirtió.

Fue el procurador de Querétaro quien reveló que Navarro Escutia “fue el responsable” del homicidio de Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerécuaro por el PVEM.

Sánchez Galán fue acribillado en un negocio de su propiedad junto con dos de sus colaboradores, el 23 de junio.

Igualmente, a El Cebollón se le achaca haber dirigido los ataques en contra de las instalaciones de la Policía Ministerial en Apaseo El Alto, en marzo del año pasado, cuando un comando rafagueó y lanzó una granada contra el inmueble.

No obstante, en aquella ocasión el ataque fue adjudicado a miembros de Los Caballeros Templarios, en supuesta represalia o respuesta a la captura de uno de sus dirigentes, según dijo en su momento la PGJE.

Presente en ataques de mayo en Jalisco

El presunto jefe de plaza del CJNG y los otros siete detenidos fueron trasladados de Querétaro a Guanajuato y puestos a disposición de varios juzgados del fuero común para responder inicialmente por diversas órdenes de aprehensión por homicidio y terrorismo.

Pero además de comandar el robo de hidrocarburos, extorsiones, homicidios y secuestros, Martín Navarro Escutia está señalado en las investigaciones por los ataques cometidos en Jalisco el 1 de mayo pasado, en los que fue derribado un helicóptero del Ejército e incendiados varios vehículos.

Información publicada hoy en El Economista, que cita fuentes oficiales, refiere que Martín Navarro Escutia habría sido quien disparó el lanzacohetes que derribó el helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio de Villa Purificación, en Jalisco, en el ataque encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En esta agresión murieron diez integrantes de la Fuerza Aérea y el Ejército.

Esta tarde, el procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que autoridades de Querétaro, Michoacán y Jalisco han solicitado información sobre el detenido, puesto que está involucrado en varios hechos delictivos en esos estados vecinos, aunque no confirmó su participación en los ataques del 1 de mayo.

También dijo que serán las autoridades de cada entidad las que den a conocer cuáles son los delitos por los que se persigue al presunto capo del CJNG.

En Guanajuato, El Cebollón ya fue vinculado a proceso por un juzgado de oralidad en Apaseo El Grande, donde tiene fincada una carpeta por los homicidios de dos policías municipales, cometidos a mediados de agosto del 2014.

“Se le está poniendo a disposición de los distintos jueces donde se han consignado los expedientes, sin menoscabo de la investigación que se sigue en torno a su participación donde privaron de la vida al alcalde electo de Jerécuaro”, confirmó Carlos Zamarripa.


El procurador refirió que a mediados de octubre fue capturado Javier Navarro Sánchez, El Cebollín, hijo de Martín Navarro Escutia, quien también participó en el ataque en Apaseo El Alto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Llegó el momento de reformar sistema de pensiones: Amafore

México, DF. El momento para reformar el actual sistema de pensiones “definitivamente llegó”, sostuvo este martes Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), que reúne a las empresas privadas que gestionan los fondos de retiro.

En ese sentido, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo supervisor, consideró que “tiene que llegar el momento” en que los diferentes diagnósticos realizados sobre la insuficiencia del sistema para, con los niveles actuales de cotización, garantizar una pensión suficiente “deriven en acciones” de reforma, para lo que es necesario un diálogo nacional sobre el tema.

Un cambio en las leyes para que los patrones obtengan beneficios fiscales a cambio de facilitar las condiciones para que los trabajadores incrementen sus aportaciones voluntarias a sus cuentas para el retiro es impulsado por la industria de fondos para el retiro, como parte de acciones para elevar el monto de las pensiones en los próximos años, que hoy es reconocido por autoridades, expertos y los administradores como insuficiente.

El mecanismo propuesto es adicional a la posibilidad que ya existe en la ley de que un trabajador realice aportaciones voluntarias a su cuenta para el retiro, explicó Carlos Noriega Curtis.

La propuesta consiste en que en automático el patrón traslade a la cuenta para el retiro un mayor porcentaje del salario del trabajador, “pero con la posibilidad de que el propio trabajador pueda declinar esa opción”, dijo Noriega en una conferencia de prensa en que fue presentado el estudio El uso de las ciencias del comportamiento para aumentar los ahorros para el retiro.

Actualmente, un trabajador aporta 6.5 por ciento de su salario a la cuenta para el retiro. Con ese porcentaje de aportación, según varios cálculos, la pensión alcanzaría poco menos de un tercio del salario promedio de los cinco últimos años laborados –siempre que reúna las semanas de cotización–, una cantidad reconocida por autoridades, la industria y expertos como insuficiente para cubrir las necesidades de una persona en retiro.

En la misma conferencia, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo regulador del sistema, apuntó que una aportación de entre 13 y 15 por ciento del salario a lo largo de la vida laboral es la que puede garantizar que un trabajador reciba, al momento del retiro, una pensión equivalente a 70 por ciento de su salario, un porcentaje considerado como apropiado para atender sus necesidades.

La propuesta impulsada por la Amafore, entidad que representa a las empresas que administran los fondos de retiro, va en el sentido de que cada año y de manera creciente se realicen aportaciones adicionales a las establecidas como obligatorias por la ley.

“Puede ser, por ejemplo, medio punto porcentual (del salario) un año y otro medio punto porcentual al siguiente”, explicó Carlos Ramírez. Una parte de la aportación sería financiada por el propio trabajador y otra por el empleador y, es en ese terreno en donde podrían establecerse beneficios fiscales.


“El punto importante de la propuesta es que un trabajador puede decidir salirse de este mecanismo”, insistió Noriega Curtis.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.