miércoles, 11 de noviembre de 2015

Suman más de 6 mil 600 los menores desaparecidos en México: Redim

MÉXICO, DF: Pese a que casi 30% de los casos reportados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) corresponde a menores de edad, no existen políticas públicas para atender el problema, alertó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

Al término de la presentación del informe “La infancia cuenta en México 2015”, Pérez García señaló que de la reciente cifra depurada del RNPED, de 23 mil personas sin ser localizadas, unos “6 mil 676 son personas menores de edad, y el dato más preocupante es que en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años de edad, siete de cada diez son mujeres adolescentes desaparecidas”.

Al aclarar que los registros del RNPED no fueron incluidos en la plataforma de la Infancia Cuenta porque es información que se está actualizando constantemente, Pérez García resaltó que los datos oficiales demuestran la gravedad de las alertas que organizaciones han hecho sobre “desaparición, de robo de mujeres y de trata, ilícitos que están directamente vinculados con acciones presuntamente del crimen organizado”.

Para Pérez García más grave aún es que los datos sobre la desaparición de menores “no están siendo considerados para la toma de decisiones, como alertas de género que se deberían haber emitido a partir de las cifras, tendría que ser una forma urgente para tomar medidas preventivas”.

Luego agregó que el problema tampoco está considerado en el proyecto de ley sobre desapariciones, pues “no están visibilizados los niños o el tema queda reducido a la declaración de ausencia para que las familias puedan registrar a sus hijos y no frenar sus trámites, y lo hemos hablado con Gobernación de que estamos hablando de que entre 25 y 30% de los casos de desaparición por particulares o desaparición forzada son menores de edad”.

En la onceava edición de la Infancia Cuenta en México, Pérez García destacó que entre los temas de preocupación resaltan las altas tasas de homicidios de menores, con entidades que “han estado creciendo en estas cifras, como Guerrero, en tanto que en Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa no se ha dejado de registrar, son estados que para un adolescente se convierten en lugares inseguros”.

Entre los problemas que no varían su tendencia de alarma, dijo, están los embarazos tempranos, sobre todo en rangos de 10 a 14 años, en tanto que en las categorías de 15 a 17 años no disminuyen aquéllos.

El defensor criticó que las autoridades federales consideren como “tasas normales” los embarazos entre chicas de 15 a 17 años, que es de 5%, aunque en estados como Chiapas y Chihuahua los índices son de 8%

“Con motivos diferentes, en Chiapas con una lógica de desprotección a las mujeres indígenas y de pautas culturales o prácticas tradicionales nocivas, y en el caso de Chihuahua por violencia sexual”, aclaró el director ejecutivo de la Redim.

Enseguida dijo que es “inaceptable” que, ocupando el número 11 de las economías en el mundo, “no estemos para nada en la correlación de desarrollo humano con el beneficio a niños y niñas”.

Entre las preocupaciones de la Redim está también la deserción escolar en nivel medio superior, que oscila entre 25 a 30% en las entidades del país, lo que “habla de que estos adolescentes no solamente no pasarán la educación media superior, sino que están condenados a vivir en pobreza”, como lo sostienen estudios de la Cepal.

Peor aún, dijo que “hay una correlación entre adolescentes que no están en la escuela con adolescentes en conflicto con la ley, no es una cuestión de que los adolescente que no están en la escuela van a cometer delitos, sino que es un asunto de desprotección si los adolescentes no están en la escuela y no están protegidos por los sistemas o las instituciones de nuestro país, lo que los hace presa fácil”.

Al abundar sobre la situación de pobreza de los menores, Pérez García destacó que, de acuerdo con los datos de Coneval, “53% de niños en México viven en pobreza, en tanto que 5 millones están en pobreza extrema, eso significa que al menos una vez al día tienen dificultad para comer, pero si son indígenas ocho de cada diez son pobres, eso nos muestra la discriminación institucional y cómo nuestro país, pese a instrumentos y tratados firmados, no ha cambiado que ser indígena en México te convierte automáticamente en pobre”.

También agregó que los estados con más rezago son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y “algunos municipios de como Calakmul, en Campeche, que es de riqueza cultural maya pero es de los más pobres en el país”.

Sobre el eventual debate sobre la legalización de la mariguana, Pérez García advirtió que “abre la ventana para revisar la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico”, como lo recomendó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en la revisión que hizo a México.


También recordó que en su informe del 10 de junio pasado el Comité de la ONU “expresamente pidió al gobierno mexicano revisar la estrategia de lucha contra el crimen organizado, porque el peor impacto que ha tenido esta estrategia ha sido para los niños, niñas y adolescentes, que se refleja en el incremento de tasas de homicidio, así como en el reclutamiento forzado, es decir la narcoexplotación, que el Estado mexicano se ha negado a reconocer, y la desaparición, tema en el que el Comité pide que en la nueva ley de desaparición se incluya el reconocimiento de los niños y acciones a favor de ellos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420429

Presenta PRI en el Senado iniciativa para permitir uso medicinal de la mariguana

MÉXICO, DF: El PRI presentó hoy en la Cámara de Senadores una iniciativa para permitir el uso y la importación de la mariguana y sus derivados con fines médicos.

La senadora Cristina Díaz, exsecretaria general de ese partido, aclaró que la iniciativa establece que queda prohibido en el territorio nacional la producción de cannabis en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

La propuesta, dijo, es exclusivamente para importar el medicamento a base de mariguana requerido para el tratamiento de diversos padecimientos, entre ellos la epilepsia.

“Hay resistencia en pensar que esto ampliaría la posibilidad de abrir o ser permisivos. No, esto sólo habla de la importación de medicamentos que contenga la cannabis para poder atender a ciertos padecimientos”, precisó.

“Esta medida atiende la urgencia de permitir la disponibilidad de medicamentos”, subrayó Díaz. Detalló que con la reforma que propone se plantea suprimir de las leyes de Salud y de Impuestos Generales de Importación y Exportación de la mariguana.

La legisladora explicó que, de aprobarse la iniciativa, el procedimiento contará con un control muy estricto a partir de una Norma Oficial, que se aplicaría bajo la vigilancia de la Secretaría de Salud y otras autoridades sanitarias.


A la sesión asistieron familiares de niños que requieren ese tratamiento, entre ellos los padres de Graciela Elizalde Benavides, conocida como Grace, quien a partir de una suspensión provisional ha podido ser tratada con cannabidiol (CBD), con el que ha tenido grandes mejoras y sus crisis de epilepsia han disminuido considerablemente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420452

6 personas más solicitan a Cofepris permiso para cultivar mariguana

Lo que procede en esta nueva solicitud es la negativa, adelantó Mikel Arriola, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, informó este martes que se recibió una nueva solicitud de permiso para el consumo de mariguana a favor de seis personas.

La petición tiene un plazo de tres meses para ser contestada, “pero seguramente lo haremos previo a eso”, añadió al ser entrevistado al término de la presentación de los detalles de la Cumbre Mundial de Titulares de Agencias Sanitarias Reguladoras de Medicamentos,

Abundó que, aunque lo que procede en esta nueva solicitud es la negativa, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma sólo para cuatro personas, aún tendrán que razonar y fundamentar esa negativa en los plazos legales.

El pasado 4 de noviembre la SCJN avaló un amparo a favor de cuatro ciudadanos, quienes solicitaron en 2013 a la Cofepris una autorización para sembrar, cultivar y consumir mariguana con fines recreativos, pero que les fue negado por la dependencia.

Aunque la resolución de la Corte sólo aplica para las cuatro personas que promovieron el amparo, con cuatro determinaciones más en el mismo sentido se formaría la jurisprudencia, es decir, el Congreso tendría que modificar la legislación vigente o se declararía la inconstitucionalidad de la norma que prohíbe la siembra y el consumo de la mariguana con fines lúdicos.

El abogado Fabián Aguinaco, quien junto con Andrés Aguinaco llevó el amparo hasta la Suprema Corte, explicó lo anterior en entrevista con Aristegui CNN de la siguiente forma:


“Si se siguen promoviendo amparos… la jurisprudencia se formará con cinco casos seguidos en el mismo sentido. Entonces lo que ocurrirá es que la Suprema Corte, ya sea en la sala o en el pleno, tengan que avisarle al Congreso para que ellos tomen las medidas necesarias y si en 90 días no lo hacen, por primera vez tendrán que hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, señalando que esas leyes son inconstitucionales y que no son aplicables”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/6-personas-mas-solicitan-a-cofepris-peticion-para-el-consumo-de-mariguana/

Gobernador de Querétaro ignora cuántos desaparecidos hay en su estado

QUERÉTARO, Qro: El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, admitió esta tarde que, luego de un mes y 10 días de tomar el cargo, ignora la cifra de personas desaparecidas en el estado.

Familiares de personas desaparecidas marcharon desde la Universidad Autónoma de Querétaro hasta las afueras de las oficinas del mandatario para denunciar que, pese a solicitar una cita con él, sus subalternos les dijeron que estaba “muy ocupado”.

Sin embargo, el gobernador salió a atenderlos personalmente e hizo el compromiso de recibirlos el próximo lunes para analizar cada uno de sus casos.

“Yo quiero trabajar con ustedes, yo alcé la voz por ustedes cuando estaba en campaña. Que la autoridad, el gobierno que terminó nunca los atendió, nunca quiso enfrentar, nunca quiso decirles el número de desaparecidas y desaparecidos y el procurador pasado nunca quiso hablar del tema”, les dijo.

Yadira, quien busca a su hermano desde el 2006, le preguntó sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas. Éste reconoció públicamente que “aún” no cuenta con ese dato.

–¿Señor gobernador, ya tiene usted las cifras de (personas) desaparecidas en Querétaro?, preguntó la mujer.

–Mira, es que han sido irregulares, unas organizaciones dicen un número, otras organizaciones tienen otro número, se excusó el mandatario.

–¿Y cuáles son las que tiene usted?, le insistió Yadira.

–Unos me dicen ciento y pico, otros dicen doscientos y pico y hay quien dice mil, afirmó el gobernador de Querétaro.

De igual forma, el secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres negó que tengan la cifra. Aseguró que en la administración trabajan en una “depuración de las cifras” porque –afirmó– hay casos de gente que está en Estados Unidos y que “por cuestiones de migración no se puede acercar”.

El funcionario estatal insistió en que a la fecha no cuentan con una cifra oficial: “No existe todavía, como lo acabo de puntualizar, una cifra oficial, sino un trabajo de depuración en razón de las cifras oficiales que había de la administración anterior, las cifras de los organismos no gubernamentales y las cifras incluso que están a nivel del sistema nacional de Seguridad Pública”.

Brenda Rangel Ortiz, integrante de la organización Desaparecidos Justicia, consideró “preocupante” que Domínguez Servién “nos diga que no sabe la cantidad de personas desaparecidas en Querétaro”.

La organización tiene el reporte de 21 casos de familias queretanas que tienen alguno de sus seres queridos desaparecidos.

El procurador de justicia de la pasada administración Arsenio Durán Becerra reportó públicamente la ausencia y/o extravío de al menos 260 personas en Querétaro. No obstante, aclaró que de manera oficial no tenían un solo caso como delito de desaparición de particulares o desaparición forzada.

Durante el encuentro entre el gobernador y familiares de personas desaparecidas, una mujer se quejó de la falta de apoyo por parte del exprocurador, Juan Martín Granados Torres (2003-2009), actual secretario de Gobierno del estado.

Se trata del mismo funcionario que en su carácter de procurador emitió un acuerdo para que las agencias del Ministerio Público no iniciaran una averiguación, ante el reporte de desaparición de personas. En vez de eso, les pidió abrir sólo una constancia de hechos. Tal decisión derivó en que los casos no fueran investigados.


Tras localizar a seis personas sin apoyo de las autoridades queretanas, familiares participantes de Desaparecidos Justicia dijeron que tienen esperanza de que el gobernador se sume a buscar a sus seres queridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420450.

Juez absuelve a joven que pasó dos años en prisión acusada de extorsión y sujeta a tortura

CHIHUAHUA, Chih: Luego de permanecer dos años y tres meses en prisión, Cristel Fabiola Piña Jasso, sobreviviente de tortura sexual por parte de agentes estatales y acusada de pertenecer a una banda de extorsionadores, fue absuelta por falta de pruebas.

Junto con ella fueron absueltos Leonardo Gilberto de la O Ramos, pareja de la joven de 25 años, y Eduardo Estrada Calderón quienes también fueron torturados y acusados de pertenecer a la banda de extorsionadores.

La juez Florina Coronado Burciada los absolvió del delito de extorsión contra un comerciante porque no encontró elementos para inculparlos y ordenó investigar a los policías que los torturaron.

La sentencia será emitida el próximo 17 de noviembre, ya que los tres deberán permanecer en prisión hasta conocer si el Ministerio Público impugna a través de un recurso de casación.

En el juicio coadyuvaron representantes de la organización Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y asistieron como observadores del juicio Medeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional (AI), y dos personas más.

La representante de AI consideró que la absolución de la mujer de 25 años, quien fue torturada para confesar el crimen de extorsión, es una buena noticia pero México debe asegurar que los responsables del abuso que sufrió enfrenten a la justicia y a ella reciba reparación de daño.

“El hecho que una joven fue forzada a pasar dos años en prisión después de haber sido torturada para confesar un crimen dice mucho sobre el estado del sistema de justicia en México”, señaló Erika-Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado emitido luego del fallo.

“Mientras que la absolución de Cristel es una buena noticia, no se hará justicia hasta que quienes la torturaron sexualmente hasta que confesara un crimen sean puestos tras las rejas y se envíe un fuerte mensaje que la tortura nunca es aceptable”, agregó.

El juicio oral inició el pasado 16 de octubre en el Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez.

El Centro Paso del Norte y el Centro Agustín Pro, denunciaron que la familia de Cristel ha sido amenazada y hostigada por haber puesto la denuncia por tortura.

A finales de septiembre del 2015 al padre de Cristel, Rafael Piña, le cerraron el paso dos vehículos cuando se dirigía en su auto a su trabajo, los dos conductores bajaron para decirle: “ya no hables porque te vamos a dar en la madre”.

Las últimas semanas también llamaron por teléfono a la casa del señor Piña a diferentes horas y en diferentes días, pero nadie responde.

Hace dos años tres meses, Cristel Fabiola Piña y su pareja fueron sustraídos de su domicilio en Ciudad Juárez de forma violenta por elementos de la Policía Única Estatal y agentes ministeriales de la Fiscalía Zona Norte.
Los tres fueron torturados física y psicológicamente, y Cristel además sufrió abuso sexual durante unas 15 horas continuas.

Dos días después de su detención Cristel, Eduardo y Leornardo fueron presentados ante los medios como integrantes de una banda de extorsionadores.

En marzo de 2015 el caso de la juarense de 25 años se incorporó públicamente a la campaña nacional: “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.


Cristel, Eduardo y Leonardo de la O fueron acompañados en su lucha jurídica por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420358

En sanciones electorales, restricción a candidatos, no sólo multas: Carrasco

Al rendir su informe ante la Suprema Corte, el presidente del TEPJF propone " la eventual redefinición del esquema sancionatorio respecto de conductas que trastoquen el modelo de comunicación política en forma grave".

Las multas económicas no deben ser la única sanción a partidos y candidatos que trastoquen gravemente el modelo de comunicación política, sostuvo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza.

Al rendir este martes su informe anual en la Suprema Corte de Justicia, el magistrado propuso restringir también la participación de partidos o candidatos cuando incurran en esa conducta.

Sin mencionar al Partido Verde Ecologista de México, que en el proceso electoral 2014-2015 cometió una serie de graves irregularidades, incluido el trastrocamiento del modelo de comunicación política, Carrasco Daza expresó:
“Es impostergable reflexionar acerca de temas coyunturales relacionados con la instrumentación de los procesos electorales…(incluida) la eventual redefinición del esquema sancionatorio respecto de conductas que trastoquen el modelo de comunicación política en forma grave, para que la punición no se concentre esencialmente en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y candidatos, y se transite a medidas de carácter funcional que establezcan, como consecuencia jurídica, restringir la participación de partidos políticos o candidatos en los respectivos procesos electorales o subsecuentes, ya que finalmente las multas se pagan con financiamiento público, lo que pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la sanción”.

Carrasco Daza se refirió también al déficit del Estado ante la actual crisis de autoridad. Lo hizo en estos términos:
“En el ámbito de la transparencia, la deliberación apunta a que acciones de gobierno públicas y abiertas pueden atemperar el déficit que presenta el Estado ante la visible crisis de autoridad, en buena parte de nuestro desempeño gubernamental.
“El débito con el derecho a la información ha determinado como presupuesto en la agenda de políticas públicas una dinámica de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica, componentes en nuestro caso de un esquema de Tribunal abierto.
“El Pleno de la Sala Superior acordó el 8 de junio de 2015, adoptar un modelo de justicia electoral abierta, tomando como base los pilares de la Alianza por el Gobierno Abierto.
“Así, en la búsqueda de adecuar la labor jurisdiccional a las nuevas realidades tecnológicas, se creó la aplicación Tribunal Abierto, que fue presentada en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en días pasados, por el magistrado Salvador Nava Gomar, quien preside la Comisión de Transparencia, la cual, ha promovido una perspectiva de la información como patrimonio social. La aplicación ha sido ampliamente aceptada, a pocos días de su implementación.
“Esta herramienta permite consultar los avisos de sesión pública, la síntesis del sentido de las sentencias más relevantes, los boletines de prensa, el canal de televisión por internet en el propio dispositivo móvil, una liga para comunicarse telefónicamente, así como un apartado que contiene información destacada del desempeño Tribunal. La página oficial ha recibido más de 2.5 millones de visitas y de ella se han descargado más de 108,000 documentos.
“La sociedad puede consultar hoy lo relacionado con la gestión y aplicación de los recursos económicos presupuestados para el Tribunal en tiempo real en un micrositio especializado en el cual se publican las remuneraciones mensuales de sus funcionarios, la información vinculada con las comisiones oficiales, el catálogo de puestos, el presupuesto asignado, los resultados de auditorías, así como las sesiones públicas que ahora realiza el Comité de Adquisiciones.
“A través de ese insumo tecnológico se pone a disposición de la ciudadanía información útil en materia electoral, como la relativa al contenido, alcance y a medios de defensa de sus derechos”.
Datos y cifras en el informe anual del presidente del TEPJF:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/en-sanciones-electorales-restriccion-a-candidatos-no-solo-multas-carrasco/

Diputados dejan en suspenso privatización del Pensionissste

MÉXICO, DF: La Cámara de Diputados dejó en suspenso la aprobación de la propuesta presidencial para privatizar el Pensionissste.

En la sesión de la Comisión de Hacienda que preside la panista Georgina Cruz, y a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se determinó analizar la pretensión de pasar a las afores privadas poco más de 56 mil millones de pesos.

El PAN había estado presionando a la Comisión de Seguridad Social, que encabeza el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para que emitiera su opinión respecto de la propuesta del gobierno federal que se presentó con el paquete económico el pasado 8 de septiembre, debido a que sin ella no podría dictaminarse.

En dicha comisión, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) lograron mayoría y avalaron la privatización del Pensionissste, sin embargo, este martes diversos sindicatos pertenecientes a la burocracia tomaron los alrededores de San Lázaro en rechazo a la modificación.

Lo anterior llevó a que en la Comisión de Hacienda se determinara dejar en suspenso y no votarse, sino hasta después de que se apruebe esta misma semana el Presupuesto de Egresos de la Federación.


Durante la sesión de este martes no se estableció fecha, pero por lo pronto el PRD presentó una propuesta alternativa a la del Ejecutivo federal para hacer más competitivo al Pensionissste.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420432.

Cuestionan familiares de desaparecidos a PGR por cambio de agentes del MP

Denuncian la falta de visión estratégica de la dependencia y de la mínima sensibilidad hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos.

Organizaciones de la sociedad civil y 34 colectivos de familiares de personas desaparecidas cuestionaron a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, por haber  hecho cambios de agentes del Ministerio Público que afectan y le quitan importancia a varios de sus casos.

En una carta dirigida a la titular de PGR, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México denunció que se movieron a agentes del Ministerio Público que estaban en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas hacia la nueva Unidad Especial para Ayotzinapa.

“Expresamos nuestro rechazo a esta decisión de la Procuraduría que usted encabeza y reprochamos la falta de visión estratégica y de mínima sensibilidad de las autoridades hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos y empujar a las precarias estructuras del Estado responsables de esta labor”, dice la carta difundida el 9 de noviembre.


México D.F., a 9 de noviembre de 2015

Procuradora Arely Gómez

Procuraduría General de la República

El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas, junto con las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan y otras organizaciones y personas solidarias, nos dirigimos a Usted para exigir un trato digno y sin discriminación a las familias de las personas desaparecidas y sus representantes, y un plan nacional de búsqueda de manera inmediata.

Nos hemos enterado que el pasado 4 de noviembre de 2015, familiares de personas desaparecidas, integrantes de este movimiento, que llevan sus casos en la hoy llamada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recibieron la noticia de que varios de los Agentes del Ministerio Público Federal que hasta ahora eran responsables de la búsqueda e investigación de sus casos, serían asignados a la recientemente creada Unidad Especial para Ayotzinapa.

Como verá en la lista de firmantes, muchas de las familias de los colectivos que conforman este Movimiento Nacional nos vemos afectados por esta decisión. Estos cambios representan un retroceso en las investigaciones que con gran esfuerzo de los familiares y la cooperación de los AMPF se había logrado impulsar. Pero además, la decisión no fue comunicada de manera digna a los familiares, pues no ofrecieron una explicación completa, ni alternativa alguna o medidas para subsanar los impactos negativos de este cambio, lo que este Movimiento califica como desinterés, discriminación y maltrato. Si bien esta decisión de la PGR fue modificada parcialmente, revocando el cambio de una de las AMPF, esto no ofrece una solución integral a todas las víctimas afectadas por los cambios ni el agravio por la forma en que la decisión fue comunicada.

Los colectivos que conformamos este Movimiento y las personas y organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo a esta decisión de la Procuraduría que usted encabeza y reprochamos la falta de visión estratégica y de mínima sensibilidad de las autoridades hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos y empujar a las precarias estructuras del Estado responsables de esta labor.

Manifestamos nuestra solidaridad a la lucha de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, y nuestro apoyo a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Consideramos que el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos brinde resultados y las investigaciones avancen, al igual que en todos los miles de casos de personas desaparecidas en nuestro país.

No es quitando los pocos recursos de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas como el Estado mexicano va a cumplir con sus responsabilidades y acuerdos internacionales, por el contrario, las instituciones deben contar con el personal, las capacidades y los recursos necesarios para que la atención de unos casos no vaya en detrimento de otros. Desde su creación la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no ha contado con el personal ministerial necesario, policía de investigación, la tecnología ni recursos necesarios, no tiene una metodología adecuada ni planes de búsqueda desde una perspectiva contextual y no ha mostrado un empuje ni liderazgo en la identificación de restos humanos en fosas comunes y clandestinas como parte de una estrategia integral de búsqueda.

En este sentido, la UEBPD nunca fue una respuesta adecuada frente a la magnitud de la crisis de desapariciones en nuestro país y desgraciadamente observamos, que a pesar del cambio a Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, persisten las mismas deficiencias en esta instancia, y por lo tanto, no está en capacidad para realizar la búsqueda de las personas desaparecidas ni las investigaciones como lo requiere la crisis de desapariciones que vive el país.

Por lo anterior, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, junto con las organizaciones y personas solidarias firmantes, exigimos a Usted que:

Respeten el derecho a la verdad de las víctimas y familiares, incluyendo el acceso a información clara y oportuna sobre las investigaciones;

Promuevan y respeten el derecho a la consulta y a la participación en las investigaciones, y mecanismos de comunicación, transparencia y de rendición de cuentas, que sean respetuosos de la dignidad y los derechos de las víctimas.

Brinden una respuesta seria y profesional a las y los familiares de personas desaparecidas afectadas por el cambio de los Ministerios Públicos, que deberá ir más allá del nombramiento de un nuevo Ministerio Público y que deberá incluir un plan de trabajo para cada investigación, y los recursos humanos y materiales que garanticen resultados prontos en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Fortalezcan y reorganicen la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recuperando los estándares y buenas prácticas internacionales, y dotando a esta instancia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que la búsqueda e investigación se realice de manera integral, coordinada e inteligente.

Reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos y rechazamos cualquier distinción o intento de dividir nuestras luchas por parte de las autoridades. Nos faltan todos los desaparecidos y todas las desaparecidas, nuestro movimiento es por el derecho a la búsqueda, la verdad y la justicia de todas las personas desaparecidas y de la sociedad.

Atentamente,

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Integrado por: Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí; Colectivo 21 de Mayo (Tamaulipas); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); El Solecito de Veracruz (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Nacional de Enlaces; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida (Culiacán) Cauce Ciudadano-Red Retoño (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (Chihuahua); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. (Distrito Federal); Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ) (Distrito Federal); Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. (Guerrero); Dirección de Atención a Víctimas – Universidad Autónoma del Estado de Morelos, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C, Taller de Desarrollo Comunitario A.C.


A título individual: María Emma Mora Liberato, J. Guadalupe Téllez Castrejón, Carlos Ríos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/cuestiona-familiares-de-desaparecidos-a-pgr-por-cambios-de-agentes-del-mp/

“Nosotros no somos Rojos”: Omar, normalista de Ayotzinapa

El celular del normalista fue intervenido y la conversación que se dio a conocer está "descontextualizada", asegura.

Desde Tixtla, Guerrero, Omar no tiene duda: detrás de la nota firmada por Carlos Marín (Van ‘Ardillos’ por presuntos ‘Rojos’ en Ayotzinapa) hay un intento más del gobierno por relacionar a los normalistas de Ayotzinapa con el crimen organizado. 

Aunque acepta que es su voz la que se escucha en una llamada telefónica intervenida, asegura que la conversación con uno de sus compañeros de la Normal fue sacada de contexto.

Para el normalista, identificado públicamente como Omar García, la nota forma “parte de la cadena de acusaciones que han venido orquestando desde los primeros meses del movimiento, mucho más ahora con el estreno de su peliculita esa de La Noche de Iguala, incluso después del informe de los expertos nosotros vimos una campaña de descalificación hacia los mismos”.

En la nota publicada en el diario Milenio, se señala que “dos grupos de la organización delictiva Los Ardillos intentaron hace 20 días irrumpir en la Normal de Ayotzinapa con el propósito de levantar a cuatro estudiantes… a quienes identifican como miembros de la banda de Los Rojos“.

Un día después de la noticia publicada en el periódico de circulación nacional, Omar toma una llamada telefónica de Aristegui Noticias, responde a las acusaciones y advierte que la entrevista está siendo grabada también por quienes tienen intervenido su celular.

-La llamada ¿efectivamente sucedió?

-Sucedió en parte, ahora las tecnologías son capaces de alterar y de modificar, de editar…

-¿Está editada?

-Está totalmente descontextualizada, por lo tanto nosotros creemos en primer lugar que es una violación a la ley, a la privacidad de las personas, hacer ese tipo de cosas.


El mismo Carlos Marín defendió a Lorenzo Córdova (presidente del INE) cuando éste fue interceptado en sus llamadas, ¿no? Ahora él mismo lo está haciendo y forma parte de este juego. Entonces creemos que está descontextualizada (la llamada), hay afirmaciones que no son…

-¿Quieres decir que está editada la llamada?

-Sí, en parte…

-¿Pero sí hacen mención a la entrada de Los Ardillos?

-No, mira, nosotros mencionamos a Los Ardillos porque es del conocimiento de la población de Tixtla que esos tipos llegaron a principios de octubre, como el 2 de octubre, a Tixtla, a arrebatarles la plaza a los contrarios, por lo tanto la mención de Los Ardillos estaba a la orden del día, tanto nuestra como de la población aquí. Nosotros teníamos miedo de que fuera parte de una estrategia gubernamental y dado que los compañeros salen de noche, o salen durante el día en las actividades en Tixtla, fueran a decir que somos Rojos, acuérdate que al haber un grupo de Los Ardillos aquí, dado que la vinculación de nosotros con Los Rojos ha sido desde el principio, es un tema por el cual tenemos temor de que nos vincularan con ellos.

-¿Quiénes son Los Ardillos?

-Nosotros igual no tenemos mucha información, quienes llegaron se presentaron así y lanzaron comunicados por ahí a la población y otras cosas, pues solamente eso… Entonces la discusión entre los compañeros, en llamadas telefónicas, mensajes y demás fue el de: oigan, tengan cuidado, ya no salgan de noche, nos van a confundir con Rojos, dicen que andan los Ardillos… Esas palabras siempre abundaron en nuestras conversaciones.

-¿De ti editaron mucho o poco en la llamada?

-Mira, la población tiene que entender que nosotros también nos hacemos nuestros propios planteamientos, creo que yo he sido claro en todas las entrevistas que he dado, en las conversaciones al público, de que no sólo se trata de ver hacia afuera sino también de ver hacia adentro, de manera permanente. Nosotros también nos hacemos nuestras propias preguntas, tenemos nuestras propias dudas, revisamos nuestra estructura, nuestros compañeros estudiantes… para ver si en dado caso algún compañero estuviera vinculado, nosotros lo hacemos con el propósito de no esconder nada, es un proceso interno de vigilancia interna que nosotros hacemos…

-Y en esa vigilancia interna, ¿es posible que alguno esté involucrado con el crimen organizado?

-Las probabilidades son como en cualquier otra escuela, o sea aquí también los chavos toman, aquí también unos llegan a ingerir algún otro tipo de cosas, igual que en cualquier otra institución, no voy a decir nombres, pero, carajo, de eso a que estemos vinculados con Los Rojos o que haya habido un trato para desaparecer a nuestros compañeros o un acuerdo, pues eso está muy lejos.

-En la llamada identifican a algunos compañeros…

-Está descontextualizado, (los mencionados) porque cometieron una indisciplina, mira, yo soy del Comité de Orden y Disciplina, soy el presidente, se supone que soy el que vigila, el que aplica la sanción si algún compañero incurre en faltas a los reglamentos internos, yo hablo todo el tiempo de eso, ahí están nuestros grupos internos de Whatsapp… que tal anda borracho, o que El Botas no fue a una actividad, o no asistió a la marcha o cosas así, entonces de ahí van sacando los nombres, igual que cuando sacaron el nombre de El Cochiloco (uno de los desaparecidos), de los demás compañeros… de nuestras declaraciones.

-Siendo presidente del Comité de Orden y Disciplina, ¿no has encontrado una situación mayor?

-No, mira, es que nosotros somos muy estrictos, la población tiene que tener conocimiento de antecedentes: en 2011 por ejemplo se expulsó a 2 chavos que andaban distribuyendo acá, droga, se les expulsó y en respuesta vinieron las personas armadas a amenazar al comité estudiantil, a los de Orden y Disciplina. Aún así, fueron expulsados… eran de segundo año, eran parte del menudeo, fueron a agredir a los comité pero ni madres, no pudieron, se les expulsó porque nosotros no permitimos ese tipo de cosas.

-¿Ellos pertenecían a algún grupo local?

-La verdad no sabría, no tengo conocimiento de cómo funcionan esos grupos…

Sobre sus distintos apellidos, Omar dice que en la Normal “acostumbramos eso… no nos cubrimos la cara pero tratamos de tener una especie de protección, pero a nivel legal, en las audiencias, mi nombre está tal cual y ellos lo saben”.

A la postre de la conversación, sentencia: “Nosotros no somos Rojos”. Pero antes dice que incluso si lo llegaran a detener, “me voy a reír”. 

-¿…Por qué (la risa)?
-Porque hemos dicho muchas cosas que no les han gustado, porque hemos puesto en la mirada de los mexicanos y de los extranjeros la situación que se vive en México, entonces como dijeran los zapatistas: aunque perdamos ya ganamos. Y aunque nos pase algo, hemos dicho muchísimas cosas que muchos no han tenido la oportunidad de decir. Nos congratulamos de haberle dado unas pedradas por lo menos a este sistema. 

Omar indica que desde la noche de Iguala los normalistas han sido vinculados a Los Rojos, y ahora “si le pasa algo a alguien (de la Normal) van a decir que son Rojos, se trata de crear una condición adecuada que les permita actuar. No es que vayan por 4, yo les digo que vienen por todos, porque en la lógica de ellos, todos los de Ayotzinapa somos Rojos y así le pase lo que le pase a cualquiera, van a decir que somos Rojos, de ahí no nos van a sacar, por eso no debemos de caer tanto en su juego… desde la lógica del sistema todos somos delincuentes y ellos son los santitos”.


El lunes, el normalista publicó en su cuenta de Facebook el mensaje titulado “Rojos otra vez”:

ROJOS OTRA VEZ"La mujer del tiempo anuncia un huracán"Cuando finalmente la autoridad federal se hizo cargo de la...
Posted by Omar García on lunes, 9 de noviembre de 2015


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1011/mexico/nosotros-no-somos-rojos-omar-normalista-de-ayotzinapa/

Consumidores de drogas: la criminalización por consigna

MÉXICO, DF: “La criminalización que de facto existe en México hacia los usuarios de sustancias ilícitas favorece su marginación y la transgresión de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la autonomía, a la no discriminación, a la salud, a la información y al debido proceso”, señala El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México, investigación elaborada por Catalina Pérez Correa y Karen Silva Mora.

Agrega que esa criminalización “significa también el gasto de recursos institucionales para el procesamiento penal” de los consumidores.

Publicada el año pasado y auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la investigación se sustenta principalmente en estadísticas de diversas dependencias públicas del sector salud y del ámbito de procuración de justicia.

De entrada presenta un panorama global sobre el consumo de drogas ilícitas en el país.

Apunta: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, cerca de 1.200,000 personas habían consumido alguna sustancia ilícita en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta”.

Todas estas personas están expuestas a ser tratadas como “delincuentes”, pese a que “el consumo de sustancias ilícitas no es un delito”. Pero en los hechos, recalca, “los datos muestran que el consumo es manejado como delito en nuestro país”.

Y luego detalla las “dos formas” en las cuales se criminaliza a los consumidores, incluso hasta llevarlos a prisión.

Expone: “Por una parte, cuando consumidores portan cantidades iguales o inferiores a las señaladas en la tabla de dosis máximas de la Ley General de Salud, son detenidos y procesados por consumo por las instituciones penales federales y locales.

“Por otra, cuando poseen cantidades superiores a las señaladas, son detenidos y procesados, siendo en este caso equiparados a narcomenudistas y castigados por el sistema penal como tales, lo que implica la imposición de penas de prisión”.

A escala nacional fueron detenidos 140 mil 860 consumidores entre 2009 y 2013, de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de la República. El informe indica que las entidades donde hubo más detenciones fueron Jalisco, el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.

En ese mismo periodo –sigue el estudio– en el sistema federal se iniciaron 53 mil 769 averiguaciones previas por consumo de droga. Y “aunque no fueron sancionadas penalmente, se trata de personas que estuvieron sujetas a un proceso penal. Es decir, fueron llevadas ante el Ministerio Público y se inició un proceso penal en su contra”.

La investigación indica que en la “población carcelaria” también se refleja “la importancia de los consumidores como objetivo del sistema de procuración de justicia”.

Estadísticas

Con base a la Primera Encuesta en los Centros Federales de Readaptación Social, elaborada en 2012, el estudio detalla: “40.7% de los internos sentenciados en los centros federales afirmó estar sentenciado por transporte de drogas, 38.5% por posesión (traer consigo), 15.4% por vender al menudeo, 8.9% por traficar, 4.9% por vender al mayoreo, 3.2% por ‘fomento al narcotráfico’, 3.0 % por suministro, 1.8% por consumo y 1.8% por plantar o cultivar drogas”.

Señala que a pesar de ponerse en marcha la Ley del Narcomenudeo, que pretendía “descargar” en los sistemas penales estatales “una parte importante de los casos que saturaban al sistema federal”, las cosas no han sido así, pues las autoridades federales siguen procesando casos que competen al “orden local”.

De 71 páginas, El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México alude igualmente a los “tratamientos forzosos” a los cuales son sometidos muchos consumidores de drogas.

Aporta las siguientes cifras: “Entre 2009 y 2012 se iniciaron 7,797 tratamientos forzosos a ‘farmacodependientes’ (el término usado en la ley para referir a los consumidores que se consideran problemáticos); de ellos, 82% ha concluido el tratamiento”.

Menciona a Baja California, Nayarit y Morelos como los estados donde más abunda este tipo de atropello contra los derechos humanos de los consumidores. Sólo la primara entidad acapara 68% de los tratamientos forzosos del país.

Señala que la mariguana es la “droga ilegal” de “mayor consumo” en México –con una “prevalencia anual” de 1.2%–, seguida por la cocaína –con una prevalencia de 0.5%–. Pero ambas drogas están muy por abajo del consumo del alcohol y el tabaco, con prevalencias de 51.4% y 21.7%, respectivamente.

También están muy por abajo como causas de muerte. Por ejemplo, la mariguana fue detectada en 2.1% de las muertes por “accidente”; el alcohol, en 90.2 %. En “homicidios”, la mariguana se detectó en 5.8% de los casos, y el alcohol en 81.8%; en los “suicidios”, la mariguana en 2.6% y el alcohol en 87%, según datos de 2012 de la Secretaría de Salud.

Por otro lado, la investigación indica que aunque hay “varias ramas del derecho” que regulan el uso de sustancias ilícitas en México, es sin embargo la rama penal la que principalmente se le aplica a los consumidores de droga.

Agrega: “Para muchos de los usuarios de sustancias ilícitas el consumo ha implicado caer bajo la actuación directa de las instituciones penales, con todos los costos que ello implica. Para otros, ha significado el riesgo de participar en mercados ilícitos y de consumir sustancias de procedencia y calidad desconocida”.


Y concluye: “Aunque existe cierto consenso, tanto a nivel nacional como internacional, respecto a que el consumo no debe ser un asunto de índole penal, sino uno de salud, la respuesta del Estado mexicano ante el consumo de sustancias ilícitas ha sido principalmente la de perseguir penalmente y marginar socialmente a los usuarios”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420362

Ordena INAI a la SEP entregar documentos relacionados con la muerte de un menor en Puebla

México, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que busque y entregue a una madre de familia todos los documentos relacionados con el fallecimiento de su hijo, ocurrido el 28 de enero de 2015 en la escuela secundaria federal número 5, ubicada en San Felipe Hueyotlipan, Puebla.

La SEP se declaró incompetente para conocer lo documentos y orientó a la solicitante a dirigir su petición ante la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Puebla.

La particular consideró “inverosímil” y “poco creíble” que la dependencia no cuente con la información requerida, y presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora.

En alegatos, y luego de asegurar que buscó los documentos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, y en la Subsecretaría de Educación Básica, la dependencia declaró la inexistencia de la información y reiteró que la instancia competente es la secretaría estatal.

No obstante, al analizar el caso se determinó que la SEP sí es competente para conocer la información requerida.

En un comunicado, el INAI precisó que como autoridad educativa federal, la dependencia tiene entre sus atribuciones: crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa, que permite una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas.

Asimismo, corroborar que el trato hacia los educandos corresponda con el respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y la demás legislación aplicable a los niños y jóvenes.

De igual manera, coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo la responsabilidad de los supervisores escolares.

También, instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servidor público educativo.

Adicionalmente se verificó que la dependencia firmó 15 compromisos con autoridades educativas del país, con el fin de definir la participación de docentes, alumnos, padres de familia y autoridades federales y locales, para tener escuelas libres de violencia, con una cultura apegada al respeto de los derechos humanos.

Por lo anterior, el INAI concluyó que la SEP no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, como la Unidad de Coordinación Ejecutiva, la Coordinación General de Delegaciones, la Delegación Federal Puebla y la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa.

En ese sentido, revocó la respuesta de la SEP y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de la información, a fin de entregar a la particular los documentos de su interés.

Entre esos documentos destacan los elaborados por servidores públicos de la dependencia (actas, memorándums, oficios y correos electrónicos); los intercambiados y recibidos con otras dependencias; los que expongan los motivos por los cuales el director del plantel educativo dejó su cargo en el momento de los hechos; los que avalen el acercamiento de la dependencia hacia la solicitante o su esposo, y los que den cuentas de las medidas adoptadas para prevenir sucesos similares.

Al presentar la resolución ante el Pleno, Puente de la Mora aseguró que en estos casos el ejercicio del derecho de acceso a la información se convierte en un vínculo para que los padres de familia puedan dar seguimiento a las medidas de seguridad implementadas por las escuelas para prevenir y combatir la violencia entre menores.


Expuso que 2014 fue el año para el combate al acoso escolar, y al respecto refirió que el gobierno de México ha emitido varias leyes, programas y acuerdos encaminados a proteger a los menores de edad en diferentes contextos, fundamentalmente en el escolar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420355

martes, 10 de noviembre de 2015

Exbraceros se plantan frente a Casa Blanca de Peña y La Gaviota: “A ver si les da vergüenza…”

MÉXICO, DF: “¡Ya llegaron los discos, éntrenle!”, anuncia un hombre refiriéndose a que ya hay tortillas calientes para echar el taco. Son las 15:30 horas y afuera de la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto se preparan para comer unos 30 exbraceros y sus familiares que desde el pasado domingo se instalaron en plantón permanente frente a la puerta de la millonaria mansión.

“Venimos a la casa del presidente a ver si le da vergüenza vernos aquí y ya nos da nuestro dinero”, dice María de los Ángeles García. “No le pedimos limosna, es el dinero que nuestros braceros trabajaron hace muchos años”, agrega Natalia González.

Frente al número 150 de la calle Sierra Gorda, colonia Lomas de Chapultepec, esposas, hijas, nietos y los mismos exbraceros saborean el caldo de pollo que hoy tienen la suerte de comer, mientras ven pasar los autos de lujo, los autobuses escolares y las patrullas una y otra vez, mientras se ahonda la diferencia entre los que tienen de sobra y los que no tienen prácticamente nada.

“Mire la casota que se mandó a hacer este señor, todos los viajes que hace con la Gaviota y uno a veces no tiene ni para los frijoles. Eso no se vale”, comenta otra mujer entre las casas de campaña, colchonetas, cobijas, techos de hule, bancos de plástico y la esperanza de que esta vez reciban respuesta positiva a sus demandas.


Dos niños juegan en la banqueta mientras escuchan las reflexiones de los grandes sobre las injusticias del gobierno mexicano. Una mujer lava en cubetas los platos de plástico que se usaron en la comida. Otra recoge los trastos de la cocina improvisada –con todo y tanque de gas– que instalaron junto a un árbol y la puerta principal de la mansión.

Las demandas

Originarios de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Oaxaca y Querétaro, los exbraceros y familiares de los que ya murieron están ahí para exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo la asignación de mil 523 millones de pesos para el “apoyo social” que años atrás le prometieron a 40 mil 87 extrabajadores que participaron en el Programa Bracero en el siglo pasado.

Jesús Muñoz, presidente de la Asociación Civil de Exbraceros, explica en entrevista que esa cantidad es apenas uno de los acuerdos a los que, por decreto, se comprometió el gobierno federal, pero a la fecha no se ha cumplido.

Una segunda exigencia en agenda es la elaboración de un “verdadero programa de pago” de la “deuda histórica” que el gobierno mexicano tiene con los que en su juventud se fueron a trabajar a los campos de Estados Unidos. “Somos 240 mil los afectados a los que nos retiraron el 10% de las ganancias de nuestro trabajo y a más de medio siglo no nos lo quieren dar”, asegura Muñoz Ávalos.

Como tercera demanda, exigen que se abra un nuevo padrón para incorporar a todos los extrabajadores que no se inscribieron en el programa debido, dice, a que no hubo la suficiente difusión; “lo hicieron secretamente”.

Además, solicitan la reinstalación de la comisión especial en el Congreso de la Unión para dar seguimiento al caso ya que ésta funcionó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, “pero en el de Peña Nieto desapareció y no ha aprobado ni un pago a pesar de que está en la llamada Ley 10320.

Peor aún, agrega el líder de los manifestantes, el marzo de 2014 el Poder Judicial emitió una sentencia ejecutoria a favor de exbraceros de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco para que les pagaran su deuda, pero hasta ahora no han recibido un solo peso.

“Venimos a manifestarnos aquí a la ‘Casa Blanca’ porque es el símbolo de la corrupción, para que vea el mundo entero cómo el gobierno no quiere pagarnos”, asegura Jesús Muñoz.

La demanda es, explica, tener una reunión directa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “si no, no nos vamos a retirar. Ya nos cansamos de que los del Fideicomiso nos manden a sus gatos a negociar sin resultados”.


Y advierte: “Vamos a ir a poner nuestra queja en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuando venga el Papa (Francisco) a México le vamos a pedir que nos ayude”.

En la cosecha de naranja y fresa

A sus 19 años, Simón Velásquez, originario de Trancoso, Zacatecas, consiguió el permiso para irse de bracero a trabajar a los campos de Estados Unidos. Era 1964.

Era el mayor de 12 hermanos y el primero que aprendió a arar la tierra. Por ello, le tocaba irse a la aventura. Así aguantó revisiones físicas –hasta de su pene y sus testículos– para comprobar que no tenía ninguna enfermedad y estaba sano para ir a trabajar. “Eran vejaciones, pero la necesidad nos hacía aguantar eso y más”, recuerda.

La primera vez estuvo en Anaheim, condado de Orange, California. Trabajó en la pisca de naranja durante cuatro meses y medio –tres contratos de 45 días cada uno–. Le pagaban 25 centavos de dólar por caja llena; al día lograba entre 80 y 90. Al final de la semana recibía su cheque de money order lo depositaba para enviarlo a su familia en México.

Al poco tiempo de regresar a su tierra, se volvió a enlistar. Era 1967 y en el sorteo le tocó ir a San Luis Obispo, también en California, donde se quedó a trabajar otros cinco meses.

“Nos tocaba comer y quedarnos en las barracas, entre cinco y seis personas. Después de trabajar no salíamos, nos quedábamos a escuchar radio o ver televisión”, cuenta.

De regreso a México y con la promesa de recibir el dinero que el gobierno mexicano les había prometido para entrar al programa bracero, comenzó a trabajar como chofer de transporte de carga. Ahora dos de sus tres hijos viven en Texas, a donde se fueron de “mojados” hace dos décadas. Él tiene visa estadunidense y de vez en cuando le mandan dinero para que vaya a visitarlos.


Pero, a 50 años de aquellas jornadas laborales, ya con un aparato auditivo, diabetes, vista cansada y paso lento, Simón sigue en pie, esta vez en el plantón frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto para exigir el pago justo por su trabajo.

Hijas y viudas, la misma lucha

María de los Ángeles García tiene 74 años y un encargo que su esposo le dejó hace un lustro, antes de morir. A Mariano Arellano le dio una embolia, pero aún con eso estaba en la lucha junto a sus compañeros braceros para exigir lo que les ofreció el gobierno mexicano.

Ambos nacieron en San Pedro de la Sierra, Zacatecas. Ahí se conocieron poco antes de que él se fuera a Calexico, California, a la pizca de betabel, algodón y tomate. Tenía entonces 18 años. Durante el tiempo que trabajó envió dinero con el que se pudo construir una casa para sus padres y hermanos.

Al regresar, se casó con María de los Ángeles y desde entonces compartieron la lucha. “Llevábamos cinco años de lucha y cinco yo sola desde que mi ‘trabadillo’ se murió, pero aquí estoy para exigir lo que le toca a mi esposo”, dice.

Mientras la mujer platica, el vecino de la izquierda de la “Casa Blanca” sale a pie y, acompañado de su guardia de seguridad, le dice con amabilidad a los del plantón:

“Oigan, por favor, yo entiendo su lucha y más porque es la casa de este… pero por favor, liberen el espacio de mi fachada, ¿si? Se los pido de buena manera. Muchas gracias”.

A sus 80 años, sentada con los pies tapados con su chal, Natalia González, participa en el plantón de exbraceros para exigir el pago por el trabajo que hizo su padre Candelario González en 1946.

Originario de San Mateo Valparaíso, Zacatecas, él se fue 11 meses a trabajar en la pizca de naranja en California. Pero en un día de labor, se cayó de una escalera y se lastimó. Tuvo que ser sometido a una cirugía y ya no pudo trabajar.

Cuatro años más tarde, en 1950 se enroló de nuevo en el sorteo del Programa Bracero y le tocó ir a Texas, a trabajar en el corte de algodón y betabel, así como en actividades de riego. “Me contaba que tenía que trabajar con el agua hasta las rodillas y años después por eso le dolían las piernas, de las reumas”.

Como muchos exbraceros, Candelario murió sin ver materializada la exigencia de recibir el pago total por sus jornadas de trabajo duro en los campos estadunidenses. Uno de sus hijos se unió al movimiento de exbraceros, pero al poco tiempo murió.

Hoy, con el tiempo arrugado en su rostro y sus ojos llorosos, Natalia hace esfuerzos por seguir en el plantón: duerme en una colchoneta, con frío y, como todos los participantes, tiene que buscar dónde hacer sus necesidades fisiológicas.

Y es que, –a diferencia de las otras veces que han estado en plantón en el Monumento a la Revolución– ahora el Gobierno del Distrito Federal no les ha llevado baños portátiles a la colonia Lomas de Chapultepec. Peor aún, en ningún Oxxo los dejan pasar al baño “ni aunque les paguemos nos dejan entrar”. A las mansiones, ni hablar.


Así, entre pláticas y canciones de sus pueblos, los exbraceros ven pasar el tiempo en el plantón frente a la “Casa Blanca” de Peña Nieto. De pronto, se escucha un claxon insistente. Una mujer con gafas oscuras y al volante de una camioneta con vidrios polarizados sale de la cochera de su mansión, baja la ventanilla del copiloto y le grita a uno de los exbraceros sentado en la orilla de la banqueta: “¡Cuidado señor, no lo vaya a atropellar y luego qué hacemos!”.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).