Esposa de “El Chapo” busca amparo de la justicia para evitar ser detenida

MÉXICO, DF: Tras los cateos en octubre pasado a propiedades de su familia en Sinaloa y Durango, Emma Coronel Aispuro, la más reciente esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, presentó dos demandas de amparo ante juzgados federales de Toluca para evitar ser detenida y presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Según publica el semanario Zeta en su sitio web, Coronel solicitó a través de sus abogados la protección de la justicia contra posibles órdenes de búsqueda, localización y presentación que pudiesen existir en su perjuicio.

Los escritos en los que se menciona a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como una de las autoridades responsables del acto reclamado, fueron recibidos en los Juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México.

De acuerdo con el semanario Zeta, Coronel Aispuro, originaria de Canelas, Durango, y con quien el líder del Cártel de Sinaloa procreó dos hijas gemelas, incrementó medidas personales de prevención para evitar ser localizada y presentada ante instancias del gobierno federal que buscan a Guzmán Loera para recapturarlo tras su fuga del penal del Altiplano el pasado 11 de julio.

Sin embargo, los jueces que conocen de los amparos promovidos por la esposa de El Chapo analizan una posible incompetencia a favor de jueces de Durango o Sinaloa, previendo que la ella viva en alguna de esas dos entidades. Por esa razón ya le solicitaron manifieste “bajo protesta de decir verdad” dónde se ubica su domicilio.

La solicitud de amparo se da unas tres semanas después de que elementos del grupo de fuerzas especiales que siguen el rastro del “Chapo” irrumpieron en propiedades de Emma y de su familia en Sinaloa y Durango.

Además, Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma está detenido acusado de apoyar la evasión de Guzmán Loera.

Ambas situaciones, señaló Zeta, hacen presumir a Emma Coronel que la busca la SEIDO.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Crimen sí infiltró a autodefensas y a la fuerza rural en Michoacán; debe investigarse: CNDH

El conflicto habría dejado más de tres mil víctimas y las autodefensas se extendieron en más de la mitad de Michoacán ante la "debilidad del Estado de Derecho", indica un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno federal y al de Michoacán que se investigue la participación del crimen organizado en los grupos de autodefensa, que sirvieron de base para la conformación de la Fuerza Rural de esa entidad, luego de que el organismo pudo confirmar, a partir de testimonios, que varios de esos grupos fueron infiltrados.

El informe especial de la CNDH presentado este jueves 12 de noviembre relacionado con el conflicto de las autodefensas y la violación a los derechos humanos incluye 55 propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas el indagar el nexo de la delincuencia con los grupos civiles armados.

“Cientos de testimonios recabados (por los visitadores) dieron cuenta de que algunos de esos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada, tomaron la bandera de la causa de la autodefensa para avanzar territorialmente en aras de conseguir sus beneficios ilícitos” indica el resumen ejecutivo del informe.

De acuerdo con la comisión, la Procuraduría General de la República (PGR) debe indagar particularmente el financiamiento que recibieron los grupos de autodefensa, así como el origen de su armamento y dar un seguimiento de los integrantes que hoy componen la Fuerza Rural.

El informe, que describe el conflicto de las autodefensas en cuatro etapas, revela que estos grupos tuvieron presencia en por lo menos 33 municipios de la entidad, lo que representa más de 52 por ciento de todo el estado.

Lo anterior tuvo como origen el deterioro de las condiciones de vida en varias regiones de Michoacán por las extorsiones y violencia del crimen organizado, particularmente del cártel de Los Caballeros Templarios. A ello se sumó la inacción, ya sea por incompetencia o complicidad, de las autoridades municipales y estatales para cumplir con sus labores de seguridad pública e investigación del delito.

“El estado tuvo una acentuada debilidad en su estado de derecho, lo que propició el surgimiento de autodefensas en municipios, que luego se extendieron y que, según referencias que nos dieron, algunos terminaron cometiendo conductas que antes hacían los criminales” dijo el presidente de la CNDH, Raúl González Perez.

El informe detalla que el conflicto de las autodefensas, desde su fase previa hasta su apogeo, dejó un total de tres mil 27 víctimas, entre ellas más de 400 personas asesinadas, y 500 que tuvieron que abandonar los sitios donde vivían.

El ombudsman subrayó que el Estado no puede de ninguna forma delegar las funciones que le corresponden como es la seguridad, pero también es su responsabilidad las condiciones que de fondo originaron el surgimiento de los grupos armados y el deterioro social.

Las propuestas del informe especial de la CNDH, cuya versión completa será publicada en la página web de ese organismo, incluye 55 propuestas dirigidas  a la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Michoacán, los ayuntamientos, el congreso del estado y la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas.

Comisión de Atención Víctimas acepta las propuestas

Tras la presentación del “Informe Especial Sobre los Grupos de Autodefensa en el Estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señaló que acepta y hace suyas la propuestas formuladas por la CNDH.


La CEAV designó al comisionado Adrián Franco Zevada para darle seguimiento al informe, en colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con el gobierno de Michoacán.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Presupuesto 2016: Discusión pasa el Pleno; no conocemos el dictamen, acusan el PRD y Morena

La discusión de los artículos reservados se realizará en el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de que fue aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; legisladores del PRD y Morena señalaron que es imposible discutir un documento que no conocían.

Por mayoría de votos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016, por un monto de cuatro billones 763 mil 874 millones de pesos.

El presidente de este órgano legislativo, el priista Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, propuso a los integrantes de la Comisión dispensar la lectura del proyecto de dictamen, y se procedió a su votación en lo general con 36 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Los integrantes de la Comisión acordaron llevar al pleno de la Cámara de Diputados la discusión en lo particular de los artículos reservados, por lo cual el dictamen aprobado se remitió a la presidencia de la Mesa Directiva de la cámara baja para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Durante la discusión, legisladores del PRD y Morena acusaron que era imposible discutir un documento que no conocían.

“No es posible que podamos aprobar un dictamen que en ese momento nos están corriendo, yo creo que la responsabilidad que tenemos como diputados y como diputadas y lo que hoy exige la sociedad mexicana es precisamente un acto responsable, razón por la cual solicito se recese nuevamente esta sesión de la comisión para poder revisar tanto el proyecto de dictamen”, propuso el perredista Tomás Octaviano Félix, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.


En respuesta, el presidente de la Comisión, aseguró que tanto la parte del decreto del dictamen como los anexos eran del conocimiento de los diputados integrantes de la Comisión que quisieron trabajar en ellos en los grupos de trabajo que se formaron para tal efecto y que, en todo caso, tendrían tiempo para leerlo una vez que llegara al Pleno.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pistoleros arrasan con ejido en Coahuila; destruyen iglesia, hospital, escuela…

SALTILLO, Coah: La noche del pasado cuatro de noviembre pistoleros arribaron al ejido Gabino Vázquez en el municipio de Cuatro Ciénegas e incendiaron más de 15 casas y destruyeron con maquinaria pesada la Iglesia, el Centro de Salud y una escuela, entre otros inmuebles.

Los hechos se conocieron hasta este jueves 12. Al respecto, el gobernador Rubén Moreira informó que la Procuraduría estatal ya investiga lo acontecido en esa localidad ubicada a unos 60 kilómetros de la cabecera municipal.

De acuerdo con una fuente oficial consultada por esta agencia, los pistoleros fueron contratados por un empresario de Monclova para desalojar a campesinos.

Al menos uno 40 pistoleros presuntamente miembros de los Zetas arribaron al pueblo disparando armas de grueso calibre y amenazando a los campesinos, informó un oficial de la Policía Federal que describió lo ocurrido bajo la condición de que no se revelara su nombre.

Los hombres armados también mataron a los animales, se robaron maquinaria, la bomba de agua y destruyeron la planta de luz.

Posteriormente sometieron y amenazaron a los habitantes para que abandonaran sus terrenos, o de lo contrario regresarían para matarlos, detalló la fuente consultada por apro.

Según el mando policiaco, un poderoso empresario dueño de medios de comunicación en Monclova contrató a los pistoleros para desalojar a los ejidatarios, quienes tienen un adeudo que contrataron para sembrar sus tierras y que ahora no pueden pagar por los altos intereses que les cobran.

Sobre el atentado, el comisariado del ejido, Osvaldo Padilla, contó al diario Vanguardia que las familias dormían cuando escucharon detonaciones de armas de fuego. Describió que su casa también fue destruida con la maquinaria que llevaron los hombres armados.

Sin embargo, el gobernador Moreira rechazó la participación del crimen organizado en la destrucción del ejido Gabino Vázquez y atribuyó la violencia a una “disputa entre civiles”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado ya tiene una investigación abierta por los hechos en Cuatro Ciénegas, en donde se incendiaron casas en una comunidad rural, pero (en los hechos) no estuvo involucrada la delincuencia organizada, sostuvo el mandatario.

“No fue en los términos que se planteó. Es una disputa entre particulares, civil, que tiene muchísimo tiempo y que ha ocasionado riñas entre ellos”, aseguró.

Atribuyó la presunta intervención del crimen organizado en estos hechos a los medios que les gustan las malas noticias. “Porque hay gente que le gustan las malas noticias y suben malas noticias todos los días, ocasionándole un daño enorme a nuestro estado”, concluyó Moreira.


Cabe recordar que la destrucción del ejido Gabino Vázquez fue muy similar a como se destruyeron casas y quemaron ranchos en Allende, la región de Cinco Manantiales y Piedras Negras, donde sicarios de los Zetas asesinaron y desaparecieron a más de 300 personas a principios del año 2011.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
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La clase política se rinde al dinero: Senado entrega la Belisario Domínguez a Bailleres

MÉXICO, D.F: Exultante, altivo, el multimillonario Alberto Bailleres González se ciñó al pecho la medalla Belisario Domínguez y, ante los tres poderes del Estado, reinvindicó el reconocimiento para el empresariado de México.

“Se reconoce a los mexicanos dedicados a la labor empresarial”, reiteró el magnate, quien pronunció un discurso voluntarista.

Para el galardonado, México tiene problemas, pero los superará cuando los mexicanos se unan “y seamos capaces de desterrar el pesimismo”.

La de hoy en el Senado fue una estampa del México neoliberal: El poder político se le rinde al dinero.

Ahí estaba el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; del Judicial, Luis María Aguilar Morales, y por el Legislativo el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, el anfitrión.

Invitados varios los potentados, encabezados por Claudio X. González, el ideólogo y operador de los magnates del país y padre del principal orquestador de la represión a los maestros que llama “terroristas”.

Hoy fue el día del empresariado asociado al poder político.

La medalla lleva el nombre del senador chiapaneco asesinado por el usurpador Victoriano Huerta por haberlo criticado y Bailleres cubrió de elogios a sus promotores.

A Peña y al Congreso los felicitó por las reformas estructurales y con ese mismo ánimo, dijo, “atisbó el resplandor”, porque “nuestro país está llamado a la grandeza”.

Emocionado, el magnate Bailleres besó la medalla Belisario Domínguez, que nació como un homenaje a la dignidad de un senador ante el poder político criminal que degradó a reparto partidario y ahora honra al lucro sin llenadera.

La presea se creó para premiar los mexicanos que se han “distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad”.

Ahora Bailleres es uno de ellos y a los críticos del premio se les responde con un disparate, como el de la senadora panista Mariana Gómez del Campo: “Seguro alguno de ustedes tiene una credencial del ITAM o una tarjeta de crédito del Palacio de Hierro”.

El empresariado está feliz, reconoce el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gutiérrez Candiani. “Es un gran reconocimiento, muy merecido”.

–¿Es un reconocimiento al modelo neoliberal y cuyos cuadros forma en el ITAM?
–¡No, eso no tiene nada que ver! Es más bien un reconocimiento al esfuerzo de un mexicano que ha invertido muchas décadas a favor de la educación en México.
Ante las críticas, el líder empresarial dijo que este es un país plural. “Es importante que el Congreso reconozca también a un sector fundamental dela vida nacional”.
–¿Es un día de fiesta?
–¡Estamos contentos!


Antes de llegar a la ceremonia, la senadora Layda Sansores, del PT, le entregó al presidente Enrique Peña Nieto una copia del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, que reúne la investigación sobre la mansión de la pareja presidencial adquirida a Grupo Higa.



“Señor Peña Nieto, le quiero entregar esta carta que expresa mucho de lo que sienten los mexicanos”, expresó la senadora, quien añadió: “Le entrego este libro porque con la Casa Blanca usted nos deja un legado de corrupción y de impunidad, ojalá le sirva”.

Peña Nieto respondió: “Con muchísimo gusto senadora, lo veo con mucho gusto”, y esbozó una sonrisa. De inmediato Peña Nieto entró al pleno.

Censor, aliado de los poderosos

Dueño en México de la Coca-Cola, de la tienda de lujo “El Palacio de Hierro”, de la contaminante Industrias Peñoles, de aseguradoras y negocios, incluido el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), semillero de funcionarios en los sexenios recientes, es el tercer hombre más rico de México.

Según estimaciones de la revista Forbes, su fortuna asciende a 18 mil 200 millones de dólares, además de que ocupa el lugar 121 en la lista global de los más ricos.

La más reciente incursión de Bailleres en los negocios fue en el codiciado mercado del petróleo: Le fue asignado el bloque 4 a Petrobal, su empresa petrolera que forma parte de un consorcio integrado por la estadunidense Fieldwood Energy LLC.

El director general de Petrobal, Carlos Morales Gil, fue director de Pemex Exploración y Producción y conoce como pocos el mapa de la riqueza petrolera de México que está a subasta con la reforma energética aprobada por quienes le dieron la medalla Belisario Domínguez.

La presea honra la memoria del senador chiapaneco que repudió al usurpador Victoriano Huerta; éste ordenó asesinarlo el 7 de octubre de 1913 tras una dura crítica que hizo públicamente:

“La verdad es ésta: durante el gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La Revolución se ha extendido en casi todos los estados; muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados; muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan con extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria”.

Bailleres nunca ha hecho una valoración sobre la atroz realidad mexicana ni ha hecho mínima crítica al poder político, priista o panista, porque de ellos sólo ha recibido beneficios, como las concesiones mineras en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y con los priistas ni se diga.

El reportero Carlos Acosta publicó en la revista Proceso, en marzo de 1999, (edición 546) sobre la relación de Bailleres González con algunos presidentes de la República:

“Alberto Bailleres ha sido un empresario de ligas estrechas con el poder político, con el que ha establecido una relación de favores mutuos. Por ejemplo, en los años setenta ayudó a Luis Echeverría en su campaña contra el Excélsior de Julio Scherer, diario al que acusaba de sostener una política catastrofista en contra de la libre empresa y de claros propósitos de acabar con nuestro sistema de libertades.

“Sus buenas relaciones con López Portillo y Miguel de la Madrid le permitieron gozar de privilegios, como condonaciones de adeudos fiscales, renegociación favorable de sus deudas y solución, también a su favor, de conflictos con sus trabajadores sindicalizados.

“Más adelante, con Carlos Salinas, fue uno de los beneficiarios del proceso de privatización: Las paraestatales Unidad Industrial Torreón, Refractarios Hidalgo y Compañía Minera Cedros, así como un buen paquete de acciones de Bancomer, fueron para Bailleres.

“Aunque nada ha sido gratis. Bailleres fue uno de los más entusiastas entre los grandes empresarios que financiaron la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.


“Años después, sería uno de los célebres comensales que, reunidos en la casa de Antonio Ortiz Mena, en febrero de 1993, mostraron total disposición para aportar no menos de 75 millones de pesos, cada uno, para las campañas electorales del PRI”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
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Taxco, otro infierno

CHILPANCINGO, Gro: El gobierno federal se ha resistido a informar públicamente la ubicación exacta y el nombre del propietario del domicilio donde la Policía Federal (PF) detuvo el 16 de septiembre a Gildardo López Astudillo, El Gil o Cabo Gil, uno de los lugartenientes de la banda Guerreros Unidos y pieza clave, según la investigación oficial, del caso Ayotzinapa.

Las autoridades federales declararon inexistente la información solicitada por este semanario el 23 de septiembre sobre este hecho ocurrido en un lujoso fraccionamiento de Taxco.

Desde julio de 2010 se han hallado fosas clandestinas en acantilados del municipio de Pilcaya y en respiraderos de minas en Taxco. Además, El Gil estuvo refugiado en dicha ciudad bajo la protección de políticos y autoridades de los tres niveles que han sido señalados con insistencia por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, tras el anuncio que el 20 de octubre pasado hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto para reiniciar la investigación y la búsqueda de los normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) no incluyó entre sus primeras líneas de investigación las fosas mencionadas.

En la nota La sanguinaria guerra por el sur, publicado el 18 de julio de 2010, este semanario dio a conocer que las averiguaciones sobre la desaparición de un militar desembocaron en la captura de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores, y evidenció que las minas de Taxco se utilizan para ocultar cadáveres (Proceso 1759).

De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados sobre el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo de ese año, cuando se encontraba franco.

Un parte militar anexo al expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados a un agujero de 150 metros, algunos todavía con vida.

Sánchez Conde, chofer de los sicarios, reveló que abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Éstos últimos fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.

En la entidad ya se habían encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la bocamina de San Francisco, que contenía al menos un centenar de cuerpos.

En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.

Al enterarse del hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, de Morelos y del Distrito Federal. Buscaban en la morgue a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas.

Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que han documentado 242 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2010.

En ese entonces el comité planteaba que el gobierno debía reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en la entidad, pues sostenía que la fosa de Taxco era sólo una muestra de los mecanismos de la delincuencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad”.

Desde entonces dicha organización demanda que las autoridades elaboren un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos con información genética, a fin de cotejar responsablemente las muestras de los cuerpos hallados con los de familiares de desaparecidos.

Si bien las autoridades ignoraron la demanda del comité, la repercusión internacional del caso Ayotzinapa las obligó a retomar estos planteamientos.

Información desaparecida

Una semana después de que el gobierno federal informó sobre la captura del Gil, Proceso pidió a la Secretaría de Gobernación, la PF y la PGR, a través del sistema Infomex, información sobre el lugar de la detención y el propietario de la casa, ya que en la entidad se especuló que se trata de un conocido político local.

La PF declaró “inexistente” esa información mediante el oficio 6016, fechado el 8 de octubre y firmado por la inspectora general de la corporación, Elia Lugo Delgado.

Por su parte, Gobernación declaró que esos datos no son de su competencia, mientras que la PGR solicitó una prórroga hasta principios de este mes para emitir una postura al respecto.

En septiembre, el semanario publicó el reportaje La captura del Cabo Gil provoca aún más dudas, en el cual se indica que a casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades finalmente detuvieron en Taxco a Gildardo López durante un operativo, sin gran despliegue de fuerza ni violencia, lo que algunas fuentes consideran un indicio de entrega pactada; sobre todo porque el propio sospechoso ya había ofrecido entregarse cuando se hubiera detenido a la mayor parte de su banda.

Se informó también de las insistentes versiones sobre los presuntos vínculos con la delincuencia organizada que mantienen autoridades locales y federales, igual que empresarios como Federico Figueroa.

El 17 de septiembre, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que la PF y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional atraparon al Gil en un inmueble de Lomas de Taxco.


El exclusivo fraccionamiento está en el cerro donde se halla el emblemático hotel Montetaxco, y que también habitan, en villas de estilo colonial, políticos locales como el delegado federal de Economía y exalcalde taxqueño Álvaro Burgos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420525

De 600 mdp para personas con discapacidad, 21 entidades no han gastado ni un peso

Sólo 11 de las 32 entidades federativas han recibido recursos del fondo destinado a la accesibilidad para personas con discapacidad, pero de esos, la mayoría no reporta en qué lo gastan.

Los recursos que el gobierno federal entrega a los estados para obras a favor de personas con discapacidad no se gastan o no se reporta en qué se usan.

Al finalizar septiembre de este año, del monto aprobado por diputados había un subejercicio de 68% de los recursos pues 21 entidades no habían gastado ni un solo peso del Fondo para la Accesibilidad para Personas con Discapacidad.


Pero además, de los 11 estados que han recibido recursos sólo cuatro reportaron en qué lo gastaron.

En el Presupuesto Federal de Egresos 2015, los diputados aprobaron 600 millones de pesos para que cada una de las entidades federativas promoviera la integración y acceso de las personas con discapacidad a través de obras públicas que garanticen la igualdad en el acceso al entorno físico.

Al 30 de septiembre de 2015, tras nueve meses de ejercicio presupuestario, se habían invertido 194 millones pero sólo había registros de en qué se gastaron 70 millones, según los datos disponibles en Transparencia Presupuestaria sobre el gasto del Ramo 23.

Sólo Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán han recibido recursos del Fondo.

Sin embargo, sólo cuatro de esas entidades han reportado en qué gastaron el dinero público que recibieron.

A Chihuahua se le otorgaron 17.7 millones de pesos pero no hay información disponible sobre la ejecución de los recursos. Lo mismo ocurre con Colima, Distrito Federal, Morelos, Quintana Roo y Tamaulipas.

En el caso de Durango, recibió 24.9 millones pero sólo reporta en qué gastó 4.8 millones, usados para adquirir autobuses adaptados para personas con discapacidad.


Los datos disponibles en Transparencia Presupuestaria de Hacienda indican que Guanajuato recibió 24 millones para la construcción del Centro Estatal de Rehabilitación del Instituto Guanajuatense para personas con discapacidad en Silao; Michoacán adquirió con 20.3 millones vehículos adaptados; Tlaxcala gastó 8.6 millones en ampliar infraestructura a favor de personas con discapacidad que busquen la gestión de trámites; y Yucatán recibió 12 millones para transporte público adaptado.

Según los lineamientos de operación del Fondo, cada entidad debe presentar a la Unidad de Política y Control Presupuestaria de Hacienda, en el primer semestre del año, una solicitud para acceder a los recursos.

El estado presenta un documento en donde especifica el costo del proyecto y un análisis del costo-beneficio. Hacienda analiza la información y en el primer trimestre del año firma un convenio sobre el otorgamiento de los recursos.

Esos lineamientos también indican que el estado debe reportar un calendario de ejecución del proyecto en los tiempos acordados con Hacienda. 

Una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial fue incrementar los recursos de este Fondo y vigilar su correcta aplicación.

En 2013 y 2014 este Fondo se aprobó con 500 millones; y para este año los diputados aprobaron un aumento para asignarle 600 millones de pesos.


En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, Hacienda vuelve a solicitar 600 millones de pesos para este Fondo que se entrega a los gobernadores del país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/del-fondo-destinado-a-personas-con-discapacidad-o-no-gastan-los-recursos-o-no-reportan-en-que-lo-gastaron/

Anuncian organizaciones sociales en Oaxaca respaldo a la sección 22 de la CNTE

Oaxaca, Oax. Las organizaciones sociales Frente Popular Revolucionario (FPR), Comuna Oaxaca, Frente Amplio de Lucha Popular (Falp), Red Indígena de Oaxaca (RIO) y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) anunciaron su respaldo a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y advirtieron que en caso de que sea despedido algún maestro por no presentar la evaluación docente este fin de semana iniciarán una serie de protestas en la entidad incluida la toma del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo).

En conferencia de prensa realizada frente al palacio de gobierno, se manifestaron en contra de la evaluación docente la cual forma parte de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, Flavio Sosa Villavicencio quien forma parte de la dirigencia colectiva de Comuna Oaxaca lanzó un llamado al gobernador Gabino Cué a privilegiar el diálogo y a evitar la confrontación con el magisterio, en tal sentido le recordó lo ocurrido en los años 2006 y 2007 cuando el gobierno del priísta, Ulises Ruiz reprimió a la sección 22.

"Que no sea la reprensión o la coerción la que se imponga", señaló por lo que es necesario que mediante el diálogo se aborde el tema educativo y es que coincidió con los profesores disidentes que la reforma en la materia tiene como objeto el despedir a la mayor cantidad de maestros, por lo que afirmó es una reforma laboral.

"Las organizaciones vamos a estar del lado del magisterio, la causa es justa" afirmó Sosa Villavicencio por lo que demandó el alto a la reprensión del movimiento social y la liberación de los 4 profesores detenidos el 29 octubre así como la de los integrantes del FPR detenidos el 7 de junio.

Cuestionó además la liberación del ex coordinador Estatal de Planeacion (Coplade), Bulmaro Rito Salinas acusado de peculado por más de 4 millones de pesos, en tanto a los maestros los acusan de robo de libres de texto, "mientras a los que se robaron miles de millones de las arcas públicas están libres".

Otalo Macario Padilla dirigente del FPR demandó la cancelación de la evaluación educativa lo que evitaría cualquier tipo de enfrentamiento y en su lugar se instale una mesa en la que participen funcionarios estatales y federales, pedagogos, sindicalistas y maestros para integrar una verdadera reforma con la intención de mejorar la educación.


Finalmente lanzó un llamado a la gremial para mantener la "resistencia civil pacífica " y evitar la confrontación con las fuerzas federales y estatales, ya que el gobierno lo único que busca es un pretexto para reprimir a los movimientos sociales.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/12/anuncian-organizaciones-en-oaxaca-respaldo-a-la-seccion-22-del-cnte-747.html

Repudian diputados violencia policiaca contra estudiantes de Ayotzinapa

MÉXICO, DF: Versiones encontradas han llegado a la presidencia de la Comisión Especial de Ayotzinapa tras el enfrentamiento de esta tarde entre policías y normalistas en Tixtla, Guerrero, por lo que la diputada que la encabeza, Guadalupe Murguía, informó que solicitó información oficial a la Secretaría de Gobernación (Segob) para fijar una posición al respecto.


En entrevista con esta agencia y a título personal, la legisladora consideró que, “en caso de confirmarse las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa, sería muy delicado el volver a enfrentarnos a estas violaciones”.



La legisladora detalló que una vez que se tuvo conocimiento de las primeras versiones, el diputado del PRI e integrante de la comisión, Víctor Silva, entabló contacto con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien a su vez le reportó que cuatro estudiantes de la Normal intentaron tomar una pipa de doble remolque que llevaba combustible, por lo que la policía trató de impedirlo.

“Según este reporte del gobierno del estado que le ofrecieron al compañero diputado, la policía detuvo a los cuatro jóvenes y los entregó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que hablaran con sus padres. Se le dijo al diputado que no había heridos ni detenidos y que la acción de la policía fue impedir que se apropiaran de la pipa”, comentó la legisladora presidenta.

Existe otra versión, comentó la panista y presidenta de la comisión, donde se habla de desaparecidos, “pero no tenemos la certeza de que ello haya sucedido”.

Murguía aclaró que ante las versiones encontradas, la Comisión pidió al enlace legislativo de la Segob, Felipe Solís Acero, la información real y éste respondió que se estaban realizando las averiguaciones, pues al enlace no le llega el reporte de lo acontecido en forma inmediata.

“Como comisión estamos pidiendo información certera para ver cómo sucedieron los hechos y a partir de ahí estar en condiciones de fijar una posición. A título personal sólo puedo decir que en caso de confirmarse un enfrentamiento, sería muy delicado enfrentarnos nuevamente a ello luego de lo sucedido hace poco más de un año”, alertó.

A su vez, la legisladora por Morena y también integrante de la comisión especial, Araceli Damián, dijo que debe haber claridad sobre cuál de las policías, municipal o estatal o federal, fue quien agredió, pues a unas horas de los hechos no tenemos certeza de quién fue.

Pero además, sostuvo, independientemente se debe revisar a las policías, darles cursos sobre derechos humanos.

La legisladora por Morena se pronunció en contra de que a través de algunos medios de información se esté criminalizando a los estudiantes de Ayotzinapa, ya que esto puede dar motivo para que las policías los agredan.

“Es lamentable que esto esté ocurriendo nuevamente; tensa la situación que se vive en Guerrero, pues no puede continuar un Estado reaccionando de manera violenta. Hay que recordar que por lo vivido los jóvenes tienen un gran terror, sabemos que algunos muchachos corrieron a la sierra, es una reacción normal debido a la experiencia que tuvieron.


“Nosotros no tenemos certeza de cuántos heridos, detenidos o desaparecidos hubo, pero lo que sí creo es que se debe detener la violencia hacia los jóvenes por parte de los cuerpos policiacos”, consideró la diputada de Morena.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420539

Protestan normalistas de Michoacán contra represión en Tixtla

Morelia, Mich. Alumnos de las escuelas normales de la capital michoacana y de Tiripetío se manifestaron frente a Palacio Clavijero donde se trasmitía el programa Hoy de Televisa, para protestar por los actos represivos en contra de sus compañeros ocurridos en Tixtla, Guerrero y para rechazar la presencia del consorcio televisivo, bajo la consigna: “¡No queremos televisión, queremos educación!”.

No obstante el resguardo policial, lo estudiantes exigieron que saliera Televisa de Morelia y criticaron a la administración estatal de pretender distraer a la sociedad de los hechos trascendentales de violencia que se registra actualmente.

Pidieron se abrieran espacios en los medios informativos para dar su posicionamiento ante este y otros hechos registrados que atentan contra la educación de la entidad y del país. En tanto, funcionarios de la Secretaría de Gobierno arribaron a ese punto del centro histórico para dialogar con el grupo inconforme y evitar que bloquearan la avenida Madero.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

Hospitalizan a ocho normalistas por choque en Tixtla

Chilpancingo, Gro. Al menos ocho alumnos de la Normal de Ayotzinapa, lesionados durante los enfrentamientos de ayer con la policía estatal en la carretera Chilpancingo a Tixtla, permanecen internados en el Hospital Raymundo Abarca Alarcón de esta capital, sin que reciban atención médica adecuada, dijo una fuente cercana a los estudiantes.

Desde esta mañana protestan decenas de integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg), por la “represión” de que fueron víctimas ayer los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y compañeros de esa organización que acudieron en apoyo.

Durante la marcha, responsabilizaron al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por haber ordenado la represión en su contra.

En entrevista radiofónica, Astudillo pidió a los normalistas que no realicen acciones como las registradas ayer. “No podemos seguir observando cómo Guerrero se autodestruye. Si necesitan autobuses, nosotros vemos como se los conseguimos; si necesitan gasolina, vemos también cómo se las pagamos en una gasolinería”.

Sostuvo también que los estudiantes no estuvieron detenidos; sino "en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos” (Coddehum).

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los estudiantes normalistas por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo en entrevista telefónica que los estudiantes “detenidos” -de 10 a 13 trasladaron anoche a la Coddehum-, ya fueron liberados este jueves en la madrugada.

Sobre los ocho heridos, comentó que dos de ellos tienen fracturas en los brazos, otro en la cara, y Juan Castro Rodríguez resultó con traumatismo craneoencefálico en grado uno, por lo que su estado de salud es grave.

Exigió al gobierno del estado que se les dé la atención adecuada, ya que la mayoría de los lesionados estuvieron de pie en los pasillos del hospital por la “falta de camas” y porque no habían llegado los médicos. Por ello, dijo, pedirán que los trasladen a nosocomios privados.

El gobierno estatal admitió que en el enfrentamiento con los estudiantes normalistas resultó lesionado Elvis Hernández, quien fue trasladado a la clínica del ISSSTE, en esta capital. También resultó lesionado Sergio Navarrete, chofer de uno de los autobuses en que viajaban los estudiantes.

Hoy a la una de la tarde en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, la dirigencia estudiantil fijará su postura sobre estos hechos.

Fuente: La Jornada

Autor: Sergio Ocampo

Cuatro personas mueren arrolladas por militares en Reynosa

Cd. Victoria, Tamps. Cuatro personas, entre ellas dos mujeres y una niña, murieron al ser arrolladas por un vehículo de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), de los denominados Rino, cuando perseguían a civiles armados. También resultaron heridas otras cuatro personas. El accidente produjo un incendio que se prolongó por dos horas.

Los hechos ocurrieron alrededor de la media noche de ayer miércoles en la ciudad fronteriza de Reynosa. No hay personas detenidas.

Los hechos ocurrieron en la calle sexta de la colonia Vista Hermosa , cuando los militares perseguían a civiles armados y los tripulantes del vehículo militar perdieron el control de la unidad y se impactaron con un puesto de tacos.

Es el segundo percance de su tipo ocurrido en esta frontera; el primero tuvo lugar en el Centro de Bachillerato Tecnológico y de Especialidad (Cbtis), cuando un vehículo de civiles armados arrolló a estudiantes cuando salían del plantel.

El ayuntamiento de Reynosa mandó una alerta a la población para que evitaran acudir al lugar donde ocurrió el percance.

Fuente: La Jornada

Autor: Martín Sánchez

La CNTE, lista para impedir evaluación

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declaró lista para impedir la evaluación del desempeño, a pesar de que el gobierno -dijo- "convertirá en búnkers" las sedes, este sábado.

"Las sedes serán totalmente militarizadas para frenarnos en los estados donde tenemos más presencia", manifestó Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9.

Sin embargo, sostuvo Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la Sección 18, a pesar de que desde el gobierno "están echando mano a todo el aparato represor", con policías federales y estatales, "no habrá condiciones" en los estados donde está consolidada la CNTE.

Afirmó que están dispuestos a que se establezca una mesa de diálogo con el gobierno, antes de llegar a un punto de quiebre. "Los tiempos que se avecinan son difíciles... La CNTE está dispuesta a correr los riesgos, aún si el destino de los líderes es la cárcel", sostuvo.

A su vez, Enrique Enríquez aseguró que están preparados para enfrentar las evaluaciones desde el boicot, mítines, no asistencia, bloqueo total e invitando a cancelar el examen a quienes se presenten este sábado.

Todas las formas de lucha son válidas, afirmó y llamó a los docentes convocados por las autoridades educativas a que reflexionen su participación y no asistan.

Ramos Reyes Guerrero, dirigente de la Ceteg, señaló que la "guerra política contra el magisterio nacional está declarada" por parte del presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Sostuvo que es para acabar con la CNTE, pero "están equivocados. La resistencia de la coordinadora está al día". Y cuestionó que la respuesta del Estado sea la represión.

Leonardo Castrejón, del Colegio de Bachilleres de Guerrero anunció que las acciones contra la evaluación en el estado empezarán el viernes por la tarde.

El dirigente de la Sección 18 refutó lo dicho por Nuño de que rebasaron en Michoacán el cien por ciento de registro de maestros convocados a la evaluación.

Los datos oficiales se contradicen. "Nuño maneja (para Michoacán) 105 por ciento; el gobernador del estado habla de una cantidad cercana a 50 por ciento; nuestro diagnóstico es que no va más allá de 25 por ciento de 5 mil 800 compañeros".

Si están seguros de sus cifras, "no tendrían necesidad de operativos de seguridad con todas las fuerzas represivas", resaltó.

Fuente: La Jornada

Autor: Alma E. Muñoz

Entregan al Senado 99 mil firmas para reducir a la mitad prerrogativas de partidos

MÉXICO, DF: Cien mil ciudadanos firmaron una petición para reducir a la mitad las prerrogativas que reciben los partidos políticos, una iniciativa que es promovida por senadores panistas y perredistas que, paradójicamente, no han renunciado a los privilegios económicos que disfrutan como legisladores.

Los senadores usaron la plataforma Change.org para la recopilación de 99 mil 400 firmas de ciudadanos que hoy le entregaron al presidente de la Cámara de Senadores, el panista Roberto Gil Zuarth, quien se sumó a la petición de terminar con los excesos de la clase política de la que él forma parte.

“No sólo es momento de austeridad, sino de hacer buen uso de los recursos. Hemos dilapidado la confianza, la política es hoy sinónimo de excesos y es algo que debemos cambiar”, afirmó.

Los promotores del acopio de firmas para la reducción de las prerrogativas a la mitad son Francisco Búrquez, Ernesto Ruffo, Daniel Ávila, Marcela Torres, Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional (PAN), así como Armando Ríos Piter y Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Búrquez dijo que está pendiente de dictaminarse una reforma para recortar 53% el gasto millonario de los partidos políticos, mientras que Ríos Piter propuso que la bolsa millonaria que se pretende entregar a los partidos sea usada para la construcción de escuelas.

Apenas el 3 de septiembre la diputada María Eloísa Talavera presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducir a 50% las prerrogativas de que gozan los partidos para gasto ordinario, pero también las destinadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No nos quedaríamos sólo con lo de los partidos políticos, también creo que tenemos que ver lo del presupuesto del INE, que se reduzca a 50% y lo del Trife también, porque es parte de una estructura que la ciudadanía ve como muy costoso”, subrayó.


En su momento, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, aclaró que la reforma constitucional para reducir el gasto de los partidos es muy tardada, por lo que a esta iniciativa se le acompañará con otras medidas de austeridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420498

Ante impunidad en México, ONG llevan a la ONU tres casos de desaparición forzada

MÉXICO, DF: Convencidos de que “no existía posibilidad de obtener justicia” en México, los abogados de las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos I(dh)eas y Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron tres casos de desaparición forzada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Directo en la sede del organismo en Ginebra, los representantes de esas organizaciones también llevaron los casos por tener deficiencias en el acceso a la justicia para los expedientes de “desaparición en contexto sistemáticos y generalizados de impunidad”.

Las comunicaciones enviadas por I(dh)eas y la CMDPDH se refieren a Christian Téllez, estudiante detenido en 2010 por la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, de quien no se sabe nada “a pesar de que existen testigos de los hechos que reconocieron a los agentes”. El segundo caso es el de Jesús Israel Moreno, visto por última vez en 2011 en Chacahua, Oaxaca, y cuya investigación por parte de la Procuraduría estatal está plagada de irregularidades.

El último es el caso de Víctor Manuel Guardado, desaparecido en 2013 después de que integrantes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila allanó su domicilio, lo golpeó, torturó delante de su familia y se lo llevó a instalaciones de la corporación sin que hasta ahora se conozca su destino.

Al presentar estos casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las organizaciones consideraron que el organismo internacional tiene competencia para atenderlos, toda vez que en nuestro país no existe “posibilidad de obtener justicia”.

Para el coordinador de I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez, recurrir al litigio internacional “abre una esperanza a las víctimas de desaparición forzada de personas”.

De acuerdo con el abogado, la ONU “tiene competencia para juzgar a México por violaciones a los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tratado Internacional más importante en el Sistema Universal y además envía un mensaje al Estado mexicano sobre la existencia de vías diferentes al Sistema Interamericano de la OEA, que también son obligatorias y sus decisiones deben ser cumplidas”.

Gutiérrez consideró legítimo que los familiares de las víctimas de desaparición forzada ejerzan su derecho a “explorar vías que les permitan continuar en la lucha contra la impunidad y buscar caminos de justicia que han sido cerrados en el país”.

El defensor retomó las observaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su reciente visita al país, en el sentido de que “98% de los crímenes cometidos en México queda sin resolver y la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados”.

Asimismo, recordó que en las observaciones finales de febrero de 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que en México hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.


Según las organizaciones, el objetivo del litigio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es “el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos, la búsqueda y localización de las personas desparecidas, la determinación de la responsabilidad y con ello la reparación integral del daño a las familias y la reforma de las instituciones”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420487

Deberá la PGR informar sobre todos los bienes decomisados a “El Chapo”

MÉXICO, DF: La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar el reporte completo de los bienes inmuebles decomisados al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) durante su sesión de este día al aprobar un proyecto de resolución a cargo del comisionado Javier Acuña Llamas.

El pleno dio la razón a un particular que solicitó una lista muy detallada de los bienes decomisados al capo o puestos a disposición de las autoridades.

En su petición, el requirente solicitó conocer el número de inmuebles, precios, avalúos, marcas y fechas de los decomisos entre otros tópicos.

En su respuesta inicial la PGR sólo le entregó el listado de los bienes decomisados a Guzmán Loera cuando fue capturado en 2014.

Inconforme, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI y en alegatos la PGR abundó que cualquier otra información forma parte de la averiguación previa que sigue contra El Chapo.


Al argumentar su resolución, el comisionado recordó que independientemente de las averiguaciones y los resultados, la PGR pone bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los bienes asegurados y realiza inventarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420514

Manifestantes bloquean el segundo piso del Periférico en demanda de servicios de drenaje y luz

El bloqueo que en el segundo piso del periférico se reportó alrededor de las 17:30 horas y fue retirado después de las 19:00 horas.

Manifestantes bloquearon esta tarde el segundo piso del Periférico con dirección al norte, a la altura de San Antonio, en la Ciudad de México, en demanda de mejoras para el predio en donde habitan.

El bloqueo que se reportó alrededor de las 17:30 horas y fue retirado después de las 19:00 horas.

Vecinos del predio La Angostura realizaron el boqueo del segundo piso del Periférico para exigir al Gobierno del Distrito Federal diversos servicios como agua, drenaje y alumbrado.

Posteriormente, unos 200 elementos del cuerpo de granaderos del Distrito Federal arribaron a la zona para reabrir la circulación y vigilar la protesta.


Los manifestantes se retiraron luego de que se pactara una reunión con la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para abordar sus demandas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-11-2015/1548294

La elección de ministros en la Corte de México va sin debate ni discusión, alerta Open Society

El próximo 30 de noviembre, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero culminarán su cargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país, el cual asumieran en 1995.

Open Society, una organización internacional que promueve la participación de los grupos sociales en el debate de los países y los gobiernos, pidió a México “un proceso más abierto” en la elección de los dos nuevos ministros que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y así “reforzar la confianza de las personas tanto en la calidad de los jueces del país, y en su independencia de las presiones del Ejecutivo, elementos esenciales para la gobernabilidad democrática”.

La organización indicó que la reciente decisión de la Suprema Corte para conceder un amparo que permite el uso recreativo de la mariguana, no representa la primera ocasión que los ministros de esa instancia desafían las normas legales existentes. Recordó que el año pasado el tribunal consideró discriminatorio e inconstitucional la definición de matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer en otro caso que capturó los titulares de la prensa.


Open Society tiene representantes en casi 40 países. Apoya a los grupos de la sociedad civil en todo el mundo para promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios de comunicación independientes.

“A pesar de la evidente influencia de la Corte en la segunda democracia más grande de América Latina, el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de México ha atraído poco la atención pública. Aunque ahora que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto está preparando para nominar a dos nuevos jueces, los principales grupos de la sociedad civil mexicana están buscando una mayor transparencia en el proceso”, dice el artículo de Open Society.

El próximo 30 de noviembre, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero culminarán su cargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país, el cual asumieran en 1995. De acuerdo con lo contenido en la Suprema Corte, el Senado debe votar para confirmar las nominaciones hechas por el Presidente.

“Sin embargo, este proceso se lleva a cabo sin ningún debate o discusión pública, mientras que los votos del Senado para aprobar o rechazar cada uno de los candidatos están sustentados en nada más que un extracto de curriculum del candidato. No hay audiencias públicas. El Senado entonces aprueba o rechaza los candidatos, pero nunca se explica públicamente sus decisiones”, refiere Open Society.

La organización recordó que este año, “en respuesta a la presión de grupos de la sociedad civil”, el Senado dijo que por lo menos llevará a cabo una audiencia pública para discutir el proceso de selección para las dos vacantes.

El Senado, dice, también ha recibido miles de firmas de personas que exigen que los nombramientos se hagan sin favoritismo o parcialidad política. Open Society se refiere a las casi 50 mil firmas que ha conseguido una petición en la plataforma Change.org dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto para que durante los próximos nombramientos no se incluyan a militantes de partidos políticos o a las amistades de funcionarios.

La organización además refiere que los grupos de la sociedad civil también han solicitado que el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Mónica Pinto, participe en el proceso. “El preocupante contexto actual en materia de derechos humanos al que se enfrenta México [...] hacen imperante que exista un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones”, alertaron las organizaciones.


Open Society reconoció que la audiencia pública organizada por la Cámara Alta es un paso en la dirección correcta, “el establecimiento de un sistema más transparente requerirá cambios”. En este contexto, el Open Society Justice Initiative preparó un documento de antecedentes para apoyar este proceso, destacando una selección de las mejores prácticas internacionales, regionales y nacionales en este ámbito.

Los elementos clave son los siguientes:

• Criterios objetivos y públicos deben establecerse sobre la base de aptitudes profesionales adecuadas, como lo exige la Ley y las normas regionales pertinentes.
• El proceso debe llevarse a cabo a través de concursos abiertos y debe incluir audiencias públicas; los senadores deben publicar las opiniones que justifican sus decisiones.
• El proceso debe fomentar la participación de los diferentes grupos de la sociedad, incluidos los grupos de la sociedad civil y permitir la detección y la participación de la población en el proceso público.
• Los criterios de selección deben ser claros y bien divulgados, y los candidatos deben ser requeridos para demostrar un registro de competencia e integridad superior.

Open Society dice que el tipo de presión de la sociedad civil puede desempeñar un papel importante en la creación de un proceso más abierto para nominar a los mejores jueces.

La organización refiere que en Argentina, por ejemplo, a raíz de los esfuerzos concertados de la sociedad civil, el Presidente ahora nomina a los candidatos después de un procedimiento de nominación realizada por una comisión especial. En Corea del Sur, el procedimiento de nombramiento requiere la creación de un comité consultivo ad hoc.

En Brasil, detalla, se incluyó el requisito constitucional de que el Senado debe celebrar una audiencia pública para cuestionar el candidato. En los Estados Unidos, el Senado tiene, audiencias televisadas en directo que reciben un intenso escrutinio de los medios.

Open Society dice que Canadá también ofrece “un ejemplo interesante”: aunque no se especifica en su Ley, en 2006 un comité parlamentario convocó a la primera audiencia pública para cuestionar a una persona designada a la Corte Suprema del país.


“En última instancia, un proceso más abierto debería reforzar la confianza del público tanto en la calidad de los jueces del país, y en su independencia de las presiones del Ejecutivo, elementos esenciales para la gobernabilidad democrática”, concluye el análisis.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-11-2015/1547702