Un informe especial de CNDH documentó los saldos que dejó el conflicto Templarios – Autodefensas. Los grupos armados llegaron a dominar más de la mitad del territorio. Además nivel de deserción escolar alcanzó 60 por ciento y hay escuelas cayéndose a pedazos.
Entre 2011 y 2014 más de la mitad del territorio de Michoacán se convirtió en un campo de batalla y una zona sin ley. Primero fue la corrupción y violencia causada por el cártel de los Caballeros Templarios y luego la irrupción de los grupos de autodefensa, quienes también terminaron delinquiendo. El saldo: más de tres mil 500 víctimas directas de un conflicto que dejó muertos, desplazados, secuestrados y desaparecidos.
Lo anterior está documentado en el informe especial que presentó este jueves 12 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Los Grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el Conflicto, el cual explica en cuatro etapas el proceso de deterioro que sufrió el estado y la herencia del mismo.
El acoso del cártel de los Caballeros Templarios a la población, así como la ausencia –por complicidad o incapacidad– de las autoridades locales, detonaron el surgimiento de los movimientos de autodefensa; estos llegaron a tener el control de 33 municipios, equivalentes a más del 56% del territorio michoacano.
Los costos de esta violencia, de acuerdo con la investigación de campo de la CNDH, van desde el desplazamiento forzoso de más de medio millar de personas y familias, hasta por lo menos 475 homicidios, 524 secuestros, y un número no determinado de desaparecidos, entre otros.
Los municipios de Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro y Uruapan concentraron a casi la mitad de todas las víctimas documentadas por el conflicto, detalló el informe.
Además, la CNDH identificó que los problemas estructurales en la educación del estado son otro foco rojo del conflicto. Escuelas cayéndose a pedazos y deserción escolar de hasta 60 por ciento derivaron en que menores de edad se integraran a las filas armadas de los autodefensas.
El informe de la Comisión formuló un total de 55 propuestas a las autoridades de los tres gobiernos para evitar que una situación como esta se repita y se vulnere, otra vez, los derechos humanos de los habitantes.
Una de las principales sugerencias es investigar el financiamiento y origen del armamento de los grupos de autodefensa que sirvieron de base para conformar la hoy existente Fuerza Rural, pues los testimonios recabados confirmar que muchos de ellos fueron infiltrados por el crimen organizado.
Las cuatro etapas
La CNDH dividió en cuatro etapas el desarrollo del conflicto en Michoacán. La primera de ellas corresponde al periodo entre 2011 y 2012, cuando se registraron casos de extorsiones, secuestros, homicidios y desapariciones causadas por los Caballeros Templarios.
“Las autoridades se limitaron a emplear estrategas de despliegue de fuerza para el combate a la delincuencia organizada, pero no a implementar medidas de persecución del delito para indagar a funcionarios coludidos o golpear estructuras económicas que sostenían a los criminales así como para atender zonas vulnerables”, dice el informe.
La segunda etapa definida por CNDH inicia el 24 de febrero de 2013 con el surgimiento de los primeros grupos de autodefensa, en la Ruana –perteneciente al municipio de Buenavista– y en Tepelcatepec. El fenómeno creció ante el “desconcierto” de autoridades, señala el organismo.
Las autodefensas consiguieron extenderse progresivamente a 33 municipios que representaron 56% del territorio de la entidad, área en donde vivía 1 de cada 3 michoacanos. Se formaron así dos frentes de batalla: autodefensas y criminales.
La tercera etapa arranca el 13 de enero del 2014 con el surgimiento de una estrategia dirigida por autoridades federales y estatales para combatir a los Caballeros Templarios y desmovilizar a las autodefensas. Se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán encabezada por Alfredo Castillo.
En este periodo viene la detención de líderes templarios y personajes políticos clave, como el secretario de Gobierno Jesús Reyna y los alcaldes de Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Aguililla. Pero es también en esta fase cuando surgen acusaciones y división entre autodefensas por factores como la incorporación de delincuentes supuestamente “arrepentidos”.
La CNDH marca el inicio de la cuarta etapa el 13 de mayo de 2014 con el decreto del gobierno estatal por el cual se crea la Unidad de Fuerza Rural, la cual integró a líderes e integrantes de varios grupos de autodefensa.
Los saldos
La violencia en Michoacán dejó poco más de tres mil 500 víctimas en el estado. La CNDH tiene el registro de 502 casos de desplazamiento forzoso; es decir, gente que tuvo que irse a otras zonas de Michoacán, a otras entidades o incluso a Estados Unidos.
Por ejemplo, se tuvo el reporte de 100 familias que se fueron del municipio de Aquila, en Colima, a causa del deterioro en la seguridad y presencia de grupos de autodefensa; o de otras 200 personas que se refugiaron en el municipio de Cahuayana tras huir de Coalcomán y Chinicuila.
Además, la comisión registró a tres mil 27 víctimas de distintos delitos, entre ellos 864 por extorsión, 597 por afectaciones al patrimonio, 524 por secuestro, 472 por homicidio, 192 por lesiones, 157 por privación ilegal de la libertad, 119 por violación, entre otros.
Los testimonios de las víctimas indirectas recabados por la comisión apuntaron la responsabilidad de muchos de los casos al crimen organizado, pero también a distintos grupos de autodefensa.
Buenavista es el municipio michoacano que acumula el mayor número de víctimas, con 616 en total, muy por encima de cualquier otro municipio. Se trata de la primera localidad en la que surgieron grupos de autodefensa, junto con Tepalcatepec, que es el tercer municipio con más víctimas con 247. Entre ellos está Apatzingán con 261 víctimas
En estos y otros municipios los visitadores conocieron de casos como despojos de minas a sus legítimos propietarios, personas secuestradas y desaparecidas pro rehusarse a pagar “derecho de piso”, empleados de funerarias obligados a proporcionar ataúdes sin que se presentara la documentación necesaria, despojos de propiedades, etcétera.
Escuelas en ruinas, niños armados
El informe de la CNDH, sin detallar una cantidad o municipio, alertó de la presencia de menores armados en los grupos de autodefensa, y atribuyó esto a un sistema educativo en deterioro en Michoacán, tanto por factores de la violencia, pero también a fallas estructurales.
En un apartado específico para este tema, la CNDH dijo que se pidió al gobierno de Michoacán un informe detallado sobre tasas de deserción de los planteles pero no hubo respuesta. Autoridades escolares dijeron por separado, que la tasa iba desde 15 por ciento en nivel primaria hasta 60 por ciento en nivel medio.
La CNDH señala que se hizo una vista a más de 150 planteles en donde se identificaron múltiples deficiencias.
“Se pudo documentar el estado de abandono y descuido de las escuelas: instalaciones viejas, deterioradas o en ruinas, inservibles, peligrosas; materiales didácticos inexistentes; útiles escolares que llegan tarde, mal o nunca; equipos de apoyo como computadoras, laboratorios o maquinaria para talleres, los cuales de tenerlos no funcionan” indica el informe.
Un caso representativo, detalla la Comisión, es el de una escuela en Pátzcuaro que tuvo el mejor aprovechamiento de la entidad en 2012, pero que apenas consta de tres aulas a punto del colapso a no ser por unas vigas de metal que las sostienen. Aunque la mayoría de los 350 alumnos del plantel son de escasos recursos, solo 35 son beneficiario de oportunidades
En enero de 2014 un choque entre autodefensas y sicarios en Múgica generó daños en un planten escolar, entre ellos agujeres en paredes y ventanas por impactos de bala, y la destrucción de un tanque de agua por una granada de fragmentación.
En ese contexto, la CNDH propuso al gobierno de Michoacán que a la brevedad se pueda realizar un diagnóstico de la situación educativa de la Entidad y se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a una educación de calidad y frenar la deserción de los estudiantes, sobretodo en zonas marginadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/la-herencia-del-conflicto-en-michoacan-mas-de-500-desplazados-440-asesinados-524-secuestrados/
México, DF. Después de nueve horas y media de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, únicamente con el aval de PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.
De las 283 reservas presentadas en la tribuna por 72 oradores, sólo se admitió una para que la Secretaría de Desarrollo Social incorpore en sus programas la inclusión de personas con discapacidad, obligación que se aceptó sólo porque no implica ningún impacto del gasto.
De esta manera con 306 votos a favor y 165 en contra, estos de las bancadas de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, y se registró una solitaria abstención.
A las 9:45 horas de este viernes la Mesa Directiva dio por concluida la sesión, que inició ayer al mediodía e informó que después de revisar el documento y realizarse ajustes de redacción y puntuación se enviará al Ejecutivo para su publicación.
Además, la Mesa Directiva citó a sesión hasta el miércoles, por lo que los diputados se darán cuatro días de puente.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRÍQUE MÉNDEZ/ ROBERTO GARDUÑO.
México, DF. El edificio central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicada en Eje Central, Xola y Universidad, será la sede de la reunión privada que a las 18 horas se llevará a cabo entre diputados de Morena, encabezados por Rocío Nhale, y funcionarios de gobierno federal para que los primeros den a conocer su propuesta alternativa para resolver el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La reunión será presidida por Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, y su homólogo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pachiano Alemán, quien dijo que escucharán la propuesta de Morena para revisarla y discutirla.
Cuestionado si establecerían una agenda de trabajo o más reuniones al respecto, Pacchiano puntualizó que "primero deberemos ver cómo se lleva a cabo esta reunión. Nosotros vamos a escuchar cuáles son los argumentos y ahí tomaremos las deciciones".
La propuesta del aeropuerto altenativo fue dada a conocer el pasado 3 de noviembre por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, y ya presentó al gobierno del Distrito Federal, que encabeza Miguel Angel Mancera.
López Obrador planteó que en lugar de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) proyectado por el gobierno federal con una inversión de 170 mil millones de pesos y para el cual ya se lanzó el primero de 21 paquete de licitaciones, se mantengan en funciones tanto el actual aeropuerto como el que pertenece a la base militar de Santa Lucia, mismo que tendría que cerrar con el proyecto oficial.
En sí, Morena propone la construcción de dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, ubicado en Hidalgo, para vuelos internacionales y de emergencia, y que se remodele el AICM, manteniendo en uso para vuelos y cargas nacionales sus dos pistas y ambas terminales, sin necesidad de construir un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México. Ello, según los cálculos de Morena, implicaría un ahorro de 100 mil millones de pesos respecto a la primera propuesta, además de mayor desarrollo social y menor impacto ambiental negativo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GÓNZALEZ.
CHIHUAHUA, Chih: El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, propuso que se discuta la posibilidad de legalizar la exportación de mariguana con fines medicinales.
El mandatario argumentó que Chihuahua es productor de esta planta y podría exportarla con fines curativos.
“Se requiere observar varias aristas (…) hay quién está planteando la importación de uso de narcóticos y yo la plantearía al revés, nuestra región debiese legalmente plantear la posibilidad de exportación de productos como la cannabis, la goma de opio que se usa para fines de salud y para aminorar dolores, que es muy caro”, propuso.
El mandatario manifestó que la importación legal de morfina es altamente costosa para el sector salud: “Estamos enriqueciendo industrias extranjeras, cuando aquí lo podríamos hacer”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420661
La evaluación para determinar si los maestros son aptos para seguir en las aulas se desarrollará entre operativos policíacos, ante la amenaza de la disidencia magisterial de boicotear la aplicación.
Este fin de semana inicia la evaluación al desempeño docente, es decir, los maestros que dan clase harán exámenes para determinar si son aptos para seguir en las aulas, pero el proceso ocurrirá entre operativos policíacos, ante la amenaza de la disidencia magisterial de boicotear la aplicación. El mensaje del secretario de Educación, Aurelio Nuño, es claro: “habrá suficientes policías federales en cada uno de los estados”.
Además, el Instituto de Evaluación de la Educación (INEE), rechazó a los observadores ciudadanos para vigilar el proceso, lo que significa un “regreso a la opacidad”, advierte la organización Mexicanos Primero.
Esta es la primera vez que los maestros y directores tienen que demostrar suficientes capacidades para enseñar o dirigir una escuela. De lo contrario, podrían ser removidos del cargo o despedidos, aunque tendrán hasta tres oportunidades para conseguirlo.
Si los maestros y directores reprueban la evaluación, deberán acudir a cursos de capacitación hasta en tres ocasiones y repetir el examen. En caso de reprobar, los maestros contratados antes de la aprobación de la Reforma Educativa (2013) serán asignados a otras labores y dejarán de dar clases. Mientras que los contratados después de esa fecha, serán despedidos.
Esto es resultado de la Reforma Educativa, que establece que las evaluaciones determinarían el ingreso, promoción y ascenso de los profesores en el sistema educativo según la Ley del Servicio Profesional Docente, uno de los reglamentos secundarios de la reforma constitucional.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, se inscribieron 149 mil 749 maestros, de los cuales 116 mil 825 son de educación básica, 29 mil de educación media superior y 3 mil 898 directores de preescolar, primarias y secundarias.
A partir de este sábado 14 y los fines de semana de noviembre se aplicarán las evaluaciones a maestros y directores de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En Baja California y Veracruz se extenderá hasta el 5 de diciembre y Puebla el 6 de diciembre.
Las entidades donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen mayor influencia aplicarán los exámenes el próximo mes. Se trata de Chiapas (12 y 13 de diciembre), Guerrero (3, 4, 5 y 6 de diciembre). Mientras que en Michoacán será el 21 y 22 de noviembre y en Oaxaca, 28 y 29 de noviembre.
La CNTE amenaza con boicotear la aplicación de los exámenes a través de movilizaciones y de impedir el paso de los maestros sustentantes a las sedes. Esto como una muestra de rechazo a la Reforma Educativa y por la pérdida de interlocución con el gobierno Federal y estatales para conseguir plazas automáticas.
Sin embargo, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó que las evaluaciones se realizarán porque habrá “Policía Federal suficiente en cada uno de los estados” para resguardar el proceso.
Esto, como parte de los acuerdos que tomaron los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chiapas, Manuel Velasco; de Oaxaca, Gabino Cué; el Secretario de Educación Pública de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, y el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, en una reunión este jueves 11 de noviembre.
Sin embargo, los excluidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) fueron los observadores ciudadanos que vigilarían el proceso, como ha ocurrido en los concursos de ingreso docente.
El INEE no ha dado una respuesta pública oficial, pero este viernes emitirán un posicionamiento a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con Mexicanos Primero, organización dedicada a la política educativa, el argumento del INEE es que la Ley General del Servicio Profesional Docente no explicita la presencia de observadores; sin embargo, la decisión es una “decisión es contraria al espíritu de la ley”, advierte la ONG.
Al impedir la vigilancia ciudadana se limita la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de los mejores maestros para estar frente al aula. Con esa decisión, se impedirá que la sociedad civil podría dar información imparcial sobre incidencias e irregularidades que pudieran ocurrir en dicho proceso.
Las evaluaciones incluyen estos aspectos:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/entre-policias-y-sin-observadores-ciudadanos-asi-sera-la-evaluacion-de-149-mil-maestros/
El gobernador Aristóteles Sandoval inauguró el Seminario de Comercio e Inversión en Jalisco, ante la presencia de más de 100 inversionistas y directores de empresa japoneses.
Tras destacar el crecimiento de la inversión japonesa en Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que su entidad es la mejor alternativa para los empresarios de Asía, ya que el estado cuenta con una ubicación estratégica, gracias a dos aeropuertos internacionales y a su cercanía con el puerto de Manzanillo, en Colima.
“El valor de Jalisco, más allá de su ubicación, es la capacitación del personal que cualquier empresa japonesa utilizaría para operar y hacer crecer su inversión. Son 24 empresas japonesas en Jalisco, hoy se anunció la 25 y esperamos que se sumen muchas más.
“Hoy por hoy, Jalisco es la puerta de entrada de Asia a México”, señaló el gobernador al inaugurar el Seminario de Comercio e Inversión en Jalisco, ante la presencia de más de 100 inversionistas y directores de empresa japoneses.
El Seminario contó con la participación del embajador de México en Japón, Carlos Almada, quien destacó el buen momento que viven las relaciones con el país nipón, en especial en el ámbito comercial, ya que en la actualidad México es el primer país no asiático, y sexto a nivel global, en las preferencias para invertir por parte de las empresas japonesas.
Resaltó que las empresas japonesas crecieron de 300 a 800 en los últimos tres años y que cada semana una empresa nipona inicia operaciones en México con una inversión acumulada de 18 mil millones de dólares.
Al hablar sobre Jalisco, el diplomático apuntó que la entidad refleja el dinamismo de la economía nacional, al tener una población joven, 20 universidades y centros tecnológicos y la formación continua de técnicos e ingenieros debidamente capacitados.
Firma convenio con MISUHO BANK
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, firmó un memorándum de entendimiento con el MIZUHO BANK, el segundo banco comercial y de inversión más importante de Japón.
Para la institución bancaria, el convenio tiene como objetivo ampliar su presencia en México con el fin de consolidarse en el primer lugar en la lista de los inversionistas japoneses que buscan acceder a un crédito para ampliar o arrancar operaciones en nuestro país, principalmente en Jalisco.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/jalisco-la-puerta-de-entrada-de-asia-a-mexico-dice-el-gobernador-aristoteles-sandoval/
Orizaba, Ver: Con la cancelación de programas de impulso agrícola, el gobierno federal agravará las condiciones de pobreza en el campo mexicano, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ordenó a sus delegados en el país la suspensión de subsidios en la producción de café, maíz y frijol e igual detuvo el pago de proveedores de maquinaria, equipos e insumos, incluso los que no se hayan cubierto.
De acuerdo con el oficio 311 que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa, emitió el pasado 11 de septiembre de este año y del cual La Jornada Veracruz tiene una copia se ordena la cancelación de los programas de Fomento Agrícola, además de Minería Social y Recursos Genéticos Agrícolas.
En el texto del documento la dependencia federal explica los motivos por los cuales se cancelan la entrega de recursos económicos a los programas que de operan en esta dependencia:
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a la Sagarpa que reservó (sic) el presupuesto de los componentes Pimaf y Procafe, por lo que a partir del día de hoy y el resto del año 2015 NO (sic) hay disponibilidad presupuestal en dichos componentes”, reitera en su segundo párrafo.
Además el mismo documento, firmado por el titular de esa área, Belisario Domínguez Méndez, hace una serie de recomendaciones a los delegados de la dependencia en la República, para que eviten autorizar el uso de los recursos de esos programas federales.
“Por lo anterior, les solicito atentamente tomar las medidas necesarias e informar a los diferentes productores y sus proveedores de dichos componentes que ya no será posible pago apoyos de esos componentes y por tanto NO (sic) se deberán realizar entregas a los productores, de la maquinaria, equipos, insumos y demás conceptos de apoyo, que no se hayan pagado efectivamente. En este sentido cualquier entrega de incentivos será estrictamente responsabilidad de quien la realice”, finaliza el documento.
Ahora bien y de acuerdo al portal web de la misma dependencia federal, los componentes (Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) y Programa de Impulso al café (Procafe) tienen objetivos muy similares que es el de impulsar el crecimiento de ambas actividades.
La población objetivo son las personas físicas o morales dedicadas a la producción de maíz y frijol; la cobertura, según se explica, “dará prioridad a los productores/as que propicien Polos de Desarrollo y se ubiquen en regiones con vocación y potencial productivo, en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así también aquellos productores/as ubicados en los 1012 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este componente es excluyente de los incentivos de los Componentes Agroincentivos y MasAgro”.
Ahora con la cancelación de ambos programas, dice Raúl Vásquez Santos, representante de la Vieja Guardia Agrarista en la zona centro del estado, se agravará el rezago de las familias que dependen de esta actividad, “si de por sí hay problemas en la producción con la cancelación de esos dos programas se condena a más pobreza a las familias de esta zona”.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/cancelacion-de-esquemas-de-la-secretaria-de-agricultura-agravara-pobreza-preven/?utm_source=hootsuite
El diputado local Ricardo Ahued Bardahuil recomendó a la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, convocar a toda la comunidad universitaria y salir a marchar en contra del gobierno estatal para exhibir los adeudos y obligar a la autoridad a que les paguen.
“La rectora de la Universidad Veracruzana tiene que defender a cuerpo y espada lo que es su labor, su derecho y su casa de estudios, y todos debemos apoyarla para que tenga el dinero que necesita”, manifestó y dijo que él se sumaría a una marcha en este sentido.
Dijo que algo similar ocurrió en Jalisco, donde el gobierno estatal le retenía los recursos a su universidad, y el rector junto con la comunidad salieron a marchar y de inmediato le depositaron.
El diputado local manifestó su respaldo a Sara Ladrón de Guevara en dar a conocer la situación financiera por la que atraviesa la UV y solicitar el apoyo del Senado de la República, así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para presionar al gobierno de Veracruz a que pague.
Si bien, reconoció que lo ideal no es que se llegara a esta situación y mucho menos un enfrentamiento mediático o institucional, señaló que es la única salida que queda cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación incumple con los pagos correspondientes.
“La universidad tiene que buscar de qué manera le den lo que le corresponde legítimamente, lo tiene que pelear como institución educativa no hay de otra”. Reprochó que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) intente cobrar a la UV presuntas cuotas y aportaciones pendientes, lo cual, estimó, obedece a un ataque hacia la rectora por dar a conocer la situación financiera que prevalece en la máxima casa de estudios.
Ahued Bardahuil retó al director del IPE, Armando Adriano Fabre, a que demuestre efectivamente la UV adeuda, de lo contrario que se retracte y disculpe. “A la Universidad Veracruzana hay que apoyarla, sería lamentable seguir desgastando el actuar de una universidad que es icono de la educación en Veracruz y de la sociedad, que necesita recursos para estudiar en una escuela pública de este nivel”, añadió.
Insistió que se debe de dar los recursos que se le deben a la Universidad y si no, entonces que el Congreso del Estado y la Federación le otorguen el dinero que necesita; cuestiónó el hecho de que se esté brindando un presupuesto multimillonario a las instituciones electorales, cuando la educación debe ser primordial.
“Me lastima mucho que lo que le dio cuerpo a esta nación, el fomento a la educación y por el que pagan los mexicanos mucho dinero, hoy llamado subsidio como si fuera una cosa gratuita o una bondad del estado, del gobierno mexicano, y que ahora se diga como que la UV es una carga cuando es una obligación emanada de la Constitución, que es un derecho a la educación gratuita y ahora que ya se les haga pesado pagarlo”, refirió.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/insta-ahued-a-rectora-a-convocar-marcha-para-reclamar-el-adeudo/?utm_source=hootsuite.
CUERNAVACA, Mor: Colectivos de familias de víctimas de desaparición forzada, defensores de derechos humanos, activistas y académicos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Graco Ramírez investigar a fondo y a la brevedad las fosas clandestinas de la Fiscalía General halladas en Cuautla.
“El horror que se vive en el país parece interminable y no nos resignamos a ello, se deben investigar a fondo y a la brevedad las irregularidades respecto a esas fosas clandestinas e ilegales y presentar públicamente las conclusiones correspondientes”, demandaron en una carta dirigida al presidente, el gobernador morelense y otras autoridades federales y estatales.
Además de las violaciones a la ley que implican fosas clandestinas abiertas por una fiscalía, presumen que este hecho “puede configurarse como un crimen de lesa humanidad”.
Los inconformes exigieron el involucramiento de todos los niveles de gobierno para responder a esta inquietud social que resulta una “afrenta y preocupa a la sociedad morelense y a todos los mexicanos de buena voluntad”.
En la carta firmada entre otros por Raúl Vera López, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Jesús Robles Maloof, Daniel Jiménez Cacho, Jacobo Dayán, Miguel Concha Malo y Michael W. Chamberlin, cuestionaron: “¿Por qué dadas las condiciones de desaparición en el país no se hicieron las pruebas correspondientes, entre otras, las de ADN?” a los cuerpos encontrados en las fosas.
Cuestionaron también si poner las carpetas de investigación a disposición del público incluye la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas puedan realizar estudios para verificar que sean o no las víctimas, y si el gobierno del estado tiene suficiente capacidad para evitar la proliferación de fosas clandestinas o en lugares que no cumplen con las especificaciones jurídicas y de salud.
Las organizaciones exigieron a las autoridades “responder públicamente” a la sociedad civil mexicana estas y otras preguntas a “investigar a fondo” las irregularidades y violaciones a la ley que representan las “fosas clandestinas e ilegales”, así como hacer públicas las conclusiones de dichas investigaciones, “a la brevedad”.
Los firmantes de la carta consideraron que las actuaciones de la Fiscalía del Estado fueron revictimizantes al realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos corresponden o no a sus familiares desaparecidos.
Además estimaron que el hecho puede configurarse en un crimen de lesa humanidad y en una violación a la Ley General de Víctimas y al derecho de las familias de 83 desaparecidos documentados en Morelos en los últimos dos años y las de más de 26 mil desparecidos en todo el país.
Por ello exigieron, “más allá de la apertura de las carpetas de investigación, reabrir las fosas y establecer el número de cuerpos que contienen, además de que un grupo de peritos independientes coordinados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realicen las pruebas necesarias para determinar su procedencia”.
Asimismo, pidieron al gobierno del estado “establecer un diálogo activo y público con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan, para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas”.
A los ayuntamientos les pidieron identificar “las fosas que dentro de su territorio se encuentren fuera de la Ley, pues está claro que no existe tal identificación”.
Finalmente, demandaron la promoción de una iniciativa de reforma en el Congreso del estado para dotar de la autonomía necesaria a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, “para que pueda realizar su trabajo de reparación del daño y de acompañamiento psicosocial”.
La carta está firmada por colectivos de víctimas de Baja California, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, estado de México, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, además de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Colectivo Las Alamedas, El Grito Más Fuerte, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros.
UAEM, lista para los exámenes genéticos
Esta mañana, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, hizo suyo el contenido de la carta dirigida al presidente Peña Nieto y a Graco Ramírez, e instruyó al director del Instituto de Ciencias Aplicadas de esa casa de estudios, Iván Dunker, a crear el grupo de trabajo que pueda brindar el servicio a la comunidad para realizas las pruebas genéticas a los cuerpos en las fosas clandestinas.
En el marco de la inauguración del coloquio internacional Tejiendo Voces por la Casa Común, dijo que la UAEM pondrá a disposición toda su capacidad para apoyar a las familias de las víctimas con la parte técnica pero también con el acompañamiento legal e institucional.
Las fosas, resguardadas
Las fosas ya fueron “resguardadas” con cinta de seguridad por la propia Fiscalía del estado y solicitó a la policía del Mando Único establecer vigilancia las 24 horas, según confirmó un elemento de la corporación en turno.
Esta medida, confirmaron fuentes de la Fiscalía, se instrumentó a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicitó tomar medidas precautorias en tanto no se concluyan las investigaciones al respecto.
El pasado 5 de noviembre Apro dio a conocer la existencia de las fosas clandestinas de la Fiscalía tras una denuncia realizada por la familia Rodríguez Hernández.
La familia dio con esas fosas durante la búsqueda de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cadáver forma parte del grupo de los 150 cadáveres hallados en las fosas clandestinas de la Fiscalía.
Su cuerpo fue colocado “por error u omisión” en una de estas fosas clandestinas, por personal de la Fiscalía, a pesar de estar plenamente identificado por la familia a pesar de que existía una prueba de ADN que confirmaba plenamente la identidad del cadáver.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
FECHA: 12 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420588
Hasta ahora la SCT ha entregado 7 millones de televisores digitales.
El apagón analógico no se postergará y una de las razones es que hay un acuerdo suscrito con Estados Unidos para hacer la transición digital entre ambas naciones, proceso que deberá concluirse en el primer trimestre del 2016, informó el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar.
El titular del IFT explicó que todos los países del mundo trabajan coordinadamente para utilizar el espectro de una forma más eficiente.
“Se hacen despejes de espectro, se replanifica, etcétera. Esto obliga a México a coordinarse con autoridades de otros países para no interferirse y es el caso de EU. A 250 kilómetros de ambos lados de la frontera necesitamos coordinar nuestras señales para asegurarnos que no nos interfiramos”, indicó.
En la reunión que fue convocada por el presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, Zoé Robledo, autoridades de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como del IFT, reiteraron que el apagón analógico tendrá como fecha límite el 31 de diciembre, y coincidieron en que “México entrará a la era digital con una cobertura superior a la de la mayoría de los países que lo han hecho”.
Contreras destacó que este es un paso importante para México, con el que obtendrá grandes beneficios no solo en materia televisiva, sino de internet y telefonía.
Asimismo, hizo énfasis en que la concesión otorgada y pagada previamente, es de televisión digital, por lo que prolongar el apagón analógico representaría un problema para la operación del nuevo canal, además de que entorpecería el proceso de licitación de la cadena de televisión que quedó pendiente.
Mónica Aspe, subsecretaria de la SCT, informó que la cifra de televisores digitales entregados se encuentra en siete millones, e hizo un llamado a aquellas familias de escasos recursos que aún no se afilian a los programas de la Sedesol, para que puedan recibir la notificación correspondiente y procedan a recoger sus aparatos digitales.
Por su parte, el IFT continúa las labores de difusión y a través de spots radiofónicos, invita a la sociedad a mantenerse informado y consultar todos los detalles sobre la transición digital terrestre en la página www.tdt.mx.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1211/mexico/apagon-analogico-no-se-postergara-31-de-diciembre-sigue-siendo-fecha-limite-ift/
En la región donde trabajaban los tres servidores públicos se habían desarticulado bandas importantes de la delincuencia, por lo que esa es una línea de investigación, afirmó el fiscal Fernando Valenzuela.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) reportó el hallazgo de tres cuerpos de servidores públicos de esa dependencia en el municipio de Tacotalpa.
El titular de la dependencia, Fernando Valenzuela Pernas, informó en entrevista que los cuerpos corresponden al fiscal investigador asignado al Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Daniel Castellanos Abreu, al perito Aquilino Jiménez Ruiz y el intendente, Rodolfo Cárdenas Palomeque.
Precisó que sus cuerpos se encontraron en un predio a la altura del tramo carretero Ceiba-Puyacatengo, del poblado Cerro Blanco, en Tacotalpa, en el sur del estado.
Comentó que los tres servidores públicos fueron privados de su libertad el miércoles y amanecieron muertos este jueves en ese paraje.
El funcionario estatal señaló que se trata de un “golpe muy duro para la institución, pues son tres padres de familia y trabajadores públicos impecables”.
Apuntó que en el municipio de Jalapa, que colinda con Tacotalpa, se habían desarticulado bandas importantes de la delincuencia, por lo cual será una línea de investigación.
Puntualizó que las indagatorias del caso se trasladarán a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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La decisión postrera de Vicente Fox de suspender la fumigación de plantíos de mariguana o amapola obedeció a una política específica: Estados Unidos necesita cierta cantidad de droga –sobre todo heroína– para satisfacer a sus 20 millones de adictos; a Iguala le tocó ser un inmenso surtidor de opiáceos. Y esa ciudad perversamente reconvertida fue la trampa en la que cayeron los normalistas de Ayotzinapa en septiembre del año pasado, como lo documenta el periodista José Reveles en su libro Échale la culpa a la heroína (Grijalbo, 2015), del cual publicamos a continuación un fragmento, con permiso del autor y de la editorial.
MÉXICO, D.F: Es claro que en pocos años Iguala se fue transformando en un centro de acopio, preparación, selección, empaque y envío de goma de opio y heroína hacia Estados Unidos. Es el territorio productor de amapola o adormidera más importante no sólo de la República mexicana, sino de toda América.
México ya es el segundo país en el mundo, solamente después de Afganistán, en cuanto a potencial de obtención de heroína. Superó con creces a Colombia como abastecedor de opiáceos al mercado estadunidense (30 veces más) y desplazó a la antes segunda región productora mundial, el llamado Triángulo Dorado del sudeste asiático, donde convergen Myanmar (antes Birmania), Laos y Tailandia.
En este contexto internacional, la geografía que rodea a Iguala, ciudad de 140 mil habitantes, corazón de los sembradíos de amapola de todo el hemisferio, está dominada por grupos delincuenciales extremadamente violentos. Los criminales se han aposentado sometiendo y corrompiendo alcaldías y policías municipales para obligarlas a dar servicio y protección al multimillonario negocio trasnacional, el cual podría dejar a los traficantes mexicanos, ahora mismo, unos 17 mil millones de dólares anuales solamente en lo que hace a los opiáceos derivados de la amapola.
La debilidad institucional de los municipios y sus carencias ancestrales inclinan la balanza hacia los adinerados traficantes del opio, la heroína y la morfina, sin que las autoridades civiles y sus policías sean capaces ya de preservar mínimamente el orden y ejercer su obligación de ser garantes de la seguridad de los pobladores que las eligieron. Están rebasadas por la criminalidad, que no es local, nacional o regional, sino global –como aquí se explica– cuyos hilos se mueven desde cualquier parte del mundo.
Así, las comunidades de la Sierra Madre del Sur son como volcanes que producen exhalaciones desde su lava ardiente, agresiva. Son ollas de presión que guardan un potencial cada vez más peligroso de erupción para convertir en intransitable e ingobernable esa región caliente del país.
El asunto no es nuevo. El huevo de la serpiente se ha venido incubando gracias a políticas públicas que van de lo errático a la franca complicidad. Se están cumpliendo nueve años desde que el gobierno federal, en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox, decidió ya no combatir mediante fumigación aérea los cultivos de mariguana y amapola en ninguna planicie o montaña de ninguna región de la geografía nacional.
Las decisiones presidenciales y las consecuentes órdenes transmitidas al Ejército, la Marina y toda suerte de policías federales, estatales y municipales, dentro de un esquema punitivo del supuesto combate al tráfico de drogas, dejaron caer sobre las espaldas de los mexicanos una tragedia sin precedentes, cuyo origen está precisamente en la “guerra contra las drogas”, llamada así por Felipe Calderón, aunque después pretendiera negar sus propias palabras. Hay registro oficial de más de 150 mil homicidios dolosos en ese periodo; más de 30 mil desapariciones sin que sean hallados vivos o muertos esa cantidad bárbara de ciudadanos; más de millón y medio de hombres, mujeres y niños fueron desplazados por la violencia; cada año no menos de 20 mil migrantes centroamericanos son víctimas de secuestro, extorsión, tortura, violación y muerte durante su viacrucis a través de la República mexicana.
Pese a la evidencia de esta crisis humana en la que se abandonó a su suerte a los mexicanos, porque no hay justicia para las víctimas de tantos rostros de la violencia, a tres presidentes de la República les ha parecido políticamente correcto dejar florecer los plantíos ilícitos, a los que se mantiene intactos desde el aire y son atacados solamente a pie por tropas que no alcanzan a competir en extensiones y en ritmo de superficies destruidas de sembradíos ilícitos con la proliferación de otros nuevos, que se multiplican como plaga o se expanden, literalmente, como la mala yerba.
Y no es una suposición, sino un hecho verificable, que esas siembras ilegales ya no son atacadas por la vía aérea. Eso ocurrió exactamente a partir del 28 de noviembre de 2006, tal como lo decretó Vicente Fox, a quien le faltaban 48 horas para entregar la banda presidencial a un Felipe Calderón que entró por la puerta trasera al salón de sesiones del Congreso para tomar posesión.
Y luego, sin reparo alguno en las consecuencias, ejecutaron esa orden de parar el ataque aéreo a las drogas, dos semanas después, en diciembre de 2006, el recién nombrado procurador de la República (hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) Eduardo Medina Mora y el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván. Ellos obedecieron sin chistar la instrucción de los dos presidentes panistas y pactaron transferir 108 aeronaves de la PGR a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que durmieran y se chatarrizaran en instalaciones militares, porque a partir de entonces simple y olímpicamente se dejó de fumigar sembradíos ilegales.
Resulta monstruosamente criminal y absurdo, sin exageración alguna, que después de la descomunal tragedia que se dejó caer sobre las espaldas de los mexicanos descrita renglones arriba, México produzca hoy casi el doble de mariguana y al menos cinco veces más opiáceos que antes de la absurda y fracasada guerra que desató el gobierno de Felipe Calderón con el pretexto del combate al narcotráfico.
El objetivo de esa guerra fingida –la derrota del narcotráfico– nunca se cumplió. Por el contrario, se alentó con la inacción oficial la producción de opiáceos derivados de la adormidera, el cultivo de cannabis y la elaboración de drogas de diseño en cientos de laboratorios de la geografía mexicana.
Resulta entonces que hoy somos el mercado de abasto seguro de todo tipo de drogas que requieren más de 20 millones de adictos estadunidenses: heroína, mariguana y las sintetizadas en laboratorios. Además, México es el almacén y centro de distribución para todo el mundo de la cocaína que viene de Sudamérica. Ése es el triste papel que la potencia asignó a un país subordinado, su vecino del sur, con el que comparte una frontera de 3 mil 152 kilómetros.
No es en absoluto una exageración concluir, pues, que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es, finalmente, una responsabilidad de los tres últimos gobiernos federales mexicanos. Lo anterior a causa de la permisividad y la complicidad de las instituciones y los órganos públicos para que se continúen produciendo drogas en México en cantidades superlativas. Las decisiones que debieran ser soberanas acaban supeditándose a las necesidades del mercado internacional de sustancias ilícitas, controladas y administradas por la vecina potencia del norte, el país consumidor por excelencia.
Hay que reconocer que está, por supuesto, la responsabilidad inmediata del cogobierno PRD-Guerreros Unidos dominando la alcaldía de Iguala y controlando cualquier movimiento de personas y vehículos en su ámbito geográfico, operando la inadmisible agresión contra los normalistas. Estamos ante el resultado de políticas cultivadas fallidamente durante años.
La historia que desemboca en la desaparición de los 43 normalistas nace de esa supeditación al extranjero y de las políticas criminales e irresponsables de las recientes administraciones federales y estatales. Pero toda la investigación de ese crimen de lesa humanidad se orienta y se quiere constreñir al ámbito municipal, tal como conviene a los propios gobiernos federal y estatal, que sin dudas son corresponsables de esta desaparición forzada.
Crecen campos amapoleros
En cuanto a la amapola, adormidera o papaver somniferum, de cuyo bulbo se extraen goma de opio, morfina y heroína, según análisis de InSight Crime, México pasó de tener 5 050 hectáreas sembradas con esa flor en 1995 a 19 500 hectáreas en 2009. Hoy la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofrece su propio cálculo (porque no existen datos confiables en México) de que hay por lo menos 12 mil hectáreas de plantíos de amapola en nuestro país. Son cifras de 2011, todavía sin actualizar. Con esa extensión amapolera, en condiciones óptimas de explotación, se calcula que podrían producirse hasta 250 toneladas de heroína.
InSight Crime aconsejó a México revisar sus estadísticas, pues los informes de erradicación de cultivos no son congruentes con esa superficie: la ONU se equivoca haciendo un cálculo conservador o los gobiernos mexicanos exageran su capacidad destructora de cultivos ilícitos para el lucimiento ante la opinión pública, o tenemos una abrumadora realidad de un crecimiento jamás visto de los sembradíos de amapola.
Veamos las cifras oficiales, todas verificables en documentos, en declaraciones públicas y en los anexos de informes presidenciales.
Comparando los cuatro primeros años de gobierno de Ernesto Zedillo (65 240 hectáreas destruidas) con el primer cuatrienio de Vicente Fox (74 232) y el correspondiente de Felipe Calderón (49 606), el promedio anual de hectáreas de adormidera que habrían logrado eliminar esas sucesivas administraciones es de 16 310 (1994 a 1998), 18 558 (2000 a 2004) y 12 401 entre 2006 y 2010.
Quiere decir que siempre hubo más de las 12 mil hectáreas que se dice hoy están sembradas en México, tal como también lo muestran las 27 mil hectáreas que la administración de Enrique Peña Nieto presumió haber destruido en sus primeros 20 meses de gobierno, sólo para decir a la opinión pública que superó las superficies de amapola erradicadas en los dos primeros años de Calderón, que oficialmente eran 25 249 hectáreas. Hay potencialmente 250 toneladas de heroína susceptibles de producirse aquí. Son una cantidad exorbitante, si se considera que México pasó de obtener ocho toneladas en 2005 (más o menos lo que se atribuye como extracción anual a Colombia hoy mismo) a 50 toneladas métricas de heroína en 2009. Sumémosle a las superficies de adormidera el hecho de que, en años recientes, los traficantes han conseguido extraer más goma de opio en muchas menos hectáreas, lo que daría otro salto exponencial en 2015.
Hablando de toneladas, hace por lo menos cuatro años que la real extracción de goma de opio y la consecuente elaboración de heroína en México se instaló en los tres dígitos, rebasando a la región de Shan, en el noreste de Myanmar.
Los traficantes mexicanos son verdaderos empresarios, con un olfato ultradesarrollado para los negocios. Captaron que el precio de la mariguana bajaría con la legalización de esa droga en varios estados de la Unión Americana, sea para usos medicinales o para consumo recreativo, y voltearon los ojos hacia la heroína. Sobre todo porque la tendencia entre los adictos en Estados Unidos apunta otra vez al consumo de los opiáceos, como había ocurrido a principios de los noventa. Hay un “nicho de oportunidad” para los empresarios de la droga mexicanos que no desperdician las coyunturas favorables del mercado. Más de 90% de la heroína que se inyectan, fuman o inhalan –o degluten en fármacos legales– los adictos estadunidenses (allí se cuasiduplicaron los heroinómanos en un lustro, de 373 mil en 2007 a 669 mil en 2012 y ahora rebasan el millón) llega desde México, y de esa cantidad de opiáceos más de la mitad sale desde Iguala.
En ese infierno cayeron los normalistas recién ingresados a la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando simplemente iban a tomar autobuses para hacer sus propios “trabajos de observación” de la escuela y luego retener los camiones para trasladarse a la Ciudad de México en ocasión del 46 aniversario de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Además de que el jugoso negocio ilegal no acepta testigos ni miradas extrañas, primero corrió el rumor y luego se publicó en varios medios de prensa y en redes sociales que uno de los autobuses que finalmente fue tomado por los normalistas ya estaba “cargado” con mercancía ilícita para ser enviado a Reynosa, Tamaulipas. No se especifica si era alguno de los dos Costa Line o el Estrella Roja del Sur.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ REVELES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420527.
OAXACA, Oax: El dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Rubén Núñez Ginez, advirtió a los gobiernos federal y de Oaxaca que no pasará la “evaluación punitiva” del Servicio Profesional Docente en todos los estados donde tenga presencia el magisterio disidente.
“Le decimos a (Enrique) Peña Nieto, Gabino Cué y al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer que ni en Oaxaca ni en ningún estado donde tenga presencia la CNTE va a pasar la evaluación punitiva”, sostuvo.
Como muestra de su fuerza, añadió que actualmente la CNTE aglutina a más de 28 organizaciones sociales, sindicatos estudiantes, trabajadores que estarán vigilantes de esa “imposición”.
“Es importante decir que no cesaremos en nuestra lucha porque tenemos propuesta”, abundó.
Núñez Ginez refirió que el calendario de aplicación de exámenes no se llevara a efecto porque los maestros tienen un acuerdo y llamó a sus compañeros a estar pendientes y vigilantes.
“Estaremos concentrados de manera organizada, en resistencia y disciplinada, pero también con la contundencia de que este examen no pasará”, recalcó.
Condena represión a normalistas
Por otra parte, el líder de la Sección 22 del CNTE condenó el nuevo acto de represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que dejó un saldo preliminar de 13 estudiantes detenidos y una veintena de lesionados.
Núñez Ginez, responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo de los recientes hechos, al tiempo que les exigió la aparición con vida de los desaparecidos, de los detenidos y de los que fueron reprimidos por las fuerzas federales y estatales.
“Condenamos el crimen organizado (del gobierno federal y estatal) y la criminalización de la protesta social contra los líderes de este movimiento magisterial y popular”, sostuvo el líder de la Sección 22.
Y agregó: “tenemos claro que los gobiernos en contubernio hoy están deteniendo y encarcelando a los que representamos este movimiento”.
Al respecto la asamblea estatal del magisterio advirtió que si los gobiernos federal y estatal mantienen “su cerrazón al diálogo y su política antipopular” en despedir profesores y encarcelar dirigentes sindicales, convocarán de inmediato a un paro indefinido de labores y llamarán “a la solidaridad nacional para defender la educación pública y la soberanía”.
También convocaron a organizaciones populares para que se sumen a las acciones masivas que pretenden realizar el próximo 14 y 15 de noviembre para acordonar las sedes e impedir el “examen punitivo”.
Y luego de exigir la libertad de sus presos políticos, adelantaron que impulsarán ante la asamblea nacional representativa ampliada una marcha caminata de la entrada del estado de México al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encuentran presos cuatro de sus compañeros.
La asamblea local informó también que el 20 de noviembre realizarán una movilización estatal y nacional con la participación de dos maestros y un padre de familia por escuela y uno por centro de trabajo sindical.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420563
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a tres narcomenudistas que operaban en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En un comunicado, informó que la captura se realizó en cumplimiento de una orden de cateo otorgada por un juez de distrito. Por ello, policías federales ministeriales de la Unidad Especializada en Investigación de Narcóticos llegaron a un domicilio de la colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán, colindante con la máxima casa de estudios del país.
Ahí, los uniformados aseguraron 60 dosis de mariguana y 77 de metanfetaminas así como precursores químicos para su fabricación.
La PGR agregó que la detención fue resultado de varias indagatorias iniciadas este año, derivadas de notas informativas que revelaron la presencia de narcomenudistas en la zona de Ciudad Universitaria.
En días pasados, el tema de la venta y distribución de droga dentro de Ciudad Universitaria fue abordado por los candidatos a la Rectoría de la UNAM dentro de sus propuestas de trabajo, incluyendo al rector electo, Enrique Luis Graue Wiechersctor.
La PGR explicó que debido a estas denuncias periodísticas se implementó el operativo para detener a dos mujeres y un hombre de entre 30 y 45 años de edad. Del hecho se generó la averiguación previa PGR/SEIDF/UEIDCNCF/103/2015, por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, agregó que se tiene “toda la coordinación necesaria” con las autoridades de la UNAM para continuar con estos operativos y capturar a delincuentes que perjudican a la comunidad estudiantil.
“Tenemos una buena coordinación con la oficina del abogado general de la UNAM y derivado de estas condiciones nosotros hemos sido muy respetuosos de su autonomía. Las investigaciones han estado en el círculo cercano de Ciudad Universitaria y en otros campus donde también estamos desplegando elementos de investigación ministerial para poder llegar a detener a estas gentes que se dedican a introducir droga entre los estudiantes” expresó.
“Los desalojamos, pero se vuelven a meter”
En su edición del 10 de mayo de este año, el semanario Proceso publicó un reportaje titulado “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas”. El texto informó que desde hacía un año y medio, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se convirtió en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México, según denuncian alumnos y profesores de la institución.
El fenómeno, alarmante de por sí, estaba acompañado de una ola de asaltos, robos y acoso sexual.
En entrevista con este semanario, el director de la FCPyS, Fernando Rafael Castañeda Sabido, abordó el tema:
-¿Cuál es su diagnóstico sobre la inseguridad generada por la venta y consumo de drogas en la facultad?
-La realidad es que por nuestra cercanía geográfica con la colonia Santo Domingo tenemos de manera fluctuante problemas en el tema de seguridad: asaltos y robos de celulares, aunque a algunas estudiantes les han quitado su mochila u otras cosas. Ha habido robos (que yo no asociaría, pero también han ocurrido en otras instalaciones), en que rompen la tablarroca y roban computadoras, como en la parte administrativa, donde nos robaron laptops.
“Lamentablemente es un ambiente que se ha vuelto tenso. Hay que reconocer que hay venta de droga desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que la facultad estuviera instalada aquí.
“Antes había venta de droga, eran pequeños dealers que así como aparecían se iban. Hasta hace poco había uno al que le decían El Mentes, a otro El Atún y estaba El Tijuano. Éste último era norteño. Estos jóvenes eran conocidos aquí, pero de año y medio para acá surgieron otros grupos que no podría identificar. son 10 o 12 distribuidores que se hacen acompañar de otros más y en su conjunto reúnen 20 o 30 gentes.
“Supongo que debido (a la facilidad que da) la estación del Metro, vienen y consumen drogas jóvenes tanto de Santo Domingo como de otras regiones; esto nos intranquiliza más. No quiero decir que los vendedores no me preocupen; por supuesto que lo hacen, pero a veces los asaltos son ocasionados por gente que viene a comprar droga. Eso lo hemos visto en actas levantadas (por los estudiantes) en el Ministerio Público y la referencia que dan de estos jóvenes es que no pertenecen a la facultad y que consumen droga.
“Nosotros no tenemos un sistema de seguridad en esta facultad ni en la Universidad, tenemos sólo un sistema de vigilancia. Somos una institución educativa, abierta, plural, con un alto nivel de participación de estudiantes y profesores”, explica Castañeda.
-Afirman que hace año y medio llegó este grupo de la delincuencia organizada a desplazar a los pequeños dealers y Ciencias Políticas se convirtió en el punto de distribución de drogas de la zona sur de la ciudad.
-No tengo esa información. Me es difícil afirmarlo. Lo que hemos tratado de hacer con los recursos humanos y materiales que tenemos es desalojarlos, pero se vuelven a meter, porque nuestra área es muy grande.
-¿Dice que los vendedores de droga son de Santo Domingo?
-Es lo que nos han dicho, pero no tengo pruebas. Lo que es cierto es que estamos preocupados porque se vino a instalar este grupo acá.
-La venta de drogas es un delito federal, ¿puede entrar la PGR?
-Cuando hay un problema de orden legal evidentemente entran las autoridades. Nosotros tenemos que dar parte al Ministerio Público. De la venta de droga no se ha levantado denuncia por falta de evidencia… sólo hay narraciones.
-En recorridos hemos visto que la venta y el consumo de droga y de alcohol es evidente para todos.
-El consumo lo hemos visto. De la venta, lo que mi gente ha investigado es que desarrollaron un mecanismo muy curioso en donde el dealer no entrega la droga, sino que un perro identifica donde está y el comprador va y la recoge. Pero para nosotros es difícil documentar el hecho de que tal persona está vendiendo. Entiendo que este grupo es el que trae la droga, la entierra en algún lugar y es el perro es el que va y señala el sitio a los compradores.
-Es un tianguis: venden cocaína, mariguana, cristal…
-Eso nos han comentado. Sería bueno que preguntara a un MP, porque nosotros no tenemos forma de documentarlo y levantar un acta. Aunque el MP no puede entrar motu propio para atender los casos en los que tiene que intervenir la autoridad pública. La facultad tiene que presentar la denuncia y solicitar su intervención. El MP a su vez, a través de la Unidad Jurídica (de la UNAM), tramita un permiso para entrar al campus.
Sin embargo, el director Fernando Castañeda reconoce que la FCPyS no ha denunciado los hechos.
-Usted tiene dos periodos como director de la facultad, ¿qué pasó en Ciencias Políticas para que creciera este problema?, ¿qué se relajó?
-Tenemos la misma vigilancia, los mismos trabajadores, la misma rutina, las mismas prácticas desde antes de que yo fuera director. ¿Qué se pudo haber relajado?
-Usted es sociólogo, ¿cómo lo explica?, ¿el problema rebasó a las autoridades?
-Sí, pero por qué llegó este grupo es una cosa que en verdad desconozco. Como sociólogo le puedo decir por qué creció el consumo de drogas en la ciudad o en el país, pero no por qué llegaron a asentarse aquí.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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