México, DF. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, no quiere apresurar las cosas. Dice que para que salgan bien se necesita tiempo y que es posible que el nuevo modelo educativo comience a funcionar hasta el ciclo escolar 2018-2019, el último que inaugurará el presidente Enrique Peña Nieto.
Dos años y medio le llevó al gobierno federal armar el nuevo entramado jurídico. El SNTE, que tenía “secuestrada” la educación según la narrativa oficial, es hoy invaluable aliado de la reforma. A la disidencia magisterial se le mantiene a raya. Su nuevo titular le ha dado a la SEP, coinciden los analistas, nuevos aires que no podían soplar con su antecesor.
Ese nuevo escenario lleva a la primera pregunta:
-¿Es conciente este gobierno de que el éxito o fracaso de esta reforma ya sólo está en su cuenta?
-Pues sí, pero eso no es novedad. Este gobierno ha tenido la determinación de hacer la reforma educativa y estamos muy claros de que el éxito o el fracaso será una responsabilidad central nuestra.
Gracias al destacado antropólogo Roberto Varela –que estuvo casado con su madre y fue su “maestro informal”–, el ahora secretario de Educación conoció Una teoría del poder social de Richard N. Adams y las obras de otros antropólogos clásicos como Claude Lévi Strauss, Bronislaw Malinovsky y Clifford Geertz.
Nuño cierra una extensa charla con este diario con una reflexión sobre lo que le parece “exageración” en el desarrollo actual de las ciencias sociales: “Medir, medir, medir, y esas mediciones muchas veces ya no hacen las grandes preguntas. Las herramientas de la estadística ayudan, pero sólo explican un pedacito. La complejidad de los contextos, la diferencia entre un guiño y un parpadeo –y aquí recurre al ejemplo clásico que Geertz tomó de Gilbert Ryle–, es el mismo movimiento físico pero puede significar cosas opuestas. La thick description que no te puede explicar una ecuación”.
Valga el preámbulo para dar paso al guiño (¿o parpadeo?) que el secretario Nuño dirige a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: “Vemos que hay dos caminos y está en la cancha de la Coordinadora definir por cuál quieren caminar: si sus líderes quieren seguir el camino de sus canonjías, sus controles clientelares; continuar con un rechazo sistemático a la reforma que los lleve a seguir violando la ley, a no dar clases; a manifestarse -cosa a la que tienen todo el derecho pero sin romper la ley-; si quieren continuar por ese camino se van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Todo lo que implique infringir la ley será castigado”.
Más o menos, como se ve, el discurso que ha empleado desde que asumió el cargo y comenzó a asistir a los honores a la bandera cada lunes en una escuela distinta.
Sigue la oferta a la CNTE: “Les ofrezco abrir otro camino. Ese segundo camino es un diálogo educativo, en el que se acepte que la ley es la ley y que la reforma se tiene que implementar, pero la manera de implementar la reforma educativa tiene muchos caminos. Y ese es parte del diálogo que quiero tener con cada uno de los maestros: el nuevo modelo de escuela, los niveles de autonomía de gestión, los consejos técnicos escolares, el acompañamiento pedagógico, sobre todos estos temas hay que ver cómo lo vamos a hacer en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Ese es un diálogo al que estoy totalmente abierto”.
Nuño pone sobre la mesa el resto de los temas que forman parte de sus prioridades como titular de la SEP y sobre los cuales estaría dispuesto a dialogar con la disidencia magisterial: la infraestructura escolar (“¿quieren que lo hagamos juntos o no?”), el desarrollo profesional docente, la capacitación y el fortalecimiento de las normales (“no las queremos desaparecer sino fortalecer”).
“Vamos a tener grandes programas. ¿Cómo los vamos a hacer para Oaxaca, para Guerrero y Chiapas? Eso es parte de lo que quiero platicar con ellos”.
-¿La evaluación también?
-Las propias evaluaciones, sentarnos junto con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para hacerlas cada vez mejor. En eso sí estamos dispuestos a sentarnos.
No parece haber mucho margen, cuando el funcionario que completa apenas poco más de dos meses en su nuevo cargo dice: “Si quieren seguir la primera ruta, no van a encontrar, como eventualmente hubo en el pasado, un gobierno que conceda. Se van a encontrar un gobierno –y creo que ya hay pruebas suficientes- que va a tener una gran firmeza, que va a aplicar la ley y que no se va a echar para atrás”.
El balón, en la cancha de la Coordinadora Así la juega el politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana en este partido llamado reforma educativa: “El tema es que el balón está en la cancha de la Coordinadora. Ellos son quienes deben escoger el camino. Si tomamos el segundo, vamos a tener una mejoría en la educación”.
-Los maestros de Oaxaca dirían que ellos incluso tienen una propuesta, que han hecho foros…
-Sí, pero hasta ahorita no ha habido ninguna propuesta seria de sentarnos a hablar de este tema, porque cualquier propuesta seria implica que se acepte la nueva realidad educativa de la reforma.
-¿Se sentaría con la CNTE si acepta la evaluación, que es el punto de quiebre?
-No, toda la reforma, para que nos sentemos a hablar de toda la reforma, de todos estos puntos. Van a encontrar un gobierno totalmente abierto a iniciar ese diálogo.
-¿Que acepten la reforma pero puedan discutir el cómo? ¿Es lo que propone?
-Cómo se adapta a la realidad de cada estado, cómo vamos mejorando y cómo vamos aterrizando esta reforma. Vamos a involucrar a los maestros en la discusión de los planes y programas, a mí me interesaría mucho que estuvieran ellos, pero que estén implica que acepten la reforma educativa, de facto. Todo lo que estamos platicando es la reforma educativa, incluyendo la evaluación, pero no sólo la evaluación. Si damos ese paso creo que hay una gran avenida para tener coincidencias y que la educación camine muy rápido.
Si deciden ir por el otro camino pues será más difícil, más tortuoso, con más costos. Eso implicará mucho mayor desgaste para todos, especialmente para ellos.
Del “comes y te vas” al “vienes y educas”
En ocasión de la reciente visita de Estado del presidente cubano Raúl Castro se firmaron varios convenios sobre todo en materia comercial, pero también hubo avances en otras áreas.
-¿En la relación con Cuba pasamos del “comes y te vas” al “vienes y educas”?
-(Risas). El presidente Enrique Peña reconstruyó junto con el presidente Castro la relación con Cuba, que desde nuestra visión es estratégica. “Parte de la agenda de trabajo con Cuba es educativa. Lo que hicimos fue un acuerdo, una carta de intención”. La colaboración sería en alfabetización, educación física y “un tema donde también son muy buenos los cubanos” que es la promoción de la lectura.
Aunque no quedó firmado, a Nuño le interesa informar que solicitó a la ministra de Educación de Cuba, Ena Velázquez, explorar las posibilidades de que su país apoye al nuestro en el programa de fortalecimiento de las escuelas normales.
“La educación inicial en Cuba es buena. Nos interesa conocer su experiencia y explorar que podamos firmar un convenio mucho más específico que nos vengan a ayudar con el fortalecimiento de las normales”.
Nuño valora que a los docentes cubanos “los preparan muy bien para enseñar matemáticas y español, y eso será parte central del fortalecimiento de las normales y de los nuevos planes de estudio”. En materia de deporte la colaboración sería con capacitadores para las escuelas. “Allá, con muy pocos recursos tienen una muy buena educación física. Es un claro ejemplo de que no necesitamos grandes gimnasios o grandes cosas para poner hacer ejercicio y activar a los niños”.
La colaboración con Cuba en materia educativa, destaca Nuño, se había dado sobre todo con gobiernos estatales, pero ahora al gobierno federal le “viene como anillo al dedo porque estamos justo en el proceso de preparación de este plan de fortalecimiento de las normales”.
Honores a la bandera todos los lunes
No fue casual que el primer acto público del nuevo secretario de Educación fuera un evento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El gremio, dirigido por Juan Díaz de la Torre, es un entusiasta colaborador del gobierno federal para la reforma educativa. No ocurre lo mismo, por así decirlo, a ras de suelo.
-¿Cómo va a lograr cercanía con los maestros de grupo, no con las estructuras del gremio?
-Es la esencia de los recorridos que estoy haciendo en las escuelas. Han dicho que no me va a dar tiempo de recorrer todas las escuelas, es obvio, pero para mí es muy importante poder tener ese contacto directo con las escuelas, que hasta ahora había sido algo inusual para un secretario de Educación. Ir a las escuelas, tener este acto, que para mí es importante, de hacer honores a la bandera con los niños, una tradición que inició Lázaro Cárdenas en 1940, para reafirmar los valores bien entendidos de patriotismo.
A la ceremonia, describe el secretario Nuño, sigue “un diálogo abierto con los maestros y los padres de familia” al cual suele dedicar un par de horas.
-¿Entonces no tienen razón sus críticos cuando dicen que son escenarios controlados?
-Pues claro que no. La intención es precisamente que no lo sean, porque quiero tener un diálogo auténtico con los maestros, escucharlos. Lo que pasa en esos diálogos es que los maestros y los padres de familia me hacen planteamientos muy específicos sobre las necesidades de la escuela. En los temas que los podemos ayudar los ayudamos, ahí me acompañan los subsecretarios y el director del INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) porque siempre hay una necesidad de infraestructura para la escuela. En lo que no se puede, muy claro se los digo: a todos nos gustaría traer más cosas a la escuela, pero en este país hay 34 millones de alumnos y 260 mil escuelas y hay que llevar para todos. Lo entienden muy bien. Después empiezan con inquietudes de la reforma, de las evaluaciones, de los planes de estudio, de qué va a pasar. Yo los escucho.
Siempre me encuentro con algunos maestros que tienen más dudas que otros respecto a la reforma educativa y a la evaluación. Los escucho y les contesto directamente y cuando no estoy de acuerdo se los digo. Termina siendo un diálogo que enriquece mucho. He visitado relativamente pocas escuelas, pero he comenzado a encontrar un patrón de las principales inquietudes. Todos tienen dudas respecto de la evaluación. Me queda muy claro que algo que no hemos hecho del todo bien aquí es informar, porque lo primero que me encuentro es una enorme desinformación sobre el contenido de la reforma y sobre cómo funciona la evaluación. Permeó mucho esta idea de que la evaluación era para correr a los maestros y que el que no aprobara lo íbamos a correr de inmediato, cosa que es falsa. Tienen esa preocupación. Entonces les explico cada paso de la evaluación, que los que están convocados a esta evaluación de noviembre no van a perder su empleo. Les explico todos los pasos: desde qué va a pasar con los que no les vaya bien hasta los incentivos que van a tener los que les vaya bien.
El legado de Peña Nieto
En sus visitas de los lunes el secretario Nuño también dice haber encontrado muchas dudas sobre los nuevos planes y programas de estudio. A los maestros les ha explicado que el año próximo la SEP presentará dos documentos, uno para enseñanza básica y otro para media superior, con el nuevo modelo educativo y los renovados planes y programas. Seguirán foros con la participación de autoridades locales, pedagogos y maestros. De lo que resulte de tales foros, los equipos de la SEP trabajarán las versiones finales.
-A este paso, los planes, los programas, el nuevo modelo educativo, irán perfilándose en 2017.
-Sí, claro, lo cual es bastante rápido para ser una reforma educativa de esta profundidad. Cerramos el paquete jurídico, que era muy importante y en total nos llevó dos años y medio, si se toma desde la reforma constitucional hasta las últimas resoluciones de la Corte.
-¿Por qué la parte que es propiamente educativa no se pudo hacer de manera paralela?
-Desde mi óptica todo es educativo. Me imagino que mucha gente se refiere a lo propiamente educativo cuando tiene que ver con los planes y los programas. Eso es un mandato de la reforma, que obliga a que hagamos esta revisión de los planes y programas de estudio y la vamos a hacer.
El objetivo es, añade el secretario, que en el año 2018 “el presidente de la República entregue un sistema educativo radicalmente distinto, 180 grados distinto del que recibió en 2012, y eso implica muchos cambios. Es una reforma política. Estamos reorganizando políticamente al sistema educativo, que implica una parte laboral y administrativa, pero es sólo una parte. El tema de la evaluación y del Servicio Profesional Docente tiene un impacto educativo y académico, es la formación de los maestros. Como les digo a los maestros, la evaluación no es para correrlos, es para que juntos los podamos preparar mejor. Al final, el objetivo de la evaluación es tener información de qué es en lo que está fallando el maestro para darle la capacitación pertinente. Ese es el único objetivo que tiene la evaluación. Y por eso el otro lado de la moneda, que es la formación continua es muy importante, y es una gran apuesta que tenemos. En el presupuesto que está ahorita en discusión, la propuesta que envió el presidente tiene un incremento de más de 100 por ciento en todos los programas de formación docente.
“Nuestro objetivo es que los nuevos planes y programas estén ya en operación en esta administración. Quiero ser muy cuidadoso. A lo mejor nos da tiempo de que puedan estar operando en el ciclo escolar 2017-2018 o a lo mejor uno después, pero todavía inaugurado por el presidente de la República, que será el ciclo 2018-2019”.
Los siguientes pasos de la reforma
Nuño recuerda que el año pasado más de 20 mil personas participaron en foros sobre el modelo educativo y los planes y programas. De ahí surgieron las bases de los documentos que actualmente trabajan los equipos de la SEP, uno para el nivel medio superior y otro para el nivel básico.
Tales documentos podrían ser presentados a principios del próximo año y constituyen, dice Nuño, “un saque inicial del nuevo modelo educativo con sus nuevos planes y programas”. Vendrán los nuevos foros mencionados arriba pero acotados al contenido de ambos documentos de la SEP.
“Intentaremos tomar todo lo posible, pero habrá cosas que queden fuera, ni modo. El chiste es que se haya discutido ampliamente”.
Según su cronograma, los textos definitivos estarán listos hacia junio de 2016 y a partir de ahí comenzarán dos procesos paralelos: la elaboración de nuevos libros de texto y materiales educativos (que llevará un año) y un proceso de capacitación de los docentes en el nuevo modelo.
“Cuando lleguemos a ese punto podremos introducir a las escuelas el nuevo modelo. No quiero apresurar nada para que salga mal, ni la elaboración de los libros ni que los maestros tengan otra vez una gran angustia porque van a tener que enseñar con nuevos planes y no los conocen”.
Así que, “si nos va bien y esto fluye”, completa Nuño, el presidente Peña Nieto inaugurará el ciclo escolar 2018-2019 con un nuevo modelo educativo cuyos resultados ya no verá desde el poder.
Caerán los “mitos” de la reforma
-Los maestros se quejan mucho de la falta de información.
-Y tienen razón.
-¿Cuándo van a empezar a ganar los maestros con esta reforma?
-En la realidad ya están ganando, pero que ellos lo sientan, me parece que esta primera evaluación del desempeño va a ser muy importante, porque en la realidad los maestros que se van a evaluar, y eso lo van a ver los demás, van a ver dos cosas en la realidad, cosas que van a desmontar dos mitos. El primero, que a los maestros que no tengan un buen desempeño no los vamos a correr, y sé que muchos no me lo creen porque les han llevado tanto este discurso…
-Pero van a correr a los que no vayan al examen.
-Eso sí, en eso he sido clarísimo. Los 291 que no fueron a la evaluación diagnóstica ya fueron cesados. En eso la ley ha sido muy clara y eso les he dicho: el que haya sido convocado y no vaya a la evaluación lo vamos a cesar.
-¿Cuántos van a tener que cesar en Oaxaca, por ejemplo?
-Pues hay que ver. Pero las cifras que tengo de quienes ya se inscribieron en la plataforma es muy alta. No quiero dar números porque estamos acabando de cotejar, pero diría que en el caso de Oaxaca muy probablemente estemos alrededor de un 80 por ciento. Un muy buen dato que sí puedo dar: inscritos en plataforma para Michoacán tengo a más de 100 por ciento, es decir, a todos los que fueron convocados más un piquito que fueron como voluntarios.
“Los maestros que vayan a la evaluación van a ver que no los vamos a correr. Los que les vaya mal les vamos a dar capacitación. Eso es algo que se va a convertir en una prueba irrefutable. Los hechos van a matar ese discurso de que vamos a correr maestros o afectarlos en sus derechos.Y la segunda parte que van a ver es que a los maestros que les vaya bien van a entrar en los distintos niveles de incentivos, y van a ver que es una realidad”.
El secretario Nuño separa en tres grupos a los profesores “que les vaya bien” en la evaluación. El primero, formado por los que obtengan un nivel “suficiente” tendrá garantizada la plaza durante cuatro años. Al finalizar ese plazo deberá someterse a una nueva evaluación, previa capacitación.
El segundo grupo, formado por quienes obtengan “un desempeño bueno” tendrá la opción de conseguir más horas de clase.
Los maestros del tercer grupo serán los que tengan un desempeño “excelente” y recibirán un incremento de 35 por ciento al salario base o bien de 41 por ciento si laboran en zonas rurales marginadas.
Se entusiasma el secretario Nuño y sube el tono cuando cierra este capítulo: “Va a ser un primer impacto importante de lo que realmente es la evaluación. Todos ese mito de que ‘te van a correr’, va a quedar abajo”.
La plataforma “sí funcionó”
-Hablemos de las quejas de los maestros sobre la evaluación. Muchos tienen que viajar a sedes distantes, pagar traslados, hospedaje y alimentación. Luego, deben hacer un examen de ocho horas frente a una pantalla.
-Conocemos esas quejas. De acuerdo a lo que vemos, muchas son muy válidas. No hubo la difusión suficiente para explicarles con detalle y con tiempo suficiente una evaluación tan compleja. En eso tienen razón los maestros. La próxima evaluación me voy a encargar de que eso no suceda.
Ahora, hay cosas en las cuales no tienen tanta razón. Por ejemplo, esto de que llegan a un examen que no funciona, no es cierto, no ha pasado. No me atrevería a decir que ninguna computadora ha fallado en las pruebas anteriores, pero no hemos tenido un problema de una escala importante. Es decir, es ahí donde empiezan en parte los mitos. La evaluación, que fue definida por el INEE, consta de cuatro apartados, no es nada más un examen: tienen que registrarse en la plataforma…
-Las quejas son sobre las plataformas y sobre cualquier página de la SEP. Ahí está el caso de las boletas no entregadas por fallas en sus sistemas.
-Es parcialmente cierto, porque además es un ejercicio muy amplio. Hay zonas donde la conectividad no es muy buena, el sistema tiene cierta complejidad, porque subir las evidencias, es decir, los trabajos de los alumnos que serán evaluados, no es un proceso sencillo. Lo entiendo, por eso hicimos un gran esfuerzo de poner módulos para ayudarles a los maestros a subir esas evidencias, pero sé que podemos hacerlo mejor y acompañar mucho mejor a los maestros. Pero una cosa que no es tan cierta, y que no lo es por la propia evidencia, es este tema de que la plataforma no funcionaba. Tan no es cierto que por ejemplo en media superior más de 100 por ciento de los maestros pudieron subir sus evidencias. Eso quiere decir que funcionó, y en básica estamos en cifras muy cercanas al 100 por ciento. De 126 mil maestros convocados en básica estamos hablando de más de 115 mil maestros que sí lo pudieron hacer, esa es la mejor prueba de que sí lo pudieron hacer. Si no hubiera funcionado la plataforma no lo hubieran podido hacer.
Las prioridades del secretario
Aurelio Nuño delinea sus prioridades al frente de la SEP. La primera es, dice, “poner a los alumnos y las escuelas en el centro”. El “nuevo modelo de escuela” de ahí surgido implicará “mayores niveles de autonomía de gestión, fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, acompañamiento pedagógico a través del SATE (Servicios de Asistencia Técnica Escolar), una participación más activa de los padres de familia, y que se cumpla la normalidad mínima de cada escuela”.
El punto 2 es la infraestructura. El 3, el desarrollo profesional docente con tres elementos: formación inicial, es decir, las normales; el segundo, la evaluación; y el tercero, la formación continua.
Aunque la evaluación se convirtió en el centro del debate público sobre la reforma estrella del sexenio, Nuño subraya que en su listado de siete prioridades “la evaluación queda como un subtema de la prioridad tres. Es decir, la evaluación es muy importante pero ese es su verdadero nivel frente al tamaño de reforma que tenemos”.
El cuarto punto son los planes y programas; el quinto, una educación con mayor equidad; el sexto, la vinculación de la educación con el mercado laboral; el séptimo, la reorganización administrativa de la SEP y la relación con los estados.
-Los resultados de la prueba PLANEA nos recuerdan lo evidente: escuelas y familias pobres obtienen resultados más bajos. Dicho de otro modo, el problema estructural de la educación es la pobreza y la desigualdad.
-Los resultados no nos sorprenden porque confirman lo que sabíamos que era una realidad, que es una calidad muy baja de la educación en el país. Eso ya lo sabíamos, por eso hicimos una reforma educativa. Recibimos estos resultados cuando tenemos ya aprobada una reforma, cuando tenemos una ruta con prioridades muy claras de hacia donde la vamos a llevar y cómo; cuando estamos a la mitad de un proceso de cómo alinear esfuerzos con los gobernadores. Nos llega a confirmar algo que sabíamos pero en medio ya de un proceso de cambio. Segundo, los resultados en todo el país no son satisfactorios.
Nuño ejemplifica con el caso del DF, la entidad con calificaciones más altas pero donde en educación básica sobresale el dato de que 30 por ciento de los alumnos está en la categoría más baja. “Claro, a nivel nacional es el 60 por ciento, pero aún así están en 30 por ciento, eso es inadmisible como país”.
“Pasa lo que usted dice, tampoco es algo que nos sorprenda, esto es una realidad aquí y en Finlandia: a menor desarrollo y menor ingreso en general hay una correlación con un menor desempeño educativo. Esto tiene que ver con que hay desigualdad en las escuelas y en la educación desafortunadamente y también con que la educación no es únicamente un tema de escuelas, es un tema más amplio con familias, en fin. Es decir, la pobreza y la desigualdad es un reto adicional para tener una educación de calidad”.
Entre 60 y 70 mil millones para las escuelas en lo que resta del sexenio
-Una pregunta en varias: ¿Cómo van los bonos educativos? ¿Cuánto ha gastado este gobierno en infraestructura educativa y cuánto espera gastar en lo que resta del sexenio?
-No tengo el dato preciso, pero diría casi de memoria que los programas que tienen que ver con infraestructura escolar rondan entre 10 y 12 mil millones al año. Los certificados van muy bien, vamos a poder empezar este mismo año con un primer paquete de escuelas. Vamos a gastar 50 mil millones adicionales, es decir, en los próximos tres años vamos a estar gastando entre 60 y 70 mil millones si se junta lo presupuestado con los bonos. Vamos por lo menos a duplicar lo que se gastó en estos primeros tres años. Es otra de las grandes apuestas: poder dejar en buenas condiciones a la mayor parte de las escuelas del país.
-Si pido un crédito en nómina tengo una deuda, ¿por qué si comprometo los recursos para infraestructura de los siguientes 20 años no es deuda?
-Porque como está planeado el mecanismo financiero es que estos recursos van a un fideicomiso, a partir del cual se emiten los bonos en la Bolsa de Valores, y quienes los tengan cobran contra el fideicomiso, no contra el gobierno. Es decir, ni el gobierno federal ni los estatales son el aval ni el último garante de ese fideicomiso. Eso, contablemente, hace que no sea deuda.
“Es además un recurso seguro porque está en una ley. Si por alguna extraña razón ese fideicomiso se quedara sin dinero, los tenedores de los bonos no pueden venir contra el gobierno federal a cobrarlos Y ese punto es lo que hace que no se contabilice como deuda. Por eso es un mecanismo que nos permite traer a valor presente recursos y hacer una obra muy importante en infraestructura en tres años y que además no es considerada deuda pública.
¿Comunicación o promoción personal?
-Dicen sus críticos que está más ocupado de su comunicación que de la reforma educativa.
-No es cierto. Estamos plenamente ocupados. Creo que hemos tenido una discusión amplia sobre el tema, de las prioridades, de cómo estamos haciendo este trabajo político con los gobernadores para alinear a las prioridades. Intuyo de quienes me habla, los que antes decían que si algo le hacía falta a la reforma era comunicarla. Al inicio hablamos de que los maestros, con justa razón, no estaban informados. Comunicar la reforma es parte de mi tarea, y no sólo eso, ha sido una exigencia permanente de los maestros, de los legisladores, de los analistas, de todo mundo. Si uno ve de manera integral lo que hay que hacer para sacar a flote la reforma, tiene un componente fundamental de comunicación, y parte de esa comunicación es comunicación directa con los maestros y por eso los recorridos en las escuelas, y por eso mi actividad tan intensa en medios. No es un misterio, es parte fundamental del propio trabajo de la reforma. Se decía que la reforma no se comunicaba bien, que la información no llegaba, que era una reforma muy importante para el país y no se notaba. Bueno, ahora que se nota es parte de…
-Su promoción personal, dicen.
-Sí, pero bueno, ni modo, es parte del tema.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARTURO CANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/13/el-exito-o-fracaso-de-la-reforma-educativa-responsabilidad-del-gobierno-nuno-3762.html
Durante la administración del actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, en esa entidad se han descubierto 11 fosas clandestinas con al menos 134 cadáveres, presuntamente víctimas del crimen organizado. Todas esas inhumaciones clandestinas han sido documentadas por los medios, excepto dos: se trata de las fosas de Portezuelo y Mata Loma, ocultadas por las autoridades federales y estatales. El hallazgo ocurrió en noviembre de hace cuatro años –cuando la narcoviolencia se recrudeció en esa parte de la costa del Golfo de México– y se pudo mantener en secreto, hasta ahora.
MANLIO FABIO ALTAMIRANO, Ver: “En la oscuridad los enterraron. De noche, también, los exhumaron”. Así relatan pobladores de las comunidades de Portezuelo y Mata Loma el hallazgo de dos fosas clandestinas en este municipio, de donde hace cuatro años agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades locales extrajeron restos de 28 personas.
La madrugada del 4 al 5 de noviembre de 2011 –y las tres siguientes–, fuerzas federales y elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabajaron a marchas forzadas para retirar las pruebas de una matanza que fue silenciada cuando llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón y empezaba el gobierno de Javier Duarte en Veracruz; 48 meses después, sólo algunas autoridades locales y federales, así como habitantes de este municipio, saben de ese hallazgo.
A espaldas de un pequeño basurero al descubierto, por una brecha de grava abierta por Pemex y a un kilómetro de la comunidad de Portezuelo, presuntamente la delincuencia organizada enterró 28 cuerpos; de ellos se tiene la certeza de que 17 eran hombres y cinco mujeres. Del resto, la PGR señala que ni con un dictamen de antropología forense se pudo obtener el “perfil genético”.
En los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015 de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR (obtenidos mediante la plataforma Infomex) se advierte que la Agencia de Investigación Criminal, la Coordinación de Servicios Periciales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) establecieron que las edades de los ejecutados y enterrados en las dos fosas fluctúan entre 23 y 50 años.
“Los restos de 27 cadáveres se encuentran en el Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales (de la PGR), siendo que únicamente se logró la identificación de los restos óseos de un cadáver, mismo que fue entregado a sus familiares”, señala la SJAI.
Añade: “Los documentos que atienden su requerimiento de información obran dentro de una investigación ministerial, que se encuentra ‘en trámite’, por lo que tienen el carácter de reservado por un periodo de doce años”.
La inhumación clandestina de estas 28 personas tuvo lugar un mes después de que empezó a recrudecerse la violencia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río (entre septiembre y octubre de 2011), que dejó 67 muertos en tres eventos distintos: el 20 de septiembre de 2011 un comando abandonó en la Plaza del Volador, en Boca del Río, 35 cadáveres maniatados, semidesnudos y con sendas letras “Z” talladas en la espalda; 16 días después la Marina emitió el comunicado 313/2011, donde consignaba el hallazgo de 32 cuerpos sin vida en diversas viviendas de los fraccionamientos Jardines de Mocambo, Costa Verde y Costa de Oro.
En Veracruz la violencia fue impuesta por Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte, el Cártel del Golfo, junto con la corrupción de policías intermunicipales, ministeriales y otras autoridades, que permitieron el asentamiento de esas mafias en la región.
En lo que va del sexenio del priista Javier Duarte se han hallado once fosas clandestinas en Veracruz, incluyendo una en Alvarado (con nueve cuerpos) y las de Portezuelo y Mata Loma, de las cuales no se tenía noticia. En esas once fosas se localizaron 134 cuerpos, más de la mitad de ellos –según cifras oficiales– aún sin identificar.
El Colectivo por la Paz y la agrupación Solecito –entre otras organizaciones de personas que buscan a sus familiares víctimas de desapariciones forzadas– siguen recriminando la inacción e inconsistencias de las autoridades locales para dar con el paradero de los desaparecidos, y en el ámbito federal cuestionan la “lentitud” y “poca cobertura” con que se aplica el sistema de recompensas de la PGR.
“Aquí no pasa nada”
En Portezuelo y Mata Loma la gente vive del cultivo de maíz o se convierte en mano de obra del corporativo industrial Tamsa y de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai. “Aquí había delincuentes de esos pesados. No eran de aquí, pero ya se fueron como hace dos años; tiempo atrás aquí no pasaba nada. Bueno, sí pasaba… pero no podías hablar, ni decir nada. Ustedes (los periodistas) lo saben muy bien”, expone un habitante del lugar.
En Portezuelo no hay ni 300 habitantes; apenas existe una pequeña iglesia y una primaria con seis aulas, una para cada grado escolar.
“Aquí es un ejido donde no pasaba nada… hasta que supimos lo de los cuerpos; pero en la prensa no salió nada, ni al otro día, ni después. Hubo temor y miedo, pero después todo volvió a la tranquilidad”, dice a Proceso un lugareño.
Un funcionario cesado de la extinta PGJE acepta hablar de “la matanza silenciada” a condición del anonimato. Expone que desde el Palacio de Gobierno en Xalapa se dio la orden para que el asunto se manejara en el más estricto hermetismo.
“Todas las labores se hicieron de noche. El movimiento de peritos forenses, de MP, se efectuó en secreto para que nadie se enterara. Ni la prensa ni otros miembros de la procuraduría, menos los de Veracruz, tuvieron conocimiento de las diligencias que se hacían desde Xalapa por gente de la capital”, señala.
Para garantizar la secrecía de la faena –ahonda la fuente–, a quienes participaron en la exhumación se les retiraron teléfonos celulares, ipads y otros dispositivos electrónicos mientras se realizaban los trabajos. “Esa fue la instrucción”, asegura, del entonces titular de la PGJE, Reynaldo Escobar Pérez, hoy aspirante al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
“Sólo jefes, directores, tenían vías de comunicación; ellos eran los que pasaban el reporte al Palacio de Gobierno y entiendo que a autoridades federales también.”
De acuerdo con el entrevistado, la mayor parte de los cuerpos estaban “hechos pedazos”, la mitad “decapitados”, y había cuatro que vestían uniformes “tipo militar”. El documento SJAI/DGAJ/11235, derivado de la solicitud de información número 0001700236515, refiere que la PGR no “cuenta con ese dato”, en referencia a datos que permitieran dilucidar si entre las víctimas había personal castrense.
La fuente consultada expone que la investigación sobre las dos fosas se hizo con tal hermetismo que ni siquiera se avisó a los alcaldes de la región: Soledad de Doblado, Veracruz y Manlio Fabio Altamirano.
“El hallazgo lo obtiene la Marina gracias a que atraparon en Soledad a un malandro (sic) al que le encontraron información, fotos y videos sobre víctimas. Ahí comienza la excavación.”
“Sólo hay caca de vaca”
En Veracruz es común que las autoridades quieran ocultar o matizar el hallazgo de fosas o ejecuciones masivas.
El 24 de junio del 2014 el subprocurador de la zona sur, Arturo Herrera Cantillo, fue cesado de la PGJE por haber “confirmado” a la prensa el hallazgo de dos fosas en un rancho del municipio de Tres Valles.
“Mi error fue dar a conocer la existencia de varias narcofosas en el rancho El Diamante, cuando el gobierno y la Fiscalía estatal mantenían la información en total hermetismo”, dijo Cantillo a una radiodifusora local en aquella ocasión.
Respecto a la última fosa descubierta, en Alvarado el pasado septiembre, reporteros de nota roja fueron avisados por cooperativas de pescadores y por familiares de personas desaparecidas del hallazgo de un nuevo cementerio clandestino en la comunidad de Paso Nacional, a donde sólo se podía acceder por lancha. Toda la tarde y noche del día 10 y la mañana del 11 de septiembre el hecho fue negado por la Fiscalía General del Estado.
“Se recibió la alerta, hay diligencias pero hasta ahora sólo han encontrado caca de vaca (sic)”, dijo el vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga.
El reconocimiento de nueve cuerpos llegaría la tarde del 11 de septiembre, luego de que integrantes del Colectivo por la Paz y Solecito, así como periodistas, se atrincheraran en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
En conferencia de prensa, el 13 de septiembre, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras apeló a la “comprensión” de los medios que se anticipan “a la postura oficial del gobierno”, justificó que una “nota”, “un comentario sesgado de columnistas” o “chismes” relacionados con el hallazgo de cuerpos “trastoca las fibras más sensibles” de las madres que buscan desde hace meses o años a sus hijos.
“Hay comunicadores que meten clavos para sacar alcayatas. Los entiendo, es su trabajo; pero lo que importa para la Fiscalía es saber qué pasó con ese ser humano que perdió la vida de una forma notablemente violenta.”
Bravo Contreras aseguró que de 2014 a la fecha la identificación de cadáveres se ha agilizado gracias a un software certero que con exámenes genéticos e investigaciones científicas permite perfeccionar la “toma de datos” a familias de personas desaparecidas.
Tierra de fosas
En 11 fosas clandestinas ubicadas en lo que va de este sexenio, Proceso contabiliza la exhumación de 134 cuerpos, sin contar las ejecuciones y abandono de cadáveres en parajes carreteros, riberas o predios baldíos.
En junio de 2014, efectivos de la Secretaría de Marina descubrieron en el rancho El Diamante –propiedad de un exalcalde priista–, municipio de Tres Valles, al menos 31 cadáveres. Hoy apenas se ha logrado la identificación de la mitad de éstos.
En febrero de 2012, más de 15 cuerpos fueron descubiertos en el rancho La Poma Rosa, en Acayucan; ahí una célula de Los Zetas se apropió de la mitad del terreno. El narcocementerio fue ubicado a raíz de la detención de El Pollo H, líder local zeta (Proceso 1843).
En marzo del mismo año, fuerzas federales detectaron ocho cadáveres en la congregación Frijol Colorado, en Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera perteneciente a Alvarado, en un predio conocido como Playa Cava, fueron hallados siete cadáveres con huellas de tortura, semienterrados en un terreno arenoso.
La fosa de Alvarado tenía nueve cuerpos con huellas de tortura. Hasta ahora ninguno ha sido identificado.
En junio de 2012, nueve cuerpos fueron encontrados en el municipio de Lerdo de Tejada. El hecho fue minimizado por el aparato gubernamental.
En julio de 2014, policías ministeriales exhumaron al menos ocho cuerpos en la congregación de Paraíso Novillero, del municipio de Cosamaloapan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420607
CHILPANCINGO, Gro: Habitantes de la Sierra mantienen retenidos desde ayer a aproximadamente 200 militares, luego de que los soldados desarmaron y detuvieron a guardias comunitarios que mantienen una confrontación con un grupo criminal que opera en esta zona, considerada la principal productora de narcóticos del estado.
Los pobladores denuncian que, tras el desarme de sus compañeros, miembros del grupo criminal liderado por los hermanos Villalobos asesinaron al menos a 15 policías comunitarios en el poblado de Ojo de Agua.
El poblado, perteneciente al municipio de General Heliodoro Castillo, se localiza cerca de la comunidad de El Naranjo, donde se registró un enfrentamiento entre ambos bandos que comenzó en la mañana y se prolongó hasta la tarde, justo cuando arribaron los militares y se enfocaron en detener y desarmar a los comunitarios.
En respuesta, unas mil personas -en su mayoría hombres armados provenientes de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y el Ranchito- que respaldan a la guardia comunitaria adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero, interceptaron a los soldados adscritos a la 35 Zona Militar, en el poblado de Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Los comisarios de las comunidades pertenecientes a los municipios de Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo señalaron que después de horas de tensión, los pobladores prácticamente liberaron a los 60 comunitarios retenidos y arrebataron las armas que decomisaron los militares.
Por ello, los pobladores de la Sierra acusaron al Ejército de actuar en contubernio con el grupo armado de Los Villalobos.
Desde la semana pasada, habitantes de la Sierra mantienen un retén en el poblado de Campo de aviación y han exigido a las autoridades federales y estatales que acudan a la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en medio de la confrontación que mantienen grupos armados.
No obstante, las autoridades han hecho caso omiso a la exigencia de los pobladores de la Sierra y están dejando que los ciudadanos hagan justicia por mano propia.
El viernes pasado, un enfrentamiento entre comunitarios y miembros del grupo de Los Villalobos dejó un saldo de tres muertos en el poblado de Polixtepec, hecho que marcó una espiral de violencia que se agudizó ayer tras la detención de los comunitarios, que provocó la retención de militares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420658
La primera terna, conformada únicamente por mujeres, incluye a las magistradas Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucia Piña Hernández y Verónica Sánchez Valle.
El presidente Enrique Peña Nieto envió dos ternas al Senado de la República para ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejan Silvia Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa.
La primera terna, conformada únicamente por mujeres, incluye a las magistradas Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucia Piña Hernández y Verónica Sánchez Valle. La segunda consiste en los juristas Álvaro Castro Estrada, Alejandro Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.
Los nombres enviados por el mandatario fueron dados a conocer por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos.
El documento fue presentado por escrito a nombre del presidente Enrique Peña Nieto y ahora corresponde al Senado designar a los juristas más apropiados para esos cargos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un informe especial de CNDH documentó los saldos que dejó el conflicto Templarios – Autodefensas. Los grupos armados llegaron a dominar más de la mitad del territorio. Además nivel de deserción escolar alcanzó 60 por ciento y hay escuelas cayéndose a pedazos.
Entre 2011 y 2014 más de la mitad del territorio de Michoacán se convirtió en un campo de batalla y una zona sin ley. Primero fue la corrupción y violencia causada por el cártel de los Caballeros Templarios y luego la irrupción de los grupos de autodefensa, quienes también terminaron delinquiendo. El saldo: más de tres mil 500 víctimas directas de un conflicto que dejó muertos, desplazados, secuestrados y desaparecidos.
Lo anterior está documentado en el informe especial que presentó este jueves 12 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Los Grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el Conflicto, el cual explica en cuatro etapas el proceso de deterioro que sufrió el estado y la herencia del mismo.
El acoso del cártel de los Caballeros Templarios a la población, así como la ausencia –por complicidad o incapacidad– de las autoridades locales, detonaron el surgimiento de los movimientos de autodefensa; estos llegaron a tener el control de 33 municipios, equivalentes a más del 56% del territorio michoacano.
Los costos de esta violencia, de acuerdo con la investigación de campo de la CNDH, van desde el desplazamiento forzoso de más de medio millar de personas y familias, hasta por lo menos 475 homicidios, 524 secuestros, y un número no determinado de desaparecidos, entre otros.
Los municipios de Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro y Uruapan concentraron a casi la mitad de todas las víctimas documentadas por el conflicto, detalló el informe.
Además, la CNDH identificó que los problemas estructurales en la educación del estado son otro foco rojo del conflicto. Escuelas cayéndose a pedazos y deserción escolar de hasta 60 por ciento derivaron en que menores de edad se integraran a las filas armadas de los autodefensas.
El informe de la Comisión formuló un total de 55 propuestas a las autoridades de los tres gobiernos para evitar que una situación como esta se repita y se vulnere, otra vez, los derechos humanos de los habitantes.
Una de las principales sugerencias es investigar el financiamiento y origen del armamento de los grupos de autodefensa que sirvieron de base para conformar la hoy existente Fuerza Rural, pues los testimonios recabados confirmar que muchos de ellos fueron infiltrados por el crimen organizado.
Las cuatro etapas
La CNDH dividió en cuatro etapas el desarrollo del conflicto en Michoacán. La primera de ellas corresponde al periodo entre 2011 y 2012, cuando se registraron casos de extorsiones, secuestros, homicidios y desapariciones causadas por los Caballeros Templarios.
“Las autoridades se limitaron a emplear estrategas de despliegue de fuerza para el combate a la delincuencia organizada, pero no a implementar medidas de persecución del delito para indagar a funcionarios coludidos o golpear estructuras económicas que sostenían a los criminales así como para atender zonas vulnerables”, dice el informe.
La segunda etapa definida por CNDH inicia el 24 de febrero de 2013 con el surgimiento de los primeros grupos de autodefensa, en la Ruana –perteneciente al municipio de Buenavista– y en Tepelcatepec. El fenómeno creció ante el “desconcierto” de autoridades, señala el organismo.
Las autodefensas consiguieron extenderse progresivamente a 33 municipios que representaron 56% del territorio de la entidad, área en donde vivía 1 de cada 3 michoacanos. Se formaron así dos frentes de batalla: autodefensas y criminales.
La tercera etapa arranca el 13 de enero del 2014 con el surgimiento de una estrategia dirigida por autoridades federales y estatales para combatir a los Caballeros Templarios y desmovilizar a las autodefensas. Se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán encabezada por Alfredo Castillo.
En este periodo viene la detención de líderes templarios y personajes políticos clave, como el secretario de Gobierno Jesús Reyna y los alcaldes de Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Aguililla. Pero es también en esta fase cuando surgen acusaciones y división entre autodefensas por factores como la incorporación de delincuentes supuestamente “arrepentidos”.
La CNDH marca el inicio de la cuarta etapa el 13 de mayo de 2014 con el decreto del gobierno estatal por el cual se crea la Unidad de Fuerza Rural, la cual integró a líderes e integrantes de varios grupos de autodefensa.
Los saldos
La violencia en Michoacán dejó poco más de tres mil 500 víctimas en el estado. La CNDH tiene el registro de 502 casos de desplazamiento forzoso; es decir, gente que tuvo que irse a otras zonas de Michoacán, a otras entidades o incluso a Estados Unidos.
Por ejemplo, se tuvo el reporte de 100 familias que se fueron del municipio de Aquila, en Colima, a causa del deterioro en la seguridad y presencia de grupos de autodefensa; o de otras 200 personas que se refugiaron en el municipio de Cahuayana tras huir de Coalcomán y Chinicuila.
Además, la comisión registró a tres mil 27 víctimas de distintos delitos, entre ellos 864 por extorsión, 597 por afectaciones al patrimonio, 524 por secuestro, 472 por homicidio, 192 por lesiones, 157 por privación ilegal de la libertad, 119 por violación, entre otros.
Los testimonios de las víctimas indirectas recabados por la comisión apuntaron la responsabilidad de muchos de los casos al crimen organizado, pero también a distintos grupos de autodefensa.
Buenavista es el municipio michoacano que acumula el mayor número de víctimas, con 616 en total, muy por encima de cualquier otro municipio. Se trata de la primera localidad en la que surgieron grupos de autodefensa, junto con Tepalcatepec, que es el tercer municipio con más víctimas con 247. Entre ellos está Apatzingán con 261 víctimas
En estos y otros municipios los visitadores conocieron de casos como despojos de minas a sus legítimos propietarios, personas secuestradas y desaparecidas pro rehusarse a pagar “derecho de piso”, empleados de funerarias obligados a proporcionar ataúdes sin que se presentara la documentación necesaria, despojos de propiedades, etcétera.
Escuelas en ruinas, niños armados
El informe de la CNDH, sin detallar una cantidad o municipio, alertó de la presencia de menores armados en los grupos de autodefensa, y atribuyó esto a un sistema educativo en deterioro en Michoacán, tanto por factores de la violencia, pero también a fallas estructurales.
En un apartado específico para este tema, la CNDH dijo que se pidió al gobierno de Michoacán un informe detallado sobre tasas de deserción de los planteles pero no hubo respuesta. Autoridades escolares dijeron por separado, que la tasa iba desde 15 por ciento en nivel primaria hasta 60 por ciento en nivel medio.
La CNDH señala que se hizo una vista a más de 150 planteles en donde se identificaron múltiples deficiencias.
“Se pudo documentar el estado de abandono y descuido de las escuelas: instalaciones viejas, deterioradas o en ruinas, inservibles, peligrosas; materiales didácticos inexistentes; útiles escolares que llegan tarde, mal o nunca; equipos de apoyo como computadoras, laboratorios o maquinaria para talleres, los cuales de tenerlos no funcionan” indica el informe.
Un caso representativo, detalla la Comisión, es el de una escuela en Pátzcuaro que tuvo el mejor aprovechamiento de la entidad en 2012, pero que apenas consta de tres aulas a punto del colapso a no ser por unas vigas de metal que las sostienen. Aunque la mayoría de los 350 alumnos del plantel son de escasos recursos, solo 35 son beneficiario de oportunidades
En enero de 2014 un choque entre autodefensas y sicarios en Múgica generó daños en un planten escolar, entre ellos agujeres en paredes y ventanas por impactos de bala, y la destrucción de un tanque de agua por una granada de fragmentación.
En ese contexto, la CNDH propuso al gobierno de Michoacán que a la brevedad se pueda realizar un diagnóstico de la situación educativa de la Entidad y se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a una educación de calidad y frenar la deserción de los estudiantes, sobretodo en zonas marginadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/la-herencia-del-conflicto-en-michoacan-mas-de-500-desplazados-440-asesinados-524-secuestrados/
México, DF. Después de nueve horas y media de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, únicamente con el aval de PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.
De las 283 reservas presentadas en la tribuna por 72 oradores, sólo se admitió una para que la Secretaría de Desarrollo Social incorpore en sus programas la inclusión de personas con discapacidad, obligación que se aceptó sólo porque no implica ningún impacto del gasto.
De esta manera con 306 votos a favor y 165 en contra, estos de las bancadas de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, y se registró una solitaria abstención.
A las 9:45 horas de este viernes la Mesa Directiva dio por concluida la sesión, que inició ayer al mediodía e informó que después de revisar el documento y realizarse ajustes de redacción y puntuación se enviará al Ejecutivo para su publicación.
Además, la Mesa Directiva citó a sesión hasta el miércoles, por lo que los diputados se darán cuatro días de puente.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRÍQUE MÉNDEZ/ ROBERTO GARDUÑO.
México, DF. El edificio central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicada en Eje Central, Xola y Universidad, será la sede de la reunión privada que a las 18 horas se llevará a cabo entre diputados de Morena, encabezados por Rocío Nhale, y funcionarios de gobierno federal para que los primeros den a conocer su propuesta alternativa para resolver el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La reunión será presidida por Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, y su homólogo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pachiano Alemán, quien dijo que escucharán la propuesta de Morena para revisarla y discutirla.
Cuestionado si establecerían una agenda de trabajo o más reuniones al respecto, Pacchiano puntualizó que "primero deberemos ver cómo se lleva a cabo esta reunión. Nosotros vamos a escuchar cuáles son los argumentos y ahí tomaremos las deciciones".
La propuesta del aeropuerto altenativo fue dada a conocer el pasado 3 de noviembre por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, y ya presentó al gobierno del Distrito Federal, que encabeza Miguel Angel Mancera.
López Obrador planteó que en lugar de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) proyectado por el gobierno federal con una inversión de 170 mil millones de pesos y para el cual ya se lanzó el primero de 21 paquete de licitaciones, se mantengan en funciones tanto el actual aeropuerto como el que pertenece a la base militar de Santa Lucia, mismo que tendría que cerrar con el proyecto oficial.
En sí, Morena propone la construcción de dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, ubicado en Hidalgo, para vuelos internacionales y de emergencia, y que se remodele el AICM, manteniendo en uso para vuelos y cargas nacionales sus dos pistas y ambas terminales, sin necesidad de construir un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México. Ello, según los cálculos de Morena, implicaría un ahorro de 100 mil millones de pesos respecto a la primera propuesta, además de mayor desarrollo social y menor impacto ambiental negativo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GÓNZALEZ.
CHIHUAHUA, Chih: El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, propuso que se discuta la posibilidad de legalizar la exportación de mariguana con fines medicinales.
El mandatario argumentó que Chihuahua es productor de esta planta y podría exportarla con fines curativos.
“Se requiere observar varias aristas (…) hay quién está planteando la importación de uso de narcóticos y yo la plantearía al revés, nuestra región debiese legalmente plantear la posibilidad de exportación de productos como la cannabis, la goma de opio que se usa para fines de salud y para aminorar dolores, que es muy caro”, propuso.
El mandatario manifestó que la importación legal de morfina es altamente costosa para el sector salud: “Estamos enriqueciendo industrias extranjeras, cuando aquí lo podríamos hacer”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420661
La evaluación para determinar si los maestros son aptos para seguir en las aulas se desarrollará entre operativos policíacos, ante la amenaza de la disidencia magisterial de boicotear la aplicación.
Este fin de semana inicia la evaluación al desempeño docente, es decir, los maestros que dan clase harán exámenes para determinar si son aptos para seguir en las aulas, pero el proceso ocurrirá entre operativos policíacos, ante la amenaza de la disidencia magisterial de boicotear la aplicación. El mensaje del secretario de Educación, Aurelio Nuño, es claro: “habrá suficientes policías federales en cada uno de los estados”.
Además, el Instituto de Evaluación de la Educación (INEE), rechazó a los observadores ciudadanos para vigilar el proceso, lo que significa un “regreso a la opacidad”, advierte la organización Mexicanos Primero.
Esta es la primera vez que los maestros y directores tienen que demostrar suficientes capacidades para enseñar o dirigir una escuela. De lo contrario, podrían ser removidos del cargo o despedidos, aunque tendrán hasta tres oportunidades para conseguirlo.
Si los maestros y directores reprueban la evaluación, deberán acudir a cursos de capacitación hasta en tres ocasiones y repetir el examen. En caso de reprobar, los maestros contratados antes de la aprobación de la Reforma Educativa (2013) serán asignados a otras labores y dejarán de dar clases. Mientras que los contratados después de esa fecha, serán despedidos.
Esto es resultado de la Reforma Educativa, que establece que las evaluaciones determinarían el ingreso, promoción y ascenso de los profesores en el sistema educativo según la Ley del Servicio Profesional Docente, uno de los reglamentos secundarios de la reforma constitucional.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, se inscribieron 149 mil 749 maestros, de los cuales 116 mil 825 son de educación básica, 29 mil de educación media superior y 3 mil 898 directores de preescolar, primarias y secundarias.
A partir de este sábado 14 y los fines de semana de noviembre se aplicarán las evaluaciones a maestros y directores de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En Baja California y Veracruz se extenderá hasta el 5 de diciembre y Puebla el 6 de diciembre.
Las entidades donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen mayor influencia aplicarán los exámenes el próximo mes. Se trata de Chiapas (12 y 13 de diciembre), Guerrero (3, 4, 5 y 6 de diciembre). Mientras que en Michoacán será el 21 y 22 de noviembre y en Oaxaca, 28 y 29 de noviembre.
La CNTE amenaza con boicotear la aplicación de los exámenes a través de movilizaciones y de impedir el paso de los maestros sustentantes a las sedes. Esto como una muestra de rechazo a la Reforma Educativa y por la pérdida de interlocución con el gobierno Federal y estatales para conseguir plazas automáticas.
Sin embargo, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó que las evaluaciones se realizarán porque habrá “Policía Federal suficiente en cada uno de los estados” para resguardar el proceso.
Esto, como parte de los acuerdos que tomaron los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chiapas, Manuel Velasco; de Oaxaca, Gabino Cué; el Secretario de Educación Pública de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, y el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, en una reunión este jueves 11 de noviembre.
Sin embargo, los excluidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) fueron los observadores ciudadanos que vigilarían el proceso, como ha ocurrido en los concursos de ingreso docente.
El INEE no ha dado una respuesta pública oficial, pero este viernes emitirán un posicionamiento a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con Mexicanos Primero, organización dedicada a la política educativa, el argumento del INEE es que la Ley General del Servicio Profesional Docente no explicita la presencia de observadores; sin embargo, la decisión es una “decisión es contraria al espíritu de la ley”, advierte la ONG.
Al impedir la vigilancia ciudadana se limita la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de los mejores maestros para estar frente al aula. Con esa decisión, se impedirá que la sociedad civil podría dar información imparcial sobre incidencias e irregularidades que pudieran ocurrir en dicho proceso.
Las evaluaciones incluyen estos aspectos:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/entre-policias-y-sin-observadores-ciudadanos-asi-sera-la-evaluacion-de-149-mil-maestros/
El gobernador Aristóteles Sandoval inauguró el Seminario de Comercio e Inversión en Jalisco, ante la presencia de más de 100 inversionistas y directores de empresa japoneses.
Tras destacar el crecimiento de la inversión japonesa en Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que su entidad es la mejor alternativa para los empresarios de Asía, ya que el estado cuenta con una ubicación estratégica, gracias a dos aeropuertos internacionales y a su cercanía con el puerto de Manzanillo, en Colima.
“El valor de Jalisco, más allá de su ubicación, es la capacitación del personal que cualquier empresa japonesa utilizaría para operar y hacer crecer su inversión. Son 24 empresas japonesas en Jalisco, hoy se anunció la 25 y esperamos que se sumen muchas más.
“Hoy por hoy, Jalisco es la puerta de entrada de Asia a México”, señaló el gobernador al inaugurar el Seminario de Comercio e Inversión en Jalisco, ante la presencia de más de 100 inversionistas y directores de empresa japoneses.
El Seminario contó con la participación del embajador de México en Japón, Carlos Almada, quien destacó el buen momento que viven las relaciones con el país nipón, en especial en el ámbito comercial, ya que en la actualidad México es el primer país no asiático, y sexto a nivel global, en las preferencias para invertir por parte de las empresas japonesas.
Resaltó que las empresas japonesas crecieron de 300 a 800 en los últimos tres años y que cada semana una empresa nipona inicia operaciones en México con una inversión acumulada de 18 mil millones de dólares.
Al hablar sobre Jalisco, el diplomático apuntó que la entidad refleja el dinamismo de la economía nacional, al tener una población joven, 20 universidades y centros tecnológicos y la formación continua de técnicos e ingenieros debidamente capacitados.
Firma convenio con MISUHO BANK
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, firmó un memorándum de entendimiento con el MIZUHO BANK, el segundo banco comercial y de inversión más importante de Japón.
Para la institución bancaria, el convenio tiene como objetivo ampliar su presencia en México con el fin de consolidarse en el primer lugar en la lista de los inversionistas japoneses que buscan acceder a un crédito para ampliar o arrancar operaciones en nuestro país, principalmente en Jalisco.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/jalisco-la-puerta-de-entrada-de-asia-a-mexico-dice-el-gobernador-aristoteles-sandoval/
Orizaba, Ver: Con la cancelación de programas de impulso agrícola, el gobierno federal agravará las condiciones de pobreza en el campo mexicano, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ordenó a sus delegados en el país la suspensión de subsidios en la producción de café, maíz y frijol e igual detuvo el pago de proveedores de maquinaria, equipos e insumos, incluso los que no se hayan cubierto.
De acuerdo con el oficio 311 que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa, emitió el pasado 11 de septiembre de este año y del cual La Jornada Veracruz tiene una copia se ordena la cancelación de los programas de Fomento Agrícola, además de Minería Social y Recursos Genéticos Agrícolas.
En el texto del documento la dependencia federal explica los motivos por los cuales se cancelan la entrega de recursos económicos a los programas que de operan en esta dependencia:
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a la Sagarpa que reservó (sic) el presupuesto de los componentes Pimaf y Procafe, por lo que a partir del día de hoy y el resto del año 2015 NO (sic) hay disponibilidad presupuestal en dichos componentes”, reitera en su segundo párrafo.
Además el mismo documento, firmado por el titular de esa área, Belisario Domínguez Méndez, hace una serie de recomendaciones a los delegados de la dependencia en la República, para que eviten autorizar el uso de los recursos de esos programas federales.
“Por lo anterior, les solicito atentamente tomar las medidas necesarias e informar a los diferentes productores y sus proveedores de dichos componentes que ya no será posible pago apoyos de esos componentes y por tanto NO (sic) se deberán realizar entregas a los productores, de la maquinaria, equipos, insumos y demás conceptos de apoyo, que no se hayan pagado efectivamente. En este sentido cualquier entrega de incentivos será estrictamente responsabilidad de quien la realice”, finaliza el documento.
Ahora bien y de acuerdo al portal web de la misma dependencia federal, los componentes (Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) y Programa de Impulso al café (Procafe) tienen objetivos muy similares que es el de impulsar el crecimiento de ambas actividades.
La población objetivo son las personas físicas o morales dedicadas a la producción de maíz y frijol; la cobertura, según se explica, “dará prioridad a los productores/as que propicien Polos de Desarrollo y se ubiquen en regiones con vocación y potencial productivo, en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así también aquellos productores/as ubicados en los 1012 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este componente es excluyente de los incentivos de los Componentes Agroincentivos y MasAgro”.
Ahora con la cancelación de ambos programas, dice Raúl Vásquez Santos, representante de la Vieja Guardia Agrarista en la zona centro del estado, se agravará el rezago de las familias que dependen de esta actividad, “si de por sí hay problemas en la producción con la cancelación de esos dos programas se condena a más pobreza a las familias de esta zona”.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/cancelacion-de-esquemas-de-la-secretaria-de-agricultura-agravara-pobreza-preven/?utm_source=hootsuite
El diputado local Ricardo Ahued Bardahuil recomendó a la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, convocar a toda la comunidad universitaria y salir a marchar en contra del gobierno estatal para exhibir los adeudos y obligar a la autoridad a que les paguen.
“La rectora de la Universidad Veracruzana tiene que defender a cuerpo y espada lo que es su labor, su derecho y su casa de estudios, y todos debemos apoyarla para que tenga el dinero que necesita”, manifestó y dijo que él se sumaría a una marcha en este sentido.
Dijo que algo similar ocurrió en Jalisco, donde el gobierno estatal le retenía los recursos a su universidad, y el rector junto con la comunidad salieron a marchar y de inmediato le depositaron.
El diputado local manifestó su respaldo a Sara Ladrón de Guevara en dar a conocer la situación financiera por la que atraviesa la UV y solicitar el apoyo del Senado de la República, así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para presionar al gobierno de Veracruz a que pague.
Si bien, reconoció que lo ideal no es que se llegara a esta situación y mucho menos un enfrentamiento mediático o institucional, señaló que es la única salida que queda cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación incumple con los pagos correspondientes.
“La universidad tiene que buscar de qué manera le den lo que le corresponde legítimamente, lo tiene que pelear como institución educativa no hay de otra”. Reprochó que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) intente cobrar a la UV presuntas cuotas y aportaciones pendientes, lo cual, estimó, obedece a un ataque hacia la rectora por dar a conocer la situación financiera que prevalece en la máxima casa de estudios.
Ahued Bardahuil retó al director del IPE, Armando Adriano Fabre, a que demuestre efectivamente la UV adeuda, de lo contrario que se retracte y disculpe. “A la Universidad Veracruzana hay que apoyarla, sería lamentable seguir desgastando el actuar de una universidad que es icono de la educación en Veracruz y de la sociedad, que necesita recursos para estudiar en una escuela pública de este nivel”, añadió.
Insistió que se debe de dar los recursos que se le deben a la Universidad y si no, entonces que el Congreso del Estado y la Federación le otorguen el dinero que necesita; cuestiónó el hecho de que se esté brindando un presupuesto multimillonario a las instituciones electorales, cuando la educación debe ser primordial.
“Me lastima mucho que lo que le dio cuerpo a esta nación, el fomento a la educación y por el que pagan los mexicanos mucho dinero, hoy llamado subsidio como si fuera una cosa gratuita o una bondad del estado, del gobierno mexicano, y que ahora se diga como que la UV es una carga cuando es una obligación emanada de la Constitución, que es un derecho a la educación gratuita y ahora que ya se les haga pesado pagarlo”, refirió.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/insta-ahued-a-rectora-a-convocar-marcha-para-reclamar-el-adeudo/?utm_source=hootsuite.
CUERNAVACA, Mor: Colectivos de familias de víctimas de desaparición forzada, defensores de derechos humanos, activistas y académicos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Graco Ramírez investigar a fondo y a la brevedad las fosas clandestinas de la Fiscalía General halladas en Cuautla.
“El horror que se vive en el país parece interminable y no nos resignamos a ello, se deben investigar a fondo y a la brevedad las irregularidades respecto a esas fosas clandestinas e ilegales y presentar públicamente las conclusiones correspondientes”, demandaron en una carta dirigida al presidente, el gobernador morelense y otras autoridades federales y estatales.
Además de las violaciones a la ley que implican fosas clandestinas abiertas por una fiscalía, presumen que este hecho “puede configurarse como un crimen de lesa humanidad”.
Los inconformes exigieron el involucramiento de todos los niveles de gobierno para responder a esta inquietud social que resulta una “afrenta y preocupa a la sociedad morelense y a todos los mexicanos de buena voluntad”.
En la carta firmada entre otros por Raúl Vera López, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Jesús Robles Maloof, Daniel Jiménez Cacho, Jacobo Dayán, Miguel Concha Malo y Michael W. Chamberlin, cuestionaron: “¿Por qué dadas las condiciones de desaparición en el país no se hicieron las pruebas correspondientes, entre otras, las de ADN?” a los cuerpos encontrados en las fosas.
Cuestionaron también si poner las carpetas de investigación a disposición del público incluye la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas puedan realizar estudios para verificar que sean o no las víctimas, y si el gobierno del estado tiene suficiente capacidad para evitar la proliferación de fosas clandestinas o en lugares que no cumplen con las especificaciones jurídicas y de salud.
Las organizaciones exigieron a las autoridades “responder públicamente” a la sociedad civil mexicana estas y otras preguntas a “investigar a fondo” las irregularidades y violaciones a la ley que representan las “fosas clandestinas e ilegales”, así como hacer públicas las conclusiones de dichas investigaciones, “a la brevedad”.
Los firmantes de la carta consideraron que las actuaciones de la Fiscalía del Estado fueron revictimizantes al realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos corresponden o no a sus familiares desaparecidos.
Además estimaron que el hecho puede configurarse en un crimen de lesa humanidad y en una violación a la Ley General de Víctimas y al derecho de las familias de 83 desaparecidos documentados en Morelos en los últimos dos años y las de más de 26 mil desparecidos en todo el país.
Por ello exigieron, “más allá de la apertura de las carpetas de investigación, reabrir las fosas y establecer el número de cuerpos que contienen, además de que un grupo de peritos independientes coordinados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realicen las pruebas necesarias para determinar su procedencia”.
Asimismo, pidieron al gobierno del estado “establecer un diálogo activo y público con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan, para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas”.
A los ayuntamientos les pidieron identificar “las fosas que dentro de su territorio se encuentren fuera de la Ley, pues está claro que no existe tal identificación”.
Finalmente, demandaron la promoción de una iniciativa de reforma en el Congreso del estado para dotar de la autonomía necesaria a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, “para que pueda realizar su trabajo de reparación del daño y de acompañamiento psicosocial”.
La carta está firmada por colectivos de víctimas de Baja California, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, estado de México, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, además de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Colectivo Las Alamedas, El Grito Más Fuerte, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros.
UAEM, lista para los exámenes genéticos
Esta mañana, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, hizo suyo el contenido de la carta dirigida al presidente Peña Nieto y a Graco Ramírez, e instruyó al director del Instituto de Ciencias Aplicadas de esa casa de estudios, Iván Dunker, a crear el grupo de trabajo que pueda brindar el servicio a la comunidad para realizas las pruebas genéticas a los cuerpos en las fosas clandestinas.
En el marco de la inauguración del coloquio internacional Tejiendo Voces por la Casa Común, dijo que la UAEM pondrá a disposición toda su capacidad para apoyar a las familias de las víctimas con la parte técnica pero también con el acompañamiento legal e institucional.
Las fosas, resguardadas
Las fosas ya fueron “resguardadas” con cinta de seguridad por la propia Fiscalía del estado y solicitó a la policía del Mando Único establecer vigilancia las 24 horas, según confirmó un elemento de la corporación en turno.
Esta medida, confirmaron fuentes de la Fiscalía, se instrumentó a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicitó tomar medidas precautorias en tanto no se concluyan las investigaciones al respecto.
El pasado 5 de noviembre Apro dio a conocer la existencia de las fosas clandestinas de la Fiscalía tras una denuncia realizada por la familia Rodríguez Hernández.
La familia dio con esas fosas durante la búsqueda de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cadáver forma parte del grupo de los 150 cadáveres hallados en las fosas clandestinas de la Fiscalía.
Su cuerpo fue colocado “por error u omisión” en una de estas fosas clandestinas, por personal de la Fiscalía, a pesar de estar plenamente identificado por la familia a pesar de que existía una prueba de ADN que confirmaba plenamente la identidad del cadáver.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
FECHA: 12 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420588
