El anonimato de los participantes, la espontaneidad, un sector social desfavorecido y el carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes un sentimiento compartido “del deber cumplido”, son algunos de los ingredientes de los linchamientos en México.
Los linchamientos en México han tomado cada vez más fuerza. Tan sólo este 2015 se han registrado 63 casos, que son los que se tienen documentados. La inseguridad, el deterioro social y un vacío de Estado de Derecho son algunas de las hipótesis que han señalado los sociólogos para explicar el fenómeno.
El anonimato de los participantes, la espontaneidad, un sector social desfavorecido y el carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes un sentimiento compartido “del deber cumplido” al hacerse justicia por propia mano, son algunas de las características de los linchamientos.
“El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas. Se dan con mucha celeridad; es decir, son muy rápidos. Se realizan de manera espontánea y por autores anónimos”, explicó a SinEmbargo el profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.
A nivel mundial, este fenómeno ha sido estudiado por sociólogos e historiadores. Un análisis realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina en abril de 2014, señala que en el caso particular mexicano, lo que analíticamente se construye como linchamiento ha traspasado los límites de las investigaciones académicas para convertirse también en un problema de agenda político-mediática. En este sentido, destaca el reciente fenómeno de los grupos de autodefensas, que a decir del estudio, “reafirma nuevamente la problemática de este país en torno al fenómeno de las violencias punitivas y el castigo”.
Existen preguntas abiertas sobre el tema de los linchamientos, que en México suman al menos 429 casos, de acuerdo con el estudio actualizado de los “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” de la UAM. ¿Qué lleva a las personas a cometer los linchamientos?, ¿qué factores políticos, económicos, sociales y culturales existen en el país para que esta práctica persista con el paso del tiempo?, son algunas de las interrogantes para entender este fenómeno.
“Los linchamientos han existido en distintos momentos. Se practicó mucho en la época de la Revolución Mexicana pero tenía un origen diferente; en ese tiempo se linchaba al del bando contrario y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades desde la sociedad”, refirió el doctor en Ciencia Política, Raúl Rodríguez.
El concepto de linchamiento presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como “ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
LOS DETONANTES
Académicos y organizaciones coinciden que los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de la autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos.
Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en entrevista para SinEmbargo.
En lo que va del año suman 63 casos en diferentes estados de la República. Puebla, Estado de México y el Distrito Federal van a la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos, de acuerdo con el registro de la UAM. El último ocurrió el pasado 26 de octubre en el municipio de Amecameca en el Estado de México, donde los habitantes intentaron linchar a dos hombres quienes presuntamente mataron a puñaladas a un comerciante luego de asaltarlo.
“La inseguridad es un factor aparente para cometer los linchamientos, pero no es la causa de fondo, ésta tiene que ver con el no castigo a las personas que cometen un delito. Por ejemplo el robo, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), se castiga en un 5 por ciento, estamos hablando de que hay un 95 por ciento de impunidad, la cual está asociada a diferentes factores como el no castigo, el castigo insuficiente o la corrupción”, detalló el profesor Raúl Rodríguez.
Añadió que donde no se castiga o se deja impune un delito crece la indignación de la gente y en un momento determinado se puede expresar en un linchamiento. Por ello, distintos análisis de este fenómeno llevan a la conclusión de que las personas que participan en un linchamiento lo hacen con la firme convicción de que están haciendo lo correcto y no visualizan que también ellos están cometiendo un delito. “Las personas que cometen un linchamiento no alcanzan a ver que también están cometiendo un delito, piensan que es algo justo”, expresó el investigador de la UAM.
“Estamos viendo una especie de juicio hacia los presuntos culpables, no se les entrega a las autoridades porque saben que no van a hacer nada”, opinó el Doctor Rogelio Luna Zamora, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara en entrevista con este medio digital.
Para los especialistas en Sociología, las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado. Para realizar el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de presuntos linchamientos. A partir de esa base de datos, hicieron una clasificación de los casos reales de linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo. “El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos, pueden ser guardias comunitarios que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero éstos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida”, enfatizó Raúl Rodríguez.
Enfatizó que en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”. LA EVIDENCIA EN FOTO Y VIDEO Uno de los aspectos preocupantes que han estudiando los sociólogos es la introducción del video como percepción pública del linchamiento. El 31 de agosto de 1996 en la comunidad de Tatahuicapan en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, Rodolfo Soler Hernández, fue linchado por los pobladores, quienes lo acusaron de violación y asesinato de la señora Ana Borromeo. El hecho fue filmado y difundido días después en los medios de comunicación nacional. Las imágenes mostraban a una multitud (hombres, mujeres y niños) realizando un juicio popular en contra del acusado, a quien se decide inmolarlo. El único detenido fue una persona identificada como Sergio Madrigal, único del pueblo que posee cámara y filma todo el suceso. “Respetamos lo que el pueblo decidiera. Nosotros, como familia, no somos tampoco jueces. Si el pueblo decide que se linche, que se linche. Si el pueblo decide que se mande a presidio, que se mande. Por eso estamos recabando todas las firmas. Nos dijeron que quieren un acta, que se elabore un acta donde vayan plasmadas las firmas del pueblo”, dijo el esposo de la señora Borromeo en un extracto recogido por Carlos Monsiváis en el texto “Justicia por propia mano” publicado en un fascículo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2002. Hasta el momento, el único linchamiento transmitido en vivo en televisión nacional fue el ocurrido el 23 de noviembre de 2004 en la comunidad de San Juan Ixtayopan en la delegación Tláhuac del Distrito Federal.
“El único linchamiento transmitido en vivo fue el de Tláhuac, en esa ocasión uno podía ver a los camarógrafos filmando el hecho, sin ningún código de ética para divulgar estas imágenes”, comentó el investigador Raúl Rodríguez.
Los habitantes lincharon a dos agentes de la Policía Federal Preventiva, Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla y Édgar Moreno Nolasco, cuando arribaron a la comunidad a realizar labores de investigación en contra de narcomenudeo.
Los pobladores aseguraron haber sorprendido a los agentes tomando fotografías a menores de edad por lo que fueron acusados de ser secuestradores. Al menos 300 personas participaron en el linchamiento golpeando a los uniformados y atándolos a los postes de luz para quemarlos vivos. En esa ocasión, la Comisión de Derechos Humanos se pronunció al respecto y declaró que lo sucedido mostraba “las repercusiones que puede tener la impunidad por parte de las autoridades que no han procurado justicia”.
Por estos hechos, el entonces Presidente de México Vicente Fox Quesada, removió de su cargo a Marcelo Ebrard Casaubón, quien era Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. En México existen pocos casos donde se lleva a la justicia a los participantes en un linchamiento, pese a estar prohibidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. En el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que los autores (quienes participan en un linchamiento) no son delincuentes habituales que actúan de forma individual o en bandas criminales, sino en su mayoría son ciudadanos comunes que ingresan a la categoría de delincuentes por participar en este hecho criminal.
“A pesar de la naturaleza efímera, el acto violento cometido de forma extralegal confiere a los participantes –ya sea instigadores, autores materiales o encubridores– existe una complicidad reforzada con el anonimato y que al mismo tiempo propicia la impunidad: cuando son todos, ninguno es el culpable”, describe el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014). FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/15-11-2015/1550412
CHIHUAHUA, Chih: El bebé que fue víctima de una negligencia médica el mes pasado en el Hospital Infantil de Especialidades perdió la vista y aunque el personal médico asegura a los padres que en un año volverá a ver, ellos ya no confían en los diagnósticos que les dan. Los papás del niño, Luz Elba Urrutia y Marco Antonio Orozco, exigieron la renuncia del secretario de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores y del director del Hospital Infantil, Javier Ignacio Salas Uribe. La pareja denunció junto con sus abogados que las autoridades de salud han intentado comprarlos, pero ellos advierten que la vida de su hijo no tiene precio y demandan que el niño Marco Alejandro Orozco Urrutia sea trasladado al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía. No obstante, las autoridades les condicionan su petición a que retiren la demanda. De acuerdo con los padres de Marco Alejandro, quien nació con su gemelo Juan Antonio en perfecto estado de salud, las autoridades les ofrecieron primero 10 mil pesos y un trabajo de tiempo completo al padre; posteriormente les daban 150 mil pesos. Marco Antonio dijo que lo que quieren es que le garanticen la atención médica a su hijo, ya que con la aplicación de una dosis de medicamento inadecuada le provocaron al menor daños en un riñón, daño cerebral, así como en otros órganos, además de quemarle una pierna. Hasta ahora, sólo ha sido suspendida una estudiante de Medicina, a pesar de que la madre de los niños ha señalado a una doctora y a otras personas que estaban atendiendo al menor cuando le aplicaron el medicamento. Luz Elba Urrutia denunció que la directora jurídica de la Secretaría de Salud, Rosa Isela Gaytán, les ofreció una indemnización de 300 mil pesos porque esa cantidad le han dado a padres de bebés que han muerto. “Eso querían, que mi niño se hubiera muerto para darme 300 mil pesos, ellos le desgraciaron la vida, que ellos lo remedien”, reprochó la mujer de 31 años. El neurólogo del niño, Francisco de la Peña, les dio información hasta que los mismos padres lo buscaron en su consultorio particular y les aseguró que el medicamento aplicado, gluconato de calcio, le provocó un daño irreversible al bebé. Posteriormente les dijo que evolucionaría bien, pero por la manera en que han presionado las autoridades y el mal trato que les han dado, no confían en los médicos y sus presuntos diagnósticos. Marco Antonio Orozco dijo que a su bebé le han hecho estudios sin que él y su pareja den su consentimiento y no les han dado a conocer los resultados ni qué tipo de análisis se realizaron. El padre de familia, de 36 años, perdió su trabajo en una empresa que lo contrató para trabajar en la Sierra Tarahumara, y está desempleado porque se ha dedicado a buscar a una solución para salvar la vida de su hijo. Las autoridades del hospital les advirtieron que si no cesaban de ir a los medios de comunicación, no podrían arreglar la situación, por eso optaron por no denunciar más con el fin de que su hijo fuera trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, agregaron, las autoridades no tomaron el caso en serio, ni han hecho nada. El jueves pasado, cuando se entrevistaron con Rosa Isela Gaytán, le notificaron que querían hablar con el gobernador César Duarte Jáquez para que les ayudara a trasladar a su hijo al Hospital de Neurología. Sin embargo, la funcionaria les indicó que no lo lograrían, pues serían remitidos con ella misma. El 30 de septiembre, la mamá de los gemelos presentó la querella 192015-0030673 ante la Fiscalía General del Estado contra el personal médico del Hospital Infantil de Especialidades, por atentar contra la vida del bebé que tenía 26 días de nacido cuando le aplicaron el medicamento. Luz Elba Urrutia acudió al hospital con sus dos hijos nacidos el 4 de septiembre, para atender a Juan Antonio, el gemelito que presentaba reflujo. Marco Alejandro estaba sano pero le pidieron revisarlo también. Por error, a este último le aplicaron mal una dosis de medicamento que le causó quemaduras en una pierna, daño en un riñón y un derrame cerebral que aún lo mantiene hospitalizado.
Asimismo, los padres del bebé afectado denunciaron el caso de negligencia médica ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420797
MÉXICO, DF: Andrés Manuel López Obrador anunció que Morena no dejará de luchar para evitar “el robo por más de 100 mil millones de pesos que pretende la banda de Los Pinos” con la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. El excandidato presidencial afirmó que “como se dice en el beisbol, esto no se acaba hasta que se acaba”, en referencia a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró que el proyecto alterno de aeropuerto de Morena es inviable. “Tenía razón Helguera que un día antes pronosticó que el gobierno corrupto de EPN iba a tirar a la basura nuestra propuesta alterna del aeropuerto para la Ciudad de México”, escribió a través de su cuenta de Facebook, acompañado de una imagen del caricaturista político Antonio Helguera. En días pasados, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto, acompañado de expertos, explicó que la operación simultánea del actual aeropuerto y la base de Santa Lucía no es factible, como propone López Obrador. Ante la declaración del funcionario federal, el presidente del Consejo Nacional de Morena respondió: “Llevan funcionando, simultáneamente, desde los años 50 del siglo pasado el actual aeropuerto de la Ciudad y la base aérea militar de Santa Lucía. Sin embargo, los “especialistas”, contratados por el gobierno, sostienen que hay interferencia del espacio aéreo”. En asamblea informativa en Monte Escobedo, Zacatecas, aseguró que en México hay un grupo que domina que tiene acaparado todo: instituciones, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los partidos políticos. “Usan a un partido o a otro a su conveniencia”. En este momento, sostuvo, ese grupo está explorando la posibilidad de impulsar a un candidato independiente. Independiente del pueblo, no de la mafia del poder. “Ya se puede saber a quiénes ve la mafia con buenos ojos: (Miguel Ángel) Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Margarita Zavala, Moreno Valle, al que le dicen El Bronco, y hasta (Miguel Ángel) Mancera”, añadió. Explicó que por ahora esos nueve personajes están palomeados y que cualquiera de ellos sería muy conveniente, porque no cambiaría nada. “Serían como lo fue Calderón, como lo fue Peña Nieto, serviles a la mafia”. En su tercer día de gira por Zacatecas, reiteró que cada año se roban 460 mil millones de pesos —equivalente a tres sexenios del presupuesto de Zacatecas— del presupuesto nacional. “Hay países en donde no hay corrupción como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Existe una clase media fuerte y no hay pobreza”, comentó. López Obrador explicó que conoce los 58 municipios que conforman Zacatecas y recordó que en 1998, cuando era presidente del PRD, la izquierda tenía poca presencia en ese estado. “La izquierda tenía como un 5 por ciento “no pintaba”, y los del PRI le cerraron la puerta a Ricardo Monreal para que no fuera gobernador de Zacatecas. Ricardo que es un hombre con cabeza, corazón y carácter decidió romper y hablar con nosotros”, recordó. López Obrador subrayó la importancia de recorrer el país “a ras de tierra” para recoger los sentimientos de la gente, conocer la realidad del país; no se puede transformar lo que se desconoce.
Más tarde, Andrés Manuel López Obrador visitó los municipios Tepetongo, Susticacan y Pánuco. Mañana encabezará asambleas informativas en Valparaiso, Saín Alto, Cañitas de San Felipe Pescador y General Estrada. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420785
CANCÚN, Q. Roo: Un empresario acusado de ser contrabandista de licores -vinculado al exgobernador Mario Villanueva- y un elemento de la Policía Ministerial (PM) fueron asesinados a quemarropa en un restaurante cercano a la sede del Congreso del estado, en Chetumal. Informes preliminares indican que el homicidio ocurrió ayer a las 23:30 horas, cuando Ernesto Alonso de Miguel El Español, junto con su esposa e hijos cenaba en compañía de Agustín Guevara Martínez, un comandante de la PM, en un restaurante de comida uruguaya ubicado en el circuito de bares y discotecas del bulevar Bahía. Las primeras indagatorias establecen que un hombre de tez clara y complexión robusta ingresó al lugar y disparó a quemarropa contra El Español y el agente. La esposa y los hijos del empresario resultaron ilesos. El agresor arrojó el arma y luego huyó de la escena del crimen. En la madrugada fue arrestada una persona sospechosa cuyas características físicas coinciden con las que proporcionaron los testigos del doble homicidio. Ernesto de Miguel era uno de los empresarios más prósperos de esta ciudad; su principal actividad era la venta de licores. Durante el caso Cancún que se desprendió del “Maxiproceso” contra el Cártel de Juárez, El Español fue vinculado con el exgobernador Mario Villanueva, acusado de recibir sobornos y colaborar con esa organización criminal. Finalmente, el empresario quedó libre de cargos, aunque fue usado por la PGR como testigo protegido contra Mario Villanueva y sus excolaboradores. El exmandatario sigue bajo proceso, pero ahora en Estados Unidos. En 2004, Ernesto Alonso de Miguel fue secuestrado y retenido en una casa de seguridad por un grupo de sujetos pertenecientes a Los Zetas, pero El Español logró escapar y los plagiarios fueron detenidos. En la administración del gobernador Roberto Borge, Ernesto Alonso de Miguel estuvo involucrado en otro escándalo: a finales de agosto de 2011 el agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Jorge Amir Flota Matos, perdió la vida cuando integrantes del grupo de élite del entonces titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Carlos Bibiano Villa Castillo, emprendían una persecución contra el comerciante, cerca de la frontera con Belice. Flota Castillo realizaba operaciones encubiertas en compañía de otros elementos de la PEP, Eduardo Sánchez Hernández y Ulises Martínez Jiménez, que eran parte del grupo “Zorros”, el cuerpo de escoltas de Villa Castillo, les dispararon “al confundirlos con delincuentes”, según el parte oficial de la Procuraduría estatal.
La bolsa de 15 mil 473 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó para el INE en 2016 le permitirá empezar a construir en su sede principal las dos torres de 14 pisos cada una.
Pese a la austeridad y pese las críticas, el Instituto Nacional Electoral obtuvo el presupuesto que solicitó y también el dinero para sus torres. La bolsa de 15 mil 473 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó para el INE en 2016 le permitirá empezar a construir en su sede principal las dos torres de 14 pisos cada una. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños adelantó este viernes que el complejo inmobiliario -cuyo costo está calculado en mil 84 millones de pesos- podría ser inaugurado en el primer trimestre de 2017. “Inmediatamente concentraremos a todas las oficinas centrales que están pagando rentas. Estamos muy reconocidos con la Cámara de Diputados”, comentó. Tras de prometer que los recursos aprobados serán ejercidos con responsabilidad, Baños destacó el “espléndido” cabildeo que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, realizó con los diputados. Por separado, el consejero Ciro Murayama consideró que los legisladores valoraron adecuadamente el proyecto presupuestal que el Instituto sometió a su consideración. Incluso adelantó que la primera piedra para levantar ambas torres será colocada en el primer trimestre del próximo año. En la sesión del viernes pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, que incluye una partida de 15 mil 473 millones de pesos para el INE.
El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron revisar el plan para la eliminación del requisito de visa a mexicanos que ingresan al país norteamericano. Presidencia de la República informó que ambos mandatarios intercambiaron opiniones también sobre temas como el TPP y el libre comercio para el desarrollo de ambos países, la lucha contra el cambio climático y la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas que analizará el problema mundial de las drogas en abril de 2016, así como la celebración de la Cumbre de América del Norte, en Canadá, esto en la Cumbre del G20, celebrada en Turquía.
Peña Nieto es el primer gobernante con quien se reúne Trudeau, tras asumir el pasado 4 de noviembre, donde dio a conocer que la diversidad de su equipo de trabajo, donde hay empresarios, periodistas, exrefugiados y personas con discapacidad. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
GUANAJUATO, Gto: El presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados para el 2016 prevé una nueva asignación millonaria para las fundaciones del senador priista Gerardo Sánchez García, bajo las mismas etiquetas de “actividades culturales” y “remodelación de espacios” con las que ha obtenido recursos desde el 2009, a pesar de las observaciones hechas por la falta de comprobación en varios rubros. En total, 18 millones 600 mil pesos fueron etiquetados al municipio de Salvatierra dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, aunque en realidad son asignados a las fundaciones que creó y preside de manera vitalicia y honoraria el senador del PRI, originario de Salvatierra, también exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Con esta nueva asignación, son casi 110 millones de pesos del presupuesto federal los que se han puesto en manos del priista, a través de sus fundaciones, particularmente la denominada Organizados para servir, A.C. (Fosac). De acuerdo con el contenido del presupuesto aprobado sin discusión por los diputados, sólo para el equipamiento de la hacienda de Santo Tomás Huatzindeo, la organización y funcionamiento de un centro cultural en dicho inmueble y la programación musical y artística, le fueron etiquetados al senador priista y Fosac un total de 8 millones 300 mil pesos. Es decir, la mayoría de los recursos conseguidos por la fundación del priista fueron etiquetados, como ha ocurrido en los años anteriores, a través de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El resto de los fondos federales etiquetados van a las siguientes actividades, según describe el presupuesto federal: Formación de grupos corales comunitarios, un millón 800 mil pesos; impresión del libro Los Grandes de Guanajuato, seis millones de pesos; jornadas de identidad cultural para jóvenes, dos millones 500 mil pesos. En contraste, el presupuesto federal sólo previó 4 millones 680 mil pesos para respaldar la realización de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), correspondiente a los 19 años del evento que se celebra en Guanajuato capital y San Miguel de Allende. Mientras que el Conservatorio de Música y Artes de Celaya sólo recibirá un apoyo de poco más de un millón de pesos. Esta institución fue creada en 1991 y cuenta con una orquesta sinfónica juvenil, un coro de madrigalistas que ha participado en eventos nacionales e internacionales, y el único programa académico en el país con reconocimiento de validez oficial para todas las licenciaturas y el bachillerato musical que ofrece.
Para los Niños Cantores de Acámbaro, se incluyó una partida por 546 mil pesos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420750
Si bien todos los presidentes de México, desde Gustavo Díaz Ordaz, lo consintieron y lo ayudaron a escalar, fueron los panistas quienes lo catapultaron hasta convertirlo en el tercer hombre más rico de México. En el actual sexenio sus expectativas aumentan: la reforma energética le abrió las puertas de los hidrocarburos. Es Alberto Bailleres, uno de los muchos golpeadores del Excélsior de Julio Scherer y personaje acusado de envenenar pueblos enteros con los residuos tóxicos de sus minas. A él se le acaba de otorgar la medalla Belisario Domínguez, presea pensada para honrar a mexicanos por sus servicios a la patria o a la humanidad.
MÉXICO, DF: Hace una década Alberto Bailleres González empezó a abandonar la casi mítica oscuridad que caracterizaba su trayectoria, para publicar sus impresiones en un libro (Visión de país: de la pobreza a la prosperidad para todos), aparecer en muy exclusivos foros y pronunciar discursos ante las élites del medio académico, empresarial y político. La ocasión más reciente, para recibir la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Se trata del mayor reconocimiento que el Estado otorga a sus ciudadanos “para premiar a los hombres y mujeres mexicanas que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la Patria o de la Humanidad”, según el decreto de creación de la medalla, expedido el 3 de enero de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. La medalla es apenas un símbolo de lo mucho que –con los negocios posibles por las reformas estructurales y la continuación de los que ya tenía– ha acumulado su imperio: Grupo Bal –compuesto por Industrias Peñoles y las diferentes divisiones del Grupo Nacional Provincial (GNP)– y otras empresas que van de servicios financieros a emergencias médicas, de El Palacio de Hierro a ganaderías de toros de lidia y organización de espectáculos taurinos, pasando por la operación de servicios de agua potable. La diversificación que de origen tienen sus negocios se amplió en los últimos tres años con su incursión en el sector energético, cuando en febrero pasado creó Petrobal, que pronto consiguió asociarse con Pemex al ganar su primer contrato el pasado 30 de septiembre. Petrobal, en asociación con la estadunidense Fieldwood Energy, consiguió sin competencia el área contractual número 4 de la segunda fase de la Ronda Uno, ubicada en la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Dicha asignación abarca 58 kilómetros cuadrados e incluye dos campos, Ichalkil y Pokoch. Las reservas estimadas de esos dos campos son de 68 millones de barriles de crudo ligero y 92 mil millones de pies cúbicos de gas. Las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto le abrieron otra oportunidad de negocios. Se trata del fondo Energía e Infraestructura de México (Fondo Exi), creado el pasado 25 de junio y cuyo objetivo es utilizar fondos de las afores –entre estas, la de GNP–, para fondear contratos en el sector energético. Las dos nuevas empresas están dirigidas por exfuncionarios públicos. Petrobal, por Carlos Morales, quien trabajó 40 años en Pemex y durante el gobierno de Felipe Calderón fue director de Pemex Exploración y Producción. Fondo Exi, por Mario Gabriel Budebo, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero no es todo. Una consulta al Portal de Obligaciones de Transparencia, donde se coloca la información gubernamental, permitió localizar 130 contratos con GNP; en lo que va del sexenio la aseguradora ha obtenido del gobierno 9 mil 184 millones de pesos, la mayor parte en contratos con la Secretaría de Hacienda. Al anunciarse que la medalla Belisario Domínguez se le entregaría a Alberto Bailleres, las redes sociales y algunas mantas colocadas en torno a la antigua sede del Senado, la Casona de Xicoténcatl, donde se realizó la ceremonia solemne el jueves 12, mostraban la imagen del prócer liberal chiapaneco con la frase: “Soy totalmente Palacio”, eslogan publicitario de la cadena departamental del empresario.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2037, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RIDRÍGUEZ GARCÍA- LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420763
En marzo de 2014 la Fiscalía General de Morelos ordenó la inhumación de más de un centenar de cuerpos en un par de fosas comunes. Se trataba de presuntos desconocidos que estaban en las morgues de Cuautla y Cuernavaca. Sin embargo, presiones de los familiares de un joven asesinado y enterrado en una de esas fosas sacaron a la luz varias inconsistencias: no todos los cadáveres eran “desconocidos”, las autoridades no están seguras del número exacto de inhumados, algunos de los cuales ni siquiera tienen abierta una “carpeta de investigación”, y el predio donde se hizo el entierro colectivo aparentemente no es un panteón registrado.
CUERNAVACA, Mor: En las fosas que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos habilitó de manera clandestina en Tetelcingo, localidad ubicada al norte de Cuautla, fueron inhumados 118 cuerpos provenientes de las morgues de esta ciudad y de la capital estatal. Aun cuando las autoridades morelenses aseguran que no se cometió ningún ilícito, la FGE ni siquiera tiene la certeza del número de cadáveres enterrados ahí; además, dos de los cuerpos no pertenecían a la categoría de “desconocido” y al menos 12 no tienen asignado un número de carpeta de investigación. Dos fichas informativas –de las cuales Proceso tiene copia–, escritas en papel membretado de la FGE y firmadas por peritos criminalistas, dan cuenta puntual de las diligencias llevadas a cabo el 28 de marzo de 2014, cuando fueron enterrados estos cuerpos “como una práctica normal que pasa en todo el país”, afirmó recientemente el fiscal general Javier Pérez Durón. En ambos documentos se describe quiénes participaron en las diligencias y la ubicación de las fosas. También se expone que los cadáveres fueron acomodados en “planos” o “camas” y con número de carpeta de investigación, aunque este último dato no es exacto. Los reportes tienen sello, firma, hora y fecha de acuse de recibo de la FGE. La ficha uno corresponde a la fosa uno, donde enterraron cuerpos “no identificados” traídos desde el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía Metropolitana, correspondiente a Cuernavaca. La segunda alude a la fosa dos, donde depositaron cuerpos “no identificados” traídos del Semefo de la Fiscalía Regional Oriente, de Cuautla. La ficha uno está firmada por el perito en materia criminalística de campo Nahu Abel Peñaloza López, quien informa que fue “designado para intervenir en la inhumación de cadáveres que se encuentran en la cámara frigorífica del Semefo”. En la primera fosa enterraron 64 cuerpos, ocho de los cuales no tenían una carpeta de investigación, lo que contradice lo dicho por el perito al inicio del documento, y cuatro estaban identificados como Pablo Gutiérrez Malpica, “donado sin carpeta”, “Campo Dorado (donado sin carpeta)” y “donado estudiantes”. El resto de los cuerpos tenían asignadas claves alfanuméricas. En la segunda ficha se narran también los detalles de la diligencia y se enlistan los 54 cuerpos enterrados. Está firmada por Francisco García Caballero, quien se identifica como “perito oficial” y su firma se acompaña de un sello con el escudo nacional y la leyenda “Procuraduría General de Justicia” de la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente. Este documento está dirigido a Gerson Cervantes Gurrea, coordinador regional de Servicios Periciales de Cuautla. Dice: “Respetuosamente me permito informar a usted, el resultado de la inhumación realizada el día de la fecha (28 de marzo de 2014), de los cadáveres que se encontraban en calidad de desconocidos de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece”. Se ubica la inhumación en el mismo predio en la calle Prolongación 5 de Mayo, en Tetelcingo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2037, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420747
Para determinar la viabilidad de un aeropuerto, se necesitan estudios técnicos especializados que toman al menos cinco años, dice Ruiz Esparza a diputados de Morena.
Con base en la opinión de expertos en aviación e infraestructura aeroportuaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descartó la viabilidad técnica del proyecto aeroportuario presentado por Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena. Gerardo Ruiz Esparza afirmó que la decisión de hacer un nuevo aeropuerto es técnica y no política. En reunión con funcionarios y diputados de Morena, se informó este viernes que la Organización de Aviación Civil (OACI), estableció que para determinar la viabilidad de un aeropuerto, se necesitan estudios técnicos especializados que toman al menos cinco años. La propuesta de Morena era continuar utilizando el aeropuerto actual para vuelos nacionales y construir dos pistas adicionales para vuelos internacionales en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
Sobre este tema, la SCT emitió el siguiente comunicado de fecha 13 de noviembre de 2015: COMUNICADO: 531 LA DECISIÓN DE HACER UN NUEVO AEROPUERTO ES TÉCNICA Y NO POLÍTICA: GRE · El secretario de Comunicaciones y Transportes, resumió la opinión de expertos como Mitre, OACI, IATA y Aerolíneas, consultadas ante la propuesta presentada por legisladores de MORENA · La propuesta presentada no es una solución que atienda las necesidades a mediano y largo plazo, y no se basa en estudios y datos especializados · Ruiz Esparza reconoció la disposición al diálogo por parte de sus interlocutores y reiteró la apertura que la administración del presidente Enrique Peña Nieto para escuchar propuestas de cualquier sector de la ciudadanía Al dar cabal cumplimiento a la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, de reunirse con la comisión de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, presentó un resumen de la opinión de expertos y autoridades del más alto nivel en materia de aeronáutica civil, sobre la propuesta alterna de aeropuerto que fue entregada para su análisis. Acompañado por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, el titular de la SCT resumió algunos de los puntos presentados por especialistas de organismos de prestigio mundial como MITRE, IATA, OACI y aerolíneas: 1) El Fondo de Investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MITRE) expresó que la operación simultánea de los dos aeropuertos es incompatible, ya que genera interferencia en el espacio aéreo. 2) De acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), no existe caso de una ciudad en el mundo con más de un aeropuerto que tenga separadas las operaciones nacionales en uno y las internacionales en otro. 3) De acuerdo a las aerolíneas, la conectividad es fundamental para el servicio a los pasajeros y la economía de las empresas del sector. En este sentido la propuesta presentada no es una solución que atienda las necesidades a mediano y largo plazo, y no se basa en estudios y datos especializados. 4) El actual aeropuerto de la Ciudad de México, estaría de nueva cuenta saturado en los próximos cinco años; además no se podría atender el incremento de carga aérea, lo que limita el creciente movimiento de producción nacional y el desarrollo económico. 5) De acuerdo a la Secretaría de Gobernación estableció que la base aérea militar de Santa Lucía, es la más importante del país y habría que ser reubicada, implicando altos costos. 6) La Organización de Aviación Civil (OACI), estableció que para determinar la viabilidad de un aeropuerto, se necesitan estudios técnicos especializados que toman al menos cinco años. Ruiz Esparza reconoció la disposición al diálogo por parte de sus interlocutores y reiteró la apertura que la administración del presidente Enrique Peña Nieto, para escuchar propuestas de cualquier sector de la ciudadanía “Estamos abiertos a escuchar cualquier opinión que se canalice de manera responsable, de manera profunda hacia el gobierno de la República, desde luego que deberá ser atendida”, puntualizó Durante la reunión de trabajo con los diputados, el titular de SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán, al referirse a la autorización de la base aérea militar de Santa Lucía como una alternativa para el proyecto aeroportuario, explicó que ello agravaría problemas de contaminación debido a que se tendría que trasladar pasajeros, equipajes y trabajadores del actual Aeropuerto de la Ciudad de México. Además, tener la continuidad de la operación del Aeropuerto de la Ciudad de México, mantendría la contaminación y el ruido sobre la urbe. En tanto, el director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra, aseguró que con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se financiarán obras hidráulicas para evitar inundaciones en el oriente de la zona metropolitana, lo cual no está contemplado en la propuesta. El titular de la SCT, estableció que el proyecto de un aeropuerto es una propuesta esencialmente técnica, requiere de alta especialidad y definición en su análisis, por esta razón, agregó, se invitó a representantes de organizaciones internacionales en materia aeronáutica, aeroportuaria y de ingeniería. Se trata dijo, de autoridades en su materia, ajenas al Gobierno de la República, que certifican y avalan la construcción y operación de aeropuertos en todo el mundo. Luego de resaltar que las autoridades tienen plena apertura a las aportaciones que la ciudadanía realice sobre el proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas, las ideas sobre un aeropuerto presentados por MORENA no incluye los estudios necesarios y ya habían sido descartados hace algunos años. En la reunión estuvieron presentes:
Funcionarios del Gobierno de la República: • Lic. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. • Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. • Lic. Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transporte • Mtro. Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura • Lic. Roberto Ramírez De la Parra, Director General de CONAGUA. • Lic. Federico Patiño Márquez, Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. • Ing. Roberto Kobeh González, Director General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). Especialistas externos invitados: • Dr. Bernardo Lisker-Melman Director del Fondo de Investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MITRE) y el Ing. Robert W. Kleinhas especialista en diseño de espacios aéreos de MITRE. • Carlos Gonzalez, especialista en manejo y control de tráfico aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). • Dr. Andrés Conesa, Presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Director General de Aeroméxico. • Lic. Fernando Flores y Pérez, Presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO). • Lic. José Luis Garza, Director General de Interjet. Diputados: • Diputada Federal Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados (Coatzacoalcos, Ver). • Diputado César Cravioto Romero, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario Morena en el Congreso del Estado de México. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1411/mexico/descarta-sct-la-propuesta-de-lopez-obrador-sobre-el-nuevo-aeropuerto/
El banco debe buscar y dar a conocer el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso en el período del 25 de noviembre de 2012, fecha en que se constituyó, al 2013.
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi) deberá transparentar el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, por acuerdo del INAI. En su sesión del pasado 11 de noviembre, a propuesta de la ponente Areli Cano Guadiana, el INAI acordó que el mencionado banco debe proporcionar esa información, en los términos solicitados por una ciudadana. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que instruyó específicamente al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi) buscar y dar a conocer el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, del 25 de noviembre de 2012, fecha en que se constituyó, al 2013. En respuesta a la particular que solicitó dicha información, desglosada por año, el sujeto obligado, Bansefi, indicó que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascienden a 286 millones 380 mil 650 pesos. Precisó que de ese total, se ejercieron, durante el ejercicio fiscal 2014, 15 millones 832 mil 69 pesos, y 35 millones 279 mil 450 pesos, se han ejercido durante este año 2015. Sin embargo, expuso que no era posible, como también se había requerido, dar a conocer detalles de los montos ejercidos y no, ya que el fideicomiso es de administración y pago, y la entidad únicamente, previas instrucciones de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, destina los recursos económicos necesarios para implementar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que hayan sido decretadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo. El INAI también informó lo siguiente: Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la respuesta era incompleta, dado que no se le informa por año el monto de recursos asignados y ejercidos, considerando que el fideicomiso se constituyó, según su dicho, en noviembre de 2013. Asimismo, señaló que Bansefi está obligado a informarle acerca de los fines para los cuales fueron empleados los recursos ejercidos, considerando que como institución fiduciaria, la entidad tiene los derechos y la facultad de realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del fideicomiso, lo que implica que puede administrar el patrimonio; manejar los recursos, tanto públicos como privados que conforman el fondo, para lograr el fin por el cual se constituyó. Bansefi remitió a la oficina de la comisionada ponente, Areli Cano Guadiana,un oficio mediante el cual rindió alegatos en el diverso recurso de revisión número RDA 4616/15, el cual, si bien se vincula con la materia del presente asunto, lo cierto es que defiende la legalidad de una respuesta diferente. En el análisis del caso, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances del sujeto obligado, se advirtió que Bansefi, como fiduciario, se encuentra en condiciones de informar acerca de los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso. Se precisó que dicho fideicomiso se constituyó el 25 de noviembre de 2012, por lo que Bansefi debe informar acerca del monto de recursos asignados y ejercidos para 2013 y la parte de 2012, dado que sólo informó respecto del 2014 y 2015. Por otra parte, durante la celebración de una diligencia de acceso a la información en la sustanciación del recurso diverso RDA 4616/15, se pudo advertir que si bien, el sujeto obligado no es quien lleva a cabo los procedimientos de contratación respectivos, lo cierto es que, derivado del ejercicio de sus funciones, cuenta con documentos que le permiten conocer los bienes y servicios adquiridos así como su proveedor, para la implementación de medidas de protección establecidas en la Ley para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lo anterior, ya que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. en su carácter de institución fiduciaria es quien, por instrucciones de la Coordinación Ejecutiva Nacional, realiza los pagos por la adquisición de bienes y contratación de servicios que realicen dicha Coordinación y la Secretaría de Gobernación, con cargo al patrimonio del fideicomiso. Se expuso que, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso en la audiencia celebrada con el sujeto obligado, se pudo advertir que al oficio mediante el cual se le solicitó realizar un pago con cargo al patrimonio del fideicomiso, se anexan las facturas en que se consigan los bienes y servicios adquiridos. El Instituto dejó en claro que la información relativa a las contrataciones que realiza la Administración Pública Federal, es de carácter pública, toda vez que con la difusión de la misma se logra trasparentar la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. Por lo anterior, a propuesta de la comisionada Areli Cano, el Pleno del INAI modificó la respuesta e instruyó a Bansefi buscar la información en la Dirección General Adjunta Jurídica y la dé a conocer, en los términos referidos. Además, deberá entregar versiones públicas de las facturas anexas al oficio mediante el cual la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitó realizar un pago con cargo al patrimonio del fideicomiso, derivado de la implementación y operación de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección.
El domingo 29 se realizará la elección extraordinaria de Tixtla, después que la de junio se anulara por la quema de varias casillas en protesta por la falta de justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. En un contexto de guerra entre bandas delictivas y cuando la población reclama la protección de las Fuerzas Armadas, policías estatales y federales realizaron un operativo que terminó en salvaje golpiza contra otros normalistas… De nuevo, la violencia atizada desde el Estado.
CHILPANCINGO, Gro: La crisis político-social y la ola de violencia continúan en el estado, a unos días de la elección extraordinaria en la presidencia municipal de Tixtla, que se realizará el próximo domingo 29. A la conmoción y las reacciones generadas durante más de un año por el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sumó esta semana la brutal golpiza con que culminó un operativo de agentes federales y estatales para frustrar el secuestro de una pipa cargada de combustible. Todo ello ocurre en el contexto de la interminable confrontación de las bandas delictivas que se disputan las zonas de producción y trasiego de narcóticos en la Sierra de Guerrero, que provoca el desplazamiento masivo de personas y la formación de grupos de autodefensa, ante la indiferencia y, peor, los presuntos nexos de las autoridades y las Fuerzas Armadas con el narco. La situación tocó fondo el jueves 12, cuando más de mil personas de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo retuvieron a unos 200 soldados, después de que éstos desarmaran y arrestaran a guardias comunitarios que se enfrentaban con una célula criminal liderada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano en el poblado de El Naranjo, en el municipio de Castillo. Los pobladores denunciaron públicamente que los soldados, adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, se abocaron a neutralizar a los guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en vez de capturar a los delincuentes. Alrededor de un millar de personas, la mayoría hombres armados de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y el Ranchito, interceptaron a los militares en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco). Los comisarios de al menos 20 comunidades de la región de la Sierra informaron en un comunicado que, tras horas de tensión, los pobladores liberaron a los 60 comunitarios retenidos y recuperaron las armas que les habían decomisado los elementos del Ejército. No obstante, los serranos enfurecieron cuando se enteraron de que, tras la detención de la autodefensa en El Naranjo, la banda de los Villalobos asesinó a 15 policías comunitarios de Ojo de Agua, pueblo considerado la guarida de esa banda, que días antes fue expulsada por la fuerza de Polixtepec, en General Heliodoro Castillo. La gente acusó al Ejército de actuar en contubernio con la organización delictiva y retuvo a los militares porque se negaron a regresar a Ojo de Agua para verificar la información. Los soldados fueron liberados la mañana del viernes 13, cuando infantes de Marina arribaron a la Sierra y realizaron un operativo en la zona de influencia de los Villalobos. Sin embargo, los marinos no confirmaron la ejecución masiva de comunitarios y sólo encontraron rastros de la batalla, entre ellos cuatro camionetas incendiadas. En las inmediaciones de Ojo de Agua se localizó a tres policías comunitarios que se ocultaron en los cerros y fueron reportados como desaparecidos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2037, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420766
México, DF. Dos operadores del cártel de Sinaloa, uno de ellos cercano a Ismael El Mayo Zambada, fueron enviados por el gobierno mexicano a Estados Unidos, en cumplimiento a una solicitud de extradición, informó la Procuraduría General de la República (PGR). La entrega de Pedro Alejandro Rubio y de César Gastelum Serrano se realizó ayer sábado en el aeropuerto de Toluca, estado de México, donde se formalizó su entrega a autoridades estadunidenses. El operativo fue coordinado por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), e Interpol México. Los ahora extraditados, fueron requeridos por diferentes Cortes Federales de Distrito de los Estados Unidos de América, por los delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud.
Pedro Alejandro Rubio de 49 años de edad, fue detenido en noviembre de 2013, mientras que César Gastelum Serrano, presunto miembro del cártel de Sinaloa y socio de El Mayo Zambada fue detenido por fuerzas federales el pasado mes de abril, ambos debido a sus actividades relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/15/extraditan-a-eu-a-dos-operadores-del-cartel-de-sinaloa-651.html
México, DF. En México “se requieren 12 millones 800 mil empleos de tiempo completo con mejores condiciones laborales”, una cifra que tan sólo del segundo al tercer trimestre de 2015 aumentó en medio millón de puestos más, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su análisis semanal. El organismo empresarial insistió en que “la precarización del empleo continúa siendo un problema” ya que apenas 3.7 por ciento de los 398.6 mil mexicanos que consiguieron trabajo entre julio y septiembre lo hizo con el beneficio de servicios de salud, aún cuando aumentó el número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos. “Quienes lograron colocarse lo hicieron en empleos de poca calidad, como lo muestra el aumento de 158 mil personas en la población subocupada”, abundó. Además, otras 157.6 mil se integraron a las filas de la desocupación y 188.7 mil engrosaron el grupo de quienes de plano ya no buscan empleo por considerar que no lo conseguirán y que constituyen la población no económicamente activa disponible. Según el CEESP para poder crear empleos de tiempo completo y bien remunerados para reducir la pobreza, debe estimularse la inversión, por lo que criticó el monto y distribución del Presupuesto de Egresos para 2016. “Seguir aprobando presupuesto históricamente elevados sin ninguna mejora en materia de crecimiento y distribución del ingreso, seguirá reflejándose en elevados niveles de pobreza y deterioro del bienestar de los hogares”, fustigó. Objetó la reducción del gasto de capital por parte del sector público al considerar que dado su carácter complementario de la inversión privada “simplemente inhibirá la posibilidad de mejorar el ambiente de negocios de las empresas y, por ende, la capacidad de generación de más puestos de trabajo”. No obstante, el organismo empresarial reconoció que el incremento de 398.6 mil personas en la población ocupada durante el tercer trimestre casi duplica a las 153.8 mil personas que consiguieron trabajo en igual trimestre del año pasado. Aún así el número de mexicanos que consiguió trabajo entre julio y septiembre queda por debajo de las 530 mil que se emplearon entre abril y junio de 2015, un crecimiento que el organismo atribuyó a contrataciones atípicas como las que hicieron los institutos nacionales Electoral (INE) y de Estadística y Geografía (Inegi) para elecciones en diversos estados y el levantamiento de una encuesta intercensal, respectivamente. También destacó el aumento en el número de trabajadores que percibe más de 3 salarios mínimos, a diferencia de las drásticas reducciones registradas un periodo antes. “Las personas ocupadas que ganan hasta tres salarios mínimos se incrementó en 133 mil personas y los que tienen ingresos superiores a ese nivel aumentaron en 257.4 mil personas (este último grupo tuvo una reducción de 807 mil 153 trabajadores un trimestre antes)”. Consideró que lo anterior es consecuencia del dinamismo en el consumo, como una señal de que la economía comienza a fortalecerse. Empero, alertó que para que el cambio en la estructura salarial sea permanente y se fortalezca como impulso del mercado interno, es fundamental que las políticas públicas estimulen la inversión, aseguren un ambiente de negocio propicio y sin problemas de corrupción, inseguridad e impunidad, así como el mejor desempeño del gobierno federal para asignar de manera eficiente los recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población.
