Al dar a conocer el estudio Desarrollo efectivo de mega-proyectos de infraestructura: El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el organismo encabezado por José Ángel Gurría alertó:
“La experiencia mundial indica que los proyectos de infraestructura son especialmente vulnerables a la corrupción. La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no está exenta de ese riesgo. Es fundamental poner en marcha una estrategia integral para evitar la corrupción y la gestión deficiente durante las distintas etapas del proyecto”.
Es más, la OCDE señaló que pese a las medidas que instituyó el gobierno mexicano a principios de año para reforzar la lucha contra la corrupción, quedan pendientes que, de no atenderse, colocan “en riesgo la credibilidad y la eficacia del proyecto”.
El documento elaborado por el organismo precisó que el modelo de gobierno del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) es el de una institución pública, contrario a una estructura de corte corporativo que le permitiría mejorar su eficiencia y sus ventajas operativas.
Es decir, la estructura orgánica del GACM se diseñó conforme a los principios de austeridad y disciplina en el gasto público.
Sin embargo, acotó, afronta fuertes limitaciones de recursos humanos y de capacidades, lo que es evidente al evaluarlo en comparación con otros proyectos aeroportuarios.
“Un proyecto de esta magnitud exige un trabajo coordinado entre diferentes instituciones públicas y varios niveles de gobierno. Además, una buena gobernanza del nuevo aeropuerto requiere la participación sistemática de los actores interesados. Por ejemplo, la evaluación y gestión de riesgos deberá incluir a la sociedad civil y beneficiarse de su experiencia”, precisó.
En la opacidad, el modelo de negocios
Aunque la contratación pública en proyectos de infraestructura ofrece ventajas, consideró la OCDE, es una actividad muy delicada por la cantidad de recursos involucrados y por la estrecha interacción entre los ámbitos público y privado.
Según el organismo, esta práctica limita el riesgo de relaciones inviables de largo plazo con agentes económicos, sin embargo, también reduce el compromiso de los proveedores con el proyecto, lo que podría moderarse mediante una gestión contractual eficaz.
En una segunda decisión estratégica, según el organismo que representa a los países más ricos del mundo, el GACM decidió sincronizar las principales actividades de construcción en un conjunto de 21 paquetes de contratación pública “para cumplir con un cronograma muy ambicioso”.
En el ojo del huracán
El proyecto del NAICM ha generado controversia política luego de que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que esta obra sólo beneficiará a los contratistas cercanos al gobierno federal.
El excandidato presidencial presentó su propuesta para un aeropuerto alterno que significaría un ahorro de 100 mil millones de pesos, en comparación con el plan original que costará 169 mil millones.
En medio de este debate, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, señaló en un artículo que “el presidente Peña Nieto debería hacer algo que no ha hecho: reconocer que su gobierno está marcado por hechos y escándalos de corrupción”.
Y citó a México Evalúa:
De los primeros 5 mil millones de pesos invertidos en el nuevo aeropuerto, 79% de estos recursos se asignó por adjudicación directa, el 20% fue por invitación restringida a tres proveedores y sólo 1% se asignó por vía de licitación pública.
“Con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional, el gobierno justificó las asignaciones directas y la cancelación del uso de Compranet para difundir la información de estos contratos”, acotó.
Sin embargo, México Evalúa revisó estudios sobre la construcción de 4 mil proyectos aeroportuarios en Estados Unidos, en los que “en ningún caso se usó el argumento de la seguridad nacional para otorgar una adjudicación directa”, aseguró Pardinas.
En este sentido, la OCDE dejó en claro que el nuevo aeropuerto constituye el núcleo del plan de infraestructura de la administración actual (2012-2018), y la opinión pública respalda el proyecto.
Eso sí, señaló que los elementos fundamentales de los megaproyectos exitosos los constituyen un modelo adecuado de gobernanza, la gestión eficaz y eficiente de la contratación pública, las garantías de integridad para reducir las oportunidades de corrupción, así como una estrategia de comunicaciones integral.
“No cumplir con los compromisos del proyecto en materia de tiempo y presupuesto implicaría enormes costos para el país”, alertó el organismo internacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420896
