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El 72% de embarazadas son violentadas en hospitales; y es peor en Edomex y con indígenas

Un estudio realizado por el GIRE basado en solicitudes de transparencia señala que es en los estados donde más se dan este tipo de casos. 

La violencia obstétrica en México ha mostrado un incremento en los últimos años ante la falta de acceso a los servicios de salud o por desconfianza de mujeres que viven principalmente en zonas rurales o indígenas, concluye un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Si en México siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, significa que casi 72 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica“, menciona el informa.

Destaca que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.

Las comisiones estatales de derechos humanos también han recibido quejas en este sentido, encabezadas por el Estado de México (48), Oaxaca (20), Durango (14), Puebla (10), Sinaloa (10), según el documento “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.

La violencia obstétrica es aquella que se genera durante la atención del embarazo, parto y posparto en servicios de salud tanto públicos como privados y consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud que provoque algún tipo de daño físico y/o psicológico en las pacientes. También se refleja en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante hacia la mujer.

Un ejemplo de este tipo de violencia son los distintos casos de mujeres indígenas embarazadas a las que se les ha negado una atención apropiada por parte de personal de salud.

Para elaborar el estudio, investigadores del GIRE realizaron una serie de solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes entidades, y ante distintas instancias, y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266 reportes: 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos, 18 en el Distrito Federal, 14 en el Estado de México y también 14 en Veracruz.

En Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos.


LAS QUEJAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Según la información obtenida por los investigadores, durante el periodo de análisis, en el país se registraron 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa. Sin embargo, sólo se emitieron 14 recomendaciones.

Las comisiones de Arbitraje Médico de los estados también recibieron 118 quejas en 18 meses , siendo San Luis Potosí la entidad con el mayor número, al registrar 18.

Señala que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, uno o varios de sus derechos humanos son vulnerados, entre ellos, el derecho al acceso de servicios de salud de calidad.

También le niega el derecho a la integridad personal, que implica la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Existen conductas en los entornos de atención a la salud que más allá de constituir violaciones al derecho a la salud, pueden encuadrar en casos de tortura y malos tratos, como lo ha expuesto el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, ‘…si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de los detenidos, la comunidad internacional ha empezado a ser consciente de que la tortura también puede darse en otros contextos”, señala el documento.

Reclama que ante esta situación, el Estado ha dado soluciones de “baja calidad”, por lo que persisten los problemas de infraestructura y equipamiento que por años han afectado la prestación de servicios de salud en las instituciones del sector público. “Por ello, a pesar de esfuerzos como el Seguro Popular —esquema pensado para personas que no tienen un trabajo formal— y los acelerados ritmos en la afiliación a éste, el derecho a la salud de muchas personas en México sigue siendo una mera ficción”.

Destaca que en México, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud es una de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente la mitad del gasto total en salud es pagado directamente por el usuario. De igual manera, el número de médicos per cápita en el país (2.2 por cada mil habitantes), de personal de enfermería (2.6 por cada mil habitantes) y de camas de hospital (1.6 por cada mil habitantes) se encuentran por debajo del promedio de países de la OCDE de 3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente.


Recuerda que el pasado 15 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad 41 adiciones tanto a la Ley General de Salud como a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de obligatoriedad en la atención de urgencias obstétricas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553091

Comparan en redes a gobernador de Campeche con Díaz Ordaz y Echeverría

CAMPECHE, Camp: Usuarios de las redes sociales compararon al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas con los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, luego de que ayer advirtió que aplicaría “toda la fuerza” del PRI contra sus críticos.

Durante el acto protocolario de relevo en la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), donde fue recibido por mariachis con la canción El Rey, de José Alfredo Jiménez, el mandatario estatal convocó a los asistentes a trabajar por “un estado unido y en paz”.

“Hoy son los tiempos de unidad, son tiempos de trabajar juntos para que Campeche se transforme, por eso quien promueva la división, quien critique y no proponga, no quiere al Estado ni su desarrollo”, soltó.

Moreno aseguró que es una gente comprometida, abierta al diálogo permanente, a la construcción de la unidad que necesita el estado, “por eso no permitiremos ni chantajes ni chantajistas, ni que nadie ni nada divida a los campechanos o violente la paz y la tranquilidad”.

Y lanzó: “Quiero decirles a todos aquellos que no son solidarios con Campeche, que nunca hablan bien de Campeche, que van a recibir toda la fuerza del partido”.

Sus amenazas convirtieron al gobernador en blanco de diversos memes que sus detractores comenzaron a circular este lunes en las redes sociales, en uno de los cuales comparan su discurso y actitudes con las de Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez a raíz de las protestas estudiantiles en 1968, antes de la masacre en Tlatelolco.


En la comilona de ayer, en la que Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de (CNC), tomó protesta a Pablo Angulo Briceño como nuevo dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Campeche para el período 2015-2019, Moreno Cárdenas celebró su segundo mes al frente del Ejecutivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420906

Pensionissste: Jubilaciones en venta

MÉXICO, DF: Después de décadas de arduo trabajo sirviendo a la nación, lo mínimo que merecemos todos y todas es poder disfrutar de una jubilación tranquila y decorosa con nuestras familias. Las personas de la tercera edad constituyen una parte esencial de la sociedad. Los abuelos y las abuelas son representantes de nuestra historia y anclas de nuestros valores. Así como la sociedad tiene la obligación de cuidar y asegurar una vida digna para sus niños y sus jóvenes, también la tiene con respecto a los mayores de edad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos internacionales firmados por este país señalan que todos tenemos el derecho a la salud y a una vida digna. Ello aplica de manera especial para las personas de la tercera edad. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (artículo 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (artículo 9).

No es responsabilidad del individuo garantizar las condiciones mínimas necesarias para su retiro, sino de la sociedad en su conjunto. El trabajo que cada uno de nosotros realizamos todos los días en la oficina, la fábrica, el campo, la calle o la casa, en el sector formal o informal, no es estrictamente un trabajo individual, sino que forma parte de un esfuerzo colectivo al servicio de la comunidad. La nación tiene entonces la responsabilidad de devolver el favor a sus ciudadanos cuando, por su edad, ya no pueden seguir con el mismo ritmo de trabajo.

La mayor parte de los mexicanos no cuentan con suficientes ingresos para poder ahorrar en preparación de su retiro. El Estado, como representante de la comunidad nacional y garante de los derechos humanos, tiene entonces la obligación de garantizar una vida digna para este amplio sector de la sociedad una vez que se acaben sus años más productivos. Ello es particularmente importante cuando se trata de trabajadores que han dedicado sus vidas al servicio del mismo Estado.

Pero los ideólogos del neoliberalismo trasnochado entienden la situación de otra manera. Para ellos lo único que importa es el negocio y la ganancia. Desde su punto de vista, gastar en las personas de la tercera edad es puro desperdicio. Es por ello que Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS en 1997 y Felipe Calderón las del ISSSTE en 2007. Hoy casi todos los recursos de nuestras pensiones se manejan por medio de “Afores” en manos privadas. Desde el punto de vista de la caduca clase política que actualmente controla el país, el objetivo no es garantizar una jubilación digna para todos los ciudadanos, sino aprovechar los ahorros de los trabajadores para garantizar jugosos negocios a sus amigos los banqueros.

Enrique Peña Nieto busca en su turno colocar la cereza en el pastel de la venta de nuestras jubilaciones. Hoy los trabajadores del Estado todavía tenemos la opción de confiar nuestro ahorro para el retiro a una institución pública, Pensionissste. Este organismo sin fines de lucro cobra las comisiones más bajas en el mercado y tiene la obligación legal de reinvertir sus ganancias en las mismas cuentas de los trabajadores. Justamente por eso se encuentra entre los fondos de mayor rendimiento que manejan Afores.

La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, que el PRI y el PAN buscan aprobar esta misma semana en el Congreso de la Unión, desincorporaría el Pensionissste del ISSSTE, transformándolo en una “empresa estatal de participación mayoritaria” donde 49% de las acciones podrían ser adquiridas por la iniciativa privada. El gobierno argumenta que este cambio ayudaría al Pensionissste a evitar trabas burocráticas que supuestamente limitarían su rendimiento. Pero en realidad lo que se busca es “liberar” a este importante fondo de ahorro de los controles públicos que garantizan la protección a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

Afortunadamente, la sociedad cuenta con la atenta vigilancia de la diputada Araceli Damián como presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. La doctora Damián generosamente ha tomado una pausa de sus importantes labores académicas en El Colegio de México para servir a la nación como legisladora, con el partido Morena, para el periodo 2015-2018.

Ella ha denunciado que con la reforma de Peña Nieto ya no será obligatorio que los rendimientos del fondo del Pensionissste se reinviertan en las cuentas de los trabajadores, sino que podrán ser repartidos entre los accionistas privados de la nueva empresa. Asimismo, al derogar el artículo 109 de la Ley del ISSSTE se eliminan los candados que obligaban al Pensionissste a invertir los fondos en la actividad productiva nacional, como construcción de vivienda y carreteras.


Finalmente, la fracción V del transitorio segundo de la reforma señala que “el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere”. Es decir, con la privatización de Pensionissste el gobierno ya no garantizará rendimiento alguno para los trabajadores. Como ha ocurrido con todos y cada una de las mal llamadas “reformas estructurales” del Pacto por México, los derechos fundamentales de todos se convierten una vez más en un negocio para unos cuantos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JHON M. ACKERMAN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420837

Reprograman la evaluación a maestros de Morelos

CUERNAVACA, Mor: La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprogramó para el 21 y 22 de noviembre la aplicación del examen de permanencia en la entidad, luego de que 45% de los profesores no pudieron ser evaluados debido a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La medida tiene el objetivo “de permitir que todas las maestras y maestros seleccionados cumplan con la última etapa de este proceso”, precisó Anselmo Muñoz Bisoso, director de personal y relaciones laborales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

En un comunicado, el funcionario estatal lamentó que los profesores disidentes no permitieran a sus compañeros ser evaluados, además de que –dijo– pusieron en riesgo la integridad de cada uno de los presentes.

Asimismo, invitó a los inconformes a priorizar el diálogo a través de las instancias legales y políticas correspondientes, respetando a quienes, apuntó, son conscientes de la importancia de elevar la calidad educativa.

“Los maestros inconformes no pueden exigir un derecho violando el derecho de sus compañeros docentes de ser evaluados”, recalcó.

Por separado, el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz, señaló que la detención de profesores, el pasado fin de semana, evidenció una política represora del gobierno estatal y la violación sistemática de derechos humanos, entre ellos el de libre manifestación.

El activista detalló que cuando en una detención se acusa de alteración del orden público, se clasifica como una falta administrativa, pero nunca como un delito, por lo que quien altere el orden debe llevado ante el juez calificador, pero ese no fue el caso de los docentes.


“No es un delito el hecho de protestar en contra de la evaluación punitiva. A los maestros se les hace una acusación de alteración al orden, lo que evidencia una violación al libre derecho de manifestación del magisterio. No hay elementos para consignar, por eso es que los liberaron, porque es un tema político”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420895

El PRI de Veracruz acarrea a borrachos de la cantina al informe de Gobierno de Duarte

Un organizador del PRI en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, reclutó ahí a personas, pese a su estado de ebriedad, para llevarlos amenizar el Quinto Informe del Gobernador Javier Duarte de Ochoa a cambio de cien pesos.

“Estábamos echando unos alcoholes, salimos de la chamba y nos metimos al bar. En eso llegó el organizador del PRI, nos explicó el pedo y pues a la flota le gusta el desmadre. Unos, nos venimos pedos, otros crudos. Según nos van a reponer lo que nos quemamos ayer en la briaga”.


Alan Jared Hernández Jiménez, oriundo de Tihuatlán, Veracruz, no es un acarreado común y corriente, al igual que los demás: enuncia con fervor el apellido del ‘góber’. No obstante, declara que por falta de simpatizantes lo reclutaron de última hora, pese a su estado de ebriedad para acudir al quinto informe del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
“Nos adelantó la mitad, 50 pesos. Nosotros le dijimos a ese wey que no sabemos de estas ondas; pero nos dijo que no había bronca que el chiste era hacer ruido. Hasta nos dejó traernos el cuartito de aguardiente que sobraba”.

El hombre de 35 años, más allá de su escandaloso aliento a restos de comida y alcohol preparado de guayaba, sobresale entre el tumulto por su atuendo: porta con ingenuo una camisa tipo polo color azul marino con el escudo del Partido Acción Nacional (PAN).

Salió en caravana desde las siete de la mañana. No ha dormido, tiene hambre y depende de la gratificación que le prometió la organizadora para llevarle algo de comer a su papá que ya no pudo hacer el viaje por problemas de salud. “Quería venir a apoyar el viejo; pero ya está mal”, dijo.

Al igual que a los demás acarreados, lo forman en las hileras rojiverdes que bajan de camiones urbanos para apoyar a Javier Duarte en su quinto informe de gobierno. Hay mucha gente y poco oxígeno para el hombre aturdido. Se marea, eructa y amaga con vomitar a los presentes.

Hay risas y señalamientos hacia él por su condición, el organizador lo detiene y le dice discretamente: “Compórtate o no te daré los 100 varos”. El hombre hace caso omiso y se acerca a las barras de seguridad en la entrada del Velódromo Internacional de Xalapa, Veracruz, donde Javier Duarte se alistaba para la presentación de su Quinto Informe.

Jared y su grupo, asediados por moscas en las braguetas, hacen un esfuerzo por recordar las porras que su líder les dictó en el recorrido de ida. Finalmente llegan hasta el protocolo de seguridad.


Los dos amigos, un poco menos sacudidos por el licor, no dirigen palabra a los oficiales de la guardia civil y entran al recinto caminando derechito.

A ver, usted, sópleme.

–“¿Y ahora por qué jefe? yo vengo a apoyar al Duarte”.

–Hágame el favor de retirarse, está en estado inconveniente.

–“No me chingue oficial, si no entro no me van a dar mi ayudita”.

A lo lejos, los dos cuates de parranda se doblan de la risa y con muecas le dicen: “Por pendejo”.


Jared no tuvo suerte, le impidieron el acceso. Deberá esperar hasta que la gente regrese a los camiones. Está hambriento y no tiene centavo alguno. Contempla el panorama y se rasca la cabeza. El camión lo abrirán en cinco horas. Finalmente decide echarse a dormir en la banqueta.

Ayer decenas de camiones arribaron a las inmediaciones del Congreso de Veracruz, los cuales transportaban a cientos de personas que con cartulinas y consignas aprendidas se disponían a realzar la entrega del Quinto Informe de Duarte de Ochoa.

Inducidos por un hombre vestido de traje negro y corbata, mujeres y hombres, así como niños, coreaban: “Duarte, Duarte”, mientras el mandatario salía del recinto legislativo para dirigirse al Velódromo de Xalapa donde daría su mensaje oficial.

Mientras Duarte se alejaba a bordo de una camioneta, los “acarreados” se apresuraban para abordar los autobuses en los que había llegado a los alrededores del Congreso y que ahora los transportarían al Velódromo para presencial el discurso de Duarte.


Al llegar al foro se sumaban a las largas filas para esperar se les permitiera la entrada, donde ya portaban unas sombrillas de color blanco y rojo que les habían sido obsequiadas. Finalmente algunos no lograron entrar por lo que comenzaban a retirarse con aparente enojo y en busca de los autobuses que los llevarían de vuelta a sus comunidades para inconformarse de nuevo cuando les informaban que tendrían que aguardar a que terminara el evento para volver.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Miguel Ángel León Carmona .
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553414

Reconoce Semar “irregularidades” en una detención en Veracruz

México, DF. El almirante secretario, Vidal Francisco Soberón Sanz reconoció que elementos de la Armada de México actuaron “en forma irregular” e incurrieron “en la indebida dilación en la puesta a disposición” ante el ministerio público de la federación (ocho horas después de su captura) de Óscar Augusto Valle Sánchez, ocurrida el 24 de septiembre de 2011 en Coatepec, Ver.

La declaración del almirante abre la puerta para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordene a la Secretaria de Marina el pago de la indemnización que exige la víctima, a quien incluso las fuerzas federales señalaban como “médico” al servicio de los zetas.

El documento firmado por el almirante Soberón el 16 de agosto de 2014, sirvió de base para que el pasado once de noviembre, el inspector y contralor de la Secretaría de Marina, almirante Joaquín Zetina Ángulo le informara al quejoso que sólo queda que la CNDH emita la recomendación correspondiente a dicha dependencia, para que ésta pague la indemnización correspondiente.

Y es que, después de un largo proceso penal, en el que Valle Sánchez alegó que fue violado el debido proceso penal en su contra, fue liberado por un juez federal en 2013 al considerar que hubo inconsistencias en los hechos entre el parte informativo que entregaron los marinos que lo detuvieron y otras inconsistencias.

Desde el momento de su captura, la víctima denunció que el reporte de los marinos que lo capturaron era ilícito, porque afirmaba que lo habían detenido en una carretera a bordo de un vehículo, cuando en realidad había sido sacado por la fuerza por los elementos de la Armada de México, sin una orden de aprehensión.

Al quedar libre, demandó a la Secretaría de Marina una indemnización por 20 millones de pesos, por concepto de reparación del daño moral, por las secuelas físicas que le dejó la captura y tortura que sufrió a manos de los marino durante ocho horas antes de entregarlo al ministerio público federal, lesiones y secuelas físicas y morales, por los salarios que dejó de percibir durante los dos años que estuvo en prisión, por la interrupción de sus estudios de medicina, así como, por gastos de traslado de sus padres y abogados y pago de las terapias y medicamentos que aún necesita.

En el oficio de respuesta a la demanda, Soberón argumenta que la violación a los derechos de la víctima fue solventada cuando los marinos lo entregaron al ministerio público –después de ocho horas-, además de que la acción legal ya prescribió, por lo que la indemnización es improcedente.

Sin embargo, Valle Sánchez, acompañado de sus padres Guadalupe Sánchez y Ramiro Valle se reunieron al pasado 11 de noviembre con el contralor de la Armada, almirante Zetina, quién les dijo que la Armada está a la espera de que la CNDH emita la recomendación correspondiente, además les pidió que entregaran por escrito una lista en la que esté desglosada cada concepto que incluye la indemnización.


La señora Sánchez dijo en entrevista que espera, por otro lado, que la CNDH cumpla con su encomienda –el mismo 11 de noviembre solicitaron nuevamente por escrito la intervención de ésta-, además recordó que en enero pasado, el pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con su acuerdo de pagar casi 800 mil pesos a la víctima por concepto de reparación del daño, por haber estado dos años injustificadamente preso.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/16/reconoce-semar-201cirregularidades201d-en-una-detencion-en-veracruz-4518.html

Formaliza Peralta registro ante el PRI como aspirante único al gobierno de Colima

COLIMA, Col: Después de solicitar su registro como precandidato para contender nuevamente por la gubernatura, en los comicios extraordinarios que se celebrarán el domingo 17 de enero, el priista José Ignacio Peralta Sánchez calificó la anulación de la elección de junio pasado como “un suceso fuerte”, debido a que “fue producto de una traición, un engaño y una mentira”.

Aunque no especificó los destinatarios de su señalamiento, fue clara la alusión al grupo del exgobernador Mario Anguiano Moreno, cuya intervención en el proceso anterior fue determinante para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidiera invalidar los resultados en los que había ganado de manera apretada el propio Peralta Sánchez.

Una de las hipótesis que circulan entre los priistas es que Anguiano Moreno, perteneciente a un grupo político rival al de Peralta, habría provocado la anulación de la elección a través de uno de sus colaboradores, quien aceptó ante el Congreso local la autenticidad de un audio en el que da instrucciones a una subordinada de apoyar al PRI desde el gobierno.

José Ignacio Peralta aseguró, como lo ha reiterado desde que el tribunal dictó su sentencia, que durante la elección pasada realizó una campaña “limpia y apegada a la ley”, por lo que ofreció que de lograr la candidatura del PRI para la elección extraordinaria, realizará proselitismo de la misma manera.

Luego manifestó que jamás buscará votos mediante engaños, mentiras y traición; “rechazamos esas campañas y lo que queremos es nuevamente hacer un llamado amplio a toda la militancia priista para que nos apeguemos siempre a derecho, respetando la norma electoral y viendo por los mejores intereses de nuestro estado, eso es lo que queremos los priistas”.

En un acto realizado en la sede estatal del PRI, con la asistencia de cientos de militantes de ese partido, Peralta se convirtió hoy en el aspirante único a la candidatura por ese partido, luego de que una vez cerrado el plazo fijado en la convocatoria nadie más solicitó su registro.

“Hacemos una amplia convocatoria para que generemos esta fuerza, esta unidad que es la que nos va a permitir cumplir con todos nuestros objetivos; lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo porque lo hemos constatado con hechos claros y contundentes, que cuando el PRI se une jamás lo pueden derrotar”, sostuvo.

Peralta Sánchez criticó que sus adversarios políticos pretendan “dañar la democracia ganando en tribunales lo que no pudieron ganar en la calle consiguiendo votos”.

Enseguida, aseveró que “en Colima le faltan al respeto nuestros adversarios a la voluntad popular y la voluntad ciudadana, y creen que con mentiras y con engaños y traiciones pueden llegar al poder”.

Al finalizar el periodo de registro de aspirantes, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, Miguel Chávez Michel, informó que el jueves 19 esa instancia partidista resolverá sobre la solicitud de Peralta Sánchez.

También adelantó que no duda de que José Ignacio Peralta reúne los requisitos estatutarios y constitucionales para participar en el proceso interno del PRI y en el extraordinario del 17 de enero de 2016, y explicó que una vez que se reciba la constancia de precandidato, podrá hacer actividades de proselitismo del 20 al 30 de noviembre, pero sólo con la militancia del PRI, entre la que buscará la adhesión de los priistas.


Chávez Michel dio a conocer que el martes 1 de diciembre a las 17 horas, en un lugar que oportunamente será informado a la militancia priista, se llevará a cabo la convención estatal de delegados, donde, se oficializará la postulación del candidato a gobernador por parte del PRI.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420878

Arzobispo de Oaxaca suspende a dos párrocos que denunciaron a cura pederasta

OAXACA, Oax: Denunciar públicamente a su compañero Gerardo Silvestre Hernández, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2013 por el presunto abuso sexual de 45 niños indígenas, le costó el sacerdocio a los párrocos de Cristo Rey, Apolonio Merino Hernández, y de Santiago Camotlán, Ángel Noguera Nieto.

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, los suspendió de sus funciones sacerdotales, e incluso a Apolonio Merino pretendió callarlo con amenazas.

Merino Hernández, denunció que el pasado 7 de agosto recibió la notificación de suspensión de sus funciones y fue advertido de que si hacia algún escándalo público, la Iglesia ventilaría que violó el celibato al formar su propia familia y le prefabricaría un delito por el supuesto abuso sexual de una mujer.

Previo a la notificación de su “destierro”, la arquidiócesis le ofreció darle una mesada de ocho mil pesos para que tuviera un apoyo y una “vida digna”. Sin embargo, el sacerdote decidió denunciar este atropello de la Iglesia católica y poner la justicia para los niños indígenas que fueron abusados sexualmente por encima de su seguridad.

De la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y en Villa Alta han pasado casi dos años y no se le ha dictado sentencia.

El expárroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013, por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.

Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal le dictó auto de formal prisión. También fue detenido el expárroco de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, a la fecha el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.

Tampoco el arzobispo ha ofrecido una disculpa pública ni existe la reparación del daño contra unas 45 personas que en el 2009 tenían entre 11 y 13 años.

Silvestre Hernández fue señalado por primera vez de un caso por violencia sexual contra un niño en 2006. Luego fue removido a Camotlán donde se presume victimó a cerca de 45 niños y repitió las agresiones en Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec.

En enero de 2014, sacerdotes de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca exigieron a las autoridades eclesiásticas “extirpar de raíz el infame crimen de la pederastia que se dejó incubar en la Iglesia con su silencio cómplice”.

Demandan que el arzobispo José Luis Chávez Botello pida perdón por los casos de pederastia cometidos por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.

Los presbíteros Juan Ruiz Carreño, Juan Antonio Jiménez Gómez, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, David Elías Mendoza Maldonado, Ángel Noguera, Manuel Arias Montes, Guillermo Velázquez Gordillo, Sergio Herrera Arias y Leoncio Hernández Guzmán, fueron quienes participaron en la denuncia y aclararon:

“No hemos jugado a tirar la piedra y esconder la mano, cuando correspondió una advertencia sobre el caso del Padre Gerardo Silvestre Hernández, la hicimos”, subrayaron.

Y en agosto pasado, organizaciones civiles denunciaron que Silvestre Hernández no ha sido sentenciado “por complicidad” entre funcionarios y autoridades eclesiales.

Por su parte el Foro Oaxaqueño de la Niñez integrado por 25 organizaciones y ocho sacerdotes católicos exigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, imponer la pena máxima al presbítero detenido por corrupción de menores contra dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010.

De igual forma, urgió al gobernador Gabino Cué investigar y sancionar demás violaciones cometidas contra niñas, niños y adolescentes por integrantes de la iglesia católica y otras creencias religiosas, así como en espacios familiares, comunitarios y escolares.


Y es que los activistas presumen que hay cerca de 45 niños que fueron víctimas de agresiones sexuales en las parroquias de Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec en un periodo de seis años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MÁTIAS.

‘Blinda’ México fronteras para evitar ataques terroristas: CNS

TOLUCA, Edomex: El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, informó que las fronteras de México y zonas estratégicas fueron “blindadas” para evitar ataques terroristas como los que ocurrieron el pasado viernes 13 en París.

Las áreas de inteligencia activaron un protocolo de blindaje en esas áreas, destacó el funcionario federal en esta ciudad, durante un evento en el que el gobernador Eruviel Ávila entregó los primeros cien brazaletes electrónicos para preliberar a igual número de sentenciados, con la finalidad de reinsertarlos en la sociedad y facilitar la despresurización de las cárceles mexiquenses.

De acuerdo con Sales Heredia, no existe ningún temor sobre posibles actos terroristas en México, sin embargo, dijo, se han tomado todas las previsiones para evitar que se presenten hechos “lamentabilísimos”.

“Hay coordinación específica e investigación de algunos puntos concretos, alertas migratorias y vigilancia de fronteras, aeropuertos y estaciones de transporte”, puntualizó.

En la capital del país, añadió, se incrementaron las medidas de seguridad en el aeropuerto, estaciones de transporte y embajadas, y también hay elementos desplegados, vinculación y coordinación con todo el gabinete de seguridad del gobierno de la República.


El comisionado nacional de Seguridad rechazó que exista temor del gobierno mexicano ante la posibilidad de que su territorio y pobladores sean atacados por terroristas, pero insistió en la necesidad de implementar medidas preventivas y mantener comunicación permanente e inmediata con las autoridades de otras naciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420884

CFE lleva luz a comunidades indígenas del país

Se han invertido 2 mil 630 millones de pesos en beneficio de cerca de 454 mil habitantes, que antes no contaban con acceso al suministro de energía eléctrica, afirma la comisión.

2 mil 83 obras de electrificación en zonas indígenas se han realizado en 23 estados del país en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, indicó la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI), y los gobiernos estatales y municipales.

“En conjunto, las cuatro instancias han invertido 2 mil 630 millones de pesos en beneficio de cerca de 454 mil habitantes, que antes no contaban con acceso al suministro de energía eléctrica”, señaló en un comunicado.

La CFE ha informado que para 2016 realizará más proyectos de electrificación en zonas indígenas de 19 estados, puntualizó.

Los lugares serán elegidos por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación con autoridades municipales y estatales.

La inversión será de 863 millones de pesos. La CFE aportará el 30 por ciento del total de este monto, es decir 259 millones.

Durante el presente año, la CFE y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas formalizaron 19 convenios para la construcción de 691 obras de electrificación para zonas indígenas.

De las 691 obras convenidas en 2015, 687 se encuentran pagadas y 4 pendientes de pago por parte del gobierno de Hidalgo. De las obras pagadas, 341 se encuentran terminadas y 346 en proceso, las cuales se concluirán al cierre de diciembre de 2015.

Este año, coordinados por la CFE y la CDI, los convenios se hicieron con los gobiernos estatales y municipales de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.


“Un ejemplo de los tipos de proyectos construidos bajo este esquema de colaboración, es  la Subestación Hopelchen, en Campeche. Este proyecto requirió de una inversión de 197 millones de pesos. Para la construcción de esta subestación, la CDI participó con 98.5 millones de pesos y la CFE con otros 98.5 millones. La subestación beneficiará a más de 36 mil habitantes. Su construcción comenzó en marzo de 2014, a la fecha se tiene un avance del 40% y se concluirá en julio de 2016″, detalló la CFE.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Asesinan a exdirector de Gobernación municipal de Acapulco

El exdirector de Gobernación municipal de Acapulco, Felipe Loyo Malabar, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes, cuando se encontraba en el interior de su vehículo en la colonia Hogar Moderno, afuera de su domicilio, reportó la Fiscalía Regional.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas sobre la calle Río Atoyac.

La Fiscalía General del Estado(FGE), a través de la Fiscalía Regional ha emprendido la investigación e inició la averiguación previa TAB/MOZ/03/0456/2015 por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Al lugar de los hechos arribó el titular de la Agencia del Ministerio Público, sector Mozimba, Erit Nuñez, quien encontró el cuerpo con impactos de arma de fuego dentro de un vehículo Jetta de la marca Volkswagen color café.

El cadáver del también líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores de Guerrero fue identificado por Pedro Loyo Malabar, su hermano y exfiscal regional de Acapulco.


Felipe Loyo Malabar también era secretario de la sección XX del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y excandidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Indagan disputa de grupos detrás del incendio de autobuses en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Cada día se fortalece la hipótesis de que la disputa de dos grupos por el control del Transbús podría estar detrás del incendio de 47 unidades, ocurrido la madrugada del miércoles 11 en la colonia Miguel Hidalgo.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas, informó que la línea de investigación que apuntaba a un cortocircuito quedó descartada y que el incendio fue provocado.

Explicó que en colaboración con cuatro peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), se determinó la presencia de hidrocarburo en la unidad número 40.

El incendio “fue provocado, los indicios encontrados en el campo apuntan a un material semicombustible, no se trató de un cortocircuito, está totalmente descartado”, aseguró y anunció que la próxima semana serán llamados a declarar los líderes de las cooperativas que integran el Transbús.

La Sociedad Mercantil de Transportes Urbanos Integrados SA de CV (Transbús) se fundó en el sexenio de Andrés Granier Melo para “modernizar” el transporte en Villahermosa y poblados aledaños, con la unión de varias empresas transportistas.

Sin embargo, el proyecto derivó en un esquema de corrupción, denunció en marzo pasado el subsecretario de la SCT, William Castillo Ulín.

“Es inexplicable que un proyecto como el Transbús en el que se invirtieron muchos millones de pesos, lo hayamos encontrado desde inicio de 2013 como una empresa quebrada, con la gran parte de sus autobuses en mal estado y sin dinero para dar un mantenimiento adecuado a sus unidades y mucho menos para renovarlas”, cuestionó.

Desde que se fundó, el Transbús se convirtió en botín político priista, manejado por los entonces titulares de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Adrián Hernández Balboa y Aquiles Domínguez Cerino. El primero luego fue dirigente estatal del PRI, coordinador de campaña del excandidato a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, quien perdió ante Arturo Núñez Jiménez y ahora es diputado local electo.

Domínguez Cerino es operador político del senador priista Humberto Mayans Canabal, secretario de gobierno durante los primeros cuatro años y medio del sexenio de su compadre Andrés Granier Melo.

En pasillos de la FGE ha trascendido que de las 20 averiguaciones previas abiertas contra exfuncionarios granieristas, anunciada por el gobernador Arturo Núñez en su tercer informe, en una de ellas se encuentra implicado Aquiles Domínguez por presunto desfalco de más de 200 millones de pesos a la SCT.

El primer presidente del Consejo de Administración del Tranbús fue Daniel Pérez Guillén quien posteriormente entregó el cargo a Rubén Salomé Cárdenas, oficialmente muerto desde 1993 al falsificar un acta de defunción para cobrar seguro y pensión en Petróleos Mexicanos (Pemex), según denuncias de la época.

La prensa exhibió el acta de defunción de Rubén Salomé, fechada el 17 de julio de ese año, con número de folio 4413, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil, quien falleció supuestamente el 16 de julio de 1993 a causa de una anemia aguda, al sufrir un accidente en el Pozo Luna 2 del Distrito de Comalcalco, Tabasco.

En mayo de 2014, Rubén Salomé, al frente de seguidores y 20 guardias de seguridad contratados, cerró las oficinas del Transbús luego que el primer comisario, Laires Carrera Pérez, convocara a reunión extraordinaria para destituirlo por malos manejos de la empresa.

“Tiene una serie de irregularidades como pagos desmedidos al consejo de administración y mal uso de los recursos”, manifestó José Luis Montoya, presidente del corredor Universidad-Bicentenario del Transbús.

Salomé Cárdenas justificó su acción porque supuestamente se perdieron computadoras y otros bienes de la empresa y responsabilizó a seguidores de Laires Carrera.

A principios de junio se realizó la asamblea extraordinaria y la mayoría de socios, 195 de 306 en total, aprobaron la destitución de Salomé Cárdenas como presidente del Consejo de Administración del Transbús y nombraron como interino a Laires Carrera quien, de entrada, anunció auditoría al destronado dirigente.

Sobre todo porque se hallaron pagos discrecionales a socios por adelantado, familiares y amigos en nómina, una legión de “aviadores” y cero control de los recursos de la empresa.

El 15 de junio, policías antimotines desalojaron las oficinas del Transbús y se llevaron detenidos a más de 35 hombres y mujeres, entre ellos, Rubén Salomé, acusado de despojo agravado.

Salomé se negaba a reconocer a Laires Carrera y a José Luis Montoya López como presidente del Consejo de Administración y comisario del Transbús, no obstante el Instituto Registral del Estado de Tabasco (IRET) había declarado como válida la asamblea que lo destituyó y reconoció a los nuevos administradores.

Salomé Cárdenas calificó como una “chicanada” la resolución del IRET y advirtió que recurriría a un amparo para no entregar la administración de la empresa a Carrera Pérez

El 20 de junio se dictó auto formal prisión contra Salomé Cárdenas y 17 socios más, recluidos en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).

No obstante, el 18 de julio un juez federal ordenó restituir los derechos y obligaciones de líder transportista a Rubén Salomé Cárdenas, en tanto se resolviera el Juicio Ordinario de Nulidad Mercantil, dejando sin facultades legales y administrativas los trámites que realizara Laires Carrera.

El pasado mes de enero de 2015, y después de casi ocho meses en prisión, Salomé Cárdenas y los 17 socios más, salieron libres luego de ganar cuatro amparos que resolvió su situación jurídica.

Ya en libertad, Salomé Cárdenas continuó con la impugnación contra la validez del liderazgo de Laires Carrera al frente del Consejo de Administración del Transbús.

En la elección del pasado 7 de junio, Laires Carrera fue incluido en la planilla de regidores del ayuntamiento de Centro que encabeza el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, a quien la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le regresó la alcaldía que el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) le había anulado.


Laires Carrera lleva como suplente a José Luis Montoya López, comisario del Consejo de Administración del Transbús.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420903

Exigen a Cué investigue agresiones contra periodista

OAXACA, Oax: Académicos, periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron los cobardes actos cometidos en contra de la directora de Comunicación Social del Congreso local, Gisela Ramírez Hurtado, quien en recientes fechas fue asaltada, perseguida y amenazada.

Además, exigieron al gobernador Gabino Cué Monteagudo que instruya a las instancias correspondientes para que se realice una investigación expedita, pronta y a fondo de estos actos; y se sancione a las personas responsables, materiales e intelectuales.

Los inconformes consideran que éste no es “un hecho aislado” sino que se suma a la serie de agresiones al gremio periodístico en el estado y en todo el país. Hechos como éste siguen manteniendo a Oaxaca como uno de los estados en donde las y los comunicadores no pueden ejercer plenamente su profesión, pues continúa estando en riesgo su integridad física, emocional e, incluso, su vida.

El pasado 4 de noviembre, cuatro individuos armados se introdujeron al domicilio particular de la periodista supuestamente para robarle. Fue amagada y por 40 minutos recibió insultos y amenazas de muerte; sin embargo, sólo se llevaron una computadora, los celulares y todas las memorias USB.

Al hecho anterior, se suman otros actos “porriles” de persecución y agresión hasta dañarle su automóvil, así como recibir llamadas intimidatorias por teléfono.

De cada uno de estos hechos ya existe una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado; y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

La carta dirigida a las autoridades federales y estatales está firmada por el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez; la coordinadora del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, Minerva Nora Martínez Lázaro; la directora de Cimac, Lucía Lagunas; el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Vladimir Galeana.

A la exigencia de justicia se sumaron Rogelio Hernández y Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de los Periodistas; el dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, Wilfrido Hernández; la periodista y editora SEMMEXICO, Sara Lovera, y el defensor de periodistas Razhy González.

También los periodistas Enrique Lazcano, Cecilia Téllez, Héctor Jiménez Landín, Soledad Jarquín, José Gil Olmos, Humberto Cruz, José Luis Ceballos, Pastor Matías Arrazola, Jacciel Morales, Martín Vargas, Diana Manzo, Roselia Chaca, Ixtli Martínez, Jaime Guerrero, Citlali López, Jazmín Gómez, Zandra Martínez, Pablo Gómez, Nereida González, Carina García, Mario Girón, Gildardo Mota, Juan Carlos Zavala, Paulina Ríos, Lilia Torrentera, María de los Ángeles Nivón y José Luis Sarmiento.

Así como los académicos Eduardo Bautista, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Raquel Aparicio Cid, Magda López Rocha, Claudia Guichard, presidenta de la Amedi Capítulo Oaxaca; Gerardo Ruiz, coordinador Académico de la Universidad Mesoamericana; Helder Palacios, académico de la Universidad Vasconcelos y Kelmic Hernández Arreotua.

Ante estos actos cobardes, los firmantes apoyan a la periodista Gisela Ramírez y expresaron su total rechazo a estas agresiones y a todo acto de intimidación, puntualizaron.


Finalmente, demandaron la protección inmediata de la periodista y de su familia, y el cese de estos actos intimidatorios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420872

Otro desfalco de Padrés… ahora de 4 mil 192 mdp en obras

HERMOSILLO, Son: El contralor estatal Miguel Ángel Murillo denunció el quebranto patrimonial de 4 mil 192 millones de pesos en obras públicas durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

En la instalación del llamado “Gabinete de innovación, eficiente y honesto” de este lunes, el fiscal estatal reveló que el faltante económico se derivó de 503 observaciones documentadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Se refiere a obras licitadas en las que se entregaron avances económicos para su inicio y no hay resultados; construcciones inconclusas, doble pago a proveedores por un mismo contrato, así como recursos ejercidos sin respaldo documental.

“Las investigaciones por este faltante están sujetas al orden jurídico y penal, más allá de lo administrativo mediante la integración de cada uno de los expedientes que sostienen las irregularidades”, subrayó el denunciante.

En el marco de la primera reunión de este gabinete, el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, detalló que en el periodo de septiembre y octubre se recortaron mil 67 plazas de honorarios y confianza para un ahorro de 361 millones de pesos.

Además, se reubicaron otros 171 puestos de trabajo que fueron elevados a nivel de confianza de manera irregular durante la administración estatal del panista Guillermo Padrés.

Incluso, la Contraloría General anunció que los 82 integrantes del gabinete legal y ampliado de la gobernadora priista Claudia Pavlovich rindieron su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (Tres de Tres), que podrán ser consultadas por los sonorenses a partir del 30 de noviembre.

Expediente de Padrés

El 7 de agosto anterior, el analista financiero del gobierno entrante, Pedro Ángel Contreras, advirtió que la administración saliente dejó un estado “en quiebra”.

Contreras destacó que el gasto corriente estatal aumentó 30% de 2009 a 2015, al pasar de 6 mil 876 millones a 10 mil 778 millones durante el sexenio de Padrés, según lo observado en la Cuenta Pública de Sonora, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2015.

No sólo eso. También advirtió que el gobierno saliente “invariablemente” gastó más recursos de los que recolectaba, bajo el principio básico de contratación de deuda y la solicitud de mayores aportaciones federales.

Para el 1 de octubre, la Secretaría de Salud estatal denunció un “boquete financiero” de mil millones heredado por la administración de Guillermo Padrés.

Entonces el secretario Gilberto Ungson señaló en rueda de prensa que 500 millones de pesos son necesarios para solventar los gastos de operación de la dependencia y otros 500 millones en deudas adquiridas en 19 hospitales y 271 unidades médicas.

“Podemos decir que el paciente (la secretaría) lo encontramos grave, sigue grave, pero le empieza a latir el corazón”, ejemplificó el galeno en aquella ocasión ante el desaseo financiero encontrado en la dependencia a su cargo.

Peor aún. El 29 de octubre el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local se negó a sesionar debido a que se analizaría la Cuenta Pública 2014, donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó un sobre ejercicio de 12 mil 450 millones de pesos en el penúltimo año de gobierno de Guillermo Padrés.

Según el líder de los legisladores panistas, Moisés Gómez Reyna, el informe de la cuenta pública “no es claro ni objetivo y se omite información de interés para los ciudadanos, al publicar sólo una síntesis de los análisis practicados a los 72 municipios”.

Ese día, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, envió un tímido posicionamiento que no prosperó en los medios de comunicación y menos en la opinión pública.

A los anteriores señalamientos se suman el faltante de 10 mil millones que documentó la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de 2009 a 2014, así como los 4 mil 103 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson; los 600 millones que el Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano y que hasta el momento no se han ejercido ni se han justificado fiscalmente.


También se incluyen los 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación que avale esta transacción. O, los 12 millones de pesos destinados al municipio de Bacum, aún en espera de ser documentados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420892

Pemex da contrato a ICA Flour y Odebrecht en Tula

El contrato con ICA asciende a mil 200 millones de dólares, para construir una planta coquizadora en la refinería de Tula.

Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó con las empresas ICA Flour y Odebrecht los contratos para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

En un comunicado, la empresa productiva del Estado puntualizó que la inversión del proyecto será de mil 200 millones de dólares y la obra estará lista para el segundo trimestre del 2018. 

El contrato con ICA Flour tiene como propósito la realización de la ingeniería complementaria, procura y construcción del primer paquete de obras de integración y servicios auxiliares para incrementar la producción de destilados (gasolinas y diesel) y disminuir el uso de combustóleo a través de la construcción de una planta coquizadora.

El tratado fue firmado ante la presencia del director general de Pemex Transformación Industrial, Alejandro Martínez Sibaja; por el encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, Gustavo Escobar, y por el director general de proyectos y apoderado de ICA Flour, Ascensión Medina.

También se certificó un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de accesos y obras externas para dicho proyecto de aprovechamiento de residuales, la cual estará terminada en el primer trimestre de 2017.

Dicho convenio fue suscrito por el funcionario de Pemex, Gustavo Escobar, así como por el gerente administrativo de la Constructora Odebrecht, Marcelo Da Fonseca.


Durante la firma, realizada en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, acudieron el presidente de Consejo de Administración de ICA Flour, Bernardo Quintana, y el director superintendente de Constructora Odebrecht, Luis Weyll, así como los directores de Producción y Proyectos de Pemex Transformación Industrial, Miguel Tame y Leonardo Cornejo, respectivamente.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Tras muerte de embarazada en Querétaro, CNDH envía recomendación al IMSS

En 2013 una mujer de 38 años falleció en el Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río por omisiones médicas.

Debido a un nuevo caso de violencia ginecobstétrica que, esta vez, causó la muerte de una mujer embarazada con 35 semanas de gestación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 39/2015, dirigida al titular del IMSS, José Antonio González Anaya.

De acuerdo con lo referido en la Recomendación, la mujer de 38 años de edad, falleció por omisiones atribuibles a personal del Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río, Querétaro.

Al examinar las evidencias en los expedientes CNDH/5/2013/5972/Q y CNDH/5/2013/6069/Q, integrados en respuesta a las quejas presentadas por el esposo y la hermana de la víctima, la CNDH encontró violaciones a la salud materna y al derecho a la vida de la mujer.

La recomendación pide al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reparar los daños al esposo de la víctima y a sus tres hijos, incluyendo el pago de una compensación, así como la atención psicológica que corresponda.

Y para garantizar que casos como éste no se repitan, se deberá solicitar a los médicos copias de sus certificaciones y recertificaciones emitidas por los Consejos de Especialidades Médicas que acrediten su actualización, conocimientos y experiencia.

Además se sugiere también capacitar al personal en materia de derechos humanos con perspectiva de género; y conocimiento, manejo y observancia de Normas Oficiales Mexicanas para que el personal pueda atender de manera correcta casos de este tipo.

La Recomendación refiere que el 27 de julio de 2013, la agraviada ingresó a Urgencias del Hospital señalado; presentó un ligero sangrado y quedó internada.

El personal del hospital le informó a su esposo que al día siguiente le practicarían un ultrasonido.

Por la mañana del 28 de julio, el esposo la visitó por unos minutos y se retiró, luego de que ella le dijo que estaba bien y ya se había detenido el sangrado. Él se retiró del hospital y a las 16:00 horas que volvió al nosocomio, le informaron que su esposa había fallecido.

Le explicaron que habían decidido practicarle una cesárea vía abdominal para que naciera el bebé; en ese momento ella presentó una hemorragia que “por falta de pericia no pudo ser identificada ni controlada, que la llevó a sufrir tres paros cardiorrespiratorios, que ocasionaron su muerte”.

Desde que ingresó al hospital hasta que se practicó la cesárea, hubo varios diagnósticos incompletos y retraso en la atención, que derivaron en la muerte de la mujer, si bien el bebé nació en buenas condiciones.

“Con base en los dictámenes médicos, esta comisión nacional estableció que transcurrieron 16 horas desde que la mujer fue hospitalizada hasta que se realizó el ultrasonido, por lo que hubo un retraso en el diagnóstico de certeza”. Aparte, los médicos no comprobaron el sangrado transvaginal que la mujer manifestó desde el momento de ingresar al hospital.


“Los médicos, de quienes en algunas notas médicas no existe nombre completo, hora, revisiones, estudios de laboratorio y de histopatología, subestimaron el manejo médico de la agraviada, al no tomar en consideración que el ultrasonido evidenció la presencia de placenta previa”.

Tras muerte de embarazada en Querétaro, CNDH envía recomendación al IMSS (Documento):



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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