Un organizador del PRI en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, reclutó ahí a personas, pese a su estado de ebriedad, para llevarlos amenizar el Quinto Informe del Gobernador Javier Duarte de Ochoa a cambio de cien pesos.
“Estábamos echando unos alcoholes, salimos de la chamba y nos metimos al bar. En eso llegó el organizador del PRI, nos explicó el pedo y pues a la flota le gusta el desmadre. Unos, nos venimos pedos, otros crudos. Según nos van a reponer lo que nos quemamos ayer en la briaga”.
Alan Jared Hernández Jiménez, oriundo de Tihuatlán, Veracruz, no es un acarreado común y corriente, al igual que los demás: enuncia con fervor el apellido del ‘góber’. No obstante, declara que por falta de simpatizantes lo reclutaron de última hora, pese a su estado de ebriedad para acudir al quinto informe del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
“Nos adelantó la mitad, 50 pesos. Nosotros le dijimos a ese wey que no sabemos de estas ondas; pero nos dijo que no había bronca que el chiste era hacer ruido. Hasta nos dejó traernos el cuartito de aguardiente que sobraba”.
El hombre de 35 años, más allá de su escandaloso aliento a restos de comida y alcohol preparado de guayaba, sobresale entre el tumulto por su atuendo: porta con ingenuo una camisa tipo polo color azul marino con el escudo del Partido Acción Nacional (PAN).
Salió en caravana desde las siete de la mañana. No ha dormido, tiene hambre y depende de la gratificación que le prometió la organizadora para llevarle algo de comer a su papá que ya no pudo hacer el viaje por problemas de salud. “Quería venir a apoyar el viejo; pero ya está mal”, dijo.
Al igual que a los demás acarreados, lo forman en las hileras rojiverdes que bajan de camiones urbanos para apoyar a Javier Duarte en su quinto informe de gobierno. Hay mucha gente y poco oxígeno para el hombre aturdido. Se marea, eructa y amaga con vomitar a los presentes.
Hay risas y señalamientos hacia él por su condición, el organizador lo detiene y le dice discretamente: “Compórtate o no te daré los 100 varos”. El hombre hace caso omiso y se acerca a las barras de seguridad en la entrada del Velódromo Internacional de Xalapa, Veracruz, donde Javier Duarte se alistaba para la presentación de su Quinto Informe.
Jared y su grupo, asediados por moscas en las braguetas, hacen un esfuerzo por recordar las porras que su líder les dictó en el recorrido de ida. Finalmente llegan hasta el protocolo de seguridad.
Los dos amigos, un poco menos sacudidos por el licor, no dirigen palabra a los oficiales de la guardia civil y entran al recinto caminando derechito.
A ver, usted, sópleme.
–“¿Y ahora por qué jefe? yo vengo a apoyar al Duarte”.
–Hágame el favor de retirarse, está en estado inconveniente.
–“No me chingue oficial, si no entro no me van a dar mi ayudita”.
A lo lejos, los dos cuates de parranda se doblan de la risa y con muecas le dicen: “Por pendejo”.
Jared no tuvo suerte, le impidieron el acceso. Deberá esperar hasta que la gente regrese a los camiones. Está hambriento y no tiene centavo alguno. Contempla el panorama y se rasca la cabeza. El camión lo abrirán en cinco horas. Finalmente decide echarse a dormir en la banqueta.
Ayer decenas de camiones arribaron a las inmediaciones del Congreso de Veracruz, los cuales transportaban a cientos de personas que con cartulinas y consignas aprendidas se disponían a realzar la entrega del Quinto Informe de Duarte de Ochoa.
Inducidos por un hombre vestido de traje negro y corbata, mujeres y hombres, así como niños, coreaban: “Duarte, Duarte”, mientras el mandatario salía del recinto legislativo para dirigirse al Velódromo de Xalapa donde daría su mensaje oficial.
Mientras Duarte se alejaba a bordo de una camioneta, los “acarreados” se apresuraban para abordar los autobuses en los que había llegado a los alrededores del Congreso y que ahora los transportarían al Velódromo para presencial el discurso de Duarte.
Al llegar al foro se sumaban a las largas filas para esperar se les permitiera la entrada, donde ya portaban unas sombrillas de color blanco y rojo que les habían sido obsequiadas. Finalmente algunos no lograron entrar por lo que comenzaban a retirarse con aparente enojo y en busca de los autobuses que los llevarían de vuelta a sus comunidades para inconformarse de nuevo cuando les informaban que tendrían que aguardar a que terminara el evento para volver.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Miguel Ángel León Carmona .
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553414
México, DF. El almirante secretario, Vidal Francisco Soberón Sanz reconoció que elementos de la Armada de México actuaron “en forma irregular” e incurrieron “en la indebida dilación en la puesta a disposición” ante el ministerio público de la federación (ocho horas después de su captura) de Óscar Augusto Valle Sánchez, ocurrida el 24 de septiembre de 2011 en Coatepec, Ver.
La declaración del almirante abre la puerta para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordene a la Secretaria de Marina el pago de la indemnización que exige la víctima, a quien incluso las fuerzas federales señalaban como “médico” al servicio de los zetas.
El documento firmado por el almirante Soberón el 16 de agosto de 2014, sirvió de base para que el pasado once de noviembre, el inspector y contralor de la Secretaría de Marina, almirante Joaquín Zetina Ángulo le informara al quejoso que sólo queda que la CNDH emita la recomendación correspondiente a dicha dependencia, para que ésta pague la indemnización correspondiente.
Y es que, después de un largo proceso penal, en el que Valle Sánchez alegó que fue violado el debido proceso penal en su contra, fue liberado por un juez federal en 2013 al considerar que hubo inconsistencias en los hechos entre el parte informativo que entregaron los marinos que lo detuvieron y otras inconsistencias.
Desde el momento de su captura, la víctima denunció que el reporte de los marinos que lo capturaron era ilícito, porque afirmaba que lo habían detenido en una carretera a bordo de un vehículo, cuando en realidad había sido sacado por la fuerza por los elementos de la Armada de México, sin una orden de aprehensión.
Al quedar libre, demandó a la Secretaría de Marina una indemnización por 20 millones de pesos, por concepto de reparación del daño moral, por las secuelas físicas que le dejó la captura y tortura que sufrió a manos de los marino durante ocho horas antes de entregarlo al ministerio público federal, lesiones y secuelas físicas y morales, por los salarios que dejó de percibir durante los dos años que estuvo en prisión, por la interrupción de sus estudios de medicina, así como, por gastos de traslado de sus padres y abogados y pago de las terapias y medicamentos que aún necesita.
En el oficio de respuesta a la demanda, Soberón argumenta que la violación a los derechos de la víctima fue solventada cuando los marinos lo entregaron al ministerio público –después de ocho horas-, además de que la acción legal ya prescribió, por lo que la indemnización es improcedente.
Sin embargo, Valle Sánchez, acompañado de sus padres Guadalupe Sánchez y Ramiro Valle se reunieron al pasado 11 de noviembre con el contralor de la Armada, almirante Zetina, quién les dijo que la Armada está a la espera de que la CNDH emita la recomendación correspondiente, además les pidió que entregaran por escrito una lista en la que esté desglosada cada concepto que incluye la indemnización.
La señora Sánchez dijo en entrevista que espera, por otro lado, que la CNDH cumpla con su encomienda –el mismo 11 de noviembre solicitaron nuevamente por escrito la intervención de ésta-, además recordó que en enero pasado, el pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con su acuerdo de pagar casi 800 mil pesos a la víctima por concepto de reparación del daño, por haber estado dos años injustificadamente preso.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/16/reconoce-semar-201cirregularidades201d-en-una-detencion-en-veracruz-4518.html
COLIMA, Col: Después de solicitar su registro como precandidato para contender nuevamente por la gubernatura, en los comicios extraordinarios que se celebrarán el domingo 17 de enero, el priista José Ignacio Peralta Sánchez calificó la anulación de la elección de junio pasado como “un suceso fuerte”, debido a que “fue producto de una traición, un engaño y una mentira”.
Aunque no especificó los destinatarios de su señalamiento, fue clara la alusión al grupo del exgobernador Mario Anguiano Moreno, cuya intervención en el proceso anterior fue determinante para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidiera invalidar los resultados en los que había ganado de manera apretada el propio Peralta Sánchez.
Una de las hipótesis que circulan entre los priistas es que Anguiano Moreno, perteneciente a un grupo político rival al de Peralta, habría provocado la anulación de la elección a través de uno de sus colaboradores, quien aceptó ante el Congreso local la autenticidad de un audio en el que da instrucciones a una subordinada de apoyar al PRI desde el gobierno.
José Ignacio Peralta aseguró, como lo ha reiterado desde que el tribunal dictó su sentencia, que durante la elección pasada realizó una campaña “limpia y apegada a la ley”, por lo que ofreció que de lograr la candidatura del PRI para la elección extraordinaria, realizará proselitismo de la misma manera.
Luego manifestó que jamás buscará votos mediante engaños, mentiras y traición; “rechazamos esas campañas y lo que queremos es nuevamente hacer un llamado amplio a toda la militancia priista para que nos apeguemos siempre a derecho, respetando la norma electoral y viendo por los mejores intereses de nuestro estado, eso es lo que queremos los priistas”.
En un acto realizado en la sede estatal del PRI, con la asistencia de cientos de militantes de ese partido, Peralta se convirtió hoy en el aspirante único a la candidatura por ese partido, luego de que una vez cerrado el plazo fijado en la convocatoria nadie más solicitó su registro.
“Hacemos una amplia convocatoria para que generemos esta fuerza, esta unidad que es la que nos va a permitir cumplir con todos nuestros objetivos; lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo porque lo hemos constatado con hechos claros y contundentes, que cuando el PRI se une jamás lo pueden derrotar”, sostuvo.
Peralta Sánchez criticó que sus adversarios políticos pretendan “dañar la democracia ganando en tribunales lo que no pudieron ganar en la calle consiguiendo votos”.
Enseguida, aseveró que “en Colima le faltan al respeto nuestros adversarios a la voluntad popular y la voluntad ciudadana, y creen que con mentiras y con engaños y traiciones pueden llegar al poder”.
Al finalizar el periodo de registro de aspirantes, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, Miguel Chávez Michel, informó que el jueves 19 esa instancia partidista resolverá sobre la solicitud de Peralta Sánchez.
También adelantó que no duda de que José Ignacio Peralta reúne los requisitos estatutarios y constitucionales para participar en el proceso interno del PRI y en el extraordinario del 17 de enero de 2016, y explicó que una vez que se reciba la constancia de precandidato, podrá hacer actividades de proselitismo del 20 al 30 de noviembre, pero sólo con la militancia del PRI, entre la que buscará la adhesión de los priistas.
Chávez Michel dio a conocer que el martes 1 de diciembre a las 17 horas, en un lugar que oportunamente será informado a la militancia priista, se llevará a cabo la convención estatal de delegados, donde, se oficializará la postulación del candidato a gobernador por parte del PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420878
OAXACA, Oax: Denunciar públicamente a su compañero Gerardo Silvestre Hernández, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2013 por el presunto abuso sexual de 45 niños indígenas, le costó el sacerdocio a los párrocos de Cristo Rey, Apolonio Merino Hernández, y de Santiago Camotlán, Ángel Noguera Nieto.
El arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, los suspendió de sus funciones sacerdotales, e incluso a Apolonio Merino pretendió callarlo con amenazas.
Merino Hernández, denunció que el pasado 7 de agosto recibió la notificación de suspensión de sus funciones y fue advertido de que si hacia algún escándalo público, la Iglesia ventilaría que violó el celibato al formar su propia familia y le prefabricaría un delito por el supuesto abuso sexual de una mujer.
Previo a la notificación de su “destierro”, la arquidiócesis le ofreció darle una mesada de ocho mil pesos para que tuviera un apoyo y una “vida digna”. Sin embargo, el sacerdote decidió denunciar este atropello de la Iglesia católica y poner la justicia para los niños indígenas que fueron abusados sexualmente por encima de su seguridad.
De la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y en Villa Alta han pasado casi dos años y no se le ha dictado sentencia.
El expárroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013, por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.
Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal le dictó auto de formal prisión. También fue detenido el expárroco de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, a la fecha el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.
Tampoco el arzobispo ha ofrecido una disculpa pública ni existe la reparación del daño contra unas 45 personas que en el 2009 tenían entre 11 y 13 años.
Silvestre Hernández fue señalado por primera vez de un caso por violencia sexual contra un niño en 2006. Luego fue removido a Camotlán donde se presume victimó a cerca de 45 niños y repitió las agresiones en Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec.
En enero de 2014, sacerdotes de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca exigieron a las autoridades eclesiásticas “extirpar de raíz el infame crimen de la pederastia que se dejó incubar en la Iglesia con su silencio cómplice”.
Demandan que el arzobispo José Luis Chávez Botello pida perdón por los casos de pederastia cometidos por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.
Los presbíteros Juan Ruiz Carreño, Juan Antonio Jiménez Gómez, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, David Elías Mendoza Maldonado, Ángel Noguera, Manuel Arias Montes, Guillermo Velázquez Gordillo, Sergio Herrera Arias y Leoncio Hernández Guzmán, fueron quienes participaron en la denuncia y aclararon:
“No hemos jugado a tirar la piedra y esconder la mano, cuando correspondió una advertencia sobre el caso del Padre Gerardo Silvestre Hernández, la hicimos”, subrayaron.
Y en agosto pasado, organizaciones civiles denunciaron que Silvestre Hernández no ha sido sentenciado “por complicidad” entre funcionarios y autoridades eclesiales.
Por su parte el Foro Oaxaqueño de la Niñez integrado por 25 organizaciones y ocho sacerdotes católicos exigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, imponer la pena máxima al presbítero detenido por corrupción de menores contra dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010.
De igual forma, urgió al gobernador Gabino Cué investigar y sancionar demás violaciones cometidas contra niñas, niños y adolescentes por integrantes de la iglesia católica y otras creencias religiosas, así como en espacios familiares, comunitarios y escolares.
Y es que los activistas presumen que hay cerca de 45 niños que fueron víctimas de agresiones sexuales en las parroquias de Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec en un periodo de seis años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MÁTIAS.
TOLUCA, Edomex: El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, informó que las fronteras de México y zonas estratégicas fueron “blindadas” para evitar ataques terroristas como los que ocurrieron el pasado viernes 13 en París.
Las áreas de inteligencia activaron un protocolo de blindaje en esas áreas, destacó el funcionario federal en esta ciudad, durante un evento en el que el gobernador Eruviel Ávila entregó los primeros cien brazaletes electrónicos para preliberar a igual número de sentenciados, con la finalidad de reinsertarlos en la sociedad y facilitar la despresurización de las cárceles mexiquenses.
De acuerdo con Sales Heredia, no existe ningún temor sobre posibles actos terroristas en México, sin embargo, dijo, se han tomado todas las previsiones para evitar que se presenten hechos “lamentabilísimos”.
“Hay coordinación específica e investigación de algunos puntos concretos, alertas migratorias y vigilancia de fronteras, aeropuertos y estaciones de transporte”, puntualizó.
En la capital del país, añadió, se incrementaron las medidas de seguridad en el aeropuerto, estaciones de transporte y embajadas, y también hay elementos desplegados, vinculación y coordinación con todo el gabinete de seguridad del gobierno de la República.
El comisionado nacional de Seguridad rechazó que exista temor del gobierno mexicano ante la posibilidad de que su territorio y pobladores sean atacados por terroristas, pero insistió en la necesidad de implementar medidas preventivas y mantener comunicación permanente e inmediata con las autoridades de otras naciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420884
Se han invertido 2 mil 630 millones de pesos en beneficio de cerca de 454 mil habitantes, que antes no contaban con acceso al suministro de energía eléctrica, afirma la comisión.
2 mil 83 obras de electrificación en zonas indígenas se han realizado en 23 estados del país en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, indicó la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI), y los gobiernos estatales y municipales.
“En conjunto, las cuatro instancias han invertido 2 mil 630 millones de pesos en beneficio de cerca de 454 mil habitantes, que antes no contaban con acceso al suministro de energía eléctrica”, señaló en un comunicado.
La CFE ha informado que para 2016 realizará más proyectos de electrificación en zonas indígenas de 19 estados, puntualizó.
Los lugares serán elegidos por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación con autoridades municipales y estatales.
La inversión será de 863 millones de pesos. La CFE aportará el 30 por ciento del total de este monto, es decir 259 millones.
Durante el presente año, la CFE y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas formalizaron 19 convenios para la construcción de 691 obras de electrificación para zonas indígenas.
De las 691 obras convenidas en 2015, 687 se encuentran pagadas y 4 pendientes de pago por parte del gobierno de Hidalgo. De las obras pagadas, 341 se encuentran terminadas y 346 en proceso, las cuales se concluirán al cierre de diciembre de 2015.
Este año, coordinados por la CFE y la CDI, los convenios se hicieron con los gobiernos estatales y municipales de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
“Un ejemplo de los tipos de proyectos construidos bajo este esquema de colaboración, es la Subestación Hopelchen, en Campeche. Este proyecto requirió de una inversión de 197 millones de pesos. Para la construcción de esta subestación, la CDI participó con 98.5 millones de pesos y la CFE con otros 98.5 millones. La subestación beneficiará a más de 36 mil habitantes. Su construcción comenzó en marzo de 2014, a la fecha se tiene un avance del 40% y se concluirá en julio de 2016″, detalló la CFE.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/mas-de-2-mil-obras-de-electrificacion-en-zonas-indigenas-se-han-hecho-cfe/
El exdirector de Gobernación municipal de Acapulco, Felipe Loyo Malabar, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes, cuando se encontraba en el interior de su vehículo en la colonia Hogar Moderno, afuera de su domicilio, reportó la Fiscalía Regional.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas sobre la calle Río Atoyac.
La Fiscalía General del Estado(FGE), a través de la Fiscalía Regional ha emprendido la investigación e inició la averiguación previa TAB/MOZ/03/0456/2015 por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Al lugar de los hechos arribó el titular de la Agencia del Ministerio Público, sector Mozimba, Erit Nuñez, quien encontró el cuerpo con impactos de arma de fuego dentro de un vehículo Jetta de la marca Volkswagen color café.
El cadáver del también líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores de Guerrero fue identificado por Pedro Loyo Malabar, su hermano y exfiscal regional de Acapulco.
Felipe Loyo Malabar también era secretario de la sección XX del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y excandidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/asesinan-a-exdirector-de-gobernacion-municipal-de-acapulco/
VILLAHERMOSA, Tab: Cada día se fortalece la hipótesis de que la disputa de dos grupos por el control del Transbús podría estar detrás del incendio de 47 unidades, ocurrido la madrugada del miércoles 11 en la colonia Miguel Hidalgo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas, informó que la línea de investigación que apuntaba a un cortocircuito quedó descartada y que el incendio fue provocado.
Explicó que en colaboración con cuatro peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), se determinó la presencia de hidrocarburo en la unidad número 40.
El incendio “fue provocado, los indicios encontrados en el campo apuntan a un material semicombustible, no se trató de un cortocircuito, está totalmente descartado”, aseguró y anunció que la próxima semana serán llamados a declarar los líderes de las cooperativas que integran el Transbús.
La Sociedad Mercantil de Transportes Urbanos Integrados SA de CV (Transbús) se fundó en el sexenio de Andrés Granier Melo para “modernizar” el transporte en Villahermosa y poblados aledaños, con la unión de varias empresas transportistas.
Sin embargo, el proyecto derivó en un esquema de corrupción, denunció en marzo pasado el subsecretario de la SCT, William Castillo Ulín.
“Es inexplicable que un proyecto como el Transbús en el que se invirtieron muchos millones de pesos, lo hayamos encontrado desde inicio de 2013 como una empresa quebrada, con la gran parte de sus autobuses en mal estado y sin dinero para dar un mantenimiento adecuado a sus unidades y mucho menos para renovarlas”, cuestionó.
Desde que se fundó, el Transbús se convirtió en botín político priista, manejado por los entonces titulares de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Adrián Hernández Balboa y Aquiles Domínguez Cerino. El primero luego fue dirigente estatal del PRI, coordinador de campaña del excandidato a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, quien perdió ante Arturo Núñez Jiménez y ahora es diputado local electo.
Domínguez Cerino es operador político del senador priista Humberto Mayans Canabal, secretario de gobierno durante los primeros cuatro años y medio del sexenio de su compadre Andrés Granier Melo.
En pasillos de la FGE ha trascendido que de las 20 averiguaciones previas abiertas contra exfuncionarios granieristas, anunciada por el gobernador Arturo Núñez en su tercer informe, en una de ellas se encuentra implicado Aquiles Domínguez por presunto desfalco de más de 200 millones de pesos a la SCT.
El primer presidente del Consejo de Administración del Tranbús fue Daniel Pérez Guillén quien posteriormente entregó el cargo a Rubén Salomé Cárdenas, oficialmente muerto desde 1993 al falsificar un acta de defunción para cobrar seguro y pensión en Petróleos Mexicanos (Pemex), según denuncias de la época.
La prensa exhibió el acta de defunción de Rubén Salomé, fechada el 17 de julio de ese año, con número de folio 4413, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil, quien falleció supuestamente el 16 de julio de 1993 a causa de una anemia aguda, al sufrir un accidente en el Pozo Luna 2 del Distrito de Comalcalco, Tabasco.
En mayo de 2014, Rubén Salomé, al frente de seguidores y 20 guardias de seguridad contratados, cerró las oficinas del Transbús luego que el primer comisario, Laires Carrera Pérez, convocara a reunión extraordinaria para destituirlo por malos manejos de la empresa.
“Tiene una serie de irregularidades como pagos desmedidos al consejo de administración y mal uso de los recursos”, manifestó José Luis Montoya, presidente del corredor Universidad-Bicentenario del Transbús.
Salomé Cárdenas justificó su acción porque supuestamente se perdieron computadoras y otros bienes de la empresa y responsabilizó a seguidores de Laires Carrera.
A principios de junio se realizó la asamblea extraordinaria y la mayoría de socios, 195 de 306 en total, aprobaron la destitución de Salomé Cárdenas como presidente del Consejo de Administración del Transbús y nombraron como interino a Laires Carrera quien, de entrada, anunció auditoría al destronado dirigente.
Sobre todo porque se hallaron pagos discrecionales a socios por adelantado, familiares y amigos en nómina, una legión de “aviadores” y cero control de los recursos de la empresa.
El 15 de junio, policías antimotines desalojaron las oficinas del Transbús y se llevaron detenidos a más de 35 hombres y mujeres, entre ellos, Rubén Salomé, acusado de despojo agravado.
Salomé se negaba a reconocer a Laires Carrera y a José Luis Montoya López como presidente del Consejo de Administración y comisario del Transbús, no obstante el Instituto Registral del Estado de Tabasco (IRET) había declarado como válida la asamblea que lo destituyó y reconoció a los nuevos administradores.
Salomé Cárdenas calificó como una “chicanada” la resolución del IRET y advirtió que recurriría a un amparo para no entregar la administración de la empresa a Carrera Pérez
El 20 de junio se dictó auto formal prisión contra Salomé Cárdenas y 17 socios más, recluidos en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
No obstante, el 18 de julio un juez federal ordenó restituir los derechos y obligaciones de líder transportista a Rubén Salomé Cárdenas, en tanto se resolviera el Juicio Ordinario de Nulidad Mercantil, dejando sin facultades legales y administrativas los trámites que realizara Laires Carrera.
El pasado mes de enero de 2015, y después de casi ocho meses en prisión, Salomé Cárdenas y los 17 socios más, salieron libres luego de ganar cuatro amparos que resolvió su situación jurídica.
Ya en libertad, Salomé Cárdenas continuó con la impugnación contra la validez del liderazgo de Laires Carrera al frente del Consejo de Administración del Transbús.
En la elección del pasado 7 de junio, Laires Carrera fue incluido en la planilla de regidores del ayuntamiento de Centro que encabeza el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, a quien la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le regresó la alcaldía que el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) le había anulado.
Laires Carrera lleva como suplente a José Luis Montoya López, comisario del Consejo de Administración del Transbús.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420903
OAXACA, Oax: Académicos, periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron los cobardes actos cometidos en contra de la directora de Comunicación Social del Congreso local, Gisela Ramírez Hurtado, quien en recientes fechas fue asaltada, perseguida y amenazada.
Además, exigieron al gobernador Gabino Cué Monteagudo que instruya a las instancias correspondientes para que se realice una investigación expedita, pronta y a fondo de estos actos; y se sancione a las personas responsables, materiales e intelectuales.
Los inconformes consideran que éste no es “un hecho aislado” sino que se suma a la serie de agresiones al gremio periodístico en el estado y en todo el país. Hechos como éste siguen manteniendo a Oaxaca como uno de los estados en donde las y los comunicadores no pueden ejercer plenamente su profesión, pues continúa estando en riesgo su integridad física, emocional e, incluso, su vida.
El pasado 4 de noviembre, cuatro individuos armados se introdujeron al domicilio particular de la periodista supuestamente para robarle. Fue amagada y por 40 minutos recibió insultos y amenazas de muerte; sin embargo, sólo se llevaron una computadora, los celulares y todas las memorias USB.
Al hecho anterior, se suman otros actos “porriles” de persecución y agresión hasta dañarle su automóvil, así como recibir llamadas intimidatorias por teléfono.
De cada uno de estos hechos ya existe una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado; y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
La carta dirigida a las autoridades federales y estatales está firmada por el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez; la coordinadora del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, Minerva Nora Martínez Lázaro; la directora de Cimac, Lucía Lagunas; el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Vladimir Galeana.
A la exigencia de justicia se sumaron Rogelio Hernández y Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de los Periodistas; el dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, Wilfrido Hernández; la periodista y editora SEMMEXICO, Sara Lovera, y el defensor de periodistas Razhy González.
También los periodistas Enrique Lazcano, Cecilia Téllez, Héctor Jiménez Landín, Soledad Jarquín, José Gil Olmos, Humberto Cruz, José Luis Ceballos, Pastor Matías Arrazola, Jacciel Morales, Martín Vargas, Diana Manzo, Roselia Chaca, Ixtli Martínez, Jaime Guerrero, Citlali López, Jazmín Gómez, Zandra Martínez, Pablo Gómez, Nereida González, Carina García, Mario Girón, Gildardo Mota, Juan Carlos Zavala, Paulina Ríos, Lilia Torrentera, María de los Ángeles Nivón y José Luis Sarmiento.
Así como los académicos Eduardo Bautista, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Raquel Aparicio Cid, Magda López Rocha, Claudia Guichard, presidenta de la Amedi Capítulo Oaxaca; Gerardo Ruiz, coordinador Académico de la Universidad Mesoamericana; Helder Palacios, académico de la Universidad Vasconcelos y Kelmic Hernández Arreotua.
Ante estos actos cobardes, los firmantes apoyan a la periodista Gisela Ramírez y expresaron su total rechazo a estas agresiones y a todo acto de intimidación, puntualizaron.
Finalmente, demandaron la protección inmediata de la periodista y de su familia, y el cese de estos actos intimidatorios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420872
HERMOSILLO, Son: El contralor estatal Miguel Ángel Murillo denunció el quebranto patrimonial de 4 mil 192 millones de pesos en obras públicas durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.
En la instalación del llamado “Gabinete de innovación, eficiente y honesto” de este lunes, el fiscal estatal reveló que el faltante económico se derivó de 503 observaciones documentadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Se refiere a obras licitadas en las que se entregaron avances económicos para su inicio y no hay resultados; construcciones inconclusas, doble pago a proveedores por un mismo contrato, así como recursos ejercidos sin respaldo documental.
“Las investigaciones por este faltante están sujetas al orden jurídico y penal, más allá de lo administrativo mediante la integración de cada uno de los expedientes que sostienen las irregularidades”, subrayó el denunciante.
En el marco de la primera reunión de este gabinete, el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, detalló que en el periodo de septiembre y octubre se recortaron mil 67 plazas de honorarios y confianza para un ahorro de 361 millones de pesos.
Además, se reubicaron otros 171 puestos de trabajo que fueron elevados a nivel de confianza de manera irregular durante la administración estatal del panista Guillermo Padrés.
Incluso, la Contraloría General anunció que los 82 integrantes del gabinete legal y ampliado de la gobernadora priista Claudia Pavlovich rindieron su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (Tres de Tres), que podrán ser consultadas por los sonorenses a partir del 30 de noviembre.
Expediente de Padrés
El 7 de agosto anterior, el analista financiero del gobierno entrante, Pedro Ángel Contreras, advirtió que la administración saliente dejó un estado “en quiebra”.
Contreras destacó que el gasto corriente estatal aumentó 30% de 2009 a 2015, al pasar de 6 mil 876 millones a 10 mil 778 millones durante el sexenio de Padrés, según lo observado en la Cuenta Pública de Sonora, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2015.
No sólo eso. También advirtió que el gobierno saliente “invariablemente” gastó más recursos de los que recolectaba, bajo el principio básico de contratación de deuda y la solicitud de mayores aportaciones federales.
Para el 1 de octubre, la Secretaría de Salud estatal denunció un “boquete financiero” de mil millones heredado por la administración de Guillermo Padrés.
Entonces el secretario Gilberto Ungson señaló en rueda de prensa que 500 millones de pesos son necesarios para solventar los gastos de operación de la dependencia y otros 500 millones en deudas adquiridas en 19 hospitales y 271 unidades médicas.
“Podemos decir que el paciente (la secretaría) lo encontramos grave, sigue grave, pero le empieza a latir el corazón”, ejemplificó el galeno en aquella ocasión ante el desaseo financiero encontrado en la dependencia a su cargo.
Peor aún. El 29 de octubre el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local se negó a sesionar debido a que se analizaría la Cuenta Pública 2014, donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó un sobre ejercicio de 12 mil 450 millones de pesos en el penúltimo año de gobierno de Guillermo Padrés.
Según el líder de los legisladores panistas, Moisés Gómez Reyna, el informe de la cuenta pública “no es claro ni objetivo y se omite información de interés para los ciudadanos, al publicar sólo una síntesis de los análisis practicados a los 72 municipios”.
Ese día, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, envió un tímido posicionamiento que no prosperó en los medios de comunicación y menos en la opinión pública.
A los anteriores señalamientos se suman el faltante de 10 mil millones que documentó la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de 2009 a 2014, así como los 4 mil 103 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson; los 600 millones que el Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano y que hasta el momento no se han ejercido ni se han justificado fiscalmente.
También se incluyen los 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación que avale esta transacción. O, los 12 millones de pesos destinados al municipio de Bacum, aún en espera de ser documentados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420892
El contrato con ICA asciende a mil 200 millones de dólares, para construir una planta coquizadora en la refinería de Tula.
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó con las empresas ICA Flour y Odebrecht los contratos para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
En un comunicado, la empresa productiva del Estado puntualizó que la inversión del proyecto será de mil 200 millones de dólares y la obra estará lista para el segundo trimestre del 2018.
El contrato con ICA Flour tiene como propósito la realización de la ingeniería complementaria, procura y construcción del primer paquete de obras de integración y servicios auxiliares para incrementar la producción de destilados (gasolinas y diesel) y disminuir el uso de combustóleo a través de la construcción de una planta coquizadora.
El tratado fue firmado ante la presencia del director general de Pemex Transformación Industrial, Alejandro Martínez Sibaja; por el encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, Gustavo Escobar, y por el director general de proyectos y apoderado de ICA Flour, Ascensión Medina.
También se certificó un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de accesos y obras externas para dicho proyecto de aprovechamiento de residuales, la cual estará terminada en el primer trimestre de 2017.
Dicho convenio fue suscrito por el funcionario de Pemex, Gustavo Escobar, así como por el gerente administrativo de la Constructora Odebrecht, Marcelo Da Fonseca.
Durante la firma, realizada en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, acudieron el presidente de Consejo de Administración de ICA Flour, Bernardo Quintana, y el director superintendente de Constructora Odebrecht, Luis Weyll, así como los directores de Producción y Proyectos de Pemex Transformación Industrial, Miguel Tame y Leonardo Cornejo, respectivamente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/pemex-da-contrato-a-ica-flour-y-odebrecht-en-tula/
En 2013 una mujer de 38 años falleció en el Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río por omisiones médicas.
Debido a un nuevo caso de violencia ginecobstétrica que, esta vez, causó la muerte de una mujer embarazada con 35 semanas de gestación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 39/2015, dirigida al titular del IMSS, José Antonio González Anaya.
De acuerdo con lo referido en la Recomendación, la mujer de 38 años de edad, falleció por omisiones atribuibles a personal del Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río, Querétaro.
Al examinar las evidencias en los expedientes CNDH/5/2013/5972/Q y CNDH/5/2013/6069/Q, integrados en respuesta a las quejas presentadas por el esposo y la hermana de la víctima, la CNDH encontró violaciones a la salud materna y al derecho a la vida de la mujer.
La recomendación pide al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reparar los daños al esposo de la víctima y a sus tres hijos, incluyendo el pago de una compensación, así como la atención psicológica que corresponda.
Y para garantizar que casos como éste no se repitan, se deberá solicitar a los médicos copias de sus certificaciones y recertificaciones emitidas por los Consejos de Especialidades Médicas que acrediten su actualización, conocimientos y experiencia.
Además se sugiere también capacitar al personal en materia de derechos humanos con perspectiva de género; y conocimiento, manejo y observancia de Normas Oficiales Mexicanas para que el personal pueda atender de manera correcta casos de este tipo.
La Recomendación refiere que el 27 de julio de 2013, la agraviada ingresó a Urgencias del Hospital señalado; presentó un ligero sangrado y quedó internada.
El personal del hospital le informó a su esposo que al día siguiente le practicarían un ultrasonido.
Por la mañana del 28 de julio, el esposo la visitó por unos minutos y se retiró, luego de que ella le dijo que estaba bien y ya se había detenido el sangrado. Él se retiró del hospital y a las 16:00 horas que volvió al nosocomio, le informaron que su esposa había fallecido.
Le explicaron que habían decidido practicarle una cesárea vía abdominal para que naciera el bebé; en ese momento ella presentó una hemorragia que “por falta de pericia no pudo ser identificada ni controlada, que la llevó a sufrir tres paros cardiorrespiratorios, que ocasionaron su muerte”.
Desde que ingresó al hospital hasta que se practicó la cesárea, hubo varios diagnósticos incompletos y retraso en la atención, que derivaron en la muerte de la mujer, si bien el bebé nació en buenas condiciones.
“Con base en los dictámenes médicos, esta comisión nacional estableció que transcurrieron 16 horas desde que la mujer fue hospitalizada hasta que se realizó el ultrasonido, por lo que hubo un retraso en el diagnóstico de certeza”. Aparte, los médicos no comprobaron el sangrado transvaginal que la mujer manifestó desde el momento de ingresar al hospital.
“Los médicos, de quienes en algunas notas médicas no existe nombre completo, hora, revisiones, estudios de laboratorio y de histopatología, subestimaron el manejo médico de la agraviada, al no tomar en consideración que el ultrasonido evidenció la presencia de placenta previa”.
Tras muerte de embarazada en Querétaro, CNDH envía recomendación al IMSS (Documento):
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/tras-muerte-de-embarazada-en-queretaro-cndh-envia-recomendacion-al-imss-documento/
MÉXICO, DF: El proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, es vulnerable a la corrupción, por lo se pone en riesgo su credibilidad y eficacia, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al dar a conocer el estudio Desarrollo efectivo de mega-proyectos de infraestructura: El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el organismo encabezado por José Ángel Gurría alertó:
“La experiencia mundial indica que los proyectos de infraestructura son especialmente vulnerables a la corrupción. La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no está exenta de ese riesgo. Es fundamental poner en marcha una estrategia integral para evitar la corrupción y la gestión deficiente durante las distintas etapas del proyecto”.
Es más, la OCDE señaló que pese a las medidas que instituyó el gobierno mexicano a principios de año para reforzar la lucha contra la corrupción, quedan pendientes que, de no atenderse, colocan “en riesgo la credibilidad y la eficacia del proyecto”.
El documento elaborado por el organismo precisó que el modelo de gobierno del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) es el de una institución pública, contrario a una estructura de corte corporativo que le permitiría mejorar su eficiencia y sus ventajas operativas.
Es decir, la estructura orgánica del GACM se diseñó conforme a los principios de austeridad y disciplina en el gasto público.
Sin embargo, acotó, afronta fuertes limitaciones de recursos humanos y de capacidades, lo que es evidente al evaluarlo en comparación con otros proyectos aeroportuarios.
“Un proyecto de esta magnitud exige un trabajo coordinado entre diferentes instituciones públicas y varios niveles de gobierno. Además, una buena gobernanza del nuevo aeropuerto requiere la participación sistemática de los actores interesados. Por ejemplo, la evaluación y gestión de riesgos deberá incluir a la sociedad civil y beneficiarse de su experiencia”, precisó.
En la opacidad, el modelo de negocios
Aunque la contratación pública en proyectos de infraestructura ofrece ventajas, consideró la OCDE, es una actividad muy delicada por la cantidad de recursos involucrados y por la estrecha interacción entre los ámbitos público y privado.
Según el organismo, esta práctica limita el riesgo de relaciones inviables de largo plazo con agentes económicos, sin embargo, también reduce el compromiso de los proveedores con el proyecto, lo que podría moderarse mediante una gestión contractual eficaz.
En una segunda decisión estratégica, según el organismo que representa a los países más ricos del mundo, el GACM decidió sincronizar las principales actividades de construcción en un conjunto de 21 paquetes de contratación pública “para cumplir con un cronograma muy ambicioso”.
En el ojo del huracán
El proyecto del NAICM ha generado controversia política luego de que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que esta obra sólo beneficiará a los contratistas cercanos al gobierno federal.
El excandidato presidencial presentó su propuesta para un aeropuerto alterno que significaría un ahorro de 100 mil millones de pesos, en comparación con el plan original que costará 169 mil millones.
En medio de este debate, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, señaló en un artículo que “el presidente Peña Nieto debería hacer algo que no ha hecho: reconocer que su gobierno está marcado por hechos y escándalos de corrupción”.
Y citó a México Evalúa:
De los primeros 5 mil millones de pesos invertidos en el nuevo aeropuerto, 79% de estos recursos se asignó por adjudicación directa, el 20% fue por invitación restringida a tres proveedores y sólo 1% se asignó por vía de licitación pública.
“Con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional, el gobierno justificó las asignaciones directas y la cancelación del uso de Compranet para difundir la información de estos contratos”, acotó.
Sin embargo, México Evalúa revisó estudios sobre la construcción de 4 mil proyectos aeroportuarios en Estados Unidos, en los que “en ningún caso se usó el argumento de la seguridad nacional para otorgar una adjudicación directa”, aseguró Pardinas.
En este sentido, la OCDE dejó en claro que el nuevo aeropuerto constituye el núcleo del plan de infraestructura de la administración actual (2012-2018), y la opinión pública respalda el proyecto.
Eso sí, señaló que los elementos fundamentales de los megaproyectos exitosos los constituyen un modelo adecuado de gobernanza, la gestión eficaz y eficiente de la contratación pública, las garantías de integridad para reducir las oportunidades de corrupción, así como una estrategia de comunicaciones integral.
“No cumplir con los compromisos del proyecto en materia de tiempo y presupuesto implicaría enormes costos para el país”, alertó el organismo internacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
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MÉXICO, DF: Con una participación de casi 97.75%, durante el pasado fin de semana se llevó a cabo la Evaluación de Desempeño de 40 mil 303 maestros en 25 entidades del país.
El coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retana, destacó en rueda de prensa que lo anterior es una muestra de la buena respuesta que tuvieron los docentes para participar en esta oportunidad para incrementar la calidad de la educación.
El funcionario recordó que lo que se aplicó este fin de semana fueron evaluaciones de conocimientos y competencias didácticas, así como la planeación didáctica argumentada.
Y en el caso del personal directivo, abundó, se trató de un examen de conocimientos y habilidades directivas y el desarrollo de la ruta de mejora argumentada.
Sin embargo, reconoció que hubo situaciones que ocasionaron la reprogramación de la evaluación para algunos docentes, debido a situaciones generadas por profesores disidentes, quienes impidieron el ingreso de maestros a evaluarse, así como otros factores como caídas de sistema y falta de energía eléctrica.
Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, sostuvo que a pesar de esas circunstancias se tuvo una tasa de participación importante.
Por ello, resaltó la participación registrada en Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Yucatán, así como el Distrito Federal, que alcanzaron tasas por arriba del promedio nacional.
No obstante, reconoció que hubo tres tipos de eventualidades que afectaron el desarrollo de la evaluación en cinco entidades, entre ellas la participación de miembros de la CNTE, quienes impidieron a los maestros acudir a su evaluación.
Además, refirió el hecho de insuficiencias del servicio eléctrico por la explosión de un transformador, y finalmente las faltas injustificadas de personas que necesitaban licencia médica.
Ante esa situación, el funcionario aseguró que quienes no pudieron presentar su respectiva evaluación por algunas de estas causas podrán reprogramarla, para lo cual los invitó a comunicarse a los teléfonos o al correo electrónico del Servicio Profesional Docente.
En el caso de las promociones o capacitación de maestros como resultado de esas evaluaciones, Álvarez Retana expuso que el 13 de diciembre culminarán las etapas 4 y 5 de evaluación.
Los resultados se publicarán el 15 de febrero, y los efectos de los distintos resultados, como permanencia, promoción, o capacitación, comenzarían a aplicarse a partir del 16 del mismo mes.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420882
MÉXICO, DF: El próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, quien tomará posesión del cargo a las 9 horas del martes 17, fue exhortado por un grupo de casi 100 académicos a democratizar la institución y transparentarla.
A través de una carta abierta, el colectivo Democracia UNAM se dirigió Graue:
“En sus primeras declaraciones como rector electo, el doctor Graue ha enfatizado la importancia de tener una universidad ‘capaz de indignarse ante la injusticia, la inequidad’ y ha mencionado su apertura a la posible celebración de un Congreso Universitario así como a ‘analizar otras posibilidades’ con respecto al procedimiento de selección de los directivos universitarios.
“Le tomamos la palabra. Ha llegado la hora de pasar de los pronunciamientos a la acción y poner nuestra universidad a tono con la realidad del siglo XXI. Para ello la comunidad universitaria reclama ser sujeto activo en la definición de las políticas institucionales”, dice el documento difundido en medios de difusión nacional y en redes sociales bajo la firma de académicos de 24 entidades de esa casa de estudios.
Los universitarios convocaron a su comunidad a unirse en la necesidad de reformar las normas que garanticen su participación en la designación de directivos, a involucrarse en los asuntos “sustantivos” de la institución y a fortalecer la voz crítica que representan para el país.
“Nos pronunciamos a favor de la más absoluta transparencia en la distribución, la asignación y la utilización de los recursos universitarios así como el estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. Finalmente, llamamos a fortalecer la voz pública y el pensamiento crítico universitario tan necesarios para la construcción de salidas pacíficas a la profunda crisis multifactorial que hoy aqueja a nuestra nación”, se lee.
Para implementar sus propuestas, los académicos propusieron la celebración de un foro deliberativo universitario, “con la más amplia participación de la comunidad universitaria”, en el que converja el pensamiento de estudiantes, profesores y trabajadores de toda la UNAM completa.
“El fin es identificar reformas claves y proponer acciones concretas para fortalecer la democratización, la transparencia y la voz pública de la universidad”, se explica.
Opositor al método de elección de rector en la máxima casa de estudios del país, que califican de ser “muy poco democrático”, el colectivo Democracia UNAM celebra en su comunicado:
“El rechazo manifiesto por parte de vastos sectores de la comunidad universitaria a la posibilidad de una imposición desde Los Pinos influyó de forma decisiva en la decisión de la Junta de Gobierno. Se demostró el compromiso de los universitarios con la UNAM y la importancia que reviste el tomar parte en la definición de su destino”, asegura Democracia UNAM, en referencia a las candidaturas truncas de Sergio Alcocer Martínez y de Francisco Bolívar Zapata, excolaboradores del gobierno federal postulados al nombramiento que finalmente consiguió Graue Wiechers.
En aras del “progreso” de la Nación, los firmantes hablan de una universidad más democrática, participativa, autónoma, crítica y “siempre gratuita”.
Y apuntan al rector entrante: “En el alarmante contexto actual de corrupción desbordada, represión, autoritarismo de Estado, neoliberalismo económico y destrucción ambiental, el continuismo equivale al retroceso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420877
La SCT debe atender necesariamente el nombre y ubicación del beneficiario por entidad federativa, localidad y municipio, además de publicar el reporte con el número de beneficiarios a los que se les ha entregado televisor.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dar a conocer el padrón de hogares beneficiados con el programa de entrega de televisores digitales por entidad, municipio y localidad, hasta septiembre de 2015.
La orden se dio tras un recurso de revisión que resovió el pleno, de acuerdo con un comunicado emitido este lunes por el organismo de transparencia. En dicho recurso el particular se inconformó con la repuesta que dio la SCT a su solicitud consistente en obtener el número de hogares beneficiarios, por estado y municipio, del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
La SCT se limitó a proporcionar al particular el porcentaje de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y señaló que ésta última es la que posee la información requerida.
Sin embargo en el análisis del caso, se precisa que el 13 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el TDT, en el que se define como estrategia la integración de un padrón que identifique a los hogares beneficiarios del programa de cobertura social, actividad llevada a cabo por la SCT y la Sedesol, en estrecha coordinación.
Para la implementación del programa, la Sedesol entregó a la SCT la lista de los hogares en los que se deberían entregar los televisores digitales.
Por lo que en cumplimiento a sus obligaciones, la SCT debía elaborar informes trimestrales; al respecto, se localizó el informe correspondiente a enero-marzo de 2015 que contiene los formatos de notificación personalizados para cada hogar beneficiario.
Para que la SCT cumpla con la obligación de acceso establecida en la ley, deberá entregar al particular los reportes de los informes trimestrales en los que se pueda advertir el número de beneficiarios empadronados por la Sedesol, que correspondan al avance de distribución de televisores, por entidad, municipio y localidad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1611/mexico/ordenan-a-sct-revelar-padron-de-hogares-que-recibieron-televisiones/
