Inician huelga preparatorias del DF; demandan 20% de aumento salarial

MÉXICO, DF: Las 20 preparatorias que dependen del gobierno del Distrito Federal iniciaron a las 6 horas de este martes una huelga en demanda de 20% de aumento salarial.

El paro de labores de los planteles que pertenecen al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS) afecta alrededor de 33 mil estudiantes.

El secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS, Miguel Ángel San Luis Ramírez, informó que en asamblea del 13 de noviembre se acordó no aceptar el incremento salarial de 3.5 por ciento que propuso la autoridad.

“Consideramos que no es suficiente, nuestro poder adquisitivo ha disminuido a lo largo del año”, justificó.

Por su lado, el IEMS detalló que el sindicato rechazó la oferta del Gobierno del Distrito Federal y del IEMS de un incremento de 3.5% directo al salario y retroactivo al 1 de enero de 2015. Además, les ofreció un apoyo extraordinario de mil 500 pesos a profesores y de mil 800 a trabajadores administrativos que se otorgaría por única vez.

La dependencia resaltó que “en otras instituciones educativas como la UNAM y el Colegio de Bachilleres (3.15%) se acordaron incrementos menores a los ofrecidos por el Gobierno de la CDMX a sus trabajadores, incluyendo a los de este instituto”.

El IEMS llamó al sindicato a continuar “por la vía del diálogo y la conciliación y evitar afectar a los alumnos”.


Además, manifestó “su pleno interés en preservar los derechos inalienables de los estudiantes en materia educativa y en los próximos días dará a conocer a los padres de familia, y a la opinión pública, en general, medidas alternas que impidan que salgan perjudicados con su ciclo escolar”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420909

Anuncia Nuño plan de modernización de normales

México, DF. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que el próximo año se incrementará 300 por ciento el financiamiento para la formación profesional docente. Anunció que en febrero se dará a conocer una nueva estrategia en la materia, que incluirá fortalecer a las normales y evitar que “puedan estar al margen de la ley”.

Tras visitar la escuela primaria Francisco Giner de los Ríos, se mostró seguro de que la evaluación del desempeño, cuyos exámenes se aplicaron en algunos estados el pasado fin de semana, continuará con altas tasas de participación.

Anticipó que hoy se reunirá con los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, además del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, para garantizar su aplicación en esos estados.

“Las condiciones de seguridad las vamos a garantizar. Me he reunido cada semana con los gobernadores de estos cuatro estados, y nos ha acompañado Enrique Galindo, el jefe de la Policía Federal, para hacer juntos la planeación de estos operativos.

“Hoy por la tarde voy a estar recibiendo en mi oficina a todos para continuar con toda la planificación, para que podamos garantizar el derecho que tienen los maestros a la evaluación en estos cuatro estados”, resaltó.

Nuño sostuvo que mañana o a más a tardar el viernes se reanudarán actividades en las 50 escuelas de Acapulco cerradas por la inseguridad.

“Hay ya un operativo especial, tanto de la Policía Federal y la local, para que estén funcionando esas 50 escuelas de Acapulco esta misma semana”, informó.

El titular de la SEP reiteró la convocatoria a los profesores que por causas justificadas, incluyendo “presiones de la Coordinadora (Nacional de Trabajadores de la Educación)”, no pudieron participar de la evaluación del desempeño para que se acerquen a las autoridades. “Le vamos a ayudar”, subrayó.

Sostuvo que pueden acudir a la autoridad local, a la federal o llamar a la línea TelSep, que es “abierta, gratuita. Estarán perfectamente protegidos para platicarnos su caso”. Recordó que se abrirán fechas extraordinarias.

“El chiste es que nadie se quede sin evaluarse. Si de plano algún maestro, por la razón que sea, a pesar de que lo busquemos, que demos fechas extraordinarias, nos dice: efectivamente a mí me presionaron, sí quiero hacer la evaluación, la tendrá”.

En cambio, “los que de plano, a pesar de todos los esfuerzos, no quieren hacer la evaluación como lo marca la ley, serán separados del servicio”, advirtió.

Aurelio Nuño recordó que el corte final se tendrá en la segunda semana de febrero, y por esas fechas anunciarán la nueva estrategia nacional de formación profesional docente.

Ello incluirá, anticipó, fortalecimiento de las normales. “Va a ser todo un plan de modernización. Normales que no pueden estar al margen de la ley, eso es muy importante y es un paso importante que hay que dar”.


Destacó que en el país hay 449 normales, “muchas de ellas con buena calidad, pero queremos mejorarlas aún más. Otras, con más problemas y las queremos apoyar; pero claramente, que podamos caminar en la ruta de mejorarlas y preparar mejor a los futuros maestros. Tiene que ver también con que todas las normales y sus actividades estén apegadas a la ley y no al contrario”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/17/anuncia-nuno-plan-de-modernizacion-de-normales-5314.html

Migrantes desaparecidos no se incluyen en datos; integran registro propio: ONG

Coatzacoalcos, Ver.- Debido a que las autoridades siguen sin reconocer desapariciones en la ruta migrante del sur, agrupaciones se unen con otras asociaciones que buscan a personas para integrar bases de datos reales, ya que menos del 10 por ciento de los casos son registrados.

Rubén Figueroa, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), manifestó que las agrupaciones siguen señalando que el paso por México sigue siendo peligroso por la operación de bandas de la delincuencia organizada.

Expuso que a lo largo de varios años han desaparecido miles de migrantes en el país, por la frontera norte y sur, pero no existen registros que pueda ayudar a los familiares a saber dónde se encuentran.

Indicó que han insistido en que el gobierno federal mantenga información sobre los desaparecidos y que se crucen dichos datos con los registros de personas que son encontradas en fosas.

Refirió que la autoridad no quiere reconocer el fenómeno y sólo 10 por ciento de las desapariciones son denunciadas, pero con nulo avance en las investigaciones.

Debido a esto las asociaciones de migrantes buscarán unirse con otros grupos que están apoyando a familias de desaparecidos mexicanos, para poder empujar una base de datos alternos que permita localizarlos de manera más efectiva.

“Nosotros no tenemos registros en México, los casos que documentamos se tienen que rastrear desde Centroamérica porque aquí no permiten a veces ni siquiera poner una denuncia”, dijo.

Por otra parte, Rubén Figueroa dio a conocer que en noviembre se realizará La Caravana de Madres Centroamericanas, la cual nuevamente pasará por el estado de Veracruz.

En ella un grupo de madres de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua viajarán por todo México para buscar a sus hijos desaparecidos

Rubén Figueroa dijo este lunes que la Caravana inicia el 30 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre.

Las Madres Centroamericanas estarán en el municipio de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz el jueves 3 de diciembre y después viajarán hacia el centro del estado, para reunirse con Las Patronas.

El activista reveló que, en una década, a través de las Caravanas han podido localizar a más de 200 personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras perder contacto con sus familiares y esperan que este año, se puedan encontrar más.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/migrantes-desaparecidos-no-se-incluyen-en-datos-integran-registro-propio-ong/?utm_source=hootsuite

Los expedientes sobre las masacres de migrantes, a punto de ser desclasificados; la Corte lo analiza

Un juez federal ya ordenó que los casos se abrieran por ser violaciones graves a derechos humanos, pero la PGR y el IFAI (hoy INAI) se opusieron y llevaron el caso hasta el máximo tribunal. De acuerdo con activistas, las averiguaciones contienen datos clave sobre participación de policías e incluso la complicidad de fuerzas militares y federales.

¿Quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas? ¿Por qué fueron sepultadas más de 200 personas en fosas sin que nadie lo notara? ¿Quiénes son los policías involucrados en la masacre? ¿Dónde estaban los puestos federales y de la Marina mientras decenas de autobuses de migrantes eran detenidos? ¿Qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de que esto ocurriera? ¿Cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias?

La respuesta a estas y otras preguntas se encuentran en las tres averiguaciones previas que la Procuraduría General de la Republica (PGR) inició por el hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá esta semana si se desclasifican para que se elabore una versión pública de las mismas.

Se trataría de un caso similar al de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, del cual también se hizo un expediente público. La diferencia es que en el caso de las investigaciones de las masacres de migrantes, las dos organizaciones que han promovido la apertura de las averiguaciones –la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C., y Artículo 19– llevan tres años intentando que las mismas salgan a la luz.

Un juez federal ya dio el primer paso cuando en 2013 dictó una sentencia de amparo en la que consideró el caso como de graves violaciones a derechos humanos, algo que ni la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) hicieron, y ordenó que se elaborara la versión pública de las averiguaciones. Sin embargo, fueron la PGR y el INAI quienes apelaron y llevaron el proceso ante el máximo tribunal.

La decisión de desclasificar o no el expediente recae en la Primera Sala de la Corte, la misma que ya resolvió en 2011 que la PGR entregara el expediente de la desaparición de Rosendo Radilla; que modificó la legislación para temas como el del divorcio o el aborto; y que recientemente resolvió a favor del consumo lúdico de la mariguana.

El proyecto de la resolución del amparo solicitado por la Fundación fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero y se discutirá este miércoles 18 de noviembre, una semana antes de termine su periodo de 20 años en la Corte.

“Vamos a ver cómo se despide la ministra Sánchez Cordero. Lo que sería impensable es que el máximo tribunal que ha sido tan progresista respecto a derechos humanos bajo el estándar que ya estableció juez de distrito. Esta decisión de la Corte, vital para la transparencia, nos va a afectar a todos”, dijo a Animal Político la directora de la Fundación, Ana Lorena Delgadillo.

Cabe señalar que la organización Artículo 19 también promovió por su cuenta un juicio para exigir que se desclasifique la averiguación previa de la masacre de San Fernando. En este caso, el juez responsable ordenó al INAI reponer la negativa a revisar el caso por lo que el proceso también llegó a la Primera Sala.

Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, dijo en entrevista que lo ideal hubiera sido que ambos amparos se discutieran el miércoles; sin embargo, el que ellos promovieran se analizará para el próximo año. En ese contexto, consideró que es fundamental lo que los ministros consigan resolver mañana, sobre todo con la composición liberal que todavía tiene la Primera Sala.

Juez contra la negativa de la CNDH, el INAI y la PGR

En 2013, la CNDH –encabezada entonces por Raúl Plascencia Villanueva– emitió una recomendación relacionada con la mascare de los 72 migrantes de San Fernando. En la misma, no se reconoció el caso como de graves violaciones a derechos humanos pese que había alertas de estos ataques y no se evitaron las mascares, y ni siquiera se contactó a las vÍctimas.

“Es una recomendación que no cumple con los estándares mínimos de una identificación efectiva en materia de derechos humanos. En contra de esa recomendación tenemos en trámite un amparo porque creemos que la CNDH violó los derechos de las víctimas en su propia investigación”, dijo.

En abril de ese mismo año la Fundación, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora INAI), solicitó a la PGR la versión pública de tres averiguaciones: la de los 72 migrantes secuestrados encontrados en San Fernando en agosto de 2010; la de los 193 restos humanos ubicados en 47 fosas de ese mismo municipio en abril y mayo de 2011; y la de los 49 cuerpos de Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012

La PGR se negó a transparentar el expediente utilizando como argumento el artículo 16 del Código Federal de Procedimiento Penales que dice que las averiguaciones son reservadas, sin considerar la excepción de que podría tratarse de un caso de violaciones a derechos humanos. El IFAI confirmó que el expediente era reservado.

La fundación interpuso una demanda de amparo por violación al derecho a la información. Acusó al IFAI de no ejecutar una facultad “prima facie” para ella misma declarar que el caso era de graves violaciones, solo para efectos de transparencia. El caso, bajo el número 1371/2013, fue analizado y resuelto por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García.

En la sentencia, de la que Animal Político tiene copia, el juez ordenó que el caso fuera desclasificado y amonestó a la PGR y al IFAI por utilizar como argumento el referido artículo 16 declarado por la Corte como anticonstitucional. Al IFAI lo acusó además de actuar contra Derecho aludiendo que no tenía facultades para declarar con fines de transparencia que el caso era grave.

La resolución no se quedó solo en eso. Siguiendo los lineamientos del caso Radilla, donde la Corte ordenó que se abriera el expediente, el juez analizó el mismo el tema de los migrantes. Encontró que la misma CNDH y la Corte Interamericana habían advertido a México de la violencia sistemática contra migrantes antes de los casos de San Fernando.

En ese contexto el juez consideró que “a la luz del derecho fundamental a la verdad, los migrantes han sido objeto de violaciones graves de derechos humanos”, por lo que para efectos de acceso a la información, el caso debe de abrirse.

“Por ende se concluye que el IFAI violó el derecho al acceso a la información pública en relación a la fundación de la quejosa y por ende, lo procedente es conceder el Amparo y Protección a fin de que pueda obtener una versión pública de dichas averiguaciones previas” concluye el juez.

En contra de esa sentencia, el IFAI y la PGR interpusieron un recurso lo que llevó el caso hasta la Primera Sala de la Corte.

Lorena Delgadillo dijo que no existe argumento legal válido para que el caso no sea abierto públicamente, aun y cuando la actuación de la CNDH ha sido “deficiente, no solo al ignorar a los migrantes sino al argumentar, como lo hace ahora, que de ellos depende exclusivamente que un hecho sea calificado como de graves violaciones a derechos humanos”.

“Tu no puedes ponerle cargas adicionales a un ciudadano para que ejerza su derecho a la información. La CNDH se confunde en esto. Quien tiene facultad para determinar sobre transparencia es el INAI (antes IFAI). El derecho a la información no puede quedar sujeto a una investigación de la CNDH que por ejemplo puede postergarse hasta tres años” dijo.

Masacres llenas de incógnitas

Aunque más de una veintena de presuntos sicarios –la mayoría relacionados, según la información oficial, con Los Zetas– fueron consignados por el primer caso de los 72 migrantes de San Fernando, el resto de las masacres sigue impune y existen dudas en cuanto a la calidad de las investigaciones que se hicieron, de acuerdo con los activistas y abogados.

“¿Sabemos si los que fueron detenidos realmente siguen detenidos? ¿Y el estado hasta qué grado es responsable? No se puede secuestrar un camión, dos camiones, tres camiones sin que haya una complicidad de agentes del Estado en carreteras que estaban completamente vigiladas. Es imposible pensar eso”, dijo Lorena Delgadillo.

La directora de la Fundación reveló que a través de diversas solicitudes de información, le han solicitado a la Marina y a la Policía Federal que revelen los operativos y puestos de vigilancia que tenían en la zona de las masacres, pero la información ha sido negada. Son datos contenidos en la averiguación previa.

Cristina Ruelas de Artículo 19 subrayó que las responsabilidades del Estado existen y lo que revelará apertura del expediente es el grado en que estas ocurrieron, ya sea por acción y omisión, y quienes serían los responsables.

“El Estado había sido advertido por el Relator Especial de Naciones Unidas del secuestro de migrantes en el paso de San Fernando Tamaulipas, y sobre los mecanismos que estaba usando el crimen organizado. Lo que nos preguntamos entonces es que se hizo, o mas bien no se hizo, para que esto pasara incluso después de San Fernando, con los otros casos que se presentaron” subrayó la activista.

Ruelas recordó que no solo en el caso de los primeros 72 migrantes encontrados, sino en la investigación relacionada con la segunda masacre, existen datos de más de una decena de agentes municipales involucrados activamente en el secuestro de migrantes, sin que se sepa hasta donde llegaron las redes de vínculos (si es que se hicieron).

A la posible complicidad en el rapto de los migrantes, se suman los errores en la investigación del caso como por ejemplo, el envío de restos equivocados a los familiares de los migrantes en el extranjero. Estas fallas llevaron a la PGR a firmar un convenio con el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses y a la Fundación para la Justicia para exhumar cuerpos y volver a analizarlos.

“La sociedad merece la posibilidad de hacer un escrutinio claro de estos casos pues lastiman el derecho de todos, no solo de las víctimas directas. Es lo que pasó con el caso Ayotzinapa, la versión pública ha permitido evidenciar cosas como las circunstancias sospechosas en que se detuvo a los personajes clave, las fallas en protocolos. Eso no lo tenemos aun en San Fernando” dijo la oficial de Artículo 19.


Ana Lorena Delgadillo dijo que es imposible que se prevenga algo sin saber lo que realmente pasó y más aun en el caso de los migrantes, quienes se encuentra en la máxima indefensión. “Se trata de las víctimas perfectas pues provienen de otro país y de regiones de alta exclusión, con familias con pocas posibilidades para movilizarse pero no por ello les es ajeno el derecho a la verdad como a todos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/expedientes-de-masacres-de-migrantes-a-punto-de-ser-desclasificados-la-corte-lo-define-el-miercoles/

Diputados excluyen de Fondo para Infraestructura a 3 delegaciones gobernadas por Morena

MÉXICO, DF: Claudia Sheinbaum y Rigoberto Salgado, jefes delegacionales por Morena en Tlalpan y Tláhuac, respectivamente, denunciaron su exclusión en la asignación del recientemente creado Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, pese a que sus territorios están entre los que más carecen de infraestructura social, agua potable, drenaje, saneamiento y vialidades.

En un comunicado conjunto, los funcionarios expresaron su desacuerdo porque los diputados federales dejaron a sus habitantes fuera del fondo de 10 mil millones de pesos aprobados el pasado viernes 13 en el Presupuesto Egresos de la Federación 2016.

Además, reprobaron la metodología utilizada en la asignación de recursos pues aseguraron que “prioriza los acuerdos cupulares por encima de las necesidades urgentes de la población”.

Sheinbaum y Salgado coincidieron en que la decisión es “una injusticia” contra los habitantes de Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco  –delegación gobernada también por Morena– ya que tienen “graves carencias”.

Los denunciantes recordaron los datos de pobreza extrema reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su informe “Medición de la Pobreza en México 2010, a Escala Municipal”:

Tláhuac tiene 3.4% de su población en pobreza extrema, Tlalpan 2.5% y Xochimilco 2.7%, sin embargo, no les fue asignado un solo peso. En contraste, a Benito Juárez con 0.4% de pobreza extrema –y gobernada por el PAN– se le asignaron 67 millones de pesos; a Cuajimalpa –en poder del PRI-PVEM– con 1.6% y 6 millones de pesos y Venustiano Carranza –a cargo del PRD– con 1.8% y 30 millones de pesos.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el propósito de dicho fondo es que los proyectos de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, se apeguen a reglas de transparencia.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420886

Graue asume rectoría de la UNAM; “un país sin educación no tiene futuro”, dice

MÉXICO, DF: “Un país sin educación no tiene futuro. Una nación con insuficiente educación tendrá un triste provenir”, afirmó Enrique Luis Graue Wiechers al rendir protesta como el rector número 34 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México, dijo, “no puede tener incertidumbres. Requiere que seamos la mejor universidad” y se comprometió a encabezar los esfuerzos para que en las aulas de la UNAM se viva “una revolución” en el empleo de las tecnologías de la información.

Graue Wiechers rindió su protesta como nuevo rector de la UNAM en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, ante el rector saliente y los miembros del Consejo Universitario integrado por 283 miembros.

Ahí, el presidente en turno de la Junta de Gobierno, René Millán Valenzuela le impuso la venera que lo acredita como nuevo rector de la UNAM, institución “orgullosamente pública, laica, plural e indeclinablemente autónoma” dijo Graue.

“Hoy recibo la responsabilidad de conducir a la mejor institución de educación superior de México.

“La Universidad que hoy recibo es el resultado de una gran historia de esfuerzos realizados por los universitarios, es un legado de imaginación y esperanzas, de defensa de los valores humanos, de dedicación al trabajo”, dijo.
Y reconoció:

“La tradición y la fuerza de nuestras inercias no son suficientes para responder a las necesidades de una sociedad que se reconfigura constantemente, que demanda una universidad conectada con el mundo exterior”.

Por ello, subrayó, los egresados de la UNAM deben realizar sus tareas profesionales “con acierto, ética y compromiso”.

Graue anunció modificaciones a la estructura organizacional de la Universidad y para ello comentó que ha invitado a colaborar con él “a un grupo de académicos jóvenes” cuyos nombramientos dará a conocer en los próximos días.

Hace unos días adelantó que Leonardo Lomelí Vanegas, actual director de la Facultad de Economía, será secretario general de la UNAM, y Alberto Ken Oyama, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, será el secretario de Desarrollo Institucional.

Autonomía no significa impunidad

Durante su discurso Graue Wiechers se comprometió a mejorar la seguridad en sus instalaciones y advirtió que la autonomía de la institución no dará cabida a la impunidad.

“Mantendremos la prudencia universitaria y haremos lo conducente para mejorar nuestra seguridad. La autonomía no significa impunidad”, afirmó.

Graue Wiechers, quien encabezará la UNAM durante el periodo 2015-2019 con posibilidad de reelegirse una vez, señaló que la Universidad no es ajena a las distintas manifestaciones de violencia que permean en el país y “una función ineludible de la Rectoría es proteger a la comunidad. Pondré todo mi empeño en que así suceda”, prometió Graue.

En mayo pasado el semanario Proceso (No. 2010) publicó un reportaje en el que refiere que desde hace un par de años la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se ha convertido en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México, según denuncias de alumnos y profesores de la institución.

El fenómeno, alarmante de por sí, consigna el reportaje, está acompañado de una ola de asaltos, robos y acoso sexual.

El tema de seguridad en la máxima casa de estudios y el consumo de estupefacientes, en particular de la mariguana, ha sido tema en las recientes entrevistas a Graue en medios nacionales e internacionales y hoy fue uno de los puntos durante su toma de protesta.


El exdirector de la Facultad de Medicina reconoció en su mensaje las acciones emprendidas por la administración de su antecesor José Narro Robles en la materia y afirmó que “han empezado a arrojar resultados”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Avión y derroche

Es un palacio volante, una mansión en el cielo, un alcázar para vivir en las nubes, un castillo de ensueño… Enrique Peña Nieto ya no tiene su casa blanca, pero pronto estrenará su nuevo avión presidencial, una auténtica residencia de lujo que costó  7 mil millones y medio de pesos, un 350 por ciento más del precio original.

Con 70 millones de pobres y en el que 24.6 millones de personas no cuentan con el ingreso promedio para adquirir una canasta básica de aproximadamente mil 743 pesos, el ostentoso avión representa un derroche para las condiciones económicas de México, aunque el señor Peña Nieto no lo considera así y lo estrenará el 18 de diciembre, pocos días antes de la llegada de Santa Claus.

Su nuevo juguetito, un Boeing 787 Deamliner, no tienen los líderes de los países más poderosos del mundo como Estados Unidos, China o Rusia, pero a Peña Nieto esto tampoco le importa.

El ‘caprichito’ nos costará a todos los mexicanos 467.3 millones de pesos anuales durante 15 años, es decir, hasta el 2027. Nosotros, nuestros hijos y nietos seguirán pagando  aunque el avión tiene una vida útil de solo 25 años y más de mil 211 millones de pesos de mantenimiento.

Los invito a un paseo por su interior: tendrá una elegante área de trabajo de 14 asientos, 24 asientos más para altos y medianos funcionarios y sus acompañantes. Además de 42 asientos para personal de apoyo y representantes de los medios de comunicación.

El juguetito de Peña Nieto será casi absolutamente silencioso, así como los modernos aires acondicionados minisplits, ya que las góndolas del motor están diseñadas para reducir los niveles de ruido en el exterior e interior hasta en un 60 por ciento.

Entre sus muchas monerías y adecuaciones que costaron 100 millones de pesos (una baratija), tiene las ventanas súper modernas, con un 30 por ciento más amplias y lo más importante, en lugar de bajar o subir las cortinas, los pasajeros simplemente podrán ajustar el brillo de los vidrios de para que sean transparentes o bien, oscuras.

El único problemita del capricho del inquilino de Los Pinos es que, este avión es demasiado grande, mide 25 metros de ancho por 70 de largo, y no cabe en el hangar presidencial, por lo cual habrá que ampliar ese lugar, algo que nos costará la cantidad de mil millones pesos.

Para guardar bien el juguetito será necesario remodelar todo el hangar, pero ya se sabe que está nueva área tendrá nada menos que estacionamiento para 520 vehículos, canchas deportivas, comedores, helipuertos con capacidad de seis aeronaves. Este hangar debió estar listo en agosto, pero se retrasó convenientemente y será entregado el 30 del presente mes, algo que nos costará 23 por ciento más.

Y si todavía les aguanta el hígado, les tengo una mala noticia: los mexicanos no podemos conocer más detalles del interior del avión, ni del contrato para su compra, ya que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) lo calificó de “reservado”. Y el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, todavía se está pensando si transparentar los documentos o seguir demostrando que dicha institución fue creada para simular.

La otra cuestión importante, es que la inversión millonaria para remodelar el hangar presidencial no servirá de mucho, ya que solo podrá ser utilizada por cinco años, debido a que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) contará con otro espacio para el señor Presidente, los políticos y los funcionarios.

Como ustedes saben, la gran obra del sexenio peñista es la construcción de este nuevo aeropuerto con una inversión de 170 mil millones de pesos. El gobierno ya lanzó las primeras 21 licitaciones sin escuchar otras propuestas que plantean remodelar el actual y la base militar de Santa Lucía para no gastar semejante cantidad en tiempo de crisis y ahorrarse 100 mil millones de pesos.

Pero claro, el señor Peña Nieto vive en un mundo paralelo. A él no le importa que haya 28 millones de pobres alimenticios que no acceden a la canasta básica, ni 70 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, él lo que quiere es estrenar.

Y su Santa Claus se llama Felipe Calderón. Fue el ex Presidente quien pactó la compra de este Boeing 787-8 en el 2009 como parte de su flotilla que durante su administración contaba con 361 unidades de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.

Sinceramente la adquisición de este avioncito resulta un insulto para los mexicanos; es una afrenta, un derroche innecesario, un escandaloso despilfarro. ¿Dónde está la estrategia de austeridad obligada para este y todos los gobiernos de México?

Lo más grave es que en esta etapa de crisis económica profunda como la que padecemos, el señor Peña Nieto todavía se está pensando vender o devolver su juguete.

Por lo pronto, solamente ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y a otras entidades un estudio para ver si el nuevo avión representa o no un beneficio. “Podemos eventualmente venderlo, o mantenerlo para ciertos fines”, dijo al señalar que no puede tomar esta decisión en un “arrebato”.

Más bien, ha quedado claro que la adquisición de este avión obedece a un “arrebato” del señor Calderón, cuyas debilidades y problemas de salud ya conocemos.

El nivel de desconexión de la clase política con los ciudadanos es absoluto. Lo demuestra esta declaración de Peña Nieto: “Algunos piensan que el avión del Presidente está dispuesto para su comodidad, pero está dispuesto para el trabajo del Presidente, para desplazarse rápidamente, y gran parte de los pasajeros es la prensa”.


¿Ustedes qué piensan?

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUAN MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/16-11-2015/41521

El 72% de embarazadas son violentadas en hospitales; y es peor en Edomex y con indígenas

Un estudio realizado por el GIRE basado en solicitudes de transparencia señala que es en los estados donde más se dan este tipo de casos. 

La violencia obstétrica en México ha mostrado un incremento en los últimos años ante la falta de acceso a los servicios de salud o por desconfianza de mujeres que viven principalmente en zonas rurales o indígenas, concluye un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

“Si en México siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, significa que casi 72 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica“, menciona el informa.

Destaca que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.

Las comisiones estatales de derechos humanos también han recibido quejas en este sentido, encabezadas por el Estado de México (48), Oaxaca (20), Durango (14), Puebla (10), Sinaloa (10), según el documento “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.

La violencia obstétrica es aquella que se genera durante la atención del embarazo, parto y posparto en servicios de salud tanto públicos como privados y consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud que provoque algún tipo de daño físico y/o psicológico en las pacientes. También se refleja en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante hacia la mujer.

Un ejemplo de este tipo de violencia son los distintos casos de mujeres indígenas embarazadas a las que se les ha negado una atención apropiada por parte de personal de salud.

Para elaborar el estudio, investigadores del GIRE realizaron una serie de solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes entidades, y ante distintas instancias, y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266 reportes: 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos, 18 en el Distrito Federal, 14 en el Estado de México y también 14 en Veracruz.

En Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos.


LAS QUEJAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Según la información obtenida por los investigadores, durante el periodo de análisis, en el país se registraron 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa. Sin embargo, sólo se emitieron 14 recomendaciones.

Las comisiones de Arbitraje Médico de los estados también recibieron 118 quejas en 18 meses , siendo San Luis Potosí la entidad con el mayor número, al registrar 18.

Señala que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, uno o varios de sus derechos humanos son vulnerados, entre ellos, el derecho al acceso de servicios de salud de calidad.

También le niega el derecho a la integridad personal, que implica la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Existen conductas en los entornos de atención a la salud que más allá de constituir violaciones al derecho a la salud, pueden encuadrar en casos de tortura y malos tratos, como lo ha expuesto el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, ‘…si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de los detenidos, la comunidad internacional ha empezado a ser consciente de que la tortura también puede darse en otros contextos”, señala el documento.

Reclama que ante esta situación, el Estado ha dado soluciones de “baja calidad”, por lo que persisten los problemas de infraestructura y equipamiento que por años han afectado la prestación de servicios de salud en las instituciones del sector público. “Por ello, a pesar de esfuerzos como el Seguro Popular —esquema pensado para personas que no tienen un trabajo formal— y los acelerados ritmos en la afiliación a éste, el derecho a la salud de muchas personas en México sigue siendo una mera ficción”.

Destaca que en México, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud es una de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente la mitad del gasto total en salud es pagado directamente por el usuario. De igual manera, el número de médicos per cápita en el país (2.2 por cada mil habitantes), de personal de enfermería (2.6 por cada mil habitantes) y de camas de hospital (1.6 por cada mil habitantes) se encuentran por debajo del promedio de países de la OCDE de 3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente.


Recuerda que el pasado 15 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad 41 adiciones tanto a la Ley General de Salud como a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de obligatoriedad en la atención de urgencias obstétricas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553091

Comparan en redes a gobernador de Campeche con Díaz Ordaz y Echeverría

CAMPECHE, Camp: Usuarios de las redes sociales compararon al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas con los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, luego de que ayer advirtió que aplicaría “toda la fuerza” del PRI contra sus críticos.

Durante el acto protocolario de relevo en la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), donde fue recibido por mariachis con la canción El Rey, de José Alfredo Jiménez, el mandatario estatal convocó a los asistentes a trabajar por “un estado unido y en paz”.

“Hoy son los tiempos de unidad, son tiempos de trabajar juntos para que Campeche se transforme, por eso quien promueva la división, quien critique y no proponga, no quiere al Estado ni su desarrollo”, soltó.

Moreno aseguró que es una gente comprometida, abierta al diálogo permanente, a la construcción de la unidad que necesita el estado, “por eso no permitiremos ni chantajes ni chantajistas, ni que nadie ni nada divida a los campechanos o violente la paz y la tranquilidad”.

Y lanzó: “Quiero decirles a todos aquellos que no son solidarios con Campeche, que nunca hablan bien de Campeche, que van a recibir toda la fuerza del partido”.

Sus amenazas convirtieron al gobernador en blanco de diversos memes que sus detractores comenzaron a circular este lunes en las redes sociales, en uno de los cuales comparan su discurso y actitudes con las de Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez a raíz de las protestas estudiantiles en 1968, antes de la masacre en Tlatelolco.


En la comilona de ayer, en la que Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de (CNC), tomó protesta a Pablo Angulo Briceño como nuevo dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Campeche para el período 2015-2019, Moreno Cárdenas celebró su segundo mes al frente del Ejecutivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420906

Pensionissste: Jubilaciones en venta

MÉXICO, DF: Después de décadas de arduo trabajo sirviendo a la nación, lo mínimo que merecemos todos y todas es poder disfrutar de una jubilación tranquila y decorosa con nuestras familias. Las personas de la tercera edad constituyen una parte esencial de la sociedad. Los abuelos y las abuelas son representantes de nuestra historia y anclas de nuestros valores. Así como la sociedad tiene la obligación de cuidar y asegurar una vida digna para sus niños y sus jóvenes, también la tiene con respecto a los mayores de edad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos internacionales firmados por este país señalan que todos tenemos el derecho a la salud y a una vida digna. Ello aplica de manera especial para las personas de la tercera edad. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (artículo 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (artículo 9).

No es responsabilidad del individuo garantizar las condiciones mínimas necesarias para su retiro, sino de la sociedad en su conjunto. El trabajo que cada uno de nosotros realizamos todos los días en la oficina, la fábrica, el campo, la calle o la casa, en el sector formal o informal, no es estrictamente un trabajo individual, sino que forma parte de un esfuerzo colectivo al servicio de la comunidad. La nación tiene entonces la responsabilidad de devolver el favor a sus ciudadanos cuando, por su edad, ya no pueden seguir con el mismo ritmo de trabajo.

La mayor parte de los mexicanos no cuentan con suficientes ingresos para poder ahorrar en preparación de su retiro. El Estado, como representante de la comunidad nacional y garante de los derechos humanos, tiene entonces la obligación de garantizar una vida digna para este amplio sector de la sociedad una vez que se acaben sus años más productivos. Ello es particularmente importante cuando se trata de trabajadores que han dedicado sus vidas al servicio del mismo Estado.

Pero los ideólogos del neoliberalismo trasnochado entienden la situación de otra manera. Para ellos lo único que importa es el negocio y la ganancia. Desde su punto de vista, gastar en las personas de la tercera edad es puro desperdicio. Es por ello que Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS en 1997 y Felipe Calderón las del ISSSTE en 2007. Hoy casi todos los recursos de nuestras pensiones se manejan por medio de “Afores” en manos privadas. Desde el punto de vista de la caduca clase política que actualmente controla el país, el objetivo no es garantizar una jubilación digna para todos los ciudadanos, sino aprovechar los ahorros de los trabajadores para garantizar jugosos negocios a sus amigos los banqueros.

Enrique Peña Nieto busca en su turno colocar la cereza en el pastel de la venta de nuestras jubilaciones. Hoy los trabajadores del Estado todavía tenemos la opción de confiar nuestro ahorro para el retiro a una institución pública, Pensionissste. Este organismo sin fines de lucro cobra las comisiones más bajas en el mercado y tiene la obligación legal de reinvertir sus ganancias en las mismas cuentas de los trabajadores. Justamente por eso se encuentra entre los fondos de mayor rendimiento que manejan Afores.

La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, que el PRI y el PAN buscan aprobar esta misma semana en el Congreso de la Unión, desincorporaría el Pensionissste del ISSSTE, transformándolo en una “empresa estatal de participación mayoritaria” donde 49% de las acciones podrían ser adquiridas por la iniciativa privada. El gobierno argumenta que este cambio ayudaría al Pensionissste a evitar trabas burocráticas que supuestamente limitarían su rendimiento. Pero en realidad lo que se busca es “liberar” a este importante fondo de ahorro de los controles públicos que garantizan la protección a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

Afortunadamente, la sociedad cuenta con la atenta vigilancia de la diputada Araceli Damián como presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. La doctora Damián generosamente ha tomado una pausa de sus importantes labores académicas en El Colegio de México para servir a la nación como legisladora, con el partido Morena, para el periodo 2015-2018.

Ella ha denunciado que con la reforma de Peña Nieto ya no será obligatorio que los rendimientos del fondo del Pensionissste se reinviertan en las cuentas de los trabajadores, sino que podrán ser repartidos entre los accionistas privados de la nueva empresa. Asimismo, al derogar el artículo 109 de la Ley del ISSSTE se eliminan los candados que obligaban al Pensionissste a invertir los fondos en la actividad productiva nacional, como construcción de vivienda y carreteras.


Finalmente, la fracción V del transitorio segundo de la reforma señala que “el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere”. Es decir, con la privatización de Pensionissste el gobierno ya no garantizará rendimiento alguno para los trabajadores. Como ha ocurrido con todos y cada una de las mal llamadas “reformas estructurales” del Pacto por México, los derechos fundamentales de todos se convierten una vez más en un negocio para unos cuantos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JHON M. ACKERMAN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420837

Reprograman la evaluación a maestros de Morelos

CUERNAVACA, Mor: La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprogramó para el 21 y 22 de noviembre la aplicación del examen de permanencia en la entidad, luego de que 45% de los profesores no pudieron ser evaluados debido a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La medida tiene el objetivo “de permitir que todas las maestras y maestros seleccionados cumplan con la última etapa de este proceso”, precisó Anselmo Muñoz Bisoso, director de personal y relaciones laborales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

En un comunicado, el funcionario estatal lamentó que los profesores disidentes no permitieran a sus compañeros ser evaluados, además de que –dijo– pusieron en riesgo la integridad de cada uno de los presentes.

Asimismo, invitó a los inconformes a priorizar el diálogo a través de las instancias legales y políticas correspondientes, respetando a quienes, apuntó, son conscientes de la importancia de elevar la calidad educativa.

“Los maestros inconformes no pueden exigir un derecho violando el derecho de sus compañeros docentes de ser evaluados”, recalcó.

Por separado, el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz, señaló que la detención de profesores, el pasado fin de semana, evidenció una política represora del gobierno estatal y la violación sistemática de derechos humanos, entre ellos el de libre manifestación.

El activista detalló que cuando en una detención se acusa de alteración del orden público, se clasifica como una falta administrativa, pero nunca como un delito, por lo que quien altere el orden debe llevado ante el juez calificador, pero ese no fue el caso de los docentes.


“No es un delito el hecho de protestar en contra de la evaluación punitiva. A los maestros se les hace una acusación de alteración al orden, lo que evidencia una violación al libre derecho de manifestación del magisterio. No hay elementos para consignar, por eso es que los liberaron, porque es un tema político”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420895

El PRI de Veracruz acarrea a borrachos de la cantina al informe de Gobierno de Duarte

Un organizador del PRI en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, reclutó ahí a personas, pese a su estado de ebriedad, para llevarlos amenizar el Quinto Informe del Gobernador Javier Duarte de Ochoa a cambio de cien pesos.

“Estábamos echando unos alcoholes, salimos de la chamba y nos metimos al bar. En eso llegó el organizador del PRI, nos explicó el pedo y pues a la flota le gusta el desmadre. Unos, nos venimos pedos, otros crudos. Según nos van a reponer lo que nos quemamos ayer en la briaga”.


Alan Jared Hernández Jiménez, oriundo de Tihuatlán, Veracruz, no es un acarreado común y corriente, al igual que los demás: enuncia con fervor el apellido del ‘góber’. No obstante, declara que por falta de simpatizantes lo reclutaron de última hora, pese a su estado de ebriedad para acudir al quinto informe del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.

“Nos adelantó la mitad, 50 pesos. Nosotros le dijimos a ese wey que no sabemos de estas ondas; pero nos dijo que no había bronca que el chiste era hacer ruido. Hasta nos dejó traernos el cuartito de aguardiente que sobraba”.

El hombre de 35 años, más allá de su escandaloso aliento a restos de comida y alcohol preparado de guayaba, sobresale entre el tumulto por su atuendo: porta con ingenuo una camisa tipo polo color azul marino con el escudo del Partido Acción Nacional (PAN).

Salió en caravana desde las siete de la mañana. No ha dormido, tiene hambre y depende de la gratificación que le prometió la organizadora para llevarle algo de comer a su papá que ya no pudo hacer el viaje por problemas de salud. “Quería venir a apoyar el viejo; pero ya está mal”, dijo.

Al igual que a los demás acarreados, lo forman en las hileras rojiverdes que bajan de camiones urbanos para apoyar a Javier Duarte en su quinto informe de gobierno. Hay mucha gente y poco oxígeno para el hombre aturdido. Se marea, eructa y amaga con vomitar a los presentes.

Hay risas y señalamientos hacia él por su condición, el organizador lo detiene y le dice discretamente: “Compórtate o no te daré los 100 varos”. El hombre hace caso omiso y se acerca a las barras de seguridad en la entrada del Velódromo Internacional de Xalapa, Veracruz, donde Javier Duarte se alistaba para la presentación de su Quinto Informe.

Jared y su grupo, asediados por moscas en las braguetas, hacen un esfuerzo por recordar las porras que su líder les dictó en el recorrido de ida. Finalmente llegan hasta el protocolo de seguridad.


Los dos amigos, un poco menos sacudidos por el licor, no dirigen palabra a los oficiales de la guardia civil y entran al recinto caminando derechito.

A ver, usted, sópleme.

–“¿Y ahora por qué jefe? yo vengo a apoyar al Duarte”.

–Hágame el favor de retirarse, está en estado inconveniente.

–“No me chingue oficial, si no entro no me van a dar mi ayudita”.

A lo lejos, los dos cuates de parranda se doblan de la risa y con muecas le dicen: “Por pendejo”.


Jared no tuvo suerte, le impidieron el acceso. Deberá esperar hasta que la gente regrese a los camiones. Está hambriento y no tiene centavo alguno. Contempla el panorama y se rasca la cabeza. El camión lo abrirán en cinco horas. Finalmente decide echarse a dormir en la banqueta.

Ayer decenas de camiones arribaron a las inmediaciones del Congreso de Veracruz, los cuales transportaban a cientos de personas que con cartulinas y consignas aprendidas se disponían a realzar la entrega del Quinto Informe de Duarte de Ochoa.

Inducidos por un hombre vestido de traje negro y corbata, mujeres y hombres, así como niños, coreaban: “Duarte, Duarte”, mientras el mandatario salía del recinto legislativo para dirigirse al Velódromo de Xalapa donde daría su mensaje oficial.

Mientras Duarte se alejaba a bordo de una camioneta, los “acarreados” se apresuraban para abordar los autobuses en los que había llegado a los alrededores del Congreso y que ahora los transportarían al Velódromo para presencial el discurso de Duarte.


Al llegar al foro se sumaban a las largas filas para esperar se les permitiera la entrada, donde ya portaban unas sombrillas de color blanco y rojo que les habían sido obsequiadas. Finalmente algunos no lograron entrar por lo que comenzaban a retirarse con aparente enojo y en busca de los autobuses que los llevarían de vuelta a sus comunidades para inconformarse de nuevo cuando les informaban que tendrían que aguardar a que terminara el evento para volver.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Miguel Ángel León Carmona .
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553414

Reconoce Semar “irregularidades” en una detención en Veracruz

México, DF. El almirante secretario, Vidal Francisco Soberón Sanz reconoció que elementos de la Armada de México actuaron “en forma irregular” e incurrieron “en la indebida dilación en la puesta a disposición” ante el ministerio público de la federación (ocho horas después de su captura) de Óscar Augusto Valle Sánchez, ocurrida el 24 de septiembre de 2011 en Coatepec, Ver.

La declaración del almirante abre la puerta para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordene a la Secretaria de Marina el pago de la indemnización que exige la víctima, a quien incluso las fuerzas federales señalaban como “médico” al servicio de los zetas.

El documento firmado por el almirante Soberón el 16 de agosto de 2014, sirvió de base para que el pasado once de noviembre, el inspector y contralor de la Secretaría de Marina, almirante Joaquín Zetina Ángulo le informara al quejoso que sólo queda que la CNDH emita la recomendación correspondiente a dicha dependencia, para que ésta pague la indemnización correspondiente.

Y es que, después de un largo proceso penal, en el que Valle Sánchez alegó que fue violado el debido proceso penal en su contra, fue liberado por un juez federal en 2013 al considerar que hubo inconsistencias en los hechos entre el parte informativo que entregaron los marinos que lo detuvieron y otras inconsistencias.

Desde el momento de su captura, la víctima denunció que el reporte de los marinos que lo capturaron era ilícito, porque afirmaba que lo habían detenido en una carretera a bordo de un vehículo, cuando en realidad había sido sacado por la fuerza por los elementos de la Armada de México, sin una orden de aprehensión.

Al quedar libre, demandó a la Secretaría de Marina una indemnización por 20 millones de pesos, por concepto de reparación del daño moral, por las secuelas físicas que le dejó la captura y tortura que sufrió a manos de los marino durante ocho horas antes de entregarlo al ministerio público federal, lesiones y secuelas físicas y morales, por los salarios que dejó de percibir durante los dos años que estuvo en prisión, por la interrupción de sus estudios de medicina, así como, por gastos de traslado de sus padres y abogados y pago de las terapias y medicamentos que aún necesita.

En el oficio de respuesta a la demanda, Soberón argumenta que la violación a los derechos de la víctima fue solventada cuando los marinos lo entregaron al ministerio público –después de ocho horas-, además de que la acción legal ya prescribió, por lo que la indemnización es improcedente.

Sin embargo, Valle Sánchez, acompañado de sus padres Guadalupe Sánchez y Ramiro Valle se reunieron al pasado 11 de noviembre con el contralor de la Armada, almirante Zetina, quién les dijo que la Armada está a la espera de que la CNDH emita la recomendación correspondiente, además les pidió que entregaran por escrito una lista en la que esté desglosada cada concepto que incluye la indemnización.


La señora Sánchez dijo en entrevista que espera, por otro lado, que la CNDH cumpla con su encomienda –el mismo 11 de noviembre solicitaron nuevamente por escrito la intervención de ésta-, además recordó que en enero pasado, el pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con su acuerdo de pagar casi 800 mil pesos a la víctima por concepto de reparación del daño, por haber estado dos años injustificadamente preso.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/16/reconoce-semar-201cirregularidades201d-en-una-detencion-en-veracruz-4518.html

Formaliza Peralta registro ante el PRI como aspirante único al gobierno de Colima

COLIMA, Col: Después de solicitar su registro como precandidato para contender nuevamente por la gubernatura, en los comicios extraordinarios que se celebrarán el domingo 17 de enero, el priista José Ignacio Peralta Sánchez calificó la anulación de la elección de junio pasado como “un suceso fuerte”, debido a que “fue producto de una traición, un engaño y una mentira”.

Aunque no especificó los destinatarios de su señalamiento, fue clara la alusión al grupo del exgobernador Mario Anguiano Moreno, cuya intervención en el proceso anterior fue determinante para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidiera invalidar los resultados en los que había ganado de manera apretada el propio Peralta Sánchez.

Una de las hipótesis que circulan entre los priistas es que Anguiano Moreno, perteneciente a un grupo político rival al de Peralta, habría provocado la anulación de la elección a través de uno de sus colaboradores, quien aceptó ante el Congreso local la autenticidad de un audio en el que da instrucciones a una subordinada de apoyar al PRI desde el gobierno.

José Ignacio Peralta aseguró, como lo ha reiterado desde que el tribunal dictó su sentencia, que durante la elección pasada realizó una campaña “limpia y apegada a la ley”, por lo que ofreció que de lograr la candidatura del PRI para la elección extraordinaria, realizará proselitismo de la misma manera.

Luego manifestó que jamás buscará votos mediante engaños, mentiras y traición; “rechazamos esas campañas y lo que queremos es nuevamente hacer un llamado amplio a toda la militancia priista para que nos apeguemos siempre a derecho, respetando la norma electoral y viendo por los mejores intereses de nuestro estado, eso es lo que queremos los priistas”.

En un acto realizado en la sede estatal del PRI, con la asistencia de cientos de militantes de ese partido, Peralta se convirtió hoy en el aspirante único a la candidatura por ese partido, luego de que una vez cerrado el plazo fijado en la convocatoria nadie más solicitó su registro.

“Hacemos una amplia convocatoria para que generemos esta fuerza, esta unidad que es la que nos va a permitir cumplir con todos nuestros objetivos; lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo porque lo hemos constatado con hechos claros y contundentes, que cuando el PRI se une jamás lo pueden derrotar”, sostuvo.

Peralta Sánchez criticó que sus adversarios políticos pretendan “dañar la democracia ganando en tribunales lo que no pudieron ganar en la calle consiguiendo votos”.

Enseguida, aseveró que “en Colima le faltan al respeto nuestros adversarios a la voluntad popular y la voluntad ciudadana, y creen que con mentiras y con engaños y traiciones pueden llegar al poder”.

Al finalizar el periodo de registro de aspirantes, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, Miguel Chávez Michel, informó que el jueves 19 esa instancia partidista resolverá sobre la solicitud de Peralta Sánchez.

También adelantó que no duda de que José Ignacio Peralta reúne los requisitos estatutarios y constitucionales para participar en el proceso interno del PRI y en el extraordinario del 17 de enero de 2016, y explicó que una vez que se reciba la constancia de precandidato, podrá hacer actividades de proselitismo del 20 al 30 de noviembre, pero sólo con la militancia del PRI, entre la que buscará la adhesión de los priistas.


Chávez Michel dio a conocer que el martes 1 de diciembre a las 17 horas, en un lugar que oportunamente será informado a la militancia priista, se llevará a cabo la convención estatal de delegados, donde, se oficializará la postulación del candidato a gobernador por parte del PRI.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420878

Arzobispo de Oaxaca suspende a dos párrocos que denunciaron a cura pederasta

OAXACA, Oax: Denunciar públicamente a su compañero Gerardo Silvestre Hernández, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2013 por el presunto abuso sexual de 45 niños indígenas, le costó el sacerdocio a los párrocos de Cristo Rey, Apolonio Merino Hernández, y de Santiago Camotlán, Ángel Noguera Nieto.

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, los suspendió de sus funciones sacerdotales, e incluso a Apolonio Merino pretendió callarlo con amenazas.

Merino Hernández, denunció que el pasado 7 de agosto recibió la notificación de suspensión de sus funciones y fue advertido de que si hacia algún escándalo público, la Iglesia ventilaría que violó el celibato al formar su propia familia y le prefabricaría un delito por el supuesto abuso sexual de una mujer.

Previo a la notificación de su “destierro”, la arquidiócesis le ofreció darle una mesada de ocho mil pesos para que tuviera un apoyo y una “vida digna”. Sin embargo, el sacerdote decidió denunciar este atropello de la Iglesia católica y poner la justicia para los niños indígenas que fueron abusados sexualmente por encima de su seguridad.

De la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y en Villa Alta han pasado casi dos años y no se le ha dictado sentencia.

El expárroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013, por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.

Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal le dictó auto de formal prisión. También fue detenido el expárroco de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, a la fecha el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.

Tampoco el arzobispo ha ofrecido una disculpa pública ni existe la reparación del daño contra unas 45 personas que en el 2009 tenían entre 11 y 13 años.

Silvestre Hernández fue señalado por primera vez de un caso por violencia sexual contra un niño en 2006. Luego fue removido a Camotlán donde se presume victimó a cerca de 45 niños y repitió las agresiones en Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec.

En enero de 2014, sacerdotes de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca exigieron a las autoridades eclesiásticas “extirpar de raíz el infame crimen de la pederastia que se dejó incubar en la Iglesia con su silencio cómplice”.

Demandan que el arzobispo José Luis Chávez Botello pida perdón por los casos de pederastia cometidos por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.

Los presbíteros Juan Ruiz Carreño, Juan Antonio Jiménez Gómez, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, David Elías Mendoza Maldonado, Ángel Noguera, Manuel Arias Montes, Guillermo Velázquez Gordillo, Sergio Herrera Arias y Leoncio Hernández Guzmán, fueron quienes participaron en la denuncia y aclararon:

“No hemos jugado a tirar la piedra y esconder la mano, cuando correspondió una advertencia sobre el caso del Padre Gerardo Silvestre Hernández, la hicimos”, subrayaron.

Y en agosto pasado, organizaciones civiles denunciaron que Silvestre Hernández no ha sido sentenciado “por complicidad” entre funcionarios y autoridades eclesiales.

Por su parte el Foro Oaxaqueño de la Niñez integrado por 25 organizaciones y ocho sacerdotes católicos exigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, imponer la pena máxima al presbítero detenido por corrupción de menores contra dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010.

De igual forma, urgió al gobernador Gabino Cué investigar y sancionar demás violaciones cometidas contra niñas, niños y adolescentes por integrantes de la iglesia católica y otras creencias religiosas, así como en espacios familiares, comunitarios y escolares.


Y es que los activistas presumen que hay cerca de 45 niños que fueron víctimas de agresiones sexuales en las parroquias de Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec en un periodo de seis años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MÁTIAS.