Dicen que la inseguridad colapsó el sector educativo y la vida nocturna del puerto, por lo que acordaron autoimponerse un toque de queda a partir de las siete de la tarde.
Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco, lo admite: “La inseguridad existe. No puedo ser irresponsable al no aceptar que hay un problema complejo”.
Y añade: “Lo que debemos hacer los nuevos gobiernos municipal y estatal, en coordinación con el federal y con el sector eclesiástico, es asumir el reto en colonias con dificultad y con índices delictivos altos; pero desde la fe, con programas de reconstrucción del tejido social e integración familiar”.
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, asienta: “Ante esta dramática situación de violencia, nosotros en la Iglesia aportaremos todo nuestro esfuerzo para colaborar estrechamente con las autoridades municipales, pues es un problema que nos afecta a todos. Nuestro objetivo es alcanzar la paz y la reconciliación”.
La estadística sobre seguridad es contundente: de acuerdo con cifras “preliminares” de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en lo que va del año se han registrado 754 ejecuciones, lo que significa 2.37 muertos por día. Además, según datos de organismos del giro comercial, cerraron más de mil negocios; lo mismo sucedió con 50 bares y antros, además de que los cruceros prácticamente dejaron de llegar. Ello sólo en el sector económico, porque en el educativo, en la última semana cerraron 14 escuelas.
La Encuesta Nacional de Victimización 2015 indica que 88.5% de los acapulqueños se sienten inseguros.
El alcalde Velázquez Aguirre, quien asumió el cargo apenas el pasado 30 de septiembre, asegura a Proceso que para reducir el índice de violencia se instalaron grupos operativos como parte del programa Coordinación Acapulco, en el que participan elementos de la Marina, el Ejército y la Gendarmería, así como policías federales, estatales y los municipales de Acapulco.
En unos días, el ayuntamiento presentará el programa Escudo Acapulco, el cual atenderá tres vertientes: la educativa, mediante la capacitación; la mejora de las condiciones salariales de los policías municipales, y la tercera, que es la tecnológica, fortaleciendo los sistemas de vigilancia y acercamiento con la ciudadanía.
Velázquez Aguirre considera clave la participación ciudadana: “Todos los gremios, incluyendo a las distintas Iglesias, acordamos resarcir el tejido social en las colonias con dificultad y con índices delictivos altos. A través de la Fundación para la Reconciliación implementamos un programa que funcionó en Medellín, Colombia, en donde se vivía una situación similar a la de Acapulco, provocada por el crimen organizado.
–¿Las iglesias firmaron un acuerdo con el gobierno municipal?
–Sí. A ello nos llevó el hartazgo de ser indolentes, el dejar de actuar ante los problemas que se suscitan en el país y que se han agravado en ciudades como Acapulco. Hoy trabajamos de frente con la sociedad. El acuerdo está basado en un estudio denominado Cuadrantes de dificultad en Acapulco, a donde vamos a entrar con un programa de reconciliación con la ciudadanía, pero desde un planteamiento de la fe.
–¿Con esto los cárteles dejarán de operar en Acapulco?
–Lo que hay que hacer es cuidar nuestro territorio y cuidarlo desde la parte más sensible, que es la parte de la comunidad, del barrio, de la colonia. Si nos organizamos desde allí vamos a poder cuidarnos y vamos a poder ir tejiendo fino a la sociedad. Iremos componiendo situaciones que se han descompuesto de algunos años a la fecha. Tenemos gran confianza.
Para la zona costera se preparó a 200 elementos que integrarán la nueva Policía Turística; además, habrá uniformados que estarán en la capitanía de puertos “cuidando la integridad de los turistas dentro y fuera del mar”.
Las dudas
Laura Caballero, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera Miguel Alemán, considera fallidos los operativos: “Desde hace algunos meses en que se desató la violencia y los hechos sangrientos, los ‘turisteros’ lanzamos un SOS. Sólo en la costera cerraron 60% de los negocios, mientras que algunos bares y discotecas abren sólo dos días a la semana”.
Caballero hace un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo y a los alcaldes para que reconozcan la magnitud del problema de seguridad en el puerto.
Javier Reynada Carbajal, presidente de restauranteros de Acapulco, aseguró que los recientes asesinatos en la zona turística han generado pánico y terror entre los agremiados, ante lo cual han optado por un “toque de queda” después de las siete de la tarde. El ataque armado en el restaurante Buzos, en la calle Cristóbal Colón, es señal de que nadie está a salvo. Debido a las amenazas o a los atentados, cerca de mil negocios han sido desplazados.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, afirma que las continuas muertes violentas y balaceras sobre la costera Miguel Alemán provocaron el cierre de negocios a partir de las ocho de la noche: “La autoridad debe de asumir su papel, pues pequeños y grandes empresarios deciden entre solventar impuestos y pagar ‘derecho de piso’”.
A su vez, unos mil maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, trabajadores del Colegio de Bachilleres y de la Dirección General Técnica Industrial marcharon el jueves 12 por las calles de Acapulco para denunciar las extorsiones y secuestros de las que son objeto.
Personal de tres escuelas denunció que hombres armados ingresaron a las instituciones y exigieron que se les entregaran los aguinaldos de los profesores. De inmediato 14 planteles cerraron.
El director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Guerrero, Édgar Martín Parra, declaró que no se descontará el salario a los maestros que por la inseguridad falten a clase. “Estamos protegiéndolos –dijo–. Los llamamos a que se concentren en las supervisiones de los centros de trabajo”.
El sacerdote Bulmaro Hernández, quien se encuentra a cargo del Observatorio Pastoral de la Realidad Social, dependiente de la arquidiócesis de Acapulco, señala:
“A pesar del nuevo programa policiaco-militar de seguridad implementando por el gobierno federal, se ha recrudecido muchísimo la violencia. Estamos viviendo una crisis humanitaria, una emergencia en materia de derechos humanos.”
Indica que actualmente “14 escuelas en Acapulco han suspendido totalmente sus clases debido a que hombres armados entraban a ellas y les exigían cuotas mensuales de entre 10 y 40 mil pesos”.
Además, dice, “hay otras 62 escuelas que están trabajando parcialmente debido a la inseguridad y la violencia”.
Según el informe Proceso de construcción de la paz en la arquidiócesis de Acapulco, elaborado por la propia arquidiócesis, “en una ciudad con 1 millón de habitantes se puede decir que la mayoría de la población ha sido víctima de alguna forma de violencia, como las extorsiones, las amenazas y el cobro de piso. Por cada víctima de la violencia que se registra de manera directa, hay un entorno de 10 personas más que son afectadas de forma indirecta”.
Los secuestros se han disparado y hoy cualquier acapulqueño es secuestrable, indica el estudio. Señala también que Acapulco es un “puerto de alcance internacional” en el que poco a poco se tuvo que “responder a la demanda de drogas que ciertos sectores del turismo requiere”.
Ahora, ante la actual expansión de la violencia, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, comenta sobre el acuerdo que el Consejo Interreligioso de Guerrero –al que pertenece su arquidiócesis–firmó con la alcaldía de la ciudad el pasado 19 de octubre:
“Es un acuerdo de voluntades entre las distintas iglesias y el gobierno municipal a fin de combatir la violencia. Nosotros apoyaremos los programas de convivencia y de seguridad implementados por el gobierno; éste apoyará nuestras actividades y nos facilitará las plazas, los parques y otros lugares públicos que necesitemos.”
El documento, firmado por el alcalde Velázquez Aguirre; el presidente del Consejo Interreligioso, Salvador Cisneros, y el arzobispo Carlos Garfias, estipula que uno de sus principales objetivos es “generar un cinturón de seguridad social” para proteger de la violencia a los acapulqueños.
Agrega que las actividades que se implementarán serán de “índole cultural, artístico, recreativo, deportivo y de esparcimiento” encaminadas a promover “valores humanos, morales y éticos” sin fines partidistas ni de proselitismo religioso.
Garfias adelanta que toda esta semana las iglesias y la sociedad civil realizarán manifestaciones, celebraciones litúrgicas y encuentros de reflexión. “Será la Semana por la Paz. En la arquidiócesis estamos poniendo todo nuestro empeño por alcanzar la paz y la reconciliación.
En estas jornadas, en las cuales participarán dos importantes redes sociales: Guerrero es Primero y Red Acapulco por la Paz, incluyen una marcha multitudinaria el sábado 21 que partirá de la catedral de Cristo Rey y concluirá a un costado del Centro de Convenciones de Acapulco.
Apenas la mañana del lunes 16, el exdirector de Gobernación del ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, Felipe Loyo Malabar, fue asesinado afuera de su domicilio, en la colonia Hogar Moderno de ese puerto.
El cuerpo del exfuncionario fue hallado con varios impactos de bala en el asiento del piloto de su automóvil, un Jetta café, estacionado en la calle Río Atoyac.
Luego de que las autoridades policíacas recibieron el reporte del homicidio, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, el hermano de la víctima, el exfiscal Pedro Loyo Malabar, identificó el cadáver.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA/ RODRIGO VERA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420914
