Además de los 4, detuvieron a otros 19 que integraban una estructura criminal presuntamente dedicada al secuestro y extorsión en el municipio de Matamoros.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que fuerzas federales liberaron a tres personas privadas de su libertad y capturaron a 23 presuntos secuestradores, cuatro de ellos relacionados con el grupo criminal que secuestró y asesinó a dos empresarios restauranteros en Veracruz. En rueda de prensa, Sales Heredia acompañado por miembros del gabinete de Seguridad, dio a conocer que lo anterior se logró en acciones diversas realizadas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como en el Distrito Federal, sin necesidad de hacer un solo disparo. En la primera de ellas, derivada de las tareas de investigación e inteligencia llevadas a cabo por las fuerzas federales, fueron detenidas cuatro personas que en septiembre pasado secuestraron y privaron de la vida a dos empresarios en el municipio de Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz. Los otros 19 integraban una estructura criminal presuntamente dedicada al secuestro y extorsión en el municipio de Matamoros, estado de Tamaulipas. En Monterrey, Nuevo León, fue detenido Silvestre Mar González, quien se presume encabezaba varios grupos dedicados principalmente al secuestro de migrantes, extorsión y asalto a transportistas, en los municipios de Tampico y Tamaulipas, además de Pueblo Viejo en Veracruz. Al mismo tiempo, en la ciudad de México Policías Federales capturaron a Armando Martín Banderas, quien fue destituido como comandante de la Policía Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, y enfrentó proceso penal por la portación de arma larga y una granada. Este sujeto presumiblemente encabezaba a un grupo de informantes, quienes ubicaban a las víctimas posibles, además de que al parecer cooptaba a nuevos integrantes del grupo criminal. Paralelamente en el municipio de Tampico fue detenido Juan Manuel Burgos Ponce y José Armando Guerrero Olmedo, quienes se presume actuaban como negociadores con los familiares de las víctimas, y eran los que repartían el dinero producto de secuestros y extorsiones. Con las cuatro personas mencionadas suman 10 los presuntos responsables del secuestro y privación de la vida de los dos empresarios de Veracruz, por lo que serán sometidos a proceso penal con el compromiso de las autoridades de que este crimen no quede impune. En una segunda acción, dijo, integrantes de las fuerzas federales dieron seguimiento a diversas denuncias en el municipio de Matamoros, y luego de una semana de trabajo se determinó cuál era la zona de refugio de un grupo de secuestradores de empresarios y migrantes. En la colonia Villa Española del citado municipio, se ubicó a un grupo de personas armadas frente a un domicilio en la calle Hernán Cortés, en donde además estaban los vehículos de los señalados por algunas de las víctimas de secuestro. Comentó que la Policía Federal estableció un cerco de seguridad en la zona y en un operativo se aseguró a un primer grupo al exterior y al interior se detuvo al resto de los integrantes y se liberó a tres víctimas. Sales Heredia resaltó que esta acción se realizó sin necesidad de realizar un solo disparo, aún y cuando le fueron asegurados a los delincuentes cinco armas largas de diversos calibres, junto con un paquete de drogas. En este operativo fueron detenidas 19 personas, dos de ellas menores de edad. Francisco Salvador Sánchez, Carlos Adrián Reyes, Héctor Jesús Lugo, Misael Pérez Aguirre, Fernando Guadalupe Nava, Simón Silva y Edgar Guadalupe Madrigal. Asimismo, Nicolás Hernández, María de Jesús Ruiz, Miguel Ángel Sánchez, Ramón Ezequiel González, Reyes Montoya Posada, Raúl Aldana Estrada, José Iván Paz Castro, Felipe Ricardo del Ángel Ortega, Irvin Alexis García y José de León Martínez.
Los detenidos, las armas y vehículos asegurados, fueron trasladados a la ciudad de México para quedar a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, puntualizó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK:
"Grandes cantidades, millonarias cantidades de dinero público, se distribuyen discrecionalmente en los medios de comunicación. Se premia o se castiga a medios de comunicación, con presupuesto público, en una cantidad bastante importante, que desde luego modula, en un sentido o en otro, buena parte de la línea editorial del mundo mediático en México. Enrique Peña Nieto prometió que regularía, que reglamentaría, el uso de dinero público y las campañas publicitarias gubernamentales en los medios comunicación. No cumplió esa promesa. Y ese elemento de poder político vía el dinero público es un elemento muy importante que tristemente sigue marcando el tipo de coberturas editoriales que en buena parte de los medios de comunicación existe", expuso la periodista Carmen Aristegui en Ámsterdam, donde fue invitada por "Free Press Unlimited". Además, habló sobre la investigación de la casa blanca del presidente y su esposa.
"La verdad histórica se está cayendo a pedazos, poco a poco la gente se va dando cuenta que no es verdad", dijo por su parte Coizta Grecko.
El documental Mirar Morir. El Ejército en la noche de Iguala, dirigido por Coizta Grecko y producido por Témoris Grecko, aborda el papel de los militares el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero también muestra los casos de otros desaparecidos. En entrevista para Aristegui CNN, Témoris señaló que “ha habido un gran operativo de control de daños que ha implementado el gobierno”, con el que “han querido limitar las responsabilidades, han querido decir: bueno esto ocurre, son criminales, policías municipales, políticos municipales, y todo se queda ahí. Han querido aislarlo en el tiempo y en el espacio, lo que nosotros estamos intentando hacer es romper esas barreras del mecanismo de la operación de control de daños, para decir: uno, no está aislado en el tiempo, y no es lo que les pasó nada más a los jóvenes de Ayotzinapa”. Expuso que lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa “fue lo más grave de una larga serie de ataques contra la población civil, amparados por el poder del Estado. El Estado no ha protegido a la población civil, ha protegido a aquellos criminales que instalaron un imperio del crimen en Iguala, en la región y mucho más allá, que han estado desapareciendo a personas durante muchísimo tiempo. Los cerros de Iguala son un inmenso cementerio clandestino, como el grupo Los otros desaparecidos nos ha hecho ver, esto jamás ha terminado… por eso nosotros empezamos el documental buscamos la búsqueda de los ciudadanos de Iguala que van a los cerros a tratar de hallar las fosas clandestinas, donde si tienen suerte encontrarán a su familiar”. Recordó que los expertos de la CIDH quieren entrevistar a los soldados porque son testigos de los hechos, estuvieron ahí, y pueden aportar información, “no los están criminalizando y si el Ejército quisiera demostrar su interés en contribuir al esclarecimiento de lo que pasó ahí, diría: claro, entrevístenlos, ellos estuvieron ahí, ellos vieron cosas. Si no tienen nada qué temer, ¿qué es lo que están ocultando?”, preguntó. Por ello lamentó que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, lo vea como un asunto personal que no puedo permitir, más que como un asunto de búsqueda de la justicia. Sobre el docudrama “La Noche de Iguala”, Témoris comentó que luego de que el gobierno quiso convencernos de que el asunto no alcanzaba el nivel federal, ahora están recurriendo a la verdad histriónica, que cuenta lo que no pasó, con ficción. “Utilizar actores, para demostrar que los estudiantes de Ayotzinapa eran criminales ligados a la banda de Los Rojos, que los quemaron, los hicieron polvo y los echaron al río, que son hechos no solamente no demostrados sino claramente impugnados con diversos informes, y que realmente no ocurrió, pero ellos lo quieren demostrar creando estas ficciones, con un lenguaje de telenovela… también ya Laura Bozzo anunció que ella va a hacer su propia investigación sobre los estudiantes… no es casual, Laura Bozzo jamás se había interesado en este asunto, y ahora de pronto ya es algo que le interesa, esto se liga con una campaña de columnistas empeñados en desprestigiar a los expertos de la Comisión Interamericana… es la reacción de un sistema que ha visto cómo este caso tan delicado y tan grave se le deshace en las manos, y ahora han tenido que aceptar mayor supervisión, aunque siguen negándose en este punto clave: que no van a permitir que se entreviste a los militares”, abundó. En cambio, en Mirar Morir “nosotros no queremos convencer a nadie de que pasó lo que no pasó, lo que estamos haciendo es mostrando una serie de evidencias, no usamos actores, sino pruebas, gente que estuvo ahí, documentos, informes, investigaciones, expertos, analistas, los ponemos al alcance del espectador para que se forme su propia opinión, no vamos a falsificar las cosas”. Lo que está comprobado hasta ahora, precisó, es que “se instaló un feudo, un imperio criminal en Iguala y en la región, con la complicidad de los poderes federales”. Por ejemplo, detalló, “la PGR supo siempre que José Luis Abarca estaba involucrado con el crimen organizado, no actuó, que Abarca tenía un número de averiguaciones previas por varios homicidios, jamás se actuó. La Fiscalía de Guerrero le pasó documentos de lo que estaba ocurriendo, porque era del orden federal, lo tiene que perseguir la PGR y la PGR no movió un dedo. El Ejército lo sabía, el Ejército es el mayor poder presente en el estado de Guerrero desde hace 50 años, desde que le encargaron la represión contra la insurgencia armada, y el Ejército sabe todo, tiene informantes en todo”. Tal como los expertos de la CIDH describen la participación de soldados en la noche del ataque contra los estudiantes, Témoris refiere que hay militares “espías, es gente que está colocada ahí para informar, y son brazos con los que el Ejército está actuando”. El productor reveló que “el Ejército le regaló de forma injustificable 52 mil metros cuadrados de terreno urbano de primer nivel, que estaban anexos al cuartel del 27 batallón de Infantería, se los regaló a José Luis Abarca, para que construyera el centro comercial más importante, más moderno… tan la Sedena no tenía las facultades para desincorporar esos terrenos públicos que en marzo de este año, la Secretaría de la Función Pública nominalmente recuperó para el Estado la posesión de esos terrenos… en los hechos el centro comercial sigue funcionando con toda normalidad y sigue siendo administrado por la familia de José Luis Abarca”. Por último, indicó que en México “están falsificando la justicia, están falsificando culpables, nos están desviando, parece que el papel de los órganos de búsqueda de la justicia es engañar a la sociedad, meter a falsos culpables a la cárcel y dejar a los verdaderos culpables libres”. A quienes no les ha pasado una situación en la que se tenga que buscar justicia -comentó- tenemos que preguntarnos “qué certeza tenemos de que vamos a conseguir justicia”, pues “mientras prevalezca la impunidad los crímenes se van a seguir cometiendo porque no se pagan” o paguen los inocentes. A su vez, Coizta Grecko reconoció que hasta ahora “no nos queda claro el papel que tuvo el Ejército, sin embargo todo apunta hacia allá, nos hace sospechar este afán por encubrir la participación del Ejército desde el primer momento”. “Nos prende las alarmas, nos hace sospechar, que sí es el crimen organizado el que está desapareciendo, pero también hay muchos casos de personas que han desaparecido en patrullas del Ejército o en retenes, por ejemplo está el caso de unos muchachos que fueron secuestrados por una patrulla del Ejército en el año 2010, que escoltaban dos camionetas del crimen organizado”, refirió. Lo que pasó con los 43 es la “cereza en el pastel” de algo que ha venido pasando desde hace muchos años, remarcó. Su documental busca “desmontar la verdad histórica a partir de documentos oficiales, testimonios, videos”. “Esta forma del gobierno de tratar de afianzar su verdad trata de llegar a una población que no está tan informada como todos los demás, y esta población su forma de informarse es la televisión, sobre todo la televisión abierta. Están haciendo productos con fórmulas ya probadas, como Laura, el documental (La noche de Iguala), quieren convencer a ese grupo de personas para que vayan convenciendo a los demás, cuando no es cierto”, comentó Coizta. “Nosotros queremos que la gente tenga una posición crítica y debata”, afirmó. Por lo que llamó a la gente a informarse más e impedir que piezas como el docudrama o un programa de Laura Bozzo tengan un impacto social. “La verdad histórica se está cayendo a pedazos, poco a poco la gente se va dando cuenta que no es verdad, lo que pedimos es que la gente no se deje engañar ya, lo que pasa en Iguala se replica en muchas partes del país que es la cuestión de desapariciones forzadas y crimen organizado metido con las autoridades”, finalizó.
Funcionarios han confirmado que durante los primeros días de noviembre, grupos armados han ingresado a los planteles educativos para exigir el pago de cuota a docentes. Debido a esto el operativo estará vigente hasta el 18 de diciembre y "de ser necesario, se extenderá hasta enero", apuntó la dependencia en un comunicado.
Luego de que al menos siete escuelas en Acapulco, Guerrero, cerraran por extorsiones a sus maestros y por las condiciones de inseguridad, la Secretaría de Educación Pública de la entidad y la Coordinación estatal de la Policía Federal iniciaron un operativo de vigilancia en la zona, donde participarán elementos de la Gendarmería, Armada y Policía Estatal. El secretario de educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, aseguró que está contemplado blindar mil 250 escuelas de todos los niveles, divididas en diez rutas estratégicas. Funcionarios han confirmado que durante los primeros días de noviembre, grupos armados han ingresado a los planteles educativos para exigir el pago de cuota a docentes. Debido a esto el operativo estará vigente hasta el 18 de diciembre y “de ser necesario, se extenderá hasta enero”, apuntó la dependencia en un comunicado. En tanto, el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez dijo que este operativo se aplicará todo el día durante el horario de clases, intensificándose en la hora de entrada y de salida de las escuelas.
El Sur de Acapulco, reportó que al menos en cinco escuelas maestros no reanudaron clases: en Artículo 27, del colegio de Bachilleres 16, de los jardines de niños Pedro Álvarez Cabral y Rubén Figueroa Figueroa y de la primaria Plan de Ayala, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, donde trabajaba el maestro René Flores quien fue asesinado el pasado viernes 6 de noviembre. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/implementan-operativo-de-vigilancia-en-escuelas-de-acapulco-donde-extorsionaron-a-maestros/
El gobierno pospone para diciembre la entrega de recursos a estados y municipios. Detecta la ASF fallas en el cumplimiento de programas prioritarios. Falta claridad en el destino que se da a 50 mil millones de pesos. Afectados, mando único y nuevo sistema de justicia penal. Ante las fallas en el cumplimiento de programas que se consideran prioritarios para mejorar la seguridad, el gobierno federal pospuso para diciembre la entrega de recursos a las autoridades municipales y estatales. En el escenario del cambio no sólo se valora el respaldo a los objetivos nacionales (mando único, entre otros), sino también la necesidad de tener claro en qué se invierten los 50 mil millones de pesos (que desde 2012 se les han transferido), y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades. En días pasados ha habido mensajes directos de que la Federación quiere mayores garantías de que los gobiernos estatales y municipales canalizarán los fondos a las prioridades en la materia. Entre éstas se incluyen rubros como certificación policial, creación del mando único, nuevo sistema de justicia penal, capacitación y fortalecimiento del sistema penitenciario. En la revisión de estos fondos la ASF ha detectado: transferencias injustificadas hacia otras cuentas, presumible daño o perjuicio a la hacienda pública por manejos irregulares, carencia de mecanismos de control del dinero que garantice su utilización en los fines estratégicos para los que fue destinado, uso no autorizado para pago de nóminas u otros objetivos no incluidos y omisiones de funcionarios en la vigilancia de las partidas y cumplimiento de metas. Lo anterior es el saldo de las auditorías practicadas al uso de estos fondos. Este ajuste en el flujo de recursos podría ser el inicio de un viraje en la política federal para tener mayor control de los millonarios fondos que canaliza a estados y municipios, los cuales carecen de mecanismos que vinculen las partidas presupuestales, el destino de los recursos y el cumplimiento de metas en seguridad pública. La Federación otorga a estados y municipios partidas extraordinarias a través de los Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública (Fasp) y de Subsidio a los Municipios (Subsemun) en materia de seguridad. Aunque formalmente su entrega está asociada al cumplimiento de diversas variables previas (ejercicio del gasto, reducción de la incidencia delictiva, profesionalización de corporaciones, entre otras), en la realidad los controles están desfasados y existen inconsistencias entre las partidas ejercidas y las metas alcanzadas, según ha documentado la ASF. A modo de ejemplo, una de las revisiones realizadas por la ASF reveló que en recursos ejercidos de las últimas dos cuentas públicas (2012-2013) hay más de mil 230 millones de pesos de recursos de ambos fondos de los que dos y tres años después no se tiene certeza de su destino. A ello debe sumarse el recurrente subejercicio de esos fondos por los gobiernos estatales y municipales, sea por falta de seguimiento en su gasto, por los procedimientos burocráticos o bien por las entregas tardías. Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que alrededor de 46 por ciento de los recursos que se debían entregar entre julio y septiembre a más de 200 municipios para tareas y programas de seguridad se encuentran retenidos por la Secretaría de Hacienda, hasta que haya mayor claridad y compromiso en la aplicación de los más de 4 mil 800 millones de pesos que les serían repartidos durante este año tan sólo por el Subsemun.
Las fuentes consultadas refirieron que la retención de las partidas se debe a la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos en los mecanismos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a que el gobierno federal buscará esquemas que le permitan supervisar su manejo adecuado y la aplicación cierta del dinero en programas que disminuyan la incidencia delictiva, aumenten los espacios seguros y generen corporaciones policiacas confiables. Los entrevistados refirieron que el gobierno federal exigirá que los recursos que se entregan para el Fasp y el Subsemun se depositen en fideicomisos con más control, a través de los cuales se certifique el cumplimiento de metas. De aplicarse ese mecanismo se retornaría al anterior esquema de 1998, cuando se creó este apoyo a los gobiernos estatales para seguridad pública. El modelo actual data de 2001, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública federal, a través de la cual los representantes estatales consideraron que el manejo de los recursos era poco transparente y exigieron –y así se aprobó– que estas ministraciones no fueran etiquetadas sino entregadas directamente a las secretarías de finanzas de los gobiernos locales y desde allí se cumpliera con las metas pactadas. Efectos de la insuficiencia de controles Del reporte sobre el gasto del Fasp en los estados se desprende que existen comportamientos irregulares en el manejo del dinero, entre ellos acentuados subejercicios. Por ejemplo, Chihuahua ejerció en 2013 sólo 118.3 millones de pesos de los 266 millones que le fueron asignados, con especial rezago en rubros prioritarios en la estrategia nacional. La Auditoría Superior señala que el gasto ejercido al 31 de diciembre fue de sólo 31 por ciento y en agosto 2014 llegó a 44.5, lo que está en consonancia con el porcentaje de metas alcanzadas, esto es, 7.3 por ciento. En ese año, a Baja California le fueron asignados 306 millones de pesos. A diciembre de ese año la entidad gastó sólo 197 millones –alrededor de 65 por ciento– y en agosto 2014 (fecha del último reporte de la ASF) había cerrado con 237 millones, poco menos de 80 por ciento. Algunos estudios sobre el uso del Fasp señalan que las partidas se dan en ministraciones mensuales entre los meses enero-octubre, y no pueden comenzar a ejercerse sin acuerdo del secretariado ejecutivo del SNSP, lo que alentaría el subejercicio. En consecuencia, debe superarse esta variable para no reducir los fondos del siguiente año, pues se obliga a gastar mal y a violar las reglas de operación del fondo, y los recursos son más vulnerables a la corrupción. Aunado a ello, en las diferentes auditorías al gasto de estos fondos la ASF advierte que no hubo control adecuado para asegurar el cumplimiento de las metas en los programas ejecutivos con prioridad nacional, Asimismo, considera que no existen acciones de control para supervisar el ejercicio de las obras, hay ausencia de vigilancia en los procesos de adquisiciones, se ejercieron recursos en programas no prioritarios y hubo carencia de mecanismos de seguimiento para verificar las metas programadas. También resalta inconsistencia en el seguimiento a la información de los reportes trimestrales que se deben remitir a Hacienda, insuficientes mecanismos de vigilancia a los bienes adquiridos con estos fondos y apertura indebida de cuentas adonde se trasladaron esas partidas.
Paradójicamente, este embrollo administrativo en la operación del gasto federalizado en materia de seguridad tiene otra cuña: la detección de las responsabilidades de funcionarios públicos y la investigación de los daños. Según la ASF, habría elementos para investigar, según las auditorías practicadas, y ello corresponde a las contralorías de los gobiernos de los estados. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: GUSTAVO CASTILLO/ ALONSO URRUTIA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/17/politica/003n1pol
Desde la aparición del grupo criminal “La mano con ojos” que controlaba la delincuencia en el Estado de México y algunas zonas del DF, hasta la desaparición de 13 jóvenes en el Bar Heaven, de la Zona Rosa, expertos y políticos de oposición han alertado sobre la presencia de grupos delictivos en la capital. Sin embargo, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, niega la presencia de estos en la capital del país. El primer acto de alarma se presentó la madrigada del 19 de octubre con la aparición de un cuerpo colgado en el puente La Concordia, en la Delegación Iztapalapa. Un día después, apareció el cadáver de una persona, presuntamente estrangulado, con signos de violencia, quemándose dentro de un tambo, en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Ambos casos cimbraron a los capitalinos poco acostumbrados de observar en sus calles la aparición de cuerpos con evidentes muestras de tortura al estilo de las ejecuciones del crimen organizado. “Es increíble pensar que en esta ciudad no hay crimen organizado”, dijo el Diputado federal Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), en entrevista para SinEmbargo. Desde la aparición del grupo criminal “La mano con ojos” que controlaba la delincuencia en el Estado de México y algunas zonas del Distrito Federal, con extrema violencia, hasta la desaparición de 13 jóvenes en el Bar Heaven, de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, expertos y políticos de oposición han alertado sobre la presencia de grupos delictivos en la capital. Desde el extranjero, un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos, identificó la presencia de cinco cárteles de la droga en la capital: Los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y células restantes de Los Caballeros Templarios. La revista TIME, la Fundación Rockefeller y The Guardian, han cuestionado que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera niegue de forma reiterada que hay cárteles en la capital. La respuesta del gobierno local ha sido empeñarse en afirmar que la Ciudad de México mantiene un estatus de “burbuja de seguridad”, ha negado sistemáticamente la presencia del crimen organizado, o ha minimizado el problema encasillándolo a simples rencillas entre narcomenudistas. Además se ha negado a ver que estos grupos organizados lo mismo controlan reclusorios y la venta de droga en las calles, que dirigen la extorsión y el secuestro. Ante esto, legisladores de oposición entrevistados por SinEmbargo demandaron al Jefe de Gobierno que deje de maquillar las cifras de violencia en la capital del país e informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ASDF) y a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados, la situación real de los cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México.
“Yo siento que tiene mucha responsabilidad nuestro Jefe de Gobierno porque quieren ocultar realmente lo que está pasando en la ciudad, dicen que es una ciudad segura cuando eso no es verdad”, afirmó Ana María Rodríguez Ruiz, Diputada en la ALDF por Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ESCALADA DE VIOLENCIA EN IZTAPALAPA La Diputada local por Morena, Ana María Rodríguez Ruiz, explicó a este diario digital que la ciudadanía observa con preocupación el incremento de la violencia en la Delegación Iztapalapa. La Legisladora expresó preocupación no solo por la creciente violencia, sino porque a raíz de la aparición del cadáver en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, se formó un operativo reforzamiento de seguridad en Iztapalapa, que ha generado diversos problemas. Medios de comunicación han informado que 986 personas han sido detenidas por diferentes delitos, derivadas del incremento de la presencia policíaca y de más de 15 mil 444 revisiones a vehículos y personas. Asimismo se informó que 654 personas han sido remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas, principalmente por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. “Nos alarma que esta mayor presencia policiaca genere más incertidumbre entre la población, más inseguridad en vez de realmente atacar al crimen organizado desde arriba”, afirmó la Legisladora por Morena. Ante esto, Rodríguez Ruiz demandó al Gobierno del Distrito Federal y al de la Jefa Delegacional de Iztapalapan, Dione Anguiano, que los operativos de seguridad en la demarcación se complementen con verdaderas acciones de prevención y participación ciudadana Asimismo, pidió que la Delegación Iztapalapa presente a la brevedad un plan integral de acción en ese sentido y transparente el uso de los recursos públicos que se utilizarán en el programa de seguridad. “A nosotros que vivimos en las colonias de Iztapalapa no se nos ha hecho una consulta. Desde mi punto de vista yo creo que debieron haber hecho asambleas, consultas, para este programa que está impulsando el Gobierno federal. Yo pienso que deberían llamar a los diputados electos por la población y hacer una coordinación y trabajar estos programas”, explicó la Diputada Ana María Rodríguez. La Legisladora también demandó que cese la política intimidatoria del Gobierno de Miguel Ángel Mancera en contra de los jóvenes de la Delegación.
“Nos preocupan los chavos. Aquí le llaman delincuencia a los chavos que anda en la calle con una forma de vestir tan personal: no porque traigan un pantalón roto o una playera negra ya digan que es un delincuente. O porque toman o inhalan ya les llaman delincuentes, un joven que inhala no quiere decir a fuerzas que es un delincuente”, dijo. PAN DEMANDA PRESENCIA DE POLICÍA FEDERAL EN DF El Diputado federal Federico Döring también externó su preocupación por la creciente violencia en el Distrito Federal, a lo que señaló como una confirmación de lo que el PAN le ha dicho a Miguel Ángel Mancera respecto a la presencia del crimen organizado en la capital. “No digo que la inseguridad sea responsabilidad del doctor Mancera, es un fenómeno que se exportó desde el Estado de México, originalmente. Pero lo que sí le podemos exigir a quien nos gobierna es que por lo menos reconozca la magnitud del fenómeno en lugar de tratar de negarlo o soslayarlo”. En entrevista, el Legislador lamentó que para Mancera el tema de la seguridad pública no es una prioridad como si lo fue para su antecesor, Marcelo Ebrard. Asimismo, explicó que el problema es que, a pesar de todo lo que Mancera sabe o intenta hacer, su gobierno carece de coordinación en materia de seguridad con el Estado de México o con autoridades federales. En otras palabras, Mancera tiene que reconocer la realidad y aceptar la colaboración del Gobierno federal para que haya presencia de fuerzas federales, como lo hizo durante un par de meses para mejorar la seguridad en la colonia Condesa, una de las zonas con mayor plusvalía de la Ciudad. El problema no es menor, afirmó Döring, “hace un par de años la Ciudad de México no tenía gente que apareciera colgada en los puentes, entambados o calcinados y esa es una realidad que no se puede ocultar”. Respecto al informe de la DEA sobre la presencia de cárteles del crimen organizado en la capital del país, el ex asambleísta reiteró que el problema se solucionará sólo con la acción coordinada con las autoridades federales. “Es una lástima que como en el caso de Ayotzinapa tenga que ser una autoridad extranjera la que venga y acredite lo que en realidad sucede aquí, mientras las autoridades mexicanas, sean locales o federales, quieren tapar el sol con un dedo”, dijo el Diputado panista.
El problema es que los gobiernos de izquierda nunca quieren aceptar la ayuda federal, concluyó. VÍDEOS:
Detenciones arbitrarias, falta de información sobre su proceso, poco contacto con los defensores o imposibilidad de hablar con un juez son sólo algunas de las irregularidades.
Mujeres que permanecen en prisión en el estado de Oaxaca denuncian fallas en el proceso judicial que enfrentan tras haber sido detenidas por delitos vinculados al tráfico de drogas, principalmente el transporte de mariguana. Lo común es que esas mujeres hayan sido detenidas de manera arbitraria, obligadas a firmar una declaración pese a no saber leer y nunca tener contacto con su abogado defensor, reveló una investigación realizada por la organización feminista Equis, Justicia para las Mujeres. El 91% de las mujeres que participan en la investigación no portaban armas al momento de su detención, un porcentaje similar no tiene antecedentes penales y son mujeres indígenas; mientras que el 60% no completaron la secundaria y se encuentran en situación de necesidad económica. De diez entrevistas realizadas, el 100% dijo que no haber recibido suficiente información sobre su proceso judicial cuando cumplió dos años en prisión preventiva. Es el caso de Teresa —nombre falso para proteger su identidad—, una madre soltera sin escolaridad. Militares entraron a su casa sin orden de cateo o aprehensión y dijeron que una persona la había acusado de vender mariguana. Teresa declaró que la pusieron contra la pared y mientras no veía qué pasaba removieron todas las cosas de su casa. Luego la subieron a una camioneta, la trasladaron al Ministerio Público y le dijeron que habían encontrado la droga. Ella se declaró inocente, pero ya cumplió dos años en prisión y todavía no tiene sentencia. Sólo habló una vez con su abogado de oficio y la obligaron a firmar una declaración. Ella no sabe leer. Al juez sólo lo ha visto una vez en una videoconferencia y no existe ni una sola prueba del caso. Equis. Justicia para las Mujeres denuncia que además de las irregularidades en los procesos judiciales, no se toman en cuenta las circunstancias de las mujeres, su necesidad económica o el desconocimiento de que están cometiendo un delito. Ellas “ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva” en el negocio del tráfico de drogas; pues se desempeñan como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo o para transportar paquetes. Otro caso que estudió la organización es el de Carmen, quien necesitaba dinero para las pruebas médicas de su hijo y para comprar alimentos para el resto de su familia. Pidió un préstamo, pero cuando lo hizo un hombre le ofreció trabajo y le pidió llevar un paquete a la capital. Fue detenida en un retén con el paquete que contenía mariguana, la mantuvieron incomunicada y la obligaron a firmar una declaración en la que no sólo reconoce como suyo el paquete; también agrega que tenía un celular en el que se hallaron imágenes con droga y fajos de billetes. Está sentenciada a 10 años de prisión. Cuando fue detenida no vio a ningún abogado ni fue asesorada legalmente. Días después se le asignó un abogado de oficio pero éste nunca se presentó a las audiencias ni a los careos con los agentes que la detuvieron. “Ellas (las mujeres) son la mano de obra reemplazable de las redes criminales transnacionales. Mientras que el número de reclusas ha aumentado considerablemente estos últimos años, los estudios reflejan que un importante número de mujeres reclusas por delitos contra la salud no plantean un riesgo para la sociedad y que, como ocurre con el resto de personas privadas de libertad, su encarcelamiento dificulta la posterior reinserción social afectando fuertemente la vida de las mujeres y de sus dependientes”, advierte Equis. Justicia para las mujeres en su investigación. La organización alerta que esta política de encarcelar a mujeres que cometen delitos como posesión y transporte de drogas sin estudiar sus casos implica altos costos sociales para el país. “El encarcelamiento por este tipo de delitos, no violentos, tiene más repercusiones a nivel socioeconómico para las mujeres que para la verdadera lucha contra el narcotráfico. El encarcelamiento de estas mujeres no afecta las dinámicas e intensidad del tráfico de drogas en el país”.
WASHNGTON: Una vez más el gobierno de Estados Unidos reiteró que el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, es la organización más poderosa del mundo en tráfico de drogas, aunque también reconoció que la demanda y consumo de narcóticos en su país es la base principal para el empoderamiento de los grupos del crimen organizado de México. En una audiencia en el caucus para el Control Internacional de los Narcóticos de la Cámara de Senadores, la Administración Federal Antidrogas (DEA) dejó en claro que el Cártel de Sinaloa es técnicamente el dueño del mercado de drogas estadunidense. “Este hombre, ‘El Chapo’ Guzmán, es alguien a quien considero el narcotraficante más peligroso en el mundo. Él y el Cártel de Sinaloa dominan el mercado ilícito de las drogas de Estados Unidos”, afirmó Jack Riley, subadministrador interino y jefe de operaciones de la DEA. El caucus del Senado realizó este martes una sesión para analizar la efectividad de la Iniciativa Mérida en México como parte de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico. Ahí, Chuck Grassley, senador republicano por el estado de Iowa y presiente del caucus, y su colega demócrata por California, Dianne Feinstein, concluyeron que la Iniciativa Mérida no ha tenido el éxito esperado, tomando en cuenta que en Estados Unidos ahora se vive una crisis mortal por el consumo de heroína. De acuerdo con los senadores y los representantes del gobierno de Barack Obama, la corrupción por narcotráfico a todos los niveles gubernamentales en México, la falta de programas de erradicación de cultivos de amapola, y el incremento de la demanda y consumo de narcóticos en Estados Unidos, evidencian que ni con la Iniciativa Mérida se han logrado avances significativos contra el narcotráfico mexicano. “Los pilares (objetivos) de la Iniciativa Mérida no se han alcanzado”, señaló la senadora Feinstein. Preciso que Estados Unidos ha invertido alrededor de dos mil 500 millones de dólares para entrenar a las fuerzas armadas y policías de México, así como para equipo militar y tecnológico, adiestramiento en sistemas de inteligencia y logística judicial, pero no se han conseguido los resultados esperados. “Aunque cualquier persona puede concluir que la Iniciativa Mérida es un fracaso, y no lo puedo decir de manera específica, lo que sí puedo afirmar es que estoy profundamente insatisfecha con los resultados”, subrayó. Durante la larga audiencia en el Senado, en todo momento se destacó la falta de programas efectivos para contener la demanda y consumo de drogas en Estados Unidos. En ese sentido, los participantes resaltaron la crisis que vive la sociedad estadunidense por el creciente consumo de heroína, especialmente entre los jóvenes anglosajones. Tanto la DEA como la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca admitieron que todos los días mueren en Estados Unidos alrededor de 120 personas por sobredosis de drogas, sobre todo heroína. Por ello, William Brownfield, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, señaló ante los legisladores que frente a la realidad de que México es el principal proveedor de heroína de Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto debería tomar otras cartas en el asunto para detener el problema. “Un elemento con el cual estaría encantado al recibir apoyo del gobierno de México sería la erradicación de la siembra de amapola. Es un asunto políticamente sensible y afectaría a miles y miles de agricultores en las áreas rurales, por ello odian la erradicación, pero mientras no se haga no se tendrá una estrategia equilibrada”, sentenció Brownfield. Sobre las críticas de los senadores a la Iniciativa Mérida, el gobierno de Obama se defendió con el argumento de que por cada dos dólares que invierte Estados Unidos, el gobierno de México destina 30; resaltó que el mecanismo nació en el gobierno del expresidentes Felipe Calderón, y con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos se ha ajustado a nuevos objetivos. Al abordar el tema de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa, Riley no se anduvo por las ramas y estableció que esa organización controla a casi todo el mercado estadunidense. “Pero para tener mayor efectividad contra el narcotráfico y esta organización necesitamos aquí, en Estados Unidos, acabar con los distribuidores de drogas y los traficantes de armas, estos dos últimos elementos del problema forman la tormenta perfecta”, destacó el jefe de Operaciones de la DEA. Cuestionado por los senadores sobre la fuga del capo de la prisión de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y las posibilidades de recapturarlo, Riley dijo que la huida del criminal fue por corrupción en la prisión. Añadió: “Los sistemas de comunicación (encriptadas) que utilizan él y su organización dificultan determinar su ubicación para atraparlo”.
Sobre los aspectos que ayudarían a dar mayor efectividad al problema del narcotráfico en México, el gobierno de Obama enfatizó finalmente en la necesidad de que el gobierno de Peña Nieto incremente y acelere el número de extradiciones de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420932
México, DF. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el gobierno federal está dispuesto a ofrecer una conferencia junto con los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sobre el proyecto de un aeropuerto alterno. En entrevista radiofónica dijo que el viernes pasado las autoridades no quisieron sorprender o excluir a Morena de la conferencia de medios que él mismo y el titular de la Secretaría del Medio Ambiente organizaron para hablar de la inviabilidad de la propuesta de Morena.
Asimismo dijo que la SCT y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplirán con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: MIRIAM POSADAS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/17/no-buscamos-excluir-a-morena-ruiz-esparza-7850.html
Manila. Los acuerdos que se logren en la 23 Reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se efectuará en esta ciudad, serán cruciales para impulsar el crecimiento a nivel mundial, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. De manera previa a la reunión de líderes económicos del grupo multilateral, el mandatario mexicano llamó a los países miembros a intensificar esfuerzos para promover la liberalización comercial y de inversiones, así como para facilitar la actividad empresarial. En un artículo publicado en ese marco, Peña Nieto externó que ese grupo de economías representa 54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 44 por ciento del comercio global, por lo que las decisiones que se tomen influirán en el crecimiento mundial. "Considerando la alta volatilidad de los mercados financieros, la incertidumbre de las políticas monetarias en algunos países y los persistentes bajos precios de algunas materias primas, los miembros del APEC enfrentamos un ambiente económico complejo", subrayó. En ese contexto, y de acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial (BM), alertó que durante los siguientes tres años la economía global sólo crecerá 3.1 por ciento anual. El presidente de la República planteó que si el crecimiento mantiene ese ritmo "no crearemos los empleos de calidad necesarios para construir sociedades más incluyentes". Enfatizó que México está firmemente comprometido a trabajar con sus socios de la región Asia Pacífico para alcanzar las prioridades del APEC para este año y sentar los cimientos para un crecimiento sostenible y de calidad. Llamó a construir economías incluyentes, que en especial apoyen el desarrollo de capital humano, impulsen la participación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en los mercados globales, y fortalezcan la agenda de integración económica regional. Peña Nieto anunció que en la cumbre de Líderes del APEC, que iniciará este miércoles (tarde del martes 17 en México), su país será un actor proactivo dispuesto a compartir sus experiencias con los demás socios. También convocó a los líderes del APEC a comprometerse con la Agenda Renovada para las Reformas Estructurales, y llevar a cabo acciones específicas para estimular el crecimiento incluyente y el desarrollo, pues "juntos, podemos construir el camino para lograr economías más incluyentes y un mundo mejor para todos".
MÉXICO DF: Las ejecuciones y ataques en Acapulco alcanzaron ya a restaurantes y comercios de la zona turística de la costera Miguel Alemán, lo que preocupa a empresarios, operadores turísticos y maestros del puerto, quienes el jueves 12 lanzaron una llamada de auxilio a los tres niveles de gobierno. Dicen que la inseguridad colapsó el sector educativo y la vida nocturna del puerto, por lo que acordaron autoimponerse un toque de queda a partir de las siete de la tarde. Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco, lo admite: “La inseguridad existe. No puedo ser irresponsable al no aceptar que hay un problema complejo”. Y añade: “Lo que debemos hacer los nuevos gobiernos municipal y estatal, en coordinación con el federal y con el sector eclesiástico, es asumir el reto en colonias con dificultad y con índices delictivos altos; pero desde la fe, con programas de reconstrucción del tejido social e integración familiar”. El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, asienta: “Ante esta dramática situación de violencia, nosotros en la Iglesia aportaremos todo nuestro esfuerzo para colaborar estrechamente con las autoridades municipales, pues es un problema que nos afecta a todos. Nuestro objetivo es alcanzar la paz y la reconciliación”. La estadística sobre seguridad es contundente: de acuerdo con cifras “preliminares” de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en lo que va del año se han registrado 754 ejecuciones, lo que significa 2.37 muertos por día. Además, según datos de organismos del giro comercial, cerraron más de mil negocios; lo mismo sucedió con 50 bares y antros, además de que los cruceros prácticamente dejaron de llegar. Ello sólo en el sector económico, porque en el educativo, en la última semana cerraron 14 escuelas. La Encuesta Nacional de Victimización 2015 indica que 88.5% de los acapulqueños se sienten inseguros. El alcalde Velázquez Aguirre, quien asumió el cargo apenas el pasado 30 de septiembre, asegura a Proceso que para reducir el índice de violencia se instalaron grupos operativos como parte del programa Coordinación Acapulco, en el que participan elementos de la Marina, el Ejército y la Gendarmería, así como policías federales, estatales y los municipales de Acapulco. En unos días, el ayuntamiento presentará el programa Escudo Acapulco, el cual atenderá tres vertientes: la educativa, mediante la capacitación; la mejora de las condiciones salariales de los policías municipales, y la tercera, que es la tecnológica, fortaleciendo los sistemas de vigilancia y acercamiento con la ciudadanía. Velázquez Aguirre considera clave la participación ciudadana: “Todos los gremios, incluyendo a las distintas Iglesias, acordamos resarcir el tejido social en las colonias con dificultad y con índices delictivos altos. A través de la Fundación para la Reconciliación implementamos un programa que funcionó en Medellín, Colombia, en donde se vivía una situación similar a la de Acapulco, provocada por el crimen organizado. –¿Las iglesias firmaron un acuerdo con el gobierno municipal? –Sí. A ello nos llevó el hartazgo de ser indolentes, el dejar de actuar ante los problemas que se suscitan en el país y que se han agravado en ciudades como Acapulco. Hoy trabajamos de frente con la sociedad. El acuerdo está basado en un estudio denominado Cuadrantes de dificultad en Acapulco, a donde vamos a entrar con un programa de reconciliación con la ciudadanía, pero desde un planteamiento de la fe. –¿Con esto los cárteles dejarán de operar en Acapulco? –Lo que hay que hacer es cuidar nuestro territorio y cuidarlo desde la parte más sensible, que es la parte de la comunidad, del barrio, de la colonia. Si nos organizamos desde allí vamos a poder cuidarnos y vamos a poder ir tejiendo fino a la sociedad. Iremos componiendo situaciones que se han descompuesto de algunos años a la fecha. Tenemos gran confianza. Para la zona costera se preparó a 200 elementos que integrarán la nueva Policía Turística; además, habrá uniformados que estarán en la capitanía de puertos “cuidando la integridad de los turistas dentro y fuera del mar”. Las dudas Laura Caballero, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera Miguel Alemán, considera fallidos los operativos: “Desde hace algunos meses en que se desató la violencia y los hechos sangrientos, los ‘turisteros’ lanzamos un SOS. Sólo en la costera cerraron 60% de los negocios, mientras que algunos bares y discotecas abren sólo dos días a la semana”. Caballero hace un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo y a los alcaldes para que reconozcan la magnitud del problema de seguridad en el puerto. Javier Reynada Carbajal, presidente de restauranteros de Acapulco, aseguró que los recientes asesinatos en la zona turística han generado pánico y terror entre los agremiados, ante lo cual han optado por un “toque de queda” después de las siete de la tarde. El ataque armado en el restaurante Buzos, en la calle Cristóbal Colón, es señal de que nadie está a salvo. Debido a las amenazas o a los atentados, cerca de mil negocios han sido desplazados. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, afirma que las continuas muertes violentas y balaceras sobre la costera Miguel Alemán provocaron el cierre de negocios a partir de las ocho de la noche: “La autoridad debe de asumir su papel, pues pequeños y grandes empresarios deciden entre solventar impuestos y pagar ‘derecho de piso’”. A su vez, unos mil maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, trabajadores del Colegio de Bachilleres y de la Dirección General Técnica Industrial marcharon el jueves 12 por las calles de Acapulco para denunciar las extorsiones y secuestros de las que son objeto. Personal de tres escuelas denunció que hombres armados ingresaron a las instituciones y exigieron que se les entregaran los aguinaldos de los profesores. De inmediato 14 planteles cerraron. El director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Guerrero, Édgar Martín Parra, declaró que no se descontará el salario a los maestros que por la inseguridad falten a clase. “Estamos protegiéndolos –dijo–. Los llamamos a que se concentren en las supervisiones de los centros de trabajo”. El sacerdote Bulmaro Hernández, quien se encuentra a cargo del Observatorio Pastoral de la Realidad Social, dependiente de la arquidiócesis de Acapulco, señala: “A pesar del nuevo programa policiaco-militar de seguridad implementando por el gobierno federal, se ha recrudecido muchísimo la violencia. Estamos viviendo una crisis humanitaria, una emergencia en materia de derechos humanos.” Indica que actualmente “14 escuelas en Acapulco han suspendido totalmente sus clases debido a que hombres armados entraban a ellas y les exigían cuotas mensuales de entre 10 y 40 mil pesos”. Además, dice, “hay otras 62 escuelas que están trabajando parcialmente debido a la inseguridad y la violencia”. Según el informe Proceso de construcción de la paz en la arquidiócesis de Acapulco, elaborado por la propia arquidiócesis, “en una ciudad con 1 millón de habitantes se puede decir que la mayoría de la población ha sido víctima de alguna forma de violencia, como las extorsiones, las amenazas y el cobro de piso. Por cada víctima de la violencia que se registra de manera directa, hay un entorno de 10 personas más que son afectadas de forma indirecta”. Los secuestros se han disparado y hoy cualquier acapulqueño es secuestrable, indica el estudio. Señala también que Acapulco es un “puerto de alcance internacional” en el que poco a poco se tuvo que “responder a la demanda de drogas que ciertos sectores del turismo requiere”. Ahora, ante la actual expansión de la violencia, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, comenta sobre el acuerdo que el Consejo Interreligioso de Guerrero –al que pertenece su arquidiócesis–firmó con la alcaldía de la ciudad el pasado 19 de octubre: “Es un acuerdo de voluntades entre las distintas iglesias y el gobierno municipal a fin de combatir la violencia. Nosotros apoyaremos los programas de convivencia y de seguridad implementados por el gobierno; éste apoyará nuestras actividades y nos facilitará las plazas, los parques y otros lugares públicos que necesitemos.” El documento, firmado por el alcalde Velázquez Aguirre; el presidente del Consejo Interreligioso, Salvador Cisneros, y el arzobispo Carlos Garfias, estipula que uno de sus principales objetivos es “generar un cinturón de seguridad social” para proteger de la violencia a los acapulqueños. Agrega que las actividades que se implementarán serán de “índole cultural, artístico, recreativo, deportivo y de esparcimiento” encaminadas a promover “valores humanos, morales y éticos” sin fines partidistas ni de proselitismo religioso. Garfias adelanta que toda esta semana las iglesias y la sociedad civil realizarán manifestaciones, celebraciones litúrgicas y encuentros de reflexión. “Será la Semana por la Paz. En la arquidiócesis estamos poniendo todo nuestro empeño por alcanzar la paz y la reconciliación. En estas jornadas, en las cuales participarán dos importantes redes sociales: Guerrero es Primero y Red Acapulco por la Paz, incluyen una marcha multitudinaria el sábado 21 que partirá de la catedral de Cristo Rey y concluirá a un costado del Centro de Convenciones de Acapulco. Apenas la mañana del lunes 16, el exdirector de Gobernación del ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, Felipe Loyo Malabar, fue asesinado afuera de su domicilio, en la colonia Hogar Moderno de ese puerto. El cuerpo del exfuncionario fue hallado con varios impactos de bala en el asiento del piloto de su automóvil, un Jetta café, estacionado en la calle Río Atoyac.
Luego de que las autoridades policíacas recibieron el reporte del homicidio, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, el hermano de la víctima, el exfiscal Pedro Loyo Malabar, identificó el cadáver. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA/ RODRIGO VERA (REPORTAJE ESPECIAL). LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420914
CANCUN, Q. Roo: Más allá de las playas de fina arena blanca y mar azul turquesa, la zona urbana de Cancún sigue creciendo sin control y se torna cada vez más violenta. En lo que va de este año, ocho mujeres han sido brutalmente asesinadas, cinco de ellas en los últimos dos meses, sin que hasta ahora se haya resuelto ninguno de los casos y mucho menos, castigado a los culpables. Hasta ahora el gobierno ha anunciado la detención cuatro presuntos asesinos pero la desconfianza es tal que los cancunenses creen que se están fabricando culpables para salir del paso. Justo el jueves pasado, el gobernador Roberto Borge dio a conocer la captura Carmen Ramos Pérez, “El Conejo”, un lava autos que habría confesado ser el asesino de María Karen Carrasco, la estudiante de Turismo de la Universidad del Caribe cuyo caso detonó protestas y una movilización de miles de personas el pasado 1 de noviembre. Ante la ola de asesinatos que el gobierno de Borge rechaza tipificar como feminicidios, activistas y legisladores de oposición urgen a declarar la alerta de género en la entidad pero hasta ahora no ha habido respuesta. El diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, consideró que el gobierno del estado no debe de evadir que se declare la “alerta de género” en Quintana Roo porque el tema va más allá del aspecto penal. Implica, dijo, acciones de prevención y destinar más recursos para servicios públicos. Parte de la inseguridad que permea en la entidad, indicó, es la deficiencia en los servicios públicos. Hay, por ejemplo, predios cubiertos de maleza, falta de luminarias y “no hay ninguna política de desarrollo social en la entidad”. Por el contrario, criticó, el actual Ayuntamiento modificó el Plan de Desarrollo Urbano para permitir la construcción de casas de 34 metros cuadrados, que son “ollas presión” por la violencia intrafamiliar. Además del rezago, advirtió, Cancún enfrenta un declive como generador de empleos y sigue siendo un imán para migrantes. “Los salarios equivalen a un cuarta parte de lo que eran hace unos años. Tenemos gente que lleva hasta un año sin trabajo”, refirió. Y advirtió: “En Cancún hay un verdadero caldo de cultivo para la inseguridad y la violencia”. Aguilar Osorio afirmó que en Quintana Roo “hay muchas leyes” para la protección a la mujer, incluso la legislación en la materia está homologada con la federal. Sin embargo, acotó, estas leyes no se aplican porque no hay recursos para cumplir la ley, como contar con casas y albergues para mujeres víctimas de violencia. “Lo que sí hay son recursos para pagar publicaciones que insultan a las mujeres”, lamentó. Con él coincide la activista de defensa de los derechos humanos y de protección a la mujer, Rosa María Márquez, quien afirmó que si bien hay leyes, no hay una política pública en Quintana Roo para proteger a las mujeres de la violencia. Quintana Roo cuenta con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es preventiva y correctiva, “pero marca que haya refugios y no lo hay”, acusó. Pidió a las autoridades estatales no tener miedo a la alerta de género la cual permitiría aplicar estrategias de protección a las mujeres y no sólo de reacción ante un crimen. “Atrapar a una persona no resuelve el problema”, subrayó. Bryan Toriz, un activista universitario quien fue uno de los organizadores de la marcha en repudio por la muerte de Karen Carrasco cuanta que tras la manifestación ha sido atacado a través de redes sociales, no solo por “trolles” o “bots”, sino por funcionarios públicos de militancia priista. Y tras el anuncio de la detención del presunto homicida de Karen afirmó que ello no significa justicia, además de que también “se podría estar creando un presunto culpable”. “Lo vemos como un golpe mediático para responder a la presión nacional”, apuntó. Cronología de asesinatos Rosa Margarita Pérez Oliva, de origen cubano, fue la primera víctima del 2015. Fue en contra en un domicilio ubicado en la Región 94, en una de las zonas más “antiguas” de esta ciudad. La mujer de 52 años recibió más de 30 puñaladas. Inicialmente se informó que el móvil fue el robo de su vehículo, pero éste fue encontrado después en otro punto la ciudad. La síguete conclusión fue la “venganza” pero su asesinato continúa sin resolverse. El 15 de abril de 2015, en Cuna Maya, María Fernanda Vargas, Sánchez, una chica de 13 años, fue violada y asesinada en un lote baldío. Su madre vendía tamales y ella había acudido a comprar las hojas en el fraccionamiento contiguo, “Vilas del Mar”. Tenía que recorrer una brecha en medio de un lote baldío destinado a “área de equipamiento urbano”. Ahí fue ataca. El agresor la violó y luego la mató. El cuerpo de la adolescente fue encontrado desnudo, con heridas en la espalda provocadas por un picahielos y con su blusa alrededor del cuello, con la que aparentemente fue estrangulada. El 11 de junio fue hallado el cadáver de otra mujer al final de la Zona Hotelera, sobre una piedra, y con huellas de haber sido abusada sexualmente y estrangulada. A casi seis meses de los hechos su caso no sólo sigue impune sino que ni siquiera ha sido identificada. Los asesinatos se hicieron más frecuentes a partir de octubre. El 18 de ese mes, Rebeca Rivera Neri fue encontrada semidesnuda con golpes y huellas de haber sido estrangulada en el fraccionamiento Paseos del Mar en la Región 251, en la periferia de la ciudad. Procedía de la comunidad de Mata Loma, municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, y aparentemente vivía sola y era bailarina de profesión. La indignación por su asesinato no pasó de las redes sociales. La tarde del 26 de octubre, María Karen Carrasco Castilla, estudiante de la Universidad del Caribe, regresaba de la escuela y como todos los días tomaba un atajo, a través de un lote baldío, para llegar a su domicilio, una pequeña casa en un fraccionamiento de interés social, denominado La Guadalupana, en la periferia de la ciudad. En el lote baldío fue atacada por un sujeto. La tundió a golpes y al final la asesinó con una roca en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, frente a la “Guadalupana”. Paloma Guadalupe Balam Poot fue hallada muerta la madrugada del 2 de noviembre en una calle del fraccionamiento Villas del Mar III, también en la periferia de la ciudad. Paloma tenía 18 años recibió siete puñaladas en la espalda, dos en el abdomen y fue degollada. Su cadáver fue arrastrado unos 300 metros hasta una de las calles interiores del fraccionamiento. La joven mujer vivía el mismo fraccionamiento que su madre. Se había refugiado con ella porque sufría agresiones de su pareja, un elemento de la Policía Preventiva Municipal. El 3 de noviembre, Abril Alejandra López Valencia, de 36 años, fue hallada sin vida en un lote ubicado a un costado del hotel Parnassus, donde trabajaba como tatuadora. Fue golpeada y asesinada dejándole caer una roca en la cabeza. El más reciente homicidio corrió el 6 de noviembre. Elsy del Rosario Sánchez Pisté, maestra de spinning fue encontrada desnuda, con moretones en el cuerpo y estrangulada en su vivienda, en el fraccionamiento Paseos Kabah en la región 233. La joven de 21 años, originaria de Mérida tenía un pequeño salón de spinning dentro su vivienda y también era maestra de salsa. A estos asesinatos contra mujeres registrados en uno de los destinos turísticos más importantes del país, se suman al menos dos más registrados este año, uno en Playa del Carmen y otro en Chetumal. El 5 de noviembre, en Playa del Carmen, a 70 kilómetros al sur de Cancún, fue encontrada sin vida Inés May Ovando, de 32 años, quien fue apuñalada en una vecindad en la colonia Luis Donaldo Colosio. La Procuraduría estatal pretendió ocultar este homicidio, sin embargo, trascendió en medios locales y terminó por confirmarlo. El 9 de noviembre, en Chetumal, fue asesinada Yolanda Sánchez Pérez, en el interior de su domicilio en la colonia Jardines. Su pareja, Jaime Abraham May Alfaro “El Güero”, quien estaba ebrio y drogado la tundió a golpes hasta matarla. Los presuntos asesinos De esta serie de homicidios la Policía Judicial (PJ) ha detenido a cuatro presuntos responsables. El primer detenido fue el supuesto asesino de Abril Alejandra López Valencia. El sujeto fue identificado como César Castillo Ríos, de 29 años, quien era pareja de la víctima y fue aprehendido un par de días después del homicidio. En medio de la presión mediática, la PJ dio con el homicida de Maryfer. La Procuraduría informó el pasado domingo que el asesino es Luis Enrique Meza Calderón “El Peque”, quien fue encontrado y arrestado en Acapulco. La mañana del jueves pasado, el gobernador Roberto Borge, dio a conocer la captura Carmen Ramos Pérez (a) “El Conejo, un “lava autos”, supuesto asesino confeso de Karen Carrasco. Jaime Abraham May Alfaro “El Güero”, el esposo y asesino de Yolanda Sánchez, fue detenido en Chetumal por la Policía Preventiva Estatal minutos después de los hechos. Borge: no son feminicidios Desde antes que la PJ empezara a detener a supuestos culpables de esta serie de asesinatos, el gobernador Roberto Borge ha mantenido la postura de que en la mayoría de los casos no se trata de feminicidios, sino de crímenes pasionales y arremetió contra las organizaciones que han reclamado la alerta de género. Y acusó que se trata de una campaña de sus opositores que quieren lucrar políticamente con los asesinatos: “Me han indagando mucho los hechos de las últimas dos semanas, lamentables, que comparto con mucha gente que se ha manifestado y que está indignada.
“Pero también me indigna la actitud de ciudadanas y ciudadanos afines a partidos políticos que ustedes saben cuáles son, que no son parte del partido político al cual yo represento, los cuales están tratando de lucrar políticamente con la tragedia de familias quintanarroenses”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420915
