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La SRE es refugio de dinos que perjudican la imagen de México en el extranjero: analistas

Legisladores y académicos expertos en derecho internacional y protocolo condenaron el nombramiento de cónsules y embajadores sin experiencia a los que simplemente se busca sacar del país para alejarlos de la vida pública o “darles vacaciones”.

La imagen de México en el mundo estaría menos deteriorada si en algunas embajadas y consulados estuvieran como titulares personal diplomático de carrera en lugar de políticos a los que el gobierno envió fuera de país para librarlos de la condena ciudadana por su mal desempeño como servidores públicos coincidieron ex funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), legisladores y académicos expertos en derecho internacional y protocolo.

México – según la página oficial de la Internet de la SRE– cuenta actualmente con 80 embajadas y 68 consulados. Ahora, se teme que siguiendo con la tónica que llevó al ex Gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrara Beltrán, al consulado de Barcelona, en España, en las próximas semanas otros ex funcionarios como Rodrigo Medina de la Cruz [ex Gobernador de Nuevo León], Jesús Murillo Karam [ex Procurador General de la República], Emilio Chuayfett Chemor [ex Secretario de Educación], Eloy Cantú Segovia [ex Diputado Federal] y Enrique Martínez y Martínez [ex Secretario de Agricultura] puedan ser llamados por el Presidente para ocupar sedes diplomáticas, según una versión publicada en 6 de noviembre en la columna “MKIAVELO” del diario El Norte.

Uno de los motivos que permite a estos personajes llegar a las sedes diplomáticas es que el Presidente tiene la facultad directa de nombrarlos, en algunos casos sin que sean ratificados por el Senado, como sucedió con Herrera Beltrán.
“El servicio exterior está siendo utilizado. El Gobierno federal no desea tener a estos personajes en el país o quiere protegerlos”, aseguró Pedro Labariega Villanueva, ex funcionario de la SRE y autor del libro Derecho diplomático, normas, usos, costumbres y cortesías.

“El prestigio internacional de México ha caído mucho. El hecho de que el Presidente esté saliendo mucho nos da una idea de que en el exterior no se conoce la realidad del país y por eso el Presidente tiene que estar haciendo y recibiendo visitas”, añadió.

No sólo es el caso de Herrera Beltrán, en la lista de embajadores y cónsules que e encuentra en la página de la SRE se pueden contar al menos 13 personajes, algunos no siquiera con trayectoria política, sin experiencia en las relaciones diplomáticas propias del personal de servicio exterior de carrera.

“Desde hace más de 10 años hace falta visión sobre la Cancillería en estos temas, pero en los últimos tres años se ha hecho más evidente, porque ninguno de los dos secretarios [de Relaciones Exteriores] en este sexenio tiene un perfil y una cercanía de política exterior, son nombramientos políticos que no recogen las necesidades de México para realizar su política exterior”, opinó la Diputada Federal de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Corichi García, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.




LOS CUESTIONADOS:

El caso más polémico es el de Herrera Beltrán, quien fue cuestionado tanto en México como en España por los casos de corrupción registrados durante su gobierno (2004-2010).
“Tenemos mucha más indignación, mucha más tristeza y rabia que miedo (…) lo que tenemos son preguntas y esperamos respuestas”, afirmó en una conferencia de prensa el 4 de noviembre la escritora, periodista y activista catalano-mexicana Lolita Bosch, tras conocer el nombramiento.

Otro caso cuestionado por la legisladora del MC es el del Embajador de México en Reino Unido, Diego Antonio Gómez Pickering, “no ha tenido ni siquiera trayectoria como negociador y la responsabilidad que tiene no es menor”. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, pidió incluso su destitución luego de que durante las pasadas fiestas patrias, cambiara la tradicional arenga de “¡Viva México!” por la de “¡Viva Porfirio Díaz!”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa, Rabindranath Salazar, expuso que el hecho de que Gómez Pickering hubiera cambiado al arenga, obligaba a que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo separara de su representación diplomática.


Pero la polémica no terminó ahí, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta, Fernando Herrera Ávila estimó que la SRE tendría que haberle mandando “por lo menos un extrañamiento por confundir a los héroes de la Independencia con los de la Revolución, ya que también lanzó vivas a Emiliano Zapata” .

En septiembre pasado, Gómez Pickering también tuvo que salir al paso luego de que el líder laborista inglés, Jeremy Corbyn, le enviará una misiva en la que criticaba la forma en la que el gobierno mexicano había manejado el caso de los 43 alumnos desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, el Embajador respondió con un resumen de las acciones hechas por el gobierno mexicano, difundidas a través de los medios de comunicación, como la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajar en México, la última reunión del Presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los normalistas y el anuncio de la nueva Fiscalía Especializada para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas.

Casos como este “de alguna manera han creado al interior de la SRE una inconformidad por parte de los miembros del servicio exterior porque a embajadores de alta calidad, como en el futbol, se les ha puesto en la banca, los han ido relegando porque las políticas públicas y exterior de México de los últimos presidentes, desde Ernesto Zedillo (1994-2000), han sido la preocupación por un México totalmente comercial, más que agentes diplomáticos son agentes comerciales y la política exterior de México se ha ido a un lado”, expuso Labariega.

Otro caso citado por la legisladora de Movimiento Ciudadano es el del priista Fernando Castro Trenti, quien tras perder la elección a Gobernador en Baja California, el año pasado, fue designado como Embajador de México en Argentina.
“Otro crucial es Fernando Castro Trenti que durante el tiempo en que fue Senador, en el tema de política exterior no tuvo ningún desempeño, ni siquiera participaba en temas de política exterior”, expresó Corichi.

Un Embajador cuestionado antes de su nombramiento es Carlos Fernando Almada López, ahora representante de México en Japón, aunque ya tenía experiencia en la Embajada de Portugal, se le acusó de haber formado parte de uno de los escándalos de peculado más relevantes en los últimos 15 años: el caso Pemexgate, que lo mantuvo durante cinco años prácticamente a salto de mata, hasta que los abogados Alonso Aguilar Zínser y el reconocido Marco Antonio Zazueta lo sacaron adelante. Luego se reincorporó a la actividad pública en el Gobierno de Nuevo León: primero en la administración del priista Natividad González Parás, y luego con Rodrigo Medina de la Cruz, también del tricolor, con quien fue jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de la entidad y coordinador de Asuntos Internacionales de ese gabinete.

El ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, como cónsul en Orlando, Florida, fue otro de los que despertó un amplio debate. Sabines Guerrero gobernó la entidad de 2006 a 2012, durante y después de su mandato se le acusó de una serie de excesos como haber dejado una deuda de 40 mil millones de pesos, el gasto de 22.5 millones de pesos en la remodelación de su despacho y un faltante de mil millones de pesos por obras públicas no ejecutadas, según detectó la Auditoría local.
“Lo menos que se puede pedir es que si son personajes que no tienen carrera diplomática, que al menos sean personajes presentables para que no lleguen a las sedes diplomáticas personas con mala fama pública, sin ética. Habría que ser más vigilantes de la seriedad de estos personajes y si tienen o no las características para representar al país”, expresó Jazmín Sánchez estrada, experta en Derecho Diplomático y Protocolo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.

Por su parte, la Diputada Corichi destacó el caso de la ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, ex Embajadora de México en Cuba y actual representante en Brasil desde 2013, a quien la reconoció por su trayectoria política, pero criticó por su falta de experiencia diplomática, a pesar de haber sido ya dos veces representante en otros países.

Un caso más es el de Marisela Morales Ibáñez, actual Cónsul en Milán, Italia. El nombramiento de la ex Procuradora General de la República, cuya designación, según dijo en 2013 el Senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, fue una especie de “carta de impunidad”, por su papel en casos como el llamado “Michoacanazo” y la falta de un debido proceso en el caso de la francesa Florance Cassez, quien salió libre tras ser sentenciada por secuestro.

Una polémica reciente es la del nombramiento de el académico Miguel Basáñez Ebergenyi como Embajador en Estados Unidos. Los senadores panistas Mariana Gómez del Campo Gurza, Javier Lozano Alarcón y Marcela Torres Peimbert cuestionaron su falta de experiencia como diplomático, ya que en su labor tendrá que defender a los mexicanos de cuestiones como las críticas racistas y xenofóbicas del precandidato republicano, Donald Trump.

En una reunión con senadores el 31 de agosto pasado, el académico aceptó carecer de experiencia diplomática internacional, a cambio ofreció todos sus conocimientos en “diplomacia ciudadana”.

– ¿Cuál es su opinión del Cónsul en San Francisco Andrés Roemer?, se le pregunta a la Diputada del MC.

– ¿Qué te puedo decir? El suyo es de esos nombramientos de gente cercana al ciertos políticos que se han estado dando y esas son las que tiene que mandar el Ejecutivo no sólo al Senado sino también a la Cámara de Diputados, para que sean ratificados o rechazados.

LA DIPLOMACIA Y EL PODER PRESIDENCIAL

Todos los entrevistados cuestionaron la falta de reformas en materia de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y del Articulo 89 de la Constitución en lo referente a los nombramientos de embajadores y cónsules.

El Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos en su fracción III señala de manera textual: “Las facultades y obligaciones del Presidente “nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado”.

Mientras que la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala en su Artículo 19: “Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular”.
“Independientemente de que un funcionario de carrera sea designado Embajador o Cónsul General, el Presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a menos que la separación ocurra en los términos de la fracción II del artículo 57 de esta Ley”, concluye.

El problema, a juicio de los entrevistados, es que en algunos nombramientos son acuerdos políticos los que operan, demeritando con personajes de dudosa autoridad moral y sin conocimiento de protocolos diplomático la imagen de México en el extranjero.

“Si bien la política internacional es a través de los jefes de estado, la labor que hacían nuestros diplomáticos ha caído bastante fuerte. La política del presidente y de la SRE ha respondido más a un aspecto de carácter político y no a un política que responda a las necesidades internacionales, expresó Labariega Villanueva.
“México antes era líder en América Latina, pero ahora Brasil y Argentina, con todo y sus problemas, lo son. Hemos tenido varios tropiezos porque los diplomáticos no han podido cuajar, tenemos el caso Cassez, esto sucedió porque México no supo presionar y no supo sellar la relación con Francia que se venía dando con cierta frecuencia a y través de una diplomacia cultural”, agregó.

En este contexto, la Diputada Corichi destacó que las inconformidades que el desplazamiento de diplomáticos de carrera está provocando “son peligrosas”, por ello, consideró necesario aplicar una reforma a la ley y a la Constitución para asegurar que quienes ocupen estos puestos sean personal diplomático de carrera y con calidad moral comprobada.

Otra reforma que consideró necesaria es que la responsabilidad de los nombramientos no sólo recaiga en el Presidente y el Senado sino también en la Cámara de Diputados.


A través de un correo electrónico se pidió a la SRE información sobre los mecanismos para nombrar a su personal diplomático, sin embargo, no se recibió respuesta alguna.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1549155

BORGE CUENTA DÓLARES PERO NO LOS CUERPOS: 20 FEMINICIDIOS EN 2015

El asesinato de siete mujeres en menos de tres semanas en Quintana Roo, a la luz del día o en la tiniebla, volvió a conmocionar a México porque fue reflejo de uno de sus problemas más insoportables: el feminicidio. El Gobernador Roberto Borge Angulo rechazó una Alerta de Género, minimizó las muertes y pidió que no fueran “politizadas” para “no afectar” la derrama económica en ese destino turístico. Tanto la incidencia del delito como el mensaje político han hecho que en ese territorio del Caribe se haya instalado el riesgo.

Ciudad de México, 16 de noviembre: De seguir los números, no hay ninguna duda que, para los turistas del mundo, Quintana Roo es el paraíso en la Tierra.

En las oficinas de la Secretaría de Turismo del estado se analizan datos que engolosinan: dado un volumen de reservaciones que llegó al 84.3 por ciento, este año cerrará con una derrama histórica de poco más de ocho mil 200 millones de dólares debido a la imparable afluencia por mar, aire y tierra. Los cruceros no dejaron de llegar; tampoco los aviones repletos de hombres y mujeres atraídos por la brillantez de Cancún y la Riviera Maya.

Las cifras oficiales brindan un relato espléndido. En el primer cuatrimestre del año, Quintana Roo recibió tres millones 740 mil 497 turistas, 5.9 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, cuando ya se había impuesto un récord.

Es más, debido al Cancún Travel Mart –una feria magna para proveedores turísticos de todo el mundo– la demanda superó a la oferta de infraestructura.


Quintana Roo es el primer destino turístico de México.

De seguir los números, no hay ninguna duda de que, para sus mujeres, Quintana Roo es la parada del infierno. 2015 cerrará con datos macabros: casi veinte asesinatos, siete de los cuales ocurrieron en las últimas dos semanas. Será un número que se añada a la montaña de cadáveres que figuradamente tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo en sus archivos. En 2012 se documentaron 15, un año después 20 y durante 2014, se contabilizaron 12.

Cuchilladas, puñaladas, labios que simulan flores desgranadas, charcos de sangre en baños y habitaciones, articulaciones rotas, cuellos amoratados. La muerte no anda rondando; se ha hecho presente. Y parece que ha encontrado aliados para que este territorio sea propicio. Cuando, el 4 de noviembre pasado, el cuerpo de Abril Alejandra López Valencia (36 años, originaria de Mérida, migrante en su propio país) fue encontrado en una zona verde que rodea la zona hotelera de Cancún, el Gobernador Roberto Borge Angulo iniciaba una visita a Londres, Inglaterra, para visitar la feria del Travel Market, organizada allá. Fue en su calidad de presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Al lado de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Masseiu, inauguró el pabellón de México.


Desde allá, envió un comunicado.
“Los que hablan de feminicidios y promueven que se emita esta alerta sólo buscan atentar contra el éxito de Quintana Roo, frenar el desarrollo y crecimiento sostenido en turismo, generación de empleos, economía familiar. Quienes hacen esta propuesta, estoy seguro, no conocen siquiera la ley.
“Lo que vemos es que se dispararon en 15 días los casos de violencia intrafamiliar (…) Hay grupos que se han querido aprovechar de estos hechos lamentables… para querer generar un estado de psicosis”, dijo el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Quintana Roo es el estado número 13 en feminicidios de la República Mexicana.

¿POR QUÉ BORGE DICE LO QUE DICE?

El boletín del gobernante fue emitido después de que el Colectivo Ciudadano de Avance Legislativo (Aval) de Quintana Roo y el grupo #Niunamenos de la Universidad del Caribe solicitaron al Gobierno Estatal y al Congreso del Estado su intervención para que se envíe a la Secretaría de Gobernación (Segob) la a solicitud de alerta de género para Quintana Roo. Hasta el cierre de este texto, la solicitud tenía cinco mil firmas.

No hay grandes expectativas. Porque en aquella península del Caribe mexicano, la historia para darle frente a la muerte de mujer ha ocurrido al revés:

En 2011, cuando tomó posesión, Roberto Borge Angulo recibió un estado con “nivel medio” de riesgo para las mujeres, de acuerdo con el primer índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG), elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Un año después, el entonces Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se presentó en la Cámara de Diputados federal con el “Informe Relativo a las Acciones Implementadas en Quintana Roo, en relación a los Feminicidios Registrados en el País”, del que este sitio digital tiene una copia.  En ese entonces y de acuerdo con el documento archivado en el Congreso de la Unión, el funcionario dijo:
“Conscientes de la imperiosa necesidad de reducir al menor número que sea posible la incidencia de la violencia de género, en particular de las muertas y desapariciones de mujeres y de niñas, hemos emprendido acciones que buscan su protección. Nos encontramos ante conductas que amenazan con el orden social, por ende una de las primeras medidas que debemos adoptar es reconocer e identificar dichas conductas; por su incidencia, por el sector específico al que pertenecen las víctimas, a través de un estudio de sus principales rasgos socio-demográficos, por las circunstancias en las que ocurren y por el tratamiento que se le da a cada una de ellas”.

Prosiguió: “En segundo término, es necesario investigar los factores que favorecen o condicionan su realización, teniendo en cuenta que los factores no determinan las conductas sociales, sino que las propician …”.

El 24 de mayo de ese mismo 2012, el Congreso del estado emitió un decreto para modificar diversos artículos del Código Penal y tipificar el feminicidio. En el artículo 89 bis del Código Penal quedó estipulado que este delito se comete por razones de género. En las fracciones de la uno a la seis las describe. Una es que existan antecedentes de que el asesino haya ejercido sobre la victima violencia familiar.

Ya con un marco jurídico, el Procurador logró su cometido. Para 2014, sólo había un caso de feminicidio en la entidad.

¿Cómo le hizo este funcionario para erradicar en apenas dos años uno de los problemas más insoportables de México? Él mismo dio la respuesta en una rueda de prensa. Informó que la PGJE determinó tipificar como feminicidios sólo cuando se tratara de asesinatos seriales en contra de mujeres.
“No hemos tenido casos que pudiéramos catalogar como feminicidios. Porque nosotros no hacemos, incluso cuando tenemos un hecho (de homicidio contra una mujer) aunque sea violento, porque corremos el riesgo de que si no se dan los elementos de feminicidio como tal, puede el acusado obtener su libertad”, dijo.

Entonces, indicó que el único proceso de feminicidio en la entidad fue contra Jorge Rosales Piña, quien está bajo proceso por el asesinato de cuatro prostitutas en Chetumal. Así, el Procurador desechó el caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en una colonia popular en diciembre de 2013. Y también el de una joven chiapaneca quien apareció muerta en un cuarto de hotel de Cancún. Y ya no tomó en cuenta ni los charcos de sangre ni las huellas púrpura en ninguno de los cuerpos que aparecieron después. Ni siquiera cuando el asesino fue la pareja amorosa.

Sus palabras acentuaron la idea jurídica: “El feminicidio, en términos generales, va enfocado a que el delito se comete por el asunto de género. Es decir, es sólo una fobia, un coraje al solo hecho de que se trata de una mujer”.

Italy Ciani es autora de “Si te callas, te mueres. La violencia contra las mujeres en México”. Fue Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México, la primera instancia de este tipo creada en México. Experta en la incidencia de feminicidios, expone: “La tipificación del feminicidio ayuda mucho. Brinda la posibilidad de diferenciarlo de los homicidios dolosos donde muchas veces, las mujeres quedan invisibles en las estadísticas. Las víctimas terminan como un número entre atropellados o víctimas del crimen organizado. Después, es imposible conocer la causa de su muerte”.

Para Ciani Sotomayor, las palabras del Gobernador Roberto Borge en su boletín desde Londres, extrañan si se lee al pie de la letra la fracción primera del artículo 89 bis del Código penal de Quintana Roo, el reformado en 2012. “Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima violencia familiar [en términos del artículo 176 BIS del Código Penal]. [Borge sostuvo que las muertes en Quintana Roo se debían a una violencia intrafamiliar exacerbada y que por lo tanto, no encuadraban en la tipificación de feminicidios].

Cuando el pasado 15 de septiembre, Gaspar Armando García dejó el cargo de Procurador; el Secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loria resaltó que en su gestión la incidencia delictiva había disminuido y además, se había aplicado con éxito el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Pero hubo un delito por el cual, no se castigó a nadie: el feminicidio. La PGJE de Quintana Roo respondió a una solicitud de información a través de los mecanismos de Transparencia que no cuenta con información sobre si alguna persona había sido procesada o se le sigue proceso en este momento por tal delito.


FEMINICIDIOS NEGADOS

Aunque hay un abismo entre las cifras de antes y después de la modificación del Código Penal de Quintana Roo mediante la cual se tipificó el feminicidio, la muerte no descansa. Si se escarba un poco entre los casos que la misma PGJE ha hecho públicos, se infiere que las mujeres en la entidad paradisiaca están muriendo por una causa: machismo. En los siguientes asesinatos se alcanza a ver como constante. Ninguno está tipificado como feminicidio, por lo que estos nombres tienen el riesgo de ser olvidados en las estadísticas de la muerte que esconde causas, motivos y patologías sociales.

Abril Alejandra López Valencia: Ella se fue el 1 de noviembre. La vida se la arrancó César Neri quien ya está detenido. En las horas en que Abril Alejandra no aparecía, él colgó un video en Facebook para informar sobre su desaparición. Lloró mucho frente a la cámara de la computadora y entre sollozos ofreció una recompensa económica a quien brindara información. Él fue su pareja. Ambos trabajaban en el Hotel Parnassus. Los elementos de la PGJE que investigan el caso creen que la tarde fatídica, ella le informó que se casaría con otro. A Abril la identificó su padre por un tatuaje y un collar con un dije. La necropsia reveló una hemorragia cerebral y traumatismo cráneo-encefálico severos. El asesinato no pasó a la historia como feminicidio porque el cuerpo de Abril no presentó signos de ataque sexual.

Rebeca Rivera Neri: Fue encontrada el domingo 18 de octubre. Su cuerpo reveló que perdió la vida por estrangulación. Tenía golpes salvajes y el rostro destrozado. Ella integraba el fenómeno de migración interna que vive Quintana Roo dada su derrama turística. Iba de Veracruz. Tenía signos de haber tenido relaciones sexuales antes de la muerte. La PGJE informó que puede presumirse que Rebeca conocía a su asesino. Por esta muerte no se ha detenido a nadie. Esta historia no está encuadrada en el delito de feminicidio porque no hubo agresión sexual ni se trata de un serial.

María Fernanda Vargas Sánchez: Tenía 13 años de edad. Fue violada y asesinada a golpes de pica hielo en abril de este año. Por su desaparición se lanzó la alerta Amber. 12 horas después, fue encontrada en un camino de terracería frente al fraccionamiento Paseos del Mar en la Región 251. Por la investigación de su muerte, la PGJE abrió dos líneas de investigación. Una, la venganza. La otra: un crimen cometido por un drogadicto. La primera se fincó por el hecho de que la menor y todos los habitantes del fraccionamiento Paseos del Mar utilizaban el camino de terracería para ir a las tiendas ubicadas en la colonia Cuna Maya. El otro posible móvil es que la zona del asesinato está llena de maleza. Se impuso la segunda y siete meses después, la PGJE detuvo a Luis Enrique Meza Calderón “El Peke” en Acapulco, Guerrero.  El sujeto, cuya edad no fue revelada; pero en apariencia está en sus treinta, aceptó que él fue quien asesinó a la menor cuando se encontraba bajo los influjos de varias drogas. Se investigó por homicidio grave y no por feminicidio porque no se trató de un serial.


LA ALERTA DE GÉNERO: NO, NO, NO

Acéfala durante el primer semestre de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Conavim tiene el encargo de instalar el mecanismo de Alerta de Género en una demarcación cuando alguna Organización no Gubernamental o el mismo gobierno lo solicite. Pero de ocho millones de pesos etiquetados para ese fin, este año sólo ha gastado 179 mil 949.71 pesos, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información en el folio 0000400156615 del Infomex. El gasto fue para viáticos y pasajes de los expertos que hicieron trabajo en terreno.

En julio, el propio Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, solicitó la Alerta para 11 municipios de su entidad. Después de una década de violencia en contra de las mujeres de manera sistemática, después de muchos cadáveres encontrados debajo de los puentes o en plena vía pública, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultilán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco instalaron por primera vez en el país el mecanismo.

Promulgada en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marcó que la alerta no sólo es la declaración de riesgo en un territorio, también implica otorgar satisfacción en cuatro puntos: la aceptación de los Gobiernos de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; la instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se resiste a la alerta de Género. Primero en un boletín y luego en entrevista radiofónica con Grupo Imagen descartó que en la entidad que gobierna haya condiciones para decretarla. Su argumento es que ninguna de las muertes reúne las condiciones para ser consideradas como feminicidios. Los últimos, sostuvo el Mandatario, son casos de violencia intrafamiliar.

‒ ¿No se dan los elementos para que se declare Alerta de Género; descartas que detrás de esto haya causas de género? ‒preguntó la periodista Adela Micha de ese grupo multimedia.

‒Estamos totalmente seguros de ello. Lo he platicado con los juristas que se encargan del tema en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con los colegios de abogados, y también hay que destacar que la Alerta de Género es un mecanismo que no lo decreta el gobierno del estado; esto sería decretado por una instancia federal, y en este momento no están esas condiciones.

Alfredo Narváez, Maestro en Estudios de Género por el Colegio de México, exclama: “El mecanismo de alerta de género no funciona, porque los gobiernos estatales y el federal son juez y parte. Debe ser ejercido en la CNDH o alguna autoridad autónoma de los gobiernos. Por ello está estancada, porque nadie quiere mala prensa, perder votos, verse como un gobierno misógino”.

Para el experto, Borge Angulo politizó las muertes de mujeres en Quintana Roo, justo al pedir que no se politizaran.
“… No quiere nombrar como feminicidio lo que es. Y es por miedo a aceptar la realidad. La negación en México es muy poderosa, y más si se es un gobierno sin política de género. La perspectiva de género es peligrosa: hace visible lo invisible”.

Italy Ciani, estudiosa de los feminicidios en México, abunda: “Más que Alerta lo que se requiere es un reconocimiento por parte del Gobernador. Su discurso político ha logrado que el conflicto crezca. Con sus palabras y actitud, se colocó como el primer macho del estado”.

Era 1 de noviembre, la celebración del Hanal Pixan, la tradición del pueblo maya para recordar a los que se adelantaron en el viaje a la eternidad. Las calles de uno de los principales destinos turísticos de México se colmaron para honrar a las estudiantes, la niñas, las amas de casas, las migrantes, las putas. Todas, víctimas de feminicidios. Por lo menos, así se leía en las pancartas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1550458

Indígena embarazada, inválida por error médico, es recibida por el IMSS… 14 años después

Organizaciones civiles respaldan el caso de Irene Cruz Zuñiga, a quien el Estado tardó 14 años en poner atención, después de que una mala práctica médica durante el parto le quitara la facultad motriz y del habla.

Las mujeres indígenas del país son las que más sufren violencia obstétrica, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Después de 14 años de una mala cesárea realizada a Irene Cruz Zúñiga por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxiaco, Oaxaca, su familia sostendrá el 20 de noviembre una reunión con el director de esa institución, José Antonio González Anaya, para que sean reparados los daños.

Hoy, los familiares de Irene, con el apoyo de Amnistía Internacional, entregaron en las oficinas centrales del IMSS 8 mil 600 firmas de ciudadanos que se sumaron a la exigencia de justicia y reparación integral al plan de vida de la afectada.

Chasel Colorado Piña, coordinadora de incidencia Amnistía Internacional, lamentó que sean las mujeres indígenas del país las más vulnerables a la violencia institucional de los servicios públicos de salud durante las atenciones relacionadas al parto.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que ha fungido como representante legal de la familia Cruz, sostuvo que este caso se ha vuelto paradigmático por la negligencia de las autoridades a reconocer el perjuicio ocasionado. Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tardó 14 años para hacer una recomendación sobre el tema.

“La recomendación fue producto de que Fundar llevó este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del año pasado, eso hizo que se tomarán muchísimas medidas. Desafortunadamente, los 14 años no sorprenden, porque son las barreras que hay a la justicia para gente que no tiene la capacidad económica para moverse continuamente en los tribunales”, dijo Colorado.

Pese a que el caso fue abierto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora llamada Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y el 21 de agosto del 2012 estuvo presa momentáneamente la anestesióloga que atendió a Irene, María de Lourdes Franco Vásquez, ésta salió bajo fianza y un año después el Primer Tribunal Unitario determinó que el delito había prescrito.

“Aún cuando la ley diga que todos tenemos acceso a la justicia, no se facilitan medidas para que todos puedan accesar a la justicia”, dijo Colorado.

Por su parte, la recomendación de la CNDH 32/2015 ya fue aceptada tanto por el IMSS, como por el Gobierno de Oaxaca. Ene esta se plantea atención médica vitalicia para Irene y su hijo, una beca para el infante hasta el término de sus estudios, supervisar y verificar que se cuente con el equipo médico para cesáreas en Oaxaca, y que se capacite en derechos humanos tanto al los médicos del IMSS, como al personal de la Fiscalía.

Por su parte, el hermano de Irene, Carlos Cruz Zúñiga, explicó que la condición física de su hermana se ha deteriorado, y ha sido la familia quien la cuida. “No quisiera que esto le pasará a otros vecinos, a las mujeres de la comunidad de donde yo soy”, dijo en un evento público frente a las instalaciones del IMSS en la Avenida Paseo de la Reforma.

Amnistía recordó que tanto la recomendación como el acuerdo judicial exigen a las autoridades que estos hechos no se repitan tanto en el ámbito de salud, como en el de la procuración de justicia.

Un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) destacó que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.

CASO EN QUERÉTARO

Debido a un nuevo caso de violencia ginecobstétrica que, esta vez, causó la muerte de una paciente de 38 años de edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 39/2015, dirigida al titular del IMSS, José Antonio González Anaya.

De acuerdo con lo referido en la Recomendación, la mujer con 35 semanas de gestación, falleció por omisiones atribuibles a personal del Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río, Querétaro.

Al examinar las evidencias en los expedientes CNDH/5/2013/5972/Q y CNDH/5/2013/6069/Q, integrados en respuesta a las quejas presentadas por el esposo y la hermana de la víctima, la CNDH encontró violaciones a la salud materna y al derecho a la vida de la mujer.

Recomendó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reparar los daños al esposo de la víctima y a sus tres hijos, incluyendo el pago de una compensación, así como la atención psicológica que corresponda.

También se les debe inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Y para garantizar que casos como éste no se repitan, se deberá solicitar a los médicos copias de sus certificaciones y recertificaciones emitidas por los Consejos de Especialidades Médicas que acrediten su actualización, conocimientos y experiencia.


Además se sugiere también capacitar al personal en materia de derechos humanos con perspectiva de género; y conocimiento, manejo y observancia de Normas Oficiales Mexicanas para que el personal pueda atender de manera correcta casos de este tipo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1554112

Subió en $447 mil millones la recaudación de impuestos: SAT

Entre enero y septiembre se alcanzó 90% de la meta para este año. Suma ya un billón 800 mil millones de pesos en lo que va del año. El organismo conoce el comportamiento de todo causante, afirma.

Los ingresos netos obtenidos a través de la recaudación tributaria ascendieron a casi un billón 800 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2015, cantidad superior en 447 mil millones a la obtenida en el mismo periodo de 2014, con la cual se alcanzó 90 por ciento de la meta establecida para este año, indican informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el periodo de referencia se logró una recaudación tributaria promedio de 199 mil 292 millones de pesos. A ese ritmo, en el noveno mes del año sólo hacía falta una captación de 185 mil 349 millones de pesos para alcanzar la meta fijada en la Ley de Ingresos para todo 2015, la cual se estableció en un billón 978 mil 980.6 millones de pesos.

Los reportes señalan que el cobro de impuestos hasta septiembre pudo compensar la caída de otro tipo de ingresos del gobierno federal, como es la renta petrolera. Los impuestos recaudados por el SAT rebasaron en 127 mil 765 millones de pesos la caída anual de los ingresos petroleros (de 319 mil 270 millones).


Esto fue posible por la reforma hacendaria, pero también debido a un intensivo uso de todos los medios al alcance del SAT para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes: sólo en septiembre de 2015 se tuvieron casi 5 millones 184 mil contactos con los causantes a través de cartas, correos electrónicos, telemensajes, mensajes SMS, requerimientos y requerimientos de entidades federativas. Esa cantidad de contactos fue 164 por ciento mayor a los casi 2 millones utilizados en el mismo mes de 2014.

Al respecto, el organismo explica que el SAT se ha fijado como principal objetivo estratégico incrementar los ingresos tributarios, haciendo más simple el llenado de las declaraciones y el pago de impuestos, poniendo a disposición de los contribuyentes nuevas herramientas tecnológicas que le permitirán el registro de ingresos, gastos, emisión de comprobantes fiscales digitales, el envío de declaraciones y el pago en línea.

Esto, para que los contribuyentes y usuarios perciban que cumplir es fácil; incluso se busca que el causante de impuestos pueda corregir su incumplimiento en cualquier etapa del ciclo de fiscalización y asegura que si por alguna razón declaró erróneamente y/o no cumplió con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, se le ofrecerán alternativas para autocorregirse.


Advierte que incumplir tiene consecuencias y dentro de sus objetivos estratégicos el SAT se propone incrementar entre los contribuyentes la percepción de riesgo de no pagar sus obligaciones fiscales. El causante, considera el órgano recaudador, debe apreciar que el SAT conoce su comportamiento y que actúa con total apego a la normatividad fiscal. Para ello, apunta, se robustecerá la capacidad de detección oportuna de prácticas ilegales, conductas evasivas e incumplimientos, para lo cual se contará con personal especializado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/17/sat-se-alcanzo-en-septiembre-90-de-la-meta-tributaria-del-ano-7414.html

Paralizan empresas el Consejo de Cuenca y restauración ecológica del río Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver: A casi ocho años de haberse establecido el Consejo de Cuenca del río Coatzacoalcos, no existen avances en la restauración ecológica, mientras que la contaminación de los afluentes que lo conforman se mantiene, tanto por municipios como por empresas privadas. Los dos últimos presidentes del organismo han sido representantes de la iniciativa privada que por años han vertido sus aguas grises al afluente y han cerrado las sesiones de trabajo, por convenirles a sus empresas.

La cuenca del río Coatzacoalcos tiene un área calculada en 23 mil 956 kilómetros cuadrados, que representa 1.2 por ciento de la superficie total de la República Mexicana y comprende territorialmente 32 municipios, de los cuales nueve pertenecen al estado de Oaxaca y 23 a Veracruz. Está clasificada como la tercera cuenca en importancia del país, sólo atrás del Grijalva-Usumacinta y el Papaloapan.

En 2008 se arrancó el proceso para el saneamiento del río Coatzacoalcos, cuando en el mes de marzo, en el Diario Oficial de la Federación se emitió la declaratoria de clasificación del río Coatzacoalcos, con el cual se tendría el fundamento legal para que en el largo plazo se pudiera realizar el saneamiento de la cuenca.

El estudio de caracterización que fue presentado por el entonces representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, estimaba que la parte baja –que conforman los municipios de Hidalgotitlan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos– se encontraba severamente afectada por la descarga de aguas grises de la industria y el derrame de hidrocarburos que se había suscitado en diciembre de 2004.

En la zona media y altas, eran los municipios los que afectaban la cuenca con sus descargas drenaje al afluente y la deforestación para establecer áreas de ganaderías, en las zonas de recarga del afluente, en la Sierra de los Chimalapas.

Este estudio se había realizado con información de estudios llevados a cabo por la UNAM dos décadas antes y se anunció una gran inversión de mil millones de pesos para el estudio y proyectos de saneamiento. Derivado de esto se estableció el Consejo de Cuenca, presidido primeramente por la Conagua y después se cambió la presidencia a representantes de Pemex y ahora de Mexichem.

Sin embargo, este consejo ha dado pocos resultados pues los objetivos de disminuir las descargas de agua al río no se han cumplido y tampoco existe una vigilancia puntual de las empresas asentadas en el corredor industrial.

El consejo de playas limpias sigue luchando sin recursos para la limpieza de la línea costera y frenar la deforestación de las dunas, lo que ha permitido la invasión del mar hacia las zonas urbanas.

Desde el consejo, la asociación ecología Limbo y el municipio de Coatzacoalcos buscarán recursos  para la compra de equipos especiales que puedan monitorear puntos de contaminación del afluente, un estudio que debería haberse realizado en 2009.

El biólogo Juan Manuel Quintero Soto, representante de esta agrupación, señaló que desde 1984 no se hace un monitoreo del afluente, considerado como uno de los más contaminados del país. La mortadad inexplicable de peces en el río encendió de nuevo las alertas, ya que se presume que puede haber fuentes que contaminen el afluente.

José Antonio Chagra Nacif, regidor de ecología del municipio de Coatzacoalcos, indicó que no existe información disponible sobre las descargas que se hacen al río y además no existe vigilancia por parte la Procuraduría del Medio Ambiente (Profepa), ya que no hay personal en la zona.

Cabe señalar que el consejo poco ha avanzado en la regulación territorial y ecológica, establecida por decreto para la cuenca baja, desde el año 2008. El decreto firmado por el entonces gobernador Fidel Herrera no ha sido acatado por los municipios, ya que eso implicaría regular sus descargas de agua e invertir en la red de drenaje y plantas de tratamiento.

Sesiones cerradas

Al inicio del consejo de cuenca, la Conagua realizaba sesiones abiertas con los representantes de los 32 municipios que la conforman, agrupaciones ecologistas, universidades y miembros de la industria petroquímica y cañera. Sin embargo, a partir del cambio de presidencia en 2011 se fueron cerrando las sesiones y poco se sabe de lo que se propone o se avanza.

Con la llegada de Miguel Morales, subgerente de protección ambiental de Pemex Petroquímica, el trabajo del comité de cuenca se perdió y  no se logró avanzar con la demanda que tenían los municipios de investigar la responsabilidad de la entonces paraestatal.


Apenas el 21 de agosto, nuevamente a puerta cerrada, se eligió a Francisco Díaz Hipólito, como el nuevo presidente del Consejo de Cuenca del río Coatzacoalcos. El biólogo es el gerente corporativo de medio ambiente de Mexichem y en 2011 presentó un proyecto de esa empresa llamado “fábrica de agua”, la cual buscaba recuperar los Chimalapas como fuente de recarga. La petroquímica presentó el proyecto dentro de su programa de responsabilidad social, ya que pensaba invertir, pero finalmente lo abandonó.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/paralizan-empresas-el-consejo-de-cuenca-y-restauracion-ecologica-del-rio-coatzacoalcos/?utm_source=hootsuite

Capturan a secuestradores relacionados con asesinatos de empresarios

Además de los 4, detuvieron a otros 19 que integraban una estructura criminal presuntamente dedicada al secuestro y extorsión en el municipio de Matamoros.

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que fuerzas federales liberaron a tres personas privadas de su libertad y capturaron a 23 presuntos secuestradores, cuatro de ellos relacionados con el grupo criminal que secuestró y asesinó a dos empresarios restauranteros en Veracruz.

En rueda de prensa, Sales Heredia acompañado por miembros del gabinete de Seguridad, dio a conocer que lo anterior se logró en acciones diversas realizadas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como en el Distrito Federal, sin necesidad de hacer un solo disparo.

En la primera de ellas, derivada de las tareas de investigación e inteligencia llevadas a cabo por las fuerzas federales, fueron detenidas cuatro personas que en septiembre pasado secuestraron y privaron de la vida a dos empresarios en el municipio de Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz.

Los otros 19 integraban una estructura criminal presuntamente dedicada al secuestro y extorsión en el municipio de Matamoros, estado de Tamaulipas.

En Monterrey, Nuevo León, fue detenido Silvestre Mar González, quien se presume encabezaba varios grupos dedicados principalmente al secuestro de migrantes, extorsión y asalto a transportistas, en los municipios de Tampico y Tamaulipas, además de Pueblo Viejo en Veracruz.

Al mismo tiempo, en la ciudad de México Policías Federales capturaron a Armando Martín Banderas, quien fue destituido como comandante de la Policía Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, y enfrentó proceso penal por la portación de arma larga y una granada.

Este sujeto presumiblemente encabezaba a un grupo de informantes, quienes ubicaban a las víctimas posibles, además de que al parecer cooptaba a nuevos integrantes del grupo criminal.

Paralelamente en el municipio de Tampico fue detenido Juan Manuel Burgos Ponce y José Armando Guerrero Olmedo, quienes se presume actuaban como negociadores con los familiares de las víctimas, y eran los que repartían el dinero producto de secuestros y extorsiones.

Con las cuatro personas mencionadas suman 10 los presuntos responsables del secuestro y privación de la vida de los dos empresarios de Veracruz, por lo que serán sometidos a proceso penal con el compromiso de las autoridades de que este crimen no quede impune.

En una segunda acción, dijo, integrantes de las fuerzas federales dieron seguimiento a diversas denuncias en el municipio de Matamoros, y luego de una semana de trabajo se determinó cuál era la zona de refugio de un grupo de secuestradores de empresarios y migrantes.

En la colonia Villa Española del citado municipio, se ubicó a un grupo de personas armadas frente a un domicilio en la calle Hernán Cortés, en donde además estaban los vehículos de los señalados por algunas de las víctimas de secuestro.

Comentó que la Policía Federal estableció un cerco de seguridad en la zona y en un operativo se aseguró a un primer grupo al exterior y al interior se detuvo al resto de los integrantes y se liberó a tres víctimas.

Sales Heredia resaltó que esta acción se realizó sin necesidad de realizar un solo disparo, aún y cuando le fueron asegurados a los delincuentes cinco armas largas de diversos calibres, junto con un paquete de drogas.

En este operativo fueron detenidas 19 personas, dos de ellas menores de edad. Francisco Salvador Sánchez, Carlos Adrián Reyes, Héctor Jesús Lugo, Misael Pérez Aguirre, Fernando Guadalupe Nava, Simón Silva y Edgar Guadalupe Madrigal.

Asimismo, Nicolás Hernández, María de Jesús Ruiz, Miguel Ángel Sánchez, Ramón Ezequiel González, Reyes Montoya Posada, Raúl Aldana Estrada, José Iván Paz Castro, Felipe Ricardo del Ángel Ortega, Irvin Alexis García y José de León Martínez.


Los detenidos, las armas y vehículos asegurados, fueron trasladados a la ciudad de México para quedar a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, puntualizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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EPN no cumplió promesa de regular uso de dinero público en medios: Aristegui

"Grandes cantidades, millonarias cantidades de dinero público, se distribuyen discrecionalmente en los medios de comunicación. Se premia o se castiga a medios de comunicación, con presupuesto público, en una cantidad bastante importante, que desde luego modula, en un sentido o en otro, buena parte de la línea editorial del mundo mediático en México.

Enrique Peña Nieto prometió que regularía, que reglamentaría, el uso de dinero público y las campañas publicitarias gubernamentales en los medios comunicación. No cumplió esa promesa. Y ese elemento de poder político vía el dinero público es un elemento muy importante que tristemente sigue marcando el tipo de coberturas editoriales que en buena parte de los medios de comunicación existe", expuso la periodista Carmen Aristegui en Ámsterdam, donde fue invitada por "Free Press Unlimited". Además, habló sobre la investigación de la casa blanca del presidente y su esposa.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1711/mexico/epn-no-cumplio-promesa-de-regular-uso-de-dinero-publico-en-medios-aristegui-video/

Militares son testigos de lo ocurrido con normalistas y podrían aportar información: Témoris Grecko

"La verdad histórica se está cayendo a pedazos, poco a poco la gente se va dando cuenta que no es verdad", dijo por su parte Coizta Grecko.

El documental Mirar Morir. El Ejército en la noche de Iguala, dirigido por Coizta Grecko y producido por Témoris Grecko, aborda el papel de los militares el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero también muestra los casos de otros desaparecidos.

En entrevista para Aristegui CNN, Témoris señaló que “ha habido un gran operativo de control de daños que ha implementado el gobierno”, con el que “han querido limitar las responsabilidades, han querido decir: bueno esto ocurre, son criminales, policías municipales, políticos municipales, y todo se queda ahí. Han querido aislarlo en el tiempo y en el espacio, lo que nosotros estamos intentando hacer es romper esas barreras del mecanismo de la operación de control de daños, para decir: uno, no está aislado en el tiempo, y no es lo que les pasó nada más a los jóvenes de Ayotzinapa”. 

Expuso que lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa “fue lo más grave de una larga serie de ataques contra la población civil, amparados por el poder del Estado. El Estado no ha protegido a la población civil, ha protegido a aquellos criminales que instalaron un imperio del crimen en Iguala, en la región y mucho más allá, que han estado desapareciendo a personas durante muchísimo tiempo. Los cerros de Iguala son un inmenso cementerio clandestino, como el grupo Los otros desaparecidos nos ha hecho ver, esto jamás ha terminado… por eso nosotros empezamos el documental buscamos la búsqueda de los ciudadanos de Iguala que van a los cerros a tratar de hallar las fosas clandestinas, donde si tienen suerte encontrarán a su familiar”.

Recordó que los expertos de la CIDH quieren entrevistar a los soldados porque son testigos de los hechos, estuvieron ahí, y pueden aportar información, “no los están criminalizando y si el Ejército quisiera demostrar su interés en contribuir al esclarecimiento de lo que pasó ahí, diría: claro, entrevístenlos, ellos estuvieron ahí, ellos vieron cosas. Si no tienen nada qué temer, ¿qué es lo que están ocultando?”, preguntó.

Por ello lamentó que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, lo vea como un asunto personal que no puedo permitir, más que como un asunto de búsqueda de la justicia.

Sobre el docudrama “La Noche de Iguala”, Témoris comentó que luego de que el gobierno quiso convencernos de que el asunto no alcanzaba el nivel federal, ahora están recurriendo a la verdad histriónica, que cuenta lo que no pasó, con ficción.

“Utilizar actores, para demostrar que los estudiantes de Ayotzinapa eran criminales ligados a la banda de Los Rojos, que los quemaron, los hicieron polvo y los echaron al río, que son hechos no solamente no demostrados sino claramente impugnados con diversos informes, y que realmente no ocurrió, pero ellos lo quieren demostrar creando estas ficciones, con un lenguaje de telenovela… también ya Laura Bozzo anunció que ella va a hacer su propia investigación sobre los estudiantes… no es casual, Laura Bozzo jamás se había interesado en este asunto, y ahora de pronto ya es algo que le interesa, esto se liga con una campaña de columnistas empeñados en desprestigiar a los expertos de la Comisión Interamericana… es la reacción de un sistema que ha visto cómo este caso tan delicado y tan grave se le deshace en las manos, y ahora han tenido que aceptar mayor supervisión, aunque siguen negándose en este punto clave: que no van a permitir que se entreviste a los militares”, abundó.

En cambio, en Mirar Morir “nosotros no queremos convencer a nadie de que pasó lo que no pasó, lo que estamos haciendo es mostrando una serie de evidencias, no usamos actores, sino pruebas, gente que estuvo ahí, documentos, informes, investigaciones, expertos, analistas, los ponemos al alcance del espectador para que se forme su propia opinión, no vamos a falsificar las cosas”.

Lo que está comprobado hasta ahora, precisó, es que “se instaló un feudo, un imperio criminal en Iguala y en la región, con la complicidad de los poderes federales”. 

Por ejemplo, detalló, “la PGR supo siempre que José Luis Abarca estaba involucrado con el crimen organizado, no actuó, que Abarca tenía un número de averiguaciones previas por varios homicidios, jamás se actuó. La Fiscalía de Guerrero le pasó documentos de lo que estaba ocurriendo, porque era del orden federal, lo tiene que perseguir la PGR y la PGR no movió un dedo. El Ejército lo sabía, el Ejército es el mayor poder presente en el estado de Guerrero desde hace 50 años, desde que le encargaron la represión contra la insurgencia armada, y el Ejército sabe todo, tiene informantes en todo”. 

Tal como los expertos de la CIDH describen la participación de soldados en la noche del ataque contra los estudiantes, Témoris refiere que hay militares “espías, es gente que está colocada ahí para informar, y son brazos con los que el Ejército está actuando”.

El productor reveló que “el Ejército le regaló de forma injustificable 52 mil metros cuadrados de terreno urbano de primer nivel, que estaban anexos al cuartel del 27 batallón de Infantería, se los regaló a José Luis Abarca, para que construyera el centro comercial más importante, más moderno… tan la Sedena no tenía las facultades para desincorporar esos terrenos públicos que en marzo de este año, la Secretaría de la Función Pública nominalmente recuperó para el Estado la posesión de esos terrenos… en los hechos el centro comercial sigue funcionando con toda normalidad y sigue siendo administrado por la familia de José Luis Abarca”. 

Por último, indicó que en México “están falsificando la justicia, están falsificando culpables, nos están desviando, parece que el papel de los órganos de búsqueda de la justicia es engañar a la sociedad, meter a falsos culpables a la cárcel y dejar a los verdaderos culpables libres”. A quienes no les ha pasado una situación en la que se tenga que buscar justicia -comentó- tenemos que preguntarnos “qué certeza tenemos de que vamos a conseguir justicia”, pues “mientras prevalezca la impunidad los crímenes se van a seguir cometiendo porque no se pagan” o paguen los inocentes.

A su vez, Coizta Grecko reconoció que hasta ahora “no nos queda claro el papel que tuvo el Ejército, sin embargo todo apunta hacia allá, nos hace sospechar este afán por encubrir la participación del Ejército desde el primer momento”. 

“Nos prende las alarmas, nos hace sospechar, que sí es el crimen organizado el que está desapareciendo, pero también hay muchos casos de personas que han desaparecido en patrullas del Ejército o en retenes, por ejemplo está el caso de unos muchachos que fueron secuestrados por una patrulla del Ejército en el año 2010, que escoltaban dos camionetas del crimen organizado”, refirió.

Lo que pasó con los 43 es la “cereza en el pastel” de algo que ha venido pasando desde hace muchos años, remarcó.

Su documental busca “desmontar la verdad histórica a partir de documentos oficiales, testimonios, videos”.

“Esta forma del gobierno de tratar de afianzar su verdad trata de llegar a una población que no está tan informada como todos los demás, y esta población su forma de informarse es la televisión, sobre todo la televisión abierta. Están haciendo productos con fórmulas ya probadas, como Laura, el documental (La noche de Iguala), quieren convencer a ese grupo de personas para que vayan convenciendo a los demás, cuando no es cierto”, comentó Coizta.

“Nosotros queremos que la gente tenga una posición crítica y debata”, afirmó.

Por lo que llamó a la gente a informarse más e impedir que piezas como el docudrama o un programa de Laura Bozzo tengan un impacto social.

“La verdad histórica se está cayendo a pedazos, poco a poco la gente se va dando cuenta que no es verdad, lo que pedimos es que la gente no se deje engañar ya, lo que pasa en Iguala se replica en muchas partes del país que es la cuestión de desapariciones forzadas y crimen organizado metido con las autoridades”, finalizó.


Entrevista:



TRAILER MIRAR A MORIR:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Implementan operativo de vigilancia en escuelas de Acapulco donde extorsionaron a maestros

Funcionarios han confirmado que durante los primeros días de noviembre, grupos armados han ingresado a los planteles educativos para exigir el pago de cuota a docentes. Debido a esto el operativo estará vigente hasta el 18 de diciembre y "de ser necesario, se extenderá hasta enero", apuntó la dependencia en un comunicado.

Luego de que al menos siete escuelas en Acapulco, Guerrero, cerraran por extorsiones a sus maestros y por las condiciones de inseguridad, la Secretaría de Educación Pública de la entidad y la Coordinación estatal de la Policía Federal iniciaron un operativo de vigilancia en la zona, donde participarán elementos de la Gendarmería, Armada y Policía Estatal.

El secretario de educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, aseguró que está contemplado blindar mil 250 escuelas de todos los niveles, divididas en diez rutas estratégicas.

Funcionarios han confirmado que durante los primeros días de noviembre, grupos armados han ingresado a los planteles educativos para exigir el pago de cuota a docentes. Debido a esto el operativo estará vigente hasta el 18 de diciembre y “de ser necesario, se extenderá hasta enero”, apuntó la dependencia en un comunicado.

En tanto, el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez dijo que este operativo se aplicará todo el día durante el horario de clases, intensificándose en la hora de entrada y de salida de las escuelas.


El Sur de Acapulco, reportó que al menos en cinco escuelas maestros no reanudaron clases: en Artículo 27, del colegio de Bachilleres 16, de los jardines de niños Pedro Álvarez Cabral y Rubén Figueroa Figueroa y de la primaria Plan de Ayala, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, donde trabajaba el maestro René Flores quien fue asesinado el pasado viernes 6 de noviembre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/implementan-operativo-de-vigilancia-en-escuelas-de-acapulco-donde-extorsionaron-a-maestros/

Embrollo administrativo en la operación del gasto para seguridad

El gobierno pospone para diciembre la entrega de recursos a estados y municipios. Detecta la ASF fallas en el cumplimiento de programas prioritarios. Falta claridad en el destino que se da a 50 mil millones de pesos. Afectados, mando único y nuevo sistema de justicia penal.

Ante las fallas en el cumplimiento de programas que se consideran prioritarios para mejorar la seguridad, el gobierno federal pospuso para diciembre la entrega de recursos a las autoridades municipales y estatales.

En el escenario del cambio no sólo se valora el respaldo a los objetivos nacionales (mando único, entre otros), sino también la necesidad de tener claro en qué se invierten los 50 mil millones de pesos (que desde 2012 se les han transferido), y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades.

En días pasados ha habido mensajes directos de que la Federación quiere mayores garantías de que los gobiernos estatales y municipales canalizarán los fondos a las prioridades en la materia. Entre éstas se incluyen rubros como certificación policial, creación del mando único, nuevo sistema de justicia penal, capacitación y fortalecimiento del sistema penitenciario.

En la revisión de estos fondos la ASF ha detectado: transferencias injustificadas hacia otras cuentas, presumible daño o perjuicio a la hacienda pública por manejos irregulares, carencia de mecanismos de control del dinero que garantice su utilización en los fines estratégicos para los que fue destinado, uso no autorizado para pago de nóminas u otros objetivos no incluidos y omisiones de funcionarios en la vigilancia de las partidas y cumplimiento de metas.

Lo anterior es el saldo de las auditorías practicadas al uso de estos fondos. Este ajuste en el flujo de recursos podría ser el inicio de un viraje en la política federal para tener mayor control de los millonarios fondos que canaliza a estados y municipios, los cuales carecen de mecanismos que vinculen las partidas presupuestales, el destino de los recursos y el cumplimiento de metas en seguridad pública.

La Federación otorga a estados y municipios partidas extraordinarias a través de los Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública (Fasp) y de Subsidio a los Municipios (Subsemun) en materia de seguridad.

Aunque formalmente su entrega está asociada al cumplimiento de diversas variables previas (ejercicio del gasto, reducción de la incidencia delictiva, profesionalización de corporaciones, entre otras), en la realidad los controles están desfasados y existen inconsistencias entre las partidas ejercidas y las metas alcanzadas, según ha documentado la ASF.

A modo de ejemplo, una de las revisiones realizadas por la ASF reveló que en recursos ejercidos de las últimas dos cuentas públicas (2012-2013) hay más de mil 230 millones de pesos de recursos de ambos fondos de los que dos y tres años después no se tiene certeza de su destino.

A ello debe sumarse el recurrente subejercicio de esos fondos por los gobiernos estatales y municipales, sea por falta de seguimiento en su gasto, por los procedimientos burocráticos o bien por las entregas tardías.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que alrededor de 46 por ciento de los recursos que se debían entregar entre julio y septiembre a más de 200 municipios para tareas y programas de seguridad se encuentran retenidos por la Secretaría de Hacienda, hasta que haya mayor claridad y compromiso en la aplicación de los más de 4 mil 800 millones de pesos que les serían repartidos durante este año tan sólo por el Subsemun.


Las fuentes consultadas refirieron que la retención de las partidas se debe a la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos en los mecanismos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a que el gobierno federal buscará esquemas que le permitan supervisar su manejo adecuado y la aplicación cierta del dinero en programas que disminuyan la incidencia delictiva, aumenten los espacios seguros y generen corporaciones policiacas confiables.

Los entrevistados refirieron que el gobierno federal exigirá que los recursos que se entregan para el Fasp y el Subsemun se depositen en fideicomisos con más control, a través de los cuales se certifique el cumplimiento de metas. De aplicarse ese mecanismo se retornaría al anterior esquema de 1998, cuando se creó este apoyo a los gobiernos estatales para seguridad pública.

El modelo actual data de 2001, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública federal, a través de la cual los representantes estatales consideraron que el manejo de los recursos era poco transparente y exigieron –y así se aprobó– que estas ministraciones no fueran etiquetadas sino entregadas directamente a las secretarías de finanzas de los gobiernos locales y desde allí se cumpliera con las metas pactadas.

Efectos de la insuficiencia de controles

Del reporte sobre el gasto del Fasp en los estados se desprende que existen comportamientos irregulares en el manejo del dinero, entre ellos acentuados subejercicios. Por ejemplo, Chihuahua ejerció en 2013 sólo 118.3 millones de pesos de los 266 millones que le fueron asignados, con especial rezago en rubros prioritarios en la estrategia nacional.

La Auditoría Superior señala que el gasto ejercido al 31 de diciembre fue de sólo 31 por ciento y en agosto 2014 llegó a 44.5, lo que está en consonancia con el porcentaje de metas alcanzadas, esto es, 7.3 por ciento.

En ese año, a Baja California le fueron asignados 306 millones de pesos. A diciembre de ese año la entidad gastó sólo 197 millones –alrededor de 65 por ciento– y en agosto 2014 (fecha del último reporte de la ASF) había cerrado con 237 millones, poco menos de 80 por ciento.

Algunos estudios sobre el uso del Fasp señalan que las partidas se dan en ministraciones mensuales entre los meses enero-octubre, y no pueden comenzar a ejercerse sin acuerdo del secretariado ejecutivo del SNSP, lo que alentaría el subejercicio. En consecuencia, debe superarse esta variable para no reducir los fondos del siguiente año, pues se obliga a gastar mal y a violar las reglas de operación del fondo, y los recursos son más vulnerables a la corrupción.

Aunado a ello, en las diferentes auditorías al gasto de estos fondos la ASF advierte que no hubo control adecuado para asegurar el cumplimiento de las metas en los programas ejecutivos con prioridad nacional,

Asimismo, considera que no existen acciones de control para supervisar el ejercicio de las obras, hay ausencia de vigilancia en los procesos de adquisiciones, se ejercieron recursos en programas no prioritarios y hubo carencia de mecanismos de seguimiento para verificar las metas programadas.

También resalta inconsistencia en el seguimiento a la información de los reportes trimestrales que se deben remitir a Hacienda, insuficientes mecanismos de vigilancia a los bienes adquiridos con estos fondos y apertura indebida de cuentas adonde se trasladaron esas partidas.


Paradójicamente, este embrollo administrativo en la operación del gasto federalizado en materia de seguridad tiene otra cuña: la detección de las responsabilidades de funcionarios públicos y la investigación de los daños. Según la ASF, habría elementos para investigar, según las auditorías practicadas, y ello corresponde a las contralorías de los gobiernos de los estados.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO/ ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/17/politica/003n1pol

Oposición exige a Mancera dejar de ocultar la presencia de los grandes cárteles en la capital

Desde la aparición del grupo criminal “La mano con ojos” que controlaba la delincuencia en el Estado de México y algunas zonas del DF, hasta la desaparición de 13 jóvenes en el Bar Heaven, de la Zona Rosa, expertos y políticos de oposición han alertado sobre la presencia de grupos delictivos en la capital. Sin embargo, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, niega la presencia de estos en la capital del país.

El primer acto de alarma se presentó la madrigada del 19 de octubre con la aparición de un cuerpo colgado en el puente La Concordia, en la Delegación Iztapalapa. Un día después, apareció el cadáver de una persona, presuntamente estrangulado, con signos de violencia, quemándose dentro de un tambo, en la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Ambos casos cimbraron a los capitalinos poco acostumbrados de observar en sus calles la aparición de cuerpos con evidentes muestras de tortura al estilo de las ejecuciones del crimen organizado.

“Es increíble pensar que en esta ciudad no hay crimen organizado”, dijo el Diputado federal Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), en entrevista para SinEmbargo.

Desde la aparición del grupo criminal “La mano con ojos” que controlaba la delincuencia en el Estado de México y algunas zonas del Distrito Federal, con extrema violencia, hasta la desaparición de 13 jóvenes en el Bar Heaven, de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, expertos y políticos de oposición han alertado sobre la presencia de grupos delictivos en la capital.

Desde el extranjero, un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos, identificó la presencia de cinco cárteles de la droga en la capital: Los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y células restantes de Los Caballeros Templarios.

La revista TIME, la Fundación Rockefeller y The Guardian, han cuestionado que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera niegue de forma reiterada que hay cárteles en la capital.

La respuesta del gobierno local ha sido empeñarse en afirmar que la Ciudad de México mantiene un estatus de “burbuja de seguridad”, ha negado sistemáticamente la presencia del crimen organizado, o ha minimizado el problema encasillándolo a simples rencillas entre narcomenudistas.

Además se ha negado a ver que estos grupos organizados lo mismo controlan reclusorios y la venta de droga en las calles, que dirigen la extorsión y el secuestro.

Ante esto, legisladores de oposición entrevistados por SinEmbargo demandaron al Jefe de Gobierno que deje de maquillar las cifras de violencia en la capital del país e informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ASDF) y a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados, la situación real de los cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México.


“Yo siento que tiene mucha responsabilidad nuestro Jefe de Gobierno porque quieren ocultar realmente lo que está pasando en la ciudad, dicen que es una ciudad segura cuando eso no es verdad”, afirmó Ana María Rodríguez Ruiz, Diputada en la ALDF por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

ESCALADA DE VIOLENCIA EN IZTAPALAPA

La Diputada local por Morena, Ana María Rodríguez Ruiz, explicó a este diario digital que la ciudadanía observa con preocupación el incremento de la violencia en la Delegación Iztapalapa.

La Legisladora expresó preocupación no solo por la creciente violencia, sino porque a raíz de la aparición del cadáver en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, se formó un operativo reforzamiento de seguridad en Iztapalapa, que ha generado diversos problemas.

Medios de comunicación han informado que 986 personas han sido detenidas por diferentes delitos, derivadas del incremento de la presencia policíaca y de más de 15 mil 444 revisiones a vehículos y personas. Asimismo se informó que 654 personas han sido remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas, principalmente por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública.

“Nos alarma que esta mayor presencia policiaca genere más incertidumbre entre la población, más inseguridad en vez de realmente atacar al crimen organizado desde arriba”, afirmó la Legisladora por Morena.

Ante esto, Rodríguez Ruiz demandó al Gobierno del Distrito Federal y al de la Jefa Delegacional de Iztapalapan, Dione Anguiano, que los operativos de seguridad en la demarcación se complementen con verdaderas acciones de prevención y participación ciudadana

Asimismo, pidió que la Delegación Iztapalapa presente a la brevedad un plan integral de acción en ese sentido y transparente el uso de los recursos públicos que se utilizarán en el programa de seguridad.

“A nosotros que vivimos en las colonias de Iztapalapa no se nos ha hecho una consulta. Desde mi punto de vista yo creo que debieron haber hecho asambleas, consultas, para este programa que está impulsando el Gobierno federal. Yo pienso que deberían llamar a los diputados electos por la población y hacer una coordinación y trabajar estos programas”, explicó la Diputada Ana María Rodríguez.

La Legisladora también demandó que cese la política intimidatoria del Gobierno de Miguel Ángel Mancera en contra de los jóvenes de la Delegación.


“Nos preocupan los chavos. Aquí le llaman delincuencia a los chavos que anda en la calle con una forma de vestir tan personal: no porque traigan un pantalón roto o una playera negra ya digan que es un delincuente. O porque toman o inhalan ya les llaman delincuentes, un joven que inhala no quiere decir a fuerzas que es un delincuente”, dijo.

PAN DEMANDA PRESENCIA DE POLICÍA FEDERAL EN DF

El Diputado federal Federico Döring también externó su preocupación por la creciente violencia en el Distrito Federal, a lo que señaló como una confirmación de lo que el PAN le ha dicho a Miguel Ángel Mancera respecto a la presencia del crimen organizado en la capital.

“No digo que la inseguridad sea responsabilidad del doctor Mancera, es un fenómeno que se exportó desde el Estado de México, originalmente. Pero lo que sí le podemos exigir a quien nos gobierna es que por lo menos reconozca la magnitud del fenómeno en lugar de tratar de negarlo o soslayarlo”.

En entrevista, el Legislador lamentó que para Mancera el tema de la seguridad pública no es una prioridad como si lo fue para su antecesor, Marcelo Ebrard. Asimismo, explicó que el problema es que, a pesar de todo lo que Mancera sabe o intenta hacer, su gobierno carece de coordinación en materia de seguridad con el Estado de México o con autoridades federales.

En otras palabras, Mancera tiene que reconocer la realidad y aceptar la colaboración del Gobierno federal para que haya presencia de fuerzas federales, como lo hizo durante un par de meses para mejorar la seguridad en la colonia Condesa, una de las zonas con mayor plusvalía de la Ciudad.

El problema no es menor, afirmó Döring, “hace un par de años la Ciudad de México no tenía gente que apareciera colgada en los puentes, entambados o calcinados y esa es una realidad que no se puede ocultar”.

Respecto al informe de la DEA sobre la presencia de cárteles del crimen organizado en la capital del país, el ex asambleísta reiteró que el problema se solucionará sólo con la acción coordinada con las autoridades federales.

“Es una lástima que como en el caso de Ayotzinapa tenga que ser una autoridad extranjera la que venga y acredite lo que en realidad sucede aquí, mientras las autoridades mexicanas, sean locales o federales, quieren tapar el sol con un dedo”, dijo el Diputado panista.


El problema es que los gobiernos de izquierda nunca quieren aceptar la ayuda federal, concluyó.

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FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1551655