La majestuosa obra de la que presumieron ambos mandatarios tenía como objetivo comunicar al municipio veracruzano, pero se ha quedado inconclusa tras 10 años de promesas.
En la autopista México-Veracruz, tramo Orizaba-Fortín, a la altura de la localidad Buena Vista, en el municipio de Ixtaczoquitlán, se encuentra una obra que, a pesar de su costosa inversión millonaria, en diez años no ha sido terminada; es el proyecto para el distribuidor vial “Buena Vista”, iniciado en el año 2005 y que no logró concretarse en las tres etapas que fue programado, a pesar de las erogaciones de más de 180 millones de pesos, que le destinaron las administraciones estatales del ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán y del actual, Javier Duarte de Ochoa. La majestuosa obra de la que presumieron ambos mandatarios tenía como objetivo comunicar al municipio veracruzano, pero se ha quedado inconclusa tras 10 años de promesas, lo que ha ocasionado la reacción y críticas de miles de ciudadanos, cuando empieza a promocionarse el V Informe de Gobierno de Duarte de Ochoa, con la difusión de algunas obras que se han realizado en varias partes de la entidad. Distintos sectores consideran que el proyecto del distribuidor vial de Buena Vista, es una obra que de concretarse representaría un avance para el desarrollo de varios municipios, sobre todo los asentados en las faldas del volcán Pico de Orizaba, cuyos pobladores actualmente deben atravesar la ciudad de Orizaba para poder llegar a la autopista y de mover sus productos, en su mayoría provenientes del campo. La distribución de recursos aplicados desde el sexenio estatal pasado, quedó de la siguiente forma: en el año 2005, se aplicaron 22 millones de pesos; en el 2006, fueron 38 millones de pesos, y en el 2008, 83.6 millones de pesos. Ya para el año 2011, con el actual gobierno estatal, se hizo una erogación que fue de 40.7 millones de pesos, y que aparentemente fue el último movimiento. Hoy, en ese lugar, a la altura del kilómetro 282 de la autopista, sólo permanecen unas bases de lo que sería el puente, a un costado de los carriles procedentes de Orizaba y con dirección a Fortín, que como una especie de monumentos abandonados, por años han sido observadas por miles de usuarios de la autopista, quienes se preguntan hasta cuando quedará concluida la obra, cuyos recursos fueron sacados del impuesto a la nómina. Sin embargo, algunos políticos de alto rango y empresarios, opinaron que existen esperanzas de que el Gobierno estatal voltee a mirar a esa obra, que será de gran beneficio para los sectores productivos que se ubican en el corredor industrial de Ixtaczoquitlán, y en otros municipios de la sierra como La Perla, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y Santa Ana Atzacan, pues además de ayudar a desahogar la carga vehicular de la autopista, permitirá mover sus productos.
La obra estaba proyectada para facilitar la entrada y salida de vehículos desde la autopista hacia la localidad Buena Vista, que a su vez conecta con otras poblaciones como Dos Ríos, Sumidero y la propia cabecera municipal, actualmente unidas por un camino que va paralelo a la autopista, y que sirve de desfogue para el congestionamiento vial que, por ejemplo, actualmente se genera por la pavimentación con concreto hidráulico de la autopista.
El hecho ha provocado malestar de distintos sectores, e incluso a través de las redes sociales cientos de usuarios han criticado el proceder de los gobernantes, al dejar inconcluso el proyecto. También, las voces señalan otras obras no terminadas como un hospital pediátrico en el puerto de Veracruz, otro en Nautla y los distribuidores viales de Paso del Toro y otro en la autopista a Xalapa. El pasado 31 de octubre, medios nacionales difundieron las imágenes del ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y el actual mandatario, Javier Duarte de Ochoa, quienes fueron acusados de dejar la obra de puente de Buena Vista inconclusa, y de la cual presumen haber terminado. Ambos gobernadores, se dijo, erogaron más de 180 millones de pesos, de los cuales 140 millones fueron en la administración de Fidel Herrera, para la construcción del distribuidor, ubicado en el municipio de Ixtaczoquitlán, y que no conduce a ningún lado. La edificación que iniciara Fidel Herrera al inicio de su mandato en 2005, había sido acordada para construirse en dos etapas, ambas concretadas durante su administración, según establecía en su Primer Informe de Gobierno. La primera etapa del proyecto tuvo una inversión de 22 millones de pesos, provenientes de aportaciones estatales del Impuesto sobre la Nómina, mientras que a la segunda etapa, en 2006, se le destinaron 37 millones 991 mil 414 pesos, según el dictamen de la licitación pública nacional número 59095001-006-06. De acuerdo con ese dictamen de la Dirección General de Carreteras Estatales, de la ex Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado, a cargo entonces de Roberto Martín Chagra Nacif, y que fue elaborado el 18 de mayo del año 2006, la dependencia contaba con los recursos económicos para la ejecución de la obra, con cargo a los recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas, hasta por la cantidad de 38 millones 983 mil 051 pesos. Según la resolución, la cotización que presentó la empresa “Comercialización y Construcción de Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V.”, fue la que garantizó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, considerándose solvente su proposición. Por eso, de los 37 millones 991 mil 414.79 pesos que representaba el costo total de la obra, a la compañía constructora le fueron entregados 11 millones 397 mil 424.44 pesos como anticipo, y el plazo fijado para la ejecución de la obra fue de 195 días.
Ya en el año 2008, para la tercera etapa, la misma obra tuvo una inversión de 83 millones 687 mil 657 pesos, según la licitación de 59095001-009-08.
En esta nueva licitación, del 2 de diciembre del año 2008, también se dispusieron recursos con cargo al Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas 2008-2009, por 89 millones 033 mil 034 pesos, y la licitación fue ganada por el Grupo Constructo, S.A de C.V., cuya propuesta fue de un costo de 83 millones 687 mil 657.71 pesos, otorgándosele además un anticipo del 30 por ciento, equivalente a 25 millones 106 mil 297.31 pesos, convenio que fue firmado por el ex Secretario de Comunicaciones, Marcos César Theurel Cotero, y el nuevo plazo que se fijó fue de 243 días. A pesar de no haberse concretado los trabajos, en el V Informe de Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, presentado en 2009, se estableció que “en Ixtaczoquitlán, se construyó el distribuidor vial ‘Buena Vista’”, sin embargo esta obra no había sido culminada. Cuando la obra pasó a manos de Javier Duarte, éste también hizo uso de la misma promoción, ya que en su Primer Informe de labores, dijo que con una inversión de 40.7 millones de pesos, continuaría la construcción, pero la realidad fue otra. Tanto en redes sociales, como en medios informativos de nivel nacional, fueron criticados los gobernadores veracruzanos, Fidel Herrera y Javier Duarte, ya que presumieron haber terminado el mismo distribuidor vial, aún cuando estaba abandonado. Cada uno en su sexenio, dijeron haber erogado 180 millones de pesos, 140 millones durante el sexenio de Fidel Herrera, cuando apenas se montaron unos tramos que no conducen a ningún lado, señalaron los reportes. La construcción, a un costado de la carretera federal México-Córdoba, que beneficiaría a 17 mil 473 habitantes, tenía como propósito organizar el tránsito vehicular de entrada a Ixtaczoquitlán, conectar a la autopista con Buena Vista y el campus Ixtaczoquitlán de la Universidad Veracruzana, donde se ubica la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la UV (USBI), lo cual hasta ahora no ha ocurrido. LA OBRA ES NECESARIA: EMPRESARIOS La construcción del distribuidor vial de Buena Vista es necesaria para dar mayor movimiento a las empresas asentadas en el corredor industrial de Ixtaczoquitlán y otros municipios de la sierra, donde el sector agropecuario requiere trasladar su producción. Mariano Juárez, empresario de la zona y ex funcionario municipal, dio a conocer que “tenemos entendido que la obra se va a terminar porque es un paso que va a desahogar el tráfico pesado al municipio de Ixtaczoquitlán, sobre todo lo que es hacia la cabecera; entonces ahí se va a descargar lo que son transportes pesados de talleres y aceros, coches, y todos los que bajan de la sierra, los productos del campo, como la caña de azúcar, la papa, los productos ornamentales de la zona del volcán, van a poder acceder más rápido a la autopista, sobre todo los que vienen de Ixhuatlancillo, que tienen que cruzar todo Orizaba para poder llegar a la autopista; la obra es fundamental para el desarrollo tanto de Ixtaczoquitlán, como de La Perla, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, ya que la sierra de La Perla es inmensa como la de Mariano Escobedo”. Además, otro ex político que se reservó su identidad, comentó a BlogExpediente que “con esta obra se verían beneficiados varios municipios, al menos La Perla, que tiene 46 congregaciones; Mariano Escobedo que tiene entre 30 y 35 congregaciones; Ixhutlancillo, que también tiene varias unidades habitacionales, barrios, y Santa Ana Atzacan, que tiene once congregaciones”. Por eso, acotó, “tenemos la esperanza de que se vaya a continuar la obra, porque a lo menos en Ixtaczoquitlán tenemos un cuello de botella, sobre todo cuando es temporada de caña, pensamos que el ingenio El Carmen, de Cuautlapan, va a empezar a meter bagazo a la fábrica de papel Kímberly Clark; también se hacen cuellos de botella con los tráileres de talleres y aceros que sacan mucha varilla, y al igual que sacan meten a muchos chatarreros”.
Y también, sostuvo, el tránsito en Ixtaczoquitlán “se complica por los transportes que entran a la planta cementera de Apasco, a dejar lo que es el barro, que es una materia prima para procesar el cemento, igual son tráileres y pipas que entran por ahí, y por eso se desahogaría la circulación y quedaría más tranquilo el acceso a lo que es Ixtaczoquitlán, pero sería una realidad si el gobierno cumple con su promesa”.
OTRAS OBRAS INCONCLUSAS En el año 2013, el ex Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de la entidad, Gerardo Buganza Salmerón, arremetió contra al menos 18 compañías constructoras que a pesar de haber recibido sumas millonarias por anticipos, dejaron obras inconclusas o inexistentes. El 27 de noviembre del año 2013, el ex secretario dio a conocer que interpuso denuncias contra 18 constructoras, al descubrir que había obras “fantasmas” en todo el estado. Sin embargo, de la obra inconclusa del puente de Buena Vista, nada se dijo. Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público de la Federación, por un daño patrimonial de 170 millones de pesos, donde se involucraba a mandos altos y medios, de la dependencia que a su cargo. Entre las obras fantasmas destacaron, las siguientes:
1.- Reconstrucción del camino Independencia-Pompeya-Arroyo del Fierro. Se trataba de una obra del Fonden 2010. El monto de inversión fue de 12 millones de pesos, de los cuáles se pagó al contratista el 80 por ciento del recurso y no hubo obra. 2.- Restauración del puente en el camino Jobo-Zapipe, en Tantoyuca; obra del FONDEN 2010, por un importe de 8 millones, 800 mil pesos, con un anticipo del 30 por ciento, equivalente a 2 millones, 600 mil pesos, obra que no se realizó. | 3.- Refinamiento y restauración del camino a Nuevo Morelos, en Minatitlán. De un millón, 164 mil pesos, de los que se le pagó al constructor un anticipo del 30 por ciento, y los responsables de la obra no se volvieron a presentar. 4.- Reconstrucción del camino Boquiapan-Casas Viejas, en Jáltipan, con importe de 7 millones, 470 mil pesos, donde se entregó un anticipo del 50 por ciento, cuando siempre se otorgaba el 30%, y tampoco hubo obra. 5.- Reconstrucción del camino Lomas-Achotal-Potrerillo-Limonta y Monte Alto, en Cosoleacaque. De un monto de 9.5 millones de pesos, también se pagó el 50 por ciento de anticipo, sin ejecutarse la obra. 6.- Reconstrucción de un puente en el camino Xochitlán- Palmilla-José María Pino Suárez, en Texistepec. De 7 millones, 740 mil pesos, de los cuáles se dio el 50 por ciento y tampoco se realizó la obra. 7.- Reconstrucción del camino La Cienega-Boquiapan, en Jáltipan. De 8 millones, 124 mil pesos, se le dio al constructor un anticipo del 50 por ciento, sin que realizara la obra. 8.- Reconstrucción y afinamiento del camino Saltabarranca- Hacienda Nueva, en Tlacotalpan. Con inversión de un millón, 248 mil pesos, de los que se le dio el 30 por ciento al constructor, pero no fue encontrada la obra. 9.- Afinamiento y restauración del camino Panga de Guadalupe, en Amatitlán. De un millón, 397 mil pesos, de los cuáles se pagó un anticipo, y después no fue localizado el constructor. 10.- En Jesús Carranza, por un refinamiento y reconstrucción del camino Suchilapan-Casa Blanca, con costo de un millón, 749 mil pesos, se le dio al contratista el anticipo y posteriormente tampoco se encontró. 11.- En el municipio de Emiliano Zapata, para la reconstrucción del camino El Palmar-Tlacotalpan, se dio el 30 por ciento de 100 mil pesos, sin realizarse los trabajos. 12.- En Cuitláhuac, reconstrucción de un puente en el camino Cuitláhuac-Puente Chico, por 7 millones de pesos, de los cuáles se dio un anticipo del 30 por ciento a la constructora y no hubo reconstrucción de puente. 13.- En Ixcatepec, reconstrucción del camino Ixcatepec-San Sebastián, por 13 millones, 700 mil pesos, donde se dio el anticipo y no hubo obra. 14.- En Agua Dulce, la reconstrucción del Camino Antiguo a la Panga, de 28 millones de pesos, donde igualmente se dio el anticipo del 50 por ciento, pero no existió la obra. 15.- En Nautla, por la reconstrucción del camino a Nautla-El Josco, valuada en 23 millones de pesos, se dio un anticipo del 30 por ciento, y sólo hubo trabajos por un millón de pesos. 16.- En Martínez de la Torre, por la reconstrucción del camino Huiltepec-Mes Grande, por 29 millones de pesos, se pagó el anticipo y dos estimaciones por 23 millones de pesos, donde el avance fue sólo de un 20 por ciento de la obra. 17.- En Martínez de la Torre, en el camino Nautla-Jicaltepec. De 20 millones de pesos para la obra, se otorgó el 88 por ciento, y sólo tuvo un avance del 30 por ciento. 18.- En Juchique de Ferrer, para la restauración del camino Juchique de Ferrer-Plan de las Hayas, valuado en 85 millones de pesos, se dio anticipo por 52 millones, y la obra sólo quedó en un 30 por ciento.
En octubre pasado los consejeros Jesús Reyes Heroles, Valentín Díez y Carlos Ruiz Sacristán renunciaron al consejo, aunque la empresa dijo que fue para fortalecer el gobierno corporativo.
Los directivos de OHL –la constructora propietaria entre otras obras de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense y que enfrenta un proceso de sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– tomaron decisiones sin consultar a sus consejeros independientes, de acuerdo con un audio que presuntamente corresponde a una llamada entre directivos. Si esa situación es cierta sería una violación a los estatutos de OHL, los cuales señalan que las determinaciones deben ser tomadas en el Consejo de Administración, integrado por lo menos con un 25% de consejeros independientes. En octubre pasado, los tres consejeros independientes de OHL, Jesús Reyes Heroles Valentín Diez Morodo y Carlos Ruíz Sacristán, renunciaron al lugar que desempeñaban en el consejo de la empresa. La constructora dijo que este paso permitiría fortalecer el gobierno corporativo. La grabación del audio, publicado en You Tube por el usuario Danielle Steele –el mismo que ha subido los audios anteriores–, asegura que la “verdadera razón” de la salida de los consejeros fue que OHL tomó decisiones fuera del consejo de administración. En la llamada, que según el video habría ocurrido el 2 de diciembre del 2014, se escucha la voz de quien se dice es el presidente de OHL, José Andrés de Oteyza, hablando con el director de OHL México, Sergio Hidalgo. El tema de la plática es la posible molestia de los consejeros independientes, y especialmente de Díez Morodo, por decisiones tomadas fuera del consejo. “Por favor, considera muy a fondo lo que te estoy diciendo. Creo que en general volver a molestar a los consejeros independientes con decisiones precipitadas y con decisiones fuera del Consejo, la verdad mano dijimos que no lo íbamos a volver a hacer, eso fue lo que dijimos, que no lo íbamos a volver a hacer, y a las dos semanas volver a intentarlo me parece muy poco serio”, señala Oteyza a Hidalgo. El presidente de la constructora insiste particularmente en el tema de Díez Morodo, quien “se encuentra muy molesto” y le comenta a Hidalgo que podrían “meterse en una buena bronca”.
En la grabación de poco más de 6 minutos no se clarifica que decisiones se tomaron sin conocimiento previo de los consejeros, pero Oteyza menciona al principio el tema de la “rentabilidad garantizada”.
La “rentabilidad garantizada” fue el motivo por el cual la CNBV inició el proceso sancionatorio en contra de OHL. La empresa Infraiber, que tiene un litigio abierto en contra de OHL, señaló que la constructora infla el valor de su concesión del Circuito Mexiquense en la bolsa, incluyendo esa rentabilidad que se trata de una estimación de ganancias determinado arbitrariamente, no de dinero real. La grabación revelada esta semana es la primera en la que aparece la voz de Sergio Hidalgo, director General de OHL en México. Antes, las llamadas filtradas –por las cuales OHL interpuso una denuncia de espionaje– involucraban sobretodo al presidente de la constructora José Andrés de Oteyza, al abogado de la misma y a funcionarios públicos. En una entrevista concedida a Animal Político, Sergio Hidalgo advirtió que las grabaciones que se habían mostrado hasta ese momento eran editadas y producto de intervenciones telefónicas ilegales por lo cual presentaron una denuncia ante la PGR que sigue en integración.
OAXACA, Oax: El cura Apolonio Merino Hernández anunció que solicitará una audiencia con el Papa Francisco, durante el viaje que el pontífice realizará a México, para denunciar la “violencia institucional, amenazas, hostigamiento y daño moral” de que ha sido víctima en la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca por denunciar casos de pederastia. Y acusó directamente al arzobispo José Luis Chávez Botello, quien lo separó de sus funciones sacerdotales el 7 de agosto, al tiempo que fue amenazado que si hacia algún escándalo ventilarían que violó el celibato al formar su propia familia y de prefabricarle un delito por el supuesto abuso sexual a una mujer. También fue suspendido, agregó, el diácono Ángel Noguera Nieto, quien conoció directamente del caso de pederastia cometido por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández. Silvestre Hernández presuntamente abusó de 45 niños indígenas de las parroquias de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta. Merino Hernández se preguntó “por qué Chávez Botello no se ha desprendido de la protección que le ha brindado a Gerardo Silvestre, hoy encarcelado en Tlaxiaco, y mucho menos se ha dictado la sentencia correspondiente; en cambio a mí se me sentencia con un decreto de suspensión definitiva en mis funciones sacerdotales y se me prefabrican delitos que en mi conciencia yo nunca he cometido”. Luego responsabilizó al arzobispo de cualquier atentado a él y a su familia porque ha recibido una serie de amenazas en las cuales le manifiestan que “te van a dar por donde más te duele”. Silvestre Hernández fue acusado por la presunta violación de 45 niños indígenas de las parroquias de Camotlán, Villa Alta y Huitzo, según consta en el expediente penal 140/2013 y que motivó que el Juzgado Séptimo de lo Penal librara la orden de aprehensión, ejecutada en noviembre de 2013. Merino Hernández relató que “siendo yo párroco de Santiago Zoochila, Villa Alta, circunstancialmente me tocó recibir y oír a algunos menores que fueron ultrajados sexualmente por Gerardo Silvestre. Una vez escuchada su queja les dije que si tenían elementos probatorios contundentes acudieran a las instancias correspondientes, señalando como primera al arzobispo y, en segundo lugar, a la Procuraduría General de Justicia. Los menores, en compañía de sus familias, “acudieron una y otra vez con el señor obispo, quien hizo caso omiso y al no ser atendidos pidieron auxilio a otros sacerdotes y denunciaron el caso”, añadió. Esta situación, abundó, “fue conocida no sólo por mí sino por todos los sacerdotes que conformábamos el decanato Sierra Norte, entre ellos el diácono Ángel Noguera Nieto, quien también fue suspendido, marginado, ignorado y ahora enfermo y sin ningún apoyo de la iglesia a la que entregó su vida”. Por ello, exigió al arzobispo una “aclaración pronta y expedita”, así como justicia y reparación del daño a las víctimas”; de lo contrario, “solicitaré audiencia a su santidad el Papa Francisco en su próxima visita a México” para exponer el caso. El expárroco de Santa María Ozolotepec Silvestre Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el Juzgado Séptimo de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años. Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó la formal prisión a Silvestre Hernández, también expárroco en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, es fecha que el Poder Judicial no ha dictado sentencia.
Fue en 2006 cuando Silvestre Hernández fue señalado de un primer caso por violencia sexual contra un niño; luego fue removido a Camotlán, donde se presume hay cerca de 45 niños víctimas y las agresiones se repitieron Villa Alta, así como en San Juan y Santa María Ozolotepec. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421048
El segundo apagón analógico programado para diciembre de este año afectarán a 24 ciudades de Baja California, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Sonora, resolvió el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
A partir del próximo 16 de diciembre, 67 estaciones de televisión de Baja California, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Sonora apagarán su señal analógica, informó este miércoles 18 de noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En esta fase del apagón analógico entrarán 24 ciudades, señaló el IFT en un comunicado. “Las estaciones que terminarán sus transmisiones analógicas ese día están ubicadas en Isla de Cedros, Baja California; Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Guadalajara, La Barca y Ciudad Guzmán, en Jalisco; Ciudad Hidalgo, Los Reyes Salgado, Morelia, Puruándiro, Zamora, Zinapécuaro, Zitácuaro, Apatzingán, Pátzcuaro y Uruapan, en Michoacán; San Luis Potosí, en San Luis Potosí; San Fernando, en Tamaulipas; Monclova, Nueva Rosita, Piedras Negras, Sabinas y Ciudad Acuña, en Coahuila; y Cananea, en Sonora”, explicó. “El cese de la transmisión anticipada de las señales anteriores, se determinó toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó al IFT que se alcanzó un nivel de penetración de receptores digitales de cuando menos 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para las señales mencionadas”, señaló el IFT.
México, DF. El pleno del Senado dio entrada a las dos ternas remitidas a esa cámara por el presidente Enrique Peña Nieto para nombrar a los ministros que habrán de ocupar las vacantes que dejarán Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Las ternas fueron turnadas a la comisión de justicia, la que deberá analizar si lo seis candidatos cumplen los requisitos para ser elegidos como ministros de la corte y presentar también el formato para su comparecencia. El presidente de la comisión de justicia, el panista Fernando Yunes, reiteró que la intención es que sean comparecencias exhaustivas en las que se pueda detectar si reúnen los requisitos establecidos en la constitución, en especial en el artículo 99, para integrar el máximo tribunal del país.
Con ello se inició de hecho el procedimiento para elegir a los dos ministros. A partir de hoy el Senado contará con treinta días hábiles para concluir el procedimiento constitucional y designar de entre los seis candidatos propuestos por Peña Nieto a los nuevos integrantes de la Suprema Corte. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/18/senado-da-entrada-a-dos-ternas-para-la-scjn-5556.html
México, DF. El PRI en la Cámara de Diputados anticipó que para diciembre quedará aprobada la reforma electoral anunciada ayer por su dirigencia nacional para impedir el uso de tiempos oficiales por parte de un solo personaje rumbo a la elección de 2018. El vicecoordinador de la bancada Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, en la práctica hizo nugatoria la intención de la reforma electoral pasada, que limitó la emisión de espots en radio y televisión de los partidos y sus dirigentes al uso de tiempos oficiales. Ahora la iniciativa que confecciona el tricolor es reabrir la compra de espacios en medios electrónicos. El legislador yucateco sostuvo que el enfoque de la ley electoral de 2012 “no era que un precandidato se aproveche de un partido político del que es dueño y utilice todos los tiempos disponibles”. Refirió que entre enero y junio López Obrador tuvo más de 560 mil apariciones es espots de televisión. “La laguna que hay en la ley le permite como dirigente único, plenipotenciario, titular y dueño de Morena utilizar estos tiempos. Lo graves es que lo hace con el dinero de las prerrogativas”, declaró. Sostuvo que el ex candidato presidencial “encontró un huequito en la ley, lo hizo un verdadero túnel y está escarbando y socavando lo que pretendió la reforma electoral, convirtiéndose en el único candidato a la Presidencia de la República que se está haciendo propaganda. Uno solo es el que se aprovecha de las prerrogativas del partido que creó, dirige y financia y que lo llevará como candidato a la Presidencia”. Por su parte, el diputado Federico Döring (PAN) rechazó la posibilidad de que la reforma planteada por el PRI sea probada en este mismo periodo ordinario de sesiones y señaló que las reglas para la difusión de espots de los partidos fueron promovidas por el PRI y en esas condiciones “López Obrador o Ricardo Anaya, como presidente del PAN, e incluso el dirigente del PRI tienen derecho a salir”.
El legislador panista sostuvo que fue el propio Beltrones el que propuso las condiciones de difusión de mensajes en radio y televisión. “Si ahora no le gusta, está renegando lo que él mismo impulsó cundo era senador. Lo que no puede hacer es regatear el derecho de López Obrador ni de Ricardo Anaya de salir en los espots en los tiempos del Estado”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/18/preve-el-pri-sacar-su-reforma-electoral-en-diciembre-3108.html
La convocatoria establece que 24 horas previas a la realización de la consulta ciudadana se suspenderá la difusión y/o divulgación de las razones por las que debe o no ejecutarse el proyecto.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) dio a conocer este miércoles la convocatoria para que los habitantes de la delegación Cuauhtémoc participen en la consulta ciudadana sobre el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. Este ejercicio se realizará el domingo 6 de diciembre de este año de 9:00 a 17:00 horas, y en ella podrán participar los ciudadanos que cuenten con credencial para votar vigente con domicilio en la delegación Cuauhtémoc y que estén inscritos en la Lista Nominal del Registro Federal de Electores del INE. El Consejo Ciudadano Delegacional entregará los resultados de esta jornada al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que los considere como elementos de juicio, para las definiciones a que haya lugar. El IEDF también publicó en la Gaceta Oficial capitalina que se aprueban los lineamientos para diseñar e implementar el modelo de comunicación de las distintas posiciones en torno a la consulta ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa. Éstos aportan líneas generales de actuación mediante las cuales quienes participen en la consulta ciudadana obtendrán los elementos informativos que les permitan emitir una opinión razonada ante las preguntas que se les formulen en dicho ejercicio cívico. Para que los ciudadanos emitan una opinión informada, se elaborarán materiales (trípticos y DVD) que se distribuirán entre el 25 y el 29 de noviembre; y el 23 del mismo mes habrá un micrositio en el portal del IEDF. El instituto organizará un debate entre los representantes de cada corriente o grupo de opinión (por el sí o por el no) entre el 2 y el 4 de diciembre de 2015.
Además, el IEDF elaborará carteles informativos para promover la participación de la ciudadanía, los cuales serán distribuidos entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en centros culturales, bibliotecas, estaciones del Metro y Metrobús, parabuses, mobiliario urbano, plazas públicas, parques y edificios públicos en la delegación. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1811/mexico/el-6-de-diciembre-consulta-ciudadana-sobre-corredor-chapultepec-zona-rosa/
Los criterios que se definan impactarán directo en la garantía de conocer los archivos de otros casos de violaciones graves a derechos humanos, señalaron organizaciones; por ejemplo, en el caso Ayotzinapa.
Este miércoles 18 de noviembre ”está en juego el acceso a la información de casos emblemáticos de violación de derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si la sociedad tiene derecho a saber la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de la historia”, alertaron organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los ministros y ministra de la Primera Sala discutirán la desclasificación de expedientes de las tres masacres de migrantes perpetradas en México en 2010, 2011 y 2012, precisaron en un comunicado. “La decisión que tomen será decisiva para que las víctimas de estos hechos y la sociedad mexicana e internacional accedan a información sobre las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León”, indicaron. “Desde hace tres años, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y ARTICLE 19 buscan la desclasificación de las averiguaciones previas que investigan estos graves hechos. La Corte, como última instancia, revisará el amparo ya otorgado por el Juez Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de los expedientes”, expusieron. “Este miércoles, los cinco ministros confirmarán o negarán la facultad del Instituto para desclasificar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, por el interés público que reviste, aun cuando los casos no hayan sido catalogados como graves o estudiados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, abundaron. Y sostuvieron que “negar el acceso a San Fernando significa potencialmente cerrar a la sociedad Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero también todas y cada una de las masacres, desapariciones, casos de tortura y ejecuciones ocurridas en México, que no han merecido una recomendación de la CNDH y menos una justa catalogación como graves violaciones de derechos humanos. Cerrar San Fernando, por tanto, es encubrir Apatzingán, Tanhuato, La Barca, las fosas de Durango o Allende; es relegar al olvido a Atenco, Acteal, Aguas Blancas y las atrocidades de la Guerra Sucia”.
Esta semana en la Cámara de Diputados se aprobará la minuta de desindexación del salario mínimo.
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron en privado en El Club de Banqueros para acordar una agenda común de temas de lo que resta del periodo y para el próximo que inicia en febrero, así como acelerar la aprobación de las minutas que tiene cada instancia legislativa. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, expuso que entre los temas a discusión en ambas cámaras se encuentran las reformas en materia de robo de hidrocarburos, trata de personas, un conjunto de iniciativas que se generaron a partir del paquete económico. “Podemos asegurar que va a ser un periodo de sesiones muy exitoso, muy productivo, pero que también ya estamos decantando la agenda de los próximos meses en el Congreso de la Unión”, apuntó. En entrevista al término del cónclave privado, adelantó algunos temas para el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero. “Nos hemos propuesto abordar el tema de anticorrupción, terminar la implementación de la reforma en materia de transparencia, que son dos demandas que nos está exigiendo la sociedad”. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, anunció que entre los acuerdos está que entre miércoles y jueves se aprobará en San Lázaro la minuta de desindexación del salario mínimo Además, se buscarán los consensos para darle el aval a la reforma política del Distrito Federal, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el mes próximo.
Expuso que se exploraron una serie de temas y en el encuentro acudieron también senadores y diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas defendió en el Senado la “modernización de Pensionissste”. Dijo que la reforma que se discute en el Congreso tiene como objetivo principal otorgarle personalidad jurídica propia, lo cual es un elemento necesario para que Pensionissste tenga autonomía operativa y financiera. Baeza Terrazas destacó al comparecer en el Senado, ante la Comisión de Seguridad Social, que “el gobierno federal continuará como responsable único del pago de la pensión de los trabajadores que no eligieron cuenta individual en la reforma de 2007”. Asimismo, aseguró que la reforma no altera los términos de la pensión garantizada. En la sesión de preguntas y respuestas destacó que actualmente el gasto pensionario del ISSSTE es de 160 mil millones de pesos para un millón de jubilados y reveló que para 2016, 250 mil nuevos trabajadores se podrán jubilar ya. Esto, representa 25 por ciento más de pensionados del instituto. El funcionario insistió ante los cuestionamientos de los legisladores que “Pensionissste administra cuentas individuales con más de 120 mil millones de pesos, y con la reforma seguirá siendo una afore pública y cobrará la tasa más barata por la administración de los recursos”. De igual forma resaltó que el acuerdo del Consejo de Administración de Pensionissste es que para el año que entra cobrará 0.92 por ciento como comisión por la administración de los recursos de los trabajadores. También, los remanentes de Pensionissste se continuará distribuyendo a los trabajadores y, sostuvo que la reforma es para darle mayor capacidad para que cuente con mayor infraestructura y cumpla los fines de su objetivo. Durante su comparecencia refirió que de alrededor de 200 tiendas Superissste distribuidas en el país se pasará a tener solo 70, y por ello “se está ofreciendo reubicación a los trabajadores o su jubilación. En lo relativo a los crédito de vivienda el director del Issste reconoció que hay problemas porque hay desarrollos habitacionales que hace 15 o 20 años debieron haber quedado concluidos y aún no terminan, y en otros desarrollos se tiene problemas de tenencia de la tierra.
Baeza dijo que el Issste ha ahorrado más de mil millones de pesos a través de la compra consolidada de medicamentos; en 2015 tuvo un presupuesto de 2 mil 306 millones de pesos para obras; tiene un abasto nacional de medicamentos del 96.77 por ciento. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VICTOR BALLINAS/ ANDREA BECERRIL.
México, D.F. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo –con el voto en contra de José Ramón Cossío– al narcotraficante Rafael Caro Quintero por la sentencia que le impuso un tribunal colegiado por la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado en agravio del agente de la DEA, Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Al expresar su inconformidad con la decisión, Cossío consideró que lo procedente era conceder la libertad absoluta a Quintero, cuya orden de aprehensión se reactivó con el fallo de un tribunal colegiado el 23 de enero de 2013, en razón de que se violó el debido proceso en su contra al no haber sido juzgado “dentro de un plazo razonable” –después de 26 años de prisión preventiva– y porque no hay certeza de que las pruebas obtenidas en contra del acusado, fueron producto de tortura a él y a sus acudados. Además, cuestionó a sus compañeros de sala por no seguir los criterios establecidos en ocho amparos previos, ya que el tribunal colegido que emitió la sentencia no tomó en cuenta las denuncias de tortura presentadas por el propio Quintero y por quienes testificaron en su contra. Cossío señaló que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el ministerio público es responsable de probar “más allá de toda duda razonable” que las pruebas que sustentan la acusación fueron obtenidas legalmente. El ministro criticó el proyecto elaborado por Arturo Zaldívar, que negó el amparo al considerar inoperante la queja de Quintero quien denunció que fue torturado y en consecuencia, no se tomaron en cuenta las posibles consecuencias y efectos de la tortura como violación a los derechos humanos. Cuestión que también desestimó el tribunal colegiado. “Es muy delicado afirmar que los argumentos de la tortura respecto del quejoso no pueden ser motivo de un examen constitucional individualizado”, subrayó y agregó que al no existir certeza sobre la existencia o no de tortura, impide establecer con la mayor exactitud y claridad posible la legitimidad de las pruebas. “La única razón jurídicamente válida que justificara la omisión de aplicar los criterios de esta misma Corte”, dijo, sería que se concediera al quejoso el amparo de forma lisa y llana, determinando su libertad absoluta” Señaló que la Corte tenía que llevar a cabo un examen a nivel constitucional, respecto a la obtención de las declaraciones ministeriales de los co procesados, la las cuales fueron rendidas bajo tortura o sin la presencia de defensa técnica alguna, como indica la demanda.
“Quien no presente estas evaluaciones será expulsado de su cargo”, sostuvo.
El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, destacó que la participación de los mentores para presentar su evaluación el pasado fin de semana fue ejemplar, al alcanzar casi 98 por ciento, y confió en que esta condición continúe en las siguientes. El funcionario aseguró que la reforma educativa desmantela “un sistema clientelar y corporativo” que no estaba ayudando a la calidad de la educación. Y sostuvo que esa es la razón por la cual hay lugares en los que sigue habiendo mucha resistencia a esa reforma, como en Oaxaca, Michoacán o Chiapas. En diálogo con los estudiantes universitarios de Aguascalientes, reiteró que ahora los maestros podrán acceder a una plaza por sus méritos y no por el simple hecho de seguir las indicaciones y condiciones de algún grupo político o clientelar. Sobre la inquietud que existe de algunos docentes que no presenten alguno de los exámenes, Nuño Mayer aclaró que conforme lo indica la ley “quien no presente estas evaluaciones será expulsado de su cargo”. Desde luego explicó que esta evaluación consta de por lo menos cuatro etapas, en la que los maestros tendrán oportunidad de presentar diferentes pruebas. “Si los docentes no llegaran a presentar alguna de estas evaluaciones de manera injustificada, inevitablemente obtendrán un promedio no satisfactorio, por lo que estarán reprobados y tendrán que presentar su evaluación el siguiente año”, mencionó. Además, quienes no pudieron presentar una de estas pruebas pueden solicitar su reagendamiento con las autoridades, de manera que no se queden fuera de este proceso que ofrece muchos beneficios. El secretario recordó que este proceso de evaluación terminará hasta el 13 de diciembre y será hasta mediados de febrero cuando se den a conocer los resultados, luego de lo cual se procederá a adjudicar los reconocimientos y apoyos correspondientes. Desde luego, quienes no participen en este proceso y no presentaron justificación alguna para ello, indudablemente serán dados de baja conforme lo señala la ley. Aclaró que no se trata de despedir profesores, sino de ver en qué aspectos les hace falta ayuda para capacitarlos, y en caso de tener un buen desempeño, reconocerlos y estimularlos con apoyos económicos y de vivienda.
El resultado de los estudios sobre los hechos que provocaron los deslaves está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Autoridades del gobierno capitalino, delegacionales y del Cenapred, así como vecinos de Santa Fe, acordaron iniciar este miércoles los trabajos de mitigación del lugar donde se han registrado los deslaves, en el que se incluye la demolición de la propiedad ubicada como Altavista 111. Al término de la reunión efectuada en la sede del Gobierno del Distrito Federal, el consejero jurídico y de Servicios Legales capitalino, Manuel Granados, señaló que con los vecinos presentarán una denuncia penal contra quienes resulten responsables, aunada a la que ya hizo la delegación Cuajimalpa. Comentó que aunque ya cuentan con el resultado de los estudios sobre los hechos que provocaron los deslaves, los dictámenes estarán pendientes por la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Como parte del resultado de los estudios, señaló que los expertos recomendaron que este miércoles inicien los trabajos de mitigación en el talud ubicado en Santa Fe y en el que han ocurrido algunos deslaves en días recientes. En caso de que la mitigación requiera maquinaria pesada, indicó que los trabajos comenzarán el lunes próximo. Agregó que de acuerdo a lo recomendado por los expertos que auxilian a las autoridades capitalinas en esos trabajos, y para continuar en la protección civil de los habitantes de Santa Fe y la estabilidad de la zona, se iniciarán en conjunto con la mitigación del prisma vertical ubicado en la zona poniente del talud. Así como con la demolición de las construcciones en Altavista 111, en este último caso previo al cumplimiento de las notificaciones correspondientes que hará este miércoles la delegación Cuajimalpa. Resaltó que en todo momento se cuidará la integridad física de los trabajadores que participen en las obras de mitigación y en la seguridad de los vecinos de la zona. Asimismo, comentó que el monitoreo de esas obras correrá a cargo tanto de Protección Civil del Distrito Federal, como del Centro Nacional de Prevención de los Desastres (Cenapred). También acordaron en la reunión que dado que ocurrirán algunos desprendimientos de tierra controlados, para estabilizar la zona afectada del talud debajo del predio Altavista 111, se informará previamente a los vecinos y medios de comunicación para que estén atentos a los trabajos menores que se realizarán. Refirió que en la reunión, encabezada por el consejero Manuel Granados, asistió el director general del Cenapred, Carlos Valdés, los secretarios de Protección Civil, Fausto Lugo; de Obras, Édgar Tungüi, y el contralor general, Eduardo Rovelo. Así como el titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Barrón, y el delegado en Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar, representantes de la Asociación de Colonos de Santa Fe, del Club de Golf Bosques de Santa Fe, del desarrollo Vista del Campo y del desarrollo Ladera.
Durante el tercer informe de gobierno en septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la creación de la secretaría, por lo cual presentó una iniciativa, la cual ha generado polémica.
El Congreso Nacional de Trabajadores Técnicos, Administrativos y Manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazó la creación de la Secretaría de Cultura, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. En un desplegado dirigido al mandatario federal y a los diputados y senadores, se señala que “dicha iniciativa fue elaborada por el Gobierno Federal al parecer sin tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos que constituyen los componentes del sector, entre otros, el no tomar opinión de los actores directamente involucrados, agremiados a algún sindicato y no, profesionistas especializados, trabajadores técnicos, administrativos y manuales todos especializados de la Cultura”. Lo anterior, “significa una exclusión y un acto de discriminación poco edificante en un campo que, en los últimos años, ha ido estructurando un andamiaje importante en materia de Derechos Humanos y, particularmente, de Derechos Humanos Culturales, lo cual se traduce en una Iniciativa que genera más incertidumbres que certezas en todos los planos”. Los trabajadores señalan una “ausencia de definiciones y compromisos puntuales del Estado en materia de políticas públicas que justifiquen la creación de la Secretaría de Cultura, haciendo que dicho acto se lea tan sólo como una medida de carácter político, alentada por una visión economicista en pro de fomentar la mercantilización y posibilitar, a mediano plazo, la privatización del patrimonio cultural de todos los mexicanos”. Además, sostienen que la iniciativa lleva al INAH “a un terreno poco sólido, donde por actos ulteriores de autoridad se desmembre o peor aún, se desaparezca, en perjuicio directo de la memoria histórica”. Por ello, exigen al presidente, diputados y senadores “que se actúe con responsabilidad histórica y en congruencia con una visión Estado-Nación que hasta el momento ha preservado y tutelado el patrimonio cultural de todos los mexicanos, en tanto de orden público y de interés social y nacional”.
MÉXICO, D.F: El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deberá revelar el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, a partir de que se constituyó, 25 de noviembre de 2012, y hasta finales de 2013. Una particular requirió la información mencionada al área de transparencia del organismo, desglosada por año hasta la fecha de su solicitud, y también pidió saber a qué se destina el dinero. En su respuesta inicial Bansefi le respondió que el monto de los recursos acumulados al 31 de enero de 2015, ascendió a 286 millones 380 mil 650 pesos y que de ese total durante el periodo fiscal 2014 se ejercieron poco más de 15 millones 832 mil 69 pesos. Añadió que en lo que va de este año los recursos utilizados correspondían a 35 millones 279 mil 450 pesos. Sim embargo, en cuanto a los fines a los que se destina el recurso Bansefi afirmó desconocer la información debido a que previa instrucción de la Secretaría de Gobernación (Segob) destina el presupuesto necesario para implementar y operar las medidas del mecanismo de protección. Tampoco entregó la información sobre los montos no ejercidos, con el argumento de que carece de facultades para determinar, decretar o modificar las medidas referidas que son competencia de la Junta de Gobierno del órgano protector de periodistas y defensores de los derechos humanos. Inconforme con la respuesta la particular interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el que señaló que la respuesta era incompleta porque no se le informó el monto de recursos asignados y ejercidos por año y tampoco los fines para los cuales se destinan los recursos. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana, quien al realizar su análisis jurídico, derivado de un estudio normativo de las atribuciones y alcances de Bansefi, advirtió que dicha institución en su calidad de fiduciario está en condiciones de informar sobre los recursos asignados y ejercidos con cargo al fideicomiso desde el 25 de noviembre de 2012, fecha de su constitución, hasta finales de 2013 ya que sólo en su respuesta original sólo proporcionó lo relatico a 2014 y 2015. Además, en una diligencia de acceso a la información la comisionada advirtió que si bien Bansefi no es quien lleva a cabo los procedimientos de contratación respectivos sí cuenta con copias de las facturas en que se consignan los bienes y servicios adquiridos para la implementación de medidas de protección lo que responde a la solicitud de conocer los fines a los que se destinan los resursos.
Cano precisó que esos documentos contienen el nombre o razón social del proveedor del bien o servicio adquirido y su difusión podría poner en riesgo su vida o seguridad debido a los actos violentos que agresores pudieran infligirles a fin de obtener datos sobre la manera en que se implementan las medidas de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que al momento de entregar esta información al particular Bansefi deberá hacerlo en versión pública. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421019
Dentro de la Cámara de Senadores circulan versiones en el sentido de que la medalla Belisario Domínguez se otorgó al multimillonario Alberto Bailleres por consigna de Los Pinos. Pero esto no es todo: Existen pruebas claras de que las cifras de la votación correspondiente fueron falseadas –infladas– en el seno mismo del Senado para darle lustre al empresario, cuya elección estuvo lejos de ser unánime. Más aún, la ceremonia de premiación fue desairada por casi la mitad de los senadores, en tanto que el discurso de Bailleres –salpicado de elogios a Enrique Peña Nieto y al empresariado neoliberal– no tuvo nada que ver con la proclama de Belisario Domínguez y su sacrificio.
MÉXICO, DF: El mandato “desde Los Pinos” para otorgar la medalla Belisario Domínguez al multimillonario Alberto Bailleres González fue deslucido de principio a fin: por primera vez desde que el Senado creó la presea, hace seis décadas, se rompió la unanimidad; sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Pero sucedió algo peor: en el Senado se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrar al tercer hombre más rico de México, dueño de múltiples negocios y beneficiario de la privatización del petróleo, aprobada justamente por sus premiadores. Los 65 votos a favor computados en la sesión del miércoles 4 –una raquítica mayoría de la mitad más uno– se convirtieron en 72. Siete sufragios de senadores aparecieron, repentinamente, en las versiones estenográfica y oficial. Eso también pasó con los votos en contra: 12 se volvieron 13. Se trata de una adulteración de la voluntad del Senado que preside el panista Roberto Gil Zuarth y cuya Junta de Coordinación Política está encabezada por el priista Emilio Gamboa Patrón, máximos jerarcas de ese órgano del Poder Legislativo federal y de quienes pudo venir la orden para cometerla…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2037 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421005
"Lo que montan (las autoridades) es realmente una obra de teatro", sostiene.
‘El Teatro del Engaño‘ aborda el caso de Israel Vallarta, quien a diez años del montaje en el que lo detuvieron junto con Florence Cassez, aún no recibe sentencia y está en espera de que se confirme la tortura en su contra, detalló la periodista belga Emmanuelle Steels. En entrevista para Aristegui CNN, recordó el montaje mediático confesado por las propias autoridades -después de que lo exhibieron los medios de comunicación- el cual provocó la liberación de la francesa en enero 2013, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Dos meses después del montaje, un programa de Televisa (Punto de Partida con Denise Maerker) descubrió que esta detención (transmitida por Televisa y Tv Azteca) no había sido en vivo… a partir de la confesión de autoridades, lo que montan es un doble engaño”, señaló. “Lo que montan es realmente una obra de teatro, donde van repartiendo los roles, donde dan nombres de signos zodiacales a supuestos secuestradores que pasan primero 4 años antes de detenerlos, porque primero esta banda solamente está conformada por Israel Vallarta, que fue torturado, y Florence Cassez, y poco a poco con el paso de los años van a ir deteniendo más miembros, muchos de la familia Vallarta, sobrinos y hermanos de Israel, les van a dar signos zodiacales que ni siquiera son los suyos, van a detener más personas a las que dan varias identidades, y va a haber toda una serie de detalles en la fabricación y elaboración de esta banda, relacionándola con otras bandas ficticias, donde hay muchos detalles rocambolescos, por ejemplo van sacando declaraciones ministeriales para incriminarlos a un personaje que está en coma, detienen a personas sin saber de lo que los acusan, van creando una serie de bandas, una galaxia de bandas, una constelación, y llega un momento en 2009 en que les llegan a faltar hasta víctimas, tienen demasiadas bandas para pocos secuestros”, explicó. “Esta historia empezó el 8 de diciembre de 2005, van preparando el montaje que tiene lugar el 9 de diciembre de 2005, un día después de la detención y en que se origina la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, viven juntos en una casa a las afueras del DF, en la carretera libre a Cuernavaca, y este caso se origina en el rancho Las Chinitas, que no es un rancho porque es una casa bastante chica y un terreno de diminutas dimensionas, no es un rancho como lo entendemos habitualmente”, expuso. Todo “se origina en un conflicto de negocios que tiene el hermano de Florence Cassez (Sebastián) quien lleva muchos años en México, con su socio, Eduardo Margolis, tienen un conflicto bastante fuerte donde se reclaman dinero el uno al otro. Eduardo Margolis, un señor muy poderoso, promete vengarse de esta situación”, indicó Steels. Margolis le reclamaba más de 60 mil dólares a Sebastián, pues afirma que se quedó con la empresa de venta de aparatos para tratamientos estéticos; a él llegan una serie de amenazas y poco tiempo después su hermana es detenida en compañía de Israel Vallarta, quien es amigo de Sebastián Cassez y también conoce a Margolis porque tuvo tratos con Margolis, y de alguna forma la venganza también es contra él por ponerse del lado de Sebastián en el conflicto, abundó. “Los dos hombres habían recibido amenazas de este empresario, que es cercano a Genaro García Luna, en ese entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cercano también a Luis Cárdenas Palomino, en ese momento director de la investigación policial en la AFI”, apuntó. El empresario está en el “centro del complot” porque también existe un lazo con las víctima que van presentando, y quienes atribuyen una serie de secuestros a la banda Los Zodiaco, en la que sitúan a Florence y a Israel como líderes, y cuya existencia el libro pone en duda. “Él mismo (Margolis) con el paso de los años lo va reconociendo… tuve la posibilidad de entrevistarlo (a Eduardo Margolis) dijo que él iba tras la banda de Los Vallarta, así los llamaba, y posteriormente en el momento de su liberación, Florence Cassez pudo hablar con él por teléfono para reclamarle por qué la puso en esa situación, por qué tuvo que pasar 7 años en la cárcel, y él le dijo: efectivamente, yo solicité la detención pero no la tuya, solamente la de Israel Vallarta, que cuando se estudia su expediente no se encuentran pruebas de que estuviera involucrado en secuestros”, sostuvo la periodista belga. Fue hasta que un juez de Toluca empezó a aceptarle pruebas a Vallarta -nunca le habían aceptado por considerar que había delito en flagrancia-, cuando comienza a avanzar su proceso, el cual es lento porque las víctimas y los aprehensores no se presentan a acusarlo. A Vallarta “recientemente le han autorizado que unos peritos le practiquen el protocolo de Estambul, para demostrar la tortura, diez años después de un dictamen de la CNDH que ya demostraba múltiples huellas de tortura por golpes y toques eléctricos”. Emmanuelle aseguró que “la familia de Vallarta fue detenida, todos fueron torturados, de momento sólo en tres de ellos se les practicó el protocolo de Estambul, que salieron positivos, y dos de ellos han sido sentenciados hace poco a 33 años por un secuestro, delincuencia organizada y portación de arma, es muy importante esta sentencia: son dos sobrinos que se llaman Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, dos jóvenes que tenían empleos formales, no tenían un perfil criminal, tienen familias, Alejandro tiene esposa e hijos, no tenían antecedentes penales y no tenían materialmente por sus empleos el tiempo de dedicarse al secuestro. Además, Alejandro Cortés Vallarta pudo demostrar que estaba trabajando en la construcción de un hotel en la Riviera Maya cuando ocurrió el único secuestro por el que fue sentenciado, y sus empleadores llegaron a testificar que ese día estaba trabajando con ellos en Akumal en la construcción de un hotel”. “Por otro lado, Juan Carlos también pudo demostrar un trabajo formal con ciertos horarios que no le permitían dedicarse al secuestro. La sentencia se basa únicamente en el hecho, ahí el juez lo que hace es decir que no necesariamente tiene que demostrar que participaron en este secuestro, ya que forman parte de una organización de secuestradores, ahí por delincuencia organizada los acusa de rebote de secuestro lo que no debería ser así, diciendo que la existencia de la banda de Israel Vallarta y Florence Cassez está demostrada, sin embargo no lo está, Israel Vallarta no está sentenciado después de 10 años, y Florence Cassez digamos la Suprema Corte echó por tierra las supuestas pruebas que se aportaron de la existencia de esta organización delictiva”, agregó. Pero “la justicia sentenció a dos sobrinos con base en el prejuicio de la existencia de esta banda liderada por Florence Cassez”, aunque “cuando se estudia a fondo el expediente lo que sí se puede establecer claramente como creo lo hice en este libro es que todas las pruebas testimoniales y materiales, provienen de este montaje, son pruebas que ahí están en la casa de Israel Vallarta pero ahí están porque fueron sembradas, y los propios testimonios de las víctimas, no solamente la forma en la que han variado sino la forma inicial en la que se formulan, diciendo no reconocemos a Israel Vallarta y a Florence Cassez, pero los agentes de la AFI nos dijeron que eran nuestros secuestradores“. La autora del libro afirmó que sólo las autoridades saben si las víctimas son de otra banda de secuestradores. Ante este escenario, consideró que “si se aceptan este tipo de montajes, si se validan condenas, encarcelaciones, torturas que resultan de este tipo de montajes, probablemente la sociedad se expone a que se sigan repitiendo este tipo de prácticas, y todos corremos el riesgo de que cuando salgamos a la calle nos detengan, nos torturen y nos acusen de tener personas secuestradas en nuestra casa o cualquier otra cosa”. Y sentenció: “No solamente la sociedad está dañada por este montaje, también lo está una familia entera, un testigo, David Orozco, que ha muerto después de no recibir atención médica, después de haber sido torturado para acusar a Israel Vallarta y Florence Cassez, era un vendedor de ropa de un tianguis detenido por las autoridades”. La periodista mencionó que en el libro está el relato detallado de los expedientes y el caso de Israel Vallarta, donde hay un prejuicio de que él es el jefe de una banda de secuestradores, “es un prejuicio que tardé dos años en derribar, estaba convencida de que existía esta banda y de que Israel Vallarta tenía algo que ver con eso”. Fue “a la fuerza, sembrando pruebas, forzando testimonios” como lograron encuadrar el caso; “lo primero que pensamos es que las víctimas no mienten, pero analizamos declaración por declaración, viendo cómo las víctimas están sometidas, presionadas, logramos desentrañar todo eso”.
