México, DF. Diputados de PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la Secretaría de la Función Pública no ha logrado frenar la corrupción en México y el coordinador del blaquiazul, Marko Cortés, le entregó esta noche al titular de esa dependencia, Virgilio Andrade, una copia de la solicitud de juicio político que su bancada presentó en su contra hoy en la Secretaría General. En la comparecencia del funcionario, que se desarrolla en la Cámara de Diputados para la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los legisladores de esos partidos señalaron que Andrade sólo ha cumplido la función para la cual fue nombrado, esto es indagar el presunto conflicto de interés del Presidente de la República, su esposa Angélica Rivera, y funcionarios del gabinete con distintas empresas. El panista Marko Cortés insistió: “usted fue designado hace casi un año, después del escándalo más grande de corrupción en la historia moderna de México, para determinar si hubo conflicto de interés en la adquisición de propiedades del Presidente y del secretario de Hacienda. Después de una 'ardua' investigación no encontró nada y lo declaró caso cerrado”. También, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, sostuvo que ante los múltiples casos de corrupción, se revela la nula actuación de la Secretaría de la Función Pública, en parte por la debilidad institucional, pero también por la falta de voluntad política. “La secretaría ha sido ineficaz para combatir la corrupción y presuntos conflictos de interés”, dijo.
MÉXICO, DF: Roberto López Trujillo, de 44 años, desapareció hace más de un mes en la sierra de Tamazula, Durango, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron operativos para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Desde entonces su hermano Pedro lo ha buscado en la sierra y en los servicios médicos forenses, pero no ha dado con su paradero, según una nota difundida por el diario Noroeste. Pedro se sumó ayer a la manifestación que realizaron familiares de víctimas de desaparición forzada en Durango, y anunció que a partir de hoy iniciaría otra búsqueda en los archivos de las penitenciarías donde están enlistadas las personas que han cometido algún delito. De acuerdo con el diario, Pedro López dijo que su hermano escapó de la zona donde los marinos realizaban los operativos de seguridad para localizar al líder del Cártel de Sinaloa. Tenía seis noches viajando por la sierra, caminando entre los cerros y el monte, y a la sexta luna él y sus ocho compañeros fueron atacados por armas de fuego, relató. “Él venía huyendo, así como todos salieron huyendo. Él venía junto con otras ocho personas, y al llegar al río donde le dicen La Boquilla, ahí fue donde le dispararon a él. Fueron los marinos los que le dispararon. Dicen que los marinos pegaron 200 balazos”. Añadió: “Yo no encontré evidencia, casquillos, ni nada. Y uno que se quedó más cerca de él (Roberto) dice que escuchó que lo golpeaban, que un helicóptero se lo llevó”. Según Pedro, los elementos de la Semar son los responsables de la desaparición involuntaria de su familiar, “porque gritaron que eran los marinos. Y yo fui a los siguientes días, fui al lugar de los hechos, revisé todo y no había nada, pero ahí estaban los marinos, no había más que puros marinos. No podía haber malandrines, los malandrines salieron”, destacó. Precisó que ha recibido información de que Roberto López fue herido por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en la pierna, aunque aclaró que él no puede comprobar eso. “Mi hermano no llevaba arma. Ninguno de ellos lleva arma. Ni andaba ‘empercherado’, ni ‘pinto’, ni nada. Es gente que va y trabaja, como todo el mundo. Normal. No es gente mala”.
Según Noroeste, López ha solicitado información a la Semar sobre el paradero de su hermano, pero hasta no ha recibido respuesta. “Si lo tienen o no lo tienen, no han querido decir la verdad”, denunció. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421072
COLIMA, Col: El Tribunal Unitario Agrario distrito 38 emitió una medida precautoria a favor de la mesa directiva de bienes comunales de la comunidad indígena de Zacualpan, con el fin de evitar que el Registro Agrario Nacional (RAN) inscriba el acta de la asamblea convocada por la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, en la que se pretendió destituir a los dirigentes Taurino Rincón Lorenzo, Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán. En un acuerdo dictado dentro del juicio agrario 434/15, el magistrado Agustín Hernández González notificó la orden enviada mediante oficio al RAN para que se abstenga de inscribir el acta de asamblea de fecha 11 de octubre pasado, celebrada en Zacualpan, municipio de Comala, o cualquier acto relacionado con la misma, hasta en tanto se resuelva el presente juicio. El titular del órgano jurisdiccional fundamentó su decisión en el deber establecido por los artículos 1º y 2º de la Constitución de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en particular el de los pueblos indígenas”, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La directiva encabezada por Taurino Rincón fue electa el 20 de noviembre de 2014 con el apoyo del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), organización constituida para combatir el proyecto de una mina de oro, plata, cobre y manganeso que desde 2013 se pretendía explotar en esa región, pese a los riesgos que implicaba para el manantial de la comunidad que abastece de agua a la mayor parte de la capital del estado. Según el CIDTZ, el proyecto de la mina –que después de la movilización de la comunidad fue suspendido– era respaldado por el anterior presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro, con el apoyo de Díaz Rivera, quien recientemente fue denunciada por organizaciones nacionales e internacionales de instigar el clima de violencia en Zacualpan a través de un grupo de comuneros relacionado con el exdirigente. El 11 de octubre pasado, con una parte de los comuneros la funcionaria encabezó una asamblea en la que los asistentes votaron por la destitución del presidente de bienes comunales Taurino Rincón y demás dirigentes, y en su lugar fue nombrada una nueva mesa directiva. Tras considerar que hubo violaciones a la ley en esa asamblea, los directivos destituidos presentaron una demanda contra los delegados del RAN y de la PA, en la que pidieron que se declare la “nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias”.
El Tribunal Unitario Agrario admitió la demanda y además de dictar la medida precautoria a favor de los demandantes, requirió al delegado del RAN documentos diversos, entre ellos el acta de la asamblea del 11 de octubre, las convocatorias respectivas, la solicitud de comuneros a la PA para realizar la asamblea, la solicitud de inscripción del acta de parte del comisariado de bienes comunales electo y cualquier otro documento relativo al caso. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421065
TAMPICO, Tamps: La orden de captura girada por autoridades de Estados Unidos contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores no fue obstáculo para que éste acudiera como invitado especial al quinto informe de gobierno de Egidio Torre Cantú. En una camioneta blindada, el exmandatario arribó a las 12:40 horas al Centro de Convenciones de esta ciudad, en las inmediaciones de la Laguna de Carpintero, donde Torre Cantú dio un mensaje para hablar de los logros de su administración. Cuando ingresaba al lugar, Hernández Flores se tomó fotografías con invitados y algunos reporteros, pero se negó a dar entrevistas a los medios. “Yo nada más vengo aquí de invitado”, soltó. El exgobernador es buscado en Estados Unidos por su presunta participación en el “lavado” de aproximadamente 30 millones de dólares que supuestamente recibió del crimen organizado y que colocó en bancos de Texas. Inclusive las autoridades de ese país han ofrecido una millonaria recompensa a quien proporcione información para localizarlo. Al evento de este miércoles también asistió exgobernador Manuel Cavazos Lerma, quien llegó a pie, así como el cónsul de Estados Unidos en Matamoros, entre otros. En su mensaje, Torre Cantú dijo que Tamaulipas se ha recuperado pero admitió que aún hay mucho por hacer.
“Está claro que venimos recuperando Tamaulipas, que cumplimos metas, que tenemos logros, pero también está claro que hay retos que continuar”, apuntó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARISTEGUI NOTICIAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421050
Según versiones extraoficiales, los uniformados iban escoltando a expertos de la CIDH que habían llegado en helicóptero por la mañana, lo que no se confirmó .
Unos 50 policías federales inspeccionaron la tarde de ayer el basurero de Cocula, y dejaron la zona acordonada, pero sin resguardo policiaco. Fuentes extraoficiales informaron que los policías federales iban resguardando a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que la información haya sido confirmada. A las 12 del mediodía, el convoy de 10 patrullas de la Policía federal con unos 50 agentes fuertemente armados entró a la cabecera municipal de Cocula y al llegar al centro del poblado se dirigió directamente al basurero donde, según la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que después arrojaron sus cenizas al río en el poblado de Puente Río San Juan, al sur de la cabecera municipal. Al basurero se llega por una brecha de terracería de 10 kilómetros desde el centro de la cabecera municipal de Cocula hacia el sur del poblado; un kilómetro antes del basurero había un retén de policías federales que impidieron el paso. Los policías federales estuvieron en el basurero municipal más de tres horas, hasta las 3:30 de la tarde, y después abandonaron el tiradero a cielo abierto, que quedó acordonado, pero sin resguardo policiaco. En el retén, los policías federales justificaron que no había paso porque había un enjambre de abejas que había atacado al personal. En una visita al basurero después de que el convoy abandonó la zona, se confirmó que el lugar estaba acordonado en dos lugares, uno en la parte alta del basurero y otra en la base, a unos 50 metros abajo donde, según la versión oficial, los normalistas fueron asesinados y calcinados. Desde lo alto del basurero se ve en la parte baja la zona acordonada de unos 50 metros de diámetro, sin resguardo de policías. Según las fuentes extraoficiales, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los que resguardaban los policías habían llegado cerca de las 11:30 de la mañana de ayer en helicóptero a las instalaciones del estadio de futbol Ambrosio Figueroa, y desde ahí fueron escoltados hasta el basurero de Cocula.
Cazarín Molina ha sido identificado como informante directo del líder del cártel de Jalisco, Rubén Oseguera Cervantes, “El Menchito”.
Fuerzas federales detuvieron durante un operativo realizado esta madrugada a Iván Casarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. En conferencia de prensa, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, detalló que el detenido es un objetivo prioritario de la estrategia Operativo Jalisco. Precisó que Cazarín Molina ha sido identificado como quien informaba de manera directa de las operaciones delictivas al líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Además el hoy detenido es señalado como el autor material e intelectual del ataque contra un helicóptero militar en mayo pasado, en Villa Purificación, Jalisco, en el que murieron militares y policías federales. Durante la detención de Cazarín Molina fueron aprehendidos también Marco Antonio Rocha García, Rafael Ortega Aquino y Yahir Martínez Mora, quienes al momento de su detención tenían cinco armas largas, cuatro cortas, cocaína, cuatro vehículos y varios aparatos de comunicación.
La detención, aseguró Galindo Ceballos, se logró sin hacer disparos, en tanto las personas detenidas, las armas y la droga fueron trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR). FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-11-2015/1555720
MÉXICO, DF: El Órgano Interno de Control de la Semarnat encontró elementos probatorios que presumen la existencia de irregularidades cometidas por exfuncionarios en el caso Dragon Mart, proyecto que se buscó desarrollar en el municipio quintanarroense de Puerto Morelos En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que ante esa situación la instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició el procedimiento correspondiente contra Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrios Valladares. Los dos presuntos responsables se desempeñaron como delegado federal y subdelegado jurídico en Quintana Roo de la Profepa, respectivamente. También recordó que en febrero pasado la Profepa presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat por posibles irregularidades administrativas relacionadas con los procedimientos aperturados a la persona moral Real Estate Dragon Mart Cancún SA. Por ello, una vez analizadas las diligencias de investigación pertinentes se informó a la Profepa de que se encontraron elementos probatorios que permiten presumir la existencia de irregularidades administrativas por parte de ambos exfuncionarios. Ante ello, detalló un documento emitido por el titular del área de quejas de la citada instancia adscrita a la SFP, se procedió a turnar al área de responsabilidades la denuncia para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Además, la Profepa exhortó a los titulares del gobierno de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez a no desistir en la acción de la aplicación de la ley.
Incluso, llamó a hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a niveles estatal y federal a ese megaproyecto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
SAN SALVADOR ATENCO, Edomex: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no recibirá dádivas del Fondo de Indemnización a Víctimas, debido a que con esta acción se pretende dar carpetazo al caso Atenco, advirtió Ignacio del Valle, líder de la organización. Del Valle Medina precisó que la posición del Frente es la misma desde sus inicios, a pesar de todas las represiones sufridas: la exigencia de justicia. “Desde luego que no, no somos ingenuos, no queremos esa dádiva… Quien iría a la cárcel, en principio, si hubiese justicia, sería él –el presidente Enrique Peña Nieto–, porque reconoció públicamente que él ordenó –como gobernador– la represión del 3 y 4 de mayo de 2006”, dijo. Con la entrega de ese recurso y el llamado a una última audiencia en los juzgados del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, aseguró, las autoridades están buscando cerrar ese capítulo. “Es como el requisito que necesita el gobierno para darle carpetazo a ese asunto: Te obligo a ir a señalar al que te agredió, al chivito expiatorio –los elementos policiacos sujetos a proceso–, y ya no te hablo como víctima, sino como testigo. El gobierno quiere cerrar ese capítulo, quiere decir que se complementó el proceso, decirle a la Corte que resarció el daño con el fideicomiso”, alertó. Las integrantes del Frente, abundó, sobre todo las violentadas, han actuado con mucha dignidad, de tal manera que si quisieran habrían recibido la indemnización desde hace mucho tiempo; “no la van a aceptar”, acotó. Por ahora, dijo, la exigencia de justicia por los excesos cometidos contra los integrantes del Frente se encuentra en otro nivel, fuera del país, donde a pesar de que ha implicado un buen plazo se confía en una determinación favorable. Posiblemente este fin de año, compartió, haya un resolutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se acusa a Peña Nieto, a las autoridades municipales de Texcoco y a las del Estado de México de incurrir en un crimen de lesa humanidad por la represión y confabulación con que actuaron en contra de los integrantes de la organización que se opusieron a la construcción del aeropuerto en sus tierras. “Es un crimen de Estado repugnante que no podemos aceptar ni perdonar, no por un sentido de venganza, sino de justicia. Tenemos esa postura de no olvidar lo que nos cambió la vida totalmente”, advirtió.
El 20 de octubre, el procurador Alejandro Gómez anunció que la dependencia a su cargo se encontraba ya en etapa de individualización de la compensación a 11 mujeres de Atenco agredidas sexualmente. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VENERANDA GARCÍA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421051
MÉXICO, D.F: Tomás Arévalo Rentería, supuesto socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, será sentenciado este miércoles en una corte federal en Chicago, Estados Unidos, acusado de dirigir entregas de heroína y cocaína desde México. Arévalo Rentería, de 46 años de edad, pasará en prisión al menos 10 años, aunque los fiscales buscarán una sentencia de 25 años en prisión. Los abogados del supuesto cómplice de “El Chapo” dicen que sería una pena demasiado severa para alguien que estaba al final de la jerarquía de mando. En marzo de 2014, Tomás Arévalo se declaró culpable de distribuir grandes cantidades de cocaína y heroína en el área de Chicago para el cártel de Sinaloa. Así lo informó en esa ocasión la Oficina del procurador federal para el Distrito Norte de Illinois, al detallar que el acusado admitió ante el juez Rubén Castillo que de 2005 a 2008 distribuyó más de 150 kilogramos de cocaína y 30 de heroína en el área de Chicago y otras partes de Estados Unidos. La declaración ocurrió bajo el esquema conocido como “confesión ciega”, sin establecer ningún acuerdo de sentencia con la fiscalía, por lo que podría enfrentar penas desde 10 años a cadena perpetua. Arévalo Rentería de declaró culpable dos semanas después de que su socio y coacusado Alfredo Vásquez Hernández se retractó de hacer su propia admisión de culpa. Vázquez Hernández canceló su plan de declararse culpable cuando una televisora de Chicago informó de manera equivocada que estaba cooperando con las autoridades y declararía contra el líder del cártel de Sinaloa –quien el pasado 11 de julio eswcapó de la cárcel de máxica seguridad del Altiplano, en el estado de México– a fin de recibir una sentencia menor, lo que hizo temer por su familia en México. La preocupación de que algo similar ocurriera en el caso de Arévalo Rentería condujo a los fiscales federales a puntualizar durante la audiencia ante el juez que no existía ningún tipo de acuerdo y que el reo no había aceptado declarar en contra de ‘El Chapo’ Guzmán. El subprocurador federal Thomas Shakeshaft dijo al juez Castillo que el único acuerdo con Arévalo Rentería era que los fiscales no buscarían aumentar su sentencia a partir de su declaración de culpabilidad, lo que limitaría su condena de 20 a 10 años de prisión.
Arévalo Rentería y Vázquez Hernández figuran en la misma acusación federal ante la Corte en Chicago en la que están implicados Guzmán LOera, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y su hijo Jesús Vicente Zambada Niebla, junto con otras ocho personas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Alianza Cívica alertó que se pudo percatar “que las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la violencia social en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en algunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la militarización”.
La organización Alianza Cívica destacó este día que el proceso electoral del 7 de junio pasado estuvo marcado por la violencia en zonas y generalizada, por la compra del voto y por una pérdida de credibilidad en el Instituto Nacional Electoral (INE). Ahora, de acuerdo a un estudio que toma distintas variables, prevé que ese escenario se repita en 2018, cuando México regresa a las urnas a elegir Presidente. Un equipo desplegado por la Alianza Cívica de Nuevo León en diversos municipios de diez estados del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, el Estado de México y Jalisco, investigó y siguió las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos electorales del pasado 7 de junio. La asociación presentó hoy los resultados observados durante su investigación. Alertó que se pudo percatar “que las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la violencia social en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en algunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la militarización”. Advirtió que se registró también “el uso de la policía y fuerzas militares para intimidar a la población en zonas donde el voto no era favorable al partido que gobernaba”. La Alianza destacó que la compra de voto fue una constante a lo largo del país, en sus distintas modalidades. Además, de acuerdo con los testimonios recabados, en las elecciones del mes de junio el voto se compró en un promedio de entre 500 y 2 mil pesos; comprándose más baratos en algunas zonas de Guerrero, donde se llegó a pagar escasamente a 50 pesos, mientras la más cara se dio en Sonora donde ascendió hasta a 2 mil pesos. Sin embargo, dijo que la mayoría de testimonios hablan de un pago de 500 pesos por voto. El estudio se realizó en 22 municipios de 10 estados: Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, en Guerrero; Pinotepa Nacional, Oaxaca; Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Monterrey, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe, en Nuevo León; Saltillo, Monclova y Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y Durango, Durango; Cd. Juárez , Chihuahua; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Ecatepec, Estado de México, y Cd. Obregón y Hermosillo, Sonora. En cada uno de estos se dio seguimiento las prácticas de compra o coacción del voto; ya sea en efectivo o mediante la utilización de programas sociales de los distintos niveles de gobierno, a los actos de violencia antes o durante la jornada electoral, al desempeño de las autoridades electorales y una sistematización “incipiente” de la percepción de la ciudadanía sobre la relación de candidatos con el narcotráfico. Para recoger esta información se empleó a observadores que recogieran de primera mano la información, se hizo monitoreo a medios sobre actos de violencia, observación directa de los investigadores el día de las elecciones y se trabajó con grupos de enfoque, dijo Alianza Cívica. Realizaron además previo y posterior a los comicios diversas entrevistas con “actores e informantes clave”, entre el 29 de julio y el 15 de agosto, y aunque precisó, estas encuestas no representan una muestra estadística representativa, los porcentajes dan “indicios de lo que pudo haber sucedido en el pasado proceso electoral”. CANDIDATOS LIGADOS AL NARCO Y AMENAZAS Alianza Cívica indicó que del 26 por ciento del total de los entrevistados señaló que supieron de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos pudiera realizar libremente sus campañas en municipios de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Coahuila. Mientras, el 21 por ciento dijo que supo de grupos que impedían el desplazamiento de promotores de campaña en Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Edomex, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Coahuila. Además en entidades como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, entre otras de las ya mencionadas, los encuestados dijeron haberse enterado de que algunos partidos o promotores de campañas tuvieron que negociar con grupos para poder entrar al territorio. Mientras, en los diez estados en los que se llevó a cabo la investigación, el 40 por ciento de los entrevistados, consideró que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo criminal; y el 37 por ciento indicó que la delincuencia organizada, pudo haber influido en la selección de algún candidato. El 6 por ciento manifestó saber que el INE tuvo que negociar con algún grupo, para la instalación de las casillas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y obviamente Oaxaca y Guerrero. LA COACCIÓN DEL VOTO, UN TEMA PENDIENTE “La compra y coacción del voto sigue siendo un tema pendiente, que afecta la equidad del proceso electoral. Prácticamente todos los actores entrevistados denunciaron este tipo de prácticas: amenazas a los beneficiarios de programas sociales o de quitarles los permisos a tianguistas, transportistas, o los programas de apoyo al campo”, alertó la organización. Destacaron que el uso de los programas sociales para la compra de votos fue reportado en todos los lugares observados y por parte de los tres ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Entre los programas más denunciados fueron los pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como los de Prospera, el Programa de Empleo Temporal, 65 y más, de Liconsa. De la Sagarpa fueron denunciados Procampo y otros proyectos productivos. También se observaron diversas presiones a comerciantes por parte de los gobiernos municipales, amenzándolos con retirar la concesión si no asistían a actos proselitistas o votaban por el partido oficial. Otra forma a todas luces ilegal de incidencia en el proceso electoral se realizó mediante la entrega de millares de televisores digitales por parte de la SCT, utilizando el padrón de la Sedesol, en los días previos a la elección. Alianza Cívica pudo observar que la presión a los electores el día de la jornada electoral se dio mediante personas de forma intimidante se encontraban afuera de las casillas o el acarreo “como una forma de decir ‘yo te llevo a votar, y tú votas por mi partido’”. La organización dijo que en el estudio quedó de manifiesto “el agradecimiento y de cierta forma la lealtad” de los beneficiarios de algún programa social hacia el promotor del mismo, expresado a través del voto hacía el partido del que éste provenga. Respecto al desempeño del INE, Alianza Cívica dijo que sólo el 44% de los ciudadanos entrevistados dijo que considera que el desempeño del órgano electoral es confiable. Sobre la pregunta hecha a actores pertenecientes a partidos políticos sobre si hay evidencias de que los gobiernos de los tres niveles estén utilizando recursos públicos para promover a un partido o candidato, un poco más del 50% dijeron que sí. Sumado a ello, el 77% de ellos dijeron que la ciudadanía desconoce los delitos electorales. El organismo presentó además un testimonio anónimo de un funcionario del INE quien dijo que pudieron constatar que en Hermosillo hubo gente repartiendo “a diestra y siniestra” para la compra de votos. “Yo no sé de dónde sacaron tanto dinero. Yo tengo reporte de la ciudad de gentes de absoluta confianza de nosotros que vieron como estaban repartiendo dinero a diestra y siniestra por ambas partes, pero mucho dinero. Tanto del partido en el gobierno como el opositor en el bipartidismo de Hermosillo, PAN y PRI y bueno, debe llevarnos a la lógica de que ese dinero estuvo fondeado por alguien y, bueno, si en esa lógica es muy probable que la federación haya, vamos a decir esté […] caminado con recursos por que fueron ofrecimientos de miles de pesos por cada voto en colas largas y la gente lo aceptaba, y esa es una de las desgracias que tenemos”.
“Porque si así seguimos pues esto no va a cambiar nunca. Hay la presunción de donde se dan este tipo de rutas del dinero hacia las elecciones […] vemos que lo derrochan a manos llenas no solamente en la campaña sino en el momento de las votaciones, está claro que no salió de la bolsa de los candidatos. Debió haber salido de las arcas públicas, de economías yo creo de apropiación de recursos de manera indirecta o trasladados, disfrazados, lavados públicamente de dinero público lavado al interior de la administración para aterrizarlo y eso es espantosamente regresivo, lo que está pasando”, alertó el funcionario. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-11-2015/1555640
La majestuosa obra de la que presumieron ambos mandatarios tenía como objetivo comunicar al municipio veracruzano, pero se ha quedado inconclusa tras 10 años de promesas.
En la autopista México-Veracruz, tramo Orizaba-Fortín, a la altura de la localidad Buena Vista, en el municipio de Ixtaczoquitlán, se encuentra una obra que, a pesar de su costosa inversión millonaria, en diez años no ha sido terminada; es el proyecto para el distribuidor vial “Buena Vista”, iniciado en el año 2005 y que no logró concretarse en las tres etapas que fue programado, a pesar de las erogaciones de más de 180 millones de pesos, que le destinaron las administraciones estatales del ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán y del actual, Javier Duarte de Ochoa. La majestuosa obra de la que presumieron ambos mandatarios tenía como objetivo comunicar al municipio veracruzano, pero se ha quedado inconclusa tras 10 años de promesas, lo que ha ocasionado la reacción y críticas de miles de ciudadanos, cuando empieza a promocionarse el V Informe de Gobierno de Duarte de Ochoa, con la difusión de algunas obras que se han realizado en varias partes de la entidad. Distintos sectores consideran que el proyecto del distribuidor vial de Buena Vista, es una obra que de concretarse representaría un avance para el desarrollo de varios municipios, sobre todo los asentados en las faldas del volcán Pico de Orizaba, cuyos pobladores actualmente deben atravesar la ciudad de Orizaba para poder llegar a la autopista y de mover sus productos, en su mayoría provenientes del campo. La distribución de recursos aplicados desde el sexenio estatal pasado, quedó de la siguiente forma: en el año 2005, se aplicaron 22 millones de pesos; en el 2006, fueron 38 millones de pesos, y en el 2008, 83.6 millones de pesos. Ya para el año 2011, con el actual gobierno estatal, se hizo una erogación que fue de 40.7 millones de pesos, y que aparentemente fue el último movimiento. Hoy, en ese lugar, a la altura del kilómetro 282 de la autopista, sólo permanecen unas bases de lo que sería el puente, a un costado de los carriles procedentes de Orizaba y con dirección a Fortín, que como una especie de monumentos abandonados, por años han sido observadas por miles de usuarios de la autopista, quienes se preguntan hasta cuando quedará concluida la obra, cuyos recursos fueron sacados del impuesto a la nómina. Sin embargo, algunos políticos de alto rango y empresarios, opinaron que existen esperanzas de que el Gobierno estatal voltee a mirar a esa obra, que será de gran beneficio para los sectores productivos que se ubican en el corredor industrial de Ixtaczoquitlán, y en otros municipios de la sierra como La Perla, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y Santa Ana Atzacan, pues además de ayudar a desahogar la carga vehicular de la autopista, permitirá mover sus productos.
La obra estaba proyectada para facilitar la entrada y salida de vehículos desde la autopista hacia la localidad Buena Vista, que a su vez conecta con otras poblaciones como Dos Ríos, Sumidero y la propia cabecera municipal, actualmente unidas por un camino que va paralelo a la autopista, y que sirve de desfogue para el congestionamiento vial que, por ejemplo, actualmente se genera por la pavimentación con concreto hidráulico de la autopista.
El hecho ha provocado malestar de distintos sectores, e incluso a través de las redes sociales cientos de usuarios han criticado el proceder de los gobernantes, al dejar inconcluso el proyecto. También, las voces señalan otras obras no terminadas como un hospital pediátrico en el puerto de Veracruz, otro en Nautla y los distribuidores viales de Paso del Toro y otro en la autopista a Xalapa. El pasado 31 de octubre, medios nacionales difundieron las imágenes del ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y el actual mandatario, Javier Duarte de Ochoa, quienes fueron acusados de dejar la obra de puente de Buena Vista inconclusa, y de la cual presumen haber terminado. Ambos gobernadores, se dijo, erogaron más de 180 millones de pesos, de los cuales 140 millones fueron en la administración de Fidel Herrera, para la construcción del distribuidor, ubicado en el municipio de Ixtaczoquitlán, y que no conduce a ningún lado. La edificación que iniciara Fidel Herrera al inicio de su mandato en 2005, había sido acordada para construirse en dos etapas, ambas concretadas durante su administración, según establecía en su Primer Informe de Gobierno. La primera etapa del proyecto tuvo una inversión de 22 millones de pesos, provenientes de aportaciones estatales del Impuesto sobre la Nómina, mientras que a la segunda etapa, en 2006, se le destinaron 37 millones 991 mil 414 pesos, según el dictamen de la licitación pública nacional número 59095001-006-06. De acuerdo con ese dictamen de la Dirección General de Carreteras Estatales, de la ex Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado, a cargo entonces de Roberto Martín Chagra Nacif, y que fue elaborado el 18 de mayo del año 2006, la dependencia contaba con los recursos económicos para la ejecución de la obra, con cargo a los recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas, hasta por la cantidad de 38 millones 983 mil 051 pesos. Según la resolución, la cotización que presentó la empresa “Comercialización y Construcción de Espacios Inmobiliarios, S.A. de C.V.”, fue la que garantizó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, considerándose solvente su proposición. Por eso, de los 37 millones 991 mil 414.79 pesos que representaba el costo total de la obra, a la compañía constructora le fueron entregados 11 millones 397 mil 424.44 pesos como anticipo, y el plazo fijado para la ejecución de la obra fue de 195 días.
Ya en el año 2008, para la tercera etapa, la misma obra tuvo una inversión de 83 millones 687 mil 657 pesos, según la licitación de 59095001-009-08.
En esta nueva licitación, del 2 de diciembre del año 2008, también se dispusieron recursos con cargo al Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas 2008-2009, por 89 millones 033 mil 034 pesos, y la licitación fue ganada por el Grupo Constructo, S.A de C.V., cuya propuesta fue de un costo de 83 millones 687 mil 657.71 pesos, otorgándosele además un anticipo del 30 por ciento, equivalente a 25 millones 106 mil 297.31 pesos, convenio que fue firmado por el ex Secretario de Comunicaciones, Marcos César Theurel Cotero, y el nuevo plazo que se fijó fue de 243 días. A pesar de no haberse concretado los trabajos, en el V Informe de Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, presentado en 2009, se estableció que “en Ixtaczoquitlán, se construyó el distribuidor vial ‘Buena Vista’”, sin embargo esta obra no había sido culminada. Cuando la obra pasó a manos de Javier Duarte, éste también hizo uso de la misma promoción, ya que en su Primer Informe de labores, dijo que con una inversión de 40.7 millones de pesos, continuaría la construcción, pero la realidad fue otra. Tanto en redes sociales, como en medios informativos de nivel nacional, fueron criticados los gobernadores veracruzanos, Fidel Herrera y Javier Duarte, ya que presumieron haber terminado el mismo distribuidor vial, aún cuando estaba abandonado. Cada uno en su sexenio, dijeron haber erogado 180 millones de pesos, 140 millones durante el sexenio de Fidel Herrera, cuando apenas se montaron unos tramos que no conducen a ningún lado, señalaron los reportes. La construcción, a un costado de la carretera federal México-Córdoba, que beneficiaría a 17 mil 473 habitantes, tenía como propósito organizar el tránsito vehicular de entrada a Ixtaczoquitlán, conectar a la autopista con Buena Vista y el campus Ixtaczoquitlán de la Universidad Veracruzana, donde se ubica la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la UV (USBI), lo cual hasta ahora no ha ocurrido. LA OBRA ES NECESARIA: EMPRESARIOS La construcción del distribuidor vial de Buena Vista es necesaria para dar mayor movimiento a las empresas asentadas en el corredor industrial de Ixtaczoquitlán y otros municipios de la sierra, donde el sector agropecuario requiere trasladar su producción. Mariano Juárez, empresario de la zona y ex funcionario municipal, dio a conocer que “tenemos entendido que la obra se va a terminar porque es un paso que va a desahogar el tráfico pesado al municipio de Ixtaczoquitlán, sobre todo lo que es hacia la cabecera; entonces ahí se va a descargar lo que son transportes pesados de talleres y aceros, coches, y todos los que bajan de la sierra, los productos del campo, como la caña de azúcar, la papa, los productos ornamentales de la zona del volcán, van a poder acceder más rápido a la autopista, sobre todo los que vienen de Ixhuatlancillo, que tienen que cruzar todo Orizaba para poder llegar a la autopista; la obra es fundamental para el desarrollo tanto de Ixtaczoquitlán, como de La Perla, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, ya que la sierra de La Perla es inmensa como la de Mariano Escobedo”. Además, otro ex político que se reservó su identidad, comentó a BlogExpediente que “con esta obra se verían beneficiados varios municipios, al menos La Perla, que tiene 46 congregaciones; Mariano Escobedo que tiene entre 30 y 35 congregaciones; Ixhutlancillo, que también tiene varias unidades habitacionales, barrios, y Santa Ana Atzacan, que tiene once congregaciones”. Por eso, acotó, “tenemos la esperanza de que se vaya a continuar la obra, porque a lo menos en Ixtaczoquitlán tenemos un cuello de botella, sobre todo cuando es temporada de caña, pensamos que el ingenio El Carmen, de Cuautlapan, va a empezar a meter bagazo a la fábrica de papel Kímberly Clark; también se hacen cuellos de botella con los tráileres de talleres y aceros que sacan mucha varilla, y al igual que sacan meten a muchos chatarreros”.
Y también, sostuvo, el tránsito en Ixtaczoquitlán “se complica por los transportes que entran a la planta cementera de Apasco, a dejar lo que es el barro, que es una materia prima para procesar el cemento, igual son tráileres y pipas que entran por ahí, y por eso se desahogaría la circulación y quedaría más tranquilo el acceso a lo que es Ixtaczoquitlán, pero sería una realidad si el gobierno cumple con su promesa”.
OTRAS OBRAS INCONCLUSAS En el año 2013, el ex Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de la entidad, Gerardo Buganza Salmerón, arremetió contra al menos 18 compañías constructoras que a pesar de haber recibido sumas millonarias por anticipos, dejaron obras inconclusas o inexistentes. El 27 de noviembre del año 2013, el ex secretario dio a conocer que interpuso denuncias contra 18 constructoras, al descubrir que había obras “fantasmas” en todo el estado. Sin embargo, de la obra inconclusa del puente de Buena Vista, nada se dijo. Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público de la Federación, por un daño patrimonial de 170 millones de pesos, donde se involucraba a mandos altos y medios, de la dependencia que a su cargo. Entre las obras fantasmas destacaron, las siguientes:
1.- Reconstrucción del camino Independencia-Pompeya-Arroyo del Fierro. Se trataba de una obra del Fonden 2010. El monto de inversión fue de 12 millones de pesos, de los cuáles se pagó al contratista el 80 por ciento del recurso y no hubo obra. 2.- Restauración del puente en el camino Jobo-Zapipe, en Tantoyuca; obra del FONDEN 2010, por un importe de 8 millones, 800 mil pesos, con un anticipo del 30 por ciento, equivalente a 2 millones, 600 mil pesos, obra que no se realizó. | 3.- Refinamiento y restauración del camino a Nuevo Morelos, en Minatitlán. De un millón, 164 mil pesos, de los que se le pagó al constructor un anticipo del 30 por ciento, y los responsables de la obra no se volvieron a presentar. 4.- Reconstrucción del camino Boquiapan-Casas Viejas, en Jáltipan, con importe de 7 millones, 470 mil pesos, donde se entregó un anticipo del 50 por ciento, cuando siempre se otorgaba el 30%, y tampoco hubo obra. 5.- Reconstrucción del camino Lomas-Achotal-Potrerillo-Limonta y Monte Alto, en Cosoleacaque. De un monto de 9.5 millones de pesos, también se pagó el 50 por ciento de anticipo, sin ejecutarse la obra. 6.- Reconstrucción de un puente en el camino Xochitlán- Palmilla-José María Pino Suárez, en Texistepec. De 7 millones, 740 mil pesos, de los cuáles se dio el 50 por ciento y tampoco se realizó la obra. 7.- Reconstrucción del camino La Cienega-Boquiapan, en Jáltipan. De 8 millones, 124 mil pesos, se le dio al constructor un anticipo del 50 por ciento, sin que realizara la obra. 8.- Reconstrucción y afinamiento del camino Saltabarranca- Hacienda Nueva, en Tlacotalpan. Con inversión de un millón, 248 mil pesos, de los que se le dio el 30 por ciento al constructor, pero no fue encontrada la obra. 9.- Afinamiento y restauración del camino Panga de Guadalupe, en Amatitlán. De un millón, 397 mil pesos, de los cuáles se pagó un anticipo, y después no fue localizado el constructor. 10.- En Jesús Carranza, por un refinamiento y reconstrucción del camino Suchilapan-Casa Blanca, con costo de un millón, 749 mil pesos, se le dio al contratista el anticipo y posteriormente tampoco se encontró. 11.- En el municipio de Emiliano Zapata, para la reconstrucción del camino El Palmar-Tlacotalpan, se dio el 30 por ciento de 100 mil pesos, sin realizarse los trabajos. 12.- En Cuitláhuac, reconstrucción de un puente en el camino Cuitláhuac-Puente Chico, por 7 millones de pesos, de los cuáles se dio un anticipo del 30 por ciento a la constructora y no hubo reconstrucción de puente. 13.- En Ixcatepec, reconstrucción del camino Ixcatepec-San Sebastián, por 13 millones, 700 mil pesos, donde se dio el anticipo y no hubo obra. 14.- En Agua Dulce, la reconstrucción del Camino Antiguo a la Panga, de 28 millones de pesos, donde igualmente se dio el anticipo del 50 por ciento, pero no existió la obra. 15.- En Nautla, por la reconstrucción del camino a Nautla-El Josco, valuada en 23 millones de pesos, se dio un anticipo del 30 por ciento, y sólo hubo trabajos por un millón de pesos. 16.- En Martínez de la Torre, por la reconstrucción del camino Huiltepec-Mes Grande, por 29 millones de pesos, se pagó el anticipo y dos estimaciones por 23 millones de pesos, donde el avance fue sólo de un 20 por ciento de la obra. 17.- En Martínez de la Torre, en el camino Nautla-Jicaltepec. De 20 millones de pesos para la obra, se otorgó el 88 por ciento, y sólo tuvo un avance del 30 por ciento. 18.- En Juchique de Ferrer, para la restauración del camino Juchique de Ferrer-Plan de las Hayas, valuado en 85 millones de pesos, se dio anticipo por 52 millones, y la obra sólo quedó en un 30 por ciento.
En octubre pasado los consejeros Jesús Reyes Heroles, Valentín Díez y Carlos Ruiz Sacristán renunciaron al consejo, aunque la empresa dijo que fue para fortalecer el gobierno corporativo.
Los directivos de OHL –la constructora propietaria entre otras obras de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense y que enfrenta un proceso de sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– tomaron decisiones sin consultar a sus consejeros independientes, de acuerdo con un audio que presuntamente corresponde a una llamada entre directivos. Si esa situación es cierta sería una violación a los estatutos de OHL, los cuales señalan que las determinaciones deben ser tomadas en el Consejo de Administración, integrado por lo menos con un 25% de consejeros independientes. En octubre pasado, los tres consejeros independientes de OHL, Jesús Reyes Heroles Valentín Diez Morodo y Carlos Ruíz Sacristán, renunciaron al lugar que desempeñaban en el consejo de la empresa. La constructora dijo que este paso permitiría fortalecer el gobierno corporativo. La grabación del audio, publicado en You Tube por el usuario Danielle Steele –el mismo que ha subido los audios anteriores–, asegura que la “verdadera razón” de la salida de los consejeros fue que OHL tomó decisiones fuera del consejo de administración. En la llamada, que según el video habría ocurrido el 2 de diciembre del 2014, se escucha la voz de quien se dice es el presidente de OHL, José Andrés de Oteyza, hablando con el director de OHL México, Sergio Hidalgo. El tema de la plática es la posible molestia de los consejeros independientes, y especialmente de Díez Morodo, por decisiones tomadas fuera del consejo. “Por favor, considera muy a fondo lo que te estoy diciendo. Creo que en general volver a molestar a los consejeros independientes con decisiones precipitadas y con decisiones fuera del Consejo, la verdad mano dijimos que no lo íbamos a volver a hacer, eso fue lo que dijimos, que no lo íbamos a volver a hacer, y a las dos semanas volver a intentarlo me parece muy poco serio”, señala Oteyza a Hidalgo. El presidente de la constructora insiste particularmente en el tema de Díez Morodo, quien “se encuentra muy molesto” y le comenta a Hidalgo que podrían “meterse en una buena bronca”.
En la grabación de poco más de 6 minutos no se clarifica que decisiones se tomaron sin conocimiento previo de los consejeros, pero Oteyza menciona al principio el tema de la “rentabilidad garantizada”.
La “rentabilidad garantizada” fue el motivo por el cual la CNBV inició el proceso sancionatorio en contra de OHL. La empresa Infraiber, que tiene un litigio abierto en contra de OHL, señaló que la constructora infla el valor de su concesión del Circuito Mexiquense en la bolsa, incluyendo esa rentabilidad que se trata de una estimación de ganancias determinado arbitrariamente, no de dinero real. La grabación revelada esta semana es la primera en la que aparece la voz de Sergio Hidalgo, director General de OHL en México. Antes, las llamadas filtradas –por las cuales OHL interpuso una denuncia de espionaje– involucraban sobretodo al presidente de la constructora José Andrés de Oteyza, al abogado de la misma y a funcionarios públicos. En una entrevista concedida a Animal Político, Sergio Hidalgo advirtió que las grabaciones que se habían mostrado hasta ese momento eran editadas y producto de intervenciones telefónicas ilegales por lo cual presentaron una denuncia ante la PGR que sigue en integración.
OAXACA, Oax: El cura Apolonio Merino Hernández anunció que solicitará una audiencia con el Papa Francisco, durante el viaje que el pontífice realizará a México, para denunciar la “violencia institucional, amenazas, hostigamiento y daño moral” de que ha sido víctima en la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca por denunciar casos de pederastia. Y acusó directamente al arzobispo José Luis Chávez Botello, quien lo separó de sus funciones sacerdotales el 7 de agosto, al tiempo que fue amenazado que si hacia algún escándalo ventilarían que violó el celibato al formar su propia familia y de prefabricarle un delito por el supuesto abuso sexual a una mujer. También fue suspendido, agregó, el diácono Ángel Noguera Nieto, quien conoció directamente del caso de pederastia cometido por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández. Silvestre Hernández presuntamente abusó de 45 niños indígenas de las parroquias de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta. Merino Hernández se preguntó “por qué Chávez Botello no se ha desprendido de la protección que le ha brindado a Gerardo Silvestre, hoy encarcelado en Tlaxiaco, y mucho menos se ha dictado la sentencia correspondiente; en cambio a mí se me sentencia con un decreto de suspensión definitiva en mis funciones sacerdotales y se me prefabrican delitos que en mi conciencia yo nunca he cometido”. Luego responsabilizó al arzobispo de cualquier atentado a él y a su familia porque ha recibido una serie de amenazas en las cuales le manifiestan que “te van a dar por donde más te duele”. Silvestre Hernández fue acusado por la presunta violación de 45 niños indígenas de las parroquias de Camotlán, Villa Alta y Huitzo, según consta en el expediente penal 140/2013 y que motivó que el Juzgado Séptimo de lo Penal librara la orden de aprehensión, ejecutada en noviembre de 2013. Merino Hernández relató que “siendo yo párroco de Santiago Zoochila, Villa Alta, circunstancialmente me tocó recibir y oír a algunos menores que fueron ultrajados sexualmente por Gerardo Silvestre. Una vez escuchada su queja les dije que si tenían elementos probatorios contundentes acudieran a las instancias correspondientes, señalando como primera al arzobispo y, en segundo lugar, a la Procuraduría General de Justicia. Los menores, en compañía de sus familias, “acudieron una y otra vez con el señor obispo, quien hizo caso omiso y al no ser atendidos pidieron auxilio a otros sacerdotes y denunciaron el caso”, añadió. Esta situación, abundó, “fue conocida no sólo por mí sino por todos los sacerdotes que conformábamos el decanato Sierra Norte, entre ellos el diácono Ángel Noguera Nieto, quien también fue suspendido, marginado, ignorado y ahora enfermo y sin ningún apoyo de la iglesia a la que entregó su vida”. Por ello, exigió al arzobispo una “aclaración pronta y expedita”, así como justicia y reparación del daño a las víctimas”; de lo contrario, “solicitaré audiencia a su santidad el Papa Francisco en su próxima visita a México” para exponer el caso. El expárroco de Santa María Ozolotepec Silvestre Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el Juzgado Séptimo de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años. Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó la formal prisión a Silvestre Hernández, también expárroco en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, es fecha que el Poder Judicial no ha dictado sentencia.
Fue en 2006 cuando Silvestre Hernández fue señalado de un primer caso por violencia sexual contra un niño; luego fue removido a Camotlán, donde se presume hay cerca de 45 niños víctimas y las agresiones se repitieron Villa Alta, así como en San Juan y Santa María Ozolotepec. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421048
El segundo apagón analógico programado para diciembre de este año afectarán a 24 ciudades de Baja California, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Sonora, resolvió el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
A partir del próximo 16 de diciembre, 67 estaciones de televisión de Baja California, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Sonora apagarán su señal analógica, informó este miércoles 18 de noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En esta fase del apagón analógico entrarán 24 ciudades, señaló el IFT en un comunicado. “Las estaciones que terminarán sus transmisiones analógicas ese día están ubicadas en Isla de Cedros, Baja California; Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Guadalajara, La Barca y Ciudad Guzmán, en Jalisco; Ciudad Hidalgo, Los Reyes Salgado, Morelia, Puruándiro, Zamora, Zinapécuaro, Zitácuaro, Apatzingán, Pátzcuaro y Uruapan, en Michoacán; San Luis Potosí, en San Luis Potosí; San Fernando, en Tamaulipas; Monclova, Nueva Rosita, Piedras Negras, Sabinas y Ciudad Acuña, en Coahuila; y Cananea, en Sonora”, explicó. “El cese de la transmisión anticipada de las señales anteriores, se determinó toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó al IFT que se alcanzó un nivel de penetración de receptores digitales de cuando menos 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para las señales mencionadas”, señaló el IFT.
México, DF. El pleno del Senado dio entrada a las dos ternas remitidas a esa cámara por el presidente Enrique Peña Nieto para nombrar a los ministros que habrán de ocupar las vacantes que dejarán Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Las ternas fueron turnadas a la comisión de justicia, la que deberá analizar si lo seis candidatos cumplen los requisitos para ser elegidos como ministros de la corte y presentar también el formato para su comparecencia. El presidente de la comisión de justicia, el panista Fernando Yunes, reiteró que la intención es que sean comparecencias exhaustivas en las que se pueda detectar si reúnen los requisitos establecidos en la constitución, en especial en el artículo 99, para integrar el máximo tribunal del país.
Con ello se inició de hecho el procedimiento para elegir a los dos ministros. A partir de hoy el Senado contará con treinta días hábiles para concluir el procedimiento constitucional y designar de entre los seis candidatos propuestos por Peña Nieto a los nuevos integrantes de la Suprema Corte. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/18/senado-da-entrada-a-dos-ternas-para-la-scjn-5556.html
México, DF. El PRI en la Cámara de Diputados anticipó que para diciembre quedará aprobada la reforma electoral anunciada ayer por su dirigencia nacional para impedir el uso de tiempos oficiales por parte de un solo personaje rumbo a la elección de 2018. El vicecoordinador de la bancada Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, en la práctica hizo nugatoria la intención de la reforma electoral pasada, que limitó la emisión de espots en radio y televisión de los partidos y sus dirigentes al uso de tiempos oficiales. Ahora la iniciativa que confecciona el tricolor es reabrir la compra de espacios en medios electrónicos. El legislador yucateco sostuvo que el enfoque de la ley electoral de 2012 “no era que un precandidato se aproveche de un partido político del que es dueño y utilice todos los tiempos disponibles”. Refirió que entre enero y junio López Obrador tuvo más de 560 mil apariciones es espots de televisión. “La laguna que hay en la ley le permite como dirigente único, plenipotenciario, titular y dueño de Morena utilizar estos tiempos. Lo graves es que lo hace con el dinero de las prerrogativas”, declaró. Sostuvo que el ex candidato presidencial “encontró un huequito en la ley, lo hizo un verdadero túnel y está escarbando y socavando lo que pretendió la reforma electoral, convirtiéndose en el único candidato a la Presidencia de la República que se está haciendo propaganda. Uno solo es el que se aprovecha de las prerrogativas del partido que creó, dirige y financia y que lo llevará como candidato a la Presidencia”. Por su parte, el diputado Federico Döring (PAN) rechazó la posibilidad de que la reforma planteada por el PRI sea probada en este mismo periodo ordinario de sesiones y señaló que las reglas para la difusión de espots de los partidos fueron promovidas por el PRI y en esas condiciones “López Obrador o Ricardo Anaya, como presidente del PAN, e incluso el dirigente del PRI tienen derecho a salir”.
El legislador panista sostuvo que fue el propio Beltrones el que propuso las condiciones de difusión de mensajes en radio y televisión. “Si ahora no le gusta, está renegando lo que él mismo impulsó cundo era senador. Lo que no puede hacer es regatear el derecho de López Obrador ni de Ricardo Anaya de salir en los espots en los tiempos del Estado”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/18/preve-el-pri-sacar-su-reforma-electoral-en-diciembre-3108.html
