Principios de la Ley Federal son incongruentes con la Ley General que se promulgó en mayo pasado. Las inconsistencias dejan abierta la puerta para que autoridades no garanticen el derecho a la información y éste se judicialice.
En el Senado se aprobó este miércoles en comisiones el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aunque sociedad civil alerta que éste contradice en algunos puntos a la Ley General en la materia.
Lo anterior abre la posibilidad de que para hacer efectivo el derecho de acceso a información pública se deba esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se judicialice el derecho, advierte el Colectivo por la Transparencia.
Que haya contradicciones entre la Ley Federal y la Ley General de Transparencia permite que una autoridad aplique una u otro sin priorizar el derecho de acceso a la información del ciudadano.
“La autoridad del nivel federal aplicará la Ley Federal. Sin embargo, una autoridad con base en la Constitución tendría que aplicar el artículo que le beneficie más al ciudadano. Y si está en la Ley General y aunque se contradiga con la Ley Federal debería aplicar el primero. Pero en la práctica esto no sucede. No podemos tener una ley que sea incongruente con la otra”, explica Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19.
Esto llevará a que el ciudadano tenga la opción de acudir a un juicio para solicitar que se aplique el artículo que más expanda su derecho y aunque eventualmente la Suprema Corte de Justicia tendría que declarar inconstitucional que se obstaculice el derecho a la información, el hecho de que un ciudadano pase por un juicio para tener los datos que solicitó atenta contra el principio de acceso rápido y expedito a información pública que marca la Constitución.
Una Ley General establece principios, bases generales y procedimientos para garantizar determinado derecho desde los tres órdenes de gobierno. La Ley Federal se enfoca en los sujetos obligados sólo de la administración pública federal.
Según Ana Cristina Ruelas, esta es la primera vez que se intenta tener una ley General y otra Federal para legislar sobre la misma materia; normalmente la primera atañe también a la administración pública federal.
El problema de “este experimento”, dice Ruelas, es que la Ley Federal contradice la Ley General que se promulgó en mayo pasado.
Por ejemplo, en la Ley General de Transparencia se prevé que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrán acceso a la información que se clasifique como reservada para determinar si es de interés público o si están justificados los motivos de su clasificación.
En la Ley Federal que aprobó el Senado en comisiones se establece lo contrario. El INAI no tiene acceso a la información que se busque mantener en secreto; y por lo tanto, no puede actuar en consecuencia.
“Es imposible que el INAI pueda determinar que una información es clasificada si no la tiene a la vista para evaluar el daño que genera su publicidad. Como lo planea la Ley Federal, en contradicción con la Ley General, es una violación directa a la Constitución porque para que te restrinjan un derecho humano (en este caso, el acceso a la información) tiene que haber una motivación que de lugar a la clasificación del derecho de acceso. Si no tiene a la vista el documento pues no es posible que restrinjan el derecho”, explicó Ruelas.
Pero hay otros focos rojos en esta Ley.
Por ser la legislación federal, debería dejar en claro qué proceso seguirá el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que está en manos del Consejero Jurídico de Presidencia.
La Ley General de Transparencia indica que el Consejero Jurídico podrá interponer un recurso si considera que la información atenta contra la seguridad nacional, aún cuando exista una resolución del INAI para publicitarla.
El primer caso ocurrió recientemente, cuando los comisionados ordenaron publicar las bitácoras de viaje del Estado Mayor Presidencial sobre las aeronaves presidenciales. El Consejero interpuso un recurso y es posible que éste se resuelva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De nuevo, se judicializa el derecho a la información y se atenta contra el principio que marca la Constitución de que debe ser rápido y expedito; pues el ciudadano deberá esperar a que la Corte lo resuelva.
Este proceso con el Consejero Jurídico de Presidencia, en cuanto a tiempos para culminarse y formas, debería estar detallado en la Ley Federal de Transparencia, pero lo omite.
“La Constitución dice que el derecho al acceso a la información tiene que ser expedito y de alguna manera la Ley General de Transparencia en los primeros 20 artículos se habla de ese principio. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso en esta Ley Federal da lugar a que la revisión se de en los tiempos que la Corte estime necesarios para resolver, podemos hablar de años”, dijo Ruelas.
En esta Ley Federal se incluyeron 272 obligaciones más de transparencia. 79 para el poder Ejecutivo; 23 para el legislativo; 8 para el Judicial; y 85 a órganos autónomos.
Entre éstos, se obliga a Hacienda a exhibir los nombres de los beneficiarios de condonación de créditos fiscales; también se deberán publicar procesos para designar jueces y magistrados; y procesos de control de confianza por estado e institución; así como publicitar la incidencia delictiva a nivel federal por tipo de delito, género y edad.
El documento aprobado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda pasará al Pleno y todavía hace falta su aprobación en la Cámara de Diputados. Es el cuarto dictamen de Ley Federal de Transparencia que discute el Senado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/en-el-senado-avanza-la-ley-federal-de-transparencia-pero-contradice-a-la-ley-general/
”Es increíble, violan mis derechos” dice Paulo Díez; “no es caso cerrado”, responde PGR. Mientras tanto, se reveló un nuevo audio de una supuesta llamada entre directivos de OHL. Ya es la novena filtración en contra de la constructora en seis meses.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene activa y en integración una averiguación previa en contra del abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego, pese a que, en octubre, acusó a diez policías de habérsela sembrado, cuando lo detuvieron por una denuncia de espionaje interpuesta por OHL.
Por este motivo, Díez está imposibilitado de abandonar de la ciudad o del país si antes no avisa a las autoridades, pues se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de 64 mil pesos para salir libre.
La Procuraduría confirmó oficialmente a Animal Político que el abogado se encuentra bajo investigación por la posesión de una pistola calibre 38, hechos que están asentados en la averiguación previa 1215/UEIDAPLE/LE/1/2015.
El expediente está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y Leyes Especiales, de la Subprocuraduría de Delitos Federales de PGR, misma área donde se inició la denuncia por el presunto espionaje y filtración de audios denunciada por OHL.
“La intervención de comunicaciones no es ni un delito contra el ambiente ni está previsto en una ley especial, de modo que no tiene por qué ser investigado aquí. La portación de arma de fuego sí está prevista en una ley especial, pero es ridículo que una investigación de esta naturaleza esté siendo investigada en esta Subprocuraduría”, dijo en entrevista Paulo Diez.
El representante de Infraiber también pidió que la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) indague la operación interna de OHL, luego de un nuevo audio filtrado esta semana sobre una presunta llamada entre directivos de la constructora, donde se hace referencia a decisiones tomadas a espaldas de sus consejeros independientes,
Al respecto, Animal Político solicitó a través del despacho que maneja la comunicación pública de OHL México un posicionamiento sobre la veracidad del nuevo audio y su contenido, pero la respuesta fue que de momento la constructora no tiene comentarios al respecto.
En una entrevista previa con este portal, el director General de OHL México Sergio Hidalgo —cuya presunta voz aparece en el nuevo audio— aseguró que las filtraciones eran resultado de presuntas actividades de espionaje y desprestigio orquestadas por Infraiber y Paulo Díez, y por las cuales hay otra denuncia en curso en PGR.
Hasta ahora, ya suman nueve los audios filtrados en solo medio año con señalamientos de presuntas irregularidades de la constructora.
PGR: no es caso cerrado
El pasado miércoles 10 de noviembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de los diez elementos la Policía Federal Ministerial que la PGR acusó de haber fabricado evidencia en contra de Paulo Díez. El juez encontró que había pruebas suficientes para iniciar un juicio en su contra.
De acuerdo con la averiguación consignada por la Visitaduría General de la PGR, dichos agentes colocaron una pistola dentro del auto de Díez, cuando lo interceptaron para presentarlo por un citatorio relacionado con la denuncia de espionaje que interpuso OHL en contra de Infraiber. Debido a dicha arma, el abogado fue retenido casi 48 horas hasta que pagó una fianza para no ser consignado.
Pese a la consignación de los agentes por la siembra del arma, la PGR decidió mantener abierta la averiguación previa 1215/UEIDAPLE/LE/1/2015 que se inició el 7 de septiembre, por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego.
Animal Político consultó a la Procuraduría del motivo de esta determinación. La dependencia contestó oficialmente que la “siembra del arma” en contra de los policías no está confirmada jurídicamente, hasta que no transcurra el juicio y se dicte una sentencia condenatoria.
“Si bien es cierto un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, libró una orden de aprehensión y dictó auto de formal prisión en contra de los elementos aprehensores del C. Paulo Jenaro Diez Gargari, no menos cierto es que el proceso no ha concluido, se dice lo anterior al no existir sentencia que haya causado estado” indicó la PGR.
Además, la PGR insistió en que no hay obligación legal de decretar el no ejercicio de la acción penal en contra de Díez, luego de que agentes fueron acusados y consignados por ello.
En ese contexto, detalló la Procuraduría, se continuará recabando los elementos de prueba necesarios que permitan resolver el destino de la averiguación previa iniciada en contra del abogado de Infraiber.
La integración de esta averiguación previa en particular está a cargo del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), área dependiente de la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales cuyo titular es José Guadalupe Medina Romero.
Increíble e ilegal: Díez
El abogado de Infraiber calificó de “increíble” la determinación de la Procuraduría de mantener la averiguación en su contra en curso.
“Me queda claro que lo que intentan es mantener un control político sobre mí. El que ellos sigan con esta averiguación significa que yo tengo que estar informándoles a donde voy, si salgo del Distrito Federal o si pienso salir del país. Así saben de antemano mis movimientos” dijo.
El litigante recordó que una grabación de una cámara de seguridad evidenció el momento en que los agentes que lo detuvieron colocaron la pistola dentro de su auto, situación que se hizo pública y orilló a la PGR a investigar el abuso cometido. En ese contexto, Diez reconoció que la Visitaduría General integró las pruebas necesarias para lograr la consignación de los policías.
“Lo que está de no creerse es esta determinación de la Procuraduría de mantener una averiguación que a todas luces ya no se sostiene por ningún lado” señaló el litigante.
Diez reveló además que los agentes y ministerios públicos que participaron en su detención, en el cateo a la empresa Infraiber y en otras diligencias relacionadas con la denuncia de OHL, pertenecen a una supuesta Dirección de Asuntos Especiales que no está reconocida como tal en el organigrama de la PGR.
En ese sentido, el abogado señaló que presentará una ampliación de una denuncia que interpuso ante la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) por lo que considera es una violación a sus garantías individuales.
El noveno audio
Esta semana se dio a conocer una grabación en internet con el audio de lo que se asegura es una llamada realizada en diciembre de 2014 entre el presidente de OHL José Andrés de Oteyza, y el director de OHL México Sergio Hidalgo.
Los responsables de la edición y publicación del video, colocaron mensajes en donde aseguran que los directivos de la constructora tomaron decisiones sin consultar a los consejeros independientes, lo que finalmente derivó en la renuncia a dicho consejo de Jesús Reyes Heroles, Valentín Diez Morodo y Carlos Ruíz Sacristán.
En el desarrollo de la llamada, se escucha la voz que se atribuye a Oteyza hacer referencia a decisiones tomadas sin aval de los consejeros y en concreto se menciona la “rentabilidad garantizada”, tema por el cual la CNBV inició un proceso de sanción contra la constructora.
Paulo Díez, que ha denunciado con dichos y documentos la presuntas irregularidades de la constructora, consideró que el contenido de esa grabación, es otro elemento debe considerar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar la operación
“Si las personas cuyas voces se escuchan en el audio difundido el 18 de noviembre de 2015 por diversos medios pertenecen a las personas referidas en el mismo; si esas personas efectivamente dijeron lo que se escucha en ese audio; y si lo dijeron en la fecha en que se dice que lo dijeron, entonces el tema es verdaderamente grave” dijo en entrevista.
Díez sostuvo que la toma de decisiones por parte de los consejeros sin contar con toda la información que sea razonablemente necesaria para tales efectos, constituye “una violación grave del deber de diligencia” establecido en la Ley del Mercado de Valores. “La validez del voto de un consejero en estas condiciones es bastante cuestionable, lo mismo que la validez de los acuerdos” agregó
OHL no ha fijado, por lo menos hasta la publicación de esta nota, algún posicionamiento sobre el nuevo audio filtrado de sus directivos.
En una entrevista previa a estas revelaciones, el director de OHL México Sergio Hidalgo, aseveró que la revelación de los audios constituyen una actividad de espionaje y una “campaña de desprestigio”, la cual ya denunciaron ante la PGR, y que atribuyen directamente a Infraiber y su abogado Paulo Diez.
En seis meses, ya son nueve los audios filtrados en internet incluyendo el de esta semana. Todos, han sido publicados en un canal de You Tube a nombre de Danielle Steele, quien es en realidad una escritora y novelista estadunidense. Infraiber, a través de su abogado, ha negado ser responsable de esto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/pgr-integra-expediente-contra-abogado-rival-de-ohl-por-un-arma-el-acuso-a-policias-de-sembrarla/
MÉXICO, DF: Integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México reprobaron la disminución de 30% del presupuesto dedicado a la búsqueda de víctimas y exigieron al presidente Enrique Peña Nieto presentar su iniciativa de Ley General de Personas Desaparecidas e integrarlos en la discusión para su aprobación durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
En la que fue su primera conferencia de prensa como Movimiento Nacional –formado por 35 colectivos de familias de desaparecidos y 40 organizaciones sociales–, los activistas reprocharon la tardanza presidencial en presentar la iniciativa, así como la omisión para establecer mecanismos de participación de la sociedad civil en las discusiones legislativas.
Significa “una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas”, dijeron.
Peor aún, consideraron que la disminución en 30% del presupuesto para la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos –antes Unidad– para 2016, respecto a los fondos destinados en 2014, hace evidente que “el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con una clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática”.
Ximena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, resaltó que desde que fue creada la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), “los recursos han disminuido.
En 2014, explicó, se destinaron 40.2 millones de pesos por primera vez en el presupuesto de Egresos para este rubro. Un año después el monto disminuyó más de 60 % y quedó en 14.6 millones de pesos. Para 2016, el Ejecutivo propuso un presupuesto para la Fiscalía Especializada de 28 millones de pesos, 30% menos que en su primer año.
Lucía Díaz Genao, madre de Luis Guillermo Lagunes –desaparecido el 28 de julio de 2013–, puntualizó que “no se han dimensionado las desapariciones”. Dijo que por la experiencia adquirida en más de dos años de búsqueda de su hijo, “fácilmente triplican el número oficial” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) que actualmente es de 26 mil.
Ante una legislación que “obligue” a los agentes del Ministerio Público a abrir expedientes por desaparición de persona y reportarlo oficialmente, agregó, “no toman las denuncias; en las zonas rurales tratan a los familiares con la punta del pie y si no tienen documentación oficial, como una credencial de elector, ni siquiera se toma nota del caso”.
Integrante de la organización El Solecito de Veracruz, Díaz Genao reveló que conoce casos en los que la ahora llamada Fiscalía Especializada se ha negado a recibir denuncias por desaparición. En tanto que, a nivel local, familiares se han visto orillados a interponer amparos para que los agentes del Ministerio Público de Veracruz les tomen muestras de ADN para cotejar su información genética con restos localizados.
Entre la falta de capacitación de los agentes investigadores y del Ministerio Público, así como la escasez de recursos, la activista sostuvo que la Fiscalía “tiene un rango de éxito de 10%”. Aseguró que la mayor parte se debe al trabajo de familiares de desaparecidos.
Díaz Genao sostuvo que la urgencia de la Ley General se fundamenta en la necesidad de “que en la búsqueda se cuente con los elementos para realizar una verdadera investigación, que no sea un simulacro y para mejorar todos los entornos satelitales a la desaparición”.
Como ejemplo mencionó el acceso al patrimonio de la persona desaparecida por parte de los familiares, porque actualmente “el desaparecido no tiene derechos y no tiene derecho tampoco de que nadie interceda por él”.
Yadira González, quien desde 2006 busca a su hermano Juan, destacó que en Querétaro la experiencia que han tenido algunos familiares de desaparecidos con la Fiscalía les ha permitido la localización de seis personas –cinco vivas–, “pero fue por el trabajo de los familiares quienes realizaron la investigación”.
La mujer apuntó que los legisladores deben reconsiderar el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada, “porque más allá que la legislación sea eficaz, sin recursos para su operación no van a poder realizarse las necesidades básicas para la búsqueda. Eso es lo que más preocupa a los familiares”.
Actualmente, resaltó, cada uno de la veintena de ministerios públicos con que cuenta la Fiscalía “tiene más de 40 expedientes, por lo que no es posible esperar que hagan bien su trabajo”.
Yanahui Paredes –hija de Francisco Paredes, desaparecido en Michoacán– explicó que integrantes del Movimiento Nacional tuvieron un primer acertamiento con representantes de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión “para que tomen en cuenta el documento Elementos esenciales para la elaboración de una Ley General sobre Personas Desaparecidas en México”.
Araceli Salcedo, madre de una joven secuestrada en Veracruz; Mario Vergara, hermano de un taxista de Hitzuco; y Martín Villalobos, familiar de una joven desaparecida en el Estado de México, exigieron la inclusión en el debate legislativo para que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General, como lo recomendó el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, en febrero pasado.
Los activistas enumeraron diez puntos que debe contener la legislación. Entre ellos: el reconocimiento del problema y el tratamiento desde un enfoque jurídico, forense y psicosocial con perspectiva de género y derechos humanos; tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares en apego a los más altos estándares internacionales; priorizar “la búsqueda con vida de las personas desaparecidas sobre un enfoque punitivo exacerbado”; así como crear una fiscalía independiente con presupuesto y personal suficiente para la realización de investigaciones imparciales, exhaustivas, prontas y eficaces.
Los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dijeron que su propósito es que la Ley General sea imprescriptible; que se integre en las acciones de búsqueda e investigación a los familiares de las víctimas; se cree un Registro Único de Personas Desaparecidas; se dé reconocimiento de los derechos de las víctimas y la reparación de daños; así como que se legisle en materia de Declaración de Ausencia por Desaparición y armonizar legislativa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421097
MÉXICO, DF: Merethe Negaard, embajadora de Noruega en México, recomendó a las empresas energéticas de su país “tener mucho cuidado” cuando elijan a aliados locales para participar en las licitaciones de proyectos energéticos, porque en México “hay mucha corrupción en todos los niveles, en todo”.
La diplomática señaló lo anterior durante el Foro Anual México Offshore Finances, que se llevó a cabo este miércoles en un lujoso hotel de la Ciudad de México.
En el evento, que agrupó a representantes de empresas energéticas y de fondos de inversión, se discutieron temas relacionados con la reforma energética de México: desde reflexiones sobre la Ronda Uno –en la que participó la filial mexicana de la paraestatal noruega Statoil– hasta posibilidades de inversiones en el sector del petróleo y del gas en el país.
De acuerdo con el periódico Reforma, la embajadora aconsejó a las compañías noruegas “tener cero tolerancia contra la corrupción”, y “mucho cuidado” a la hora de elegir con quién se alían.
En mayo de 2014, a ocho meses de asumir el cargo, la misma Negaard planteó en la página energyboardroom.com que las empresas energéticas de Noruega podían realizar negocios en México, pero las invitaba a hacerlo “con paciencia” y “de acuerdo con los valores nórdicos”.
“Es totalmente posible tener éxito en México y al mismo tiempo operar de manera transparente, con cero tolerancia hacia la corrupción”, indicó en aquella ocasión, seis meses después que el Senado aprobara la reforma energética.
Al preguntarle sobre el aprendizaje que Petróleos Mexicanos (Pemex) podría tomar de la empresa paraestatal noruega Statoil, la embajadora respondió que las compañías de su país “gozan de una reputación excelente a escala global por su eficiencia y su integridad; Statoil no es una excepción y podría ser considerada como un marco de referencia en términos de transparencia, principios sociales y estándares de seguridad”, dijo.
Durante la fase de discusión de la reforma petrolera, el gobierno de México invitó a ingenieros y funcionarios de Noruega, quienes hablaron de la forma en la que la monarquía maneja sus recursos petroleros, así como el modelo de Statoil.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421091
MÉXICO, DF: El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su deseo de buscar de nueva cuenta la Presidencia de la República. “La tercera es la vencida”, ha dicho en diversas ocasiones el tabasqueño, quien al parecer se alista para tomar las riendas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En medios de comunicación y entre los propios militantes de esa fuerza política corrió el rumor de que el próximo fin de semana, en su sesión de Congreso Nacional, los 300 participantes elegirán al exjefe de Gobierno como presidente nacional de Morena.
Supuestamente el nuevo cargo de López Obrador forma parte de la estrategia de Morena para posicionarlo rumbo a la elección presidencial de 2018, lo que ha ocasionado reacciones en su contra en los últimos días, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre esas reacciones resalta la propuesta de reforma electoral de Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, para evitar la aparición del tabasqueño en los spots de Morena transmitidos en tiempos oficiales.
La medida surgió tras la revelación de dos encuestas publicadas en los periódicos ‘Reforma’ y ‘El Universal’, donde López Obrador destaca como puntero presidencial.
El pasado 26 de agosto Morena lanzó la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario que se realizará en esta ciudad los días 20 y 21 de noviembre para renovar a los 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), incluidos su presidente y secretario general.
En consecuencia, el 24 de octubre se anunció que Martí Batres dejaba la presidencia nacional para asumir la dirigencia del partido en el Distrito Federal. La secretaria general, Bertha Luján, quedó como encargada del despacho.
“El principal objetivo de responsabilizar a Batres en la nueva encomienda consiste en contribuir al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018”, se indicó.
De acuerdo con el quinto punto de la convocatoria al Congreso Nacional, serán elegibles los “protagonistas del cambio verdadero” que estén en pleno uso y goce de sus derechos partidarios y no desempeñen un cargo de elección popular o sean ministros, jueces federales, locales, magistrados o servidores públicos, entre otros, salvo que se separen definitivamente del cargo.
Así, en la sesión del próximo fin de semana se elegirá a los 200 integrantes del Consejo Nacional y a su presidente o presidenta, y se constituirán los congresos y consejos de los 300 distritos electorales federales.
También se cambiarán las asambleas y congresos de los mexicanos en el exterior, así como los congresos y consejos estatales y el congreso nacional ordinario.
El miedo del PRI
De manera paralela a los eventuales cambios en Morena, el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, promueve una reforma electoral para “frenar” el ascenso de López Obrador, quien respondió así en su cuenta de Facebook:
“Quieren sacarme por completo de los medios de información: ya sea prohibiendo que aparezca mi imagen o estableciendo que se van a tener que comprar los tiempos en radio y televisión”.
Durante su gira por Veracruz, el excandidato presidencial comparó la iniciativa de Beltrones con el desafuero promovido en su contra en 2006: “Es como otro desafuero con miras al 2018. Por cierto, en esa ocasión Beltrones, quien era presidente de la Cámara de Diputados, se alió a Vicente Fox porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta electoral de 2006. Hay que estar atentos. Voy a empezar a denunciar este atentado a la libertad y a la democracia en organismos internacionales de justicia y de derechos humanos”.
Días antes, el viernes 13, el tabasqueño acusó al expresidente Carlos Salinas de Gortari de enviar a Beltrones para criticarlo y acusarlo de tramposo, porque “la mafia del poder está preocupada por el 2018” y quiere borrarlo de la contienda, dijo.
“Ellos son dueños o tienen a su servicio a casi todos los medios de información y, por si fuese poco, en los tiempos oficiales tienen 10 veces más que nosotros”, escribió en su cuenta de Facebook.
Añadió: “Vetarnos por completo, con cualquier argucia, sería elevar la censura a rango supremo. En otras palabras, se estaría cancelando por completo la libertad de expresión. Estemos atentos. Es un mensaje de la mafia, del hampa de la política y son capaces de todo”.
Posteriormente, en el municipio Villa García, Zacatecas, López Obrador señaló a ocho personas elegidas por la “mafia en el poder” para definir al candidato presidencial para 2018.
Precisó que se trata de “los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Hacienda, Luis Videgaray Caso, y Educación, Aurelio Nuño Mayer, así como el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya.
Destacó que en la lista también están “la esposa del panista Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo; el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y hasta el jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa”.
Para López Obrador, cualquiera de esos funcionarios cumple con las características de ser “empleado, títere, pelele de la mafia en el poder”. Son parte del régimen de corrupción y privilegios padecidos en el país, apuntó.
Y remató: “Los potentados no quieren al partido político Morena y a su posible candidato, ahí está la realidad, no ven con buenos ojos a Morena porque quiere que haya un cambio, una transformación y terminar con la corrupción en el país, que es el principal problema de México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421077.
México, DF. El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó reintegrarle al Partido del Trabajo spots que no fueron transmitidos cuando se le devolvió fugazmente su registro como partido político nacional.
El Comité de Radio y Televisión declaró improcedente atender esa petición, dado que los quince días de promocionales que no fueron transmitidos son “actos consumados y de imposible reparación, puesto que los tiempos en radio y televisión ya habían sido agotados”.
Dicho comité sesionó el martes por la noche y la representación del PRD –el PT ya no puede asistir-- insistió en el derecho de los petistas a acceder a esos tiempos. Sin embargo, los consejeros aprobaron un acuerdo, donde dicen que sería necesario realizar una modificación a la pauta disminuyendo promocionales de otros partidos políticos y de las autoridades electorales, lo que está prohibido por la ley electoral.
Recordaron además que el Consejo General del INE determinó la cancelación de registro de dicho partido al no obtener el 3 por ciento de la votación en las pasadas elecciones y por tanto, perdió todos su derechos y prerrogativas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/18/rechaza-el-ine-devolver-spots-al-pt-que-no-fueron-transmitidos-1285.html
México, DF. Diputados de PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la Secretaría de la Función Pública no ha logrado frenar la corrupción en México y el coordinador del blaquiazul, Marko Cortés, le entregó esta noche al titular de esa dependencia, Virgilio Andrade, una copia de la solicitud de juicio político que su bancada presentó en su contra hoy en la Secretaría General.
En la comparecencia del funcionario, que se desarrolla en la Cámara de Diputados para la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los legisladores de esos partidos señalaron que Andrade sólo ha cumplido la función para la cual fue nombrado, esto es indagar el presunto conflicto de interés del Presidente de la República, su esposa Angélica Rivera, y funcionarios del gabinete con distintas empresas.
El panista Marko Cortés insistió: “usted fue designado hace casi un año, después del escándalo más grande de corrupción en la historia moderna de México, para determinar si hubo conflicto de interés en la adquisición de propiedades del Presidente y del secretario de Hacienda. Después de una 'ardua' investigación no encontró nada y lo declaró caso cerrado”.
También, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, sostuvo que ante los múltiples casos de corrupción, se revela la nula actuación de la Secretaría de la Función Pública, en parte por la debilidad institucional, pero también por la falta de voluntad política.
“La secretaría ha sido ineficaz para combatir la corrupción y presuntos conflictos de interés”, dijo.
También, la diputada Alicia Barrientos (Morena) sostuvo que las conclusiones de la investigación sobre la denominada Casa Blanca “ desacreditan al secretario para formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MENDEZ/ ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/18/diputados-entregan-a-virgilio-andrade-solicitud-de-juicio-politico-en-su-contra-8083.html
MÉXICO, DF: Roberto López Trujillo, de 44 años, desapareció hace más de un mes en la sierra de Tamazula, Durango, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron operativos para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán.
Desde entonces su hermano Pedro lo ha buscado en la sierra y en los servicios médicos forenses, pero no ha dado con su paradero, según una nota difundida por el diario Noroeste.
Pedro se sumó ayer a la manifestación que realizaron familiares de víctimas de desaparición forzada en Durango, y anunció que a partir de hoy iniciaría otra búsqueda en los archivos de las penitenciarías donde están enlistadas las personas que han cometido algún delito.
De acuerdo con el diario, Pedro López dijo que su hermano escapó de la zona donde los marinos realizaban los operativos de seguridad para localizar al líder del Cártel de Sinaloa. Tenía seis noches viajando por la sierra, caminando entre los cerros y el monte, y a la sexta luna él y sus ocho compañeros fueron atacados por armas de fuego, relató.
“Él venía huyendo, así como todos salieron huyendo. Él venía junto con otras ocho personas, y al llegar al río donde le dicen La Boquilla, ahí fue donde le dispararon a él. Fueron los marinos los que le dispararon. Dicen que los marinos pegaron 200 balazos”.
Añadió: “Yo no encontré evidencia, casquillos, ni nada. Y uno que se quedó más cerca de él (Roberto) dice que escuchó que lo golpeaban, que un helicóptero se lo llevó”.
Según Pedro, los elementos de la Semar son los responsables de la desaparición involuntaria de su familiar, “porque gritaron que eran los marinos. Y yo fui a los siguientes días, fui al lugar de los hechos, revisé todo y no había nada, pero ahí estaban los marinos, no había más que puros marinos. No podía haber malandrines, los malandrines salieron”, destacó.
Precisó que ha recibido información de que Roberto López fue herido por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en la pierna, aunque aclaró que él no puede comprobar eso.
“Mi hermano no llevaba arma. Ninguno de ellos lleva arma. Ni andaba ‘empercherado’, ni ‘pinto’, ni nada. Es gente que va y trabaja, como todo el mundo. Normal. No es gente mala”.
Según Noroeste, López ha solicitado información a la Semar sobre el paradero de su hermano, pero hasta no ha recibido respuesta. “Si lo tienen o no lo tienen, no han querido decir la verdad”, denunció.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421072
COLIMA, Col: El Tribunal Unitario Agrario distrito 38 emitió una medida precautoria a favor de la mesa directiva de bienes comunales de la comunidad indígena de Zacualpan, con el fin de evitar que el Registro Agrario Nacional (RAN) inscriba el acta de la asamblea convocada por la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, en la que se pretendió destituir a los dirigentes Taurino Rincón Lorenzo, Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán.
En un acuerdo dictado dentro del juicio agrario 434/15, el magistrado Agustín Hernández González notificó la orden enviada mediante oficio al RAN para que se abstenga de inscribir el acta de asamblea de fecha 11 de octubre pasado, celebrada en Zacualpan, municipio de Comala, o cualquier acto relacionado con la misma, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.
El titular del órgano jurisdiccional fundamentó su decisión en el deber establecido por los artículos 1º y 2º de la Constitución de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en particular el de los pueblos indígenas”, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La directiva encabezada por Taurino Rincón fue electa el 20 de noviembre de 2014 con el apoyo del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), organización constituida para combatir el proyecto de una mina de oro, plata, cobre y manganeso que desde 2013 se pretendía explotar en esa región, pese a los riesgos que implicaba para el manantial de la comunidad que abastece de agua a la mayor parte de la capital del estado.
Según el CIDTZ, el proyecto de la mina –que después de la movilización de la comunidad fue suspendido– era respaldado por el anterior presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro, con el apoyo de Díaz Rivera, quien recientemente fue denunciada por organizaciones nacionales e internacionales de instigar el clima de violencia en Zacualpan a través de un grupo de comuneros relacionado con el exdirigente.
El 11 de octubre pasado, con una parte de los comuneros la funcionaria encabezó una asamblea en la que los asistentes votaron por la destitución del presidente de bienes comunales Taurino Rincón y demás dirigentes, y en su lugar fue nombrada una nueva mesa directiva.
Tras considerar que hubo violaciones a la ley en esa asamblea, los directivos destituidos presentaron una demanda contra los delegados del RAN y de la PA, en la que pidieron que se declare la “nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias”.
El Tribunal Unitario Agrario admitió la demanda y además de dictar la medida precautoria a favor de los demandantes, requirió al delegado del RAN documentos diversos, entre ellos el acta de la asamblea del 11 de octubre, las convocatorias respectivas, la solicitud de comuneros a la PA para realizar la asamblea, la solicitud de inscripción del acta de parte del comisariado de bienes comunales electo y cualquier otro documento relativo al caso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421065
TAMPICO, Tamps: La orden de captura girada por autoridades de Estados Unidos contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores no fue obstáculo para que éste acudiera como invitado especial al quinto informe de gobierno de Egidio Torre Cantú.
En una camioneta blindada, el exmandatario arribó a las 12:40 horas al Centro de Convenciones de esta ciudad, en las inmediaciones de la Laguna de Carpintero, donde Torre Cantú dio un mensaje para hablar de los logros de su administración.
Cuando ingresaba al lugar, Hernández Flores se tomó fotografías con invitados y algunos reporteros, pero se negó a dar entrevistas a los medios. “Yo nada más vengo aquí de invitado”, soltó.
El exgobernador es buscado en Estados Unidos por su presunta participación en el “lavado” de aproximadamente 30 millones de dólares que supuestamente recibió del crimen organizado y que colocó en bancos de Texas.
Inclusive las autoridades de ese país han ofrecido una millonaria recompensa a quien proporcione información para localizarlo.
Al evento de este miércoles también asistió exgobernador Manuel Cavazos Lerma, quien llegó a pie, así como el cónsul de Estados Unidos en Matamoros, entre otros.
En su mensaje, Torre Cantú dijo que Tamaulipas se ha recuperado pero admitió que aún hay mucho por hacer.
“Está claro que venimos recuperando Tamaulipas, que cumplimos metas, que tenemos logros, pero también está claro que hay retos que continuar”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARISTEGUI NOTICIAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421050
Según versiones extraoficiales, los uniformados iban escoltando a expertos de la CIDH que habían llegado en helicóptero por la mañana, lo que no se confirmó .
Unos 50 policías federales inspeccionaron la tarde de ayer el basurero de Cocula, y dejaron la zona acordonada, pero sin resguardo policiaco.
Fuentes extraoficiales informaron que los policías federales iban resguardando a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que la información haya sido confirmada.
A las 12 del mediodía, el convoy de 10 patrullas de la Policía federal con unos 50 agentes fuertemente armados entró a la cabecera municipal de Cocula y al llegar al centro del poblado se dirigió directamente al basurero donde, según la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que después arrojaron sus cenizas al río en el poblado de Puente Río San Juan, al sur de la cabecera municipal.
Al basurero se llega por una brecha de terracería de 10 kilómetros desde el centro de la cabecera municipal de Cocula hacia el sur del poblado; un kilómetro antes del basurero había un retén de policías federales que impidieron el paso.
Los policías federales estuvieron en el basurero municipal más de tres horas, hasta las 3:30 de la tarde, y después abandonaron el tiradero a cielo abierto, que quedó acordonado, pero sin resguardo policiaco.
En el retén, los policías federales justificaron que no había paso porque había un enjambre de abejas que había atacado al personal.
En una visita al basurero después de que el convoy abandonó la zona, se confirmó que el lugar estaba acordonado en dos lugares, uno en la parte alta del basurero y otra en la base, a unos 50 metros abajo donde, según la versión oficial, los normalistas fueron asesinados y calcinados.
Desde lo alto del basurero se ve en la parte baja la zona acordonada de unos 50 metros de diámetro, sin resguardo de policías.
Según las fuentes extraoficiales, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los que resguardaban los policías habían llegado cerca de las 11:30 de la mañana de ayer en helicóptero a las instalaciones del estadio de futbol Ambrosio Figueroa, y desde ahí fueron escoltados hasta el basurero de Cocula.
En el lugar no se logró ver a ninguno de los integrantes de la CIDH y hasta la noche de ayer ninguna fuente confirmó la información.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ALEJANDRO GUERRERO.
LINK: http://suracapulco.mx/2/inspeccionan-y-acordonan-el-basurero-de-cocula-policias-federales-al-irse-lo-dejan-sin-resguardo/
Cazarín Molina ha sido identificado como informante directo del líder del cártel de Jalisco, Rubén Oseguera Cervantes, “El Menchito”.
Fuerzas federales detuvieron durante un operativo realizado esta madrugada a Iván Casarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En conferencia de prensa, el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, detalló que el detenido es un objetivo prioritario de la estrategia Operativo Jalisco.
Precisó que Cazarín Molina ha sido identificado como quien informaba de manera directa de las operaciones delictivas al líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Además el hoy detenido es señalado como el autor material e intelectual del ataque contra un helicóptero militar en mayo pasado, en Villa Purificación, Jalisco, en el que murieron militares y policías federales.
Durante la detención de Cazarín Molina fueron aprehendidos también Marco Antonio Rocha García, Rafael Ortega Aquino y Yahir Martínez Mora, quienes al momento de su detención tenían cinco armas largas, cuatro cortas, cocaína, cuatro vehículos y varios aparatos de comunicación.
La detención, aseguró Galindo Ceballos, se logró sin hacer disparos, en tanto las personas detenidas, las armas y la droga fueron trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-11-2015/1555720
MÉXICO, DF: El Órgano Interno de Control de la Semarnat encontró elementos probatorios que presumen la existencia de irregularidades cometidas por exfuncionarios en el caso Dragon Mart, proyecto que se buscó desarrollar en el municipio quintanarroense de Puerto Morelos
En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que ante esa situación la instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició el procedimiento correspondiente contra Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrios Valladares.
Los dos presuntos responsables se desempeñaron como delegado federal y subdelegado jurídico en Quintana Roo de la Profepa, respectivamente.
También recordó que en febrero pasado la Profepa presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat por posibles irregularidades administrativas relacionadas con los procedimientos aperturados a la persona moral Real Estate Dragon Mart Cancún SA.
Por ello, una vez analizadas las diligencias de investigación pertinentes se informó a la Profepa de que se encontraron elementos probatorios que permiten presumir la existencia de irregularidades administrativas por parte de ambos exfuncionarios.
Ante ello, detalló un documento emitido por el titular del área de quejas de la citada instancia adscrita a la SFP, se procedió a turnar al área de responsabilidades la denuncia para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.
Además, la Profepa exhortó a los titulares del gobierno de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez a no desistir en la acción de la aplicación de la ley.
Incluso, llamó a hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a niveles estatal y federal a ese megaproyecto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
SAN SALVADOR ATENCO, Edomex: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no recibirá dádivas del Fondo de Indemnización a Víctimas, debido a que con esta acción se pretende dar carpetazo al caso Atenco, advirtió Ignacio del Valle, líder de la organización.
Del Valle Medina precisó que la posición del Frente es la misma desde sus inicios, a pesar de todas las represiones sufridas: la exigencia de justicia.
“Desde luego que no, no somos ingenuos, no queremos esa dádiva… Quien iría a la cárcel, en principio, si hubiese justicia, sería él –el presidente Enrique Peña Nieto–, porque reconoció públicamente que él ordenó –como gobernador– la represión del 3 y 4 de mayo de 2006”, dijo.
Con la entrega de ese recurso y el llamado a una última audiencia en los juzgados del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, aseguró, las autoridades están buscando cerrar ese capítulo.
“Es como el requisito que necesita el gobierno para darle carpetazo a ese asunto: Te obligo a ir a señalar al que te agredió, al chivito expiatorio –los elementos policiacos sujetos a proceso–, y ya no te hablo como víctima, sino como testigo. El gobierno quiere cerrar ese capítulo, quiere decir que se complementó el proceso, decirle a la Corte que resarció el daño con el fideicomiso”, alertó.
Las integrantes del Frente, abundó, sobre todo las violentadas, han actuado con mucha dignidad, de tal manera que si quisieran habrían recibido la indemnización desde hace mucho tiempo; “no la van a aceptar”, acotó.
Por ahora, dijo, la exigencia de justicia por los excesos cometidos contra los integrantes del Frente se encuentra en otro nivel, fuera del país, donde a pesar de que ha implicado un buen plazo se confía en una determinación favorable.
Posiblemente este fin de año, compartió, haya un resolutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se acusa a Peña Nieto, a las autoridades municipales de Texcoco y a las del Estado de México de incurrir en un crimen de lesa humanidad por la represión y confabulación con que actuaron en contra de los integrantes de la organización que se opusieron a la construcción del aeropuerto en sus tierras.
“Es un crimen de Estado repugnante que no podemos aceptar ni perdonar, no por un sentido de venganza, sino de justicia. Tenemos esa postura de no olvidar lo que nos cambió la vida totalmente”, advirtió.
El 20 de octubre, el procurador Alejandro Gómez anunció que la dependencia a su cargo se encontraba ya en etapa de individualización de la compensación a 11 mujeres de Atenco agredidas sexualmente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421051
MÉXICO, D.F: Tomás Arévalo Rentería, supuesto socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, será sentenciado este miércoles en una corte federal en Chicago, Estados Unidos, acusado de dirigir entregas de heroína y cocaína desde México.
Arévalo Rentería, de 46 años de edad, pasará en prisión al menos 10 años, aunque los fiscales buscarán una sentencia de 25 años en prisión. Los abogados del supuesto cómplice de “El Chapo” dicen que sería una pena demasiado severa para alguien que estaba al final de la jerarquía de mando.
En marzo de 2014, Tomás Arévalo se declaró culpable de distribuir grandes cantidades de cocaína y heroína en el área de Chicago para el cártel de Sinaloa.
Así lo informó en esa ocasión la Oficina del procurador federal para el Distrito Norte de Illinois, al detallar que el acusado admitió ante el juez Rubén Castillo que de 2005 a 2008 distribuyó más de 150 kilogramos de cocaína y 30 de heroína en el área de Chicago y otras partes de Estados Unidos.
La declaración ocurrió bajo el esquema conocido como “confesión ciega”, sin establecer ningún acuerdo de sentencia con la fiscalía, por lo que podría enfrentar penas desde 10 años a cadena perpetua.
Arévalo Rentería de declaró culpable dos semanas después de que su socio y coacusado Alfredo Vásquez Hernández se retractó de hacer su propia admisión de culpa.
Vázquez Hernández canceló su plan de declararse culpable cuando una televisora de Chicago informó de manera equivocada que estaba cooperando con las autoridades y declararía contra el líder del cártel de Sinaloa –quien el pasado 11 de julio eswcapó de la cárcel de máxica seguridad del Altiplano, en el estado de México– a fin de recibir una sentencia menor, lo que hizo temer por su familia en México.
La preocupación de que algo similar ocurriera en el caso de Arévalo Rentería condujo a los fiscales federales a puntualizar durante la audiencia ante el juez que no existía ningún tipo de acuerdo y que el reo no había aceptado declarar en contra de ‘El Chapo’ Guzmán.
El subprocurador federal Thomas Shakeshaft dijo al juez Castillo que el único acuerdo con Arévalo Rentería era que los fiscales no buscarían aumentar su sentencia a partir de su declaración de culpabilidad, lo que limitaría su condena de 20 a 10 años de prisión.
Arévalo Rentería y Vázquez Hernández figuran en la misma acusación federal ante la Corte en Chicago en la que están implicados Guzmán LOera, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y su hijo Jesús Vicente Zambada Niebla, junto con otras ocho personas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Alianza Cívica alertó que se pudo percatar “que las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la violencia social en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en algunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la militarización”.
La organización Alianza Cívica destacó este día que el proceso electoral del 7 de junio pasado estuvo marcado por la violencia en zonas y generalizada, por la compra del voto y por una pérdida de credibilidad en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Ahora, de acuerdo a un estudio que toma distintas variables, prevé que ese escenario se repita en 2018, cuando México regresa a las urnas a elegir Presidente.
Un equipo desplegado por la Alianza Cívica de Nuevo León en diversos municipios de diez estados del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, el Estado de México y Jalisco, investigó y siguió las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos electorales del pasado 7 de junio.
La asociación presentó hoy los resultados observados durante su investigación. Alertó que se pudo percatar “que las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la violencia social en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en algunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la militarización”.
Advirtió que se registró también “el uso de la policía y fuerzas militares para intimidar a la población en zonas donde el voto no era favorable al partido que gobernaba”.
La Alianza destacó que la compra de voto fue una constante a lo largo del país, en sus distintas modalidades. Además, de acuerdo con los testimonios recabados, en las elecciones del mes de junio el voto se compró en un promedio de entre 500 y 2 mil pesos; comprándose más baratos en algunas zonas de Guerrero, donde se llegó a pagar escasamente a 50 pesos, mientras la más cara se dio en Sonora donde ascendió hasta a 2 mil pesos.
Sin embargo, dijo que la mayoría de testimonios hablan de un pago de 500 pesos por voto.
El estudio se realizó en 22 municipios de 10 estados: Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, en Guerrero; Pinotepa Nacional, Oaxaca; Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Monterrey, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe, en Nuevo León; Saltillo, Monclova y Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y Durango, Durango; Cd. Juárez , Chihuahua; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Ecatepec, Estado de México, y Cd. Obregón y Hermosillo, Sonora.
En cada uno de estos se dio seguimiento las prácticas de compra o coacción del voto; ya sea en efectivo o mediante la utilización de programas sociales de los distintos niveles de gobierno, a los actos de violencia antes o durante la jornada electoral, al desempeño de las autoridades electorales y una sistematización “incipiente” de la percepción de la ciudadanía sobre la relación de candidatos con el narcotráfico.
Para recoger esta información se empleó a observadores que recogieran de primera mano la información, se hizo monitoreo a medios sobre actos de violencia, observación directa de los investigadores el día de las elecciones y se trabajó con grupos de enfoque, dijo Alianza Cívica.
Realizaron además previo y posterior a los comicios diversas entrevistas con “actores e informantes clave”, entre el 29 de julio y el 15 de agosto, y aunque precisó, estas encuestas no representan una muestra estadística representativa, los porcentajes dan “indicios de lo que pudo haber sucedido en el pasado proceso electoral”.
CANDIDATOS LIGADOS AL NARCO Y AMENAZAS
Alianza Cívica indicó que del 26 por ciento del total de los entrevistados señaló que supieron de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos pudiera realizar libremente sus campañas en municipios de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Coahuila.
Mientras, el 21 por ciento dijo que supo de grupos que impedían el desplazamiento de promotores de campaña en Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Edomex, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Coahuila.
Además en entidades como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, entre otras de las ya mencionadas, los encuestados dijeron haberse enterado de que algunos partidos o promotores de campañas tuvieron que negociar con grupos para poder entrar al territorio.
Mientras, en los diez estados en los que se llevó a cabo la investigación, el 40 por ciento de los entrevistados, consideró que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo criminal; y el 37 por ciento indicó que la delincuencia organizada, pudo haber influido en la selección de algún candidato.
El 6 por ciento manifestó saber que el INE tuvo que negociar con algún grupo, para la instalación de las casillas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y obviamente Oaxaca y Guerrero.
LA COACCIÓN DEL VOTO, UN TEMA PENDIENTE
“La compra y coacción del voto sigue siendo un tema pendiente, que afecta la equidad del proceso electoral. Prácticamente todos los actores entrevistados denunciaron este tipo de prácticas: amenazas a los beneficiarios de programas sociales o de quitarles los permisos a tianguistas, transportistas, o los programas de apoyo al campo”, alertó la organización.
Destacaron que el uso de los programas sociales para la compra de votos fue reportado en todos los lugares observados y por parte de los tres ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Entre los programas más denunciados fueron los pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como los de Prospera, el Programa de Empleo Temporal, 65 y más, de Liconsa.
De la Sagarpa fueron denunciados Procampo y otros proyectos productivos. También se observaron diversas presiones a comerciantes por parte de los gobiernos municipales, amenzándolos con retirar la concesión si no asistían a actos proselitistas o votaban por el partido oficial.
Otra forma a todas luces ilegal de incidencia en el proceso electoral se realizó mediante la entrega de millares de televisores digitales por parte de la SCT, utilizando el padrón de la Sedesol, en los días previos a la elección.
Alianza Cívica pudo observar que la presión a los electores el día de la jornada electoral se dio mediante personas de forma intimidante se encontraban afuera de las casillas o el acarreo “como una forma de decir ‘yo te llevo a votar, y tú votas por mi partido’”.
La organización dijo que en el estudio quedó de manifiesto “el agradecimiento y de cierta forma la lealtad” de los beneficiarios de algún programa social hacia el promotor del mismo, expresado a través del voto hacía el partido del que éste provenga.
Respecto al desempeño del INE, Alianza Cívica dijo que sólo el 44% de los ciudadanos entrevistados dijo que considera que el desempeño del órgano electoral es confiable.
Sobre la pregunta hecha a actores pertenecientes a partidos políticos sobre si hay evidencias de que los gobiernos de los tres niveles estén utilizando recursos públicos para promover a un partido o candidato, un poco más del 50% dijeron que sí. Sumado a ello, el 77% de ellos dijeron que la ciudadanía desconoce los delitos electorales.
El organismo presentó además un testimonio anónimo de un funcionario del INE quien dijo que pudieron constatar que en Hermosillo hubo gente repartiendo “a diestra y siniestra” para la compra de votos.
“Yo no sé de dónde sacaron tanto dinero. Yo tengo reporte de la ciudad de gentes de absoluta confianza de nosotros que vieron como estaban repartiendo dinero a diestra y siniestra por ambas partes, pero mucho dinero. Tanto del partido en el gobierno como el opositor en el bipartidismo de Hermosillo, PAN y PRI y bueno, debe llevarnos a la lógica de que ese dinero estuvo fondeado por alguien y, bueno, si en esa lógica es muy probable que la federación haya, vamos a decir esté […] caminado con recursos por que fueron ofrecimientos de miles de pesos por cada voto en colas largas y la gente lo aceptaba, y esa es una de las desgracias que tenemos”.
“Porque si así seguimos pues esto no va a cambiar nunca. Hay la presunción de donde se dan este tipo de rutas del dinero hacia las elecciones […] vemos que lo derrochan a manos llenas no solamente en la campaña sino en el momento de las votaciones, está claro que no salió de la bolsa de los candidatos. Debió haber salido de las arcas públicas, de economías yo creo de apropiación de recursos de manera indirecta o trasladados, disfrazados, lavados públicamente de dinero público lavado al interior de la administración para aterrizarlo y eso es espantosamente regresivo, lo que está pasando”, alertó el funcionario.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-11-2015/1555640
