Juez ordena a CNBV restituir ahorro a cuatro defraudados por Ficrea

MÉXICO, DF: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá restituir “el monto íntegro y total” a cuatro ahorradores de Ficrea, luego de que la autoridad violó “los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo al no haber garantizado en forma eficaz e integral el derecho a la propiedad”.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal Fernando Silva García, quien dio salida a cuatro amparos, se estableció que la obligación de pago de los ahorros e intereses del quejoso por parte de la CNBV es una obligación de resultados y no de medios.

Por ello, la autoridad bancaria deberá cumplir la sentencia a través “de las medidas presupuestarias o de otro carácter que considere aplicables y que sólo con el pago íntegro de los depósitos ahorrados y el interés legal se tendrá por cumplida la sentencia”.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que en las sentencias se destaca que la CNBV demoró indebidamente la aplicación de las medidas correctivas, informativas y de alerta a los ahorradores por lo menos un año.

“Las irregularidades de Ficrea se conocieron como mínimo desde el 8 de abril de 2013, mientras que ejecutó la intervención y cierre de operaciones de Ficrea hasta el 7 de noviembre de 2014”, precisó.

Según el Juez Octavo de Distrito, los ahorradores no tienen el deber de soportar el uso indebido y deliberado de los fondos de una entidad financiera en beneficio de terceras personas cuando existe deficiente supervisión por parte de la Comisión, así como la “inoportuna información y alerta al público ahorrador ante la existencia de graves irregularidades en su administración”.


Aún más, el juzgador determinó que la restricción e indisponibilidad de los depósitos en perjuicio de un ahorrador en el sistema financiero, derivada del desfalco deliberado de una entidad financiera (que produjo beneficios económicos indebidos a terceras personas), cuando revelan falta de diligencia en la supervisión, tolerancia o aquiescencia de los poderes públicos, generan una violación al derecho fundamental a la propiedad y al debido proceso tutelado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421114

Fuerzas federales resguardarán evaluación en “feudos” de la CNTE: Nuño

MÉXICO, DF: El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer confirmó que la aplicación de la evaluación docente en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas el próximo fin de semana será resguardada por fuerzas federales.

“En todas estas entidades y de manera muy señalada en el caso de Michoacán estamos cooperando. Tuvimos ayer una reunión con el gobernador de Michoacán y de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas para todos los operativos que haremos en estos estados. Tendrán todo el apoyo del gobierno federal, todo el apoyo de la Policía Federal.

“Están en estos momentos empezando a llegar amplios contingentes de la Policía Federal a Michoacán para garantizar la evaluación durante el fin de semana y esto se seguirá incrementando”, declaró en Aguascalientes en una conferencia de prensa.

Cuestionado sobre los problemas de inseguridad en escuelas de Acapulco, Guerrero, respondió que habrá un operativo conjunto entre el gobierno del estado y la federación para reabrirlas a la brevedad aunque no especificó cuándo.

“Hay una coordinación entre el gobierno federal y el estatal para brindar seguridad en esa zona, en las 15 escuelas que llegaron a estar cerradas por temas de inseguridad, estarán abriendo próximamente con un operativo conjunto que brindará seguridad”, prometió.

Nuño Mayer advirtió que los profesores del país tienen la obligación de presentar los cuatro exámenes planteados por la SEP y en caso de que algún docente no aplique uno de los cuatro será calificado como “no suficiente” y tendrá que repetirlo el año entrante.

Solamente serán dados de baja quienes no se presenten a ninguna de las cuatro evaluaciones, afirmó.

“¿Quiénes son esos maestros que la ley nos marca que hay que separar del servicio? a quienes no se presenten en ninguna etapa de la evaluación, es decir, que no hagan nada al respecto de la evaluación. ¿Cuándo vamos a tener que número de maestros van a estar en esta condición? lo vamos a tener hasta que termine y finalice el proceso de evaluación que inició el fin de semana pasado y que va concluir hasta el 13 de diciembre”, explicó.

El titular de la SEP reiteró que será la segunda semana de febrero cuando se den los resultados de la evaluación y junto con éstos se dará a conocer la participación total de lo maestros en esta evaluación. “Diremos qué maestros no participaron en la evaluación y no tuvieron una justificación para ello y estaremos dándolos de baja como ya lo hicimos con otros”, advirtió.

Anuncia plan para “modernizar” las normales

Durante su visita a la entidad, Nuño participó en la Primera Reunión del Grupo de Coordinación Regional Occidente en la que estuvieron presentes los gobernadores de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

En dicha reunión el funcionario anticipó un plan de fortalecimiento para las escuelas normales del país, incluidas las rurales, que estará en marcha a partir de febrero del próximo año.

“Este plan de fortalecimiento de las normales se dará a conocer en febrero. Está dirigido a las 449 normales de todo el país. Este será un proyecto que intente impulsar la educación inicial de todas las normales incluyendo las rurales que son 17 y en febrero estaremos presentando este plan de modernización consensado con las autoridades locales de todo el país.

Según Nuño la idea es mejorar las condiciones de las normales pero dentro del marco de la ley.

“Nadie puede estar al margen de la ley y eso incluye a las normales y este programa de fortalecimiento a las normales (…) va por mejores condiciones de las normales del país y para caminar en esta ruta todas tienen que estar en orden y no se puede estar cometiendo ilícitos al interior de las normales”, dijo.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421117

Anaya quiere una reforma electoral para volver a comprar tiempos en radio y TV

MÉXICO, DF: Luego de asegurar que continuará su campaña de imagen mediante los tiempos oficiales, Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), planteó aprobar una nueva reforma electoral que incluya volver a la compra de tiempos en radio y televisión, la principal demanda de Televisa.

Anaya, a quien en el PAN se le ve como prospecto presidencial, se defendió de las críticas que hizo el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, el cual calificó de “tramposo” el uso que aquél y Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, hacen de los tiempos oficiales de sus respectivos partidos.

“Primero, (quiero) decir que esto es una prerrogativa que está establecida en la propia Constitución. Segundo, la normalidad en todo el mundo democrático es que los voceros de los partidos sean sus presidentes”, respondió Anaya, quien definió a Beltrones como inseguro.

“Las declaraciones del presidente del PRI, de Manlio Fabio Beltrones, muestran una enorme inseguridad y, por supuesto, el tradicional gen autoritario del PRI que lo quiere controlar absolutamente todo”, subrayó, y propuso una reforma electoral integral que incluya cambiar el modelo de comunicación política y regresar a la compra de candidato y partidos en radio y televisión.

“Lo que yo propongo es que vayamos a una reforma electoral integral donde se revise, sí, el modelo de comunicación política, incluyendo este asunto de los tiempos oficiales, de los spots, pero que también revisemos dos temas fundamentales que han quedado pendientes en la agenda nacional: la segunda vuelta electoral y las candidaturas comunes a nivel federal”.

–En el pasado ustedes habían criticado que Andrés Manuel López Obrador estaba usando estos espacios y anticipándose a tiempos electorales, ¿ya no lo piensan así?

–Me remitiría a lo mismo que acabo de contestar.

A la crítica de Beltrones contra Anaya y López Obrador por aparecer en los spots de sus respectivos partidos se sumó Gustavo Madero, expresidente del PAN, quien propuso que, de ser ambos candidatos presidenciales, se deberían computar sus apariciones en radio y televisión como parte de sus campañas.

“Si López Obrador y Ricardo Anaya Cortés llegan a ser candidatos, que se les contabilice en su techo de campaña su publicidad en tiempos oficiales anterior”, escribió Madero en su cuenta de Twitter, lo que conmocionó a los panistas, especialmente a su presidente.

En conferencia de prensa para informar sobre la Asamblea Nacional del PAN que se celebrará este sábado, Anaya se escabulló de los cuestionamientos sobre su campaña en radio y televisión y planteó una reforma electoral integral que incluya ese aspecto, pero también la compra de radio y televisión, como lo demandan los concesionarios liderados por Televisa.

–¿Entonces, también estarían dispuestos a dejar de aparecer en los spots? ¿En este caso tú estarías dispuesto a dejar de aparecer?

–Como lo he dicho, en este momento es una prerrogativa de los propios partidos que está establecida en la Constitución y la normalidad en el mundo democrático es que los voceros de los partidos sean sus presidentes.

“Si esto es de revisarse en el modelo de comunicación política, se puede revisar. Lo que pedimos es que sea en una reforma que sea verdaderamente integral que incluya segunda vuelta y candidaturas comunes a nivel federal”.

Por su parte, el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, aliado de Anaya, aclaró que el caso del presidente de su partido y el de López Obrador no son lo mismo, porque éste sí es aspirante presidencial para 2018 y el otro no lo ha manifestado.


“En el caso de Ricardo Anaya, él está actuando como presidente del partido en una utilización genuina y auténtica jurídicamente posible de los tiempos oficiales, porque no está en abierta campaña por la Presidencia de la República en 2018, cosa contraria del otro político, del otro perfil que sí ha dicho con toda claridad y con todas sus letras que competirá en 2018”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421094

Castillo: no regalaremos el dinero; los mercenarios sólo aluden al chantaje

Padilla advierte que el COI puede desafiliar a México por injerencia de la Conade. La carta olímpica, el mejor invento para evitar la fiscalización de recursos públicos, sostiene. Fueron muchos años de impunidad. Tenemos federativos ricos y atletas pobres.

Ante la advertencia de Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), de que el Comité Olímpico Internacional (COI) podría desafiliar a México por injerencia del gobierno, Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió: Fueron muchos años de impunidad. Vendrán amenazas y chantajes. Nos asiste la razón y el derecho. No vamos a regalar el dinero por presiones.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que “la carta olímpica es el mejor invento que se ha creado para evitar la fiscalización de recursos públicos y la evaluación de resultados.

Prácticamente hemos regalado 36 mil millones de pesos en los recientes ocho años. Tenemos federativos ricos y atletas pobres. ¿Y los resultados? Lo que está en juego no es una justa olímpica, sino el futuro del deporte en este país. Y los mercenarios solo pueden aludir al chantaje.

Por la mañana Padilla había hecho el anuncio, al señalar que si bien los atletas nacionales participarían en Río 2016, lo harían con una bandera blanca en representación del COI y no del país.

Señaló que la desafiliación sería una tragedia, aunque confío en que no se llegue a esas instancias. Espero que las altas autoridades de la República pongan un freno para que nuestros deportistas no compitan sin un respaldo. Ojalá la sensatez y la cordura nos hagan salir adelante.

Explicó que en días pasados entregó personalmente una carta-petición firmada por 10 federaciones nacionales al presidente del COI, Thomas Bach, en la cual le explican cómo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) violenta la carta olímpica, por lo que piden que se respete ese documento.


Solicitamos de forma explícita el respeto a la autonomía de las federaciones como máxima instancia técnica en el país, expuso Padilla, quien espera que no se llegue a la desafiliación.

Indicó que entre el 3 y 4 de diciembre el COI determinará lo conducente y seguramente enviará su postura a la Secretaría de Educación Pública y/o a la ¨Presidencia de México”, máximas instancias a las que se les deberá comunicar la situación.

El responsable del COM señaló entre algunas actitudes del director de la Conade, Alfredo Castillo, que durante los Juegos Panamericanos de Toronto se entrevistó con presidentes de la federaciones internacionales de algunos deportes para solicitarles que desconocieran a los titulares nacionales, lo cual consideró indebido.

Recordó que en esa reunión estuvo presente el mexicano Olegario Vázquez Raña, miembro permanente del COI, quien informó que la misiva de las federaciones mexicanas fue turnada al área jurídica de la organización deportiva mundial y se espera que a principios del próximo mes se emita una respuesta.

Aunque lamentó lo dicho por Castillo, quien ha minimizado la importancia de la carta olímpica, Padilla destacó que el COM actúa legalmente porque su documento ha sido validado por México, además de que en la actual Ley General de Educación Física y Deporte se establece que deben entregarse recursos al deporte, lo cual no está cumpliendo la Conade.

Al responder por qué dejaron de entregarse partidas al COM, el dirigente expuso que fue por un error de la Conade, ya que los cerca de 70 millones de pesos que debieron pagarse por el preolímpico de basquetbol los cargaron a su cuenta, cuando eso correspondía al presupuesto de esa disciplina, y señaló que Castillo sólo le comentó: Te hubieras quedado con ese dinero.


De lo que sí está seguro Padilla es de que si cambia la Ley del Deporte de México contra el movimiento olímpico –como ya ocurrió en Kuwait–, entonces el país será expulsado sin duda.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE SEPÚLVEDA MARÍN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/19/deportes/a13n1dep.

Un fracaso, el programa de recompensas de la Procuraduría de Edomex para localizar desaparecidos

Hasta la fecha, la Procuraduría mexiquense no ha obtenido ninguna pista a través de este programa para encontrar a las personas desaparecidas.

En tres años, la Procuraduría de Justicia del Estado de México ha ofrecido 61 recompensas para localizar a personas desaparecidas, pero hasta ahora ninguna se ha cobrado ni ha servido para aportar datos de utilidad que ayuden en las investigaciones.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información pública, con folio 00150/PGJ/IP/2015, entre octubre de 2012 y octubre de este año, la Procuraduría mexiquense no ha obtenido ninguna pista a través de este programa para encontrar a las personas desaparecidas.

María Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, fue reportada como desaparecida en agosto de 2011 en Cuautitlán Izcalli, una de las 361 jóvenes que según estadísticas de la PGJEM se contabilizaron ese año.

Fue la primera persona por la que la procuraduría mexiquense hizo público un acuerdo en el que ofrecía hasta 300 mil pesos de recompensa para quien diera informes de su localización, aunque la estrategia llegó 14 meses después de que se informara de su secuestro y que su padre, Alejandro Reyes, hiciera huelga de hambre para presionar a que se agilizara la investigación.

Meses después, la lista de recompensas creció hasta llegar a los 61 casos que hoy se mantienen abiertos.

Han pasado 34 meses desde que el entonces procurador Miguel Ángel Contreras Nieto ofreció esa primera recompensa y ninguna ha servido para localizar a las víctimas, a los responsables de su desaparición o para resolver alguno de los casos.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia vía transparencia, se han emitido ocho distintos acuerdos entre el 2012 y el 2015 para ofrecer montos entre los 100 mil y los 300 mil pesos, acuerdos que no han tenido una sola respuesta.

“A la fecha no se han aportado pistas que conduzcan a la institución al esclarecimiento de algún caso de personas desaparecidas, incluido en dicho programa.

“(Además) a la fecha no se ha resuelto ningún caso por información que conduzca a la institución al esclarecimiento de personas desaparecidas que estén incluidos en el programa”, dijo Jorge Mezher Rage, responsable de la Unidad de Información de la PGJEM y quien firma la respuesta.

El Estado de México, tradicionalmente gobernado por el PRI y hoy bajo la administración de Eruviel Ávila Villegas, reportó que entre el 2011 y hasta el corte de julio de este año se reportó la desaparición de 6 mil 662 personas, entre hombres y mujeres.

De estas cifras destaca la concentración del 60% de los casos sólo en diez municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Texcoco.

El foco rojo está encendido en Ecatepec, la tierra de la que es originario el actual gobernador Eruviel Ávila y que acapara 819 de los casos.

Sepultan a desaparecidos en fosas comunes

El fracaso del programa no se ha limitado sólo a la falta de información e interés para dar datos que coadyuven a las investigaciones, sino al creciente número de casos de esta lista de 61 personas en que son localizadas sin vida y cuyos cuerpos habrían sido echados a una fosa común por falta de una base de datos estatal que permita hacer un cruce entre los cuerpos localizados sin identificar y los reportes de personas desaparecidas.

María Bárbara, por ejemplo, fue asesinada al poco tiempo de ser secuestrada y su cuerpo fue abandonado a unas calles de su casa, en Cuautitlán, pero la PGJEM no advirtió que existía un reporte de su desaparición y después de semanas sin que se le identificara, fue enterrada en una fosa común.

“El caso de mi hija es una negligencia impresionante, es la tardanza para averiguar, primero el no garantizar su seguridad –que es obligación del Estado- pero además la doble victimización al hacernos pasar más de un año de una angustia mortal para después saber que ellos la tenían y ni cuenta se habían dado”, lamentó Alejandro Reyes, padre de María Bárbara y quien sostiene dos demandas contra la dependencia por los errores en la localización del cuerpo de la joven.

En este caso fue Lourdes Muñiz, la madre de Barbie, quien 20 meses después, buscando en los registros del Semefo, se dio cuenta que el cuerpo de una joven con las características de su hija había sido localizada desde el 2011 y echada a la fosa común.

Lo mismo le ocurrió a Georgina Ivonne Ramírez Mora, quien desapareció en mayo del 2011. Durante dos años su madre, Leticia Mora Nieto, la buscó por todo el país y formó junto con Amparo Vargas –madre de una de las víctimas de “El Coqueto”– una red de búsqueda de hijos desaparecidos.

Ivonne, madre de dos niños pequeños, también fue un caso por el que la PGJEM ofrecía hasta 300 mil pesos para ser localizada.

En mayo del 2013, poco después del día de las madres, Leticia fue quien la encontró también sepultada en una fosa común de Hidalgo, por una falla en el cruce de datos con los cuerpos sin identificar y los reportes de desapariciones.

A esta lista de negligencias del Edomex se suman los casos de Carlos Eduardo Martínez, Francisco Iván Serrano y Diana Angélica Castañeda, inscritos en el mismo programa y quienes fueron localizados sin vida y en custodia de la procuraduría.

Recompensas con candados para no ser cobradas

Que hasta la fecha nadie haya llamado para aportar datos sobre los desaparecidos y que no haya pistas ni avances derivados del programa de recompensas no es la única traba para que el plan funcione.

Otro inconveniente es el candado que la propia dependencia estableció para la entrega de la recompensa en caso de que alguien quisiera aportar datos de utilidad.

Y es que en cada acuerdo de ofrecimiento del dinero la PGJEM ha puesto como condición no sólo que la pista aportada sea verídica, sino que además se entregue a los responsables de las desapariciones.

“La recompensa será únicamente entregada hasta que se logre la efectiva localización de alguna de las personas por las cuales se ofrece recompensa, y, en su caso, la identidad, ubicación y captura de los probables responsables de su desaparición”, señalan los distintos documentos.


Esta condición no es propia de las ofertas de recompensas, pues, por ejemplo, las que emite la Procuraduría General de la República incluso por las mismas personas desaparecidas, no tienen este candado que hacen poco viable la obtención de información.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: RUTH MUÑIZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/un-fracaso-el-programa-de-recompensas-de-la-procuraduria-de-edomex-para-localizar-desaparecidas/

México otorgó sólo 700 estatutos de refugiados, reprochan ONG

MÉXICO, DF: Pese a que escaló hasta 73% el número de detenciones de migrantes centroamericanos durante su tránsito por México –de 97 mil entre junio de 2013 y junio de 2014 a 168 mil entre junio de 2014 a junio anterior–, las autoridades apenas otorgaron 700 estatutos de refugiado, pese a que “muchos de estos individuos fueran potencialmente elegibles para el asilo”, destaca un informe que publicaron hoy varias organizaciones, entre ellas Fundar, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), así como varios albergues de migrantes.

Con apenas 15 oficiales de protección en todo el país, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) se encuentra desbordada por las peticiones de migrantes, mientras que en los centros de detención los agentes del INM no informan debidamente a los indocumentados sobre sus derechos a solicitar el asilo y existen pocos abogados especializados en el tema en el país.

De 2 mil 137 solicitudes que recibió en 2014, México reconoció a 451 personas como refugiados; de ellos 413 eran del Triángulo Norte. Durante el primer semestre de este año otorgó 289 estatutos de refugiado frente a las mil 383 solicitudes que recibió.

“El número de refugiados es extremadamente mínimo cuando se toma en cuenta el número de deportaciones”, el cual se elevó el año pasado a más de 100 mil, deplora el informe.

En los últimos tres años, la CNDH recibió mil 617 quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes contra instituciones del gobierno –mil 220 contra el INM, 143 contra la Policía Federal y 120 contra la Procuraduría General de la República, entre otros–, de las cuales emitió cuatro recomendaciones a las autoridades responsables, un promedio de 0.2%.

Si bien el INM fue señalado en múltiples ocasiones como responsable de violaciones a los derechos humanos durante los operativos o en las estaciones migratorias, la falta de controles –tanto internos como externos– alimenta la impunidad.

Con el Programa Frontera Sur el INM reubicó a entre 10 y 15% de sus agentes hacia los estados del sur e incrementó sus operativos de contención entre 40 y 73%. La inexplicable diferencia entre las cifras se debe a las respuestas que dio el INM a dos solicitudes de información distintas.

El presupuesto asignado y ejercido por el INM se incrementó de manera gradual a lo largo de los años, y la institución gastó en 2014 un presupuesto mayor en 70% al que le fue otorgado a inicios de año: 3 mil 701 millones de pesos, comparado con los 2 mil 173 millones que le estaban destinados. “A partir del primer trimestre de 2014 el aumento del gasto va de la mano con el aumento de las detenciones de migrantes”, observó el informe.

La presencia de agentes de la Policía Federal en los operativos del INM también se disparó, al pasar de 125 por mes en 2013 a 429 por cada 30 días desde que arrancó el Programa Frontera Sur.

A raíz de la implementación del programa “la migración es más clandestina que nunca porque los migrantes y los traficantes han buscado evitar los puestos de control y las incursiones que han proliferado en los estados del sur”, se advierte en el documento para luego subrayar que las nuevas rutas que adoptan los migrantes “les llevan a tener menos contacto con albergues”.

En el albergue que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde en Ixtepec, Oaxaca, “no llegan más de cien migrantes por semana”, cuando descansaban en él cerca de mil migrantes cada mes del año pasado.

El informe plantea que, debido a la ausencia de información confiable, “no se sabe si los niveles de secuestro han subido o bajado” desde 2011, cuando la CNDH estimó en 20 mil el número de migrantes que sufrieron un secuestro en el año.

Sin embargo, a raíz de los testimonios recabados en los albergues determinó que con la imposibilidad de subirse a La Bestia cambió la modalidad del secuestro de migrantes. “Los secuestros masivos parecen menos frecuentes”, estimó, al precisar que “actualmente los migrantes son secuestrados en pequeños grupos o de uno en uno”.

El modus operandi sigue igual, ya que los secuestradores encierran a sus víctimas en casas de seguridad, de donde contactan a familiares para exigir que envíen dinero a través de servicios tipo Western Union o MoneyGram.

Ante las agresiones a los centroamericanos en tránsito por México, gobiernos locales implementaron fiscalías especializadas en atención a migrantes, que actualmente operan en siete estados –Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Coahuila, Campeche y Veracruz– a las que los indocumentados suelen acudir con integrantes de los albergues.

Sin embargo, el informe señala que durante entrevistas con los titulares de estas fiscalías las organizaciones se percataron de que “fueron imprecisos respecto del número de averiguaciones previas abiertas y consignaciones”, y que las instituciones a su cargo carecían de los recursos necesarios para operar.

Con solicitudes de información emitidas a través de los portales de transparencia, las ONG observaron que existía poca o nula información respecto de los resultados de las investigaciones.

“Los autores de este informe no han podido hallar información que apunte a un esfuerzo real por parte de las autoridades mexicanas de asegurar que las denuncias se conviertan en investigaciones eficaces, ni mucho menos en sentencias condenatorias para los perpetradores”, lamentó.

De hecho, como ya fue documentado en innumerables ocasiones, las propias autoridades extorsionaron a los migrantes. En Sonora, por ejemplo, las organizaciones documentaron 64 casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes de la PF y 49 por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal (PPTM).


En la estación de tren Nogales, entre abril de 2014 y febrero pasado “más de 60 migrantes reportaron haber sufrido tortura, tratos crueles (golpes, amenazas o insultos) y discriminación por parte de fuerzas federales”, se denuncia en el informe.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421083

Presume líder del SME reinserción laboral de electricistas

MÉXICO, DF: Este jueves 12 comenzaron a trabajar los primeros integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la generación de energía eléctrica en las plantas de Lerma y Necaxa.

“Ya tenemos ingenieros trabajando dados de alta, con derecho a Seguro Social, con sus curvas de turnos, operadores y ayudantes, y esta semana empiezan a trabajar”, con lo cual se logró también el objetivo de evitar la disolución forzada del SME que pretendía el pasado gobierno, destacó Martín Esparza, secretario general del sindicato en entrevista con Frecuencia Laboral.

Esparza Flores recordó el depósito del contrato colectivo de trabajo del SME, realizado el 6 de octubre pasado, para la reinserción laboral de los electricistas en resistencia, lo que dará “larga vida” al SME, dijo.

Luego, acotó: “Decían que al sindicato sólo le hacía falta su acta de defunción, pero eso no ocurrió gracias a que 16 mil 599 trabajadores no se liquidaron y mantuvieron la lucha de resistencia, con el respaldo de jubilados y de muchas organizaciones, entre ellas el espacio de Frecuencia Laboral, que siempre estuvo comunicando a los radioescuchas la realidad de todas las injusticias que se cometieron contra el SME, de cómo fuimos sacados de los centros de trabajo y, sobre todo, cómo se dio el proceso desde las juntas de Conciliación y Arbitraje, los ministros y la Suprema Corte, violentando la legalidad en este país”, añadió.

El viernes 13 los electricistas en resistencia también entraron a la hidroeléctrica de Encasa para dar ocupación a operadores, ayudantes, turbineros y malacateros.

Y en las plantas de Tepexhi y Patla también se instalaron los grupos de trabajo o “curvas”, compuestos por un ingeniero, un operador, un ayudante de operador y dos malacateros, además de seis trabajadores de obras eléctricas, quienes comenzarán a operar dentro de la sociedad Generadora Fénix.

“Nos entregaron una serie de activos de Luz y Fuerza del Centro en propiedad al sindicato. Vamos a invitar al auditorio, a estudiantes de ingeniería eléctrica a hacer visitas guiadas en Necaxa, cuna de la electricidad, para que conozcan lo que representa esta obra majestuosa del siglo pasado. Estuvieron funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y de la Comisión Nacional del Agua para firmar las actas de entrega recepción”, añadió.

Con esas acciones el SME recuperó una parte importante de las actividades, como es la generación eléctrica en México.


“Y al instalar a los operadores, ayudantes, turbineros y malacateros, durante una asamblea realizada en el recinto de Necaxa, no se me van a olvidar las palabras de uno de los operadores: ‘Yo estuve aquí cuando llegaron los militares y nos sacaron con el fusil, y ahora yo soy el primer operador que vuelvo a tomar turno en este hidroeléctrica”, rememoró el líder del SME.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421088

Suman 12 ejecutados en Veracruz en 48 horas

XALAPA, Ver: Presuntos sicarios dejaron tirados los cuerpos de siete personas a un costado de una camioneta blanca abandonada en un camino vecinal del ejido Casas Viejas en el municipio de Rodríguez Clara, al sur del estado.

Los cadáveres fueron abandonados en un camino que conduce a una gravera y hallados por obreros de la región.

Las víctimas estaban atadas de pies y manos y no traían consigo identificación alguna, por lo que permanecen en calidad de desconocidos.

Elementos de la Policía estatal, la Marina y el Ejército acordonaron un fragmento de la carretera Sayula de Alemán-Ciudad Alemán para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Por las huellas de sangre y lo revuelto de la escena del crimen se presume que los sicarios pudieron matar a sus víctimas en el camino ejidal, señalaron policías ministeriales.

Este multihomicidio se suma al reportado el martes pasado por la Policía Municipal de Puente Nacional de cinco cuerpos semidesnudos, con huellas de tortura y tiro de gracia ocultos entre la maleza en el rancho El Langostillo en la región del Sotavento.

En total los ajustes de cuentas entre células del crimen organizado en la región han dejado 12 muertos en las últimas 48 horas.

La semana pasada también se presentaron ejecuciones en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y entre las víctimas destacaron tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Dirección General de Tránsito.


Hasta el momento el gobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido herméticos para hablar del recrudecimiento de la violencia los últimos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421060

En el Senado avanza la Ley Federal de Transparencia, pero contradice a la Ley General

Principios de la Ley Federal son incongruentes con la Ley General que se promulgó en mayo pasado. Las inconsistencias dejan abierta la puerta para que autoridades no garanticen el derecho a la información y éste se judicialice.

En el Senado se aprobó este miércoles en comisiones el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aunque sociedad civil alerta que éste contradice en algunos puntos a la Ley General en la materia.

Lo anterior abre la posibilidad de que para hacer efectivo el derecho de acceso a información pública se deba esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que se judicialice el derecho, advierte el Colectivo por la Transparencia.

Que haya contradicciones entre la Ley Federal y la Ley General de Transparencia permite que una autoridad aplique una u otro sin priorizar el derecho de acceso a la información del ciudadano.

“La autoridad del nivel federal aplicará la Ley Federal. Sin embargo, una autoridad con base en la Constitución tendría que aplicar el artículo que le beneficie más al ciudadano. Y si está en la Ley General y aunque se contradiga con la Ley Federal debería aplicar el primero. Pero en la práctica esto no sucede. No podemos tener una ley que sea incongruente con la otra”, explica Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19.

Esto llevará a que el ciudadano tenga la opción de acudir a un juicio para solicitar que se aplique el artículo que más expanda su derecho y aunque eventualmente la Suprema Corte de Justicia tendría que declarar inconstitucional que se obstaculice el derecho a la información, el hecho de que un ciudadano pase por un juicio para tener los datos que solicitó atenta contra el principio de acceso rápido y expedito a información pública que marca la Constitución.

Una Ley General establece principios, bases generales y procedimientos para garantizar determinado derecho desde los tres órdenes de gobierno. La Ley Federal se enfoca en los sujetos obligados sólo de la administración pública federal.

Según Ana Cristina Ruelas, esta es la primera vez que se intenta tener una ley General y otra Federal para legislar sobre la misma materia; normalmente la primera atañe también a la administración pública federal.

El problema de “este experimento”, dice Ruelas, es que la Ley Federal contradice la Ley General que se promulgó en mayo pasado.

Por ejemplo, en la Ley General de Transparencia se prevé que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrán acceso a la información que se clasifique como reservada para determinar si es de interés público o si están justificados los motivos de su clasificación.

En la Ley Federal que aprobó el Senado en comisiones se establece lo contrario. El INAI no tiene acceso a la información que se busque mantener en secreto; y por lo tanto, no puede actuar en consecuencia.

“Es imposible que el INAI pueda determinar que una información es clasificada si no la tiene a la vista para evaluar el daño que genera su publicidad. Como lo planea la Ley Federal, en contradicción con la Ley General, es una violación directa a la Constitución porque para que te restrinjan un derecho humano (en este caso, el acceso a la información) tiene que haber una motivación que de lugar a la clasificación del derecho de acceso. Si no tiene a la vista el documento pues no es posible que restrinjan el derecho”, explicó Ruelas.

Pero hay otros focos rojos en esta Ley.

Por ser la legislación federal, debería dejar en claro qué proceso seguirá el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que está en manos del Consejero Jurídico de Presidencia.

La Ley General de Transparencia indica que el Consejero Jurídico podrá interponer un recurso si considera que la información atenta contra la seguridad nacional, aún cuando exista una resolución del INAI para publicitarla.

El primer caso ocurrió recientemente, cuando los comisionados ordenaron publicar las bitácoras de viaje del Estado Mayor Presidencial sobre las aeronaves presidenciales. El Consejero interpuso un recurso y es posible que éste se resuelva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De nuevo, se judicializa el derecho a la información y se atenta contra el principio que marca la Constitución de que debe ser rápido y expedito; pues el ciudadano deberá esperar a que la Corte lo resuelva.

Este proceso con el Consejero Jurídico de Presidencia, en cuanto a tiempos para culminarse y formas, debería estar detallado en la Ley Federal de Transparencia, pero lo omite.

“La Constitución dice que el derecho al acceso a la información tiene que ser expedito y de alguna manera la Ley General de Transparencia en los primeros 20 artículos se habla de ese principio. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso en esta Ley Federal da lugar a que la revisión se de en los tiempos que la Corte estime necesarios para resolver, podemos hablar de años”, dijo Ruelas.

En esta Ley Federal se incluyeron 272 obligaciones más de transparencia. 79 para el poder Ejecutivo; 23 para el legislativo; 8 para el Judicial; y 85 a órganos autónomos.

Entre éstos, se obliga a Hacienda a exhibir los nombres de los beneficiarios de condonación de créditos fiscales; también se deberán publicar procesos para designar jueces y magistrados; y procesos de control de confianza por estado e institución; así como publicitar la incidencia delictiva a nivel federal por tipo de delito, género y edad.


El documento aprobado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda pasará al Pleno y todavía hace falta su aprobación en la Cámara de Diputados. Es el cuarto dictamen de Ley Federal de Transparencia que discute el Senado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/en-el-senado-avanza-la-ley-federal-de-transparencia-pero-contradice-a-la-ley-general/

PGR integra expediente contra abogado rival de OHL por un arma; él acusó a policías de sembrarla

”Es increíble, violan mis derechos” dice Paulo Díez; “no es caso cerrado”, responde PGR. Mientras tanto, se reveló un nuevo audio de una supuesta llamada entre directivos de OHL. Ya es la novena filtración en contra de la constructora en seis meses.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene activa y en integración una averiguación previa en contra del abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego, pese a que, en octubre, acusó a diez policías de habérsela sembrado, cuando lo detuvieron por una denuncia de espionaje interpuesta por OHL.

Por este motivo, Díez está imposibilitado de abandonar de la ciudad o del país si antes no avisa a las autoridades, pues se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de 64 mil pesos para salir libre.

La Procuraduría confirmó oficialmente a Animal Político que el abogado se encuentra bajo investigación por la posesión de una pistola calibre 38, hechos que están asentados en la averiguación previa 1215/UEIDAPLE/LE/1/2015.

El expediente está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y Leyes Especiales, de la Subprocuraduría de Delitos Federales de PGR, misma área donde se inició la denuncia por el presunto espionaje y filtración de audios denunciada por OHL.

“La intervención de comunicaciones no es ni un delito contra el ambiente ni está previsto en una ley especial, de modo que no tiene por qué ser investigado aquí. La portación de arma de fuego sí está prevista en una ley especial, pero es ridículo que una investigación de esta naturaleza esté siendo investigada en esta Subprocuraduría”, dijo en entrevista Paulo Diez.

El representante de Infraiber también pidió que la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) indague la operación interna de OHL, luego de un nuevo audio filtrado esta semana sobre una presunta llamada entre directivos de la constructora, donde se hace referencia a decisiones tomadas a espaldas de sus consejeros independientes,

Al respecto, Animal Político solicitó a través del despacho que maneja la comunicación pública de OHL México un posicionamiento sobre la veracidad del nuevo audio y su contenido, pero la respuesta fue que de momento la constructora no tiene comentarios al respecto.

En una entrevista previa con este portal, el director General de OHL México Sergio Hidalgo —cuya presunta voz aparece en el nuevo audio— aseguró que las filtraciones eran resultado de presuntas actividades de espionaje y desprestigio orquestadas por Infraiber y Paulo Díez, y por las cuales hay otra denuncia en curso en PGR.

Hasta ahora, ya suman nueve los audios filtrados en solo medio año con señalamientos de presuntas irregularidades de la constructora.

PGR: no es caso cerrado

El pasado miércoles 10 de noviembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de los diez elementos la Policía Federal Ministerial que la PGR acusó de haber fabricado evidencia en contra de Paulo Díez. El juez encontró que había pruebas suficientes para iniciar un juicio en su contra.

De acuerdo con la averiguación consignada por la Visitaduría General de la PGR, dichos agentes colocaron una pistola dentro del auto de Díez, cuando lo interceptaron para presentarlo por un citatorio relacionado con la denuncia de espionaje que interpuso OHL en contra de Infraiber. Debido a dicha arma, el abogado fue retenido casi 48 horas hasta que pagó una fianza para no ser consignado.

Pese a la consignación de los agentes por la siembra del arma, la PGR decidió mantener abierta la averiguación previa 1215/UEIDAPLE/LE/1/2015 que se inició el 7 de septiembre, por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego.

Animal Político consultó a la Procuraduría del motivo de esta determinación. La dependencia contestó oficialmente que la “siembra del arma” en contra de los policías no está confirmada jurídicamente, hasta que no transcurra el juicio y se dicte una sentencia condenatoria.

“Si bien es cierto un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, libró una orden de aprehensión y dictó auto de formal prisión en contra de los elementos aprehensores del C. Paulo Jenaro Diez Gargari, no menos cierto es que el proceso no ha concluido, se dice lo anterior al no existir sentencia que haya causado estado” indicó la PGR.

Además, la PGR insistió en que no hay obligación legal de decretar el no ejercicio de la acción penal en contra de Díez, luego de que agentes fueron acusados y consignados por ello.

En ese contexto, detalló la Procuraduría, se continuará recabando los elementos de prueba necesarios que permitan resolver el destino de la averiguación previa iniciada en contra del abogado de Infraiber.

La integración de esta averiguación previa en particular está a cargo del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), área dependiente de la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales cuyo titular es José Guadalupe Medina Romero.

Increíble e ilegal: Díez

El abogado de Infraiber calificó de “increíble” la determinación de la Procuraduría de mantener la averiguación en su contra en curso.

“Me queda claro que lo que intentan es mantener un control político sobre mí. El que ellos sigan con esta averiguación significa que yo tengo que estar informándoles a donde voy, si salgo del Distrito Federal o si pienso salir del país. Así saben de antemano mis movimientos” dijo.

El litigante recordó que una grabación de una cámara de seguridad evidenció el momento en que los agentes que lo detuvieron colocaron la pistola dentro de su auto, situación que se hizo pública y orilló a la PGR a investigar el abuso cometido. En ese contexto, Diez reconoció que la Visitaduría General integró las pruebas necesarias para lograr la consignación de los policías.

“Lo que está de no creerse es esta determinación de la Procuraduría de mantener una averiguación que a todas luces ya no se sostiene por ningún lado” señaló el litigante.

Diez reveló además que los agentes y ministerios públicos que participaron en su detención, en el cateo a la empresa Infraiber y en otras diligencias relacionadas con la denuncia de OHL, pertenecen a una supuesta Dirección de Asuntos Especiales que no está reconocida como tal en el organigrama de la PGR.

En ese sentido, el abogado señaló que presentará una ampliación de una denuncia que interpuso ante la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) por lo que considera es una violación a sus garantías individuales.

El noveno audio

Esta semana se dio a conocer una grabación en internet con el audio de lo que se asegura es una llamada realizada en diciembre de 2014 entre el presidente de OHL José Andrés de Oteyza, y el director de OHL México Sergio Hidalgo.

Los responsables de la edición y publicación del video, colocaron mensajes en donde aseguran que los directivos de la constructora tomaron decisiones sin consultar a los consejeros independientes, lo que finalmente derivó en la renuncia a dicho consejo de Jesús Reyes Heroles, Valentín Diez Morodo y Carlos Ruíz Sacristán.

En el desarrollo de la llamada, se escucha la voz que se atribuye a Oteyza hacer referencia a decisiones tomadas sin aval de los consejeros y en concreto se menciona la “rentabilidad garantizada”, tema por el cual la CNBV inició un proceso de sanción contra la constructora.

Paulo Díez, que ha denunciado con dichos y documentos la presuntas irregularidades de la constructora, consideró que el contenido de esa grabación, es otro elemento debe considerar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar la operación

“Si las personas cuyas voces se escuchan en el audio difundido el 18 de noviembre de 2015 por diversos medios pertenecen a las personas referidas en el mismo; si esas personas efectivamente dijeron lo que se escucha en ese audio; y si lo dijeron en la fecha en que se dice que lo dijeron, entonces el tema es verdaderamente grave” dijo en entrevista.

Díez sostuvo que la toma de decisiones por parte de los consejeros sin contar con toda la información que sea razonablemente necesaria para tales efectos, constituye “una violación grave del deber de diligencia” establecido en la Ley del Mercado de Valores. “La validez del voto de un consejero en estas condiciones es bastante cuestionable, lo mismo que la validez de los acuerdos” agregó

OHL no ha fijado, por lo menos hasta la publicación de esta nota, algún posicionamiento sobre el nuevo audio filtrado de sus directivos.

En una entrevista previa a estas revelaciones, el director de OHL México Sergio Hidalgo, aseveró que la revelación de los audios constituyen una actividad de espionaje y una “campaña de desprestigio”, la cual ya denunciaron ante la PGR, y que atribuyen directamente a Infraiber y su abogado Paulo Diez.


En seis meses, ya son nueve los audios filtrados en internet incluyendo el de esta semana. Todos, han sido publicados en un canal de You Tube a nombre de Danielle Steele, quien es en realidad una escritora y novelista estadunidense. Infraiber, a través de su abogado, ha negado ser responsable de esto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/pgr-integra-expediente-contra-abogado-rival-de-ohl-por-un-arma-el-acuso-a-policias-de-sembrarla/

Reprueban recorte de 30% al presupuesto para buscar a desaparecidos

MÉXICO, DF: Integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México reprobaron la disminución de 30% del presupuesto dedicado a la búsqueda de víctimas y exigieron al presidente Enrique Peña Nieto presentar su iniciativa de Ley General de Personas Desaparecidas e integrarlos en la discusión para su aprobación durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

En la que fue su primera conferencia de prensa como Movimiento Nacional –formado por 35 colectivos de familias de desaparecidos y 40 organizaciones sociales–, los activistas reprocharon la tardanza presidencial en presentar la iniciativa, así como la omisión para establecer mecanismos de participación de la sociedad civil en las discusiones legislativas.

Significa “una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas”, dijeron.

Peor aún, consideraron que la disminución en 30% del presupuesto para la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos –antes Unidad– para 2016, respecto a los fondos destinados en 2014, hace evidente que “el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con una clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática”.

Ximena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, resaltó que desde que fue creada la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), “los recursos han disminuido.

En 2014, explicó, se destinaron 40.2 millones de pesos por primera vez en el presupuesto de Egresos para este rubro. Un año después el monto disminuyó más de 60 % y quedó en 14.6 millones de pesos. Para 2016, el Ejecutivo propuso un presupuesto para la Fiscalía Especializada de 28 millones de pesos, 30% menos que en su primer año.

Lucía Díaz Genao, madre de Luis Guillermo Lagunes –desaparecido el 28 de julio de 2013–, puntualizó que “no se han dimensionado las desapariciones”. Dijo que por la experiencia adquirida en más de dos años de búsqueda de su hijo, “fácilmente triplican el número oficial” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) que actualmente es de 26 mil.

Ante una legislación que “obligue” a los agentes del Ministerio Público a abrir expedientes por desaparición de persona y reportarlo oficialmente, agregó, “no toman las denuncias; en las zonas rurales tratan a los familiares con la punta del pie y si no tienen documentación oficial, como una credencial de elector, ni siquiera se toma nota del caso”.

Integrante de la organización El Solecito de Veracruz, Díaz Genao reveló que conoce casos en los que la ahora llamada Fiscalía Especializada se ha negado a recibir denuncias por desaparición. En tanto que, a nivel local, familiares se han visto orillados a interponer amparos para que los agentes del Ministerio Público de Veracruz les tomen muestras de ADN para cotejar su información genética con restos localizados.

Entre la falta de capacitación de los agentes investigadores y del Ministerio Público, así como la escasez de recursos, la activista sostuvo que la Fiscalía “tiene un rango de éxito de 10%”. Aseguró que la mayor parte se debe al trabajo de familiares de desaparecidos.

Díaz Genao sostuvo que la urgencia de la Ley General se fundamenta en la necesidad de “que en la búsqueda se cuente con los elementos para realizar una verdadera investigación, que no sea un simulacro y para mejorar todos los entornos satelitales a la desaparición”.

Como ejemplo mencionó el acceso al patrimonio de la persona desaparecida por parte de los familiares, porque actualmente “el desaparecido no tiene derechos y no tiene derecho tampoco de que nadie interceda por él”.

Yadira González, quien desde 2006 busca a su hermano Juan, destacó que en Querétaro la experiencia que han tenido algunos familiares de desaparecidos con la Fiscalía les ha permitido la localización de seis personas –cinco vivas–, “pero fue por el trabajo de los familiares quienes realizaron la investigación”.

La mujer apuntó que los legisladores deben reconsiderar el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada, “porque más allá que la legislación sea eficaz, sin recursos para su operación no van a poder realizarse las necesidades básicas para la búsqueda. Eso es lo que más preocupa a los familiares”.

Actualmente, resaltó, cada uno de la veintena de ministerios públicos con que cuenta la Fiscalía “tiene más de 40 expedientes, por lo que no es posible esperar que hagan bien su trabajo”.

Yanahui Paredes –hija de Francisco Paredes, desaparecido en Michoacán– explicó que integrantes del Movimiento Nacional tuvieron un primer acertamiento con representantes de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión “para que tomen en cuenta el documento Elementos esenciales para la elaboración de una Ley General sobre Personas Desaparecidas en México”.

Araceli Salcedo, madre de una joven secuestrada en Veracruz; Mario Vergara, hermano de un taxista de Hitzuco; y Martín Villalobos, familiar de una joven desaparecida en el Estado de México, exigieron la inclusión en el debate legislativo para que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General, como lo recomendó el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, en febrero pasado.

Los activistas enumeraron diez puntos que debe contener la legislación. Entre ellos: el reconocimiento del problema y el tratamiento desde un enfoque jurídico, forense y psicosocial con perspectiva de género y derechos humanos; tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares en apego a los más altos estándares internacionales; priorizar “la búsqueda con vida de las personas desaparecidas sobre un enfoque punitivo exacerbado”; así como crear una fiscalía independiente con presupuesto y personal suficiente para la realización de investigaciones imparciales, exhaustivas, prontas y eficaces.


Los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dijeron que su propósito es que la Ley General sea imprescriptible; que se integre en las acciones de búsqueda e investigación a los familiares de las víctimas; se cree un Registro Único de Personas Desaparecidas; se dé reconocimiento de los derechos de las víctimas y la reparación de daños; así como que se legisle en materia de Declaración de Ausencia por Desaparición y armonizar legislativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421097

En México “hay mucha corrupción en todos los niveles”: embajadora de Noruega

MÉXICO, DF: Merethe Negaard, embajadora de Noruega en México, recomendó a las empresas energéticas de su país “tener mucho cuidado” cuando elijan a aliados locales para participar en las licitaciones de proyectos energéticos, porque en México “hay mucha corrupción en todos los niveles, en todo”.

La diplomática señaló lo anterior durante el Foro Anual México Offshore Finances, que se llevó a cabo este miércoles en un lujoso hotel de la Ciudad de México.

En el evento, que agrupó a representantes de empresas energéticas y de fondos de inversión, se discutieron temas relacionados con la reforma energética de México: desde reflexiones sobre la Ronda Uno –en la que participó la filial mexicana de la paraestatal noruega Statoil– hasta posibilidades de inversiones en el sector del petróleo y del gas en el país.

De acuerdo con el periódico Reforma, la embajadora aconsejó a las compañías noruegas “tener cero tolerancia contra la corrupción”, y “mucho cuidado” a la hora de elegir con quién se alían.

En mayo de 2014, a ocho meses de asumir el cargo, la misma Negaard planteó en la página energyboardroom.com que las empresas energéticas de Noruega podían realizar negocios en México, pero las invitaba a hacerlo “con paciencia” y “de acuerdo con los valores nórdicos”.

“Es totalmente posible tener éxito en México y al mismo tiempo operar de manera transparente, con cero tolerancia hacia la corrupción”, indicó en aquella ocasión, seis meses después que el Senado aprobara la reforma energética.

Al preguntarle sobre el aprendizaje que Petróleos Mexicanos (Pemex) podría tomar de la empresa paraestatal noruega Statoil, la embajadora respondió que las compañías de su país “gozan de una reputación excelente a escala global por su eficiencia y su integridad; Statoil no es una excepción y podría ser considerada como un marco de referencia en términos de transparencia, principios sociales y estándares de seguridad”, dijo.


Durante la fase de discusión de la reforma petrolera, el gobierno de México invitó a ingenieros y funcionarios de Noruega, quienes hablaron de la forma en la que la monarquía maneja sus recursos petroleros, así como el modelo de Statoil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421091

Se alista AMLO para tomar las riendas de Morena… rumbo al 2018

MÉXICO, DF: El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su deseo de buscar de nueva cuenta la Presidencia de la República. “La tercera es la vencida”, ha dicho en diversas ocasiones el tabasqueño, quien al parecer se alista para tomar las riendas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En medios de comunicación y entre los propios militantes de esa fuerza política corrió el rumor de que el próximo fin de semana, en su sesión de Congreso Nacional, los 300 participantes elegirán al exjefe de Gobierno como presidente nacional de Morena.

Supuestamente el nuevo cargo de López Obrador forma parte de la estrategia de Morena para posicionarlo rumbo a la elección presidencial de 2018, lo que ha ocasionado reacciones en su contra en los últimos días, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre esas reacciones resalta la propuesta de reforma electoral de Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, para evitar la aparición del tabasqueño en los spots de Morena transmitidos en tiempos oficiales.

La medida surgió tras la revelación de dos encuestas publicadas en los periódicos ‘Reforma’ y ‘El Universal’, donde López Obrador destaca como puntero presidencial.

El pasado 26 de agosto Morena lanzó la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario que se realizará en esta ciudad los días 20 y 21 de noviembre para renovar a los 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), incluidos su presidente y secretario general.

En consecuencia, el 24 de octubre se anunció que Martí Batres dejaba la presidencia nacional para asumir la dirigencia del partido en el Distrito Federal. La secretaria general, Bertha Luján, quedó como encargada del despacho.

“El principal objetivo de responsabilizar a Batres en la nueva encomienda consiste en contribuir al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018”, se indicó.

De acuerdo con el quinto punto de la convocatoria al Congreso Nacional, serán elegibles los “protagonistas del cambio verdadero” que estén en pleno uso y goce de sus derechos partidarios y no desempeñen un cargo de elección popular o sean ministros, jueces federales, locales, magistrados o servidores públicos, entre otros, salvo que se separen definitivamente del cargo.

Así, en la sesión del próximo fin de semana se elegirá a los 200 integrantes del Consejo Nacional y a su presidente o presidenta, y se constituirán los congresos y consejos de los 300 distritos electorales federales.

También se cambiarán las asambleas y congresos de los mexicanos en el exterior, así como los congresos y consejos estatales y el congreso nacional ordinario.

El miedo del PRI

De manera paralela a los eventuales cambios en Morena, el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, promueve una reforma electoral para “frenar” el ascenso de López Obrador, quien respondió así en su cuenta de Facebook:

“Quieren sacarme por completo de los medios de información: ya sea prohibiendo que aparezca mi imagen o estableciendo que se van a tener que comprar los tiempos en radio y televisión”.

Durante su gira por Veracruz, el excandidato presidencial comparó la iniciativa de Beltrones con el desafuero promovido en su contra en 2006: “Es como otro desafuero con miras al 2018. Por cierto, en esa ocasión Beltrones, quien era presidente de la Cámara de Diputados, se alió a Vicente Fox porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta electoral de 2006. Hay que estar atentos. Voy a empezar a denunciar este atentado a la libertad y a la democracia en organismos internacionales de justicia y de derechos humanos”.

Días antes, el viernes 13, el tabasqueño acusó al expresidente Carlos Salinas de Gortari de enviar a Beltrones para criticarlo y acusarlo de tramposo, porque “la mafia del poder está preocupada por el 2018” y quiere borrarlo de la contienda, dijo.

“Ellos son dueños o tienen a su servicio a casi todos los medios de información y, por si fuese poco, en los tiempos oficiales tienen 10 veces más que nosotros”, escribió en su cuenta de Facebook.

Añadió: “Vetarnos por completo, con cualquier argucia, sería elevar la censura a rango supremo. En otras palabras, se estaría cancelando por completo la libertad de expresión. Estemos atentos. Es un mensaje de la mafia, del hampa de la política y son capaces de todo”.

Posteriormente, en el municipio Villa García, Zacatecas, López Obrador señaló a ocho personas elegidas por la “mafia en el poder” para definir al candidato presidencial para 2018.

Precisó que se trata de “los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Hacienda, Luis Videgaray Caso, y Educación, Aurelio Nuño Mayer, así como el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya.

Destacó que en la lista también están “la esposa del panista Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo; el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y hasta el jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa”.

Para López Obrador, cualquiera de esos funcionarios cumple con las características de ser “empleado, títere, pelele de la mafia en el poder”. Son parte del régimen de corrupción y privilegios padecidos en el país, apuntó.


Y remató: “Los potentados no quieren al partido político Morena y a su posible candidato, ahí está la realidad, no ven con buenos ojos a Morena porque quiere que haya un cambio, una transformación y terminar con la corrupción en el país, que es el principal problema de México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421077.