MÉXICO, D.F: Con vacíos, omisiones en materia energética y violaciones graves a los derechos humanos, así como la supresión de avances y garantías para el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información, la Cámara de Senadores aprobó por mayoría la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aunque el dictamen fue avalado por una aplastante mayoría de 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, varios senadores y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que se trata de una ley incompleta que no cumple con las expectativas y en algunos casos es contraria al espíritu de la reforma constitucional en la materia.
“Es incongruente respecto a la Ley General de Transparencia y –por si fuera poco– va en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y el principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho”, alertaron desde ayer 16 organizaciones sociales sobre el dictamen.
En la discusión en el pleno del Senado, el petista Manuel Bartlett advirtió que la nueva ley es anticonstitucional y tiene “grandes carencias”, pero se aprobará para que el presidente Enrique Peña Nieto la celebre.
“Es para que Peña Nieto presuma la ley. Es una gran simulación”, acusó el expriista en su intervención para proponer cambios que fueron rechazados por la mayoría del Senado y luego de que fue aprobado el dictamen de las comisiones de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda por 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
Bartlett advirtió que con la nueva ley no se cumplirá el principio de máxima publicidad, plasmada en el artículo 6 constitucional, porque una de las principales desventajas es que los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se designan a partir del reparto de cuotas entre partidos mayoritarios en el Congreso, por ende no existe garantía de que el Instituto actúe con independencia e imparcialidad.
Y advirtió que en materia de delitos graves contra derechos humanos y lesa humanidad seguirá la supresión de la transparencia, pues la ley establece que sólo se podrá proporcionar información respecto a acciones de competencias legales cuando esté documentada, “cuando debiera ser público todo lo que afecte a la sociedad, al país, a la economía, aun cuando no esté documentado”.
En otra de sus intervenciones afirmó que “el sector energético no podrá ser escudriñado”, como también están fuera del control de transparencia todas las empresas de radiodifusión nacionales y extranjeras y cualquier fideicomiso o fondo público que reciban y ejerzan recursos públicos.
“Es un gran hueco a favor de las trasnacionales”, subrayó, y advirtió que en el propio dictamen se introdujo la autorización a extranjeros para comprar en costas y fronteras. “Es una vergüenza que se metan estos cachirules para negocios sucios. Es una traición al país”.
Según el dictamen aprobado, se garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Establece que en la aplicación e interpretación de este ordenamiento deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
El INAI es el órgano garante de este derecho y sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, salvo en el caso del consejero jurídico del gobierno, que podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, afirmó que en este dictamen “no hay ocurrencias ni improvisaciones”, sino un trabajo puntual que ha recogido y dado seguimiento a los 12 años de experiencia del instituto garante de la transparencia.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priisita Cristina Díaz, expresó que “esta Ley Federal de Transparencia atiende las demandas de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública para que ésta sea clara, precisa y expedita”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas, afirmó que debe existir la convicción de que no existe régimen de excepción alguno para el Poder Legislativo, pues el periodo que se les concedió a la Cámara de Diputados y al Senado para establecer sus reglamentos de rendición de cuentas prescribió el último día de agosto pasado.
Por tanto, refrendó, el Senado y la Cámara de Diputados, así como sus respectivos grupos parlamentarios y legisladores, “todos estamos obligados, a partir del primero de septiembre (de 2016), a rendir cuentas de los recursos que percibimos para el desempeño de las funciones y de las acciones o desempeño legislativo que tengamos. Ya veremos quién cumple y quién no, porque ahí es donde vienen los nuevos retos”.
Además, advirtió, existe la posibilidad de que la “cascada” de legislaciones en materia de transparencia, acceso a la información, archivos, datos personales, así como de instituciones que de ellas deriven, provoque que se anulen entre sí y conculquen el derecho de los ciudadanos.
Por su parte, organizaciones del colectivo “¡Transparencia ya!”, como Alianza Cívica, Fundar, Equipo Pueblo, Artículo 19 y Cencos, emitieron un pronunciamiento sobre el dictamen aprobado por la mayoría del Senado, en el que advierten de retrocesos con la nueva ley.
“A pesar de múltiples documentos de trabajo, audiencias públicas y propuestas de organizaciones civiles, académicos y especialistas, la participación ciudadana en este caso fue estéril, toda vez que no se atendieron las principales preocupaciones”, subrayan.
Y puntualizan que en varios aspectos el contenido del dictamen es contrario al espíritu de la reforma constitucional, como las importantes carencias en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, al que se facultó al consejero jurídico del gobierno.
“La falta de certeza sobre el procedimiento, la definición de seguridad nacional, la procedencia, la participación del INAI y del solicitante como terceros interesados, los efectos de la resolución y los tiempos para resolver, entre otros, es suficiente para generar incertidumbre e inseguridad en los solicitantes de la información e incentivos limitados para ejercer el derecho de acceso a la información.
“La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el instrumento legal donde el recurso extraordinario de la Consejería Jurídica de Presidencia debe ser claramente acotado en función de su ámbito de competencias restringido a las autoridades públicas del nivel federal”.
En un segundo punto, las organizaciones advierten que el INAI queda sin facultad para determinar acceso a información sobre violaciones graves a derechos humanos.
“No se le otorga al INAI la facultad de ordenar la desclasificación de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos cuando a primera vista (prima facie) y sin prejuzgar determine que la información está relacionada con estos sucesos. Esta falta de previsión supone una ceguera institucional frente a las recomendaciones que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones de Unidas han hecho al Estado mexicano”
Otro aspecto: “Excepción contraria a la Ley General: Contrario a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia vigente y a la Ley General de Transparencia, se prevén excepciones para el acceso a la información que las y los comisionados del INAI deben tener a fin de determinar si la información solicitada es de interés público y resolver el recurso de revisión (artículo 153 del proyecto).
“La restricción del derecho de acceso a la información como la de cualquier otro derecho humano requiere motivos, razones y circunstancias suficientes que no se pueden colmar si el INAI no tiene a la vista la información que se busca mantener en secreto. La falta de acceso a la información por parte de las y los comisionados genera que cualquier resolución que niegue el acceso al solicitante, sea arbitraria e ilegal y hace inoperante el cumplimiento de su mandato”
Además, se viola el derecho de audiencia: “Se deja en desventaja a los solicitantes de información frente a los sujetos obligados al permitir que estos últimos, en cualquier momento, pidan audiencia para la sustanciación del recurso de revisión (artículo 156, fracción V del proyecto)”.
Y finalmente la obligación de generar información queda fuera de la ley federal. “Tampoco se faculta al INAI, como sí a los comités de transparencia, para ordenar –cuando así proceda– la generación de información. Asimismo, se hace necesario que las resoluciones fijen las medidas de apremio o sanciones a las que haya lugar cuando hubiere dado cuenta de faltas o violaciones a la Ley por los sujetos obligados”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421189
Tras la aprobación, la reforma fue turnada a los congresos estatales, donde tendrá que ser avalada por la mitad más una de las legislaturas locales.
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves 19 de noviembre la minuta que propone la reforma para la desindexación del salario mínimo y desvincularlo para fijar cuotas, pago de créditos y sanciones, entre otros términos legales.
Con esa reforma, la primera que vota y aprueba la LXIII legislatura en la Cámara de Diputados, se rompe con 37 años en los que el salario mínimo fue sujeto a un aumento para evitar incrementos inflacionarios, como los montos de créditos o sanciones.
El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, declaró aprobada la reforma constitucional en lo general y en lo particular y la remitió a las legislaturas de los estados para su ratificación.
Para que la reforma sea promulgada, tendrá que ser avalada por la mitad más uno de los congresos locales.
Zambrano comentó que la aprobación de la reforma ocurre en un momento oportuno porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos suele emitir el decreto anual en diciembre de cada año, pero esta vez deberá proponer un ajuste significativo y sensato conforme al mandato.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordoñez Hernández, precisó que se reforma el inciso A del Artículo 41 y párrafo primero de la fracción seis del apartado A del Artículo 123 y se adicionan los párrafos seis y siete del apartado B de la Constitución.
En general, el dictamen aprueba que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculará, en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.
Esta será para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Además, las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán al entregar su equivalente en moneda nacional.
En cuanto al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, se fijará anualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 por ciento del valor diario de la UMA.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/diputados-aprueban-desvincular-el-salario-minimo-del-pago-de-multas/
La dependencia informó que revisará la situación de los becarios que requieren ampliar sus estancias de posgrado en el extranjero para 2016, pero no precisó cuándo publicará la convocatoria de renovación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) prometió publicar una convocatoria extraordinaria para renovar las becas de quienes estudian un posgrado en el extranjero, luego de que los alumnos denunciaron que el programa de apoyo estaba cancelado.
A través de un comunicado, la dependencia informó que revisará la situación de los becarios que requieren ampliar sus estancias de posgrado en el extranjero para 2016, pero no precisó cuándo publicará la convocatoria de renovación.
El área de comunicación social de la SEP explicó a Animal Político que la asignación a la partida presupuestal de Programa de Movilidad Internacional de Posgrado depende de la Cámara de Diputados y no de la dependencia.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aún no publica el desglose del presupuesto para 2016 para verificar el monto designado para esta partida, que forma parte de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la subsecretaría de Educación Superior.
“La Coordinación Nacional de Becas se atiende ese asunto, y se prepara la publicación de una convocatoria extraordinaria para la asignación de becas necesarias para la continuación de estudios, siempre y cuando los participantes califiquen con todos los requisitos establecidos en la misma”, se informa en el comunicado.
El subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, atenderá la situación de los becarios mexicanos en otros países, y “garantizar los lineamientos establecidos en la Reforma Educativa en cuanto al fomento de la equidad y la inclusión”.
Proceso publicó que alumnos de posgrado denunciaron que ya no recibirían la beca debido a recortes presupuestales para 2016, según les habían informado.
En octubre de 2014, la convocatoria de la SEP sólo se abrió para alumnos que ya estaban cursando estudios de posgrado en el extranjero como parte del programa, pero restringió la entrada a nuevos solicitantes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/la-secretaria-de-educacion-promete-continuar-con-las-becas-en-el-extranjero/
MÉXICO, DF: La juez segundo penal con sede en Apatzingán, Michoacán, dictó una sentencia condenatoria de un año de prisión y una multa de 6 mil 500 pesos contra Hipólito Mora, fundador y exlíder de autodefensas en el municipio de Buenavista, por el delito de secuestro.
Según la autoridad judicial se acreditó su plena responsabilidad en el secuestro de un joven que se ostentaba como autodefensa y que en febrero de 2014 llevaba a cabo una manifestación en el municipio de Yurécuaro. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Mora Chávez goza actualmente del beneficio de libertad bajo caución por dicho delito, con motivo del proceso penal No. 210/2014.
En dicha sentencia la juez concede al sentenciado el beneficio de la conmutación de la sanción impuesta y lo condena al pago de la reparación del daño.
Hipólito Mora afirmó que detrás del fallo de la juez que lo condenó a un año de prisión están la influencia del procurador de Justicia José Martín Godoy Castro y del presidente del Tribunal de Justicia Juan Antonio Magaña de la Mora.
En entrevista telefónica el también exintegrante de la Fuerza Rural de La Ruana dijo que la sentencia de la juez no fue dictada con libertad, y que fueron Godoy Castro y Magaña de la Mora quienes la presionaron.
Agregó que a pesar de que las evidencias siempre lo han favorecido, en un par de ocasiones lo han recluido injustamente y ahora pretenden nuevamente meterlo a la cárcel.
“La persona que yo hago responsable de esto es al procurador José Martín Godoy y al presidente del Tribunal Magaña de la Mora, que es quien ordenó a la jueza en Apatzingán para que dictara esta sentencia. No se vale que obliguen a jueces buenos a ir contra sus principios”, dijo el exlíder de autodefensas.
Hipólito Mora ha estado recluido en dos ocasiones anteriores. La primera fue en marzo del año pasado por su presunta coparticipación en los asesinatos de Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo”, y José Luis Torres, “Nino Torres”, dos integrantes del grupo de Luis Antonio González Torres, El Americano.
Mora Chávez fue liberado un mes después pues el juez no encontró elementos suficientes para procesarlo.
La segunda detención del exlíder de autodefensa fue por un enfrentamiento con el grupo de Luis Antonio González Torres, El Americano, en diciembre del año pasado en La Ruana. En dicho enfrentamiento murieron 11 personas, entre ellas el hijo de Mora Chávez.
En ese caso la justicia informó que no encontró elementos probatorios sobre su presunta responsabilidad en el homicidio de tres personas del bando de El Americano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421194
MÉXICO, DF: Dos de los hombres más cercanos al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fueron ascendidos a general de división por el presidente Enrique Peña Nieto.
Uno de ellos es el general Juan Manuel Rico Gámez, actual subjefe de Inteligencia del Ejército y quien en el sexenio pasado fue mencionado en una investigación de la Procuraduría General de la república (PGR) sobre la presunta red de protección militar al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en Guerrero.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer este jueves la lista anual de ascensos, en la que seis generales de brigada ascendieron a general de división, el máximo grado dentro del Ejército mexicano.
En los ascensos figuran dos de los principales funcionarios de la Sedena: el propio general Rico Gámez, subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y el general de ala, piloto aviador, Víctor Manuel Ruesga Ramírez.
Los otros cuatro nuevos divisionarios son los generales Adolfo Domínguez Martínez, comandante de la 10 Zona Militar, ubicada en Durango; Juan Manuel Castillo Segura, director general de las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena; Dagoberto Espinosa Rodríguez, comandante de la VIII Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y Lucino Carlos Piedra Lezama, excomandante de la XV Zona Militar, en Jalisco.
El nombre del general Rico Gámez fue incluido el sexenio pasado en una lista de generales a los que se pretendía involucrar con el clan Beltrán Leyva, según declaró a la revista Proceso el mayor Iván Reyna, procesado por narcotráfico.
En la edición 1860 del semanario, de junio de 2012, el mayor aseguró que fue presionado en la PGR para declarar en contra de Rico Gámez y otros generales.
Reyna fue acusado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, en la que también se consignó al general Tomás Ángeles Dahuare, quien al comienzo del actual gobierno fue dejado en libertad. La PGR se desistió al asegurar que no había elementos para responsabilizarlo.
La acusación contra Rico Gámez buscaba implicarlo por su paso como comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, Guerrero. De esa unidad depende el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cuyo papel en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa aún no se ha esclarecido.
Ahora Rico Gámez es uno de los hombres más cercanos al general secretario y ocupa una de las posiciones más importantes dentro del Ejército.
Otro colaborador cercano del general Cienfuegos que ascendió a divisionario es el general de ala piloto aviador Víctor Manuel Ruesga Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
En mayo pasado, el general Ruesgo participó desde la Ciudad de México en el fallido operativo en Jalisco para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”. En la persecución fue derribado con un misil antiaéreo un helicóptero Cougar de la FAM.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421173
MÉXICO, DF: El diario británico The Independent publicó su lista con las 50 personas más poderosas del mundo en la que incluyó a dos mexicanos: el magnate Carlos Slim y el líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán.
El dueño de grupo Carso se encuentra en el lugar 25 mientras que Guzmán Loera se ubica en el lugar 48 pero es el único narcotraficante incluido en la lista.
The Independent consideró integrarlo en su lista porque es “el más rico y el más notorio capo en el planeta” y destacó que para llevar a cabo su segunda fuga de un penal de máxima seguridad El Chapo gastó 50 millones en la construcción de un “túnel laberíntico” por el que escapó.
“Para bien o para mal las decisiones de estas personas afectan a millones, mueven la industria y cambian naciones” refirió el diario británico sobre los nombres que aparecen en su lista.
De hecho Slim y Guzmán Loera han aparecido en las listas de los más ricos y poderosos de Forbes aunque en 2013 la revista neoyorkina decidió sacar al líder del cártel de Sinaloa de su lista después de incluirlo tres años consecutivos porque no era posible acercarse al capo para saber cómo gastaba el dinero ilícito que ganaba y verificar las cifras sobre su fortuna.
En el ranking publicado por The Independent, también se incluye al Papa Francisco, a los cantantes Jay Z y Beyoncé, así como diversos CEO y presidentes de compañías transnacionales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421128
México, DF. La moneda mexicana recuperó 15 centavos en su paridad con el dólar tras el anuncio de la Comisión de Cambios sobre la suspensión, a partir del próximo 23 de noviembre, de la subasta diaria de 200 millones de dólares sin precio mínimo y se vendió a 16.92 pesos en las ventanillas bancarias, su menor precio en dos semanas.
El dólar Fix, determinado por el Banco de México para el pago de obligaciones en moneda extranjera, redujo su cotización de 16.7636 pesos en la víspera a 16.5748 al cierre de hoy, lo que representó una apreciación de 1.1 por ciento para la moneda nacional; en tanto que en las grandes operaciones interbancarias la divisa estadunidense se vendió a 16.63 pesos, 14 centavos por debajo del cierre anterior.
Todavía hoy se llevó a cabo la subasta de 200 millones de dólares sin precio fijo, a la que se presentaron 44 posturas que en conjunto demandaban 724 millones de dólares, una cantidad que rebasó en 262 por ciento a la oferta del banco central.
Las divisas fueron asignadas a un precio ponderado de 16.5543 pesos y todavía mañana se realizará la última subasta de este tipo, antes de que se pongan en práctica las modificaciones anunciadas hoy por la Comisión de Cambios.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/19/peso-se-fortalece-tras-suspension-de-subastas-sin-minimo-166.html
GUANAJUATO, Gto: En un aparente ajuste de cuentas relacionado con el robo de hidrocarburos, seis personas –entre ellas tres mujeres– murieron acribilladas la noche del miércoles en dos hechos relacionados, en una forrajera y un negocio de comida en el municipio de Pénjamo, al sur del estado.
En el segundo caso se suscitó una balacera entre un grupo que ingresó al local y varios comensales que ahí se encontraban.
En Yuriria, otro hombre también fue acribillado anoche en el exterior de unos locales comerciales en la comunidad de San José de Cerano, poco después de las nueve de la noche.
El primer incidente ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del miércoles, en una forrajera ubicada en la carretera federal 37, frente a la comunidad La Quesera, a donde llegaron varios hombres en una camioneta GMC Yukon dorada, quienes salieron del vehículo y entraron al establecimiento, disparando contra un hombre identificado como Ramiro Torres Vázquez, de 41 años, que murió al recibir varios impactos de bala en el pecho, el abdomen y la cabeza.
Los servicios periciales de la Procuraduría recuperaron casquillos de tres calibres distintos, informó el subprocurador César Gasca Toledo.
Unas horas después, cerca de las once de la noche, la Policía Municipal de Pénjamo notificó a la PGJE de una balacera suscitada en un restaurante sobre la carretera federal Pénjamo-La Piedad, a la altura del kilómetro 76.
Al acudir al lugar encontraron los cuerpos de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos con múltiples heridas de bala.
Una mujer más que fue herida falleció cuando era atendida en el hospital general de La Piedad, donde permanece hospitalizado otro lesionado que es reportado en condición estable.
Según el subprocurador Gasca sólo se ha podido identificar a uno de los hombres acribillados, de nombre Gilberto Zavala Frías, así como a la mujer que murió en el hospital, María Verónica Anguiano Ruiz, quien tenía 24 años y vivía en la comunidad de Santa Ana Pacueco, en Pénjamo.
Según los indicios y testimonios recabados por la Procuraduría, al negocio de comida llegaron a cenar varias personas en una camioneta Ford Lobo de color rojo con placas de Guerrero y una Chevrolet guinda con placas de Guanajuato.
Minutos después entraron los ocupantes de una camioneta GMC Yukon también a sentarse ante una mesa. Este vehículo, según señaló el subprocurador, habría sido el mismo que se utilizó en el asesinato cometido en la forrajera, perpetrado unas horas antes.
Casi detrás de estos últimos arribaron varios hombres en tres camionetas, quienes rápidamente descendieron de las unidades con armas de alto poder en las manos y entraron al local disparando.
Algunos de los hombres que se encontraban en el interior sacaron armas y se desató un tiroteo por unos minutos, luego de lo cual el grupo armado que entró disparando al establecimiento huyó.
En el sitio se encontraron más de 200 casquillos de armas AK 47 o ‘cuerno de chivo’.
La Procuraduría estableció como la principal línea de investigación el robo de hidrocarburos, en virtud de que en la inspección del lugar y los inmuebles aledaños se encontraron contenedores con combustible, lo mismo que en una de las camionetas afuera del restaurante, que había sido conducida por uno de los hombres fallecidos en el lugar.
Otra ataque
Anoche mismo se desató otro ataque contra un negocio, éste en la comunidad de Santa Teresa, muy cerca de la zona urbana de la capital del estado, que dejó como saldo dos personas lesionadas.
Varios hombres con los rostros cubiertos por pasamontañas llegaron al exterior de una vulcanizadora y un negocio de vidrios y aluminios, y rafaguearon las fachadas de ambos locales.
Posteriormente, ingresaron a uno de ellos y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior trabajando –cuatro adultos y un menor de edad–, quienes alcanzaron a ponerse a salvo. Uno de ellos sufrió una herida en una mano y otro un rozón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421158
La administración estatal deberá pagar a la Federación un total de 104.4 millones de pesos por dejar de cobrar impuestos de manera indebida.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encargará de la vigilancia del pago de impuestos federales en Sonora, del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, debido a que el gobierno del estado dejó de cobrar en perjuicio del fisco federal mil 705 millones de pesos.
El gobierno de Sonora se hizo acreedor a una sanción consistente en “el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación”.
Tres denuncias anónimas de principios de 2015, en las que se señaló que 574 contribuyentes fueron beneficiados a través de 829 auditorías realizadas por la Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora, fueron el origen de la determinación del SAT, dada a conocer este jueves en un comunicado.
“De acuerdo con la información proporcionada en las mismas se señaló un monto de 1,705 millones de pesos, que se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal”, afirmó.
El SAT realizó la verificación de 198 auditorías detectándose diversos incumplimientos a las disposiciones legales federales y diversas anomalías en los procedimientos realizados por el Estado al realizar las mismas.
En algunos casos se comprobó que el gobierno de Sonora autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado y de retenciones de ISR e IVA, en contravención al Código Fiscal de la Federación.
Además se detectó que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia y se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas principalmente, generando con ello afectación a los intereses del fisco federal.
La administración sonorense retomará las facultades de comprobación fiscal a partir del 1 de enero de 2016.
SAT sanciona al estado de Sonora:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sat-sanciona-a-gobierno-de-sonora-dejo-de-cobrar-impuestos-federales-por-1705-mdp/
La falta de transparencia es evidentemente una de las causas del desarrollo de la corrupción, pero la existencia de un programa de transparencia no implica que no haya corrupción. Para que no haya corrupción sí se necesitan implementar medidas, y para implementar medidas se necesita independencia; se necesita que quien controla no tenga ningún tipo de relación con la persona o el cargo o figura institucional que debe ser controlada, señaló Stefano Fumarulo, especialista en temas anticorrupción e integrante de la comisión antimafia en el parlamento italiano.
En entrevista para Aristegui CNN, puntualizó que la investigación periodística sobre la ‘Casa Blanca’ “evidencia y subraya dos problemas: primero, la falta de un sistema que actúe automáticamente cuando surge un problema de este tipo; el segundo es una cuestión meramente política. Yo creo que si un político está acusado de algo y está seguro de no haber cometido alguna irregularidad, es mejor para él que sea un organismo independiente el que evalué su acción, y no un compañero de partido o gobierno“, como fue el caso del secretario Virgilio Andrade, quien concluyó -tras su propia investigación-, que no existió conflicto de interés en las compras de casas a contratistas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“La gente se queda con la idea que todo está organizado para cubrir los hechos, políticamente es un ‘autogol’“, sentenció sobre la investigación de Andrade, quien fue tundido esta semana en su comparecencia en la Cámara de Diputados.
En Italia, refirió, no hay casos similares al mexicano, donde la residencia en la que vivían el presidente y su esposa fue adquirida, hecha y está a nombre de una filial de Grupo Higa, empresa que ha obtenido millonarios contratos desde el gobierno de Peña en el Estado de México y actualmente en el gobierno federal.
Fumarulo reveló que aceptó la invitación de visitar México “porque Italia tiene una larga experiencia tanto en temas de mafia como en temas de corrupción. De camino a México leí algunos artículos académicos donde se describía a la corrupción de la antigua Roma y me llamó la atención una ley aprobada por Cicerón que prohibía los juegos de gladiadores ofrecidos por los candidatos a las elecciones políticas, dos años antes de las elecciones”.
“Pensé en lo que pasa en las elecciones en Italia o en México, donde los juegos, los banquetes, las fiestas, forman parte de la campaña electoral y desafortunadamente consisten en la compra-venta de votos”, mencionó.
Consideró que es fundamental intercambiar experiencias, pero aún más importante es que luego el intercambio de experiencias llegue a algún punto concreto, ”me gustaría que mi aportación tuviera algunos resultados”.
“La cosa más relevante que hemos vivido en Italia los últimos tres años ha sido la creación de una autoridad nacional anticorrupción independiente“, apuntó.
Lo anterior se logró a través de “varias presiones de la sociedad civil, debidas a que Italia firmó y ratificó convenciones internacionales… y a través de un atento análisis de los medios de comunicación que empezaron a señalar los casos de corrupción que no tenían consecuencias, el actual primer Ministro decidió nombrar al fiscal, muy independiente”, contó.
Dicho fiscal “está trabajando muy bien a todos los niveles de Estado…. ahora todas las administraciones tienen la obligación de entregar un plan contra la corrupción”, destacó.
La ciudadanía en muchas partes del mundo “ya está cansada de lo que pasa en los congresos, de lo que pasa en los gobiernos, y los políticos tienen el deber de actuar… para eliminar la diferencia entre sus ciudadanos, para hacer que cada país sea mejor”, sostuvo.
“Hace unos años en Italia empezó una campaña que se llama ‘Reactiva el futuro’, tiene algunos datos interesantes, cada candidato a cualquier tipo de elección tiene la posibilidad de adherirse a esta campaña aportando algunos documentos, primero su currículum segundo sus antecedentes penales y tercero una declaración patrimonial, cuánto ganó el año anterior, cuántos inmuebles tiene… si tiene cuotas en cooperativas”, expuso.
Los candidatos que participan en la campaña “reciben una pulsera y pueden caminar durante la campaña electoral con la seguridad de ser un candidato limpio”, detalló.
La adhesión a esta campaña también es “para comprometerse una vez ganadas las elecciones a hacer unas acciones administrativas o políticas, y con un monitoreo. Ha sido interesante, ha crecido durante estos años”.
“Es una cuestión cultural que en Italia no teníamos, vivimos durante décadas con corrupción que empezaba en el período electoral”, indicó. A eso se le fue poniendo fin “gracias a la campaña, a la presión de los medios de comunicación, presión que hicieron académicos que analizaron casos de corrupción”.
“En Italia hemos tenido décadas de desastres, donde la clase política no daba cuentas a nadie de lo que hacia. En 1992 la operación de la Procuraduría de Milán ‘manos limpias’ abrió la ventana a un sistema de corrupción total. Casi el 60 por ciento de los diputados y senadores del Parlamento italiano estuvieron bajo investigación, algunos fueron a la cárcel… otros absueltos”, abundó.
“La gente se ilusionó, estaba feliz… luego pasó que la Legislación italiana no estaba bien y de todas las decenas de investigaciones que se abrieron muy pocas tuvieron consecuencias relevantes”, reconoció.
Stefano Fumarulo también habló sobre cómo el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, llegó a entorpecer los logros, pero “luego Berlusconi cayó y la gente una vez más volvió a la política pero de manera muy crítica”. Y así se logró la entrada al parlamento del movimiento ‘cinco estrellas’, que tenía como principales banderas la “transparencia, transparencia y transparencia, son todos iguales, los vamos a denunciar a todos”.
Entrevista:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1911/mexico/integrante-de-comision-antimafia-de-italia-detcta-fallas-en-investigacion-de-la-casa-blanca/
El texto que regula la propaganda gubernamental fue redactado por el senador Manuel Camacho Solís, quien falleció en junio.
La bancada del PRD en el Senado de la República presentó una excitativa de reforma constitucional para regular y acotar la propaganda gubernamental, la cual plantea que sólo sea utilizada para campañas de salud, educación y protección civil.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo Aburto, presentó la excitativa este jueves y destacó que ésta fue redactada por el senador Manuel Camacho Solís, quien falleció el pasado mes de junio.
En ella señaló que la comunicación entre autoridades y ciudadanos es un componente fundamental en una democracia, pero el esquema diseñado para esto podría utilizarse para promover la imagen personal de los funcionarios y no para informar.
Anotó que esta práctica lesiona a la democracia, pues no contribuye a tener una sociedad mejor informada, además de que se destinan recursos públicos para fines personales y se facilita el control sobre los medios de comunicación mediante la asignación selectiva de contratos de publicidad.
El problema no está en el modelo electoral de compra o adquisición de medios como se ha tratado de abordar el tema, sino en la propaganda gubernamental y la gran cantidad de recursos públicos invertidos en ello, consideró.
“Los ciudadanos tienen que estar informados de la acción del gobierno, desde luego que sí, pero no de esta forma, no con spots que no dicen nada, que en el umbral de percepción de los ciudadanos están prácticamente desaparecidos”, dijo.
Por ello, la propuesta busca modificar el Artículo 134 constitucional para que únicamente se permita la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, como campañas de salud, educación y protección civil.
Que en ningún caso incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La excitativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Radio Televisión y Cinematografía; Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República.
En el documento -que se presenta a continuación- se solicita formular esta excitativa a dichas comisiones para que se reúnan “y dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental”:
EXCITATIVA SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.docx by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1911/mexico/buscan-eliminar-spots-del-gobierno-que-no-dicen-nada/
Cinco de los cadáveres presentaban "tiro de gracia".
Las autoridades veracruzanas encontraron el miércoles 18 de noviembre los cuerpos de seis personas. Un día antes, en otro municipio, fueron hallados cinco cadáveres con “tiro de gracia”.
La Fiscalía de Veracruz informó ayer en un comunicado que los seis cuerpos fueron localizados en San Juan Evangelista, un municipio ubicado al sur de la entidad, una de las más afectadas por la violencia.
De acuerdo con un reporte de la agencia AFP, las autoridades ubicaron cinco cadáveres en el municipio de Totutla el martes pasado. “Todos presentaban el tiro de gracia”, dijo una fuente de la policía de ese municipio.
Veracruz es uno de los estados más afectados por los grupos del crimen organizado, como el de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo, detalló la agencia francesa de noticias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/encuentran-al-menos-11-cuerpos-en-menos-de-24-horas-en-veracruz/
México, DF. Como parte de su programa de financiamientos aprobado para el presente año, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó hoy una contratación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 600 millones de francos suizos (CHF) a cinco años, con vencimiento en diciembre de 2020 y un cupón de 1.5 por ciento.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para el financiamiento de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.
Se trata de la emisión denominada en CHF de mayor monto que se ha realizado en Latinoamérica, así como el cupón más bajo alcanzado por Pemex. De igual modo, representa la segunda emisión más grande en los mercados emergentes desde 2009 y la segunda mayor efectuada por empresas con calificación crediticia BBB+ en el año.
De este modo, Pemex, abre el mercado de francos suizos para Latinoamérica, mercados emergentes y emisores en la categoría BBB.
Entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentra la banca privada, fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras principalmente en Europa. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas y Credit Suisse.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/19/pemex-contrata-deuda-por-600-millones-de-francos-suizos-2514.html
MÉXICO, DF: Organizaciones civiles exigieron al Senado de la República que en la discusión del Dictamen que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información se esclarezcan y se dé certeza a algunos elementos que quedaron ambiguos en la Ley General.
De acuerdo con el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate, Artículo 19 y Fundar, “es de suma importancia” que la Ley Federal siga un espíritu garantista y se apegue al nuevo marco normativo.
En un comunicado, las agrupaciones destacan que la discusión en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, representa “la última oportunidad para que los senadores aporten claridad y certeza a algunos elementos que quedaron ambiguos en la Ley General, como lo es la obligación de generar información y el recurso de revisión en materia de seguridad nacional”.
Sin embargo, apuntan, el documento que es considerado por las comisiones dictaminadoras no cumple por completo con esas expectativas. “El dictamen suprime avances para el ejercicio del derecho de acceso a la información, es incongruente respecto a la Ley General de Transparencia y –por si fuera poco– va en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y del principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho”.
De igual manera, critican que a pesar de múltiples documentos de trabajo, audiencias públicas y propuestas de organizaciones civiles, académicos y especialistas, la participación ciudadana en este caso fue estéril, toda vez que no se atendieron las principales preocupaciones.
En cinco puntos, las organizaciones alertan sobre “el contenido contrario” al espíritu de la reforma constitucional en materia de transparencia, el primero de los cuales destaca “importantes carencias” en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional.
“No se detalla el procedimiento que seguirá el recurso de revisión del Consejero Jurídico en materia de seguridad nacional. La falta de certeza sobre el procedimiento, la definición de seguridad nacional, la procedencia, la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del solicitante como terceros interesados, los efectos de la resolución y los tiempos para resolver, entre otros, es suficiente para generar incertidumbre e inseguridad en los solicitantes de la información e incentivos limitados para ejercer el derecho de acceso a la información”.
Asimismo, subrayan que el Inai queda sin facultad para determinar acceso a información sobre violaciones graves a derechos humanos.
“No se le otorga a ese Instituto la facultad de ordenar la desclasificación de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos cuando a primera vista (prima facie) y sin prejuzgar determine que la información está relacionada con estos sucesos. Esta falta de previsión supone una ceguera institucional frente a las recomendaciones que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones de Unidas han hecho al Estado mexicano”.
En su tercer punto señalan que contrario a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia vigente y a la Ley General de Transparencia, se prevén excepciones para el acceso a la información que las y los comisionados del Inai deben tener a fin de determinar si la información solicitada es de interés público y resolver el recurso de revisión (artículo 153 del proyecto).
“La restricción del derecho de acceso a la información como la de cualquier otro derecho humano requiere motivos, razones y circunstancias suficientes que no se pueden colmar si el Inai no tiene a la vista la información que se busca mantener en secreto. La falta de acceso a la información por parte de las y los comisionados genera que cualquier resolución que niegue el acceso al solicitante, sea arbitraria e ilegal y hace inoperante el cumplimiento de su mandato”.
El comunicado también resalta la violación al derecho de audiencia, y en este sentido advierte que se deja en desventaja a los solicitantes de información frente a los sujetos obligados al permitir que estos últimos, en cualquier momento, pidan audiencia para la sustanciación del recurso de revisión (artículo 156, fracción V del proyecto).
En su último punto, las organizaciones advierten que la obligación de generar información queda fuera de la Ley Federal, y tampoco se faculta al Inai, como sí a los comités de transparencia, para ordenar –cuando así proceda– la generación de información.
“Se hace necesario que las resoluciones fijen las medidas de apremio o sanciones a las que haya lugar cuando hubiere dado cuenta de faltas o violaciones a la Ley por los sujetos obligados”, finaliza el documento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421142
WASHINGTON: Cada vez más mexicanos que buscan oportunidades laborales y de vida en Estados Unidos optan por regresar a México debido a las nuevas políticas migratorias marginales, revela un nuevo estudio del Centro de Investigaciones Pew.
Esta tendencia de “repatriación voluntaria” de mexicanos no se había registrado desde las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado según el documento.
“De 2009 a 2014, un millón de mexicanos y sus familias –incluidos sus hijos nacidos en la Unión Americana– dejaron Estados Unidos para irse a México”, asegura el Centro Pew.
Sustentado en la Encuesta Nacional de las Dinámicas Demográficas (Enadid), destaca que el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos en este momento es el más pequeño que se ha registrado desde los años noventa.
“De acuerdo con información de la Oficina Nacional del Censo, en este mismo periodo 870 mil ciudadanos mexicanos dejaron su país para irse a Estados Unidos, cifra más pequeña que la del número de familias que salieron de Estados Unidos para irse a México”, precisa el informe.
En su investigación el Centro Pew hace un apunte importante al resaltar que el flujo migratorio de Estados Unidos a México o a la inversa no se puede determinar con cifras concretas o específicas, ya que es muy difícil saber con precisión el número de personas que lo conforman.
Y acota que para las conclusiones del informe utilizó las cifras demográficas que el gobierno de Estados Unidos tiene disponibles en sus bases de datos de la Oficina Nacional del Censo, pero también se sustentó en las encuestas que se realizaron a familias mexicanas en los últimos cinco años.
“Para hacer el cálculo o estimado de cuánta gente dejó Estados Unidos para irse a México, este reporte utilizó la base de datos del Enadid llevado a cabo en 2014, y de censos mexicanos realizados en los años 2000 y 2010”.
A las familias encuestadas se les preguntó dónde vivían en los cinco años previos a la realización de cada uno de los censos.
Pese al flujo de mexicanos de Estados Unidos a México o “repatriación voluntaria”, como le llaman algunos, el Centro Pew anota que aquellos continúan siendo la población extranjera que más hijos tiene en territorio estadunidense. En 2013, del total de la población inmigrante, 28% eran ciudadanos mexicanos.
“La reducción en la migración de mexicanos a Estados Unidos se debe a varias razones: la lenta recuperación económica, el deterioro del mercado laboral, la aplicación de leyes migratorias más estrictas, particularmente en la frontera común, y las redadas migratorias que se llevan esporádicamente en cualquier parte de la Unión Americana contribuyen al aumento en las deportaciones de inmigrantes mexicanos”, subraya el informe.
Añade que una mayoría importante del millón de mexicanos que dejó Estados Unidos para irse a México entre 2009 y 2014 se fue por voluntad propia. “Seis de cada diez (61%) de estos mexicanos informaron que vivieron por lo menos cinco años en Estados Unidos, antes de decidir regresarse a México”.
Otra de las principales razones por las que los mexicanos están dejando Estados Unidos se debe a “la reunificación familiar”.
“Otro 14% de los migrantes mexicanos que regresaron a México dijeron que su razón de la salida de Estados Unidos fue la deportación migratoria”, agrega la investigación.
La nueva tendencia en el flujo migratorio de mexicanos de Estados Unidos a su país contrasta con las cifras que se registraron entre 1965 y 2015, cuando más de 16 millones de inmigrantes mexicanos abandonaron sus hogares para irse a la Unión Americana.
“En 1970 menos de un millón de inmigrantes mexicanos vivían en Estados Unidos, para el año 2000 el número aumentó a 9.4 millones y en 2007 se disparó a 12.8 millones”, enfatiza el Centro Pew.
De este total de inmigrantes, la investigación sostiene que en 2007 se calculaba que en Estados Unidos había 6.9 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados, número que en 2014 bajó a 5.6 millones.
Hace ocho años, como los sostiene el Centro Pew, 42% de los mexicanos adultos decían que se mantenían en contacto con alguien (familiar o amigo) que vivía en Estados Unidos. En la actualidad sólo 35% de los mexicanos adultos dice lo mismo.
Con base en un sondeo realizado este año, el Centro Pew destaca que “48% de los mexicanos (en México) consideran que hay mejores condiciones de vida en Estados Unidos, pero un número de mexicanos que va en aumento sostiene que no es ni mejor ni peor el sistema de vida estadunidense que el mexicano”.
Este punto de vista también se refleja en otra posición que han adoptado los mexicanos respecto de las perspectivas de migración hacia el norte.
“El 33% de los adultos mexicanos consideran que sus compatriotas que emigran a Estados Unidos llevan una vida equivalente a la que tenían en México, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de lo que había registrado una encuesta realizada en 2007 sobre este mismo aspecto”, agrega el Centro Pew en su reporte.
A la pregunta de si emigrarían a Estados Unidos si tuviesen la oportunidad, “35% de los mexicanos dijo que lo harían, incluidos en esta cifra está el 20% de los adultos mexicanos, quienes aseguraron que saldrían de México en calidad de inmigrantes indocumentados”, concluye el informe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421151
MÉXICO, D.F: Alfredo Castillo ha sido llamado por el juez que lleva el caso de José Manuel Mireles para que declare sobre la detención del exlíder de autodefensas de Michoacán, vista por muchos como una traición del ahora comisionado para el deporte.
Castillo le había prometido a Mireles apoyarlo en su movimiento ciudadano liberador del crimen organizado y terminó acusándolo de narcotraficante y portador ilegal de armas de uso exclusivo del ejército en el momento en que se había convertido en un peligro para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Castillo es amigo del presidente y a él le debe toda su trayectoria política desde que fue procurador del Estado de México y luego titular de la Procuraduría del Consumidor, comisionado para Michoacán y ahora comisionado del deporte.
Carece de cualidades políticas, de funcionario público o deportivas que lo puedan llevar a los puestos donde ha estado y desarrolla actividades tan disímbolas que no garantizan resultados positivos.
En Michoacán con tal de sacar adelante las órdenes de su jefe Peña Nieto, Castillo se reunió con personajes de historia oscura acusados de pertenecer al crimen organizado, como los hermanos Uriel y Juan José Farías Álvarez. Con ellos se alió para desmantelar a las autodefensas de Tierra Caliente una vez que estas fueron usadas para acabar con los Caballeros Templarios.
Otra alianza que hizo Castillo en Michoacán con grupos delincuenciales fue con Los Viagras integrado por los hermanos Sierra Santana y a quienes contrató para formar el grupo de élite conocido como G-250 que era el que entraba a la vanguardia en los enfrentamientos con los Templarios.
Esta alianza con Los Viagras terminó muy mal pues según señalan los propios michoacanos de Tierra Caliente, al no recibir el pago prometido los Viagras y su gente tomaron la presidencia municipal de Apatzingán a principios de este año para presionar a Castillo.
En lugar de cumplir su palabra Castillo mandó a la Policía Federal y al Ejército para desalojarlos lo que provocó una matanza de 16 personas la noche del 6 de enero.
Días después de este hecho Castillo renunció a su cargo de comisionado para la seguridad de Michoacán y semanas más tarde fue nombrado por orden presidencial comisionado nacional para el deporte (CONADE) sin ningún mérito ni conocimiento deportivo.
Hoy Castillo ha sido llamado a declarar por el juez que lleva el caso de José Manuel Mireles y, al mismo tiempo, en la CONADE es denunciado por el Comité Olímpico Mexicano de presuntas amenazas, presiones y actos de corrupción dentro de algunas federaciones deportivas que ya recurrieron a la Suprema Corte de Justicia para denunciar el abuso y arbitrariedad gubernamental.
Hay castillos que se construyen de arena o en las nubes pero también los hay en la política que se construye de barro y se caen tarde o temprano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ LUIS OLMOS (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421039
“Nuestra rectora cree en la palabra del gobernador y acepta lo que le está diciendo, pero el gobernador no responde a su palabra empeñada y esto es muy peligroso porque se propaga la idea en la sociedad de que ya se resolvió y no es así, la rectora está aceptando de buena fe lo que dice el gobernador pero lo que están ocurriendo son una serie de engaños”, remarcó la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Rocío Córdova.
Acompañada de catedráticos de, la investigadora dijo que por otra parte de propaga la idea que la UV debía al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y cuando se menciona ya no debe nada es como si realmente la Universidad debiera pero no ha sido así. “Hay una guerra de medios, pero las cosas están muy claras y se propalan estas ideas para sembrar una distorsión en la sociedad, para hacer pensar que somos un grupo de revoltosos que continúa pidiendo cosas, pero más bien la sociedad debe saber que los acuerdos que se hacen de palabra no se están cumpliendo”.
Por ello entregaron en la oficina del gobierno estatal una carta firmada en la plataforma de Change.org, por más de 4 mil integrantes de la comunidad universitaria en donde le exigen al gobernador Javier Duarte que pague los 2 mil 65 millones de pesos y para ejercer presión y hacer pública la situación se organizaron para subir un documento para cobrarle esta cantidad que se arrastra desde 2011.
La carta está respaldada por rectores y catedráticos de la Asociación Nacional de las Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies) para apoyar a los profesores de la UV, además ha sido girado a diversas instituciones de Guadalajara, México, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, así como Australia, Estados Unidos, Francia, Colombia, España y otros países, dijo el investigador y académico Alejandro Saldaña.
También el investigador de la UV, Alejandro Saldaña, dijo desde 2008 la institución sufre una crisis financiera debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, adeuda a la máxima casa de estudios 2 mil 256.1 millones de pesos, de estos mil 799.1 corresponden al subsidio estatal y 451.7 al gobierno federal y por lo tanto se corre el riesgo de que la próxima administración intente ignorar su responsabilidad “y nos enfrentamos al hecho de que la Tesorería de la Federación exija la sea devuelto sino se logra demostrar su ejercicio antes del 31 de diciembre”.
Esta situación financiera ponen en peligro la adecuada atención de los estudiantes inscritos en la UV, está en riesgo la calidad de los estudiantes y también limita la ampliación y mejora de la infraestructura, los proyectos de investigación y difusión cultural, las actividades de vinculación y la existencia misma de la institución, sostuvo Zaida Domínguez.
Por su parte Mayra Ledesma señaló que la UV no cuenta con recursos para salir del paso en este fin de año y “por eso el secretario de Finanzas ha dicho que ya depositaron, pero no es así, son parte de los engaños, lo que nosotros exigimos es los recursos que da la sociedad, además que digan en dónde está el dinero”.
“Como sociedad exigimos al gobierno del estado de Veracruz que cumpla con la responsabilidad empeñada en el momento de asumir sus funciones de velar por los intereses sociales y la obligatoriedad de hacer cumplir las leyes para que se restituya a la UV a la brevedad el monto total de las aportaciones federales y estatales que se le adeudan, hagamos un estudio financiero, un estudio técnico porque no es un asunto de opinión”, remarcaron.
FUENTE: PROCESO.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/acusan-academicos-enganos-del-gobierno-estatal-evade-liquidar-deuda-con-la-uv/?utm_source=hootsuite
