MÉXICO, DF: Durante varias semanas, Isabel Miranda de Wallace y otros comentaristas atacaron a Emilio Álvarez Icaza. Aparto las inquinas personales tras la embestida para reflexionar acerca de lo que pasa en el ámbito de los derechos humanos, el baluarte de civilidad por excelencia. Todo inició con una entrevista publicada en Proceso el 19 de septiembre. Poco antes de la llegada a México de los consejeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Gil entrevistó a su secretario ejecutivo. En esa ocasión, Álvarez Icaza sembró dos tesis: México padece una “crisis de derechos humanos” y las “instituciones han estado muy por debajo del desafío”. Sus palabras despertaron críticas iracundas. Carlos Alazraki lo calificó de tipo “nefasto y amargado”; Ricardo Alemán de mentiroso, e Isabel Miranda de Wallace de corrupto. Me centro en ella porque en su trayectoria ha recibido censuras y reconocimientos (en 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos). La señora de Wallace criticó a Álvarez Icaza por: 1) violar la prohibición impuesta por la OEA (Organización de Estados Americanos) a su personal para opinar acerca de asuntos de su país de origen; 2) incurrir en conflictos de interés por su relación con personas e instituciones que llevan casos ante la CIDH, y 3) por sus torvos motivos: según la señora Miranda de Wallace, Álvarez Icaza busca “un cargo político” para “regresar[se] a México”. Con esa base, lo acusó de “corrupción”. La primera condena tiene sustento, pero las otras acusaciones son infamias indignas de quien ha izado la bandera de los derechos humanos. Miranda de Wallace evade lo fundamental: ¿Hay una crisis generalizada de derechos humanos? ¿Han estado las instituciones a la altura? Respondo con antecedentes. Durante décadas, el gobierno mexicano fue alcahueteado por los poderosos del mundo, quienes se callaban o lo alababan. Por ejemplo, en 2012 el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, felicitó “al gobierno mexicano” por sus progresos en la “defensa de los derechos humanos” (El Universal, 10 de diciembre de 2012). La complacencia se diluyó a partir de abril de 2014, cuando Christof Heyns, “relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, sostuvo que “el derecho a la vida esta[ba] seriamente amenazado en México”. Estas ideas han seguido repitiéndose en los informes de los relatores y las misiones que llegan en tropel a nuestro país. En suma, Álvarez Icaza sólo reiteró el consenso internacional. Por su parte, el gobierno de Peña Nieto se siente maltratado por las críticas que llegan de fuera. Acepta que hay problemas, pero rechaza lo de “generalizados”. Traslada la responsabilidad a otros, y responsabiliza a Vicente Fox y a Felipe Calderón por abrir el país al escrutinio de extranjeros de inconfesables agendas. Como tampoco pueden encerrarse tras una cortina de hierro, el gobierno y sus aliados canalizan su ira contra aquellos mexicanos que interactúan con la comunidad internacional. Ignoro si la señora Miranda de Wallace recibió sugerencias de alguna dependencia para lanzarse contra Álvarez Icaza, pero su agresividad seguramente despertó sonrisas de satisfacción en muchos funcionarios. Mi análisis me lleva a la perversión y polarización que padece el movimiento de derechos humanos. Hace décadas, el Estado aplastaba sin misericordia a sus opositores, y los afectados reaccionaron creando un movimiento mexicano de derechos humanos que brincó del anonimato al protagonismo cuando México quiso abrirse al mundo. La comunidad internacional le exigió al Estado mexicano que atendiera la problemática en ese terreno. El Estado respondió con la aprobación de leyes y la creación de la burocracia de derechos humanos más grande y rica ¡del mundo! Sólo en 2014 –establece Reforma como la principal noticia del 8 de noviembre–, la CNDH y las comisiones en las 32 entidades gastaron 3 mil millones de pesos. El presupuesto de la CIDH para ese año fue de 176 millones de pesos, mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sólo necesitó 17 millones para elaborar un informe sobre Iguala que cimbró a las instituciones. La disparidad en riqueza y eficacia es la señal de que los organismos públicos de derechos humanos padecen una crisis estructural. Hay excepciones, pero el patrón han sido instituciones mediocres y carentes de compromiso que encubren su blandura “maiceando” a periodistas y organismos civiles que forman los coros celebratorios de actos tan pomposos como vacíos de contenido. Se olvidaron de los desaparecidos, ejecutados y torturados, y ahora se enojan con quienes siempre han puesto a las víctimas en el centro de su trabajo. En esta categoría se encuentran Emilio Álvarez Icaza y Elena Azaola; Juan Carlos Gutiérrez y Pilar Noriega, así como un listado grandísimo de defensores. Es claro que México tiene dos movimientos de derechos humanos: el oficialista y el crítico. Ambos están fragmentados, se ven con desconfianza entre sí y se lanzan gruñidos y zarpazos. Actitudes que van en detrimento de los millones de víctimas a la espera de verdad y justicia. La hostilidad acumulada dificulta el entendimiento, y se requieren mediaciones institucionales que construyan puentes sobre asuntos muy concretos. La candidata natural es la CNDH que, sin embargo, está concentrada en salir del marasmo en donde la dejaron José Luis Soberanes y Raúl Plascencia. Su segundo informe acerca de la tragedia de Iguala será un barómetro de la condición en que se encuentra.
Las universidades y centros de investigación y docencia son candidatos idóneos para crear espacios de encuentro de las diversas corrientes. El entendimiento, aunque difícil, será posible si las diferencias se someten a las necesidades de las víctimas. De avanzarse en esa dirección, el movimiento de derechos humanos entraría en una nueva y mejor etapa. La actual emergencia humanitaria la justifica. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO AGUAYO (ANÁLISIS) LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421162
El activista Nepucemuceno Moreno luchó por encontrar a su hijo de 18 años, y en el camino encontró la muerte el 28 de noviembre de 2011 en el centro de Hermosillo, Sonora, y a plena luz del día.
Ciudad de México, 19 de noviembre: Nepumuceno Moreno Núñez sabía que iba a morir. Días antes de que lo asesinaran dejó un testimonio que ahora es revelado por primera vez. Se trata de un video en el que habla sobre la posibilidad de un ataque a su integridad física, pero parece resignado por su lucha para recuperar a su hijo, desaparecido tiempo atrás.
“Si se muere uno pues hay que morirse por algo que sea justo. Como yo le dije a todos […] Si se muere uno, o si le llega a pasar en esta guerra que andamos que digan nada más que murió porque andaba peleando por su hijo”, dice Moreno en el video.
El activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad murió asesinado en uno de los peores momentos del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien lanzó una guerra contra las drogas en diciembre de 20o6 y desató una violencia que no termina hasta el día de hoy. Muchos mexicanos han muerto desde entonces. Se calcula que con Calderón fueron entre 60 mil y 90 mil. En sólo tres años, Peña Nieto acumula cerca de 40 mil bajas. La muerte de Nepomuceno trajo un gran desaliento nacional, porque representaba una lucha ciudadana por recuperar a los miles de desaparecidos en el periodo de Calderón. El activista luchó de manera incansable por encontrar a los responsables de la desaparición de su hijo de 18 años, y en el camino encontró la muerte el 28 de noviembre de 2011 en el centro de Hermosillo, Sonora, y a plena luz del día. El video, que fue enviado a SinEmbargo por una persona cercana a Nepumuceno, quien además alerta sobre el peligro que corre la familia del sonorense, a casi cuatro años de su muerte.
“El Estado Mexicano desde la PGR [Procuraduría General de la República] y la Presidencia de la República, le falló a Nepomuceno Moreno Núñez asesinado; a su hijo Jorge Mario secuestrado y desaparecido; ahora pretende hacerlo con su familia, exponiéndoles a la violencia de la delincuencia organizada”, destaca la fuente.
Y prosigue: “El próximo 28 de noviembre es el cuarto aniversario del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, padre-buscador-activista integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, luchaba por Jorge Mario, su hijo menor secuestrado y desaparecido a los 18 años de edad. La última llamada de los secuestradores salió de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, él se lo reclamó al titular, denunció en la PGR. Buscó e hizo lo que la Procuraduría no fue capaz: dio con los responsables, integrantes peligrosos de la delincuencia organizada que ya eran buscados por la PGR por diversos delitos federales, pero que con toda la tecnología y los recursos de investigación, no habían podido localizar”. En la grabación de más de casi cuatro minutos de duración, el activista y padre de familia habla, días antes de ser asesinado, sobre cómo su familia lo intentaba persuadir de que no hiciera nada, de que parara, sin embargo él aseveraba que nunca podría olvidar a su hijo. Explica también el por qué las autoridades se negaron a investigar con él la desaparición de su hijo, Moreno dijo, fue por miedo. Narra que su familia trató de convencerlo de que no hiciera nada, sin embargo no lo pudieron convencer. Él aseveraba que su hijo nunca se le iba a olvidar hasta que hubiera una razón para ello, por ejemplo, “que lo encontrara”, luego de decir esto, el activista rompe en llanto. “No hay vuelta pa’ atrás, ya me metí en la jaula de los leones y no hay vuelta pa’ atrás”, decía. Señalaba que lo único que le restaba era continuar adelante con sus investigaciones, “nunca he pensado para atrás”, decía. “Todo el mundo sabe quiénes son los ‘asesinazos’ […] pero si les tienes miedo es peor, es peor se te encaraman. Y si te pasa algo vamos a estar conscientes por qué te pasó, porque andabas peleando por tu hijo”. “Qué esperanza tiene uno si el Gobierno tiene miedo”, dice Nepomuceno en la grabación. Mientras, la mujer que dialoga con él, le cuestiona: ¿Te dijo eso el Procurador? Y Moreno responde: “Me dijo el Procurador no puedo meter a un comandante a que investigue este caso, por qué, porque el comandante me va a decir ‘renuncio’, mejor renuncio a que me des este tipo de casos”. Señala que los comandantes renunciaban porque conocían al tipo de “gente que se [iban] a enfrentar”, con lo que el funcionario le había respondido, aseveraba Nepomuceno, le dijo que ellos conocían todo el movimiento. “En todos los estados está igual. Las policías protegen a los delincuentes, los protegen al cien por ciento”, alertaba el activista. Al final de la grabación, Nepomuceno expresa también la confianza que le tenía al entonces Presidente Felipe Calderón y el beneplácito que le causó el que lo haya recibido a él junto a su familia para escuchar su caso. LA BÚSQUEDA DE DON NEPO Un primero de julio de 2010 “levantan” al hijo. Su padre, desesperado, inicia una campaña con sus propios recursos: dibuja cartelones, copia fotos, camina por las calles de su ciudad, habla con los plagiarios y ruega a todos que le ayuden: a policías, a autoridades locales y estatales, al gobierno federal. Se une a las marchas de Javier Sicilia y, a pesar de su edad, hace plantones, reclama justicia. Pero nada. El hijo no aparece y los gobiernos le dan la espalda. Como a esos miles que sufrieron lo mismo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y su guerra contra el narcotráfico. El padre de ese desaparecido, Nepomuceno Moreno Núñez, es acribillado en plena luz del día en una céntrica avenida de Hermosillo. Después la familia tuvo que irse al exilio. Don Nepo, como era llamado entre sus amigos, luchó durante más de un año por encontrar a Jorge Mario, de 17 años, su muchacho, y nunca se dio por vencido. Pero en lugar de justicia, encontró las balas que le arrebataron la vida el 28 de noviembre de 2011.
La familia del activista ha vivido durante casi cuatro años errante. No tiene un domicilio estable y ha estado incluso fuera del país, porque tienen miedo de regresar a México, en especial a Sonora, por temor a sufrir una agresión, específicamente, del ex Procurador de Justicia del Estado de Sonora, el priista Abel Murrieta Gutiérrez, actual Diputado. Nepomuceno narró en un video que circula en la red social YouTube lo que ocurrió aquel primero de julio de 2010. “Fue entre el área de Obregón y Guaymas. Ahí las autoridades y delincuentes los persiguieron, los balacearon y se salieron de la carretera. Ahí en un Oxxo entró a meterle saldo a su teléfono y fue cuando nos enteramos. Me habló a las siete pasaditas, yo le dije que no se saliera del Oxxo para que no lo fueran a encontrar, pero me dijo ‘ahí vienen por mí’, era demasiado tarde; entraron los policías y delincuentes y con pistola en mano llegaron y lo sacaron”, dijo. El padre continúa: “No hallábamos qué hacer, si correr, pero a dónde íbamos a correr si estábamos en Hermosillo nosotros y pues yo empecé a buscarlo. Toda la familia, le marcábamos al teléfono y le contestaron a mi hija los delincuentes. Y le dijeron ‘aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros, somos policías municipales’, después a mí me dijeron que eran policías del Estado. Me dicen que querían 30 mil pesos, ‘somos tres danos 30 mil y te lo regresamos’, yo reuní el dinero”. Pero aunque Nepomuceno estaba dispuesto a pagar la suma, jamás volvió a ver a su hijo, sólo logró escucharlo por última vez: –¿Cómo estás hijo?, ¿cómo te va?, que gusto hablar contigo, aquí la familia estamos muy preocupados por ti–, le dijo. –Estoy bien apá, estoy bien, dile a mi amá que no se mortifique, más al rato allá les caigo en Hermosillo–, contestó el muchacho.
Esa fue la última vez que el padre y el hijo hablaron. Después vino la búsqueda y la desesperación y luego, la muerte. VÍDEOS:
México, DF. El II Congreso Nacional Ordinario de Morena se declaró en sesión, mientras delegados y simpatizantes expresaron su respaldo a Andrés Manuel López Obrador para que presida al partido. "De manera especial acordamos pronunciarnos por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional", resaltaron en un documento que circula entra asambleístas y militantes de Gustavo A. Madero. En el texto, resaltan que de cara a 2018 se requiere fortalecer al partido y "no a los grupos clientelares y de poder". Por eso, "nuestra última asamblea acordó poner el acento en la construcción del partido contenido en nuestros principios básicos". También, "generar discusión y debates en su interior que alienten el desarrollo de las ideas, que pasen por alto las críticas y quejas despojadas de contenido político y disponer de todas nuestras fuerzas y recursos para organizar a la militancia con vistas a los procesos electorales que vienen". Se mantiene como propuesta: López Obrador para presidente nacional; Alejandro Esquer, secretaría de Finanzas; César Yáñez, Comunicación, prensa y propaganda; así como Gabriel García, Organización. Héctor Vasconcelos para presidente del Consejo Nacional. En nombre del CEN saliente, Bertha Luján dio un mensaje. Resaltó que en el Distrito Federal fueron la fuerza política más votada en las elecciones de junio pasado. Luján señaló que el reto es 2018. "Ganar y defender el triunfo", sostuvo. "Tenemos proyectos, organización y dirigentes. Estamos frente a una gran oportunidad histórica, podemos contribuir a un mundo mejor, y a un México con justicia". Afirmó que en 2018 "podremos ganar y vencer obstáculos".
Morelia, Mich: Cinco mil policías arribaron a esta capital para garantizar la aplicación de la evaluación docente que se realizará este fin de semana en la entidad. En conferencia de prensa, el gobernador Silvano Aureoles precisó que para la aplicación del Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes se contará con todas las garantías de seguridad, a fin de que los más de tres mil profesores puedan ingresar y salir en completa calma de las sedes donde se realizará la prueba: los estadios Morelos y Venustiano Carranza, el Recinto Ferial y el Palacio del Arte. El mandatario estatal confirmó que en las últimas horas sostuvo reuniones con altos mandos de la Policía Federal (PF) para establecer la estrategia de prevención y contención. Precisó que su gobierno trabaja en la logística para dar la bienvenida y brindar las atenciones correspondientes a los maestros los días 21 y 22 de noviembre en esta capital. El perredista subrayó que ante las actitudes desafiantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), su gobierno mantendrá un absoluto respeto a la libre manifestación, pero advirtió que no se permitirán las afectaciones a terceros ni que se quebrante el estado de derecho. Por otra parte, se informó que a Uruapan –la ciudad más importante del estado después de Morelia– llegaron 200 elementos de la Gendarmería con el mismo objetivo. Fuentes de la PF en el municipio señalaron que los policías arribaron a la cabecera municipal con la instrucción de garantizar la aplicación de la evaluación magisterial contemplada en la reforma educativa.
Detallaron que los agentes federales vienen equipados con equipo antimotines, cascos y escudos, además de sus armas de cargo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FLORENCE TOUSSAINT. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421195.
GUADALAJARA, Jal: Tres hombres fueron acribillados y uno quedó herido al interior de un restaurante ubicado en la zona gastronómica de esta ciudad, en el cruce de las calles Calderón de la Barca y López Cotilla. De acuerdo con testigos, alrededor de las 22 horas de ayer irrumpió en el lugar un comando integrado por cinco sujetos encapuchados vestidos de negro que disparó contra los comensales. Tres de los parroquianos murieron en el lugar y uno más resultó herido. Este último fue trasladado a un hospital, su estado de salud se reporta grave. Los agresores huyeron en una camioneta Dodge Ram gris doble cabina. Autoridades policiacas informaron que en el lugar se localizaron 29 casquillos calibre 9 milímetros.
De manera extraoficial, una de las víctimas fue identificada con el nombre de Daniel Ruano, quien al parecer trabajaba en el Mercado de Abastos. FUENTE. PROCESO. AUTOR: GLORIA REZA M. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421210
MÉXICO, D.F: Con vacíos, omisiones en materia energética y violaciones graves a los derechos humanos, así como la supresión de avances y garantías para el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información, la Cámara de Senadores aprobó por mayoría la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunque el dictamen fue avalado por una aplastante mayoría de 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, varios senadores y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que se trata de una ley incompleta que no cumple con las expectativas y en algunos casos es contraria al espíritu de la reforma constitucional en la materia. “Es incongruente respecto a la Ley General de Transparencia y –por si fuera poco– va en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y el principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho”, alertaron desde ayer 16 organizaciones sociales sobre el dictamen. En la discusión en el pleno del Senado, el petista Manuel Bartlett advirtió que la nueva ley es anticonstitucional y tiene “grandes carencias”, pero se aprobará para que el presidente Enrique Peña Nieto la celebre. “Es para que Peña Nieto presuma la ley. Es una gran simulación”, acusó el expriista en su intervención para proponer cambios que fueron rechazados por la mayoría del Senado y luego de que fue aprobado el dictamen de las comisiones de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda por 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. Bartlett advirtió que con la nueva ley no se cumplirá el principio de máxima publicidad, plasmada en el artículo 6 constitucional, porque una de las principales desventajas es que los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se designan a partir del reparto de cuotas entre partidos mayoritarios en el Congreso, por ende no existe garantía de que el Instituto actúe con independencia e imparcialidad. Y advirtió que en materia de delitos graves contra derechos humanos y lesa humanidad seguirá la supresión de la transparencia, pues la ley establece que sólo se podrá proporcionar información respecto a acciones de competencias legales cuando esté documentada, “cuando debiera ser público todo lo que afecte a la sociedad, al país, a la economía, aun cuando no esté documentado”. En otra de sus intervenciones afirmó que “el sector energético no podrá ser escudriñado”, como también están fuera del control de transparencia todas las empresas de radiodifusión nacionales y extranjeras y cualquier fideicomiso o fondo público que reciban y ejerzan recursos públicos. “Es un gran hueco a favor de las trasnacionales”, subrayó, y advirtió que en el propio dictamen se introdujo la autorización a extranjeros para comprar en costas y fronteras. “Es una vergüenza que se metan estos cachirules para negocios sucios. Es una traición al país”. Según el dictamen aprobado, se garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad. Establece que en la aplicación e interpretación de este ordenamiento deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. El INAI es el órgano garante de este derecho y sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, salvo en el caso del consejero jurídico del gobierno, que podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, afirmó que en este dictamen “no hay ocurrencias ni improvisaciones”, sino un trabajo puntual que ha recogido y dado seguimiento a los 12 años de experiencia del instituto garante de la transparencia. A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priisita Cristina Díaz, expresó que “esta Ley Federal de Transparencia atiende las demandas de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública para que ésta sea clara, precisa y expedita”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas, afirmó que debe existir la convicción de que no existe régimen de excepción alguno para el Poder Legislativo, pues el periodo que se les concedió a la Cámara de Diputados y al Senado para establecer sus reglamentos de rendición de cuentas prescribió el último día de agosto pasado. Por tanto, refrendó, el Senado y la Cámara de Diputados, así como sus respectivos grupos parlamentarios y legisladores, “todos estamos obligados, a partir del primero de septiembre (de 2016), a rendir cuentas de los recursos que percibimos para el desempeño de las funciones y de las acciones o desempeño legislativo que tengamos. Ya veremos quién cumple y quién no, porque ahí es donde vienen los nuevos retos”. Además, advirtió, existe la posibilidad de que la “cascada” de legislaciones en materia de transparencia, acceso a la información, archivos, datos personales, así como de instituciones que de ellas deriven, provoque que se anulen entre sí y conculquen el derecho de los ciudadanos. Por su parte, organizaciones del colectivo “¡Transparencia ya!”, como Alianza Cívica, Fundar, Equipo Pueblo, Artículo 19 y Cencos, emitieron un pronunciamiento sobre el dictamen aprobado por la mayoría del Senado, en el que advierten de retrocesos con la nueva ley. “A pesar de múltiples documentos de trabajo, audiencias públicas y propuestas de organizaciones civiles, académicos y especialistas, la participación ciudadana en este caso fue estéril, toda vez que no se atendieron las principales preocupaciones”, subrayan. Y puntualizan que en varios aspectos el contenido del dictamen es contrario al espíritu de la reforma constitucional, como las importantes carencias en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, al que se facultó al consejero jurídico del gobierno. “La falta de certeza sobre el procedimiento, la definición de seguridad nacional, la procedencia, la participación del INAI y del solicitante como terceros interesados, los efectos de la resolución y los tiempos para resolver, entre otros, es suficiente para generar incertidumbre e inseguridad en los solicitantes de la información e incentivos limitados para ejercer el derecho de acceso a la información. “La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el instrumento legal donde el recurso extraordinario de la Consejería Jurídica de Presidencia debe ser claramente acotado en función de su ámbito de competencias restringido a las autoridades públicas del nivel federal”. En un segundo punto, las organizaciones advierten que el INAI queda sin facultad para determinar acceso a información sobre violaciones graves a derechos humanos. “No se le otorga al INAI la facultad de ordenar la desclasificación de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos cuando a primera vista (prima facie) y sin prejuzgar determine que la información está relacionada con estos sucesos. Esta falta de previsión supone una ceguera institucional frente a las recomendaciones que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones de Unidas han hecho al Estado mexicano” Otro aspecto: “Excepción contraria a la Ley General: Contrario a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia vigente y a la Ley General de Transparencia, se prevén excepciones para el acceso a la información que las y los comisionados del INAI deben tener a fin de determinar si la información solicitada es de interés público y resolver el recurso de revisión (artículo 153 del proyecto). “La restricción del derecho de acceso a la información como la de cualquier otro derecho humano requiere motivos, razones y circunstancias suficientes que no se pueden colmar si el INAI no tiene a la vista la información que se busca mantener en secreto. La falta de acceso a la información por parte de las y los comisionados genera que cualquier resolución que niegue el acceso al solicitante, sea arbitraria e ilegal y hace inoperante el cumplimiento de su mandato” Además, se viola el derecho de audiencia: “Se deja en desventaja a los solicitantes de información frente a los sujetos obligados al permitir que estos últimos, en cualquier momento, pidan audiencia para la sustanciación del recurso de revisión (artículo 156, fracción V del proyecto)”.
Y finalmente la obligación de generar información queda fuera de la ley federal. “Tampoco se faculta al INAI, como sí a los comités de transparencia, para ordenar –cuando así proceda– la generación de información. Asimismo, se hace necesario que las resoluciones fijen las medidas de apremio o sanciones a las que haya lugar cuando hubiere dado cuenta de faltas o violaciones a la Ley por los sujetos obligados”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421189
Tras la aprobación, la reforma fue turnada a los congresos estatales, donde tendrá que ser avalada por la mitad más una de las legislaturas locales.
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves 19 de noviembre la minuta que propone la reforma para la desindexación del salario mínimo y desvincularlo para fijar cuotas, pago de créditos y sanciones, entre otros términos legales. Con esa reforma, la primera que vota y aprueba la LXIII legislatura en la Cámara de Diputados, se rompe con 37 años en los que el salario mínimo fue sujeto a un aumento para evitar incrementos inflacionarios, como los montos de créditos o sanciones. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, declaró aprobada la reforma constitucional en lo general y en lo particular y la remitió a las legislaturas de los estados para su ratificación. Para que la reforma sea promulgada, tendrá que ser avalada por la mitad más uno de los congresos locales. Zambrano comentó que la aprobación de la reforma ocurre en un momento oportuno porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos suele emitir el decreto anual en diciembre de cada año, pero esta vez deberá proponer un ajuste significativo y sensato conforme al mandato. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordoñez Hernández, precisó que se reforma el inciso A del Artículo 41 y párrafo primero de la fracción seis del apartado A del Artículo 123 y se adicionan los párrafos seis y siete del apartado B de la Constitución. En general, el dictamen aprueba que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculará, en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. Esta será para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Además, las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán al entregar su equivalente en moneda nacional.
La dependencia informó que revisará la situación de los becarios que requieren ampliar sus estancias de posgrado en el extranjero para 2016, pero no precisó cuándo publicará la convocatoria de renovación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) prometió publicar una convocatoria extraordinaria para renovar las becas de quienes estudian un posgrado en el extranjero, luego de que los alumnos denunciaron que el programa de apoyo estaba cancelado. A través de un comunicado, la dependencia informó que revisará la situación de los becarios que requieren ampliar sus estancias de posgrado en el extranjero para 2016, pero no precisó cuándo publicará la convocatoria de renovación. El área de comunicación social de la SEP explicó a Animal Político que la asignación a la partida presupuestal de Programa de Movilidad Internacional de Posgrado depende de la Cámara de Diputados y no de la dependencia. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aún no publica el desglose del presupuesto para 2016 para verificar el monto designado para esta partida, que forma parte de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la subsecretaría de Educación Superior. “La Coordinación Nacional de Becas se atiende ese asunto, y se prepara la publicación de una convocatoria extraordinaria para la asignación de becas necesarias para la continuación de estudios, siempre y cuando los participantes califiquen con todos los requisitos establecidos en la misma”, se informa en el comunicado. El subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, atenderá la situación de los becarios mexicanos en otros países, y “garantizar los lineamientos establecidos en la Reforma Educativa en cuanto al fomento de la equidad y la inclusión”. Proceso publicó que alumnos de posgrado denunciaron que ya no recibirían la beca debido a recortes presupuestales para 2016, según les habían informado.
MÉXICO, DF: La juez segundo penal con sede en Apatzingán, Michoacán, dictó una sentencia condenatoria de un año de prisión y una multa de 6 mil 500 pesos contra Hipólito Mora, fundador y exlíder de autodefensas en el municipio de Buenavista, por el delito de secuestro. Según la autoridad judicial se acreditó su plena responsabilidad en el secuestro de un joven que se ostentaba como autodefensa y que en febrero de 2014 llevaba a cabo una manifestación en el municipio de Yurécuaro. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Mora Chávez goza actualmente del beneficio de libertad bajo caución por dicho delito, con motivo del proceso penal No. 210/2014. En dicha sentencia la juez concede al sentenciado el beneficio de la conmutación de la sanción impuesta y lo condena al pago de la reparación del daño. Hipólito Mora afirmó que detrás del fallo de la juez que lo condenó a un año de prisión están la influencia del procurador de Justicia José Martín Godoy Castro y del presidente del Tribunal de Justicia Juan Antonio Magaña de la Mora. En entrevista telefónica el también exintegrante de la Fuerza Rural de La Ruana dijo que la sentencia de la juez no fue dictada con libertad, y que fueron Godoy Castro y Magaña de la Mora quienes la presionaron. Agregó que a pesar de que las evidencias siempre lo han favorecido, en un par de ocasiones lo han recluido injustamente y ahora pretenden nuevamente meterlo a la cárcel. “La persona que yo hago responsable de esto es al procurador José Martín Godoy y al presidente del Tribunal Magaña de la Mora, que es quien ordenó a la jueza en Apatzingán para que dictara esta sentencia. No se vale que obliguen a jueces buenos a ir contra sus principios”, dijo el exlíder de autodefensas. Hipólito Mora ha estado recluido en dos ocasiones anteriores. La primera fue en marzo del año pasado por su presunta coparticipación en los asesinatos de Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo”, y José Luis Torres, “Nino Torres”, dos integrantes del grupo de Luis Antonio González Torres, El Americano. Mora Chávez fue liberado un mes después pues el juez no encontró elementos suficientes para procesarlo. La segunda detención del exlíder de autodefensa fue por un enfrentamiento con el grupo de Luis Antonio González Torres, El Americano, en diciembre del año pasado en La Ruana. En dicho enfrentamiento murieron 11 personas, entre ellas el hijo de Mora Chávez.
En ese caso la justicia informó que no encontró elementos probatorios sobre su presunta responsabilidad en el homicidio de tres personas del bando de El Americano. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421194
MÉXICO, DF: Dos de los hombres más cercanos al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fueron ascendidos a general de división por el presidente Enrique Peña Nieto. Uno de ellos es el general Juan Manuel Rico Gámez, actual subjefe de Inteligencia del Ejército y quien en el sexenio pasado fue mencionado en una investigación de la Procuraduría General de la república (PGR) sobre la presunta red de protección militar al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer este jueves la lista anual de ascensos, en la que seis generales de brigada ascendieron a general de división, el máximo grado dentro del Ejército mexicano. En los ascensos figuran dos de los principales funcionarios de la Sedena: el propio general Rico Gámez, subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y el general de ala, piloto aviador, Víctor Manuel Ruesga Ramírez. Los otros cuatro nuevos divisionarios son los generales Adolfo Domínguez Martínez, comandante de la 10 Zona Militar, ubicada en Durango; Juan Manuel Castillo Segura, director general de las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena; Dagoberto Espinosa Rodríguez, comandante de la VIII Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y Lucino Carlos Piedra Lezama, excomandante de la XV Zona Militar, en Jalisco. El nombre del general Rico Gámez fue incluido el sexenio pasado en una lista de generales a los que se pretendía involucrar con el clan Beltrán Leyva, según declaró a la revista Proceso el mayor Iván Reyna, procesado por narcotráfico. En la edición 1860 del semanario, de junio de 2012, el mayor aseguró que fue presionado en la PGR para declarar en contra de Rico Gámez y otros generales. Reyna fue acusado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, en la que también se consignó al general Tomás Ángeles Dahuare, quien al comienzo del actual gobierno fue dejado en libertad. La PGR se desistió al asegurar que no había elementos para responsabilizarlo. La acusación contra Rico Gámez buscaba implicarlo por su paso como comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, Guerrero. De esa unidad depende el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cuyo papel en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa aún no se ha esclarecido. Ahora Rico Gámez es uno de los hombres más cercanos al general secretario y ocupa una de las posiciones más importantes dentro del Ejército. Otro colaborador cercano del general Cienfuegos que ascendió a divisionario es el general de ala piloto aviador Víctor Manuel Ruesga Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
En mayo pasado, el general Ruesgo participó desde la Ciudad de México en el fallido operativo en Jalisco para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”. En la persecución fue derribado con un misil antiaéreo un helicóptero Cougar de la FAM. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421173
MÉXICO, DF: El diario británico The Independent publicó su lista con las 50 personas más poderosas del mundo en la que incluyó a dos mexicanos: el magnate Carlos Slim y el líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán. El dueño de grupo Carso se encuentra en el lugar 25 mientras que Guzmán Loera se ubica en el lugar 48 pero es el único narcotraficante incluido en la lista. The Independent consideró integrarlo en su lista porque es “el más rico y el más notorio capo en el planeta” y destacó que para llevar a cabo su segunda fuga de un penal de máxima seguridad El Chapo gastó 50 millones en la construcción de un “túnel laberíntico” por el que escapó. “Para bien o para mal las decisiones de estas personas afectan a millones, mueven la industria y cambian naciones” refirió el diario británico sobre los nombres que aparecen en su lista. De hecho Slim y Guzmán Loera han aparecido en las listas de los más ricos y poderosos de Forbes aunque en 2013 la revista neoyorkina decidió sacar al líder del cártel de Sinaloa de su lista después de incluirlo tres años consecutivos porque no era posible acercarse al capo para saber cómo gastaba el dinero ilícito que ganaba y verificar las cifras sobre su fortuna.
En el ranking publicado por The Independent, también se incluye al Papa Francisco, a los cantantes Jay Z y Beyoncé, así como diversos CEO y presidentes de compañías transnacionales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421128
México, DF. La moneda mexicana recuperó 15 centavos en su paridad con el dólar tras el anuncio de la Comisión de Cambios sobre la suspensión, a partir del próximo 23 de noviembre, de la subasta diaria de 200 millones de dólares sin precio mínimo y se vendió a 16.92 pesos en las ventanillas bancarias, su menor precio en dos semanas. El dólar Fix, determinado por el Banco de México para el pago de obligaciones en moneda extranjera, redujo su cotización de 16.7636 pesos en la víspera a 16.5748 al cierre de hoy, lo que representó una apreciación de 1.1 por ciento para la moneda nacional; en tanto que en las grandes operaciones interbancarias la divisa estadunidense se vendió a 16.63 pesos, 14 centavos por debajo del cierre anterior. Todavía hoy se llevó a cabo la subasta de 200 millones de dólares sin precio fijo, a la que se presentaron 44 posturas que en conjunto demandaban 724 millones de dólares, una cantidad que rebasó en 262 por ciento a la oferta del banco central.
GUANAJUATO, Gto: En un aparente ajuste de cuentas relacionado con el robo de hidrocarburos, seis personas –entre ellas tres mujeres– murieron acribilladas la noche del miércoles en dos hechos relacionados, en una forrajera y un negocio de comida en el municipio de Pénjamo, al sur del estado. En el segundo caso se suscitó una balacera entre un grupo que ingresó al local y varios comensales que ahí se encontraban. En Yuriria, otro hombre también fue acribillado anoche en el exterior de unos locales comerciales en la comunidad de San José de Cerano, poco después de las nueve de la noche. El primer incidente ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del miércoles, en una forrajera ubicada en la carretera federal 37, frente a la comunidad La Quesera, a donde llegaron varios hombres en una camioneta GMC Yukon dorada, quienes salieron del vehículo y entraron al establecimiento, disparando contra un hombre identificado como Ramiro Torres Vázquez, de 41 años, que murió al recibir varios impactos de bala en el pecho, el abdomen y la cabeza. Los servicios periciales de la Procuraduría recuperaron casquillos de tres calibres distintos, informó el subprocurador César Gasca Toledo. Unas horas después, cerca de las once de la noche, la Policía Municipal de Pénjamo notificó a la PGJE de una balacera suscitada en un restaurante sobre la carretera federal Pénjamo-La Piedad, a la altura del kilómetro 76. Al acudir al lugar encontraron los cuerpos de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos con múltiples heridas de bala. Una mujer más que fue herida falleció cuando era atendida en el hospital general de La Piedad, donde permanece hospitalizado otro lesionado que es reportado en condición estable. Según el subprocurador Gasca sólo se ha podido identificar a uno de los hombres acribillados, de nombre Gilberto Zavala Frías, así como a la mujer que murió en el hospital, María Verónica Anguiano Ruiz, quien tenía 24 años y vivía en la comunidad de Santa Ana Pacueco, en Pénjamo. Según los indicios y testimonios recabados por la Procuraduría, al negocio de comida llegaron a cenar varias personas en una camioneta Ford Lobo de color rojo con placas de Guerrero y una Chevrolet guinda con placas de Guanajuato. Minutos después entraron los ocupantes de una camioneta GMC Yukon también a sentarse ante una mesa. Este vehículo, según señaló el subprocurador, habría sido el mismo que se utilizó en el asesinato cometido en la forrajera, perpetrado unas horas antes. Casi detrás de estos últimos arribaron varios hombres en tres camionetas, quienes rápidamente descendieron de las unidades con armas de alto poder en las manos y entraron al local disparando. Algunos de los hombres que se encontraban en el interior sacaron armas y se desató un tiroteo por unos minutos, luego de lo cual el grupo armado que entró disparando al establecimiento huyó. En el sitio se encontraron más de 200 casquillos de armas AK 47 o ‘cuerno de chivo’. La Procuraduría estableció como la principal línea de investigación el robo de hidrocarburos, en virtud de que en la inspección del lugar y los inmuebles aledaños se encontraron contenedores con combustible, lo mismo que en una de las camionetas afuera del restaurante, que había sido conducida por uno de los hombres fallecidos en el lugar. Otra ataque Anoche mismo se desató otro ataque contra un negocio, éste en la comunidad de Santa Teresa, muy cerca de la zona urbana de la capital del estado, que dejó como saldo dos personas lesionadas. Varios hombres con los rostros cubiertos por pasamontañas llegaron al exterior de una vulcanizadora y un negocio de vidrios y aluminios, y rafaguearon las fachadas de ambos locales.
Posteriormente, ingresaron a uno de ellos y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior trabajando –cuatro adultos y un menor de edad–, quienes alcanzaron a ponerse a salvo. Uno de ellos sufrió una herida en una mano y otro un rozón. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421158
La administración estatal deberá pagar a la Federación un total de 104.4 millones de pesos por dejar de cobrar impuestos de manera indebida.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encargará de la vigilancia del pago de impuestos federales en Sonora, del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, debido a que el gobierno del estado dejó de cobrar en perjuicio del fisco federal mil 705 millones de pesos. El gobierno de Sonora se hizo acreedor a una sanción consistente en “el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación”. Tres denuncias anónimas de principios de 2015, en las que se señaló que 574 contribuyentes fueron beneficiados a través de 829 auditorías realizadas por la Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora, fueron el origen de la determinación del SAT, dada a conocer este jueves en un comunicado. “De acuerdo con la información proporcionada en las mismas se señaló un monto de 1,705 millones de pesos, que se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal”, afirmó. El SAT realizó la verificación de 198 auditorías detectándose diversos incumplimientos a las disposiciones legales federales y diversas anomalías en los procedimientos realizados por el Estado al realizar las mismas. En algunos casos se comprobó que el gobierno de Sonora autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado y de retenciones de ISR e IVA, en contravención al Código Fiscal de la Federación. Además se detectó que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia y se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas principalmente, generando con ello afectación a los intereses del fisco federal.
La administración sonorense retomará las facultades de comprobación fiscal a partir del 1 de enero de 2016. SAT sanciona al estado de Sonora:
La falta de transparencia es evidentemente una de las causas del desarrollo de la corrupción, pero la existencia de un programa de transparencia no implica que no haya corrupción. Para que no haya corrupción sí se necesitan implementar medidas, y para implementar medidas se necesita independencia; se necesita que quien controla no tenga ningún tipo de relación con la persona o el cargo o figura institucional que debe ser controlada, señaló Stefano Fumarulo, especialista en temas anticorrupción e integrante de la comisión antimafia en el parlamento italiano. En entrevista para Aristegui CNN, puntualizó que la investigación periodística sobre la ‘Casa Blanca’ “evidencia y subraya dos problemas: primero, la falta de un sistema que actúe automáticamente cuando surge un problema de este tipo; el segundo es una cuestión meramente política. Yo creo que si un político está acusado de algo y está seguro de no haber cometido alguna irregularidad, es mejor para él que sea un organismo independiente el que evalué su acción, y no un compañero de partido o gobierno“, como fue el caso del secretario Virgilio Andrade, quien concluyó -tras su propia investigación-, que no existió conflicto de interés en las compras de casas a contratistas del gobierno de Enrique Peña Nieto. “La gente se queda con la idea que todo está organizado para cubrir los hechos, políticamente es un ‘autogol’“, sentenció sobre la investigación de Andrade, quien fue tundido esta semana en su comparecencia en la Cámara de Diputados. En Italia, refirió, no hay casos similares al mexicano, donde la residencia en la que vivían el presidente y su esposa fue adquirida, hecha y está a nombre de una filial de Grupo Higa, empresa que ha obtenido millonarios contratos desde el gobierno de Peña en el Estado de México y actualmente en el gobierno federal. Fumarulo reveló que aceptó la invitación de visitar México “porque Italia tiene una larga experiencia tanto en temas de mafia como en temas de corrupción. De camino a México leí algunos artículos académicos donde se describía a la corrupción de la antigua Roma y me llamó la atención una ley aprobada por Cicerón que prohibía los juegos de gladiadores ofrecidos por los candidatos a las elecciones políticas, dos años antes de las elecciones”. “Pensé en lo que pasa en las elecciones en Italia o en México, donde los juegos, los banquetes, las fiestas, forman parte de la campaña electoral y desafortunadamente consisten en la compra-venta de votos”, mencionó. Consideró que es fundamental intercambiar experiencias, pero aún más importante es que luego el intercambio de experiencias llegue a algún punto concreto, ”me gustaría que mi aportación tuviera algunos resultados”. “La cosa más relevante que hemos vivido en Italia los últimos tres años ha sido la creación de una autoridad nacional anticorrupción independiente“, apuntó. Lo anterior se logró a través de “varias presiones de la sociedad civil, debidas a que Italia firmó y ratificó convenciones internacionales… y a través de un atento análisis de los medios de comunicación que empezaron a señalar los casos de corrupción que no tenían consecuencias, el actual primer Ministro decidió nombrar al fiscal, muy independiente”, contó. Dicho fiscal “está trabajando muy bien a todos los niveles de Estado…. ahora todas las administraciones tienen la obligación de entregar un plan contra la corrupción”, destacó. La ciudadanía en muchas partes del mundo “ya está cansada de lo que pasa en los congresos, de lo que pasa en los gobiernos, y los políticos tienen el deber de actuar… para eliminar la diferencia entre sus ciudadanos, para hacer que cada país sea mejor”, sostuvo. “Hace unos años en Italia empezó una campaña que se llama ‘Reactiva el futuro’, tiene algunos datos interesantes, cada candidato a cualquier tipo de elección tiene la posibilidad de adherirse a esta campaña aportando algunos documentos, primero su currículum segundo sus antecedentes penales y tercero una declaración patrimonial, cuánto ganó el año anterior, cuántos inmuebles tiene… si tiene cuotas en cooperativas”, expuso. Los candidatos que participan en la campaña “reciben una pulsera y pueden caminar durante la campaña electoral con la seguridad de ser un candidato limpio”, detalló. La adhesión a esta campaña también es “para comprometerse una vez ganadas las elecciones a hacer unas acciones administrativas o políticas, y con un monitoreo. Ha sido interesante, ha crecido durante estos años”. “Es una cuestión cultural que en Italia no teníamos, vivimos durante décadas con corrupción que empezaba en el período electoral”, indicó. A eso se le fue poniendo fin “gracias a la campaña, a la presión de los medios de comunicación, presión que hicieron académicos que analizaron casos de corrupción”. “En Italia hemos tenido décadas de desastres, donde la clase política no daba cuentas a nadie de lo que hacia. En 1992 la operación de la Procuraduría de Milán ‘manos limpias’ abrió la ventana a un sistema de corrupción total. Casi el 60 por ciento de los diputados y senadores del Parlamento italiano estuvieron bajo investigación, algunos fueron a la cárcel… otros absueltos”, abundó. “La gente se ilusionó, estaba feliz… luego pasó que la Legislación italiana no estaba bien y de todas las decenas de investigaciones que se abrieron muy pocas tuvieron consecuencias relevantes”, reconoció. Stefano Fumarulo también habló sobre cómo el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, llegó a entorpecer los logros, pero “luego Berlusconi cayó y la gente una vez más volvió a la política pero de manera muy crítica”. Y así se logró la entrada al parlamento del movimiento ‘cinco estrellas’, que tenía como principales banderas la “transparencia, transparencia y transparencia, son todos iguales, los vamos a denunciar a todos”. Entrevista:
El texto que regula la propaganda gubernamental fue redactado por el senador Manuel Camacho Solís, quien falleció en junio.
La bancada del PRD en el Senado de la República presentó una excitativa de reforma constitucional para regular y acotar la propaganda gubernamental, la cual plantea que sólo sea utilizada para campañas de salud, educación y protección civil. El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo Aburto, presentó la excitativa este jueves y destacó que ésta fue redactada por el senador Manuel Camacho Solís, quien falleció el pasado mes de junio. En ella señaló que la comunicación entre autoridades y ciudadanos es un componente fundamental en una democracia, pero el esquema diseñado para esto podría utilizarse para promover la imagen personal de los funcionarios y no para informar. Anotó que esta práctica lesiona a la democracia, pues no contribuye a tener una sociedad mejor informada, además de que se destinan recursos públicos para fines personales y se facilita el control sobre los medios de comunicación mediante la asignación selectiva de contratos de publicidad. El problema no está en el modelo electoral de compra o adquisición de medios como se ha tratado de abordar el tema, sino en la propaganda gubernamental y la gran cantidad de recursos públicos invertidos en ello, consideró. “Los ciudadanos tienen que estar informados de la acción del gobierno, desde luego que sí, pero no de esta forma, no con spots que no dicen nada, que en el umbral de percepción de los ciudadanos están prácticamente desaparecidos”, dijo. Por ello, la propuesta busca modificar el Artículo 134 constitucional para que únicamente se permita la difusión de información gubernamental de suma importancia para la sociedad, como campañas de salud, educación y protección civil. Que en ningún caso incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La excitativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Radio Televisión y Cinematografía; Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República.
En el documento -que se presenta a continuación- se solicita formular esta excitativa a dichas comisiones para que se reúnan “y dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental”: EXCITATIVA SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.docx by Aristegui Noticias:
