En conferencia de prensa realizada esta mañana en la ofrenda de Palacio de Gobierno, los familiares de las víctimas acompañados por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez y el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, los activistas advirtieron que demandarán a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos.
Además, advirtieron que acudirán a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para que intervengan y coadyuven junto con la UAEM en el esclarecimiento del caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos.
Incluso afirmaron que si no son escuchados, como ocurrió con el gobierno de Morelos, ellos mismos abrirán las fosas para comprobar la identidad de los cuerpos, con la ayuda de la Universidad.
Este viernes, alrededor de las 5 de la tarde se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, el fiscal morelense Javier Pérez Durón, el rector y representantes de colectivos para abordar el tema de las fosas clandestinas en Tetelcingo, en Cuautla.
Al principio el fiscal no se presentó a la reunión y eso provocó un primer encontronazo entre víctimas y autoridades. De hecho, los ofendidos se levantaron de la mesa hasta que no llegara Pérez Durón.
El fiscal se presentó una hora después con una actitud prepotente y respondió con evasivas a los cuestionamientos de las víctimas.
La reunión alcanzó un momento de conciliación a las 10 de la noche. A esa hora los funcionarios se retiraron mientras una comisión representativa de todas las partes intentó elaborar un documento final de compromisos y acuerdos.
Sin embargo, después de casi una hora se rompió la posibilidad de concretar convenios, pues funcionarios de la Fiscalía y del gobierno del estado rechazaron los acuerdos.
En el Salón Morelos de Palacio de Gobierno se instaló una asamblea conformada por familiares de víctimas, el rector de la UAEM y Javier Sicilia, quienes elaboraron un documento de acuerdos que incluía el reconocimiento de la UAEM como coadyuvante principal en las indagatorias de los procedimientos, en la revisión de las carpetas de investigación, la exhumación de los cuerpos, la práctica de los exámenes genéticos y peritajes.
El documento también incluía la demanda de seguridad inmediata para la familia de Oliver Wenceslao, así como de las demás familias que buscan a sus desaparecidos en Morelos. Asimismo exigían una disculpa pública de Graco Ramírez por los agravios a la familia de Oliver.
En el pliego se comprometía a la Secretaría de Gobierno para que gestionara que el Congreso del Estado apruebe a la brevedad la iniciativa de reforma para dotarle a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Morelos de la autonomía para que desarrolle su trabajo de manera independiente y con apego a derecho.
Se propuso además el compromiso de “la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado a establecer una mesa de trabajo interinstitucional con los familiares de víctimas y sus organizaciones, así como con quien éstas crean necesario para informar, analizar y evaluar, por lo menos una vez al mes, los avances de los resultados de las investigaciones”.
Se exigió también que el gobierno del estado, al igual que lo hizo la PGR en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, solicite “la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su intervención integral por estos hechos” referentes a las fosas clandestinas de Tetelcingo, y las demás que existan en la entidad.
Ausencias, regateos y burlas
Consensuado el documento, al filo de las 11 de la noche se llamó a las autoridades estatales y ya sólo se presentaron, por la Secretaría de Gobierno, Iraís Ortega Zúñiga, secretaria técnica de la Comisión Estatal de la Prevención para la Violencia de Género; y de la Fiscalía, la recién nombrada fiscal regional metropolitana, Rosa Isela Pérez Martínez.
Mientras tanto, el gobernador Graco Ramírez subía a sus cuentas de Twitter que en esos momentos se encontraba “celebrando el 60 aniversario” del restaurante “Las Mañanitas”, ubicado en Cuernavaca.
Además, exhibía fotografías de la fiesta en la que participaba, mientras familiares de desaparecidos de todo el país exigían justicia y sólo obtenían burlas.
Se hizo saber a las funcionarias presentes en Palacio de Gobierno el contenido del documento y se fueron a otra oficina “para consultar” con sus jefes. Tardaron una hora en regresar. Ya durante la madrugada del sábado presentaron una serie de “observaciones”. Vino el momento del regateo. Algunas de las demandas fueron aceptadas, otras más propusieron cambios accesorios pero hubo cinco en las que no cedieron.
En el punto número dos, el gobierno se opuso al inciso A, mismo que establece que “la Fiscalía se compromete a aceptar la colaboración de la UAEM para: A) la investigación de los procedimientos que se llevaron a cabo en la inhumación de los cuerpos”.
Según el rector Vera Jiménez, “todo parece indicar que aquí está una parte fundamental para el esclarecimiento del caso y la Fiscalía pretende ocultar información de las carpetas de investigación, por alguna razón”.
También, el gobierno se negó a comprometerse a que Graco Ramírez ofrezca una disculpa pública a la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández “por los agravios causados por parte de todas las autoridades que fueron negligentes”.
A las 2 de la mañana, después de tres rondas de regateo, las funcionarias revelaron que sus jefes, el secretario de Gobierno y el fiscal general, hacía rato que se habían retirado del Palacio de Gobierno.
Los familiares estallaron entonces: “¿Cómo puede ser posible?, ¿Entonces con quiénes vamos a firmar los acuerdos, en caso de que alcancemos alguno?”. Luego se levantaron de la mesa para acordar la conferencia de prensa de este sábado a las 9 de la mañana.
Javier Sicilia afirmó en conferencia que “lo que está detrás de esto es el ocultamiento de una serie de complicidades de parte de funcionarios de todos los niveles en el gobierno del estado con la delincuencia organizada, además de que no están dispuestos a permitir la coadyuvancia de la UAEM, pero sobre todo, no están dispuestos a admitir la responsabilidad de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a la ley, revictimizando a las familias, persiguiéndolas y burlándolas”.
Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, estalló ante la prensa: “En mi rancho, esto que nos indigna, esto que nos hicieron, se llaman chingaderas. Estos cabrones no asumen su responsabilidad y mientras nosotros buscamos justicia, ellos andan de fiesta o están durmiendo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
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