MÉXICO, DF: Ante la posibilidad de ser detenidos como presuntos participantes en la fuga del Chapo Guzmán Loera, dos de sus abogados solicitaron amparo de la justicia federal. Se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez y Andrés Granados Flores, parte del equipo de siete litigantes que desde el 22 de febrero de 2014 –cuando el capo fue detenido por segunda vez– presentaron recursos jurídicos para que no lo cambiaran de celda ni de penal, además de que la autoridad no le confiscara sus bienes ni lo extraditara a Estados Unidos. El 11 de julio pasado, el líder del Cártel de Sinaloa se fugó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. Tres meses después, el 21 de octubre de 2015, el coordinador de sus defensores, Gómez Núñez, fue detenido como presunto organizador de la evasión. Ante ello, Granados Flores decidió protegerse. El 22 de octubre tramitó el “amparo indirecto” 1649/2015 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Alegó violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución. El Consejo de la Judicatura Federal refirió que Granados Flores pidió protección para evitar la “orden de búsqueda y localización”. El 27 de octubre se le pidió que ratificara la solicitud pero no acudió, por lo que el jueves 12 el juez determinó “no tener por presentada la demanda”. El miércoles 17, el Consejo de la Judicatura decidió subir a la red el documento correspondiente. Granados Flores fue detenido la semana siguiente a la fuga del Chapo, pero salió de prisión al mismo tiempo que un grupo de custodios y encargados de monitorear la celda vulnerada. De acuerdo con el gobierno federal, Granados Flores contribuyó a la fuga “buscando los planos del penal de Almoloya a la vez que servía de mensajero con otros miembros del Cártel de Sinaloa”. Con este abogado también fue aprehendido y liberado su hermano Javier Granados Flores, quien trabaja al menos desde hacía 10 años en la Policía Federal, aunque se desconoce si estaba asignado al penal de alta seguridad El Altiplano. Javier Granados fue sancionado de manera “pública” el 9 de diciembre de 2005 por “negligencia administrativa”, como lo indica el expediente ER-342/2005 del Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública. Operadores Granados Flores y Gómez Núñez fueron designados defensores en el juicio de apelación en contra del auto de formal prisión del 5 de marzo de 2014 dictado a Guzmán Loera, según el expediente 182/2014 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal Federal, con sede en Toluca. El 21 de octubre, Gómez Núñez fue detenido al salir de un juzgado federal y recluido en el mismo penal que su cliente bajo el cargo de orquestar la fuga de su defendido. De acuerdo con las “fichas de información sobre los avances de la investigación” que las autoridades federales entregaron a senadores, Gómez Núñez coordinó la fuga y pagó a los cómplices, para lo cual mantuvo comunicación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La reportera Leticia Robles de la Rosa, de Excélsior, reveló el contenido de tales fichas, en las que se hace el señalamiento contra el coordinador de la defensa del Chapo: “El evadido mantuvo comunicación con él (Gómez Núñez) y con operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la finalidad de informar la situación jurídica de los arraigados por la participación en la fuga de Guzmán y para gestionar el pago de honorarios para todo el equipo legal”. Más adelante se refieren al litigante como el “operador y organizador de la evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera” y quien “además de fungir como enlace con operadores del Cártel del Pacífico, representaba al mismo tiempo la defensa” del capo. Se informa también que Gómez Núñez egresó como licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1991. Su cédula profesional es la 1611378. La ficha afirma que “su capacidad de operación le permitió proveer de documentación apócrifa, como credenciales y actas de nacimiento, a las personas que El Chapo pedía que ingresaran a visitarlo al penal, entre las que se identifica a la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López”. En otra se sostiene que “la participación de Gómez Núñez en la fuga fue tal que gestionó la compra del terreno en donde se construyó el túnel por el que se evadió El Chapo Guzmán, realizó el pago de gastos que originó la construcción de una casa y la bodega que cubrían el túnel, con un costo de $400,000.00, pagándole a los albañiles los días sábados. Él mismo ordenó la entrega del predio una vez terminada la construcción”. A decir de Juan Pablo Badillo Soto, integrante del equipo jurídico de Guzmán Loera y encargado de evitar su extradición en caso de que sea reaprehendido, los siete defensores se comunicaban entre sí pero “ninguno intervenía en la causa del otro”. Explica: “El compromiso era no intervenir unos con otros. Estábamos en contacto entre nosotros pero en especial con uno de ellos: Gómez Núñez, quien agendaba los encuentros con el señor, aunque a mí se me estaban negando las visitas. Incluso no me agendó y antes de la evasión llevaba cuatro meses sin verlo”. Como parte de la defensa del Chapo, Badillo Soto ha promovido los juicios 1233/2014, 733/2015, 118/2015, 712/2015, 732/2015 y 967/2015 en diversos juzgados, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, y todos en curso. Pero recientemente promovió uno más, en favor de quien encabezó el equipo de abogados del Chapo: Óscar Manuel Gómez Núñez. Al tramitar el amparo 1160/2015, Badillo Soto pidió la “suspensión de plano” en favor de Gómez Núñez, “la cual se me concedió al momento y el objetivo era que fuera presentado en total estado de salud ante un juez. La demanda fue ante la inminencia del riesgo de ser torturado, desaparecido o privado de la vida o incomunicado, y apelé al artículo 22 de la Constitución, que en su primer párrafo prohíbe el tormento de cualquier especie (tortura)”. Badillo Soto consiguió dicha suspensión de plano el 23 de octubre, por lo que Gómez Núñez fue presentado ante un juez. En entrevista, Badillo Soto aclara que no fue gente allegada a Guzmán Loera quien le pidió defender al excoordinador de su defensa, “sino la familia (de Gómez Núñez), que temía que algo le pasara”. Pero comenta que una vez atendida la petición, dejará el caso. Al igual que el abogado Granados Flores, Badillo Soto tiene un familiar en el gobierno federal. Cuestionado sobre su hijo, que trabaja en una de las direcciones generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, afirma que eso nada tiene que ver con su determinación de defender a Guzmán Loera. Agrega que sus familiares “incluso me han pedido que deje el caso, pero yo tengo el compromiso ético de llegar al final”. Dice que es el único caso que lleva por el momento. Pero no es la primera vez que Badillo Soto trabaja para El Chapo. En 1993 lo defendió durante seis años. “Eran otros tiempos, otras reglas, porque en aquellos años lo veía el tiempo que requería, hasta dos veces por semana. Ahora fue más difícil, pues dejé de tener contacto con él cuatro meses antes de su evasión, y quien se encargaba del acceso o agendarlo a uno era justamente Gómez Núñez, y a mí ya no me dejaba entrar a ver al señor”.
Asegura que, a diferencia de otros defensores, él no se amparará porque no cometió ningún delito. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL). LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421509
Aunque en 2014 fue una iniciativa preferente de Peña Nieto, en el Presupuesto de Egresos de 2016 tampoco se asignaron recursos para implementar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Sistema Nacional para proteger a la infancia mexicana tendrá un año más como letra muerta y sólo demagogia. Aunque la ley para crearlo se aprobó en diciembre de 2014, ya van dos Presupuestos de Egresos en los que no se le asignan recursos. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos. Ésta fue una iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso en septiembre de 2014 y que se promulgó en diciembre de ese año. Según la legislación, es obligatoria la asignación presupuestal suficiente para cumplir la ley y crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Procuraduría Federal de Protección de la infancia y el Sistema Nacional de Información sobre Infancia, que se alimente de datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. Hasta ahora, la ley no opera y tampoco se ha creado la Secretaría Ejecutiva dentro de Gobernación para implementarla y dar seguimiento a sus mandatos, alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “Hay mandatos de ley que se tienen que cumplir y sin presupuesto no hay ninguna posibilidad real de que ocurra. El dinero que está tradicionalmente asignado a la agenda es un presupuesto inercial, es el que cada año se etiqueta, que no cambia, lo mismo se le da a educación, a salud que a pueblos indígenas. Pero que ese dinero exista no implica que se cumpla con la ley porque la ley mandata específicamente la creación de una secretaría ejecutiva en Gobernación y la asignación presupuestal específica”, explicó en entrevista Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red. Con esta legislación se busca coordinar cada programa presupuestal de los tres niveles de gobierno que atienda a la infancia, para sumar esfuerzos y evitar políticas públicas aisladas. “La gran tarea es transversalizar la agenda, vincular estados con secretarias, con municipios, articular esfuerzos para que éstos no sean aislados. Si son esfuerzos aislados, no logran impactar”, dijo Juan Martín. El 4 de diciembre de 2014, un día después de que esta ley se promulgó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó el avance que implicó que México aprobara una ley para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 4% del Producto Interno Bruto del país para cada año. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación”, destacó Unicef en diciembre de 2014 sobre la legislación. Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se le asignaron recursos; y según lo votado por los diputados para el Presupuesto de 2016, tampoco habrá dinero destinado al proyecto. Con esto, son dos años sin etiquetar recursos desde el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen aprobado por el Legislativo. La Red por los Derechos de la Infancia hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, principalmente, para analizar y definir el gasto público que se necesita para implementar esta ley; pues esa instancia del gobierno federal puede hacer ajustes de presupuesto durante el primer trimestre del próximo año. “Sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. Se requieren recursos para la urgente creación del Sistema Nacional de Información sobre Derechos de la Infancia y para la formación de funcionarias y funcionarios públicos que operan los programas desde un enfoque de derechos humanos”, demanda la Redim. El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado. El monto asciende a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos para ejercer en 2016.
La Suprema Corte discutirá mañana el amparo que busca anular el decreto presidencial que retiró al Nevado de Toluca su estatus de Parque Nacional.
Luego de posponer por tres semanas consecutivas la discusión de un amparo con el que se busca anular el decreto presidencial que retiró al Nevado de Toluca su estatus de Parque Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó este debate para este miércoles 25 de noviembre. En el marco de este análisis jurídico en el máximo tribunal del país, Luz Emilia Aguilar Zínzer, promovente del amparo 779/2014, lanzó a través de la plataforma Change.org una petición dirigida a la Suprema Corte, en la que destaca que la recategorización del Nevado de Toluca –decretada en octubre de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto– “significa la legalización de las actividades devastadoras en su territorio (además de que) el proceso de recategorización se dio a partir de un estudio con importantes imprecisiones y vacíos, y sin la necesaria consulta con los habitantes de la zona, ni a los expertos en el tema”. El decreto del presidente Peña Nieto otorgó al Nevado de Toluca la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, y autorizó expresamente la realización de actividades productivas que han deforestado la zona, como la tala, la agricultura, la ganadería, la acuacultura y la extracción de especies. El Nevado de Toluca mantenía el estatus de Parque Nacional desde 1936, año en que le fue conferida esa categoría de protección ambiental por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Según el decreto de 1936, la montaña y los bosques del Nevado de Toluca debían obtener la máxima categoría de protección, impidiendo que se realizara cualquier actividad productiva, para garantizar la alimentación de dos cuencas hidrológicas que llevan agua a distintas ciudades del Valle de México, el Valle de Toluca y el norte de Guerrero. Sin embargo, las autoridades subsecuentes omitieron hacer valer la estricta protección establecida en el Nevado de Toluca, lo que derivó en décadas de tala clandestina, agricultura y ganadería ilegales, invasiones de suelo e, incluso, extracciones mineras, actividades que finalmente fueron autorizadas por Peña Nieto, en 2013. A dos años de que fuese emitido el decreto de Peña Nieto, destaca la petición que ya cuenta con mil 400 adherentes, en el Nevado de Toluca “ya se multiplican las bardas que fragmentan el bosque”, además de que “está en puerta la edificación de una estación de tren”.
Con la recategorización, además, el territorio original del Nevado de Toluca fue recortado, y mediante este proceso fueron desagregados del área protegida distintos terrenos de alto valor inmobiliario, por lo que los signantes de esta petición, dirigida a la SCJN, demandaron también “que se publique la lista de propietarios privados que han adquirido terrenos en la poligonal del ex Parque Nacional”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/piden-a-la-scjn-devolver-el-estatus-de-parque-nacional-al-nevado-de-toluca/
OAXACA, Oax: La desigualdad extrema pone en peligro los esquemas democráticos en México debido a que la sociedad está desencantada de gobiernos que favorecen la concentración del poder económico y políticos en una cuantas manos, afirmó Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam-México. El especialista consideró que uno de los peligros más latentes es el descontento social que existe alrededor de un sistema económico que no beneficia a las grandes mayorías; al contrario, profundiza la pobreza, como el caso de México, donde el 10% más rico de la población concentra 64.4% de toda la riqueza del país. Un reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede –y por mucho– a las fortunas de otros adinerados en el resto del mundo, ya que la cantidad de millonarios de México creció 32% entre 2007 y 2012, mientras que en el resto del mundo disminuyó 0.3%. La Oxfam, confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, resaltó que la desigualdad es mayor a la que había en los ochenta, y lo contradictorio es que ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Y es que en México hay más de 23 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica con su salario, sin embargo, es nuestro país al mismo tiempo vive uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Para dar una idea de la magnitud de la brecha en México, el representante de Oxfam ejemplificó que, en 2014, los cuatro principales millonarios mexicanos –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego– podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores pagándoles el equivalente a un minisalario sin perder un solo peso de su riqueza. Luego insistió en que las democracias latinoamericanas no están viendo sus intereses representados por los gobiernos, sino que éstos representan a sus élites, sin embargo, “lo más importante es encontrar los caminos legales organizados para hacer que la democracia funcione para todos y cambiar esas reglas económicas, políticas y sociales que permiten que la riqueza se concentre en unas cuantas manos”. Fuentes Nieva dijo desconocer si hay un plan para administrar la pobreza en México, pero los que concentran el poder económico y político sí tienen muchos intereses para proteger sus beneficios y las reglas del juego que les permiten amasar grandes fortunas. “Aquí la responsabilidad de la ciudadanía y las organizaciones civiles es contrarrestar esa fuerza, a través de mecanismos legales como la rendición de cuentas, democracia participativa, ciudadanía activa; de lo contrario, existe un peligro latente de descontento social alrededor de un sistema económico que no beneficia a las grandes mayorías”, alertó. Sobre los programas asistencialistas en procesos electorales, opinó que la pobreza genera vulnerabilidad para ser influenciados con el asistencialismo o clientelismo social, ya que el dinero se convierte en influencia y poder político, social y económico y eso afecta los procesos electorales o procesos democráticos. Entonces, esta desigualdad puede poner en peligro los esquemas democráticos no sólo en México, pues según cifras de la Coneval hay alrededor de 53 millones de pobres, lo que significa que México está muy lejos de erradicar este flagelo.
“Llevamos 20 años donde la pobreza no cae, entonces se tiene que analizar la estructura fiscal que es muy regresiva, se tiene que revisar el gasto social que es muy fragmentado y poco eficiente y se tienen que revisar las políticas de salario mínimo porque se ha estancado en los últimos 30 ó 35 años”, aconsejó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421498
MÉXICO, DF: La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, confirmó que esta mañana presentaron una denuncia penal contra el gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, por su intervención en las elecciones del municipio de Tixtla. En rueda de prensa señaló lo anterior a poco menos de una semana de que se repita la elección en ese municipio guerrerense. La denuncia se hizo ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta intromisión de Astudillo en el proceso usando programas sociales para inducir el voto. “En este caso específico, a través de un programa de la Sagarpa a nivel federal y del PESA, programa de la Seder, que es un programa de atención al campo a nivel estatal”, apuntó Mojica. “Estamos hablando de que el tope de campaña en este municipio es de alrededor de 85 mil pesos, y sólo este programa combinado federal y estatal se presentaron las pruebas sobre 2 mil beneficiados, cuando se empezaron a entregar el 20 de octubre estos apoyos”, refirió. La secretaria general del PRD también destacó una grabación “del candidato a presidente municipal que es primo del gobernador y, bueno, se han presentado las pruebas específicas y estamos hablando solamente de este programa, de una inversión que rebasa los 5 millones de pesos”, acusó. El mismo Astudillo, indicó, ha reconocido que en Tixtla hay bodegas del programa PESA, y quiere desviar la atención diciendo que PESA trabaja a través de agencias privadas, cuando lo cierto es que son contratadas por el gobierno del estado.
“Entonces, no tendría que haber eso, pues hay una veda electoral, de que no tendría que haber ningún programa en Tixtla, y para nuestro partido a nivel nacional Tixtla es un municipio muy emblemático, muy especial, ahí está la Normal de Ayotzinapa, por ejemplo, y bueno se ha denunciado también que el día de ayer se registraron algunas amenazas a algunos dirigentes que están en la campaña”, acotó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421482
MÉXICO, DF: El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, criticó las nominaciones de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) porque, dijo, están “hechas a modo, o por lo menos parece un intento del gobierno de controlar esas instituciones”. Destacó que en el caso de la terna masculina enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para nombrar a uno de los dos nuevos ministros de la SCJN, atrajo la atención del procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, vetado por su cercanía con el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para allanarle el camino a otro personaje cercano al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray. En el caso del Inegi, criticó la incondicionalidad hacia el gobierno federal de las personas propuestas cuando se trata, dijo, de una institución que cuenta con credibilidad ante la opinión pública. Según Basave, queda clara la intención del gobierno de Peña “de restaurar el autoritarismo en México”. Agregó: “Estos inminentes nombramientos en estos órganos nos están corroborando algo que nos preocupa: el retorno del control presidencial de prácticamente todo en el país, como lo era antes, como lo era en el antiguo régimen donde no se movía la hoja de un árbol en el país sin la voluntad del presidente”. Ante tal panorama, subrayó, el PRD trabajará para terminar con la transición democrática en el país. En cuanto a las eventuales alianzas para las elecciones de 2016, Basave recordó que forma parte de los estatutos del PRD, pero aún no las ha definido. Admitió que está de acuerdo con esas alianzas, pues de lo contrario –apuntó– se dejaría el camino libre al PRI para seguir en el poder.
Según la secretaria general del partido, Beatriz Mojica, esas alianzas serán definidas a finales de diciembre y principios de enero. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421484
México, DF. En 2013 y 2014, siete mujeres fueron asesinadas diariamente en promedio en el país, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemorará el próximo miércoles, el Inegi dio a conocer una serie de datos sobre la exposición de las mujeres mexicanas a la violencia. Indicó que las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubicaron en 2013 entre 13 y 6 defunciones por cada cien mil mujeres en Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango. En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68 por ciento ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80 por ciento y el Estado de México 78 por ciento, dijo el Inegi. Agregó que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.
Querétaro, Qro. El presidente Enrique Peña Nieto confió en que “con el paso del tiempo” se acredite ante la ciudadanía la eficiencia del sistema anticorrupción y los resultados de la Ley de Transparencia. Al encabezar la reunión de la 25 Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACES), el Ejecutivo federal equiparó los nuevos instrumentos legales referidos con el sistema electoral que se ha construido en los últimos años. Comentó que hasta hace algunos años era difícil creer, para algunos, que México llegara a contar con un sistema que garantiza el estricto ejercicio del voto y en el que son mínimas las inconformidades de los resultados electorales El modelo anticorrupción y de transparencia, dijo, van a abonar en la revisión de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, reconoció que el poder Legislativo, “es uno de los últimos reductos de la opacidad” y que es una tarea pendiente de la actual legislatura avanzar en la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
XALAPA, Ver: Elizabeth Morales García, actual delegada de Profeco y exalcaldesa priista de Xalapa, enfrenta varias demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), debido a que se niega a liquidar a sus excolaboradores, quienes participaron con ella durante varios años en la conducción y producción del programa televisivo “Usted no está solo”. El programa, transmitido durante 15 años en Radio Televisión de Veracruz (RTV) –la televisora oficial del gobierno de Javier Duarte– sirvió de plataforma para construir la carrera política de Morales García. Scarlet Cornelio Boussart, una de las demandantes, señala a Apro que durante nueve años trabajó en “Usted no está solo” como productora, editora, reportera y camarógrafa. “Fui una mil usos” –admite–, y desde septiembre pasado mantiene un litigio, pues la hoy delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) únicamente la quiere liquidar con “4 mil pesos” por los servicios prestados. Al igual que Cornelio Boussart otros cinco trabajadores se encuentran en la misma circunstancia: “Si tú demandas ¿qué vas a ganar?, no me puedes hacer nada. Mejor cerremos un ciclo y todos felices, acepta lo que te ofrezco”, expuso la exalcaldesa a su exproductora. La oferta se hizo en la residencia de la priista en Monte Magno, complejo residencial cuyo valor en el mercado por cada vivienda ronda los 5 millones de pesos. Con el programa “Usted no está solo”, un talk show en donde su conductora, la propia Elizabeth Morales, lucraba con la pobreza de la gente, pues repartía electrodomésticos, medicinas, aparatos ortopédicos, lentes y otros apoyos, cuyas gestiones venían de la clase política y empresarial; así, la priista logró ser diputada federal, edil de Xalapa, líder estatal del PRI y presidenta del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y este año su partido la volvió a postular como candidata a una curul en San Lázaro, pero se fue al tercer lugar por debajo del PAN y del candidato de Morena. En su carrera política Morales García ha sido señalada de desviar recursos públicos para la campaña de Enrique Peña Nieto; de sobornar a taxistas para votar por el PRI en horarios en que debería de gobernar Xalapa, así como de emprender en 2012 una “campaña negra” en contra del excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de “loco” y “asesino”. En junio de 2012 audios obtenidos por Apro dieron cuenta de cómo la entonces funcionaria municipal convocaba a trabajadores de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS), del sindicato del ayuntamiento local, de la CROC y comerciantes, entre otros, para “coaccionarlos” a votar por Peña Nieto. En el audio se escucha la voz de Elizabeth Morales, quien dice: “Andrés Manuel es muy mentiroso, engaña a la gente, intolerante; salió de Tabasco huyendo de la justicia. No acepta su derrota, él no sabe ganar ni perder en la vida, a todo lo acusa de complot y hace plantones”. Una semana después la priista volvió a repetir la operación, pero en una de sus propiedades en el fraccionamiento Coapexpan, en esta ocasión con trabajadores del volante, a quienes les “restregaba” en la cara 2 billetes de 500 pesos por permitir pegar un engomado de Peña Nieto en los taxis, y otros mil pesos por acarrear gente el día de la elección. “Si no es indiscreción, ¿cuánto ganan en hora y media?, pues bueno, muchachos, les vamos a dar un poco más para que se sumen al proyecto de Enrique Peña, nuestro próximo presidente de la República. Dos de éstos (billetes de 500 pesos)”. La última pifia pública de Elizabeth Morales ocurrió como lideresa del PRI, en un aniversario luctuoso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, donde Morales develó una placa en homenaje al priista sonorense ultimado en la colonia tijuanense de Lomas Taurinas, Baja California: la placa rendía tributo a “Don Aldo” Colosio. El pitorreo en redes sociales se hizo viral a escala nacional. La querella que puso Scarlet Cornelio en contra de Elizabeth Morales por incumplimiento de la indemnización constitucional, la exigencia del pago de salarios caídos, el pago de la prima de antigüedad y el pago proporcional del aguinaldo fue puesta el 10 de septiembre y es apoyada por el despacho jurídico de Anieva & Asociados, sin embargo, a Cornelio le ofrecieron audiencia hasta enero próximo.
La demandante sospecha que la propia exalcaldesa priista ha intervenido ante la JLCA para “entrampar la querella”. En el gobierno de Duarte, el actual secretario del Trabajo y Previsión Social es Gabriel Deantes Ramos, un operador político del PRI en época electoral y cercano a la propia Morales García. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421459
MÉXICO, DF: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Leoncio Alfonso Morán Sánchez, excandidato al gobierno de Colima por el partido Movimiento Ciudadano (MC), retirar de su cuenta en Facebook los mensajes donde destaca su interés por participar en las elecciones extraordinarias de enero próximo. En sesión extraordinaria, la Comisión declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que denunció que el 10, 13 y 14 de noviembre Morán Sánchez publicó en la red social: “Locho Morán es un hombre que surge producto de un trabajo acreditado en el servicio público” y “Locho Morán porque sabe, porque puede y porque quiere. Colima merece ese buen gobierno y ese buen gobierno lo representa Locho Morán”. De acuerdo con el INE, dichos mensajes violan el principio de equidad y legalidad debido a que la campaña inicia hasta el próximo 10 de diciembre, por lo que el material señalado y cualquier otro de contenido similar deben ser retirados en un término no mayor a tres horas contadas a partir de la notificación correspondiente. Asimismo, en las siguientes 24 horas deberá proporcionarse al órgano electoral las pruebas de haber dado cumplimiento al resolutivo. Durante la sesión de este lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias también otorgó las medidas cautelares solicitadas por Acción Nacional (PAN) contra un spot del PRI por el supuesto uso de la pauta para fines distintos a los de precampaña en el promocional identificado como “Seguridad”.
El spot referido define las características de quien debe ser elegido como “gobernador”, no como precandidato del partido político, por lo que puede inferirse válidamente que se trata de contenido dirigido a todos los colimenses y no sólo a los militantes del PRI, indicó la Comisión del INE. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421465
POLIXTEPEC, Gro: Cuatro personas fueron asesinadas por sujetos armados en esta comunidad serrana del municipio de Leonardo Bravo. De acuerdo con vecinos de las víctimas, el hecho violento se registró alrededor de la una de la madrugada de este lunes, cuando los agresores irrumpieron en tres domicilios de la localidad y abrieron fuego contra sus moradores, quienes respondieron al ataque. En la balacera, que se prolongó durante varios minutos, murieron Cristina Barragán Vega, de 45 años, y sus hijos Gloria, Adán e Israel Barragán Vega, de 26, 18 y 16 años, respectivamente. Horas después los vecinos sacaron de las viviendas los cuerpos calcinados de las víctimas, a quienes llevaron a otro domicilio para velarlas. De acuerdo con los pobladores, en días pasados el gobernador Héctor Astudillo anunció un operativo de seguridad en la zona, considerada como la principal productora de narcóticos en el país, pero “hasta ahora seguimos esperando. Lo único que hay es miedo”, dijo uno de ellos. Las autoridades llegaron hasta las 4 de la tarde por temor a sufrir una agresión, apuntó. La acción criminal ocurre a poco más de dos semanas de que integrantes de la policía comunitaria de varios pueblos de la Sierra, adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), tomaron esta comunidad y expulsaron a sangre y fuego a una célula al servicio del Cártel de Sinaloa, cuyo líder en la región es Ángel Villalobos. El saldo de la refriega en esa ocasión fue de tres sicarios muertos y siete comunitarios lesionados.
Después de ese evento, elementos del Ejército tomaron el control del lugar y replegaron a los comunitarios pero hace dos días se retiraron del lugar, sin importar la brutal disputa entre grupos armados por el control de las zonas de producción y trasiego de heroína. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421458
El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, el 13 de noviembre, las ternas de aspirantes; sin embargo, las organizaciones detallaron hoy que no hubo una justificación de los candidatos y por tanto el proceso carece de garantías, transparencia y participación ciudadana.
Decenas de organizaciones civiles denunciaron que el Senado podría realizar mañana martes una designación fast track de los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de haber modificado el acuerdo de la mesa directiva, y con ello los tiempos y procedimiento de la designación. “Desde hace un tiempo un grupo de organizaciones y académicos hemos expresado constantemente nuestra preocupación en torno a la politización de estos procesos particularmente tomando en consideración el proceso inmediato anterior de designaciones”, dijo esta mañana Mario Patrón, directo del Centro Prodh. El 13 de noviembre el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado las ternas de aspirantes; sin embargo las organizaciones detallaron que no hubo una justificación de los candidatos y por tanto el proceso carece de garantías, transparencia y participación ciudadana. La primera de las ternas presentadas por el Presidente Enrique Peña Nieto está integrada por: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda terna está conformada por: el Magistrado Álvaro Castro Estada, el Fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek. El próximo 30 de noviembre, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero culminarán su cargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país, el cual asumieran en 1995. De acuerdo con lo contenido en la Suprema Corte, el Senado debe votar para confirmar las nominaciones hechas por el Presidente. Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que se pidió a Presidencia de la República elementos que comprueben que se garantizará la independencia judicial de la Suprema Corte, una garantía de participación y transparencia del proceso de elecciones y cómo se fundamentara la elección de estos candidatos.
“A estas preguntas la respuesta fue: no existen los documentos. O sea Presidencia no tiene ningún elemento para conformar la terna de candidatos”, dijo Kenny.
En su intervención, Ivan García, investigador de Borde Jurídico, manifestó la preocupación de diversas organizaciones de que se pudiera dar en el Senado de la República una designación fast track de los dos ministros y de que se ignore el proceso de comparecencia ante el comité de justicia. “Puede ser que el día de mañana muchos de los senadores y senadoras ya tengan una opinión respecto al voto como debe de ir en la designación de ministros de la Corte, aunque no se haya llevado a cabo una comparencia ante la Comisión de Justicia que determine que cumple con los requisitos tanto de Constitucionalidad como de fondo”. “Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la corte, se pierde la esencia de la democracia: la independencia judicial”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la justicia y Estado Democrático de Derecho. Ana Aguilar, del Instituto de Justicia Procesal Penal, comentó que hasta el momento nadie sabe quiénes son los candidatos que comparecerán mañana en el Senado, pues tienen hasta las 23 horas de este lunes para enviar sus documentos. Aguilar expresó sentirse preocupada porque los senadores tendrán menos de 24 horas para analizar los perfiles y por tanto podrían tomar una decisión errónea. Los representantes se las organizaciones detallaron que actualmente no existe un procedimiento formal sobre la elección de ministros que obligue a elegir a los mejores perfiles y pusieron de ejemplo la designación del hoy Ministro Eduardo Medina Mora, quien fue criticado de ser más político que jurista. “Se necesita una reforma porque la Presidencia no tiene criterios formales para el designio. Necesitamos garantías de imparcialidad, porque es un proceso deficiente”, opinó Layda Negrete de México Evalúa. La Mesa Directiva aprobó un acuerdo para la designación de ministros que se modificó tan sólo un día después, adelantando con ello la comparecencia de diciembre, como estaba originalmente previsto para la sustitución de dos magistrados el próximo 30 de noviembre. Y como la elección está en sus manos puede que concrete mañana mismo, pero los inconformes denunciaron que de realizarse sería por acuerdos políticos y no por el perfil de los aspirantes, y con ello se debilitarían las instituciones y se limitarían los contrapesos y las atribuciones de la SCJN.
“Cualquier acuerdo de la Mesa Directiva para restringir la amplitud y profundidad de estas comparecencias es un límite a nuestro derecho a contar con jueces imparciales”, comentó el académico Iván García Gárate. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-11-2015/1560269
“Veracruz es pionero con el primer mecanismo local de protección, el primer sistema local de alerta temprana y primer protocolo de investigación”, presumió el Gobierno de Javier Duarte hace 20 días. Y el sábado, sus policías atacaron a reporteros.
A 20 días de la publicación de la “Alerta temprana”, en la que el gobierno de Veracruz se comprometió a crear políticas preventivas para garantizar la libertad de expresión a los comunicadores, este fin de semana autoridades estatales agredieron a nueve periodistas que cubrían las protestas de maestros en dos ciudades. La organización Artículo 19 calificó como “un doble discurso” el mecanismo emitido por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“Las agresiones a periodistas se dan 20 días después de la publicación de la ‘Alerta temprana’ firmada por autoridades federales y estatales”, señaló en un comunicado la organización internacional defensora de la libertad de expresión.
En el mismo sentido se pronunció hoy el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. En un comunicado, dijo que tenían conocimiento de que manifestantes y periodistas fueron agredidos por parte de las fuerzas de seguridad a cargo del Gobierno de Javier Duarte.
Este fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Veracruz y agentes vestidos de civil golpearon en Xalapa y en Boca del Río a profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponían a la evaluación docente y a periodistas que realizaban la cobertura informativa. El pasado 2 de noviembre las autoridades de Veracruz y el Gobierno federal firmaron la “Alerta temprana”. En su discurso, Javier Duarte destacó que la entidad era pionera en implementar este mecanismo de protección a periodistas.
“Veracruz es pionero con el primer mecanismo local de protección [a periodistas], el primer sistema local de alerta temprana y primer protocolo de investigación (…) la participación del Mecanismo Federal fortalecerá las acciones del estado de Veracruz en la materia”, declaró el Gobernador.
De la larga lista de acusaciones contra la administración de Duarte de Ochoa destacan las agresiones contra periodistas, los encargados de informar la realidad que acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados. En su gestión han sido asesinados al menos 11 comunicadores, tal es el caso de Moisés Sánchez reportero del periódico La Unión de Medellín y fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
LAS AGRESIONES El 21 de noviembre, en los operativos que mantuvo la policía estatal de Xalapa, los periodistas Roger López, de Imagen del Golfo; Raziel Roldán, de Plumas Libres; Yerania García de AVC Noticias; y un fotógrafo del gobierno del estado de Veracruz, fueron hostigados mientras documentaban las agresiones de los elementos contra los manifestantes. Artículo 19 documentó en una alerta que el periodista Roldán fue derribado con una patada en las piernas por lo que el lente de su cámara se dañó al impactar contra el piso.
“Roldán, beneficiario del mecanismo federal de protección para periodistas, accionó el dispositivo de alerta para su uso, sin embargo, el aviso no fue respondido hasta media hora después vía telefónica y nunca llegó el apoyo de la Policía federal”, expuso la organización.
Las agresiones contra los comunicadores se incrementaron ayer domingo. En operativos similares durante la evaluación docente, policías lesionaron en la ceja y la frente al periodista Iván Sánchez, e intentaron arrebatarle su equipo de trabajo. El periodista tuvo que recibir atención médica de emergencia. También el periodista Hugo Gallardo fue despojado de su equipo fotográfico. En Xalapa, policías arrebataron y destruyeron el equipo de trabajo de la periodista Melissa Díaz cuando se percataron que estaba grabando a los uniformados cuando agredían a los maestros disidentes. “Hernández fue despojada de su celular, el cual rompieron los policías en su presencia”, señaló Artículo 19. La periodista relató a la organización que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Denuncias contra Periodistas. En otro hecho, la fotógrafa Carol Suárez, de Al Calor político, fue agredida por elementos de la fuerza civil y la policía estatal.
Los periodistas de AVC Noticias relataron que policías encapuchados revisaron varias veces el celular de uno de sus compañeros y en otra ocasión lo que escribía en su tablet. El periodista Roger López contó a Artículo 19 que los policías amenazaron a dos compañeros. “Tenemos permiso para madrearlos y destruirles su equipo”, dijeron los uniformados. La organización internacional hizo un llamado a las diferentes instancias de los gobiernos de Veracruz y federal para que actúen de manera eficaz de acuerdo a sus competencias para salvaguardar la integridad física de los periodistas del estado. En especial, indicó, a la Procuraduría de Veracruz para que se dé puntual seguimiento a las denuncias presentadas por los periodistas.
“Reiteramos el llamado al mecanismo de ‘Alerta temprana’ que se firmó en el estado”, puntualizó Artículo 19 A estas agresiones, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social suma otras más y asegura haber documentado un total de 10 ataques a periodistas durante las manifestaciones celebradas tanto en Xalapa como en Boca del Río y el puerto. Las amenazas y agresiones contra manifestantes y periodistas fueron documentadas en vídeos y fotografías, y las víctimas de estos sucesos han presentado denuncias ante la procuraduría local de Veracruz, señalaron las organizaciones.
“Estos hechos demuestran una conducta de intolerancia hacia la protesta mediante el uso ilegítimo de la fuerza pública”, apunta el frente, formado por organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El Frente resaltó la “importante labor” de los periodistas en la cobertura de manifestaciones y resaltaron la necesidad de que el estado respete su labor y garantice su seguridad. Por su parte, el Ombudsman mexicano, Luis Raúl González, Pérez, señaló hoy que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados 107 homicidios de comunicadores desde 2000 a la fecha. Además, hay 20 desaparecidos de 2005 a 2015; 48 atentados contra instalaciones de medios de comunicación de 2006 al presente año, y un total de 506 quejas en el periodo de 2010 a 2015. Además, durante 2014 y 2015 ha emitido 26 medidas cautelares. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), México es el quinto país con más asesinatos de periodistas.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), México ocupa la posición 148 de 180. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-11-2015/1560681
VILLAHERMOSA, Tab: El presidente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que vaya a “regalar la luz” en esta entidad como –dijo– editorializó Reforma en su edición de este lunes, y atribuyó el hecho a una nueva campaña en su contra en la carrera presidencial de 2018. Al dar el banderazo de salida a 20 camionetas que circularán por todo el estado con brigadas de Morena para reconectar la luz a quienes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó el servicio, López Obrador criticó que el periódico no haya puesto un párrafo sobre las razones que mantienen en resistencia civil pacífica a miles de tabasqueños que no pagan luz desde hace 21 años. También reconoció que Reforma es un diario de derecha pero independiente, no al servicio de la “mafia del poder”, y que la portada de este día en el sentido de que “regalará la luz en Tabasco” como primer acto rumbo al 2018 es una exageración y evidencia una molestia tras su elección como presidente nacional de Morena por mayoría, “querían que hubiera pleito y, como no hubo pleito, se molestaron”. “Están muy nerviosos y tienen miedo después de que me eligieron”, aseguró para enseguida aclarar que “no regalará luz ni pondrá diablitos”, sino que a partir de hoy inicia otra etapa en la larga lucha de resistencia civil pacífica en contra del “robo” que la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) han hecho a los tabasqueños, a quienes únicamente han dejado miseria y contaminación. López Obrador explicó que la resistencia civil inició en 1994 por el despojo que Pemex y CFE han hecho de las riquezas naturales del estado, cuyo desastre, remarcó, llegó a su máximo nivel en 2007, cuando por mal manejo de las presas del Alto Grijalva, operadas por la CFE, Tabasco enfrentó la peor inundación de su historia que afectó casi un millón de personas y provocó pérdidas por alrededor de 50 mil millones de pesos hasta ahora no resarcidos por el gobierno federal. “Tabasco ha sido saqueado, se han llevado el petróleo y sólo han dejado pobreza y contaminación y, por si fuese poco, la CFE que opera la presa Peñitas fue la responsable de la inundación”, remarcó. Luego recordó que el entonces presidente Felipe Calderón vino a Tabasco para decir que la inundación “había sido provocada por la luna llena y por un cambio climático”, y la CFE no aceptó ni reparó los daños. Además, al final del gobierno de Calderón y junto con Enrique Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, le quitaron a Tabasco millonarias participaciones federales que por ley le corresponden. El presidente nacional de Morena reiteró sus críticas al gobernador Arturo Núñez por no defender a Tabasco “ante el despojo que cometió la Federación” y firmar un convenio con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para supuestamente resolver el problema de la resistencia civil contra la CFE, mediante la firma de contratos para que la gente, advirtió, acepte su deuda y la empresa tenga elementos para proceder contra ellos. También anunció que promoverán denuncias y amparos en contra de la CFE, e insistió en que Tabasco no le debe nada a la Federación, sino ésta es la que debe al pueblo de Tabasco, por eso es la resistencia civil y la exigencia de “borrón y cuenta nueva” en la deuda. López Obrador destacó que las presiones y amenazas de cortes de luz se han agudizado, principalmente en la zona chontal, por eso se acordó adquirir las 20 camionetas con las prerrogativas de Morena nacional y estatal y crear brigadas de resistencia civil para reconectar la energía eléctrica. El convenio gobierno del estado-CFE denominado “de la mano por Tabasco”, para regularizarse en los pagos, concluyó el mes de octubre pero se prorrogó hasta diciembre, y según la empresa productiva alrededor de 60% de los casi 577 mil usuarios en resistencia civil han firmado contratos. Durante su primer día de gira informativa por su tierra natal, López Obrador ofreció entrevista a medios nacionales en las que advirtió que su imagen seguirá apareciendo en los tiempos oficiales de Morena, pese a que no les gusta a los potentados y además porque no hay violación a la ley. “No pueden impedir mi derecho a manifestarme, sería el colmo que no pueda hablar”, manifestó para luego asegurar que la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, no pasará para el 2018. “Calderón se robó la Presidencia en el 2006, usurpó el gobierno y convirtió al país en un cementerio, se registraron miles de muertos, de asesinados y ahora con desfachatez quiere que su esposa sea candidata”, alertó. López Obrador dialogó por la mañana con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde planteó que si Morena gana la Presidencia de la República en 2018, de inmediato se realizará una consulta pública sobre las reformas energética, laboral, educativa y fiscal.
Al mediodía en la plaza de armas dio el banderazo de salida de las 20 camionetas de Morena con las brigadas de resistencia civil, y por la tarde inició un recorrido informativo por colonias del municipio de Centro, cabecera de Villahermosa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GUZMÁN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421453
MÉXICO, DF: Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvieron a cinco sujetos, entre ellos tres policías municipales de Coacalco, señalados como presuntos responsables del delito de robo con violencia. Se trata de Guillermo Moreno Morales, Alberto Castañeda Rojas, José Eduardo Núñez López, Juan Alejandro Trejo Cárcamo y Badir Atala Sesin, estos tres últimos agentes municipales. Los cinco presuntos ladrones fueron aprehendidos en la vía José López Portillo en la colonia Santa María del municipio de Coacalco, momentos después de que supuestamente robaron más de medio millón de pesos a empleados de una empresa encargada de la operación de un estacionamiento en una plaza comercial de la zona. Según las primeras investigaciones, los empleados de la empresa depositarían el dinero en el banco, pero antes de llegar a la sucursal fueron sorprendidos por los hombres que viajaban en un vehículo compacto, quienes supuestamente los sometieron y les robaron el efectivo. Agentes de Investigación que realizaban un operativo en la zona se percataron de los hechos, se aproximaron al sitio y detuvieron a los asaltantes, a quienes decomisaron un arma calibre .38mm. Luego de recuperar el dinero robado, los policías presentaron a los supuestos ladrones ante el agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva y luego los remitió ante la autoridad judicial con sede en Ecatepec.
La PGJEM hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a cualquiera de los sujetos aprehendidos en caso de que los reconozcan como probables responsables. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VENERANDA MENDOZA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421436
Veracruz, Ver. En la conmemoración del Día de la Armada, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que las fuerzas armadas son "aliados incondicionales de nuestro país" y reiteró su compromiso en mejorar las capacidades operativas de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea. En este sentido, anunció que ordenó fortalecer la infraestructura de las instalaciones navales y militares, así como modernizar los planes educativos de las instituciones castrenses. Antes de hablar sobre el 190 aniversario en que las tropas españolas se vieron forzadas a abandonar la fortaleza de San Juan de Ulúa, a manos de los marinos mexicanos, con lo que se consumó la Independencia, Peña externó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las 24 personas fallecidas en la carretera Tuxpan-Ciudad de México, ocurrido la madrugada de hoy.
A finales de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México informó que había detectado irregularidades en OHL, luego de iniciar en mayo pasado procedimientos sancionadores contra esa empresa.
“En un desesperado intento por sobrevivir, es altamente probable que OHL pretenda ahora negociar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la eliminación del falso ingreso y la falsa utilidad que registra en sus estados financieros”, alertó la empresa Infraiber en un comunicado y desplegado de prensa este lunes. Incluso, indicó la compañía, que OHL podría aceptar la imposición de una multa millonaria, pero sería a cambio de que se le permita mantener en sus estados financieros el registro del falso activo (“rentabilidad garantizada”), y para que no se proceda penalmente en su contra. Ante ese probable escenario, el abogado de Infraiber, Paulo Díez, sostuvo que “esa solución no sólo es inaceptable, sino que sería ilegal”, pues “generaría una grave afectación al mercado de valores, al público inversionista, a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, a todos los mexiquenses y a la hacienda pública del Estado de México. Y generaría también un enorme daño reputacional a la CNBV y a la SHCP”. En su comunicado, la empresa a la que representa Díez pide que la CNBV exija “que OHL corrija de inmediato sus estados financieros” y “debe imponer las sanciones administrativas que resulten aplicables”, además de que la Secretaría de Hacienda debe presentar “sin más demora” las denuncias penales correspondientes.
