Los pistoleros, a los que identifican como del grupo criminal Los Villalobos, arrojaron dos granadas y dispararon cientos de balazos de AK-47, AR-15 y calibre 50. El gobernador Héctor Astudillo les mintió, pues les dijo que mandaría a los pueblos de la sierra a soldados de la Marina, policías federales y estatales para que se encargaran de su seguridad, se quejan los lugareños .
La medianoche del domingo hombres armados irrumpieron en esta comunidad y mataron a cuatro personas: una mujer adulta y tres de sus hijos jóvenes, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era la pareja y padre de las víctimas.
Polixtepec se encuentra a unos 40 minutos al este de Filo de Caballos, en la sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Vecinos de esta localidad creen que los pistoleros eran aproximadamente 40, y que llegaron en varios vehículos aproximadamente a las 11:30 de la noche y permanecieron en el pueblo hasta cerca de las dos de la madrugada de ayer, lunes.
Los pistoleros arrojaron cuando menos dos granadas y dispararon cientos de balazos de armas AK-47, conocidas como Cuernos de Chivo y AR-15, así como de las calibre 50, según los casquillos percutidos que fueron encontrados por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que acudieron hasta ayer en la tarde a hacer las diligencias.
El objetivo de la metralla arrojada fue la casa de Héctor Barragán Arellano y de su esposa Cristina Vega Barragán. La vivienda quedó hecha cenizas igual que otras dos que estaban juntas, propiedad de sus familiares.
En la primera vivienda murió Cristina Vega Barragán y sus hijos Gloria de 23 años, Adán de 18 e Isaél de 16, de apellidos Barragán Vega.
Según los habitantes, los pistoleros se llevaron levantados a Héctor Barragán, quien suponen va herido, así como al joven Norberto Nava Barragán de 27 años, de quienes hasta las 6 de la tarde de ayer desconocían su paradero.
Temerosos y sin proporcionar sus identidades, los lugareños informaron que los primeros disparos comenzaron a escucharse aproximadamente a las 11 y media de la noche, precisamente en el punto donde se encuentran las casas incendiadas.
En el acceso a las tres viviendas, que eran de madera, había regados cientos de casquillos percutidos y en el techo de una de las viviendas cercanas, los peritos de la FGE encontraron una granada de fragmentación sin estallar. Otra más, según los vecinos, alcanzó a detonar y fue la que provocó el incendio en la casa de la familia Barragán Vega. Después, el fuego alcanzó a otras dos casas vecinas que eran propiedad de familiares de la pareja.
Los vecinos informaron que a partir de esa hora escucharon disparos en otros puntos del pueblo y que los estruendos continuaron hasta cerca de las 2 de la madrugada.
Pidieron ayuda a policías y militares pero nadie acudió
Desde las primeras horas de ayer los habitantes del pueblo denunciaron vía telefónica los hechos a distintas autoridades federales y estatales, sin embargo nadie acudió hasta después de las 4 de la tarde.
Una mujer que logró salir del pueblo para refugiarse en Filo de Caballos contó que cerca de esta población encontró un convoy de militares a quienes denunció los hechos y les pidió que fueran, pero se negaron.
Asimismo los pobladores dijeron que hicieron llamadas telefónicas a los números de emergencia pero que no los atendieron.
En Filo de Caballos, localidad que también pertenece al municipio de Leonardo Bravo, se encontraba un destacamento de unos 60 elementos de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Secretaría de Seguridad Pública. Los vecinos de aquí informaron que los policías estatales están desde el viernes 20, pero tampoco acudieron en apoyo a los habitantes de Polixtepec.
Los agentes partieron rumbo a este pueblo hasta las 2:40 de la madrugada con un grupo de reporteros, y en el camino hicieron varias paradas por lo que llegaron a la comunidad hasta aproximadamente a las 4 de la tarde. Minutos después también llegó personal del Servicio Médico Forense (Semefo), peritos de la FGE y agentes de la Policía Ministerial.
Sin embargo, a esa hora los cadáveres ya habían sido levantados por los pocos familiares y habitantes de la localidad que se quedaron, y habían sido trasladados a una cancha techada, “no quisimos que estuvieran todo el día bajo el sol”, dijo uno de los pobladores.
El personal de la Fiscalía y del Semefo solamente hizo peritajes en el lugar de las tres viviendas incineradas, constató la existencia de los cuatro cuerpos y se retiró del lugar cerca de las 6 de la tarde. A esa hora se quedaron los aproximadamente 60 policías de la UFE que llegaron a bordo de ocho patrullas.
Algunos vecinos revelaron que los agresores pertenecen al grupo criminal conocido en estas comunidades de la sierra como Los Villalobos, aunque la noche del domingo nadie los vio, pues tras escuchar las primeras detonaciones algunos se refugiaron en sus casas de las que ya no salieron hasta la mañana de ayer. Otros alcanzaron a salir de la localidad y se refugiaron en Filo de Caballos.
Sólo la madre de Norberto Nava Barragán, uno de los dos desaparecidos, informó que aproximadamente a las 12 de la noche los hombres armados sacaron a su hijo de su casa y vio cuando, afuera, en la esquina, lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma larga.
“Lo registraron para ver si no traía armas pero no le encontraron nada, entonces yo les pedí que lo dejaran, que no traía nada, pero aún así se lo llevaron”, relató.
La mujer informó que tiene cuatro hijas y tres hijos pero que Norberto era con el único que vivía aquí. Era prima de Cristina Vega, la adulta que murió en la primera casa incendiada y que se encontraba enfrente de la suya.
Aunque los habitantes de este pueblo no participaron en la marcha caravana del 16 de noviembre en Chilpancingo, habitantes de 49 localidades de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri y San Miguel Totolapan para pedir seguridad, denunciaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores les mintió, pues ese día les dijo que a partir del miércoles mandaría a los pueblos de la sierra a soldados de la Marina, policías federales y estatales para que se encargaran de su seguridad.
Aseguraron que cuando menos aquí, en donde desde hace tres meses no han podido vivir tranquilos por los recurrentes episodios de violencia, no han visto la presencia de ninguna corporación policiaca estatal o federal, menos de la Marina o el Ejército.
Aquí, apenas el 5 de noviembre pasado, al parecer el mismo grupo que irrumpió la noche del domingo, emboscó al comisario municipal Joaquín Romero Ríos, y su secretario, Víctor González Luna, a unos cinco kilómetros del pueblo cuando se dirigía a Campo de Aviación para abastecerse de gasolina.
El comisario y su secretario iban a bordo de una camioneta oficial de la comisaría, cuando fueron emboscados y asesinados a balazos. En el punto de la agresión aún se encuentra la camioneta que nadie ha querido ir a remolcar por temor a correr la misma suerte que el comisario.
Dos días después, el 7 de noviembre, policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se enfrentaron en ese mismo pueblo presuntamente con los mismos hombres que mataron al comisario y a su secretario. Esa vez murieron tres de los pistoleros en el enfrentamiento que según los lugareños duró al menos 7 horas.
Pobladores informaron que a partir de esos episodios violentos unas 10 familias abandonaron la localidad que es de aproximadamente 300 habitantes, el resto sigue allí porque temen una emboscada en el camino o porque no tiene a dónde ir.
FUENTE: EL SUR
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: http://suracapulco.mx/2/irrumpen-sicarios-en-polixtepec-ahora-matan-a-cuatro-vecinos-levantan-a-dos-y-queman-tres-casas/
MONTERREY, NL: Nueve personas de origen extranjero, cinco de ellas con antecedentes penales, se fugaron de los separos del Instituto Nacional de Migración (INM).
La dependencia informó ayer que enviaría un boletín para “precisar” los datos que circulaban por el incidente, pero finalmente no difundió el comunicado.
Trascendió que las personas se evadieron el domingo por la noche de las instalaciones del INM, ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Fraccionamiento Jardín de las Torres.
Los migrantes evadidos son: el colombiano Santini Bernal, que había sido detenido por robo con violencia; el hondureño Franklin Lainez, narcomenudeo; el guatemalteco Roni Hernández, delitos contra la salud; el norteamericano Polo Hernández, lesiones, y el dominicano Alfio Abraham Collado, narcomenudeo.
Todos ya habían purgado sus respectivas condenas.
Junto a ellos se evadieron los hondureños Yensi Media y Guillermo Flores, así como los hermanos salvadoreños Neri y Reyes Rivas Cruz.
De acuerdo con información extraoficial, fue el guatemalteco Hernández quien planeó y ejecutó la huida al abrir un boquete de unos 30 centímetros en la pared del edificio, ubicado al sur de esta capital.
En su primer piso, el INM cuenta con un albergue que consta de una serie de literas de concreto con un colchón, dividido en varias estancias con televisión, baños y duchas, donde son hospedados los extranjeros indocumentados que son rescatados en los operativos.
La vigilancia ligera está a cargo de guardias desarmados de una empresa de seguridad privada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421507
México, DF. Cerca de 2 millones de alumnos de primaria en México enfrentan condiciones de inequidad y desigualdad en la oferta educativa, pues sus escuelas, acceso a materiales educativo y tiempo dedicado al aprendizaje en el aula tienen las condiciones más precarias. A esto se suma que del 8 al 17 por ciento de los alumnos de 4, 5 y 6 grado de primaria enfrentan algún tipo de maltrato físico o sicológico que vulnera sus derechos.
Al presentar los primeros resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación (INEE), consideró que está situación refleja una "desatención sistemática producto de políticas educativas que no han atendido con pertinencia y eficacia las desigualdades sociales", por lo que afirmó que una de las políticas públicas que debe ser revisada es el gasto educativo.
En conferencia de prensa detalló que la ECEA muestra problemas de calidad en la oferta educativa que afecta, en mayor medida, a los niños de educación indígena y comunitaria que viven en localidades rurales.
Los resultados de la evaluación, con representatividad nacional y aplicada en noviembre de 2014, revelaron que se mantiene un "abandono histórico de las escuelas" y que son las más pobres las que reciben menores recursos.
En todo el país se detectó que 25.9 por ciento de las escuelas de primaria enfrentan cinco o más riesgos para los estudiantes por tener vidrios rotos, deterioro de la instalación eléctrica o hidrosanitaria, daños en techos, paredes y barandales, o falta de mantenimiento. A esto se suma que al menos 20 por ciento de los planteles no cuentan con baños para uso exclusivo de los alumnos.
Se detectó que existen prácticas disciplinarias que incluyen reprender o castigar a los alumnos por hablar una lengua indígena, situación que fue reportada por 5 por ciento de los alumnos a nivel nacional, es decir, 356 mil niños hablantes de una lengua nativa. Cifra que se eleva a 16 por ciento en escuelas primarias indígenas.
La presidenta de la Junta de Gobierno del INEE destacó que al menos 8.1 por ciento de los alumnos encuestados (58 mil 587 de 4,5 y 6 grado de primaria) reportaron que los han dejado castigados sin comer, sin tomar agua, y sin ir al baño; el 11.6 por ciento denunció que lo han pellizcado o le han dado un golpe.
La ECEA, que incluye siete ejes centrales como infrastructura, mobiliario y equipo básico, materiales de apoyo educativo, personal escolar, gestión del aprendizaje, organización y convivencia escolar, también detectó que 30 por ciento de los profesores no contaban con el programa de estudios vigentes al iniciar el ciclo escolar, mientras que 2 por ciento de los alumnos, tras tres meses de iniciado el ciclo escolar aún no recibían sus libros de texto gratuito.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/24/casi-2-millones-de-alumnos-de-primaria-en-condiciones-de-inequidad-inee-3657.html
México, DF. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó a la economía mexicana con las condiciones de calificación suficientes para mantener su acceso a la línea de crédito flexible por unos 65 mil millones de dólares en caso de requerirlo.
La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, informó que el FMI completó la revisión anual de la línea de crédito flexible que fue aprobada en noviembre de 2014 y vigente hasta 2016. “Como resultado de esta revisión anual, el FMI ratifica que México continúa cumpliendo con los criterios de calificación necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin condición alguna, a los recursos de este instrumento por alrededor de 65 mil millones de dólares (47 mil 292 millones de derechos especiales de giro)”, dijo la Comisión de Cambios.
De acuerdo con esa instancia, el FMI consideró, para su calificación, una posición externa sostenible, es decir, que el déficit de cuenta corriente de México “es moderado” y se mantendría así en el mediano plazo, además de que el análisis de sostenibilidad de deuda externa “demuestra que es relativamente baja y resistente a choques negativos provenientes del exterior”.
Asimismo se consideró que México mantiene un “acceso ininterrumpido” a los mercados financieros internacionales de capitales en condiciones “favorables” pues cuenta con adecuadas calificaciones crediticias y una deuda pública con vencimiento promedio de 8 años.
Otras condiciones tomadas en cuenta por el organismo financiero internacional, dijo la Comisión de Cambios, son: una posición sostenible de deuda y unas finanzas públicas sanas; inflación baja y estable; un sistema financiero sano y con ausencia de problemas de solvencia que pudieran poner en riesgo la estabilidad del sistema; disponibilidad de información estadística adecuada y que cumple con los criterios de transparencia e integridad, así como indicadores internacionales sobre la calidad de las instituciones que “demuestran que México posee una efectividad de gobierno superior al promedio”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSOL
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/24/mexico-puede-acceder-a-credito-flexible-si-lo-necesita-fmi-5499.html
La detención de Iván Cazarín Molina, el miércoles 18 en un salón de fiestas de Tlajomulco de Zúñiga, fue anunciada por la Policía Federal como un éxito porque se trata del “segundo al mando del CJNG” y mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Sin embargo, salió a la luz que había sido capturado ya otras dos veces, sin que el Ministerio Público pudiera hacer nada para retenerlo en prisión.
GUADALAJARA: Por tercera ocasión en cinco años fue detenido Iván Cazarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, de 31 años, identificado por la Policía Federal (PF) como el segundo al mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
El gobierno anunció que en el operativo, realizado la madrugada del miércoles 18 en la colonia Hacienda La Candelaria, de Tlajomulco de Zúñiga, no hubo disparos. Cazarín ingería bebidas alcohólicas y jugaba futbol en un salón que durante el día era centro de operación de la célula delictiva y por la noche se alquilaba para fiestas.
De acuerdo con Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la PF, se investiga al cabecilla por ordenar el derribo del helicóptero Cougar EC725 del Ejército el pasado 1 de mayo, en Villa Purificación. En ese ataque murieron ocho militares y una agente de la PF.
En esa ocasión el CJNG también llevó a cabo 55 bloqueos carreteros en el estado e incluso algunos en Guanajuato, Michoacán y Colima, e incendió sucursales bancarias, gasolineras y otros negocios.
Además se contabilizaron 40 muertos, algunos de ellos inocentes, según testimonios que este semanario recabó de sus familiares y de Javier Díaz, abogado de varios de ellos.
Según ellos, decenas de cuerpos fueron amontonados y exhibidos en Villa Purificación por varios días hasta que entraron en descomposición; a mediados de mayo los trasladaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Esas víctimas se dedicaban a labores del campo, la minería, o trabajaban en un aserradero presuntamente clandestino, pero eran ajenos a los enfrentamientos entre militares y sicarios (Proceso Jalisco 550).
El comisionado Galindo mencionó que Cazarín, quien se reportaba directamente con El Mencho, estableció su centro de operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, donde blanqueaba el dinero ilegal.
El grupo no sólo se dedicaba a la distribución de droga, sino también a extorsionar a comerciantes, robar combustibles y cometer homicidios en las regiones del Centro, Valles y la Sierra Occidental de Jalisco, así como en Veracruz.
Junto con el lugarteniente del Mencho fueron detenidos Marco Antonio Rocha García, de 19 años; Rafael Ortega Aquino, de 31, y Yahir Martínez Mora, de 19. Se les aseguraron cinco armas largas y cuatro cortas, además de cocaína y cuatro vehículos.
Cazarín era uno de los objetivos principales de la Operación Jalisco, que arrancó el 1 de mayo en las regiones de la costa y sur de la entidad para desarticular las bandas del narcotráfico, sobre todo al CJNG.
De acuerdo con la versión oficial, los agentes federales localizaron a Cazarín después de seis meses de labores de inteligencia, de gabinete y de campo. El presunto narcotraficante está relacionado con al menos siete averiguaciones previas federales, algunas por delitos contra la salud y homicidio.
En reportes policiacos Cazarín es una figura clave en el ascenso y consolidación del CJNG durante la administración del gobernador panista Emilio González Márquez. Se considera que consiguió desplazar a grupos de narcotraficantes como La Resistencia, liderada por Ramiro Pozos, El Molca, y Víctor Torres, El Papirrín.
Tales confrontaciones entre bandas fueron sangrientas. En septiembre de 2011 aparecieron 35 cuerpos frente al centro comercial Plaza Américas de Boca del Río, Veracruz. Se le atribuyó el homicidio múltiple a los “Matazetas”.
El 24 de noviembre siguiente se hallaron 23 cadáveres en varios vehículos abandonados en las inmediaciones de Los Arcos del Milenio, en Guadalajara. Las autoridades interpretaron este crimen como una respuesta al ataque en Veracruz.
El 13 de octubre pasado, la Policía Federal detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Daniel Quintero Riestra, Dany Quintero, presunto líder de plaza en Guadalajara a las órdenes del Mencho y uno de los más buscados del país, entre otros motivos por su presunta participación en el asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, el 8 de marzo de 2013.
Detenciones y dudas
El 21 de marzo de 2010, soldados de la Novena Región Militar capturaron a Cazarín con su escolta, Domingo Medina Moguel, Rigoberto Ortega Nardo o Domingo Medina Díaz, El Mingo o El Brother o El Tío y otras 12 personas en un narcolaboratorio en el municipio de Cocula, pero meses después lo dejaron libre.
El 10 de julio de 2013, al desplegar operativos en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, aprehendieron a Cazarín en el fraccionamiento Bugambilias. El entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó de la detención de un sujeto identificado sólo como “Víctor Hugo Delgado Rentería, El Tornado, El Comandante Tormenta y/o El Frijol”, lugarteniente del Mencho. También esa vez cayó Medina Moguel.
Ambos fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero otra vez fueron liberados.
Como parte de su defensa, dentro del expediente 963/2013 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal Federal, el 7 de noviembre de 2013 su abogado Hugo Dionisio Guadalupe presentó un acta de nacimiento certificada en el ayuntamiento de Veracruz para demostrar que su nombre es César Cazarín Molina (esta vez fue presentado como Iván):
“Y no así como en la causa penal se han referido con nombres diversos como son Víctor Hugo Delgado Rentería, Víctor Hugo Delgado Moreno, José Luis Cazarín, Víctor Hugo Rentería, Eduardo Ávila Alcántara, Víctor Tornado Moreno, alias El Tornado, El Compadre, El Matazetas, Moreno, El Frijol, El Comandante o El Apá.”
El litigante solicitó que el juez, Raúl Valerio Ramírez, dentro del proceso penal llamara a su defendido “por su nombre, y no así como con nombres diversos y alias que aparecen mencionados. Mi petición se fundamenta en los tratados internacionales que nuestro país tiene celebrados con otros países (sic), en donde la identidad es un derecho humano irrenunciable, máxime que las constancias que integran la presente causa no hay dato o persona que señale a mi representado César Cazarín Molina con los otros nombres y apodos que se han mencionado”.
El defensor de Cazarín también presentó el exhorto 690/2013, derivado de la causa penal 244/2013 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Jalisco, en el cual el juez aceptó dejar de llamar a Cazarín Molina por los nombres y alias que se mencionan en la consignación.
“La conducencia y pertinencia en dicho medio de prueba radica en demostrar que mi representado en todo momento ha referido que su nombre correcto es César Cazarín Molina y nunca haber utilizado otros nombres o alias”, asentó el abogado.
El juez respondió que a los indiciados en su declaración preparatoria se les informó sobre los delitos por los cuales ordenó aprehenderlos el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad.
“Incluso ante su cuestionamiento se les informó que los mismos se encuentran considerados como graves por el numeral 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, motivo por el cual no tienen derecho a disfrutar del beneficio a la libertad provisional bajo caución (…) mayormente cuando antes de firmar el acta respectiva, le dieron lectura íntegra y ratificaron su contenido”, dice el juez.
Consultado por este semanario, el maestro en derecho con especialidad en administración de justicia y seguridad pública de la Universidad Panamericana, Gerardo De la Cruz Tovar, considera que Cazarín Molina pudo aprovechar fallas en el sistema de procuración de justicia para obtener su libertad:
“Si bien han sido jueces quienes lo han liberado, esto se debe a que la Agencia del Ministerio Público, la PGR y la SEIDO en su momento, no han podido acreditar que la persona es responsable de los delitos que se le atribuyen. Si tenemos una acusación endeble, que no esté bien soportada con las pruebas necesarias para emitir en contra de él una sentencia condenatoria, el juez se ve obligado a absolverlo.”
Recuerda que en los ochenta se buscaban los datos en fichas de cartón, por lo que “eventualmente una persona podría utilizar alias, y con sólo cambiarse el nombre entorpecía la investigación, pero ahora, con los sistemas de cómputo que tienen PGR y todas las fiscalías estatales, se pueden realizar búsquedas de huellas digitales y antropométricas en segundos”.
Añade que “en este supuesto no importaría que el sujeto se cambiara el nombre, puesto que el sistema diría cuál es su nombre verdadero y además los antecedentes. Entonces, quien ha fallado aquí tendría que ser necesariamente el Ministerio Público, porque algunos de los delitos que le han atribuido a este señor en ocasiones anteriores, como pudiera ser narcotráfico, delincuencia organizada, son delitos graves y no le permitirían salir bajo caución”.
Señala que si una persona es puesta a disposición de un juez de distrito por un delito no grave, como la portación de arma, la autoridad puede negar la libertad bajo caución, siempre y cuando el Ministerio Público (MP) lo solicite.
Por ejemplo, explica el académico, si el MP aporta elementos para establecer que, por su conducta o precedentes, liberar al inculpado representa un riesgo para víctimas, ofendidos, testigos, o “en este caso que nos ocupa para la sociedad”, se le niega.
En su opinión, “habría que ver si (Cazarín) obtuvo su libertad anteriormente por una deficiencia en la integración de la averiguación previa (…) Aquí es la SEIDO o la PGR la que no está haciendo bien su labor”.
No cree que se trate de un caso fuera de lo común. “Estas son situaciones que las vemos de manera reiterada, particularmente con personas que tienen una trascendencia dentro de los grupos delictivos. Esto no pasa normalmente con los simples peones o con los delincuentes de barrio”.
Señala que nunca se va a detener a los verdaderos líderes realizando una operación de narcotráfico o secuestro: “Ellos por lo general están atrás, son otros los que llevan a cabo la parte operativa; entonces tiene que ser en más de una labor de inteligencia que se le pueden atribuir los delitos. Por otra parte, dada la capacidad económica que tienen, cuentan también con mejores abogados que pueden destruir fácilmente las pruebas que pudiera haber integrado medianamente la fiscalía”.
–¿Sus recursos económicos podrían comprar la justicia? –se le plantea al especialista.
–Efectivamente, pero aquí tendríamos que dividir el sistema de justicia en procuración y administración, porque las fallas que se advierten están en procuración. Con esa capacidad económica, poseen un gran poder corruptor que pudiera generar una mala integración porque falta una firma o un testigo no declaró en forma completa o se olvidó agregar alguna prueba, y esto genera que el juez se vea obligado a dar la libertad. Sin embargo, la fiscalía tiene siempre la opción de interponer recursos de apelación, de revocación e incluso la facultad de investigar al juez.
De la Cruz concluye que si Cazarín fue detenido dos veces antes, una de ellas en un narcolaboratorio, “no necesariamente nos habla de que sea uno de los principales operadores, porque también es una cuestión mediática a la que cada vez más se recurre, que es presentar las detenciones magnificándolas y haciéndolas ver como si el aprehendido fuera el más efectivo de tal o cual organización, pero vemos que al grupo delictivo no se le afecta, las cosas siguen funcionando como si nada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO/ GLORIA REZA (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421514
MÉXICO, DF: La panista Margarita Zavala respondió a las críticas de Andrés Manuel López Obrador: “Si su único argumento para hablar en mí contra es con quien estoy casada, entonces no tiene ningún argumento en mi contra”.
“Las mujeres tenemos que salir a defender nuestra propia identidad, las decisiones son personales y así lo hemos visto, pensar que somos la extensión de alguien no es justo, es una falta de respeto a todas las mujeres”, atizó la aspirante presidencial.
El domingo, López Obrador denunció que el expresidente Felipe Calderón pretende regresar al poder mediante el ascenso de su esposa.
Hoy, Zavala concedió una entrevista radiofónica a MVS en la que arremetió contra el líder del Movimiento Regeneración Nacional: “Él no es el pueblo, el pueblo somos todas y todos, hasta los que no piensan como él”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421510
MÉXICO, DF: Ante la posibilidad de ser detenidos como presuntos participantes en la fuga del Chapo Guzmán Loera, dos de sus abogados solicitaron amparo de la justicia federal.
Se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez y Andrés Granados Flores, parte del equipo de siete litigantes que desde el 22 de febrero de 2014 –cuando el capo fue detenido por segunda vez– presentaron recursos jurídicos para que no lo cambiaran de celda ni de penal, además de que la autoridad no le confiscara sus bienes ni lo extraditara a Estados Unidos.
El 11 de julio pasado, el líder del Cártel de Sinaloa se fugó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. Tres meses después, el 21 de octubre de 2015, el coordinador de sus defensores, Gómez Núñez, fue detenido como presunto organizador de la evasión.
Ante ello, Granados Flores decidió protegerse. El 22 de octubre tramitó el “amparo indirecto” 1649/2015 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Alegó violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El Consejo de la Judicatura Federal refirió que Granados Flores pidió protección para evitar la “orden de búsqueda y localización”. El 27 de octubre se le pidió que ratificara la solicitud pero no acudió, por lo que el jueves 12 el juez determinó “no tener por presentada la demanda”. El miércoles 17, el Consejo de la Judicatura decidió subir a la red el documento correspondiente.
Granados Flores fue detenido la semana siguiente a la fuga del Chapo, pero salió de prisión al mismo tiempo que un grupo de custodios y encargados de monitorear la celda vulnerada.
De acuerdo con el gobierno federal, Granados Flores contribuyó a la fuga “buscando los planos del penal de Almoloya a la vez que servía de mensajero con otros miembros del Cártel de Sinaloa”.
Con este abogado también fue aprehendido y liberado su hermano Javier Granados Flores, quien trabaja al menos desde hacía 10 años en la Policía Federal, aunque se desconoce si estaba asignado al penal de alta seguridad El Altiplano.
Javier Granados fue sancionado de manera “pública” el 9 de diciembre de 2005 por “negligencia administrativa”, como lo indica el expediente ER-342/2005 del Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Operadores
Granados Flores y Gómez Núñez fueron designados defensores en el juicio de apelación en contra del auto de formal prisión del 5 de marzo de 2014 dictado a Guzmán Loera, según el expediente 182/2014 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal Federal, con sede en Toluca.
El 21 de octubre, Gómez Núñez fue detenido al salir de un juzgado federal y recluido en el mismo penal que su cliente bajo el cargo de orquestar la fuga de su defendido.
De acuerdo con las “fichas de información sobre los avances de la investigación” que las autoridades federales entregaron a senadores, Gómez Núñez coordinó la fuga y pagó a los cómplices, para lo cual mantuvo comunicación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
La reportera Leticia Robles de la Rosa, de Excélsior, reveló el contenido de tales fichas, en las que se hace el señalamiento contra el coordinador de la defensa del Chapo: “El evadido mantuvo comunicación con él (Gómez Núñez) y con operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la finalidad de informar la situación jurídica de los arraigados por la participación en la fuga de Guzmán y para gestionar el pago de honorarios para todo el equipo legal”.
Más adelante se refieren al litigante como el “operador y organizador de la evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera” y quien “además de fungir como enlace con operadores del Cártel del Pacífico, representaba al mismo tiempo la defensa” del capo.
Se informa también que Gómez Núñez egresó como licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1991. Su cédula profesional es la 1611378.
La ficha afirma que “su capacidad de operación le permitió proveer de documentación apócrifa, como credenciales y actas de nacimiento, a las personas que El Chapo pedía que ingresaran a visitarlo al penal, entre las que se identifica a la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López”.
En otra se sostiene que “la participación de Gómez Núñez en la fuga fue tal que gestionó la compra del terreno en donde se construyó el túnel por el que se evadió El Chapo Guzmán, realizó el pago de gastos que originó la construcción de una casa y la bodega que cubrían el túnel, con un costo de $400,000.00, pagándole a los albañiles los días sábados. Él mismo ordenó la entrega del predio una vez terminada la construcción”.
A decir de Juan Pablo Badillo Soto, integrante del equipo jurídico de Guzmán Loera y encargado de evitar su extradición en caso de que sea reaprehendido, los siete defensores se comunicaban entre sí pero “ninguno intervenía en la causa del otro”.
Explica: “El compromiso era no intervenir unos con otros. Estábamos en contacto entre nosotros pero en especial con uno de ellos: Gómez Núñez, quien agendaba los encuentros con el señor, aunque a mí se me estaban negando las visitas. Incluso no me agendó y antes de la evasión llevaba cuatro meses sin verlo”.
Como parte de la defensa del Chapo, Badillo Soto ha promovido los juicios 1233/2014, 733/2015, 118/2015, 712/2015, 732/2015 y 967/2015 en diversos juzgados, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, y todos en curso.
Pero recientemente promovió uno más, en favor de quien encabezó el equipo de abogados del Chapo: Óscar Manuel Gómez Núñez.
Al tramitar el amparo 1160/2015, Badillo Soto pidió la “suspensión de plano” en favor de Gómez Núñez, “la cual se me concedió al momento y el objetivo era que fuera presentado en total estado de salud ante un juez. La demanda fue ante la inminencia del riesgo de ser torturado, desaparecido o privado de la vida o incomunicado, y apelé al artículo 22 de la Constitución, que en su primer párrafo prohíbe el tormento de cualquier especie (tortura)”.
Badillo Soto consiguió dicha suspensión de plano el 23 de octubre, por lo que Gómez Núñez fue presentado ante un juez.
En entrevista, Badillo Soto aclara que no fue gente allegada a Guzmán Loera quien le pidió defender al excoordinador de su defensa, “sino la familia (de Gómez Núñez), que temía que algo le pasara”. Pero comenta que una vez atendida la petición, dejará el caso.
Al igual que el abogado Granados Flores, Badillo Soto tiene un familiar en el gobierno federal. Cuestionado sobre su hijo, que trabaja en una de las direcciones generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, afirma que eso nada tiene que ver con su determinación de defender a Guzmán Loera.
Agrega que sus familiares “incluso me han pedido que deje el caso, pero yo tengo el compromiso ético de llegar al final”. Dice que es el único caso que lleva por el momento.
Pero no es la primera vez que Badillo Soto trabaja para El Chapo. En 1993 lo defendió durante seis años. “Eran otros tiempos, otras reglas, porque en aquellos años lo veía el tiempo que requería, hasta dos veces por semana. Ahora fue más difícil, pues dejé de tener contacto con él cuatro meses antes de su evasión, y quien se encargaba del acceso o agendarlo a uno era justamente Gómez Núñez, y a mí ya no me dejaba entrar a ver al señor”.
Asegura que, a diferencia de otros defensores, él no se amparará porque no cometió ningún delito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421509
Aunque en 2014 fue una iniciativa preferente de Peña Nieto, en el Presupuesto de Egresos de 2016 tampoco se asignaron recursos para implementar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Sistema Nacional para proteger a la infancia mexicana tendrá un año más como letra muerta y sólo demagogia. Aunque la ley para crearlo se aprobó en diciembre de 2014, ya van dos Presupuestos de Egresos en los que no se le asignan recursos.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos.
Ésta fue una iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso en septiembre de 2014 y que se promulgó en diciembre de ese año.
Según la legislación, es obligatoria la asignación presupuestal suficiente para cumplir la ley y crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Procuraduría Federal de Protección de la infancia y el Sistema Nacional de Información sobre Infancia, que se alimente de datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.
Hasta ahora, la ley no opera y tampoco se ha creado la Secretaría Ejecutiva dentro de Gobernación para implementarla y dar seguimiento a sus mandatos, alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Hay mandatos de ley que se tienen que cumplir y sin presupuesto no hay ninguna posibilidad real de que ocurra. El dinero que está tradicionalmente asignado a la agenda es un presupuesto inercial, es el que cada año se etiqueta, que no cambia, lo mismo se le da a educación, a salud que a pueblos indígenas. Pero que ese dinero exista no implica que se cumpla con la ley porque la ley mandata específicamente la creación de una secretaría ejecutiva en Gobernación y la asignación presupuestal específica”, explicó en entrevista Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red.
Con esta legislación se busca coordinar cada programa presupuestal de los tres niveles de gobierno que atienda a la infancia, para sumar esfuerzos y evitar políticas públicas aisladas.
“La gran tarea es transversalizar la agenda, vincular estados con secretarias, con municipios, articular esfuerzos para que éstos no sean aislados. Si son esfuerzos aislados, no logran impactar”, dijo Juan Martín.
El 4 de diciembre de 2014, un día después de que esta ley se promulgó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó el avance que implicó que México aprobara una ley para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 4% del Producto Interno Bruto del país para cada año. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación”, destacó Unicef en diciembre de 2014 sobre la legislación.
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se le asignaron recursos; y según lo votado por los diputados para el Presupuesto de 2016, tampoco habrá dinero destinado al proyecto.
Con esto, son dos años sin etiquetar recursos desde el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen aprobado por el Legislativo.
La Red por los Derechos de la Infancia hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, principalmente, para analizar y definir el gasto público que se necesita para implementar esta ley; pues esa instancia del gobierno federal puede hacer ajustes de presupuesto durante el primer trimestre del próximo año.
“Sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. Se requieren recursos para la urgente creación del Sistema Nacional de Información sobre Derechos de la Infancia y para la formación de funcionarias y funcionarios públicos que operan los programas desde un enfoque de derechos humanos”, demanda la Redim.
El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado. El monto asciende a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos para ejercer en 2016.
La cifra fue 17 mil millones de pesos superior a lo que solicitó el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Hacienda tiene hasta la tercera semana de diciembre para publicar los tomos que integran el paquete fiscal final.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/el-sistema-para-proteger-a-la-infancia-del-pais-cumple-dos-anos-sin-presupuesto-asignado/
La Suprema Corte discutirá mañana el amparo que busca anular el decreto presidencial que retiró al Nevado de Toluca su estatus de Parque Nacional.
Luego de posponer por tres semanas consecutivas la discusión de un amparo con el que se busca anular el decreto presidencial que retiró al Nevado de Toluca su estatus de Parque Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó este debate para este miércoles 25 de noviembre.
En el marco de este análisis jurídico en el máximo tribunal del país, Luz Emilia Aguilar Zínzer, promovente del amparo 779/2014, lanzó a través de la plataforma Change.org una petición dirigida a la Suprema Corte, en la que destaca que la recategorización del Nevado de Toluca –decretada en octubre de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto– “significa la legalización de las actividades devastadoras en su territorio (además de que) el proceso de recategorización se dio a partir de un estudio con importantes imprecisiones y vacíos, y sin la necesaria consulta con los habitantes de la zona, ni a los expertos en el tema”.
El decreto del presidente Peña Nieto otorgó al Nevado de Toluca la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, y autorizó expresamente la realización de actividades productivas que han deforestado la zona, como la tala, la agricultura, la ganadería, la acuacultura y la extracción de especies.
El Nevado de Toluca mantenía el estatus de Parque Nacional desde 1936, año en que le fue conferida esa categoría de protección ambiental por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
Según el decreto de 1936, la montaña y los bosques del Nevado de Toluca debían obtener la máxima categoría de protección, impidiendo que se realizara cualquier actividad productiva, para garantizar la alimentación de dos cuencas hidrológicas que llevan agua a distintas ciudades del Valle de México, el Valle de Toluca y el norte de Guerrero.
Sin embargo, las autoridades subsecuentes omitieron hacer valer la estricta protección establecida en el Nevado de Toluca, lo que derivó en décadas de tala clandestina, agricultura y ganadería ilegales, invasiones de suelo e, incluso, extracciones mineras, actividades que finalmente fueron autorizadas por Peña Nieto, en 2013.
A dos años de que fuese emitido el decreto de Peña Nieto, destaca la petición que ya cuenta con mil 400 adherentes, en el Nevado de Toluca “ya se multiplican las bardas que fragmentan el bosque”, además de que “está en puerta la edificación de una estación de tren”.
Con la recategorización, además, el territorio original del Nevado de Toluca fue recortado, y mediante este proceso fueron desagregados del área protegida distintos terrenos de alto valor inmobiliario, por lo que los signantes de esta petición, dirigida a la SCJN, demandaron también “que se publique la lista de propietarios privados que han adquirido terrenos en la poligonal del ex Parque Nacional”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/piden-a-la-scjn-devolver-el-estatus-de-parque-nacional-al-nevado-de-toluca/
OAXACA, Oax: La desigualdad extrema pone en peligro los esquemas democráticos en México debido a que la sociedad está desencantada de gobiernos que favorecen la concentración del poder económico y políticos en una cuantas manos, afirmó Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam-México.
El especialista consideró que uno de los peligros más latentes es el descontento social que existe alrededor de un sistema económico que no beneficia a las grandes mayorías; al contrario, profundiza la pobreza, como el caso de México, donde el 10% más rico de la población concentra 64.4% de toda la riqueza del país.
Un reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede –y por mucho– a las fortunas de otros adinerados en el resto del mundo, ya que la cantidad de millonarios de México creció 32% entre 2007 y 2012, mientras que en el resto del mundo disminuyó 0.3%.
La Oxfam, confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, resaltó que la desigualdad es mayor a la que había en los ochenta, y lo contradictorio es que ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país.
Y es que en México hay más de 23 millones de personas que no pueden adquirir una canasta básica con su salario, sin embargo, es nuestro país al mismo tiempo vive uno de los hombres más ricos de todo el mundo.
Para dar una idea de la magnitud de la brecha en México, el representante de Oxfam ejemplificó que, en 2014, los cuatro principales millonarios mexicanos –Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego– podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores pagándoles el equivalente a un minisalario sin perder un solo peso de su riqueza.
Luego insistió en que las democracias latinoamericanas no están viendo sus intereses representados por los gobiernos, sino que éstos representan a sus élites, sin embargo, “lo más importante es encontrar los caminos legales organizados para hacer que la democracia funcione para todos y cambiar esas reglas económicas, políticas y sociales que permiten que la riqueza se concentre en unas cuantas manos”.
Fuentes Nieva dijo desconocer si hay un plan para administrar la pobreza en México, pero los que concentran el poder económico y político sí tienen muchos intereses para proteger sus beneficios y las reglas del juego que les permiten amasar grandes fortunas.
“Aquí la responsabilidad de la ciudadanía y las organizaciones civiles es contrarrestar esa fuerza, a través de mecanismos legales como la rendición de cuentas, democracia participativa, ciudadanía activa; de lo contrario, existe un peligro latente de descontento social alrededor de un sistema económico que no beneficia a las grandes mayorías”, alertó.
Sobre los programas asistencialistas en procesos electorales, opinó que la pobreza genera vulnerabilidad para ser influenciados con el asistencialismo o clientelismo social, ya que el dinero se convierte en influencia y poder político, social y económico y eso afecta los procesos electorales o procesos democráticos.
Entonces, esta desigualdad puede poner en peligro los esquemas democráticos no sólo en México, pues según cifras de la Coneval hay alrededor de 53 millones de pobres, lo que significa que México está muy lejos de erradicar este flagelo.
“Llevamos 20 años donde la pobreza no cae, entonces se tiene que analizar la estructura fiscal que es muy regresiva, se tiene que revisar el gasto social que es muy fragmentado y poco eficiente y se tienen que revisar las políticas de salario mínimo porque se ha estancado en los últimos 30 ó 35 años”, aconsejó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421498
MÉXICO, DF: La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, confirmó que esta mañana presentaron una denuncia penal contra el gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, por su intervención en las elecciones del municipio de Tixtla.
En rueda de prensa señaló lo anterior a poco menos de una semana de que se repita la elección en ese municipio guerrerense. La denuncia se hizo ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta intromisión de Astudillo en el proceso usando programas sociales para inducir el voto.
“En este caso específico, a través de un programa de la Sagarpa a nivel federal y del PESA, programa de la Seder, que es un programa de atención al campo a nivel estatal”, apuntó Mojica.
“Estamos hablando de que el tope de campaña en este municipio es de alrededor de 85 mil pesos, y sólo este programa combinado federal y estatal se presentaron las pruebas sobre 2 mil beneficiados, cuando se empezaron a entregar el 20 de octubre estos apoyos”, refirió.
La secretaria general del PRD también destacó una grabación “del candidato a presidente municipal que es primo del gobernador y, bueno, se han presentado las pruebas específicas y estamos hablando solamente de este programa, de una inversión que rebasa los 5 millones de pesos”, acusó.
El mismo Astudillo, indicó, ha reconocido que en Tixtla hay bodegas del programa PESA, y quiere desviar la atención diciendo que PESA trabaja a través de agencias privadas, cuando lo cierto es que son contratadas por el gobierno del estado.
“Entonces, no tendría que haber eso, pues hay una veda electoral, de que no tendría que haber ningún programa en Tixtla, y para nuestro partido a nivel nacional Tixtla es un municipio muy emblemático, muy especial, ahí está la Normal de Ayotzinapa, por ejemplo, y bueno se ha denunciado también que el día de ayer se registraron algunas amenazas a algunos dirigentes que están en la campaña”, acotó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421482
MÉXICO, DF: El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, criticó las nominaciones de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) porque, dijo, están “hechas a modo, o por lo menos parece un intento del gobierno de controlar esas instituciones”.
Destacó que en el caso de la terna masculina enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para nombrar a uno de los dos nuevos ministros de la SCJN, atrajo la atención del procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, vetado por su cercanía con el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para allanarle el camino a otro personaje cercano al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.
En el caso del Inegi, criticó la incondicionalidad hacia el gobierno federal de las personas propuestas cuando se trata, dijo, de una institución que cuenta con credibilidad ante la opinión pública.
Según Basave, queda clara la intención del gobierno de Peña “de restaurar el autoritarismo en México”.
Agregó: “Estos inminentes nombramientos en estos órganos nos están corroborando algo que nos preocupa: el retorno del control presidencial de prácticamente todo en el país, como lo era antes, como lo era en el antiguo régimen donde no se movía la hoja de un árbol en el país sin la voluntad del presidente”.
Ante tal panorama, subrayó, el PRD trabajará para terminar con la transición democrática en el país.
En cuanto a las eventuales alianzas para las elecciones de 2016, Basave recordó que forma parte de los estatutos del PRD, pero aún no las ha definido.
Admitió que está de acuerdo con esas alianzas, pues de lo contrario –apuntó– se dejaría el camino libre al PRI para seguir en el poder.
Según la secretaria general del partido, Beatriz Mojica, esas alianzas serán definidas a finales de diciembre y principios de enero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421484
México, DF. En 2013 y 2014, siete mujeres fueron asesinadas diariamente en promedio en el país, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemorará el próximo miércoles, el Inegi dio a conocer una serie de datos sobre la exposición de las mujeres mexicanas a la violencia.
Indicó que las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubicaron en 2013 entre 13 y 6 defunciones por cada cien mil mujeres en Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.
En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.
Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68 por ciento ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80 por ciento y el Estado de México 78 por ciento, dijo el Inegi.
Agregó que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.
El Inegi destacó que la violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (52.9 por ciento) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4 por ciento).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JULIO REYNA QUIROZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/23/inegi-7-mujeres-asesinadas-diariamente-entre-2013-y-2014-1824.html
Querétaro, Qro. El presidente Enrique Peña Nieto confió en que “con el paso del tiempo” se acredite ante la ciudadanía la eficiencia del sistema anticorrupción y los resultados de la Ley de Transparencia.
Al encabezar la reunión de la 25 Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACES), el Ejecutivo federal equiparó los nuevos instrumentos legales referidos con el sistema electoral que se ha construido en los últimos años.
Comentó que hasta hace algunos años era difícil creer, para algunos, que México llegara a contar con un sistema que garantiza el estricto ejercicio del voto y en el que son mínimas las inconformidades de los resultados electorales
El modelo anticorrupción y de transparencia, dijo, van a abonar en la revisión de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, reconoció que el poder Legislativo, “es uno de los últimos reductos de la opacidad” y que es una tarea pendiente de la actual legislatura avanzar en la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En el evento realizado en el Teatro de la República participaron también el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, el titular de la Secretaría de la Función Público, Virgilio Andrade, y el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal Martínez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/23/confia-epn-en-acreditar-la-eficiencia-del-sistema-anticorrupcion-7968.html
XALAPA, Ver: Elizabeth Morales García, actual delegada de Profeco y exalcaldesa priista de Xalapa, enfrenta varias demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), debido a que se niega a liquidar a sus excolaboradores, quienes participaron con ella durante varios años en la conducción y producción del programa televisivo “Usted no está solo”.
El programa, transmitido durante 15 años en Radio Televisión de Veracruz (RTV) –la televisora oficial del gobierno de Javier Duarte– sirvió de plataforma para construir la carrera política de Morales García.
Scarlet Cornelio Boussart, una de las demandantes, señala a Apro que durante nueve años trabajó en “Usted no está solo” como productora, editora, reportera y camarógrafa.
“Fui una mil usos” –admite–, y desde septiembre pasado mantiene un litigio, pues la hoy delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) únicamente la quiere liquidar con “4 mil pesos” por los servicios prestados.
Al igual que Cornelio Boussart otros cinco trabajadores se encuentran en la misma circunstancia: “Si tú demandas ¿qué vas a ganar?, no me puedes hacer nada. Mejor cerremos un ciclo y todos felices, acepta lo que te ofrezco”, expuso la exalcaldesa a su exproductora.
La oferta se hizo en la residencia de la priista en Monte Magno, complejo residencial cuyo valor en el mercado por cada vivienda ronda los 5 millones de pesos.
Con el programa “Usted no está solo”, un talk show en donde su conductora, la propia Elizabeth Morales, lucraba con la pobreza de la gente, pues repartía electrodomésticos, medicinas, aparatos ortopédicos, lentes y otros apoyos, cuyas gestiones venían de la clase política y empresarial; así, la priista logró ser diputada federal, edil de Xalapa, líder estatal del PRI y presidenta del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Y este año su partido la volvió a postular como candidata a una curul en San Lázaro, pero se fue al tercer lugar por debajo del PAN y del candidato de Morena.
En su carrera política Morales García ha sido señalada de desviar recursos públicos para la campaña de Enrique Peña Nieto; de sobornar a taxistas para votar por el PRI en horarios en que debería de gobernar Xalapa, así como de emprender en 2012 una “campaña negra” en contra del excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de “loco” y “asesino”.
En junio de 2012 audios obtenidos por Apro dieron cuenta de cómo la entonces funcionaria municipal convocaba a trabajadores de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS), del sindicato del ayuntamiento local, de la CROC y comerciantes, entre otros, para “coaccionarlos” a votar por Peña Nieto.
En el audio se escucha la voz de Elizabeth Morales, quien dice: “Andrés Manuel es muy mentiroso, engaña a la gente, intolerante; salió de Tabasco huyendo de la justicia. No acepta su derrota, él no sabe ganar ni perder en la vida, a todo lo acusa de complot y hace plantones”.
Una semana después la priista volvió a repetir la operación, pero en una de sus propiedades en el fraccionamiento Coapexpan, en esta ocasión con trabajadores del volante, a quienes les “restregaba” en la cara 2 billetes de 500 pesos por permitir pegar un engomado de Peña Nieto en los taxis, y otros mil pesos por acarrear gente el día de la elección.
“Si no es indiscreción, ¿cuánto ganan en hora y media?, pues bueno, muchachos, les vamos a dar un poco más para que se sumen al proyecto de Enrique Peña, nuestro próximo presidente de la República. Dos de éstos (billetes de 500 pesos)”.
La última pifia pública de Elizabeth Morales ocurrió como lideresa del PRI, en un aniversario luctuoso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, donde Morales develó una placa en homenaje al priista sonorense ultimado en la colonia tijuanense de Lomas Taurinas, Baja California: la placa rendía tributo a “Don Aldo” Colosio. El pitorreo en redes sociales se hizo viral a escala nacional.
La querella que puso Scarlet Cornelio en contra de Elizabeth Morales por incumplimiento de la indemnización constitucional, la exigencia del pago de salarios caídos, el pago de la prima de antigüedad y el pago proporcional del aguinaldo fue puesta el 10 de septiembre y es apoyada por el despacho jurídico de Anieva & Asociados, sin embargo, a Cornelio le ofrecieron audiencia hasta enero próximo.
La demandante sospecha que la propia exalcaldesa priista ha intervenido ante la JLCA para “entrampar la querella”. En el gobierno de Duarte, el actual secretario del Trabajo y Previsión Social es Gabriel Deantes Ramos, un operador político del PRI en época electoral y cercano a la propia Morales García.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421459
