MÉXICO, DF: Unidos por el rechazo a lo que consideran una “simulación de justicia”, unos 80 comuneros que fueron reprimidos durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en la carretera federal Texcoco-Lechería conformaron el Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco.
En conferencia de prensa, integrantes respaldados por el líder del Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, acusaron ser revictimizados en careos judiciales a los que han sido llamados como testigos de descargo de 12 policías, 21 médicos legistas y un ministerio público que son procesados por el delito de tortura y encubrimiento en las causas penales 55/13 y 166/14.
Las causas penales fueron abiertas a partir del litigio que siguen 11 mujeres detenidas en Atenco en mayo de 2006 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, por “tortura sexual”.
Mario Orta integrante de Comité explicó que la primera acción es “desacatar” los llamados del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México para comparecer respecto de las causas penales la 55/13 y 166/14 en las que han comparecido 43 y 44 comuneros respectivamente y faltan por declarar como testigos 49 personas más entre hombres y mujeres.
El rechazo a las comparecencias se debe a que los integrantes del Comité consideran que “el gobierno y sus ministerios públicos son juez y parte y lo único que pretenden es simular justicia y procesar a los más bajos niveles de una cadena de mandos que se niegan a investigar”.
Orta añadió que en la más reciente audiencia llevada a cabo el martes 17 en el penal de Santiaguito expresaron al juez su rechazo a acudir a un nuevo llamado.
“Le explicamos que íbamos a promover que se nos dejara de notificar para comparecer. Nos pidió nuestros motivos y entre ellos es porque los careos son revictimizantes porque la prueba ya se agotó. Hemos comparecido más de 80 personas y los testimonios se repiten una y otra vez, ya no tiene caso que sigan llamando a más mujeres y hombres a los careos.
“Vamos a dejar por escrito que ya no nos vamos a presentar a ningún careo con mandos bajos, vamos a desacatar esos llamados, vamos a desobedecer”, dijo el comunero quien agregó que sólo acudirán como testigos cuando se llame a comparecer a quienes consideran los “verdaderos responsables intelectuales y políticos: desde el nivel municipal” hasta quien en ese momento era el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto.
“Cuando se llame a comparecer estaremos dispuestos a carearnos, mientras desacataremos los llamados como parte de una protesta pacífica, ideológica y política”, apuntó Orta.
De acuerdo con los integrantes del Comité además de Peña Nieto entre los responsables de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 estarían el expresidente Vicente Fox Quesada, Daniel Cabeza de Vaca, entonces titular de la Procuraduría General de la República; los exsecretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Carlos Abascal Carranza, fallecido el 2 de diciembre de 2008, y Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También el entonces secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y actualmente diputado, Miguel Ángel Yunes; Genaro García Luna, quien fuera director de la Agencia Federal de Investigación, y Ardelio Vargas, exjefe de la Policía Federal Preventiva y hoy comisionado del Instituto Nacional de Migración.
El Comité considera también como responsables a Wilfrido Robledo Madrid, exdirector de la Policía Federal Preventiva y excomisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México; Abel Villicaña Estrada, exprocurador general de Justicia estatal, y Humberto Benítez Treviño, entonces secretario General de Gobierno.
Del ámbito municipal ven responsabilidades en el expresidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, quien está nuevamente en el cargo; Raúl Alberto Castrejón Núñez, exsubprocurador de Justicia, y Pascual Pineda Sánchez, expresidente municipal de San Salvador Atenco.
Los integrantes del Comité acusaron la pretensión del Estado mexicano de entregar fondos económicos a las víctimas de los hechos con lo que se pretende “silenciar la dignidad”.
Según Jorge Orta los abogados defensores de los servidores públicos que están siendo procesados “empiezan a manejar el rumor de que va la reparación de daño para todos” como parte del decreto emitido en mayo pasado por el gobernador Eruviel Ávila por el que se crea un fondo para indemnizar a las 11 mujeres que litigan en la CIDH, mismo que ha sido rechazado por las agraviadas.
Tras recordar que tanto la conformación del Comité como el rechazo a comparecer en las causas penales no fueron medidas acordadas con las denunciantes ante la CIDH, Orta reconoció que en el rechazo a la indemnización hay compatibilidad con sus 11 compañeras.
“Ni ellas ni nosotros entendemos la reparación del daño como algo económico, como algo aislado, sino como un conjunto que lo marca la ley, la verdad de lo que pasó ahí, que haya justicia y castigo a los responsables y la reparación del daño como disculpa pública, pero eso sería lo último”.
Presente en el evento Ignacio del Valle apuntó que aunque el proceso organizativo anunciado “es un proceso que tiene otro nivel, es parte de lo mismo, sentimos lo mismo que ellas (las 11 de Atenco), la rabia la compartimos, Enrique Peña Nieto es uno de los actores principales y responsable de esta agresión a esta resistencia por la tierra”.
Entre los integrantes del Comité estuvieron presentes en la conferencia Evaristo Vázquez Durán, Filemón Rojas Ramos y Mario Francisco Ávila Meza.
