Adiós a Pemex: 2016, el año del desmantelamiento

Ya no es un secreto para nadie que el declive de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha acelerado y el próximo año se espera incluso la quiebra de algunas de sus importantes subsidiarias, como es el caso de Pemex Refinación.

La empresa más importante que tuvo en sus manos el Gobierno federal y que benefició no sólo las finanzas públicas nacionales sino en particular las de los estados y los gobernadores, acostumbrados a recibir cuantiosas ganancias de la entonces paraestatal incluso sin tener que comprobar en qué se gastaban esos millones de pesos, ha comenzado a resentir el proceso de privatización impulsado por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y un desmantelamiento paulatino de su infraestructura.

Ayer, documentos consultados por la agencia de noticias Reuters confirmaron lo que muchos analistas han mencionado desde el inicio de la discusión de la Reforma Energética: que el Estado mexicano no piensa gastar más en la ahora Empresa Productiva del Estado y que, a un mediano plazo, el objetivo es reducirla a un ente administrador de contratos y no en lo que, aún con su debilidad financiera aún es: una de las productoras de hidrocarburos más importantes y experimentadas en el mundo.

Este año, dicen los documentos revelados por la agencia, Pemex procesará la menor cantidad de barriles de crudo por día ren los últimos 25 años, principalmente por paros realizados para rehabilitación de las refinerías que, hasta agosto de este año, ha registrado 73 no programados.

Según los datos, procesará en sus seis refinerías mil 092 millones de barriles por día, el número más bajo desde que se tienen registros públicos en 1990. En 1994, por el contrario, fue el año en el que Pemex procesó la mayor cantidad de crudo con mil 357 millones de barriles por día, de acuerdo con datos oficiales. La producción promedio de crudo ese año fue de 2.69 millones.

“La razón de la disminución en el proceso de crudo es principalmente que algunas plantas de las refinerías han estado paradas por la rehabilitación de las mismas para la producción del diesel de ultra bajo azufre”, expuso a la agencia el área de prensa de la firma.

Para el 2016 se estima aumentar el procesamiento a 1.15 millones de barriles diarios.

Si Pemex procesa menos petróleo, la eficiencia de sus refinerías caería a un 69 por ciento este año, calculó Reuters con base en datos de la petrolera contenidos en los documentos.

De acuerdo con la consultora Wood Mackenzie, citada por el texto de la agencia, la eficiencia de las refinerías de Pemex bajaría al 63 por ciento este año frente al 77 por ciento de hace cinco años.

Actualmente, Pemex es la única que refina petróleo e importa gasolinas en México, pero se espera que eso cambie en el futuro debido a que la Reforma Energética le quitó el monopolio en el sector de los hidrocarburos y abrió al capital privado y extranjero a la extracción.

Derivado de la reforma, a partir de 2016 empresas privadas podrán importar y distribuir gasolinas en México y desde el 2018 podrán refinar crudo y vender gasolinas a precios de mercado para competir directamente con Pemex.

El sector gasolinero mexicano se verá reducido a su mínima expresión respecto a sus compras a Pemex, pues de acuerdo con lo que han alertado los empresarios del sector de los 11 mil que hay ahora se quedarán unos mil con la Franquicia Pemex, que es la que ahora controla el rubro.

Pemex Refinación, entonces, no tendría sentido en un mercado abierto que privilegiará la compra de gasolinas extranjeras, y porque la actual administración de Petróleos Mexicanos no está dispuesta a darle más dinero a la empresa que fue el puntal del desarrollo del país por casi 80 años. Al contrario, con la aplicación de grandes cargas impositivas como las que le aplica la administración federal lo que se pretende es matarla por completo.


Así las cosas, los mexicanos veremos en los próximos meses como está industria también se nos va de las manos, para dejarla, como antes de marzo de 1938, en manos de privados mexicanos y extranjeros que, en ese entonces y ahora, poco interés tienen en el bien común.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/25-11-2015/41844

Una señal de GPS llevó la búsqueda de un desaparecido a un cuartel militar

Tras la desaparición del ingeniero Francisco Herrera Rivera, un último rastreo por GPS reveló que su teléfono estuvo en el 15 Batallón de Infantería. La familia denuncia que la propia Sedena y el Ejército en la zona ocultan información así como los videos del C4 que captan el momento de su captura.

El 7 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera Rivera salía de un cajero automático en Tampico, Tamaulipas, cuando fue interceptado por una patrulla militar que, sin más, le requirió su credencial de elector, alegando una revisión de rutina. Los militares, narró el ingeniero a sus hermanos algunos días después, le tomaron una foto a su credencial y luego lo dejaron partir. “No lo vio como algo grave, incluso, bromeó al respecto”.

Pero diecisiete días después, el 24 de febrero, a las 7:15 horas, Francisco fue raptado al de salir de su casa.

Una cámara del C4 de Tampico registró el secuestro. “Cuando se lo llevan, la cámara los sigue, lo que demuestra que alguien estaba controlándola, viendo lo que sucedía”, narra Víctor Herrera, su hermano, “pero no dieron aviso a nadie”.

Aunque el ingeniero vivía solo, su familia pudo identificar su ausencia el mismo 24 de febrero, debido a que antes de llegar al trabajo, Francisco solía estacionar su camioneta en casa de su mamá, ubicada a poca distancia de su centro laboral. Al no hacerlo, y luego de que pasaron varias horas sin que lograran contactarlo, se convencieron de que algo le había sucedido.

Decidieron entonces rastrear su teléfono a través de un servicio personal de GPS, el cual ubicó el aparato dentro de un cuartel militar, el del 15 Batallón de Infantería, en la misma ciudad de Tampico.

Según este reporte, ese era el punto en el que se encontraba el teléfono la última vez que fue activado, siendo las 9:38 horas del 24 de febrero, es decir, dos horas y 23 minutos después de que el secuestro de Francisco fuera captado por las cámaras de seguridad pública.


Desde entonces, han pasado nueve meses, y nada ha vuelto a saberse de él.



El Ejército

“Mi hermano Paco acababa de cumplir 39 años cuando se lo llevaron –narra Víctor–, vivía separado de su esposa desde hacía unos meses, y estaba pagando su casa, por lo que vivía con un promedio de 6 mil pesos al mes, no era una persona adinerada. Aún así, nos pareció extraño que nadie llamara para pedir rescate, porque creíamos que se trataba de un secuestro para sacar dinero, pero más extraña fue la forma en que han actuado las autoridades encargadas de buscarlo.”

Luego de que el GPS ubicara el teléfono de Francisco dentro del 15 Batallón de Infantería, sus hermanos acudieron a este cuartel militar, para pedir informes sobre su situación, y “ahí nos recibe un tal general Adame, quien descarta que ahí tengan a mi hermano, y nos pasa a buscarlo, supuestamente”, pero para ese momento ya habían pasado más de siete horas desde que el aparato había sido encendido y ubicado por el GPS dentro de esas instalaciones, así que “ya no encontramos nada”.

Después de una semana, en la que vieron a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas cruzarse de brazos ante su denuncia, los familiares del ingeniero Francisco Herrera fueron notificados informalmente de que en el C4 habían encontrado videos que registraban el momento en que fue detenido.

“En esa semana hablamos con toda la gente que pudimos, conocidos, amigos, allegados, y fue así que supimos que ahí estaban los videos. Le pedimos al agente del MP del estado que los solicitara, pero no lo hizo, así que fuimos nosotros directamente al C4, y ahí una encargada llamó a un muchacho, un analista, quien nos dijo que efectivamente habían encontrado videos del secuestro, pero que un día después de los hechos había estado ahí el Ejército revisándolos, que lo habían tenido ahí hasta las 12 de la noche revisando… ‘no se preocupen, ya va muy avanzada la investigación’, nos dijo el analista”.

Esos videos, destaca la familia del ingeniero, fueron revisados y seleccionados por el Ejército del C4 sin que contara con ninguna atribución para ello.

“La Sedena cuenta con material que no ha entregado, en sus reportes hablan de que en el secuestro participaron tres vehículos, sin embargo, en los videos que han entregado sólo se ven dos autos”.


Esto, destaca Víctor, es prueba de que existen tomas del C4 a las que el Ejército tuvo acceso, pero no la familia y el MP.

“Cuando se llevaron a mi hermano –destaca Víctor–, los vehículos hacen un alto en una gasolinera, eso se ve en el video de C4. En esa gasolinera hay ocho cámaras de vigilancia, y cuando fuimos ahí para que nos facilitaran los videos, nos dijeron que antes ya los había pedido el Ejército y que ellos los tenían.”

La Secretaría de la Defensa Nacional retuvo este segundo paquete de videos durante dos meses, obstruyendo la investigación del Ministerio Público del fuero local, que no pudo conocer su contenido sino hasta mayo, debido a que fueron enviados a la sede central de la Sedena, en la Ciudad de México, hasta donde tuvo que viajar un agente del MP de Tamaulipas, para poder recuperarlos… dos meses después del secuestro.

Luego, las irregularidades en el actuar del Ejército continuaron.

“A finales de julio de 2015, o sea cuatro meses después de que se llevaron a mi hermano, hubo un enfrentamiento entre militares y criminales en el ejido Ruiz Cortines, municipio de González. Los criminales iban a bordo de la camioneta que se robaron cuando secuestraron a mi hermano. La camioneta quedó toda balaceada, y los tripulantes huyeron, dejando armas, equipo táctico y uniformes del Cártel del Golfo. La camioneta fue asegurada por el Ejército y puesta a disposición de la PGR, en donde para entonces ya habíamos también interpuesto una denuncia, y aún cuando la camioneta tenía reporte de robo, y de que estaba vinculada a la averiguación previa por la desaparición de mi hermano, ni el Ejército ni la PGR hicieron nada cuando la encontraron. Peor aún: tampoco dijeron nada.”

La familia del ingeniero Francisco Herrera supo que la camioneta había sido localizada hasta septiembre, es decir, dos meses después del hallazgo (y siete después del secuestro), gracias a que sus placas fueron captadas por una cámara de seguridad pública cuando el vehículo era transportada a instalaciones judiciales, a bordo de una grúa. Al tener reporte de robo, la cámara detectó en automático la placa y emitió una alerta.

“Si esa cámara del C4 no hubiera detectado la placa, la camioneta de mi hermano seguiría en un corralón de la PGR, perdida… De los tres vehículos que participaron en el secuestro, dos de ellos fueron luego recuperados, abandonados, pero cuando fueron recuperados y sometidos a análisis, estaban totalmente limpio: no había ni una huella, ni un cabello, nada. Parecía que la habían limpiado antes de entregarlos…”, se lamenta Víctor.

Para obtener la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a esta denuncia, Animal Político solicitó formalmente una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable.

El C4

Cuando la familia del ingeniero Francisco Herrera exigió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Tampico (C4) que explicara en qué circunstancias había entregado los videos del secuestro a integrantes del Ejército, el titular de este organismo, Juan Luis Domínguez Vargas, optó por negar los hechos, y “cuando el agente del Ministerio Público intentó tomar declaración al analista que asistió a los soldados en la revisión del material, nos encontramos con que este muchacho se presentó acompañado por el equipo jurídico de su institución. Y el analista, ya en su declaración, se echó para atrás, negó que ahí hubieran estado militares, negó que les hubiera entregado videos, negó que hubiera hablado con nosotros… era indignante escucharlo, porque propiamente nos estaba acusando a nosotros de mentir.”

De hecho, a través del oficio C-4/330/2015, fechado el 19 de marzo de 2015, el titular del C4 de Tamaulipas notifica oficialmente a la Procuraduría del estado que “ninguna persona de Sedena se ha presentado en nuestras instalaciones solicitando información por la desaparición del C. Francisco Herrera Rivera”.

Lo anterior, sin embargo, quedó desmentido por la misma Sedena, que en el reporte “URGENTE. No. PTN.INFN.333”, del 26 de febrero de 2015 –elaborado por J.A. Adame Cabrera, comandante del 15 Batallón de Infantería de Tampico–, reconoce que “esta comandancia de unidad se coordinó con la C. Lic. Alejandra Garza Caballero, encargada del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del C4-Tampico, Tamaulipas, con el fin de verificar la veracidad y obtener mayores datos sobre los hechos expuestos por familiares de la presunta víctima”.

En dicho reporte, el comandante del 15 Batallón asegura que personal militar “realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, lo que les permitió ubicar imágenes en las que se ve a dos vehículos siguiendo la camioneta del ingeniero.

Así, destaca Víctor, este reporte de la Sedena demuestra que los funcionarios del C4, desde el analista hasta su titular, pasando por su dirección jurídica, incurrieron en falsedad de declaraciones al rendir su testimonio ante el MP, “y ¿cuál era su objetivo al mentir? –se pregunta Víctor, y luego se responde–: Su objetivo fue ocultar las acciones del Ejército…”.

A pesar de que estas evidencias de falso testimonio han sido integradas a la averiguación previa iniciada a nivel estatal por la desaparición del ingeniero Francisco, ningún funcionario del C4 ha sido llamado a rendir cuentas.

La PGR

Según la descripción de los videos del C4 hecha por la misma Sedena, las personas interceptaron el vehículo de Francisco subieron a él, y luego todos se fueron en convoy, que pudo ser seguido por distintas calles de Tampico, hasta perderse.

A partir de esas imágenes, el comandante del 15 Batallón concluyó en su reporte que “por las acciones realizadas por las personas que viajaban en ellos (los autos que interceptaron a Francisco) es factible que el citado individuo forme parte de algún grupo de la organización delictiva Cártel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de integrantes de la misma organización”.

–¿Existe alguna denuncia, investigación o evidencia de que el ingeniero Francisco Herrera estaba involucrado en actividades criminales?

–Nadie, ni nosotros como familia, ni el Ministerio Público, ni el Ejército, tiene ningún indicio de que él hubiese participado en algún hecho delictivo. Ese reporte fue elaborado un día después de que secuestraron a mi hermano, es decir, no está sustentado en una investigación real. Es, más bien, como un intento de desviar la atención.

–¿Y tienen alguna hipótesis sobre lo que le sucedió a su hermano?

–No sabemos quiénes o por qué se lo llevaran, pero todas las evidencias indican de una u otra forma al Ejército. Es muy raro que ninguna autoridad quiere hacer nada: en marzo, un mes después de que se llevaron a Paco, acudimos a la PGR, en la Ciudad de México, y supuestamente iniciaron una averiguación previa, pero en septiembre, cuando volvimos a revisar el expediente, nos dimos cuenta de que no habían hecho nada, absolutamente nada.

Dos semanas después del secuestro, cuatro sujetos fueron detenidos por el Ejército, por portación de armas de fuego, y resultó que iban a bordo de uno de los autos usados en el rapto, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal (que pertenece a la PGR), y cuatro días después fueron puestos en libertad. Jamás les preguntaron por mi hermano, qué le habían hecho, por qué tenían uno de los autos que participaron en el secuestro, nada. Sólo los dejaron ir.

“Todo es muy raro”

La identidad y las fichas delictivas de estos cuatro sujetos temporalmente detenidos no ha podido ser conocida por la familia de Francisco, hasta la fecha, “y, por lo tanto, no hemos podido contrastar esos rostros con las personas que se ve en los videos, y ese es el problema –destaca el hermano del ingeniero–: que 95% de los avances en la investigación han sido aportados por nosotros, como familia, son datos recabados por nosotros, derivados de nuestras observaciones, nosotros somos los que hemos hecho el trabajo de campo, porque ni la Procurduría estatal, ni la PGR, han hecho nada, el expediente tiene unas 3 mil hojas, pero ningún resultado…”.


Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas, a nivel nacional, con 5 mil 519 víctimas, acumuladas del año 2000 a la fecha, según las estadísticas oficiales en la materia, de ellas, 410 fueron raptadas en la ciudad de Tampico.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/por-gps-rastrean-a-desaparecido-hasta-cuartel-militar-en-tamaulipas/

La PGR reduce en 80% el número de testigos protegidos

México, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que redujo en 80% el número de testigos protegidos que coadyuvan con las autoridades para fincar cargos, tanto a funcionarios públicos como a miembros del crimen organizado.

Destacó que a partir de ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso tendrá que estar adminiculado con otros medios de prueba.

En sesión de trabajo, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardan los testigos protegidos que forman parte de dicho programa, y como resultado de ese análisis decidió dar de baja a tres de los 14 colaboradores.

De acuerdo con el Comité, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos llegó a convertirse en administraciones pasadas en una práctica recurrente sin algún otro sustento.

Por ello, la procuradora general de la República, Arely Gómez, giró la instrucción de disminuir el número de esos testigos para evitar abusos en el empleo de la figura.

Ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, sino que adicionalmente deberá allegarse otros medios de prueba.

Para la investigación de los delitos del orden federal, de 66 testigos colaboradores registrados en 2012 se pasó a 53 en 2013, 40 un año después y actualmente sólo se reportan 11.

Es decir, en los últimos tres años se ha disminuido en 83.33% la cifra de testigos colaboradores, y en lo que va de esta administración –de marzo a la fecha– no se ha incluido a ninguna persona en dicho programa.

Gómez pidió que por lo menos cada tres meses se siga revisando la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad, para que se determine la pertinencia de su continuidad.

Para costear diversos gastos de los testigos protegidos, entre ellos manutención y arrendamiento, la PGR erogó 217 millones 443 mil pesos de 2000 a abril de 2015.

Ello a pesar de que varios asuntos se han caído porque los señalamientos de los testigos colaboradores han resultado falsos. Tal es el caso del exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y del extitular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, quienes fueron relacionados con la delincuencia organizada y finalmente puestos en libertad.

En abril de 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam admitió que no se pudo comprobar lo que declaró el testigo en contra de ambos exfuncionarios, quien fungió como abogado del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Otros 13 acusados dentro de la Operación Limpieza, iniciada en 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, fueron exonerados.


De 1997 a marzo de este año, 806 personas han servido a la PGR como testigos colaboradores porque decidieron acogerse al programa con el único fin de que se les redujeran las penas impuestas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421619

La crisis de derechos humanos en México tiene su antecedente en Oaxaca y Atenco: Red TDT

OAXACA, Oax: Los procesos de criminalización de la protesta social en 2006 en Oaxaca y Atenco (Estado de México) sentaron las bases para la actual crisis de derechos humanos diagnosticada por los principales organismos internacionales, sostuvo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Esa crisis ha debilitado el tejido social, lo que ha posibilitado la implementación de reformas estructurales que buscan desmovilizar y despojar a la sociedad de sus derechos, subrayó.

En el noveno aniversario de la represión de 2006, la Red TDT exigió justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas el 25 de noviembre de ese año, cuando las fuerzas federales reprimieron de manera brutal a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Consideró, asimismo, que los ataques contra las protestas en Atenco y Oaxaca fueron el preámbulo de la agudización de una crisis que se ha caracterizado por un constante incremento de la violencia e inseguridad, que de manera muy clara se ha manifestado en temas como el incremento en los índices de homicidio, desaparición de personas y feminicidios.

La criminalización de la protesta social vivida contra la APPO hace nueve años fue el paso previo a una descomposición nacional que derivó en una ola de violencia que ha dejado más de 26 mil personas desaparecidas, subrayó.

A su vez, esta violencia fue el factor fundamental para debilitar el tejido social y poder conseguir las reformas estructurales que habían sido detenidas en muchas ocasiones, sostuvo la Red TDT.

Dichas reformas, añadió, han buscado la desmovilización de sectores emblemáticos de la lucha social como los profesores (a través de la reforma educativa), al tiempo que se despoja a las comunidades de su derecho a la tierra y el territorio mediante la reforma energética.

Paralelamente, y a pesar de haber adquirido compromisos en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional, el Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones al obstaculizar la implementación de mecanismos emergentes como la Alerta de Género, que sólo ha sido decretada tras una exigencia de la Red TDT.

Organizaciones de la región Sur de la Red TDT consideraron que la única vía legítima para el mejoramiento de las condiciones de vida en esta zona pasa por cumplir la obligación de garantizar todos los derechos humanos de manera integral, incluyendo el derecho a la protesta, a la organización gremial y a defender los derechos humanos.

Además externaron su preocupación por el grave incremento en fenómenos como el feminicidio y la violencia contra las mujeres, y condenaron la impunidad, porque ha sido la única respuesta del Estado ante la justa exigencia de los familiares de personas desaparecidas.

De igual forma, calificaron de lamentables los intentos oficiales por dividir a los familiares otorgando un trato diferenciado a casos que les representan un mayor interés político por su nivel de gravedad.

Mención aparte merece el caso Ayotzinapa por la gravedad de los hechos, pero sobre todo por la deliberada intención de ocultar y distorsionar la información por parte de las autoridades responsables, apuntaron.


Luego de manifestar su solidaridad al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a todas las familias y víctimas de desaparición forzada en el país, exigieron al Estado que asuma sus responsabilidades de manera equitativa con el fin de garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en todo México, pero en particular en la Región Sur.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421637

Hijo de Emilio Gamboa se estrena en la Cámara de Diputados… con iniciativa reciclada

México, DF: El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Pablo Gamboa Miner, estrenó su mandato con un reciclado proyecto de decreto de 2013 por el que se reforma la fracción XI el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte que fue rechazado y archivado por el Senado de la República en marzo de 2015.

El vástago del senador Emilio Gamboa Patrón recurrió a una iniciativa que se remonta a la gestión de su antecesor Felipe “El Tibio” Muñoz y que prácticamente estaba muerta al no obtener en su momento la validez ni el curso adecuado.

El 2 de octubre de 2013 el entonces diputado panista Fernando Alejandro Larrazábal Bretón presentó ante el pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados la mencionada iniciativa.

El dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2014. Sin embargo fue rechazado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores el pasado 5 de marzo.

La iniciativa de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados proponía incorporar en el texto normativo de la fracción XI del artículo 2 de la actual legislación deportiva la obligación a garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte que se implementen. En el mismo se establece se establece que se hará sin importar su origen étnico o preferencia sexual.

El Senado determinó que derivado de la propuesta contenida en la minuta de referencia “no se observa relevancia en la misma pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la ley en la materia”.

Además estableció que no es de considerarse la aprobación de la minuta remitida por la Cámara de Diputados ya que además de lo establecido en la nueva ley del deporte “ya existen normas que regulan y atienden los diversos tipos de discriminación que pudiesen suscitarse en el desarrollo de los derechos humanos en nuestra sociedad”.

Ahora Gamboa Miner pretende legislar en esa materia con una minuta que ya fue rechazada una vez.

El miércoles 24 la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con 409 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones por lo cual la minuta se devuelve a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Deporte intervino el diputado Pablo Gamboa Miner. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervinieron los diputados Melissa Torres Sandoval, del PES, y cuñada del director de la Conade, Alfredo Castillo; Carmen Victoria Campa Almaral, del Panal; Luis Ernesto Munguía González, de MC; Renato Josafat Molina Arias, de Morena; Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del PVEM; Olga Catalán Padilla, del PRD; Adriana Elizarraraz Sandoval, de PAN, y Flor Ángel Jiménez Jiménez, del PRI.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421611

IEDF manipula la consulta para que salga un “sí” al corredor Chapultepec, acusan vecinos

En un hecho inédito donde los ciudadanos podrán decidir sobre el futuro de una obra de desarrollo urbano en la Ciudad de México, vecinos que se oponen al Corredor Chapultepec denuncian vicios en el proceso de consulta ciudadana.

Representantes vecinales que se oponen a la realización del Corredor Cultural Chapultepec–Zona Rosa (CCC) denunciaron ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) la extrema desventaja con la que han tenido que competir en contra de los representantes que están a favor de la obra, previo a la consulta ciudadana que se realizará el 6 de diciembre para determinar el futuro del área.

La primera conferencia de prensa que gestiona el IEDF para que ambos bloques informen al resto de la ciudadanía sus posturas se vio marcada por acusaciones a ese Instituto por favorecer al grupo que busca el “sí” en la consulta ciudadana para la realización del proyecto que comprende una concesión por 40 años de alrededor de mil metros cuadrados.

“Las reglas del juego no han quedado claras. Estamos a expensas de los tiempos del propio Consejo [del IEDF], y tenemos que estar sujetos a las indicaciones, como si fuera una relación gerencial. Hoy deberíamos de estar presentando el DVD y al micrositio, y no contamos con ello, ni con el acceso al micrositio porque no nos han hecho favor de darnos la clave“, dijo Sofía Dinorah Trejo Bac, representante vecinal de quienes se oponen al CCC.

En medio de las críticas hoy el IEDF arrancó con la entrega de material informativo, en donde 800 personas entregarán casa por casa en la Delegación Cuauhtémoc más de 200 mil paquetes con un DVD y un tríptico que pretender informar a los vecinos sobre las repercusiones de este proyecto, y convencerlos de votar a favor o en contra el 6 de diciembre.

Los representantes del “no” señalaron que desde el domingo se ha estado haciendo entrega de volantes a favor del sí. “Éstos tienen el mismo diseño que uso el ProCDMX para apoyar el proyecto anteriormente”, dijo Trejo.

Sin embargo, entrevistado al final del evento el Consejero, Pablo Lezama Barreda, negó que estuviera en manaos del IEDF hacer algo para evitar que se propague propaganda ilegal que favorece a la realización del CCC.

Por su parte, Margarita Villalba, otro integrante del grupo de oposición, acusó con base a fotografías que los representantes que abogan por el “sí” han sostenido reuniones con políticos que tienen injerencia en sus decisiones.


Dicha fotografía involucra al ex Delegado de la Cuauhtémoc por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez, al representante del PRD ante el propio IEDF, Roberto López Suárez; José Luis barajas presidente del consejo vecinal de la Delegación Cuauhtémoc; ex candidato a la misma demarcación por el PRD, José Luis Muñoz Soria; y Sebastián Pérez director de vinculación ciudadana de ProCDMX.

“Aquí se ve la coalición de ex servidores públicos. ¿No es curiosa una reunión donde estén ex servidores públicos, servidores públjicos y los compañeros que están en la comisión del sí, a favor del corredor? Esto lo subió al Facebook la señora Verónica Olvera, esposa de José Luis Muñoz”, dijo Trejo.

Una hora después, cuando fue el turno de la comisión del “sí”, se aceptó haberse realizado esa reunión, pero argumentaron que los presentes eran libres de reunirse, siempre y cuando no estuvieran en horarios de trabajo en calidad de ciudadanos, como es el caso de las personas participantes que aún fungen cargos públicos.

La media hora del grupo a favor del CCC estuvo marcada por la llegada y toma de la palabra del director de Simón Levy, director general de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), quien argumentó que su presencia y ocupación del tiempo de los vecinos era para dejar en claro dudas sobre la gestión del Gobierno en la concesión del CCC.
Por su parte, el Consejero Pablo Lezama Barreda al ser cuestionado por la prensa respaldó la incursión de Levy en el evento, aduciendo que hace tres semanas cuando se dejo en claro el proceso de consulta el IEDF consideró que sería importante la participación de un miembro que el Gobierno eligiera. En este caso el mismo Levy.


Ambas comisiones a favor y en contra seguirán participando en foros programados el 30 de noviembre, el martes 1 y el 2 de diciembre, asimismo, se prevé una marcha para manifestar en contra del proyecto el 5 de diciembre.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2015/1562944

La Fepade pide orden de arresto contra Escobar, Subsecretario de Segob y ex vocero “Verde”

La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

Arturo Escobar, Subsecretario de Participación y Prevención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, rechazado por grupos civiles por considerarlo un mal ejemplo para la cultura de la legalidad en un país cuestionado por la debilidad del Estado de Derecho, está en problemas.

Esta noche, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015. Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto.

El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se considera un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

El diario detalla que de acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.

Al Subsecretario de la Segob se le imputa el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días. La pena podría ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral.


Mientras, el juez tiene un plazo de diez días para conceder o negar la orden de detención en contra de Arturo Escobar.

Desde el mes de marzo de este año, ciudadanos denunciaron que el PVEM realizaba un envió de tarjetas de descuento, las Premia Platino, en la que ofrecía distintos descuentos para comercios de toda índole, laboratorios médicos, tiendas departamentales, zapaterías, restaurantes, papelerías, pizzerías, hoteles y más. La entrega se hizo durante varios meses previo a las elecciones del 7 de junio de 2015, pese aún de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una medida cautelar para que se detuviera su distribución.

Las tarjetas llegaban al domicilio con el nombre del votante; es decir, el Partido Verde utilizó bases de datos que supuestamente son protegidas por el INE para, según los tirbunales, tratar de comprar votos, ofreciendo como lo hizo el PRI en 2012, tarjetas con beneficios.


Las tarjetas rotuladas con los nombres de los particulares también ofrecían bonificaciones del 30 por ciento de las compras en las Farmacias del Ahorro, en las tiendas Chedraui se les da 10 pesos de bonificación por cada 200 pesos de compra.

ESCOBAR EN LA SEGOB

El pasado 9 de septiembre Arturo Escobar y Vega fue designado como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. Luego de su nombramiento, diversas organizaciones coincidieron en que esta decisión no sólo fue un premio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por su participación en el proceso electoral 2015, sino que con ello, el Gobierno federal concretó un pacto de impunidad y corrupción, denunciaron organizaciones civiles. Incluso pidieron su revocación.

Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.

Alfonso Celestino Pérez, miembro de Cauce Ciudadano, dijo en su momento, que la designación de el ex vocero del PVEM es un agravio pues el Gobierno denota un “desprecio a la política de prevención, que era una de las pocas donde había un canal de diálogo con la sociedad. No le interesa que esa política se mantenga y se fortalezca. No era perfecta y había muchas limitaciones, pero había ese canal de diálogo que ahora está roto”.

Además acusó que Escobar planeaba contratar a personas del Partido Ecologista.


Cauce Ciudadano, integrada por más un centenar de organizaciones y casi 200 ciudadanos, criticaron que Arturo Escobar “no es un servidor público confiable”, porque no practica principios éticos democráticos, como lo es la declaración de su patrimonio, puesto que en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece que el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2015/1563148

“Sigilosa” solicitud de amparo de OHL México, para evitar responder por sus actos: Infraiber

MÉXICO, D.F: OHL México omitió informar sobra la demanda de amparo contra la investigación que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por irregularidades detectadas en sus cuentas, afirmó el abogado de Infraiber Paulo Díez.

De la solicitud del amparo se supo el martes pasado debido a que el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que informó que el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal lo desechó cuando se conoció el mismo.

Sin embargo Díez dijo al portal Aristegui Noticias que lo grave no es siquiera que el amparo le fue negado sino que exhibió las verdaderas intenciones de OHL México de esconder sus acciones cuando de manera reiterada y pública ha afirmado que su única intención es atener los requerimientos de la CNBV.

“La gravedad de este caso no radica por supuesto en la improcedencia del juicio promovido por OHL México y sus subsidiarias en contra de actos de la CNBV, sino en lo que se esconde detrás del mismo.

“Es otro vulgar incumplimiento de OHL México a las leyes mexicanas aplicables pues no sólo no publicó como evento relevante la presentación de la demanda de amparo sino que, con sospechosa regularidad, informó al público que su única intención era la de atender oportunamente el requerimiento de la CNBV.

“La sigilosa presentación de la demanda de amparo acredita la verdadera intención de OHL México: no dar razón alguna de sus actos”, acusó el abogado.

Díez recordó que el objetivo de la CNBV, según la nota informativa publicada por el Consejo de la Judicatura el martes pasado es investigar la presunta responsabilidad de OHL México y sus subsidiarias consistente en “difundir información que indujo al error al público inversionista respecto a la situación financiera de dichas empresas, así como la publicación de sus estados financieros correspondientes a 2013 y 2014”.

En otras palabras, afirmó el abogado de Infraiber, la CNBV ya confirmó a OHL que no tiene un derecho “incondicional” de cobro de dinero contra el Estado de México e investiga la difusión de información que indujo a error al público inversionista respecto de la situación financiera de OHL México y sus subsidiarias.

“Es decir que OHL México y sus subsidiarias manipulan su contabilidad y engañan al público”, sostuvo Díez quien atiende el conflicto de Infraiber con la filial mexicana de OHL luego de que ésta se quedara con el negocio del sistema de verificación de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense construido por OHL.

Díez pidió sugirió perder de vista que “la difusión de información falsa o que induzca a error al público inversionista respecto de la situación financiera de una emisora, es un delito”.

Por ello consideró que la CNBV y la Secretaría de Hacienda deben actuar de inmediato y con firmeza a fin de poner un alto en definitiva a “este lamentable caso de corrupción e impunidad.


“Las amenazas de OHL de acusar a la CNBV ante su similar española (la CNMV) y/o de llevarla a los tribunales o a temibles instancias internacionales, deben ser consideradas por la CNBV en lo que valen: nada”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421635

Desacata Edomex fallo de la Corte sobre asesinato de abogada

MÉXICO, DF: Las autoridades mexiquenses no han acatado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que investiguen la muerte de Mariana Lima Buendía, ocurrida en junio de 2010, como un caso de feminicidio, y además sancionen a los funcionarios que incurrieron en negligencia y omisiones durante la pesquisa judicial.

Aunque la Corte ordenó descartar el supuesto de que Mariana “se suicidó”, las autoridades de justicia del Estado de México se niegan a abandonar tal hipótesis, y han realizado acciones que vuelven a victimizar a la mujer y su familia, denunciaron grupos civiles representantes del caso que aseguraron que el incumplimiento es parte del desdén del Estado mexicano para erradicar la violencia de género.

Como parte de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género denunciaron el nulo cumplimiento del fallo de la SCJN por parte de las autoridades mexiquenses.

Mariana Lima Buendía, de 25 años y abogada de profesión, fue asesinada en 2010 en Chimalhuacán presuntamente por el agente judicial Julio César Hernández Ballinas, su entonces esposo, quien denunció esta muerte como un “suicidio”, y quien ejercía violencia intrafamiliar en contra de su pareja.

Pese a que para entonces ya estaba vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como un protocolo de actuación para la investigación del homicidio desde la perspectiva de género en la entidad (publicado en abril de 2010), la muerte violenta de Mariana no fue investigada como un posible feminicidio.

El caso pasó por varias instancias judiciales, incluyendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio de la entidad, y por solicitudes de amparo ante jueces de distrito en la entidad, aunque en ninguna se consiguió que se investigara el caso como feminicidio.

Finalmente fue atraído por la Primera Sala de la SCJN en 2013, al considerar que el caso reunía los requisitos de “importancia y trascendencia”, y en marzo pasado el máximo tribunal del país ordenó volver a investigar los hechos.

En conferencia de prensa hoy, Irinea Buendía –madre de Mariana– denunció que pese a la resolución de la Corte, la justicia para su hija está lejos de llegar, pues si bien las autoridades realizan acciones éstas llegan a contradecir lo ordenado.

Rodolfo Domínguez Márquez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género y abogado del caso, explicó que la sentencia contiene tres puntos fundamentales que debían ser atendidos por las autoridades: desarrollar una investigación con la debida diligencia y desde la perspectiva de género; investigar a los funcionarios que incurrieron en faltas administrativas, y reparar el daño a la familia de Mariana, lo que incluye impulsar un cambio cultural.

No obstante, a ocho meses de distancia, mediante la información que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) brinda al Juzgado Quinto de Distrito –encargado de darle seguimiento al cumplimiento del fallo– se sabe que las autoridades no han removido los obstáculos para conocer la verdad de los hechos.

Domínguez Márquez dijo que no se han realizado acciones mínimas para cumplir con la sentencia, ya que por ejemplo no existe un plan metodológico de investigación, lo que se traduce en que los funcionarios no tienen claridad de las diligencias que deben realizar y las acciones son descoordinadas, además de que no hay objetivos claros y se adolece de perspectiva de género.

A esto se suma que no se han realizado las labores mínimas que permitan identificar el contexto de violencia que vivía Mariana y la forma en que perdió la vida, toda vez que no se han ordenado peritajes forenses que indaguen el origen de las lesiones que presentaba el cuerpo de la mujer.

El no ejercicio de la acción penal por homicidio se dictó con base en las pruebas testimoniales que dio el policía judicial Julio César Hernández Ballinas (quien trabajaba en las oficinas donde inició la denuncia), luego de que las autoridades determinaron que se trató de un “suicidio”, pues el agente en su declaración dijo que había encontrado a la mujer “colgada” de una viga en su habitación, aunque el cuerpo estaba en la cama, a decir de Irinea Buendía.

Domínguez explicó que la Corte ordenó un peritaje especializado sobre la mecánica en la que supuestamente Mariana fue encontrada suspendida en la viga, con un hilo que claramente no podía aguantar su peso, pero este peritaje no ha sido ordenado.

“Es claro que la PGJEM mantiene la hipótesis de suicidio, lo que se evidencia con la ausencia de peritajes y con la realización de pruebas para culpabilizar a Mariana de los hechos; por ejemplo, se ordenó realizar una necropsia psicológica para conocer cómo era su personalidad y saber si ella tenía tendencias suicidas”, agregó el abogado.

Aunque se inició una carpeta de investigación sobre las presuntas irregularidades en las que incurrió el personal judicial, se desconoce el resultado de la indagación y si alguien ha sido sancionado.

En tanto, Hernández Ballinas –señalado como responsable de los hechos– está suspendido temporalmente de su cargo, pero no se ha iniciado una investigación por su presunta participación en los hechos y tampoco por las fallas en las que incurrió como servidor público.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que es “sumamente grave” que no se haya dado cumplimiento a la sentencia de la SCJN: “Si así están investigando un caso en donde claramente se les dijo lo que tenían que hacer, no sabemos cómo están investigando los miles de casos que acumula el Estado de México”.

Estrada alertó que pese a la sentencia y otras determinaciones que se han emitido al Estado mexicano para detener la violencia de género, el feminicidio “continúa siendo una situación lacerante”, que cobra la vida de ocho mujeres a diario si se considera la cantidad de desaparecidas a escala nacional.

También informó que en 2014 fueron asesinadas de manera violenta mil 42 mujeres en 13 entidades que brindaron información al OCNF (Campeche, Durango, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México, Chiapas, Sonora y Guanajuato).


De esos casos, sólo en 33% (353) se iniciaron investigaciones por el delito de feminicidio, “lo que nos preocupa, debido a que los casos se siguen investigando con falta de debida diligencia y falta de perspectiva de género”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421584

Palabra incumplida: la búsqueda de desaparecidos, sin ley ni presupuesto

En noviembre de 2014, luego de reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto prometió la creación de una Ley General sobre Desaparición Forzada. Pero hasta la fecha esa ley no existe. Lo que sí hay es una fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos, pero a ésta se le asigna cada vez menos dinero. Para el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos esto no es más que el reflejo del nulo interés del gobierno por atender una crisis que tiene a México bajo los reflectores internacionales.

MÉXICO, DF: El incumplimiento de la palabra de Enrique Peña Nieto, cuando ante el reclamo de familiares de desaparecidos lanzó su decálogo para combatir la corrupción y la inseguridad, confirma una vez más que los derechos humanos no forman parte de la agenda del gobierno.

Quien afirma lo anterior es Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ­Prodh), organización que acompaña a los familiares y víctimas de la tragedia de Iguala.

Agrega: no sólo se trata del incumplimiento del decálogo presentado por Peña Nieto el 27 de noviembre de 2014 –luego de más de cinco horas de escuchar los reclamos de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, que para organizaciones de derechos humanos ya era “insuficiente”, sino de que el presupuesto presentado por su gobierno y avalado por la Cámara de Diputados no responde al tamaño de la crisis que ya puso a México bajo el escrutinio internacional.

“Los eventos que vimos en el segundo semestre del año pasado pusieron en evidencia la crisis de derechos humanos y de corrupción que hay en México, y suponíamos que eran un punto de inflexión para acelerar reformas profundas en materia de justicia”, reflexiona Aguirre.

Puntualiza: “Esa crisis, diagnosticada y señalada por organismos internacionales, ya existía antes de Tlatlaya, Ayotzinapa o la Casa Blanca; no es que el caso de Iguala sea más importante, sino que hablamos de una acumulación de sucesos que debieron de generar ese cambio; vemos que no se dio, ni siquiera en el cumplimiento del decálogo, el cual para muchas organizaciones era insuficiente y transfería la responsabilidad al Poder Legislativo”.

Testigo de la reunión que Peña Nieto se vio forzado a encabezar en Los Pinos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Aguirre resalta que se llega a un año de esa promesa de compromisos “sin una agenda de cambios que refleje una concepción cabal de lo sucedido el año pasado; el Ejecutivo no ha impulsado los cambios y ningún partido abandera esta agenda ciudadana”.

De los puntos enlistados por Peña Nieto, resalta Aguirre, el de interés para las organizaciones y familiares de víctimas de desaparecidos se resumía en “presentar una iniciativa de reforma para facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; además, fortalecer protocolos para evitar que funcionarios cometan estos crímenes, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y publicar el reglamento de la Ley General de Víctimas”.

Ante la descomunal cifra oficial –más de 23 mil desaparecidos–, Aguirre considera que una “Ley General sobre ­Desaparición Forzada por sí misma no va a resolver el enorme problema de desaparecidos, pero sí va a dotar de nuevas herramientas a los familiares para exigir rendición de cuentas a los encargados de la investigación”…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2038 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICA DÍAZ.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421579

(Actualizado) PF ejecutó a uno y cometió graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán: CNDH

En su recomendación sobre el caso Apatzingán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza" en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extrajudicial en contra de otra.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que integrantes de la Policía Federal cometieron graves violaciones a derechos humanos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero contra integrantes de autodefensas.

En su recomendación, la CNDH resolvió que hubo “uso excesivo de la fuerza” en contra de cinco personas que fallecieron y cometió una ejecución extra judicial en contra de otra.

“Hubo uso excesivo de fuerza que derivó en ejecución extrajudicial cometida en perjuicio de una persona, tripulante de la camioneta Acadia negra”, señaló la CNDH en su recomendación contra la Policía Federal presentada este miércoles 25 de noviembre.

En las pruebas periciales, se determinó que las personas que murieron durante los dos eventos estaban desarmadas.

De acuerdo con la CNDH, entre las 2:30 y las 7:40 horas del 6 de enero, 44 policías federales y 287 militares realizaron un operativo donde se encontraban en plantón de elementos de las autodefensas. En ese evento murió una persona en el estacionamiento de la Alcaldía de Apatzingán.

La CNDH explicó que en el primer evento se documentó la violación del derecho a la vida, debido al fallecimiento de una persona que fue atropellada; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria de 5 personas no identificadas que se encontraban en el jardín ubicado frente al Palacio Municipal; el derecho a la integridad personal, por el trato cruel, inhumano y/o degradante, por las lesiones innecesarias que se infligieron a 8 personas detenidas.

Además se documentó la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la indebida procuración de justicia “derivada de las inconsistencias en el levantamiento del cadáver y las omisiones en el protocolo de necropsia de la persona fallecida”.

En el segundo evento, ocurrido entre las 7:41 y las 11:31 horas, perdieron la vida nueve personas: tres de ellas estaban en una pick-up blanca, cinco en una Acadia negra y el último dentro de un restaurante, aunque luego apareció afuera de un hospital.

En este segundo evento, se violó el derecho a la vida, por el uso excesivo de fuerza que derivó en la privación de la vida de 5 personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, atribuible a policías federales.

También se acreditó la violación del derecho a la integridad personal, “por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria a 4 personas, atribuible a personal paramédico de la Policía Federal (…) además, por la inadecuada atención médica prehospitalaria de dos personas por dicho personal paramédico y una
atribuible a Protección Civil del Municipio de Apatzingán.

Por esa razón, la recomendación de la CNDH sobre el operativo realizado en Apatzingán es para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y al presidente municipal.

“A los titulares de la Sedena y de la CNS se les recomienda colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente con motivo de la detención arbitraria de cinco personas que estaban en el jardín, de otras siete que dijeron haber sido detenidas por elementos de ambas instancias, así como por las lesiones innecesarias infligidas a una persona más, a quien se deberá reparar el daño.

“Al gobernador de Michoacán se le pide instruya la colaboración con la CNDH en la queja que presente con motivo de la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de 10 personas, así como en la queja que presente por las irregularidades en la identificación de dos cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios recabados en el lugar de los hechos.

“Se solicita al Presidente Municipal de Apatzingán, colaborar en la queja que presente la CNDH por la inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”, indicó la CNDH.

#ViolacionesGraves a #DDHH consistieron en uso excesivo de fuerza, privación de la vida de 5 personas y #EjecuciónExtrajudicial de una más

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

#CNDH solicita a Presidente Municipal #Apatzingán colaborar en queja por inadecuada atención médica prehospitalaria brindada a adolescente

— CNDH en México (@CNDH) noviembre 25, 2015

Horas después de que se presentó la recomendación, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, explicó que están analizando el documento presentado por la CNDH para que, en su momento, puedan realizar precisiones sobre el mismo.

Señaló que las autoridades federales aceptan la recomendación por el abuso de fuerza y la ejecución extrajudicial. “Hemos instruido desde este momento a las áreas correspondientes abocarse la cumplimiento puntual de los puntos recomendatorios dentro de los plazos establecidos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si se suspenderá a los mandos involucrados en el caso Apatzingán, Sales Heredia respondió: “Lo que el punto recomendatorio señala en particular es que hay que colaborar con las instancias investigadoras y con la integración del procedimiento administrativo (indagatoria interna de PF) y es lo que haremos. Colaboraremos con la instancia investigadora que es la PGR y acataremos en sus términos, no solo lo que dice la propia CNDH, sino lo que determine la PGR”.

De acuerdo con la recomendación, desde el 20 de diciembre de 2014, un grupo de personas se encontraba en “plantón” en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán, en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad, la disolución del “G250” y la omisión en el pago de sus salarios por los servicios prestados.

Tres días después, un grupo de autodefensas tomó las instalaciones de la presidencia municipal de Apatzingán para exigir la captura de los responsables de la muerte de Manolo, el hijo de Hipólito Mora, y la detención de Servando Gómez, La Tuta, líder del grupo de Los Caballeros Templarios.

Fue hasta el 6 de enero de este año, cuando el desalojo del Palacio Municipal ocasionó un saldo de al menos nueve personas muertas.


La recomendación de la CNDH:

  Recomendación CNDH Por Caso Apatzingan

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/federales-cometieron-una-ejecucion-extrajuduicial-y-graves-violaciones-a-derechos-humanos-en-apatzingan-cndh/

NOTA: EL POSTO ANTERIOR CON EL MISMO TITULO FUE BORRADO Y SUSTITUIDO POR ESTA VERSIÓN ACTUALIZADA.

Violencia contra mujeres y niñas, agravio para toda la sociedad: Peña

México, DF. La violencia contra las mujeres y niñas es un agravio para toda la sociedad y es inaceptable en cualquiera de sus manifestaciones porque atenta contra valores y derechos fundamentales, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.

Esa violencia, insistió “nunca debe ser vista como algo natural, inercial u ordinario, sino como una conducta reprobable que en muchos casos es un delito que debe perseguirse y además castigarse”.

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en Los Pinos tuvo lugar una ceremonia.

En el acto el mandatario aseguró también que en el presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se incluyen programas y acciones en favor de la mujer y la igualdad de género por casi 26 mil millones de pesos, 41 por ciento más, en términos reales, a lo que se destinaba en ese sector en 2012.

El gobierno federal revisó hoy en esta misma ceremonia las medidas instrumentadas para erradicar la violencia contra la mujer, lograr su acceso pleno y justo al empleo y con acento especial en este año a disminuir al máximo el embarazo adolescente y actuar en contra del matrimonio en infantes.

Peña Nieto dijo tener como convicción especial el gran talento que distingue a las mujeres.

“El mundo se transforma y evoluciona, mejora sus condiciones gracias al trabajo de las mujeres y su esfuerzo y participación para mejorar no solo la vida de sus congéneres sino de todo el país”. “Ustedes son el motor de transformación” les aseguró.


A su vez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que uno de los retos más importantes asumido en materia de derechos humanos por esta administración es el fenómeno de la violencia que afecta a millones de mexicanas que lastima a todos los habitantes del país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/25/violencia-contra-mujeres-y-ninas-agravio-para-toda-la-sociedad-pena-3280.html

Maestros no deben tener miedo a evaluación: Nuño, tras envío de 10 mil federales a Oaxaca

El pasado martes, Nuño indicó que “la policía federal empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca, así como llegó a Michoacán la semana pasada. Esta semana empezarán a ver los contingentes de la policía federal para poder garantizar la evaluación, estaríamos hablando entre ocho mil y 10 mil policías federales adicionales a los que ya existen”.

Un día después de anunciar que entre ocho mil y 10 mil elementos de la Policía Federal se concentrarán en Oaxaca para garantizar el proceso de evaluación a los maestros que se llevará a cabo el próximo fin de semana, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, les dijo a los docentes que no deben tener “miedo a la evaluación”, además de que les pidió ignorar “rumores”.

El titular de la SEP confió este día en que los maestros de Oaxaca se liberen de la sección 22 de la CNTE y participen en la Evaluación del Desempeño, pues hay garantías para que ejerzan ese derecho.

El funcionario ratificó la disposición de reprogramar a los docentes que no hayan asistido a su prueba, porque no hay “intención de correrlos”. 

Sin embargo, advirtió que quienes después de ello se mantengan en su decisión de no participar serán separados del servicio, como marca la ley.


Además, precisó que el objetivo de poner fechas separadas para la evaluación en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, tiene que ver con una concentración logística, que incluye la participación la policía federal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2511/mexico/maestros-no-deben-tener-miedo-a-evaluacion-nuno-tras-envio-de-10-mil-federales-a-oaxaca/