MÉXICO, DF: El presidente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones rechazó que los proyectos de reformas electorales para reglamentar el uso de los tiempos de propaganda en los medios de comunicación tengan un destinatario preciso. Después de su participación en la Semana Nacional de Radio y Televisión –organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT)–, el exgobernador de Sonora rechazó la iniciativa del PAN para que se permita la segunda vuelta en las elecciones presidenciales si el ganador no obtiene más de la mitad de los votos. En lugar de eso se pronunció por legislar la figura de los gobiernos de coalición, porque –aseguró– las alianzas electorales no deben realizarse únicamente para ganar las elecciones como se ha hecho hasta ahora, sino para dar gobernabilidad. En el caso del PRI, Beltrones dijo que continuarán haciendo alianzas con aquellos partidos que aseguren no sólo el triunfo electoral, sino la gobernabilidad. Y en el caso de las alianzas con el Partido Verde, señaló que este instituto debe aprender de sus errores y no rechazó futuras coaliciones. En cuanto a la reforma electoral que se prepara para las elecciones de 2016, reiteró que no tiene dedicatoria personal. “Lo he dicho: las reformas electorales la única dedicatoria que tienen es para que las cosas buenas sucedan, para adecuar las leyes electorales y que funcionen, para lograr atender el momento en el cual se nos exigen. No hay dedicatorias personales, por más que algunos se quieran poner el saco”, precisó el líder priista, en clara alusión al líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. El sonorense dijo que está convencido de que debe regularse el uso de los medios por parte de los líderes de los partidos políticos que tienen la intención de posicionarse como candidatos presidenciales, porque de otra manera “volveremos a caer en los problemas del 2006 y 2007, que generaron un modelo de comunicación político-electoral como el que hoy tenemos”. Asimismo, advirtió que si no hay voluntad para cumplir con el espíritu de la ley electoral, entonces se tienen que hacer las adecuaciones pertinentes para que funcione el modelo, no para sacar a nadie del aire. Insistió: “No hay dedicatorias personales, por más que algunos se las quieran poner. Estoy convencido de que las reformas, cuando se llevan a cabo –sobre todo las electorales–, es porque todos las requieren. Mientras no haya consenso mayor sobre ellas, ninguna reforma política funciona”.
Sobre el uso de los spots a través de los tiempos del estado, el dirigente del PRI manifestó que se deben revisar dos aspectos: tener tiempos oficiales a disposición de los partidos políticos, y hacerlos más funcionales y atractivos cuando se presentan para no sobresaturar o sobreexponer a la población. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421679
México, DF. Elementos de la Policía Federal detuvieron esta madrugada en el estado de Querétaro a Alejandro Castro Alfonso, identificado por las autoridades federales como uno de los fundadores del cártel de Los Zetas, de acuerdo con información difundida por Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad. El funcionario refirió que era el responsable de la violencia generada en los municipios de Poza Rica y Orizaba, Veracruz, y el grupo bajo su mando tenía presencia también en los estados Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, y de realizar actividades de trasiego de drogas, robo al transporte de carga, extorsión y secuestro.
México, DF. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) rechazó la ‘espotización’ de las campañas electorales, dijo que sus comunicadores han visto anulada su libertad de expresión por la instauración de procedimientos especiales sancionadores y que las ‘’quejas frívolas’’ de los partidos políticos se han extendido también a los periódicos, revistas y redes sociales. En la conclusión de la 57º semana de la Radio y la Televisión y ante el presidente Enrique Peña Nieto, la CIRT también desmintió que las televisoras se opongan al cumplimiento de la fecha fatal para el apagón analógico el próximo 31 de diciembre. Las televisoras afiliadas a la Cámara, apuntó el presidente de la misma, Édgar Pereda Gómez, se han venido preparando para esa medida y reconocieron el trabajo del gobierno federal y del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la materia. En todo caso, añadió, ‘’nuestra legítima preocupación tiene que ver sólo con la posibilidad de que muchos mexicanos de escasos recursos queden sin acceso a un servicio público gratuito’’, pero insistió en el compromiso de acatar el mandato constitucional. Respecto a lo que denominaron ‘’retrógrado’’ modelo de comunicación electoral, la CIRT dijo que hay un rechazo franco de las audiencias a la espotización, que sus conductores ya no pueden prácticamente hacer entrevistas en épocas electorales ni organizar debates porque de inmediato por las ‘’quejas frívolas’’ de los partidos políticos se les somete a procesos de sanción.
CUAUTLA, Mor: Un grupo de médicos, psicólogos, abogados y otros especialistas encabezados por Enrique Guadarrama López segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizó una vista al predio El Maguey, ejido de Tetelcingo, donde se encuentran las dos fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado. El visitador y el grupo multidisciplinario recorrieron el lugar, tomaron fotografías e hicieron preguntas a dos agentes del Mando Único que cuidan el lugar día y noche. Ahí mismo el visitador emplazó a la Fiscalía regional a que le permitiera conocer este mismo jueves el expediente de Oliver Wenceslao, asesinado en 2013 y colocado “por error” en una de las fosas en marzo de 2014. El representante de la CNDH también conoció hoy a los familiares de la víctima. En particular se entrevistó con María Concepción y Amalia Hernández Fernández, madre y tía de Oliver, quienes le relataron el viacrucis que han vivido desde mayo de 2013 cuando fue secuestrado, asesinado, inhumado en la fosa clandestina en marzo de 2014 y finalmente exhumado en diciembre de ese mismo año. El grupo multidisciplinario también contactó al delegado municipal de Tetelcingo Sergio Barrera Tapia, quien a su vez llamó a Socorro Tlapala Becerro, dueño del predio donde están ubicadas las fosas y quien se reunió por más de una hora con el visitador. Al término de la reunión, el visitador de la CNDH dijo que no podía adelantar nada de lo hablado con Tlapala. Se limitó a decir que su presencia obedecía a la decisión del presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez de atraer el caso y el primer paso era recabar todos los informes necesarios para que la Comisión pueda tomar medidas y una decisión al respecto. Se negó a revelar cualquier dato pero sí adelanto que estarán en Morelos hasta obtener toda la información necesaria para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos y a la ley. Más tarde el grupo multidisciplinario acudió a la Fiscalía regional para emplazar al titular a que abra los expedientes y le permitan conocer de manera directa las carpetas de investigación abiertas, incluida la Oliver Wenceslao. El plazo para que la Fiscalía dé acceso a las carpetas de investigación vence este jueves por la mañana y se espera que este mismo jueves la Fiscalía informe respecto de las medidas cautelares para resguardar el lugar y la familia de Oliver Wenceslao. El grupo multidisciplinario y el visitador general estarán este jueves en Morelos para seguir recabando información al respecto. Solicitan peritajes internacionales En tanto la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac por sus siglas en inglés) y la asociación civil Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, demandaron al gobierno de Graco Ramírez que solicite la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que se “encargue de realizar la identificación de los cuerpos” que fueron colocados en las fosas clandestinas de la Fiscalía. En un comunicado las organizaciones manifestaron “su profunda preocupación e indignación por el hallazgo de fosas clandestinas en un predio del poblado de Tetelcingo”, en las que “la Fiscalía General de Morelos en 2014 inhumó sin el debido procedimiento un número indeterminado de cuerpos que oscila entre 105 y 150 de acuerdo con distintas fuentes, incluyendo la oficial”. Asimismo exigieron “al jefe del Poder Ejecutivo del estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y al titular de la Fiscalía General de Morelos Javier Pérez Durón que realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia y finquen responsabilidades a los funcionarios involucrados. Entre ellos al entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado y a la directora general de Servicios Periciales Ana Lilia Guerrero Moreira “por ser los responsables directos y quienes presuntamente ordenaron dichas inhumaciones”, señala el comunicado. Previo a la comparecencia del fiscal Pérez Durón ante el Congreso local solicitaron que “informe de manera exhaustiva y transparente sobre lo ocurrido” y al gobernador Graco Ramírez, que solicite y brinde las facilidades necesarias para que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que se encargue de realizar la identificación de los cuerpos “de tal forma que no quede la más mínima duda de su filiación, para tranquilidad de las familias de personas desaparecidas en Morelos y del resto de la República Mexicana”.
Además exigieron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Morelos “se conduzcan con la debida seriedad y profesionalismo que la ley les exige, evitando en todo momento encubrir a los responsables de este terrible suceso porque estamos cansados de impunidad, dilación y violencia”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421676
MÉXICO, DF: En una nueva estrategia para fortalecer la defensa de su caso, familiares y abogados de Elba Esther Gordillo crearon una página en internet donde se expone que la PGR ha violado los derechos de la exdirigente magisterial al acusarla sin pruebas del delito de lavado de dinero. Desde el miércoles 11 comenzó a funcionar la página electrónica www.elcasodelamaestra.com donde se exponen los principales argumentos de defensa de la fundadora del partido Nueva Alianza (Panal) detenida en febrero de 2013, acusada del desvío de recursos del SNTE. “El objeto de crear el presente sitio es el de transparentar los procesos penales que se le siguen a la maestra Elba Esther Gordillo y dos colaboradores del SNTE, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores, injusta e ilegalmente detenidos”, señala en su introducción la página en la que los autores manifiestan que proporcionarán “información veraz y objetiva, a fin de que la sociedad mexicana pueda normar su criterio sobre un asunto que nació siendo público y que se presentó por la PGR en el año 2013 de manera sesgada y falaz”. Además de boletines de prensa, el sitio de la maestra Gordillo anuncia que difundirá los aspectos medulares de la defensa “en aras de desnudar aquellas posturas autoritarias que a nuestro juicio riñen con el estado de derecho al que todos aspiramos”. También sostienen que el caso en contra de la exlideresa sindical está sustentado en intereses y motivaciones ajenas al Derecho, que la PGR esconde averiguaciones previas y que no se sustenta la acusación de lavado de dinero. Luego resaltan que hasta el momento el SNTE no ha interpuesto alguna denuncia, a pesar de que se acusa a la maestra del desvío de recursos sindicales. Finalmente, se señala en la introducción de la página el propósito que se persigue es el de exigir, en el marco de la división de poderes, que se respete la autonomía del Poder Judicial de la Federación y cese toda presión indebida que pueda materializarse en éste y cualquier caso.
“Que sea el derecho el que prevalezca. No más, no menos”, exigen la defensa y los familiares de la maestra Gordillo, quien se encuentra presa desde hace casi tres años y ahora se encuentra hospitalizada en un nosocomio privado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421651
MORELIA, Mich: Luego de señalar que cuatro de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en la entidad, el gobernador Silvano Aureoles dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de Alerta de Género en Michoacán. De acuerdo con el perredista, 40% de las michoacanas son víctimas de violencia en sus propias casas y centros de trabajo, pero también sufren maltrato por parte de sus parejas y en la calle. Al encabezar los festejos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Aureoles anunció que se fortalecerán las acciones en las distintas dependencias estatales y municipales para dar una mejor atención a las víctimas y evitar que las cifras aumenten. Señaló que desde octubre pasado solicitó a la Secretaría de Gobernación que reuniera los elementos necesarios para hacer la declaratoria de Alerta de Género en la entidad y frenar la violencia contra las mujeres. El Ejecutivo estatal reconoció que 40% de las michoacanas han sido violentadas de diversas formas, y lamentó que las afectadas no presenten las denuncias correspondientes ante las instancias judiciales.
De igual manera, anunció recursos extraordinarios para las diversas instancias municipales encargadas de atender a la mujer, y recordó que en regiones como Tierra Caliente aún persiste el problema de las viudas y huérfanos de la violencia registrada en años anteriores. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421664
“¿Qué está pasando en el DF? Lo mismo que en otros estados, grupos de narcomenudistas peleando la plaza”, indicó Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo.
Los homicidios vinculados con la lucha entre bandas del crimen organizado en el Distrito Federal se incrementaron 20% en comparación con el año pasado. Así lo dio a conocer el Semáforo Delictivo, una herramienta de evaluación y análisis de ocho delitos recurrentes a nivel nacional, que indica que el secuestro creció 6%, mientras que los casos de violación aumentaron 38% y el robo a negocio subió 14% en comparación con el año pasado. “¿Qué está pasando en el DF? Lo mismo que en otros estados, grupos de narcomenudistas peleando la plaza”, indicó Santiago Roel, fundador del Semáforo, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. Roel indicó que el repunte en el número de homicidios dolosos ocurridos en el país se debe a la lucha entre bandas criminales por el control de la venta de drogas. Las cifras que se presentaron con el Semáforo Delictivo, dijo Roel, muestran que delitos como el secuestro, la extorsión y el robo con violencia van a la baja a nivel nacional.
México, DF. El presidente Enrique Peña Nieto se ubicó como testigo de primera mano sobre cómo ha evolucionado el país en los últimos 30 años y lamentó que a veces la sociedad no advierte ni valora la transformación positiva de México en ese lapso. Reunido con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el mandatario dio una serie de cifras sobre la economía nacional, el crecimiento de los niveles educativos y de la esperanza de vida de los mexicanos. Partió de su propia biografía cuando en ese entonces él definía su propio proyecto personal que lo llevaría después a la política y ubicó al país como más democrático con un órgano autónomo como el Instituto Nacional Electoral. Aseguró entonces que hoy el país está mejor preparado y tiene mayores fortalezas para hacer frente al mundo convulso y de alta volatilidad. Al inicio y al final de un discurso en el que buena parte recurrió a la improvisación, Peña Nieto dijo que hablaría corto porque hacer una pieza extensa muchas veces invita a la gente e incluso a la familia a no poder vencer la tentación de usar los teléfonos celulares. Habló, sin embargo, 20 minutos de los cuales usó una buena parte para comparar la situación del país en la mitad de los 80 y actualmente, y para reforzar sus expresiones dijo que seguramente quien podía hacer un buen paralelismo era el senador Emilio Gamboa -presente en el almuerzo- quien en esos años era secretario particular del entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid. Dijo entonces que a este gobierno le ha correspondido trabajar y proceder con responsabilidad frente al entorno mundial presente de aversión al riesgo para que México siga siendo un destino confiable y atractivo y mantenga estabilidad económica en beneficio de las familias.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos para localizar a Cecilia Navarro Sánchez, maestra normalista que desapareció desde 2012 en el Estado de México. Navarro Sánchez quien cuenta con dos maestrías y un doctorado es buscada por su familia desde el 4 de septiembre de ese año. Ese día acudió a la Normal de Naucalpan y por la tarde llevó a uno de sus hijos de secundaria a la casa de un familiar en Valle Dorado. Informó a sus familiares que iría a Toluca a un evento relacionado con su trabajo y nunca volvió. Al día siguiente trataron de comunicare con ella a su teléfono móvil pero estaba apagado. Casi dos meses después, el 6 de noviembre, el auto de Navarro Sánchez quien ahora tendría 54 años, fue encontrado en Circuito Historiadores, en Ciudad Satélite, cerca de su casa. Sin embargo familiares de la profesora reprocharon a las autoridades del Estado de México que el vehículo fue reportado en Ciudad Satélite desde septiembre de 2012, atendieron el llamado en octubre de ese año y hasta noviembre les notificaron. Dos semanas antes de que se cumplieran dos años de la desaparición de la profesora, el 20 de agosto de 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, inició una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten. La familia acusó a las autoridades federales y estatales por reaccionar tarde en el caso ya que las pistas sobre la desaparición de la profesora se fueron desvaneciendo. A tres años de la desaparición la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que ofrece un millón 500 mil pesos a quien proporcione información sobre el paradero de Navarro Sánchez y un tanto igual a quien aporte datos sobre los responsables de su desaparición o secuestro. La Procuraduría del Estado ofreció 300 mil pesos de recompensa. En el acuerdo la PGR señala que “derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos, aún no se ha logrado conocer el paradero de la víctima, así como la identificación y ubicación de los probables responsables, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita la localización de la víctima”.
Y añade que resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa a quien o quienes aporten información “veraz, eficaz, eficiente y útil” para la localización de Cecilia Navarro Sánchez, así como para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421618
GUADALAJARA, Jal: Jalisco cerrará el año con una marcada tendencia al alza en materia de feminicidios, denunciaron representantes de diversas organizaciones civiles. Hasta estos últimos días de noviembre, subrayaron, se contabilizaron en la entidad 120 homicidios cometidos contra mujeres, en tanto que el número de desaparecidas supera las 341 víctimas, dentro de un listado en el que se incluye a 2 mil 300 extraviadas en la entidad, según datos de activistas de derechos humanos. De acuerdo con Jaqueline Galaviz Ramos, de la oficina de Amnistía Internacional en México, las agresiones contra mujeres en Jalisco es un asunto que tiene que discutirse de manera pública y que las autoridades y la sociedad no pueden ignorar. “Los datos que aportan el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) hablan de que en Jalisco, en lo que va de 2015, ya se han registrado más de 120 feminicidios, eso significa 11 casos más que los registrados en 2014”, precisó. Indicó, asimismo, que en los últimos años se ha solicitado para la entidad la declaratoria de alerta de género ante el aumento de los casos de violencia. “Es importante destacar que en la actualidad se discuten los protocolos y la capacitación de personal que dentro de las diversas instituciones atiende a las mujeres, en el afán de ofrecerles protección para evitar la doble victimización”, añadió. En esta capital, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer decretado por la ONU, diversas organizaciones sociales anunciaron una serie de actividades para este miércoles, entre ellas una marcha que partirá de la Plaza de Armas (ubicada en el centro de Guadalajara) a la zona de Chapultepec.
Posteriormente las defensoras de los derechos de la mujer leerán un comunicado elaborado en conjunto y se ofrecerán diversos talleres sobre la violencia contra la mujer y defensa personal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ALBERTO OSORIO. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421642
MÉXICO, DF: El Consejo General del INE celebrará este jueves 26 su sesión ordinaria para definir las cifras del monto de financiamiento público para los partidos políticos para el ejercicio 2016. Además, abordará la creación de la comisión encargada de coordinar la realización del debate entre los candidatos de los partidos y coaliciones para el proceso electoral extraordinario para elegir gobernador de Colima. Sobre ese proceso, determinará los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos por sus simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes. Y será evaluada una propuesta de ajuste a los plazos para la presentación y revisión de los informes de campaña de los partidos, coaliciones, candidatos partidistas e independientes para gobernador. Aparte, el Consejo General analizará la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales de Coahuila y Nayarit, así como sus respectivas cabeceras distritales, además del catálogo de municipios y secciones de Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Distrito Federal. Asimismo, discutirá la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del periodo ordinario, también de los procesos electorales locales que se llevarán a cabo el próximo año, así como la suspensión de la propaganda gubernamental en el periodo de campañas en las estaciones de radio y canales de televisión incluidos en el catálogo. Se debatirá un proyecto de resolución respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingreso y egresos de las agrupaciones políticas nacionales (APN) del ejercicio 2014. El Consejo General se pronunciará también sobre la procedencia constitucional y legal de la declaración de principios y el programa de acción del Panal. Del mismo modo, conocerá y debatirá una denuncia por infracciones a la normativa electoral, consistentes en las supuestas transferencias electrónicas del ayuntamiento de Torreón, Coahuila, al PRI durante los meses de enero a abril de 2014. A solicitud de Encuentro Social, el Consejo General del INE abordará la inclusión del sobrenombre de su candidata propietaria en la impresión de las boletas electorales relativas a la elección extraordinaria del distrito 01 del estado de Aguascalientes. Asimismo, el pleno conocerá los siguiente informes: el tercer trimestral de actividades de la Junta General Ejecutiva; de la Comisión de Quejas y Denuncias; el relativo al ejercicio de la función de la Oficialía electoral, y sobre el cumplimiento de acuerdos, dictámenes, resoluciones y la atención a las solicitudes generadas en la sesiones de Consejo General.
En esa misma sesión serán sometidos a la consideración de los consejeros los plazos para la actualización del padrón y los cortes de la Lista Nominal de Electores en el marco de los procesos electorales locales 2015-2016, así como una disposición para que las credenciales para votar denominadas “15” sean utilizadas durante los comicios a celebrarse en 2016. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421673
Ya no es un secreto para nadie que el declive de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha acelerado y el próximo año se espera incluso la quiebra de algunas de sus importantes subsidiarias, como es el caso de Pemex Refinación. La empresa más importante que tuvo en sus manos el Gobierno federal y que benefició no sólo las finanzas públicas nacionales sino en particular las de los estados y los gobernadores, acostumbrados a recibir cuantiosas ganancias de la entonces paraestatal incluso sin tener que comprobar en qué se gastaban esos millones de pesos, ha comenzado a resentir el proceso de privatización impulsado por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y un desmantelamiento paulatino de su infraestructura. Ayer, documentos consultados por la agencia de noticias Reuters confirmaron lo que muchos analistas han mencionado desde el inicio de la discusión de la Reforma Energética: que el Estado mexicano no piensa gastar más en la ahora Empresa Productiva del Estado y que, a un mediano plazo, el objetivo es reducirla a un ente administrador de contratos y no en lo que, aún con su debilidad financiera aún es: una de las productoras de hidrocarburos más importantes y experimentadas en el mundo. Este año, dicen los documentos revelados por la agencia, Pemex procesará la menor cantidad de barriles de crudo por día ren los últimos 25 años, principalmente por paros realizados para rehabilitación de las refinerías que, hasta agosto de este año, ha registrado 73 no programados. Según los datos, procesará en sus seis refinerías mil 092 millones de barriles por día, el número más bajo desde que se tienen registros públicos en 1990. En 1994, por el contrario, fue el año en el que Pemex procesó la mayor cantidad de crudo con mil 357 millones de barriles por día, de acuerdo con datos oficiales. La producción promedio de crudo ese año fue de 2.69 millones. “La razón de la disminución en el proceso de crudo es principalmente que algunas plantas de las refinerías han estado paradas por la rehabilitación de las mismas para la producción del diesel de ultra bajo azufre”, expuso a la agencia el área de prensa de la firma. Para el 2016 se estima aumentar el procesamiento a 1.15 millones de barriles diarios. Si Pemex procesa menos petróleo, la eficiencia de sus refinerías caería a un 69 por ciento este año, calculó Reuters con base en datos de la petrolera contenidos en los documentos. De acuerdo con la consultora Wood Mackenzie, citada por el texto de la agencia, la eficiencia de las refinerías de Pemex bajaría al 63 por ciento este año frente al 77 por ciento de hace cinco años. Actualmente, Pemex es la única que refina petróleo e importa gasolinas en México, pero se espera que eso cambie en el futuro debido a que la Reforma Energética le quitó el monopolio en el sector de los hidrocarburos y abrió al capital privado y extranjero a la extracción. Derivado de la reforma, a partir de 2016 empresas privadas podrán importar y distribuir gasolinas en México y desde el 2018 podrán refinar crudo y vender gasolinas a precios de mercado para competir directamente con Pemex. El sector gasolinero mexicano se verá reducido a su mínima expresión respecto a sus compras a Pemex, pues de acuerdo con lo que han alertado los empresarios del sector de los 11 mil que hay ahora se quedarán unos mil con la Franquicia Pemex, que es la que ahora controla el rubro. Pemex Refinación, entonces, no tendría sentido en un mercado abierto que privilegiará la compra de gasolinas extranjeras, y porque la actual administración de Petróleos Mexicanos no está dispuesta a darle más dinero a la empresa que fue el puntal del desarrollo del país por casi 80 años. Al contrario, con la aplicación de grandes cargas impositivas como las que le aplica la administración federal lo que se pretende es matarla por completo.
Así las cosas, los mexicanos veremos en los próximos meses como está industria también se nos va de las manos, para dejarla, como antes de marzo de 1938, en manos de privados mexicanos y extranjeros que, en ese entonces y ahora, poco interés tienen en el bien común. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/25-11-2015/41844
Tras la desaparición del ingeniero Francisco Herrera Rivera, un último rastreo por GPS reveló que su teléfono estuvo en el 15 Batallón de Infantería. La familia denuncia que la propia Sedena y el Ejército en la zona ocultan información así como los videos del C4 que captan el momento de su captura.
El 7 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera Rivera salía de un cajero automático en Tampico, Tamaulipas, cuando fue interceptado por una patrulla militar que, sin más, le requirió su credencial de elector, alegando una revisión de rutina. Los militares, narró el ingeniero a sus hermanos algunos días después, le tomaron una foto a su credencial y luego lo dejaron partir. “No lo vio como algo grave, incluso, bromeó al respecto”. Pero diecisiete días después, el 24 de febrero, a las 7:15 horas, Francisco fue raptado al de salir de su casa. Una cámara del C4 de Tampico registró el secuestro. “Cuando se lo llevan, la cámara los sigue, lo que demuestra que alguien estaba controlándola, viendo lo que sucedía”, narra Víctor Herrera, su hermano, “pero no dieron aviso a nadie”. Aunque el ingeniero vivía solo, su familia pudo identificar su ausencia el mismo 24 de febrero, debido a que antes de llegar al trabajo, Francisco solía estacionar su camioneta en casa de su mamá, ubicada a poca distancia de su centro laboral. Al no hacerlo, y luego de que pasaron varias horas sin que lograran contactarlo, se convencieron de que algo le había sucedido. Decidieron entonces rastrear su teléfono a través de un servicio personal de GPS, el cual ubicó el aparato dentro de un cuartel militar, el del 15 Batallón de Infantería, en la misma ciudad de Tampico. Según este reporte, ese era el punto en el que se encontraba el teléfono la última vez que fue activado, siendo las 9:38 horas del 24 de febrero, es decir, dos horas y 23 minutos después de que el secuestro de Francisco fuera captado por las cámaras de seguridad pública.
Desde entonces, han pasado nueve meses, y nada ha vuelto a saberse de él.
El Ejército “Mi hermano Paco acababa de cumplir 39 años cuando se lo llevaron –narra Víctor–, vivía separado de su esposa desde hacía unos meses, y estaba pagando su casa, por lo que vivía con un promedio de 6 mil pesos al mes, no era una persona adinerada. Aún así, nos pareció extraño que nadie llamara para pedir rescate, porque creíamos que se trataba de un secuestro para sacar dinero, pero más extraña fue la forma en que han actuado las autoridades encargadas de buscarlo.” Luego de que el GPS ubicara el teléfono de Francisco dentro del 15 Batallón de Infantería, sus hermanos acudieron a este cuartel militar, para pedir informes sobre su situación, y “ahí nos recibe un tal general Adame, quien descarta que ahí tengan a mi hermano, y nos pasa a buscarlo, supuestamente”, pero para ese momento ya habían pasado más de siete horas desde que el aparato había sido encendido y ubicado por el GPS dentro de esas instalaciones, así que “ya no encontramos nada”. Después de una semana, en la que vieron a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas cruzarse de brazos ante su denuncia, los familiares del ingeniero Francisco Herrera fueron notificados informalmente de que en el C4 habían encontrado videos que registraban el momento en que fue detenido. “En esa semana hablamos con toda la gente que pudimos, conocidos, amigos, allegados, y fue así que supimos que ahí estaban los videos. Le pedimos al agente del MP del estado que los solicitara, pero no lo hizo, así que fuimos nosotros directamente al C4, y ahí una encargada llamó a un muchacho, un analista, quien nos dijo que efectivamente habían encontrado videos del secuestro, pero que un día después de los hechos había estado ahí el Ejército revisándolos, que lo habían tenido ahí hasta las 12 de la noche revisando… ‘no se preocupen, ya va muy avanzada la investigación’, nos dijo el analista”. Esos videos, destaca la familia del ingeniero, fueron revisados y seleccionados por el Ejército del C4 sin que contara con ninguna atribución para ello. “La Sedena cuenta con material que no ha entregado, en sus reportes hablan de que en el secuestro participaron tres vehículos, sin embargo, en los videos que han entregado sólo se ven dos autos”.
Esto, destaca Víctor, es prueba de que existen tomas del C4 a las que el Ejército tuvo acceso, pero no la familia y el MP.
“Cuando se llevaron a mi hermano –destaca Víctor–, los vehículos hacen un alto en una gasolinera, eso se ve en el video de C4. En esa gasolinera hay ocho cámaras de vigilancia, y cuando fuimos ahí para que nos facilitaran los videos, nos dijeron que antes ya los había pedido el Ejército y que ellos los tenían.” La Secretaría de la Defensa Nacional retuvo este segundo paquete de videos durante dos meses, obstruyendo la investigación del Ministerio Público del fuero local, que no pudo conocer su contenido sino hasta mayo, debido a que fueron enviados a la sede central de la Sedena, en la Ciudad de México, hasta donde tuvo que viajar un agente del MP de Tamaulipas, para poder recuperarlos… dos meses después del secuestro. Luego, las irregularidades en el actuar del Ejército continuaron. “A finales de julio de 2015, o sea cuatro meses después de que se llevaron a mi hermano, hubo un enfrentamiento entre militares y criminales en el ejido Ruiz Cortines, municipio de González. Los criminales iban a bordo de la camioneta que se robaron cuando secuestraron a mi hermano. La camioneta quedó toda balaceada, y los tripulantes huyeron, dejando armas, equipo táctico y uniformes del Cártel del Golfo. La camioneta fue asegurada por el Ejército y puesta a disposición de la PGR, en donde para entonces ya habíamos también interpuesto una denuncia, y aún cuando la camioneta tenía reporte de robo, y de que estaba vinculada a la averiguación previa por la desaparición de mi hermano, ni el Ejército ni la PGR hicieron nada cuando la encontraron. Peor aún: tampoco dijeron nada.” La familia del ingeniero Francisco Herrera supo que la camioneta había sido localizada hasta septiembre, es decir, dos meses después del hallazgo (y siete después del secuestro), gracias a que sus placas fueron captadas por una cámara de seguridad pública cuando el vehículo era transportada a instalaciones judiciales, a bordo de una grúa. Al tener reporte de robo, la cámara detectó en automático la placa y emitió una alerta. “Si esa cámara del C4 no hubiera detectado la placa, la camioneta de mi hermano seguiría en un corralón de la PGR, perdida… De los tres vehículos que participaron en el secuestro, dos de ellos fueron luego recuperados, abandonados, pero cuando fueron recuperados y sometidos a análisis, estaban totalmente limpio: no había ni una huella, ni un cabello, nada. Parecía que la habían limpiado antes de entregarlos…”, se lamenta Víctor. Para obtener la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a esta denuncia, Animal Político solicitó formalmente una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable. El C4 Cuando la familia del ingeniero Francisco Herrera exigió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Tampico (C4) que explicara en qué circunstancias había entregado los videos del secuestro a integrantes del Ejército, el titular de este organismo, Juan Luis Domínguez Vargas, optó por negar los hechos, y “cuando el agente del Ministerio Público intentó tomar declaración al analista que asistió a los soldados en la revisión del material, nos encontramos con que este muchacho se presentó acompañado por el equipo jurídico de su institución. Y el analista, ya en su declaración, se echó para atrás, negó que ahí hubieran estado militares, negó que les hubiera entregado videos, negó que hubiera hablado con nosotros… era indignante escucharlo, porque propiamente nos estaba acusando a nosotros de mentir.” De hecho, a través del oficio C-4/330/2015, fechado el 19 de marzo de 2015, el titular del C4 de Tamaulipas notifica oficialmente a la Procuraduría del estado que “ninguna persona de Sedena se ha presentado en nuestras instalaciones solicitando información por la desaparición del C. Francisco Herrera Rivera”. Lo anterior, sin embargo, quedó desmentido por la misma Sedena, que en el reporte “URGENTE. No. PTN.INFN.333”, del 26 de febrero de 2015 –elaborado por J.A. Adame Cabrera, comandante del 15 Batallón de Infantería de Tampico–, reconoce que “esta comandancia de unidad se coordinó con la C. Lic. Alejandra Garza Caballero, encargada del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del C4-Tampico, Tamaulipas, con el fin de verificar la veracidad y obtener mayores datos sobre los hechos expuestos por familiares de la presunta víctima”. En dicho reporte, el comandante del 15 Batallón asegura que personal militar “realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, lo que les permitió ubicar imágenes en las que se ve a dos vehículos siguiendo la camioneta del ingeniero. Así, destaca Víctor, este reporte de la Sedena demuestra que los funcionarios del C4, desde el analista hasta su titular, pasando por su dirección jurídica, incurrieron en falsedad de declaraciones al rendir su testimonio ante el MP, “y ¿cuál era su objetivo al mentir? –se pregunta Víctor, y luego se responde–: Su objetivo fue ocultar las acciones del Ejército…”. A pesar de que estas evidencias de falso testimonio han sido integradas a la averiguación previa iniciada a nivel estatal por la desaparición del ingeniero Francisco, ningún funcionario del C4 ha sido llamado a rendir cuentas. La PGR Según la descripción de los videos del C4 hecha por la misma Sedena, las personas interceptaron el vehículo de Francisco subieron a él, y luego todos se fueron en convoy, que pudo ser seguido por distintas calles de Tampico, hasta perderse. A partir de esas imágenes, el comandante del 15 Batallón concluyó en su reporte que “por las acciones realizadas por las personas que viajaban en ellos (los autos que interceptaron a Francisco) es factible que el citado individuo forme parte de algún grupo de la organización delictiva Cártel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de integrantes de la misma organización”. –¿Existe alguna denuncia, investigación o evidencia de que el ingeniero Francisco Herrera estaba involucrado en actividades criminales? –Nadie, ni nosotros como familia, ni el Ministerio Público, ni el Ejército, tiene ningún indicio de que él hubiese participado en algún hecho delictivo. Ese reporte fue elaborado un día después de que secuestraron a mi hermano, es decir, no está sustentado en una investigación real. Es, más bien, como un intento de desviar la atención. –¿Y tienen alguna hipótesis sobre lo que le sucedió a su hermano? –No sabemos quiénes o por qué se lo llevaran, pero todas las evidencias indican de una u otra forma al Ejército. Es muy raro que ninguna autoridad quiere hacer nada: en marzo, un mes después de que se llevaron a Paco, acudimos a la PGR, en la Ciudad de México, y supuestamente iniciaron una averiguación previa, pero en septiembre, cuando volvimos a revisar el expediente, nos dimos cuenta de que no habían hecho nada, absolutamente nada. Dos semanas después del secuestro, cuatro sujetos fueron detenidos por el Ejército, por portación de armas de fuego, y resultó que iban a bordo de uno de los autos usados en el rapto, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal (que pertenece a la PGR), y cuatro días después fueron puestos en libertad. Jamás les preguntaron por mi hermano, qué le habían hecho, por qué tenían uno de los autos que participaron en el secuestro, nada. Sólo los dejaron ir. “Todo es muy raro” La identidad y las fichas delictivas de estos cuatro sujetos temporalmente detenidos no ha podido ser conocida por la familia de Francisco, hasta la fecha, “y, por lo tanto, no hemos podido contrastar esos rostros con las personas que se ve en los videos, y ese es el problema –destaca el hermano del ingeniero–: que 95% de los avances en la investigación han sido aportados por nosotros, como familia, son datos recabados por nosotros, derivados de nuestras observaciones, nosotros somos los que hemos hecho el trabajo de campo, porque ni la Procurduría estatal, ni la PGR, han hecho nada, el expediente tiene unas 3 mil hojas, pero ningún resultado…”.
México, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que redujo en 80% el número de testigos protegidos que coadyuvan con las autoridades para fincar cargos, tanto a funcionarios públicos como a miembros del crimen organizado. Destacó que a partir de ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso tendrá que estar adminiculado con otros medios de prueba. En sesión de trabajo, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardan los testigos protegidos que forman parte de dicho programa, y como resultado de ese análisis decidió dar de baja a tres de los 14 colaboradores. De acuerdo con el Comité, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos llegó a convertirse en administraciones pasadas en una práctica recurrente sin algún otro sustento. Por ello, la procuradora general de la República, Arely Gómez, giró la instrucción de disminuir el número de esos testigos para evitar abusos en el empleo de la figura. Ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, sino que adicionalmente deberá allegarse otros medios de prueba. Para la investigación de los delitos del orden federal, de 66 testigos colaboradores registrados en 2012 se pasó a 53 en 2013, 40 un año después y actualmente sólo se reportan 11. Es decir, en los últimos tres años se ha disminuido en 83.33% la cifra de testigos colaboradores, y en lo que va de esta administración –de marzo a la fecha– no se ha incluido a ninguna persona en dicho programa. Gómez pidió que por lo menos cada tres meses se siga revisando la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad, para que se determine la pertinencia de su continuidad. Para costear diversos gastos de los testigos protegidos, entre ellos manutención y arrendamiento, la PGR erogó 217 millones 443 mil pesos de 2000 a abril de 2015. Ello a pesar de que varios asuntos se han caído porque los señalamientos de los testigos colaboradores han resultado falsos. Tal es el caso del exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y del extitular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, quienes fueron relacionados con la delincuencia organizada y finalmente puestos en libertad. En abril de 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam admitió que no se pudo comprobar lo que declaró el testigo en contra de ambos exfuncionarios, quien fungió como abogado del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Otros 13 acusados dentro de la Operación Limpieza, iniciada en 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, fueron exonerados.
De 1997 a marzo de este año, 806 personas han servido a la PGR como testigos colaboradores porque decidieron acogerse al programa con el único fin de que se les redujeran las penas impuestas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421619
OAXACA, Oax: Los procesos de criminalización de la protesta social en 2006 en Oaxaca y Atenco (Estado de México) sentaron las bases para la actual crisis de derechos humanos diagnosticada por los principales organismos internacionales, sostuvo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). Esa crisis ha debilitado el tejido social, lo que ha posibilitado la implementación de reformas estructurales que buscan desmovilizar y despojar a la sociedad de sus derechos, subrayó. En el noveno aniversario de la represión de 2006, la Red TDT exigió justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas el 25 de noviembre de ese año, cuando las fuerzas federales reprimieron de manera brutal a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Consideró, asimismo, que los ataques contra las protestas en Atenco y Oaxaca fueron el preámbulo de la agudización de una crisis que se ha caracterizado por un constante incremento de la violencia e inseguridad, que de manera muy clara se ha manifestado en temas como el incremento en los índices de homicidio, desaparición de personas y feminicidios. La criminalización de la protesta social vivida contra la APPO hace nueve años fue el paso previo a una descomposición nacional que derivó en una ola de violencia que ha dejado más de 26 mil personas desaparecidas, subrayó. A su vez, esta violencia fue el factor fundamental para debilitar el tejido social y poder conseguir las reformas estructurales que habían sido detenidas en muchas ocasiones, sostuvo la Red TDT. Dichas reformas, añadió, han buscado la desmovilización de sectores emblemáticos de la lucha social como los profesores (a través de la reforma educativa), al tiempo que se despoja a las comunidades de su derecho a la tierra y el territorio mediante la reforma energética. Paralelamente, y a pesar de haber adquirido compromisos en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional, el Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones al obstaculizar la implementación de mecanismos emergentes como la Alerta de Género, que sólo ha sido decretada tras una exigencia de la Red TDT. Organizaciones de la región Sur de la Red TDT consideraron que la única vía legítima para el mejoramiento de las condiciones de vida en esta zona pasa por cumplir la obligación de garantizar todos los derechos humanos de manera integral, incluyendo el derecho a la protesta, a la organización gremial y a defender los derechos humanos. Además externaron su preocupación por el grave incremento en fenómenos como el feminicidio y la violencia contra las mujeres, y condenaron la impunidad, porque ha sido la única respuesta del Estado ante la justa exigencia de los familiares de personas desaparecidas. De igual forma, calificaron de lamentables los intentos oficiales por dividir a los familiares otorgando un trato diferenciado a casos que les representan un mayor interés político por su nivel de gravedad. Mención aparte merece el caso Ayotzinapa por la gravedad de los hechos, pero sobre todo por la deliberada intención de ocultar y distorsionar la información por parte de las autoridades responsables, apuntaron.
Luego de manifestar su solidaridad al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a todas las familias y víctimas de desaparición forzada en el país, exigieron al Estado que asuma sus responsabilidades de manera equitativa con el fin de garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en todo México, pero en particular en la Región Sur. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421637
México, DF: El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Pablo Gamboa Miner, estrenó su mandato con un reciclado proyecto de decreto de 2013 por el que se reforma la fracción XI el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte que fue rechazado y archivado por el Senado de la República en marzo de 2015. El vástago del senador Emilio Gamboa Patrón recurrió a una iniciativa que se remonta a la gestión de su antecesor Felipe “El Tibio” Muñoz y que prácticamente estaba muerta al no obtener en su momento la validez ni el curso adecuado. El 2 de octubre de 2013 el entonces diputado panista Fernando Alejandro Larrazábal Bretón presentó ante el pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados la mencionada iniciativa. El dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2014. Sin embargo fue rechazado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores el pasado 5 de marzo. La iniciativa de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados proponía incorporar en el texto normativo de la fracción XI del artículo 2 de la actual legislación deportiva la obligación a garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte que se implementen. En el mismo se establece se establece que se hará sin importar su origen étnico o preferencia sexual. El Senado determinó que derivado de la propuesta contenida en la minuta de referencia “no se observa relevancia en la misma pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la ley en la materia”. Además estableció que no es de considerarse la aprobación de la minuta remitida por la Cámara de Diputados ya que además de lo establecido en la nueva ley del deporte “ya existen normas que regulan y atienden los diversos tipos de discriminación que pudiesen suscitarse en el desarrollo de los derechos humanos en nuestra sociedad”. Ahora Gamboa Miner pretende legislar en esa materia con una minuta que ya fue rechazada una vez. El miércoles 24 la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con 409 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones por lo cual la minuta se devuelve a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Deporte intervino el diputado Pablo Gamboa Miner. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervinieron los diputados Melissa Torres Sandoval, del PES, y cuñada del director de la Conade, Alfredo Castillo; Carmen Victoria Campa Almaral, del Panal; Luis Ernesto Munguía González, de MC; Renato Josafat Molina Arias, de Morena; Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del PVEM; Olga Catalán Padilla, del PRD; Adriana Elizarraraz Sandoval, de PAN, y Flor Ángel Jiménez Jiménez, del PRI. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAÚL OCHOA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421611
En un hecho inédito donde los ciudadanos podrán decidir sobre el futuro de una obra de desarrollo urbano en la Ciudad de México, vecinos que se oponen al Corredor Chapultepec denuncian vicios en el proceso de consulta ciudadana.
Representantes vecinales que se oponen a la realización del Corredor Cultural Chapultepec–Zona Rosa (CCC) denunciaron ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) la extrema desventaja con la que han tenido que competir en contra de los representantes que están a favor de la obra, previo a la consulta ciudadana que se realizará el 6 de diciembre para determinar el futuro del área. La primera conferencia de prensa que gestiona el IEDF para que ambos bloques informen al resto de la ciudadanía sus posturas se vio marcada por acusaciones a ese Instituto por favorecer al grupo que busca el “sí” en la consulta ciudadana para la realización del proyecto que comprende una concesión por 40 años de alrededor de mil metros cuadrados. “Las reglas del juego no han quedado claras. Estamos a expensas de los tiempos del propio Consejo [del IEDF], y tenemos que estar sujetos a las indicaciones, como si fuera una relación gerencial. Hoy deberíamos de estar presentando el DVD y al micrositio, y no contamos con ello, ni con el acceso al micrositio porque no nos han hecho favor de darnos la clave“, dijo Sofía Dinorah Trejo Bac, representante vecinal de quienes se oponen al CCC. En medio de las críticas hoy el IEDF arrancó con la entrega de material informativo, en donde 800 personas entregarán casa por casa en la Delegación Cuauhtémoc más de 200 mil paquetes con un DVD y un tríptico que pretender informar a los vecinos sobre las repercusiones de este proyecto, y convencerlos de votar a favor o en contra el 6 de diciembre. Los representantes del “no” señalaron que desde el domingo se ha estado haciendo entrega de volantes a favor del sí. “Éstos tienen el mismo diseño que uso el ProCDMX para apoyar el proyecto anteriormente”, dijo Trejo. Sin embargo, entrevistado al final del evento el Consejero, Pablo Lezama Barreda, negó que estuviera en manaos del IEDF hacer algo para evitar que se propague propaganda ilegal que favorece a la realización del CCC. Por su parte, Margarita Villalba, otro integrante del grupo de oposición, acusó con base a fotografías que los representantes que abogan por el “sí” han sostenido reuniones con políticos que tienen injerencia en sus decisiones.
Dicha fotografía involucra al ex Delegado de la Cuauhtémoc por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez, al representante del PRD ante el propio IEDF, Roberto López Suárez; José Luis barajas presidente del consejo vecinal de la Delegación Cuauhtémoc; ex candidato a la misma demarcación por el PRD, José Luis Muñoz Soria; y Sebastián Pérez director de vinculación ciudadana de ProCDMX.
“Aquí se ve la coalición de ex servidores públicos. ¿No es curiosa una reunión donde estén ex servidores públicos, servidores públjicos y los compañeros que están en la comisión del sí, a favor del corredor? Esto lo subió al Facebook la señora Verónica Olvera, esposa de José Luis Muñoz”, dijo Trejo. Una hora después, cuando fue el turno de la comisión del “sí”, se aceptó haberse realizado esa reunión, pero argumentaron que los presentes eran libres de reunirse, siempre y cuando no estuvieran en horarios de trabajo en calidad de ciudadanos, como es el caso de las personas participantes que aún fungen cargos públicos. La media hora del grupo a favor del CCC estuvo marcada por la llegada y toma de la palabra del director de Simón Levy, director general de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), quien argumentó que su presencia y ocupación del tiempo de los vecinos era para dejar en claro dudas sobre la gestión del Gobierno en la concesión del CCC. Por su parte, el Consejero Pablo Lezama Barreda al ser cuestionado por la prensa respaldó la incursión de Levy en el evento, aduciendo que hace tres semanas cuando se dejo en claro el proceso de consulta el IEDF consideró que sería importante la participación de un miembro que el Gobierno eligiera. En este caso el mismo Levy.
Ambas comisiones a favor y en contra seguirán participando en foros programados el 30 de noviembre, el martes 1 y el 2 de diciembre, asimismo, se prevé una marcha para manifestar en contra del proyecto el 5 de diciembre. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2015/1562944
