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Intentos de despojo en Punta Laguna

El área protegida de Punta Laguna ha sido defendida con denuedo por los ejidatarios de Valladolid, en el estado de Yucatán. Desde hace años han sido despojados de grandes cantidades de tierras, los han hecho víctimas de sanciones y “rasuramientos” para manipular las asambleas. Recientemente el secretario general de Gobierno de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, y el asesor Rafael Acosta Solís les propusieron un pacto para mantener la parcelación del ejido y para que la zona sea administrada por el gobierno estatal. Los pobladores inconformes, quienes con machetes impidieron un desalojo en los años noventa, dicen ahora que no aceptarán la propuesta y advierten: “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.

VALLADOLID, YUC: A mediados de los noventa, el padre y los tíos de Mariano Canul Abán repelieron con machete en mano a policías estatales que pretendían desalojarlos de Punta Laguna para dar cumplimento a un acuerdo de permuta de tierras establecido por los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán.

Más de 25 años después, Mariano y los pobladores de Punta Laguna, hoy Área Natural Protegida (ANP), están dispuestos a empuñar otra vez los machetes para impedir que los desaloje Rafael Acosta Solís, exfuncionario del gobierno de Yucatán vinculado con la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y respaldado por el actual mandatario estatal, Rolando Zapata Bello.

Punta Laguna, lugar conocido como santuario del mono araña, se ha convertido en un nuevo Holbox, en donde grupos económicos y políticos no sólo pretenden despojar a indígenas mayas de sus tierras, sino apoderarse de una reserva natural para la construcción de un desarrollo turístico en una zona estratégica entre la Riviera Maya, de Quintana Roo, y Valladolid, Yucatán, la segunda ciudad más importante de esta entidad.

Procedentes de Chemax, el abuelo de Mariano, Ignacio Canul Tun, y sus hermanos Domingo y Marcos fueron fundadores en los años sesenta de esa pequeña comunidad en medio de la selva que, si bien colinda con Quintana Roo, pertenece al ejido y al municipio de Valladolid.

Al principio se dedicaron a la explotación del chicle y a la agricultura, hasta que la zona fue declarada Área Natural Protegida (ANP), con el nombre de Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Casa del Mono y el Jaguar).

El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del ANP de Otoch Ma’ax Yetel Kooh, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), bajo la administración del ejido de Valladolid.

Los pobladores dejaron el chicle y la agricultura tradicional para dedicarse a actividades turísticas sustentables, consistentes básicamente en el avistamiento del mono araña en esta ANP, en donde hay unos 400 ejemplares.

Ejidatarios y sus hijos, agrupados en la cooperativa Najil Tucha, entablaron, hace nueve años, un acuerdo para la explotación del ANP Ma’ax Yetel Kooh con las entonces autoridades del ejido de Valladolid.

El convenio entre la cooperativa y el ejido consiste en una “concesión” por 30 años, con una contraprestación de 4 mil pesos mensuales.

El ejido de Valladolid cuenta con cuatro polígonos que están separados y que son denominados: Zaciabil, de 340 hectáreas, en la periferia de la ciudad; Papagayo, de 3 mil 600; San Antonio, de 3 mil 600, y Punta Laguna, de unas 30 mil hectáreas, incluida la APN de Otoch Ma’ax Yetel Kooh.

Pero las cosas empezaron a cambiar en 2013 para las 40 familias de Punta Laguna y los 704 ejidatarios de Valladolid, ya que el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Leonardo Pech Un, de buenas a primeras determinó fraccionar el polígono Zaciabil.

Proceso se reunió con un grupo de ejidatarios en un domicilio del barrio de San Francisco, de Valladolid, quienes narraron la manera en que Rafael Acosta Solís, en complicidad con dirigentes comunales, ha realizado una serie de acciones para parcelar todo el ejido, con el último fin de apoderase de Punta Laguna.

El primer problema de Leonardo Pech es que necesitaba una mayoría calificada de la asamblea –75% del total en primera convocatoria y la mitad más uno en la segunda, de un conjunto de 704 ejidatarios inscritos en el padrón– para fraccionar Zaciabil.

La última vez que se logró la mayoría calificada fue en 1998, y en asambleas recientes la participación no ha superado los 350 ejidatarios.

Para resolver este inconveniente, el presidente del Comisariado Ejidal se dedica a sancionar a ejidatarios y a separarlos de sus derechos con el objetivo de reducir el número total a efecto de obtener el quórum legal.

La purga y la explotación

El ejidatario Miguel May señala que empezaron a ser sancionados sin mediar el elemental derecho de audiencia.

En medio de este proceso de purga de ejidatarios apareció Rafael Acosta Solís como “asesor legal del nuevo presidente del Comisariado Ejidal, José Matilde Cervera Dzul, quien formó parte de la Comisión de Reparto durante la administración de Leonardo Pech”, explica.

En ese entonces poco se sabía en Valladolid de Rafael Acosta, quien había sido subprocurador general de Justicia y posteriormente fue parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado –en la administración de Ivonne Ortega–, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y actualmente diputado federal.

En marzo de 2014 se realizó una asamblea que tuvo tres puntos principales: el primero fue la lotificación y parcelamiento de las 324 hectáreas del polígono Zaciabil; el segundo, la suspensión de 245 ejidatarios, entre ellos opositores a la lotificación del ejido; y el tercero, formalizar la contratación de los servicios de Rafael Acosta como asesor del ejido.

Pero lo que más llamó la atención fue la manera en la que se pagarían los honorarios de Acosta Solís: se determinó que fuera 20% “de lo que se haga”, según consta en el acta de asamblea.

El primer pago para Acosta Solís consistió en 20% por las 94 hectáreas del polígono San Antonio, y la proporción correspondiente por los 840 mil pesos que el ejido recibió por la ampliación del periférico de la ciudad de Valladolid.

Más aún, los servicios de Acosta Solís no se reducirían a Zaciabil, sino que abarcarían los cuatro polígonos del ejido Valladolid, que suman 36 mil hectáreas y que incluyen a Punta Laguna.

Por todo, Rafael Acosta recibiría 7 mil 200 hectáreas, una extensión que supera la reserva de Punta Laguna, que es de 5 mil 300.

En contraste, cada ejidatario obtendría, en caso de la parcelación de todo el ejido, unas 37 hectáreas.

Una vez concretado el reparto de Zaciabil, al año siguiente José Matilde Cervera y Rafael Acosta organizaron otra asamblea para parcelar todo el ejido, incluido el polígono de Punta Laguna.

El 29 de marzo de 2015 se efectuó la asamblea, con el padrón rasurado, pero no sólo 245 ejidatarios fueron suspendidos, sino que además no dejaron pasar a otros que contaban con derechos, y permitieron el acceso a personas que no eran ejidatarios.

Por primera vez hubo granaderos de la Policía Estatal, y en la asamblea participó un representante de la Secretaría de Gobierno de Yucatán, al que los entrevistados dicen no haber reconocido.

A fin de cuentas, fue aprobada la lotificación, pero sin planos del parcelamiento.

El 19 de abril se realizó otro asamblea sin dar vista a todos los asistentes del acta de la anterior y cuando ya había concluido el castigo de 245 ejidatarios.

Dicha asamblea tuvo el propósito de sancionar a más ejidatarios para no sólo alcanzar el quórum legal, sino también para borrar cualquier disidencia ante el parcelamiento.

Y con la disidencia plenamente suprimida, se convocó a otra asamblea para el 20 de septiembre. Entre sus fines, ratificar a Rafael Acosta como asesor legal y acabar con el contrato con la cooperativa Najil Tucha.

La sesión tuvo un mal inicio, pues ingresaron personas que no eran ejidatarios y no fueron nombrados en el pase de lista. Los “rasurados” iniciaron entonces una trifulca que derivó en la detención de siete “opositores” y tres partidarios de José Matilde Cervera.

El Comisariado convocó a otra asamblea para el 4 de octubre, también en la Casa Ejidal. Desde el día 3, policías estatales resguardaron la Casa Ejidal; en la fecha de la asamblea se impidió el acceso a los disidentes y, de nuevo, dejaron entrar a personas que no son ejidatarios.

Se aprobó la ampliación del contrato de Acosta Solís, quien, ante las inconformidades expresadas por sus altos honorarios, aceptó reducir el porcentaje de su pago a 12%. Aunque, en realidad, la operación de la lotificación de los cuatro polígonos del ejido ya estaba concluida, con la tarifa de 20%.

La asamblea también determinó finalizar unilateralmente el contrato con la cooperativa Najil Tucha.

Por lo pronto, los “opositores” han presentado recursos para revertir las asambleas en las que se lotificó el ejido, aun cuando ignoran la magnitud del daño y cuáles fueron las tierras con las que se cobró Rafael Acosta Solís, pues Matilde se niega a proporcionar copias de las últimas asambleas.

Medio de subsistencia

Punta Laguna es una comunidad de unas 40 familias. Todas dependen del ecoturismo y de la zona protegida, precisa Mariano Canul Abán, presidente de la Cooperativa Najil Tucha.

“Los hombres somos guías. Hacemos paseos a la laguna, a la selva, a los cenotes. Las mujeres elaboran y venden artesanías”, refiere.

Cuando el ahora expresidente del Comisariado Ejidal Leonardo Pech les dijo hace dos años que la cooperativa, en vez de pagar como contraprestación 4 mil pesos mensuales, tendría que aportar 25% de sus ingresos, los cooperativistas rechazaron las nuevas condiciones y le dejaron en claro que la concesión y sus términos eran por 30 años.

En marzo de este año, Matilde Cervera se negó a continuar recibiendo las aportaciones de los miembros de la cooperativa, para después acusarlos de que habían dejado de pagar 4 mil pesos mensuales.

Bajo ese argumento, el pasado 4 de octubre Matilde Cervera puso a consideración de la asamblea retirar la concesión a la Cooperativa Najil Ticha, lo cual fue aprobado.

Su intención es, acusa Canul Abán, desalojarlos para hacer un desarrollo turístico con los terrenos que obtuvo como pago por sus servicios al ejido Rafael ­Solís.

Por lo pronto, los cooperativistas ya recurrieron a un amparo contra la asamblea, que fue avalada por las autoridades agrarias.

Además, los ejidatarios disidentes también han tratado de llegar a un acuerdo político con el apoyo del gobierno del estado.

El 28 de mayo de este año, un grupo de ejidatarios, entre los que se encontraba Armando Hoil Uicap, se reunieron con el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en un encuentro donde también participó Rafael Solís.

El colaborador del gobernador Zapata Bello les propuso un acuerdo, relata Hoil Uicap, y explica: “Nos ofrecieron las mejores tierras a cambio de que abandonemos a los compañeros ejidatarios”.

El trato consistía en mantener los acuerdos para parcelar el ejido, aunque Punta Laguna pasaría a ser administrada por el gobierno estatal.

“El secretario me dijo que era nuestra oportunidad, y que una oportunidad así no presentaría otra vez.

“Y esta fue mi respuesta –recuerda Armando Hoil–: Unos están acostumbrados a traicionar a su gente, pero nosotros no.”

Y le advirtió:


“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421662

El círculo de Manuel Velasco se enriquece con la obra pública

En los dos últimos sexenios las constructoras se han multiplicado en Chiapas. Pero no es un signo de auge: un grupo de empresarios del ramo denuncia que en muchos casos se trata de compañías creadas exprofeso por políticos para enriquecerse con contratos obtenidos gracias a sus contactos en el gobierno. Advierten: si no se combate a fondo la corrupción en las licitaciones de obra pública, sus compañías irán a la quiebra y se incrementará el desempleo.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Los constructores de Chiapas han denunciado la corrupción que, afirman, llegó a muy altos niveles en la administración de Juan Sabines Guerrero y se ha tornado crítica en la de Manuel Velasco Coello.

Señalan que amigos y familiares del gobernador, así como empresas de otros estados, se llevan la mayoría de los millonarios contratos de obra pública mientras que las empresas locales quiebran o reciben contratos secundarios, con los que apenas consiguen subsistir y pagar el poco personal que les queda.

Entre los favorecidos por Velasco Coello señalan a su primo Juan Pablo Orantes Coello y a su amigo Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, que son funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Seinfrac).

Tras las insistentes denuncias, el primero fue destituido como subsecretario técnico pero algunos constructores indican que aún despacha en esa dependencia.

Luis Moya Constantino, de la Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas (OCIECH), dice que los contratos no se ajustan a la reglamentación para la obra pública y se otorgan de forma arbitraria a empresas creadas recientemente y que no cumplen con los requisitos ni tienen experiencia.

La OCIECH señala como ejemplo de ese trato privilegiado a la firma Arrendadora y Constructora Yalem Chem, registrada el 18 de enero de 2013, en los primeros días del gobierno de Velasco Coello, ante el notario público Oscar Gabriel Esquinca Camacho, de Tuxtla Gutiérrez, y que vive en Venustiano Carranza.

En la escritura aparecen Aurora Sánchez Sánchez y Mauricio Flores Saldaña como propietarios de Yalem Chem, pero la OCIECH informa que la empresa en realidad es propiedad de Montes de Oca, panista que fue alcalde de Venustiano Carranza. El domicilio de la empresa es la Avenida Central Poniente Número 6, es decir, la casa de Montes de Oca; incluso el recibo de la Comisión Federal de Electricidad llega a nombre de la madre del funcionario estatal, Eugenia Margar Avendaño Borraz.

Montes de Oca fue designado por Velasco Coello subsecretario de Infraestructura, Carretera e Hidráulica de la Seinfrac en diciembre de 2012 y al mes siguiente fue creada la firma Yalem Chem.

Además de adjudicarle millonarios contratos a su empresa, en junio pasado el funcionario desvió materiales y maquinaria para pavimentar un kilómetro del camino hacia su rancho en Venustiano Carranza, según denunció en la prensa local el particular Mariano Avendaño Jiménez.

Tan pronto como fue creada, Yalem Chem empezó a recibir contratos de obra pública, muchos por adjudicación directa. El primero en esta modalidad se le otorgó en 2013 y fue por 10 millones 757 mil pesos, según la página de internet de la Seinfrac.

En 2014 le fue aún mejor a la empresa de Montes de Oca con las adjudicaciones directas. Recibió 29 millones 536 mil 682 pesos para reconstruir un camino en Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, en un tramo del municipio de Acala que, a pocos meses de haberse terminado, muestra deterioro visible. Otro contrato, por 22 millones 610 mil 169 pesos, fue para modernizar y ampliar el camino de Comitán a Las Margaritas.

Para rehabilitar y ampliar una red de agua potable en Venustiano Carranza se le pagaron 30 millones 586 mil 513 pesos; por construir un sistema de alcantarillado en el ejido La Central de Pijijiapan se le asignaron 10 millones 957 mil 685 pesos, y por rehabilitar y ampliar la red de agua potable en el ejido Carranza de la Independencia se le entregaron 7 millones 798 mil 368 pesos.

Tan sólo estos cinco contratos asignados a Arrendadora y Constructora Yalem Chem sumaron 101 millones 489 mil 166 pesos.

En abril pasado los medios impresos comitecos denunciaron la obra inconclusa de la carretera de Comitán a Las Margaritas, por la que se pagaron 68 millones de pesos a tres empresas. A Yalem Chem le tocaron 22 millones.

En 2015 la bonanza siguió. En marzo se le asignaron 19 millones 495 mil 798 pesos para reconstruir 57 kilómetros de caminos en comunidades de Comitán. La firma comenzó a recuperar la carpeta asfáltica pero dejó el trabajo inconcluso, lo que provocó muchas molestias a los pobladores.

También se le asignaron este año 21 millones 262 mil 305 pesos para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (tercera etapa) en el municipio de Parral.

En agosto pasado se le adjudicó, junto a la Arrendadora y Constructora ACCSA, otro contrato por 45 millones 266 mil 339 pesos para construir y modernizar un tramo carretero entre San Cristóbal de Las Casas y Comitán. Tras la adjudicación, Constructora María Esther interpuso un juicio de inconformidad con el fallo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual hasta el momento no se ha resuelto.

Las otras siete empresas que participaron en esa licitación presentaron propuestas de entre 43 y 44 millones de pesos.

Las firmas consentidas

Moya Constantino denuncia que las licitaciones se manipulan para favorecer a las empresas consentidas de Velasco Coello.

Es el caso de la sociedad de Gorsa Obras Civiles y Grupo Barkus, que pese a estar en el último lugar de 39 participantes, obtuvo una obra de 22 millones 263 mil 997 pesos: reparar el tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Comitán.

De igual forma, a Grupo Pavimentos del Sureste se le dieron cuatro contratos millonarios en 2013 y cinco en 2014. Los constructores independientes señalan que detrás de esa empresa está José María Coello, más conocido en el mundo de la publicidad en espectaculares como Chema Coello.

A esta empresa se le dieron 51 millones 389 mil 402 pesos por cuatro contratos en 2013, uno por adjudicación directa. En 2014 fueron cinco contratos por adjudicación directa para obras en Tuxtla, Larráinzar, Pichucalco, Cintalapa y Comitán, por un total de 33 millones 765 mil 627 pesos.

En 2015 se le encargó construir y modernizar un tramo de la carretera de Comitán a San Cristóbal de Las Casas por 29 millones 90 mil 190 pesos. En esa licitación, otras empresas con experiencia en el ramo presentaron cotizaciones menores a 29 millones, excepto una que hizo una propuesta muy cercana a la del Grupo Pavimentos del Sureste.

En consecuencia, se presentó un proceso de inconformidad ante la SFP en el que se objeta la forma de aplicar la Ley de Obra Pública para asignar el contrato.

Constructora Inmobiliaria CAPE es otra de las constructoras favorecidas por el gobierno de Coello Velasco. En 2013 se le dieron tres contratos por adjudicación directa que sumaron 57 millones 216 mil 403 pesos, por construir caminos en Marqués de Comillas y Ocozocoautla, así como labores de bacheo en Tuxtla Gutiérrez.

El año siguiente obtuvo cuatro contratos –tres por adjudicación directa– por un total de 39 millones 873 mil 824 pesos para realizar caminos y una cancha de futbol, además de rehabilitar calles y avenidas en Tuxtla, Chiapa de Corzo y Comitán.

El empresario Juan José Almanza Carrasco, también de la OCIECH, encontró en el sistema Compranet y en la página de la SFP que de enero a agosto de 2015 el gobierno chiapaneco otorgó 101 contratos por un total de mil 606 millones 767 mil pesos. De ellos, 24 se quedaron en manos de 10 empresas, a las cuales les tocaron entre dos y cuatro obras.

Las beneficiadas acapararon 32% del presupuesto (casi 530 millones de pesos) y 24% de los contratos.

La OCIECH sostiene que muchas de estas asignaciones no cumplieron la normatividad establecida. Principalmente, indica, se declaró ganadoras a las propuestas más caras, causando un daño patrimonial al Estado.

Las constructoras favorecidas con los contratos más caros son Coyatoc Construcciones, Arrendadora y Constructora Yalem Chem, Técnicos Especializados de Chiapas, Constructora en Ingeniería Integral México, Grupo Urbanizador y Constructor Mexicano, y Estudios, Proyectos y Construcciones Tuxtla.

Igualmente, se benefició de esa forma a Mezcalapa Construcciones, Arrendadora Integral California, Construcciones COMOVE, y Francisco Aguilera Gómez (una licitación asignada a esta empresa también se encuentra en un proceso de inconformidad ante la SFP).

La OCIECH señala que muchos alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales se están metiendo de constructores y utilizan las complicidades con funcionarios para repartirse la obra pública.

Como las quejas por ese entramado corrupto no han sido oídas en las cúpulas empresariales, los constructores se han organizado para manifestar su desacuerdo y denunciar los ilícitos. Por eso a mediados de julio, “empresarios independientes de la industria de la construcción del Estado de Chiapas” marcharon para exigir el pago de adeudos gubernamentales y que la obra pública no se entregue a firmas foráneas.

El 28 de septiembre pasado realizaron otra marcha con camiones y maquinaria pesada. Denunciaron que la obra pública en la entidad sólo ha beneficiado a un grupo de empresas foráneas, que son “palomeadas” por Juan Pablo Orantes Coello, primo hermano del gobernador, desde la Seinfrac.

Como sus peticiones no se atienden, la OCIECH anuncia que marchará a la Ciudad de México para exhibir ante el Congreso de la Unión las corruptelas mencionadas; también presentarán denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la SFP.

“El señor de las obras”

Humberto Naturi Pérez, quien encabeza la Organización de Constructores Independientes del Sureste, denunció que durante la administración de Velasco Coello sólo han recibido promesas y migajas de obra pública, por lo que decenas de empresas han quebrado.

En la marcha de septiembre, denunció que desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero el gobierno estatal arrastra fuertes adeudos con empresas locales, a las que no les paga ni les asigna obra.

Señaló que la mayoría de las asignaciones pasa por las manos del “señor de las obras”, Orantes Coello, quien hace unas semanas fue removido de la Subsecretaría Técnica a causa de las denuncias pero sigue despachando de forma ilegal “en el sótano de la Seinfrac”.

Los constructores inconformes dieron a conocer en esa movilización que las empresas foráneas con prestanombres chiapanecos son Grupo Constructor Oxchuc, Grupo Industrial CAMO, Constructora Montes Azules y Constructora de Desarrollo Urbano y de Servicios del Sureste.

Incluyeron también a GAVT Iluminación, Parachicos Construcciones, Grupo VITRE, BELSAS Construcciones, y Construcciones y Edificaciones Sector 7.

En esa ocasión Naturi Pérez señaló que Orantes Coello tiene constructoras y subcontrata a las empresas locales, a las cuales les debe millones, y los constructores advirtieron que si el gobernador no pone fin a las “transas” de su primo hermano, la economía del estado se irá en picada por la quiebra de las constructoras y el aumento del desempleo.

La respuesta demoró hasta el 14 de octubre. En la sesión permanente del Plan de Atención Prioritaria para Empresas Constructoras, Bayardo Robles Riqué, titular de la Seinfrac, anunció ante los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) la asignación de mil 578 millones de pesos para dar continuidad a las acciones de infraestructura en Chiapas.

El funcionario dijo que gracias a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, la infraestructura pública de Chiapas seguirá siendo un pilar de crecimiento económico y social. Añadió que el 97% de la obra pública es ejecutada por constructoras chiapanecas.

Los recursos anunciados por Robles Riqué proceden de dos carteras de financiamiento: el Fondo Regional (Fonregión), que dispone de mil 26 millones, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (Fise) con 552 millones.

El mismo día, Robles Riqué dijo que de 600 constructores que antes había en la entidad, aumentaron a 3 mil 400.

–Hay denuncias de que no hay transparencia en la asignación de obra –se le preguntó.

–Obviamente, cuando uno no resulta favorecido siempre habrá señalamientos y protestas. Pero todo está en el portal de transparencia. Está auditado. Al menos 133 auditorías tengo ahorita.

–Se habla de favoritismo hacia empresas foráneas…

–Foráneas es relativo, son mexicanas. Lo que sí puedo decir es que hay entre un 5 y un 6% de obras asignadas a empresas que no son chiapanecas pero tienen tanto derecho como las locales. Así como las empresas chiapanecas pueden ir a licitar a otros estados, las de fuera pueden hacerlo aquí. Insisto, todo está en el portal de transparencia.

–Se ha señalado al primo del gobernador, Juan Pablo Orantes Coello, como el que asigna obras de forma discrecional. ¿Sigue operando en las oficinas de la Seinfrac?


–Fue mi subsecretario técnico, pero fue removido por el gobernador y la secretaría sigue los parámetros que marca la Ley de Obra Pública. Y sobre todo, en el portal de transparencia está la forma en que fue asignada cada una de las obras y a qué empresa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421663

Suspenden clases 14 escuelas de la sierra por la violencia en Polixtepec, confirma la SEG

El director general de Servicios Regionales informa que de un total de 965 escuelas en la región Centro, suspendieron actividades ante los hechos de violencia cuatro preescolares, nueve primarias y una secundaria.

Luego de los hechos violentos en Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), en 21 días 14 escuelas de educación básica suspendieron actividades en la sierra, mientras que en Zumpango, municipio de Eduardo Neri, una escuela suspendió clases por una extorsión.

A través del director de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Tulio Rogelio Armenta Adame, el director general de Servicios Regionales, Édgar Martín Parra y Bello, informó que de las 14 escuelas de educación básica que suspendieron actividades por la violencia en la sierra; cuatro son de preescolar, nueve de primaria y una secundaria.

En ese contexto de violencia en la sierra, se buscó al subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, para conocer la situación de las escuelas en la región, ante los enfrentamientos y el abandono de Polixtepec; sin embargo, el funcionario no proporcionó la información y se le asignó al director de Comunicación Social de la SEG, Tulio Armenta, la responsabilidad de proporcionar los datos.

Consultado en las oficinas alternas de la SEG, ubicadas sobre el encauzamiento del río Huacapa, en la colonia Universal, Tulio Armenta se comunicó con director general de Servicios Regionales, Édgar Parra, quien informó que de un total de 965 escuelas en la región Centro, 14 suspendieron actividades ante los hechos de violencia en Polixtepec: cuatro preescolares, nueve primarias y una secundaria.

Además, de acuerdo con Édgar Parra, una escuela en Zumpango municipio de Eduardo Neri, suspendió clases por extorsión, aunque no se precisó si se trata de una institución de nivel preescolar, primaria o secundaria.

El 5 de noviembre, el comisario de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna, fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería de Puentecillas a Polixtepec.

Ese día, vecinos de distintas localidades de la sierra bloquearon durante seis horas la carretera a Filo Mayor, en el poblado de Campo de Aviación, y responsabilizaron del ataque a los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, originarios de Polixtepec y líderes del grupo delincuencial Villalobos Arellano, a quienes acusaron de mantener bajo su yugo a esa comunidad serrana.

Luego de los homicidios de Joaquín Romero y Víctor González, policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) acudieron a Polixtepec, para brindarEseguridad a los habitantes de la comunidad, pero el 6 de noviembre se enfrentaron con los integrantes del grupo delincuencial Villalobos Arellano, durante siete siete horas, lo que dejó tres muertos del crimen organizado y siete heridos de la UPOEG.

Ante el temor de que continuaran los enfrentamientos, los habitantes de Polixtepec abandonaron sus hogares, mientras que la Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU), integrada por la Policía Estatal y efectivos de la 35 Zona Militar, llegó a resguardar la comunidad el 8 de noviembre.

El 12 de noviembre, soldados del 50 Batallón de Infantería desarmaron a unos 100 policías ciudadanos en la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), y tras el desarme, 15 policías ciudadanos de la UPOEG fueron emboscados por integrantes del grupo criminal Villalobos Arellano.

El 22 de noviembre, miembros del grupo delincuencial Villalobos Arellano incendiaron tres casas, mataron a una mujer y a sus tres hijos y raptaron a dos hombres, por lo que vecinos de Polixtepec insistieron en su petición a los gobiernos federal y estatal, para que tengan resguardo de la Marina, Ejército o Policía Estatal, ante los riesgos de nuevos ataques.

Por otra parte, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, declaró el lunes que la violencia e inseguridad en la sierra es un problema serio en el que están apoyando la Gendarmería, Policía Federal y Marina, y aseguró que no está en riesgo el ciclo escolar.


José Luis González dijo que Acapulco es el municipio donde las escuelas fueron afectadas directamente por la inseguridad y la violencia, ante la irrupción de hombres armados que pretendieron extorsionar a los directores, por lo que la novena región militar resguarda diez rutas, con cerca de 600 elementos.

FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ALINA NAVARRETE FERNÁNDEZ.
LINK: http://suracapulco.mx/3/suspenden-clases-14-escuelas-de-la-sierra-por-la-violencia-en-polixtepec-confirma-la-seg/

Padres de los 43 prevén instalar un campamento en Los Pinos; se movilizan a 14 meses en el DF

Unas 600 personas participan en la décima octava jornada por Ayotzinapa, la cual se prevé concluya con un mitin y la instalación de un campamento cerca de la Residencia Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México.

El movimiento que exige la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 14 meses, acusó al Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, de atentar contra los derechos humanos de los mexicanos y apagar a los movimientos sociales por medio de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno.

“Lo de Iguala, lo de nuestros 43, vino a evidenciar que lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Michoacán, no son hechos aislados. Hay tortura, hay desaparición, hay muertos y en todas esas violaciones a derechos humanos están involucradas las fuerzas, que deberían combatir al crimen, pero están atacando a la sociedad”, dijo Felipe de la Cruz , vocero de los padres de familia de los normaltas, durante la movilización que dio inicio en el Ángel de la Independencia esta tarde.
Los manifestantes se desplazan en los carriles centrales de avenida Paseo de la Reforma a la altura de Mahatma Gandhi.

Con una hora de retraso, los contingentes partieron a las 17:00 horas del Ángel rumbo a Los Pinos. ”Este plantón es para presionar a las autoridades para que nos digan dónde están nuestros compañeros”, declaró el estudiante de Ayotzinapa, Omar García.


La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) cerró la circulación en Reforma, en el tramo que comprende de Periférico hasta Circuito Interior al Oriente, por lo que las avenidas Periférico, Campos Elíseos y Masaryk, pueden ser utilizadas como alternativas.

A la entrada de la calle Chivatito, justo a unos metros de Los Pinos, el movimiento reiteró su petición de que sea presentado formalmente el nuevo Fiscal para la investigación del caso Iguala y la conformación del equipo técnico de investigación.


Los manifestantes realizarán un plantón que estará por tiempo indefinido hasta que una comisión sea recibida por el nuevo Fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR). “Queremos conocer y trabajar con este nuevo equipo. Y les decimos que la confianza y cariño se gana”, dijo uno de los padres de los 43.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-11-2015/1564099

Nuevos audios involucran a directores de Pemex y CFE en licitación ganada por OHL

MÉXICO, DF: Un par de audios difundidos vía Youtube exhiben la presunta intervención de los directores de Petroleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, a favor de OHL México en la adjudicación de un contrato millonario.

En las grabaciones aludidas se escucha una doble conversación sostenida el pasado 31 de marzo entre el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza y el director técnico de OHL México, Jesús Campos.

Dice Oteyza:

“Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con [Emilio] Lozoya, y el viernes hablé directamente con [Enrique] Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio […] O sea le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba… bueno hasta el último siempre se puede caer, […] se puede caer, pero teníamos una gran, pero una enorme posibilidad de ganar […] si no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso”.

La adjudicación del contrato al que se refiere Oteyza es el de la Central de Ciclo Combinado Empalme 1que se conoció ese mismo día. Coincidentemente, el resultado fue favorable a la empresa que dirige. OHL había presentado una propuesta por 476 millones de dólares con un puntaje de 99.65 unidades.

“Se hizo una gran labor entre jueves y viernes”, dice Oteyza a Campos, según la grabación filtrada, mientras le explica que el tema ya no era técnico, sino de otra índole y “lo peleamos muy bien”.

Y menciona que ambas personas (Lozoya y Ochoa) se portaron “muy bien” y “muy caballerosos”.

“Se portó muy bien eh, el primero que te dije, bueno no se puede portar mejor, es un señorón, y además a mi deveras no sabes cómo me quiere y qué buena relación tenemos; pero me echó una mano brutal con el otro y el otro también estuvo particularmente caballeroso y bien”, menciona Oteyza, siempre según el audio.

El presidente de la filial de la empresa española en México señala que tenían una alta posibilidad de ganar, pero admite que Iberdrola –la primera empresa privada en producción de energía en México y la segunda tras la estatal CFE– era una fuerte competencia y con una buena propuesta.


“El presidente de Iberdrola, que se llama [José Ignacio] Sánchez Galán, es un tipo tremendo y ahora traen de representante a Herminio Blanco (secretario de Comercio y Fomento Industrial en el sexenio de Ernesto Zedillo) […] Entonces, el conjunto de todo eso lo hacía un enemigo muy peligroso… pero bueno, la oferta que prepararon esta vez estaba bien hecha, eh”.



OHL ha estado envuelta en escándalos de presunta corrupción. La difusión de una serie de audios exhiben conversaciones en las que supuestamente negocia con autoridades del gobierno federal y del Estado de México para beneficiarse con proyectos de infraestructura y del sector energético.

En la lista de funcionarios involucrados están los titulares de las secretarías de Transporte estatal y federal, Juan Apolinar Mena y Gerardo Ruiz Esparza; la exconsejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza, y algunos magistrados, así como los de directivos de Pemex y CFE, ambos designados por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los nuevos audios se dan a conocer casi al mismo tiempo que la concesionaria OHL México entregaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sus alegaciones al proceso administrativo abierto en su contra en octubre pasado.

Esta mañana la filial de OHL en México sostuvo que las alegaciones presentadas anoche han sido ratificadas por las cuatro principales auditoras mundiales (Deloitte, PwC, EY y KPMG), que avalaron la contabilidad de sus concesiones.

En dicho proceso el órgano regulador cuestionaba la contabilidad de algunas concesiones y la falta de información respecto de los datos de tráfico de las autopistas.


La voluntad de presentar las alegaciones había sido anticipada por OHL y OHL México, que manifestaba su inconformidad con las alegaciones de la CNBV en su procedimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421719

Juez libera a uno de los adolescentes homicidas del niño Cristopher

CHIHUAHUA, Chih: El Juez especializado en Justicia para Adolescentes Infractores Luis Francisco de León Merino declaró inimputable a uno de los adolescentes acusados de asesinar en mayo pasado al niño Cristopher Raymundo Márquez Mora y ordenó su liberación.

De acuerdo con los argumentos del juez quien realizó la audiencia a puerta cerrada por tratarse de un menor de edad, expertos indicaron que Jorge Eduardo, de 15 años, tiene un retraso mental moderado y una edad mental de entre cinco y ocho años.

Asimismo señalaron que el adolescente tiene tendencias primitivas y maniacas, deterioro de comportamiento significativo que requiere atención o tratamiento, aunque no tiene daño neurológico.

La psicóloga Norma Olivia Orozco, adscrita al Centro de Reinserción Social estatal número 1 y la neuróloga Jazmín Ivett Olivas realizaron los exámenes correspondientes así como un estudio paidopsiquiátrico.

En su informe indican que el adolescente presenta características especiales que hicieron difícil su valoración debido a su nivel de comprensión y discernimiento ya que sólo responde con monosílabos.

Según la especialista en neuropediatría Jazmín Ivett Olivas Padilla, el retraso mental moderado le impide a Jorge Eduardo captar la realidad y los actos o consecuencias de ésta.

El adolescente, detalló, presenta ansiedad, obedece órdenes, no conoce los colores, tiene el juicio alterado por probable discapacidad intelectual.

Durante el proceso Ramón Arturo Murga coordinador de Adolescentes Infractores en el Centro Especializado en Reinserción Social para Adolescentes Infractores se entrevistó Jorge Eduardo y los otros cuatro adolescentes involucrados en el asesinato de Cristopher.

A partir de dichas entrevistas se supo que Jorge proviene de un núcleo familiar integrado por ambos padres y tres hermanos, uno de ellos también tiene retraso mental.

El padre es obrero y consume bebidas embriagantes. La madre ama de casa y en el hogar hay problemas de violencia recíproca. La madre también presenta cierto retraso mental.

Jorge Eduardo es analfabeto aunque sí cursó la primaria y con su hermana Valeria, quien también está detenida, mantiene una relación estrecha. La mayor parte de su tiempo lo pasaban en la calle, ambos consumían marihuana con frecuencia y ocasionalmente ingerían alcohol, lo que desencadenaba su reacción violenta.

Junto con Jorge Eduardo está detenido David, otro de los adolescentes que presuntamente participaron en el crimen de Cristopher.

En tanto Valeria de 13 e Irving de 12, hermanos de Jorge y Alma Leticia, una niña tarahumara de 13 años, que también participaron en el crimen se encuentran en un albergue a cargo del DIF estatal acusados en la misma causa penal 95/2015.

Los cinco adolescentes están acusados de privar de la libertad, golpear, maniatar, apuñalar y degollar a Cristopher
Raymundo Márquez, quien era primo de los tres hermanos y vecino de todos en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo.

Los testimonios de los imputados indicaron que jugaban al secuestro, dañaron al niño y lo asesinaron.

Con la resolución del juez Luis Francisco de León Merino se abrió un procedimiento especial para inimputables y se dictó el decreto de libertad de Jorge.

La noticia no fue bien recibida por Tania Concepción Mora Alvarado mamá de Cristopher quien dijo estar consternada por la resolución del juez ya que considera que todos actuaron con saña en contra de su hijo de seis años.

Tras la audiencia realizada el miércoles pasado concluyó la etapa de investigación del caso pero continúa la acusación del Ministerio Público.


La parte acusadora buscará interponer un recurso de casación que podrá ser en dos vertientes: la acusación para los cinco adolescentes o cuatro en procedimiento ordinario y uno en procedimiento especial para inimputable.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421750

Hace 11 años mataron a su madre; ahora la reportan como desaparecida

MÉXICO, DF: María Fernanda López Muciño, hija de Nadia Alejandra Muciño Márquez, la joven asesinada por su pareja en febrero de 2004, desapareció ayer en el municipio de Nicolás Romero.

Tras la desaparición de la adolescente de 14 años, su familia acudió a las autoridades locales para que iniciaran las labores de búsqueda y por la tarde se activó la Alerta Amber para apoyar en su localización.

Fernanda salió de su casa (en Nicolás Romero) minutos después de las 8 de la mañana para ir a la secundaria donde estudia. Su tía, Viviana Muciño Márquez, dijo que la vio llegar a la esquina de su calle, pero al medio día ya no regresó a su domicilio.

De inmediato María Antonia Márquez, la abuela, acudió a la escuela y ahí le informaron que la joven no había llegado a clases, por lo que pidió información a las amigas cercanas, pero ninguna pudo darle información sobre su paradero.

Tras entrevistar a todas las personas que pudieran saber algo, la familia fue informada sobre un supuesto novio de Fernanda. “Nosotras no lo conocemos y no sabemos qué tipo de relación tenía con ella”, contó la tía.

Después de comunicarse con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), un comandante acompañó a María Antonia a la escuela y al domicilio del supuesto novio de Fernanda, cuyo nombre se reserva por temor a represalias.

Se entrevistó con el joven y con algunos integrantes de su familia, quienes se contradijeron en las versiones ofrecidas: en un primer momento el novio aseguró que Fernanda estaba con un amigo suyo, luego que la había visto a las 9 de la mañana y finalmente que no tuvo ningún contacto con ella.

Por la desaparición de la adolescente, los familiares interpusieron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de Nicolás Romero, y a través de las redes sociales pidieron la solidaridad de defensores de derechos humanos y activistas.

Nadia Alejandra Muciño Márquez, la madre de Fernanda, fue asesinada en 2004 en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, presuntamente a manos de su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y de su cuñado, Isidro López Gutiérrez ‘El Matute’.

A 11 años del asesinato, el crimen sigue impune: el presunto homicida no ha sido sentenciado y el gobierno del Estado de México no ha reparado el daño, como lo ofreció en 2011 el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal.


María Antonia Márquez, madre de Nadia, se ha visto obligada a cambiar tres veces de domicilio, porque –según contó– ha recibido amenazas por parte de la familia del presunto feminicida de su hija.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421753

Arturo Escobar firmó los contratos para repartir tarjetas del Verde: Santiago Nieto

El caso del ex subsecretario de Gobernación y ex vocero del Partido Verde es la primera consignación de un representante legal de un partido político.

Arturo Escobar fue consignado ante un juez -al que se solicitó girar una orden de aprehensión- porque él fue quien firmó los contratos, en calidad de representante legal del Partido Verde, para repartir, en las pasadas elecciones, las tarjetas Premia Platino, las cuales están prohibidas en la ley que se aprobó el año pasado, indicó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

En entrevista para Aristegui CNN, detalló que la consignación es un término técnico-jurídico del sistema de procuración de justicia, aplicado luego de que la Fiscalía recibió una serie de denuncias por la distribución de las tarjetas Premia Platino, las cuales fueron presentadas por el PAN, PRD y ciudadanos que recibieron esa tarjeta y protestaron por el uso de sus datos personales.

La fiscalía “encontró que había existido una serie de contrataciones indebidas y de actos indebidos”, por lo que desarrolló la investigación, recabó las pruebas y elaboró un documento, “que se denomina pliego de consignación, y a esto denominamos consignar, el pliego de consignación es la resolución, la voz de la fiscalía, los argumentos técnico-jurídicos que tiene la fiscalía especializada para presentarlo a un juez de distrito y solicitar que se libren órdenes de aprehensión en contra de las personas que se ha encontrado responsables de haber cometido presuntamente una conducta delictiva”. 

El miércoles la FEPADE dio a conocer que consignó tres averiguaciones previas, entre ellas la de Escobar, y dos más relacionadas con la elección en Colima.

“La parte importante de la fiscalía es poner a consideración de un juez el acreditamiento del cuerpo del delito y por otro lado la probable responsabilidad de personas físicas; las instituciones no delinquen, lo hacen las personas, en la fiscalía se persiguen conductas delictivas que hacen personas físicas que han vulnerado el marco de los delitos electorales en el país”, explicó.

En la ley aprobada el año pasado “se estableció una prohibición: los partidos políticos tendrán prohibido entregar cualquier tipo de material en el que se haga una oferta, en dinero o en especie, sea inmediata o mediata, directa o indirecta, que beneficie a un partido en las campañas electorales.

“Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto, era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta, para obtener descuentos no inmediato sino mediato, algo directo, respecto al beneficio que podrían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales al presentar estar tarjetas y esa es una situación prohibida por la ley, la ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que no se pueden realizar, ni destinar, ni recibir aportaciones en dinero o en especie”, abundó.

La prohibición legal es muy clara, señaló el fiscal, “este tipo de materiales no podían desarrollarse. La reforma del año 2014 estaba pensada en fortalecer el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos”.

No obstante, reconoció que actualmente “los delitos electorales no son delitos graves”. 

“En el ámbito federal tenemos un catálogo de delitos graves dentro de los cuales no se encuentran los delitos de corte electoral. Va a quedar en manos del órgano jurisdiccional determinar o no la libertad o la posibilidad de que se otorgue una caución para efecto de poder desarrollar y enfrentar el proceso penal en libertad”, precisó.

“En el caso de los delitos electorales el ofendido es la sociedad en su conjunto… la pena más importante es la contenida en el artículo 15 de la ley”, refirió.

Dicho artículo establece:

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Pero destacó que “lo importante es mandar un mensaje: que las instituciones electorales deben estar cumpliendo con sus funciones con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y con independencia de quienes sean los sujetos activos que cometen las conductas delictivas”.

En caso de que no vaya a la cárcel Escobar, apuntó, habrá sanciones económicas, siempre y cuando se acredite ante el juez su responsabilidad.

Nieto sostuvo que “no se puede tolerar ninguna conducta que vulnere el marco electoral en su conjunto, los perjudicados somos todos los ciudadanos, por tanto es importante que las instituciones electorales manden mensajes claros, de cara a los comicios que vamos a tener en 2016 y a partir de ahí sentar las bases para los comicios que van a venir en 2018″.

Caso Colima

Sobre los otros dos casos, relacionados con la elección en Colima, puntualizó que se trata de Rigoberto Velasco, secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima; y una averiguación previa que involucra al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez; y el abogado del candidato del PAN al gobierno de Colima, Javier Jiménez Corzo, por presentar pruebas falsas. 

“Fue un proceso muy complejo, el Tribunal Electoral determinó declarar la nulidad de los comicios, porque una causal de nulidad es la intervención del Ejecutivo estatal y se acreditaron una serie de conductas irregulares”, acotó.

Una de ellas fue denunciada por el PAN, sobre que el Secretario de Desarrollo Social apoyó a los candidatos del PRI, lo cual quedó acreditado.

La segunda fue una acusación es contra Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, pero él no participó en la comisión de una conducta delictiva; sin embargo “queda muy claro la participación delictiva del presidente del comité directivo del PAN”, quien al igual que el abogado del partido, aportaron pruebas falsas.

Sobre estos dos casos, la PGR detalló en un comunicado:

“Con relación a la elección para gobernador de Colima, esta Fiscalía (FEPADE) ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.

“Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

“En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada Ley, también se ejerció acción penal en contra de abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios”. 


Entrevista:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/arturo-escobar-firmo-los-contratos-para-repartir-tarjetas-del-verde-santiago-nieto-en-cnn/

Asesinan a 12 personan en Guerrero, en menos de 24 horas

Guerrero; ANG.-En distintos hechos; en menos de 24 horas, en los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Copala, Tixtla, Acapulco fueron asesinados 11 personas; la mayoría con provenientes del crimen organizado.
En plena Avenida Insurgentes, de Chilpancingo ; Erick Cuevas Cástulo de 29 años de edad fue asesinado a balazos, el cuerpo del occiso quedó tirado sobre la banqueta lateral sur norte en carriles centrales, a pesar que las ambulancias de la Cruz Roja llegaron de inmediato para prestarle los primeros auxilios nada pudieron hacer para salvarle la vida.
En Acapulco la mañana de este jueves, una persona del sexo masculino fue privada de la vida a balazos afuera de su domicilio el occiso fue identificado con el nombre de Tomás Martínez Valadéz, de 39 de años de edad.
En Copala dos personas fueron asesinadas, las dos víctimas estaban maniatadas y balanceadas, se les apreciaban varios balazos y el tiro de gracias en la cabeza.
En Tixtla Cuatro policías comunitarios fueron atacados a balazos cuando hacían su recorrido en el barrio del fortín. Estos asesinatos se dan a pocos días de que se realicen comicios extraordinarios para elegir, presidente municipal.
Se reportó que hombres fuerte mente armados a bordo de otros vehículos emboscaron en una calle a los policías comunitarios, disparándoles por ambos, impidiéndoles repeler la agresión, después de cometer el atentado se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
La noche de este miércoles a las 19:50 horas, en Iguala fue encontrado sin vida dentro de su taxi un masculino de nombre Daniel Rivera Brito, de 45 años de edad en el municipio de Iguala.
Posteriormente fue encontrado sin vida el joven Luis Fernando Bernabé Regino, de 14 años de edad, sobre la calle Huerto, esquina Abasolo y Justo Sierra, de la colonia San Gerardo en Iguala de la Independencia, en el lugar fueron localizados un total de cinco casquillos del calibre 9 mm, tres percutidos y dos más útiles.
En Chilpa cuerpo de una persona en esta avanzado de putrefacción fue encontrado en el punto conocido como Los Arcos, el cuerpo de la víctima se encontraba con las manos atadas a la espalda, decapitado y ya había sido devorado por animales. A los alrededores se encontraba la mandíbula y partes de esta misma.
Este jueves sujetos armados a bordo de un automóvil asesinaros a una persona en la calles del futbol, de la colonia Libertadores; la victima vestía pantalón de mezclilla y playera verde; se desconoce su nombre.

Fuente: Agencia de Noticias de Guerrero

Alcalde de Guerrero abandona cargo por amenazas; en Tixtla, matan a 4 comunitarios

Beatriz Mojica Morga, Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció hoy que presidentes municipales han informado a la dirigencia nacional que son víctimas de extorsión por parte del crimen organizado; Ambrosio Soto Duarte no pudo más y se fue. Mientras tanto, en Tixtla, hombres fuertemente armados con rifles AK-47 emboscaron a comunitarios. La violencia no para en Guerrero.

El Alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, renunció a su cargo luego de haber sido víctima de extorsión por parte del crimen organizado, dio a conocer este día la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga.

La ex candidata a Gobernadora de Guerrero detalló que a Soto Duarte se le exigen mensualmente 3 millones de pesos, recursos que provienen del Ramo 33, ante esta situación “el funcionario ha puesto esta mañana a disposición del Comité Ejecutivo Nacional su cargo, porque nos está diciendo claramente que él no está dispuesto a negociar con la delincuencia organizada”.

Señaló que esta cantidad representa un cuarto del presupuesto anual que se le asigna al municipio.

“La situación es grave y por eso exigimos de manera pública y formal de que se decreten medidas cautelares al presidente municipal de Pungarabato que asume esta actitud valiente de denunciar los hechos y de poner por delante el interés de la ciudadanía”.


Responsabilizó al Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al Ejecutivo Federal de lo que le llegue a suceder al Presidente Municipal de Pungarabato y a sus familiares, así como a otros presidentes municipales de extracción perredista, “porque el presidente en mención, así como nuestro Coordinador de Alcaldes de Guerrero han solicitado infinidad de veces hace ya varias semanas, audiencias con el gobernador del estado, el presidente Ambrosio Soto se ha reunido con [el Comisionado Nacional de Seguridad] Renato Sales y le ha expuesto toda la problemática y no ha obtenido ninguna respuesta”.

ATACAN A COMUNITARIOS

Hombres fuertemente armados emboscaron a siete integrantes de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) La Patria Es Primero, con sede en el barrio de El Fortín, en Tixtla. El ataque dejó cuatro policías muertos, mientras que los atacantes huyeron en unas diez camionetas.


Según testigos, a las 2:22 de la tarde siete policías comunitarios estaban parados en la esquina de las calles Flor de adelfa y Tlapizaco del barrio de El Fortín, cuando fueron atacados por hombres fuertemente armados con rifles AK-47, conocidos como cuerno de chivo.

Los cuatro policías que perdieron la vida quedaron tendidos en la calle Flor de adelfa y al lado de los cuerpos quedó una camioneta de la corporación. Los cuerpos fueron retirados por los pobladores y trasladados a la Casa de Justicia La Patria Es Primero.


Los hechos ocurren a tres días de la elección extraordinaria de alcalde, luego de que el 7 de junio en el 44 por ciento de las secciones electorales no se instalaron las casillas, a consecuencia del boicot promovido por el Movimiento Popula Guerrerense para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hoy cumplen 14 meses desaparecidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-11-2015/1564011

Es simulación, EPN y Osorio deberían ir a prisión porque hicieron lo que Escobar: AMLO

El líder de Morena rechaza además debatir con su homólogo del PAN porque, afirma, “está muy pollo”. En todo caso, señala, podría hacerlo con el ex Presidente Carlos Salinas, a quien ha llamado “jefe de la mafia del poder”.

El presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, es un “chivo expiatorio” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para “engañar que les interesa la legalidad”.
“Es una simulación, porque deberían de encarcelar a Peña y a Chong, a Peña porque hizo lo mismo de Escobar, compró votos; ¿si o no entregó también tarjetas, Peña? Está demostrado”, criticó hoy López Obrador.
“Además quién puso a Escobar, Peña, entonces es un chivo expiatorio, la mafia de repente hace eso para engañar de que les interesa mucho la legalidad?”, declaró durante su gira por Tlaxcala.

Arturo Escobar dejó ayer su cargo en la Segob luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer que pidió a un juez una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos electorales.

Escobar fue vocero del PVEM, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se consideró un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.

La Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra de Escobar y Vega por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015.

La dependencia concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

Este día, el dirigente nacional de Morena, López Obrador, criticó que el caso en contra de Arturo Escobar se trata de una “simulación”, la cual, aseguró, tiene como objetivo “engañar” y hacer creer que al Gobierno le interesa la legalidad.


Reiteró que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “debería también estar enjuiciado, porque Chong fue coordinador de la campaña de Peña y compró votos, compraron 5 millones de votos”, agregó.

ANAYA ESTÁ “MUY POLLO” PARA DEBATIR

El dirigente de Morena rechazó además el reto que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, para debatir, pues justificó que el líder del Tricolor está “muy pollo”.

En todo caso, agregó López Obrador, el debate lo tendrá con el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Criticó que Anaya es sólo “un aprendiz de mafioso y que si se trata de debatir, sería bueno debatir con el jefe de Anya, Salinas de Gortari”.

El altercado con el dirigente del PAN inició el pasado lunes, cuando López Obrador dijo en entrevista con MVS Noticias que Felipe Calderón pretende gobernar a través de Zavala, pero que los mexicanos no aprobarían la candidatura de la ex Primera Dama porque pertenece al mismo grupo político e ideológico que su esposo, a quien señaló de haber robado la Presidencia de 2006 y  convertir el país en un “cementerio”.

En tanto, ayer Anaya Cortés llamó a López Obrador “un cobarde machista”. El dirigente panista escribió en su cuenta de Facebook:


“López Obrador es un cobarde machista cuando dice que Margarita Zavala no es más que la extensión de Felipe Calderón. Ninguna mujer es la extensión de su marido. Lo reto a un debate público. A ver si tan ‘hombrecito’”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-11-2015/1564049

Celebran activistas salida de Escobar; “no era confiable”, dicen

MÉXICO, DF: Organizaciones de la sociedad civil celebraron la renuncia del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de presuntos delitos electorales.

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI), Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Católicas por el Derecho a Decidir y México Unido contra la Delincuencia, entre otras agrupaciones, subrayaron que el exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “no es un servidor público confiable” y desconoce “los principios éticos democráticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.

Demandaron que en la designación del nuevo subsecretario, la Segob tome en cuenta la experiencia y conocimiento en la materia, así como la sensibilidad y capacidad de diálogo.

Las agrupaciones destacaron que su propósito de mantener la vigilancia en torno al nombramiento del o la sucesora de Escobar y el desarrollo del programa nacional de prevención del delito, es para que el nuevo titular contribuya a los fines de la Subsecretaría y “para que no sea utilizada como espacio de negociación política o electoral”.

Señalaron que desde el nombramiento de Escobar, “las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la prevención social de las violencias señalamos su falta de calidad moral y profesional para ocupar el cargo”.

Específicamente denunciaron que como senador del PVEM, en 2009, “fue sorprendido con una maleta con 1.1 millones de pesos llegando al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

Y añadieron que la empresa que contrató la propaganda de los Cineminutos “es propiedad de Adrián Escobar, hermano de Arturo Escobar”, quien como subsecretario “estuvo visitando Chiapas (el 7 de septiembre) y realizando eventos de promoción con el gobernador Manuel Velasco, recorriendo los polígonos de Tuxtla Gutiérrez que forman parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) y prometiendo mayores recursos”.

En su comunicado, las organizaciones también pidieron que en el proceso que se siga contra el inculpado se respeten sus derechos humanos, y que conforme a los tratados internacionales se garantice su defensa y acceso a la justicia.

Ayer, momentos después de que Escobar formalizara su renuncia a través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó, en un acto sin precedentes, que había consignado la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por el exvocero del PVEM


En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421737

México comparte datos con EU, para prevenir amenazas terroristas: SRE

“Con Estados Unidos el enfoque principal es prevención, el enfoque principal es inteligencia, compartir datos, estar alerta y compartir también protocolos de acción de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras fuerzas armadas”, dijo el subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía.

México se mantiene alerta y en constante intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos para prevenir cualquier amenaza terrorista, aseguró el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Carlos Pérez Verdía Canales.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, dijo que se ha establecido un diálogo importante con Estados Unidos y Canadá en esta materia.

Además se actúa desde un enfoque de evaluación de riesgos y prevención, con apego a lo que marque la Organización de las Naciones Unidas, precisó el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo, preguntó al subsecretario de qué manera afectará el cierre de las fronteras de los países tras los últimos hechos registrados por los ataques terroristas en diversas ciudades del mundo.

“Tenemos tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y una franja fronteriza porosa en el sur, donde no hemos podido contener los flujos migratorios”, hizo ver la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Con Estados Unidos el enfoque principal es prevención, el enfoque principal es inteligencia, compartir datos, estar alerta y compartir también protocolos de acción de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras fuerzas armadas”, declaró Pérez Verdía.

“En todo momento hemos rechazado cualquier expresión, cualquier forma de extremismo violento. Nuestro enfoque siempre ha sido multilateral, de evaluar estos riesgos y actuar con la comunidad internacional bajo el cobijo de las Naciones Unidas y de lo que de ellas se desprenda”, abundó.


“Coincido con los aquí presentes en que es un tema que va a perdurar, que necesitamos trabajar, es un tema que se está atendiendo y el gobierno federal comparte la preocupación de esta soberanía”, expuso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2511/mexico/mexico-alerta-y-compartiendo-datos-con-eu-para-prevenir-amenazas-terroristas-sre/