jueves, 26 de noviembre de 2015

Alcalde electo de Morena denuncia saqueo en Comalcalco, Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Javier May Rodríguez, alcalde electo de Morena en Comalcalco, denunció saqueo del exedil y ahora diputado federal del PRD, Héctor Peralta Grappin, en complicidad con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Neyda García Martínez.

May Rodríguez dijo tener pruebas de sus imputaciones y adelantó que las presentará ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) del Congreso, luego de asumir la alcaldía el próximo 1 de enero.

En entrevista de radio, el edil electo morenista denunció que Peralta Grappin convirtió el ayuntamiento de Comalcalco en una comercializadora para beneficiarse con compras a sobreprecios y realizar proyectos de infraestructura por más de 152 millones de pesos en localidades donde tiene y adquirió propiedades.

También acusó que el primer “negociazo” fue la compra de 2 mil 675 luminarias en 38 millones de pesos, a un costo de más de 14 mil pesos cada, cuando en el mercado se cotizaba a 6 mil, por lo que en esta operación “se embolsaron más de 20 millones en una sola acción”.

Además los presuntos responsables adquirieron una barredora al doble del precio, edificaron viviendas de mala calidad sobreestimadas en más de 120 mil pesos y Peralta Grappin compró dos ranchos en Comalcalco, uno de 60 hectáreas en la comunidad de Zaragoza y otro en el ejido Trujillo Gurría de iguales medidas.

Javier May acusó al ahora diputado federal de haber consolidado “una mafia que atracó el presupuesto del municipio”, y que una vez que se presenten las denuncias, las autoridades señaladas y el propio Peralta Grappin deberán aclarar “de dónde agarró para tantas propiedades”.

Luego admitió que Peralta Grappin formó parte de sus colaboradores como director del Finanzas del ayuntamiento de Comalcalco cuando, bajo las siglas del PRD, gobernó por primera vez el municipio de 2007 a 2009, y nunca, aseguró, hicieron negocios ni le pidió hacer nada que no estuviera sustentado en la ley.

También denunció que la diputada y presidenta de la Jucopo, Neyda García, hizo negocios no sólo con Peralta Grappin en Comalcalco, sino que también se benefició con la obra pública de los municipios de Huimanguillo, Jalapa y Macuspana, a través de una constructora de su propiedad.

“Neyda García hizo negocios con Héctor Peralta y se corrompió, la verdad es lamentable, se benefició de la obra pública. Los negocios los hizo en Huimanguillo, Jalapa y Macuspana”, expuso.

La diputada Neyda García rechazó las acusaciones y negó que sea propietaria de una constructora; además, dijo, nunca se ha coludido con alguien para beneficiarse del presupuesto público.

El alcalde electo de Morena informó que el gobernador Arturo Núñez y la Contraloría estatal ya están enterados de estas irregularidades, “y están sorprendidos por los elementos probatorios”.

“Fue más de 20 por ciento del presupuesto de Comalcalco lo que se llevó Héctor Peralta”, sostuvo May Rodríguez, por lo que emplazó a los diputados de la Legislatura que entrará en funciones el 1 de enero a que revisen la obra pública que se pagó y no se hizo en el municipio.

El perredista Peralta Grappin gobernó Comalcalco de 2013 hasta principios de 2015, debido a que solicitó licencia para contender en los comicios del 7 de junio pasado para la diputación federal del III distrito electoral, el cual ganó.

Durante el primer gobierno de May Rodríguez en Comalcalco, de 2007 a 2009, en el primer tramo del sexenio del gobernador priista Andrés Granier Melo, Peralta Grappin fue director de Finanzas del ayuntamiento.

En esa fecha, la diputada Neyda García era la lideresa municipal del PRD y aliada de May Rodríguez.

A Peralta Grappin lo sustituyó el actual alcalde, Jesús Romero López, a quien el 31 de diciembre se le termina el periodo constitucional que inició el ahora diputado federal.


En días pasados Peralta Grappin festejó en grande su cumpleaños y como invitado de honor asistió el senador con licencia y dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421771

Hija de Rosario Robles se perfila para encabezar al PRI-DF

México, DF: Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, se perfila como la nueva dirigente del PRI en el Distrito Federal sin tener mayor experiencia política y tampoco ascendencia priista.

De acuerdo con información dentro del PRI, la llegada de Mariana Moguel es una concesión presidencial que se dio a su madre luego de que fue removida de la Sedesol tras el fracaso de la política de combate al hambre y la pobreza.

Mariana Moguel Robles tiene una escasa militancia priista de apenas tres años cuando fracasó como candidata a la Asamblea Legislativa por el PRI y el PVEM. Pero antes coqueteó con el PAN, pues de hecho de 2009 a 2012 se incorporó a la administración pública local como subdirectora de Vinculación en la delegación Miguel Hidalgo que encabezaba Demetrio Sodi.

Una vez que Rosario Robles se incorporó al equipo de Enrique Peña Nieto, Mariana Moguel también lo hizo bajo la égida maternal.

En el 2013 fue nombrada coordinadora de Proyectos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde estuvo por un año.

En 2014 pasa a ser integrante del comité directivo priista en el Distrito Federal y también es nombrada consejera política nacional.

Para el 2015 el PRI la lanza de nuevo como candidata a diputada por la Asamblea Legislativa, y una vez que obtuvo la victoria ahora se perfila como posible dirigente del PRI en lugar de Mauricio López, quien sustituyó a Cuauhtémoc Gutiérrez, quien estuvo envuelto en un escándalo por una red de prostitución.

Según El Universal, el próximo jueves 3 de diciembre, cuando se lleve a cabo la elección para la dirigencia capitalina del PRI, es casi un hecho que Mariana Moguel sea impuesta desde Los Pinos en una fórmula donde iría acompañada de Tonatiuh González Case como secretario general.


Desde 1997 en que perdió la jefatura de Gobierno local, el PRI se encuentra pulverizado en el Distrito Federal. De tener en su poder todas las delegaciones, hoy apenas administra tres: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, aparte de que es la cuarta fuerza política detrás de Morena, PRD y PAN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421773

De 10 medidas anunciadas por EPN tras caso Ayotzinapa, sólo cumplió una: estudio

"Luego de una año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Este decálogo fue un discurso para transitar el momento pero que así como se anunció se dejó atrás", estableció el informe.

Dos meses después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en noviembre 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez medidas en materia de seguridad y justicia, de las cuales sólo una se cumplió totalmente; otras dos fueron cumplidas de forma parcial y el resto no se llevaron a cabo, indica un estudio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

“De las diez medidas comunicadas sólo una se ha cumplido, la sexta, pues se realizó el operativo en la región de Tierra Caliente (de Guerrero). No se dispone de información sobre el grado de éxito”, detalló el documento elaborado por Edgar Cortez.

“Dos medidas fueron cumplidas parcialmente. La cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora sólo se cuenta el visto bueno por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha de ese número está pendiente. Mientras que respecto de la octava medida, consistente en acciones para fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones pero otras están pendientes también de cumplirse como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada. Siete medidas no se han cumplido”, agregó.

“A dos meses de sucedida la desaparición de los 43 era urgente anunciar medidas que atendieran el caso pero que también fueran una respuesta más amplia al recurrente problema de la impunidad. El anuncio del decálogo fue poco afortunado pues de las medidas anunciadas la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI”, lamentó.


El reporte íntegro:

CumplimientoMedidasSeguridad_nov14 by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/de-10-medidas-anunciadas-por-epn-tras-caso-ayotzinapa-solo-cumplio-una-estudio/

En 2014, Escobar aprobó la ley que ahora lo hunde

Pese a que está comprobado que firmó los contratos para la repartición de tarjetas, los delitos electorales no son considerados graves.

Era 14 de mayo de 2014. Había un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

Arturo Escobar caminaba por los pasillos de San Lázaro hasta llegar a su oficina y de ahí se pasaba a su curul.

A la hora de someterse a votación la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la línea en el Partido Verde Ecologista de México era votar a favor de la misma.

Al final de la discusión, se aprobó en lo general con 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. 23 votos en pro fueron de diputados del PVEM, entre ellos Escobar.

Algunos artículos fueron reservados, pero hubo ya pocos cambios. La votación fue similar: 362 a favor, 29 en contra y 11 abstenciones. 98 diputados ya se habían retirado.

Quien siguió en la sesión fue Escobar. No dudó en votar nuevamente a favor. Otra vez fueron 23 votos de legisladores del Verde, a favor de esa ley.


Los votos en lo particular fueron a favor de los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 24 y tercero transitorio:

Es precisamente el artículo 15 el que presuntamente habría violado el propio Escobar, al firmar contratos para repartir Premia Platino antes de las elecciones de junio pasado:

Dicho artículo dice:

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

“Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto, era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta, para obtener descuentos no inmediato sino mediato, algo directo, respecto al beneficio que podrían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales al presentar estar tarjetas y esa es una situación prohibida por la ley, la ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que no se pueden realizar, ni destinar, ni recibir aportaciones en dinero o en especie”, dijo Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en entrevista para Aristegui CNN. 

De acuerdo con su página de internet, con dicha tarjeta se obtienen descuentos, al presentarla “en los negocios afiliados y recibes el descuento o beneficio de acuerdo a lo publicado en el directorio de Descuentos“. 

El Partido Verde entregó miles de ellas. Incluso, hasta con nombre de la persona a la que estaba dirigida.


Incluso, la ex pareja del presidente Enrique Peña Nieto, Maritza Díaz, recibió una:

Las denuncias sobre el reparto masivo de estas tarjetas del Verde llegaron a la mesa del Instituto Nacional Electoral el pasado viernes 6 de marzo.

Quien hizo pública la denuncia fue Horacio Duarte, del Movimiento de Regeneración Nacional: “Hoy una nueva tarjeta de descuentos que se manda por parte del Partido Verde Ecologista de México, mensajes de celular del número 356991899022, que están mandando mensajes SMS, el reparto de calendarios con el uso de la base de datos del Padrón Electoral, son todos estos elementos claramente identificados que son el desafío a la autoridad, son el desafío al Instituto Nacional Electoral, que pasivamente regresa y toma acciones cuando se ha afectado, se ha trastocado la equidad en la contienda.. el problema no es el Partido Verde Ecologista de México… no es con sus dirigentes, es lo de menos, el problema es, al servicio de quién está el Partido Verde Ecologista de México, al servicio de quién los patrocina, les genera un manto de impunidad y los va a utilizar para que, según ellos, logren su ansiada mayoría en la Cámara de Diputados, es para el Partido Revolucionario Institucional, están al servicio del Partido Revolucionario Institucional y de Enrique Peña Nieto”.

En tanto, el perredista Fernando Belaunzarán comentó: ”Me preocupa ver hasta dónde está llegando el Partido Verde Ecologista de México, con su insolencia, con su desafío a las instituciones; efectivamente, aquí está ya su tarjeta de descuento, descuento de 10, 15, 20 por ciento, lo cual es apoyo en especie y está también prohibido en la legislación; ¿por qué generar este problema electoral, por qué generar este elemento de descomposición, de enturbiamiento? Eso es lo que yo estoy tratando de buscar, un razonamiento, ¿cuál es su lógica?, ¿por qué desafiar así a las instituciones, a la ley?, ¿por qué estar de esta manera golpeando y convirtiéndose en el protagonista de la campaña electoral?”.

Al respecto, el panista Javier Corral señaló: “El Partido Verde Ecologista de México es un partido político consuetudinario del vicio tramposo, es adicto a la violación legal, ha desafiado al Instituto Nacional Electoral con todo tipo de conductas, desde esta propaganda electoral, disfrazada de informes legislativos, el manejo de los programas sociales en los que llegó al extremo de incorporar en su propaganda al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ni más ni menos, en el peor de los usos y manipulaciones electorales de programas sociales, también usa el Padrón Electoral, pero, también da ahora tarjetas de descuento.

“Ahora ofrece, a través de una tarjeta que circula ya en estos días, como lo dijo Horacio Duarte… descuentos en no sé cuántos establecimientos del país, cerca de 8 mil, otra vez, violentando abierta y directamente la reciente Reforma Electoral, que en el artículo 209, en el apartado 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohibió las condonaciones en especie, para incluso, otorgar beneficios directos o indirectos porque es una conducta desafiante, es una conducta impune, y lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿en dónde basa el Partido Verde Ecologista de México su impunidad? Por supuesto, que no sólo en su aliado, hoy absolutamente demeritado, no solamente en el poder del Presidente de la República, hoy debilitada su imagen, por los suelos en materia de credibilidad, tan es así, que él mismo lo ha tenido que reconocer en el Reino Unido. Basa su impunidad en el poder de Televisa, en el cañón del Canal 2″, acusó. 

A las denuncias de los políticos se sumaron ciudadanos que protestaron por el uso de sus datos.

Por lo pronto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales consignó ante un juez a Arturo Escobar, contra quien solicitó se gire una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en la violación a un artículo de una ley que él mismo aprobó. El juez tiene diez días para definir qué procede. Sin embargo, el titular de la FEPADE reconoció anoche en CNN que “los delitos electorales no son delitos graves”. 

Pero hay más.

Otra empresa con la que firmó contratos Escobar, para transmitir los llamados cineminutos, es de su propia familia. 

Se trata de Rabokse (Escobar al revés, pero con la letra K), propiedad de Adrián Escobar y Vega, quien es hermano del ex diputado del Verde. En agosto pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoal investigar a dicha empresa Rabokse. Esa investigación sigue su propio curso.

Tras varios meses de propaganda del Partido Verde en el cine y en las calles, en marzo pasado, el Tribunal Electoral razonó que había toda una estrategia publicitaria del PVEM.


Después de los cineminutos, las bardas, los espectaculares, las tarjetas, los boletos de cine regalados, lentes gratuitos, siguieron los kits escolares y las mochilas del Verde. En las elecciones del 7 de junio, ese partido obtuvo 2 millones 758 mil 152 votos, lo que lo colocó en quinto lugar a nivel nacional; no obstante, por su alianza con el PRI, fue el cuarto partido mejor posicionado en la Cámara de Diputados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ B.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/en-2014-escobar-aprobo-la-ley-que-ahora-lo-hunde/

UN EJERCICIO INTERACTIVO: AYOTZINAPA, 14 MESES DESPUÉS

La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República ha sido fuertemente cuestionada dentro y fuera del país. Los dos organismos encargados de asistir a México en la investigación –el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense– discrepan de la versión oficial y han evidenciado omisiones que la echan por tierra.

Catorce meses después de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las respuestas oficiales son pocas para la cantidad de dudas que abrió la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su investigación evidenció que la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam, no era tal, y permitió abrir todos los cabos sueltos.

Algunos de estos cabos incluso salen a la luz en el expediente publico que la Procuraduría General de la República (PGR) puso en línea y que incluye cientos de páginas tachadas por completo.

La versión pública del expediente consiste en alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Su elaboración tomó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el estado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.

Sin embargo, la version oficial sigue sin convencer.

Éste es un trabajo independiente realizado durante un año, que explica las distintas versiones y contradiciones sobre la historia. Se publica en SinEmbargo con la autorización de sus autores.


CONTRASTES Y HALLAZGOS EN LAS INVESTIGACIONES









CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

NARRADO POR EL GRUPO DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (GIEI)

1 Los estudiantes salen de la Escuela Normal Isidro Burgos

2 Estudiantes se desvían a Iguala

3 Estudiantes llegan a Iguala

4 Estudiantes toman posesión de un autobús y se dirigen a la central de autobuses

5 Estudiantes salen de la central

6 Ataque a autobuses 1 y 2

7 Ataque al 3er autobús

8 Estudiantes se desvían a Iguala

9 Ataque al 4to autobús

10 Chofer del autobús es llevado a una casa de seguridad

11 Ataque al 5to autobus

12 Estudiantes se refugian en una casa

13 Ataque en rueda de prensa

14 Ataque a equipo de futbol

15 Refugio en Clínica Cristina


16 Destino final de los estudiantes

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LOURDE RÉBORA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-11-2015/1562023

Aprueba INE entregar 4 mil 31 mdp a partidos para 2016

MÉXICO, D. F: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad entregar 4 mil 31 millones de pesos de financiamiento público a los ocho partidos políticos nacionales para el 2016.

En sesión ordinaria, se dio a conocer el monto de los rubros en los que gastarán PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Humanista, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

Del total del financiamiento se destinarán 115 millones 155 mil pesos a actividades específicas, mientras que los recursos que los partidos deberán destinar al liderazgo político de mujeres suman 3 millones 838 mil 503 pesos, correspondiente a 3% del monto global.

De esta forma, del financiamiento global al PRI le tocan un mil 21 millones 41 mil 525.83 pesos para actividades ordinarias y 30 millones 631 mil 245.77 pesos para actividades específicas.

Al PAN le corresponden 774 millones 204 mil 795.88 pesos para actividades ordinarias y 23 millones 226 mil 143.88 para actividades específicas.

En tanto, al PRD le fueron asignados 470 millones 289 mil 499.73 pesos para actividades ordinarias y 14 millones 108 mil 684.99 para actividades específicas.

El PVEM dispondrá de 351 millones 964 mil 922.89 pesos para actividades ordinarias y 10 millones 558 mil 947.69 pesos para actividades específicas.

Al MC se le otorgaron 327 millones 344 mil 034.82 pesos para actividades ordinarias y 9 millones 820 mil 321.04 pesos para actividades específicas.

Mientras que el Panal recibirá recursos por 255 millones 146 mil 387.31 pesos para actividades ordinarias y 7 millones 654 mil 391.62 pesos para actividades específicas.

El nuevo partido Morena contará con 395 millones 26 mil 716.49 pesos para actividades ordinarias y 11 millones 850 mil 801.49 para actividades específicas.

A su vez, a Encuentro Social le fueron asignados 243 millones 485 mil 341.59 pesos para actividades ordinarias y 7 millones 304 mil 560.25 pesos para actividades específicas.

El consejero Benito Nacif destacó que “por ley el instituto está obligado a calcular el monto global del financiamiento de los partidos políticos a través de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, el cual ascendió a un total de 84 millones 242 mil 362 ciudadanos”.

El monto global del financiamiento ordinario, como el específico, fueron distribuidos 30% de manera igualitaria y 70% equivalente al porcentaje de votación que obtuvieron los partidos en la elección de diputados federales en junio pasado.

Para el caso de franquicias postales y telegráficas, el monto fue asignado igualitariamente.

Posteriormente, los consejeros designaron a Mónica Maccise como titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del INE.

Maccise Duayhe es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Sociología Política. Comenzó su carrera en organizaciones de la sociedad civil como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

También fue secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. En 2008 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta mayo de 2011 se desempeñó como coordinadora general del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En 2011 fue secretaria de Seguimiento de los Programas de Equidad de Género del PJF, y en 2013 titular de la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN.

El Consejo General ordenó, además, publicar el “Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión” que participarán en la cobertura del periodo ordinario, así como de los procesos electorales locales para el 2016, e instruyó la suspensión de la propaganda gubernamental en radio y televisión en el periodo de campañas.

En otro punto, el pleno resolvió amonestar de manera pública a 32 de las 91 agrupaciones políticas nacionales (APN) existentes por irregularidades encontradas en el “Dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos del ejercicio 2014”, al no reportar los ingresos y gastos o no comprobarlos. Las restantes no fueron acreedoras a sanción alguna.

Y también dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a que nueve APN no pagaron impuestos y por eso también perdieron su registro.

Los consejeros también sobreseyeron “por improcedente” la queja de los senadores panistas Javier Corral y Luis Fernando Salazar contra el PRI de Coahuila, por las supuestas transferencias electrónicas que recibió del ayuntamiento de Torreón, de enero a abril del 2014.


Antes de iniciar la sesión, los consejeros guardaron un minuto de silencio en memoria del vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva 6, en el Estado de México, Luis Miguel Ríos Fragoso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421780

Exlíderes de la sección 22 llaman a fortalecer boicot contra la evaluación docente

OAXACA, Oax: Los exdirigentes de la sección 22 hicieron a un lado sus diferencias y advirtieron que sumarán esfuerzos para frenar la reforma educativa y fortalecer el boicot a la aplicación de la evaluación docente programada para este fin de semana.

Mientras, Cué Monteagudo y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunieron hoy aquí para revisar las estrategias de seguridad y los operativos en las sedes en las que se aplicarán los exámenes.

Ambos funcionarios acordaron dar seguimiento puntual al desarrollo de la evaluación y no permitir acciones fuera de la ley, así como establecer comunicación permanente, y entre ellos con el comisionado general de la Policía Federal (PF).

Por lo pronto, suspendieron actividades en 75 dependencias gubernamentales que se concentran en Ciudad Administrativa, donde se aplicará el 28 y 29 de noviembre la evaluación del desempeño docente.

Además, en el aeropuerto de esta capital continúan llegando miles de policías federales y otro tanto ya patrulla en la ciudad con equipos artillados, lo que refuerza la declaración de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), en el sentido de que “Oaxaca enfrenta una grave crisis al tener un estado militarizado y sitiado”.

“Hemos visto llegar tanquetas, helicópteros, aviones, militares y policías, quienes patrullan el estado para criminalizar la protesta social y particularmente al movimiento magisterial, cuando los maestros no son delincuentes”, acusó Alba Cruz Ramos, de Codigo-Dh.

En respuesta, los exdirigentes de la sección 22, Aristarco Aquino Solís (1989-1992), Erangelio Mendoza González (1992-1995), Luis Fernando Canseco Girón (1995-1998) y los ex secretarios de organización, Fredy Rosado López, Ezequiel Rosales Carreño y Gabriel López Chiñas, así como los representantes de la CNTE, Jesús Arellanes Meixueiro, José Díaz Pineda, Francisco López Gómez y Aurora Ruiz García hicieron un llamado a las bases a unificarse en defensa del movimiento magisterial.

“Durante nuestra gestión sindical enfrentamos distintas circunstancias sociales, políticas y jurídico-laborales, derivadas de las diversas estrategias del Estado por acabar con el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), y hoy la estrategia es de exterminio político para imponer y llevar hasta sus últimas consecuencias la mal llamada reforma educativa”.

Por ello decidieron hacer un llamado a la ciudadanía y a los docentes a participar en la resistencia civil pacífica.

Insistieron en que los maestros “no nos oponemos a la evaluación concebida como estrategia de formación y desarrollo profesional; lo que rechazamos es que se le convierta en instrumento de control y persecución en contra del magisterio nacional para allanar el camino a la imposición del modelo neoliberal mediocre en la educación”.

También aclararon que a pesar de la crisis política por la que atraviesa el movimiento, lucharán por su vigencia dentro y fuera de la entidad.

Por ello “hacemos un llamado fraterno y urgente, para que así como en el pasado detuvimos las distintas agresiones, hoy lo hagamos con decisión y unidad en la resistencia civil pacífica organizada, evitando caer en la provocación política”.


Finalmente, convocaron a organizaciones sociales, padres de familia, comunidades y personalidades del mundo cultural, artístico, intelectual y académico de Oaxaca a brindar su solidaridad con el movimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421775

Desde 2013 Afore Siglo XXI se niega a pagar ahorros a trabajadores del IMSS en Puebla

Desde 2013 a la fecha, la Afore Siglo XXI, que pertenece al banco Banorte, se ha negado a pagar el ahorro de por lo menos un millar de trabajadores del IMSS en Puebla.

Así lo dieron a conocer empleados jubilados del seguro social, que desde ayer mantienen protestas afuera de las sucursales del banco en demanda del pago inmediato de sus afores.

Los inconformes explicaron que tienen que iniciar un proceso legal en contra de la banca para acceder a los ahorros de 30 años de trabajo.


La mayoría de los agraviados son médicos, enfermeras y personal administrativo que inició juicios en contra de Siglo XXI desde hace dos años, sin resultados a la fecha.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES.
LINK: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/11/26/desde-2013-afore-siglo-xxi-se-niega-a-pagar-ahorros-a-trabajadores-del-imss-en-puebla/

Pemex dice que el audio que habla sobre una licitación arreglada por Lozoya es una mentira

La empresa productiva del estado aseguró que las grabaciones pretenden responder a interés personales, en las cuales pretende involucrar a Lozoya Austin.

Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó que su director Emilio Lozoya Austin haya gestionado reuniones entre el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, y representantes de la empresa española Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) para tratar la asignación de licitaciones, como lo sugieren audios difundidos la noche de ayer.

“El director general de Pemex nunca ha abordado ni gestionado temas de licitaciones públicas con funcionarios de OHL o de otras empresas y mucho menos en asuntos que no son de su competencia como los contratos de la CFE, tal y como lo hacen suponer dichas grabaciones”, dijo la dependencia en una carta aclaratoria enviada a SinEmbargo.

Los nuevos audios filtrados sugieren que José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración del Grupo OHL México, acudió a Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que apoyará en la celebración de una reunión con el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, en la que se trató el resultado de una licitación que días después ganó su empresa.

“Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con [Emilio] Lozoya, y el viernes hablé directamente con [Enrique] Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio [...] O sea le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba… bueno hasta el último siempre se puede caer, [...] se puede caer, pero teníamos una gran, pero una enorme posibilidad de ganar [...] sino, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso”, se escucha decir a Oteyza en una conversación que sostuvo el pasado 31 de marzo con Jesús Campos, director técnico de OHL.

La empresa productiva del estado aseguró que las grabaciones pretenden responder a interés personales, en las cuales pretende involucrar a Lozoya Austin.

“Sin pronunciarnos sobre la veracidad de las grabaciones, deploramos el uso del nombre del Director General de Pemex para abonar a intereses personales que desconocemos. El señor De Oteyza ha hecho gala de supuestas reuniones o intervenciones a favor de la empresa OHL que jamás ocurrieron”.


Y pidió que quien tenga pruebas de actos irregulares de parte de sus funcionarios presente las denunca ante la ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública en Pemex.



En los audios filtrados en redes sociales, Oteyza afirma que el presidente de Pemex “a mí de veras no sabes cómo me quiere y qué buena relación tenemos. Pero me echó una mano brutal con el otro [Enrique Ochoa, de la CFE] y el otro también estuvo particularmente caballeroso y bien, eh”.


La conversación entre José Andrés de Oteyza y Jesús Campos ocurrió el día en que la CFE emitió el fallo de la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I, a favor del consorcio formado por las empresas Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.; Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.; IEPI México, S.A. de C.V.; y OHL Industrial, S.L., “que en su oferta incluye dos turbinas de gas y una de vapor, todas del fabricante Siemens”.

FUENTE. SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-11-2015/1564259

Cae ‘El Pipo’, presunto líder del Cártel de Cancún

CANCÚN, Q. Roo: Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Procuraduría General de la República (PGR) y Policía Judicial del estado aprehendieron en esta ciudad al supuesto jefe del Cártel de Cancún, Oscar Alejandro Rivera Matus, ‘El Pipo’ y/o ‘El Uno’.

En tanto, en Playa del Carmen se aseguró aproximadamente una tonelada de pseudoefedrina cuyo destino era el barrio de Tepito, en el Distrito Federal.

Ayer, personal de la Semar detectó en el bulevar Playa del Carmen un tráiler sospechoso marca Kenworth con placas 821-EW-9 y número económico 9050 de la empresa Paquetería y Mensajería Castores, y a la altura del fraccionamiento Villamar II pidió al chofer que detuviera la unidad.

Al revisar el automotor, los marinos detectaron en la parte de abajo unos costales de sal y bolsas con precursores químicos, al parecer pseudoefedrina, usada para la elaboración de drogas sintéticas.

La unidad, el chofer (Tirso Isaac Miranda, de aproximadamente 35 años de edad) y su acompañante fueron arrestados. Durante el interrogatorio delataron a su contacto, José Mauricio Castillo Guzmán, ‘Mau’, de 37 años de edad y originario del Distrito Federal, quien minutos después fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad.

Castillo González reveló la dirección de la narco-bodega en la colonia Doctores de la comunidad de Alfredo V. Bonfil, conurbada a Cancún, y la ubicación del cabecilla de su organización, Oscar Alejandro Rivera Matus, quien más tarde fue detenido en el hotel Suites Brisas de este destino vacacional, junto con otra persona de quien no se proporcionó el nombre.


Los detenidos y la droga fueron traslados a la sede de la delegación de la PGR en esta ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421732

Intentos de despojo en Punta Laguna

El área protegida de Punta Laguna ha sido defendida con denuedo por los ejidatarios de Valladolid, en el estado de Yucatán. Desde hace años han sido despojados de grandes cantidades de tierras, los han hecho víctimas de sanciones y “rasuramientos” para manipular las asambleas. Recientemente el secretario general de Gobierno de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, y el asesor Rafael Acosta Solís les propusieron un pacto para mantener la parcelación del ejido y para que la zona sea administrada por el gobierno estatal. Los pobladores inconformes, quienes con machetes impidieron un desalojo en los años noventa, dicen ahora que no aceptarán la propuesta y advierten: “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.

VALLADOLID, YUC: A mediados de los noventa, el padre y los tíos de Mariano Canul Abán repelieron con machete en mano a policías estatales que pretendían desalojarlos de Punta Laguna para dar cumplimento a un acuerdo de permuta de tierras establecido por los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán.

Más de 25 años después, Mariano y los pobladores de Punta Laguna, hoy Área Natural Protegida (ANP), están dispuestos a empuñar otra vez los machetes para impedir que los desaloje Rafael Acosta Solís, exfuncionario del gobierno de Yucatán vinculado con la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y respaldado por el actual mandatario estatal, Rolando Zapata Bello.

Punta Laguna, lugar conocido como santuario del mono araña, se ha convertido en un nuevo Holbox, en donde grupos económicos y políticos no sólo pretenden despojar a indígenas mayas de sus tierras, sino apoderarse de una reserva natural para la construcción de un desarrollo turístico en una zona estratégica entre la Riviera Maya, de Quintana Roo, y Valladolid, Yucatán, la segunda ciudad más importante de esta entidad.

Procedentes de Chemax, el abuelo de Mariano, Ignacio Canul Tun, y sus hermanos Domingo y Marcos fueron fundadores en los años sesenta de esa pequeña comunidad en medio de la selva que, si bien colinda con Quintana Roo, pertenece al ejido y al municipio de Valladolid.

Al principio se dedicaron a la explotación del chicle y a la agricultura, hasta que la zona fue declarada Área Natural Protegida (ANP), con el nombre de Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Casa del Mono y el Jaguar).

El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del ANP de Otoch Ma’ax Yetel Kooh, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), bajo la administración del ejido de Valladolid.

Los pobladores dejaron el chicle y la agricultura tradicional para dedicarse a actividades turísticas sustentables, consistentes básicamente en el avistamiento del mono araña en esta ANP, en donde hay unos 400 ejemplares.

Ejidatarios y sus hijos, agrupados en la cooperativa Najil Tucha, entablaron, hace nueve años, un acuerdo para la explotación del ANP Ma’ax Yetel Kooh con las entonces autoridades del ejido de Valladolid.

El convenio entre la cooperativa y el ejido consiste en una “concesión” por 30 años, con una contraprestación de 4 mil pesos mensuales.

El ejido de Valladolid cuenta con cuatro polígonos que están separados y que son denominados: Zaciabil, de 340 hectáreas, en la periferia de la ciudad; Papagayo, de 3 mil 600; San Antonio, de 3 mil 600, y Punta Laguna, de unas 30 mil hectáreas, incluida la APN de Otoch Ma’ax Yetel Kooh.

Pero las cosas empezaron a cambiar en 2013 para las 40 familias de Punta Laguna y los 704 ejidatarios de Valladolid, ya que el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Leonardo Pech Un, de buenas a primeras determinó fraccionar el polígono Zaciabil.

Proceso se reunió con un grupo de ejidatarios en un domicilio del barrio de San Francisco, de Valladolid, quienes narraron la manera en que Rafael Acosta Solís, en complicidad con dirigentes comunales, ha realizado una serie de acciones para parcelar todo el ejido, con el último fin de apoderase de Punta Laguna.

El primer problema de Leonardo Pech es que necesitaba una mayoría calificada de la asamblea –75% del total en primera convocatoria y la mitad más uno en la segunda, de un conjunto de 704 ejidatarios inscritos en el padrón– para fraccionar Zaciabil.

La última vez que se logró la mayoría calificada fue en 1998, y en asambleas recientes la participación no ha superado los 350 ejidatarios.

Para resolver este inconveniente, el presidente del Comisariado Ejidal se dedica a sancionar a ejidatarios y a separarlos de sus derechos con el objetivo de reducir el número total a efecto de obtener el quórum legal.

La purga y la explotación

El ejidatario Miguel May señala que empezaron a ser sancionados sin mediar el elemental derecho de audiencia.

En medio de este proceso de purga de ejidatarios apareció Rafael Acosta Solís como “asesor legal del nuevo presidente del Comisariado Ejidal, José Matilde Cervera Dzul, quien formó parte de la Comisión de Reparto durante la administración de Leonardo Pech”, explica.

En ese entonces poco se sabía en Valladolid de Rafael Acosta, quien había sido subprocurador general de Justicia y posteriormente fue parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado –en la administración de Ivonne Ortega–, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y actualmente diputado federal.

En marzo de 2014 se realizó una asamblea que tuvo tres puntos principales: el primero fue la lotificación y parcelamiento de las 324 hectáreas del polígono Zaciabil; el segundo, la suspensión de 245 ejidatarios, entre ellos opositores a la lotificación del ejido; y el tercero, formalizar la contratación de los servicios de Rafael Acosta como asesor del ejido.

Pero lo que más llamó la atención fue la manera en la que se pagarían los honorarios de Acosta Solís: se determinó que fuera 20% “de lo que se haga”, según consta en el acta de asamblea.

El primer pago para Acosta Solís consistió en 20% por las 94 hectáreas del polígono San Antonio, y la proporción correspondiente por los 840 mil pesos que el ejido recibió por la ampliación del periférico de la ciudad de Valladolid.

Más aún, los servicios de Acosta Solís no se reducirían a Zaciabil, sino que abarcarían los cuatro polígonos del ejido Valladolid, que suman 36 mil hectáreas y que incluyen a Punta Laguna.

Por todo, Rafael Acosta recibiría 7 mil 200 hectáreas, una extensión que supera la reserva de Punta Laguna, que es de 5 mil 300.

En contraste, cada ejidatario obtendría, en caso de la parcelación de todo el ejido, unas 37 hectáreas.

Una vez concretado el reparto de Zaciabil, al año siguiente José Matilde Cervera y Rafael Acosta organizaron otra asamblea para parcelar todo el ejido, incluido el polígono de Punta Laguna.

El 29 de marzo de 2015 se efectuó la asamblea, con el padrón rasurado, pero no sólo 245 ejidatarios fueron suspendidos, sino que además no dejaron pasar a otros que contaban con derechos, y permitieron el acceso a personas que no eran ejidatarios.

Por primera vez hubo granaderos de la Policía Estatal, y en la asamblea participó un representante de la Secretaría de Gobierno de Yucatán, al que los entrevistados dicen no haber reconocido.

A fin de cuentas, fue aprobada la lotificación, pero sin planos del parcelamiento.

El 19 de abril se realizó otro asamblea sin dar vista a todos los asistentes del acta de la anterior y cuando ya había concluido el castigo de 245 ejidatarios.

Dicha asamblea tuvo el propósito de sancionar a más ejidatarios para no sólo alcanzar el quórum legal, sino también para borrar cualquier disidencia ante el parcelamiento.

Y con la disidencia plenamente suprimida, se convocó a otra asamblea para el 20 de septiembre. Entre sus fines, ratificar a Rafael Acosta como asesor legal y acabar con el contrato con la cooperativa Najil Tucha.

La sesión tuvo un mal inicio, pues ingresaron personas que no eran ejidatarios y no fueron nombrados en el pase de lista. Los “rasurados” iniciaron entonces una trifulca que derivó en la detención de siete “opositores” y tres partidarios de José Matilde Cervera.

El Comisariado convocó a otra asamblea para el 4 de octubre, también en la Casa Ejidal. Desde el día 3, policías estatales resguardaron la Casa Ejidal; en la fecha de la asamblea se impidió el acceso a los disidentes y, de nuevo, dejaron entrar a personas que no son ejidatarios.

Se aprobó la ampliación del contrato de Acosta Solís, quien, ante las inconformidades expresadas por sus altos honorarios, aceptó reducir el porcentaje de su pago a 12%. Aunque, en realidad, la operación de la lotificación de los cuatro polígonos del ejido ya estaba concluida, con la tarifa de 20%.

La asamblea también determinó finalizar unilateralmente el contrato con la cooperativa Najil Tucha.

Por lo pronto, los “opositores” han presentado recursos para revertir las asambleas en las que se lotificó el ejido, aun cuando ignoran la magnitud del daño y cuáles fueron las tierras con las que se cobró Rafael Acosta Solís, pues Matilde se niega a proporcionar copias de las últimas asambleas.

Medio de subsistencia

Punta Laguna es una comunidad de unas 40 familias. Todas dependen del ecoturismo y de la zona protegida, precisa Mariano Canul Abán, presidente de la Cooperativa Najil Tucha.

“Los hombres somos guías. Hacemos paseos a la laguna, a la selva, a los cenotes. Las mujeres elaboran y venden artesanías”, refiere.

Cuando el ahora expresidente del Comisariado Ejidal Leonardo Pech les dijo hace dos años que la cooperativa, en vez de pagar como contraprestación 4 mil pesos mensuales, tendría que aportar 25% de sus ingresos, los cooperativistas rechazaron las nuevas condiciones y le dejaron en claro que la concesión y sus términos eran por 30 años.

En marzo de este año, Matilde Cervera se negó a continuar recibiendo las aportaciones de los miembros de la cooperativa, para después acusarlos de que habían dejado de pagar 4 mil pesos mensuales.

Bajo ese argumento, el pasado 4 de octubre Matilde Cervera puso a consideración de la asamblea retirar la concesión a la Cooperativa Najil Ticha, lo cual fue aprobado.

Su intención es, acusa Canul Abán, desalojarlos para hacer un desarrollo turístico con los terrenos que obtuvo como pago por sus servicios al ejido Rafael ­Solís.

Por lo pronto, los cooperativistas ya recurrieron a un amparo contra la asamblea, que fue avalada por las autoridades agrarias.

Además, los ejidatarios disidentes también han tratado de llegar a un acuerdo político con el apoyo del gobierno del estado.

El 28 de mayo de este año, un grupo de ejidatarios, entre los que se encontraba Armando Hoil Uicap, se reunieron con el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en un encuentro donde también participó Rafael Solís.

El colaborador del gobernador Zapata Bello les propuso un acuerdo, relata Hoil Uicap, y explica: “Nos ofrecieron las mejores tierras a cambio de que abandonemos a los compañeros ejidatarios”.

El trato consistía en mantener los acuerdos para parcelar el ejido, aunque Punta Laguna pasaría a ser administrada por el gobierno estatal.

“El secretario me dijo que era nuestra oportunidad, y que una oportunidad así no presentaría otra vez.

“Y esta fue mi respuesta –recuerda Armando Hoil–: Unos están acostumbrados a traicionar a su gente, pero nosotros no.”

Y le advirtió:


“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421662

El círculo de Manuel Velasco se enriquece con la obra pública

En los dos últimos sexenios las constructoras se han multiplicado en Chiapas. Pero no es un signo de auge: un grupo de empresarios del ramo denuncia que en muchos casos se trata de compañías creadas exprofeso por políticos para enriquecerse con contratos obtenidos gracias a sus contactos en el gobierno. Advierten: si no se combate a fondo la corrupción en las licitaciones de obra pública, sus compañías irán a la quiebra y se incrementará el desempleo.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Los constructores de Chiapas han denunciado la corrupción que, afirman, llegó a muy altos niveles en la administración de Juan Sabines Guerrero y se ha tornado crítica en la de Manuel Velasco Coello.

Señalan que amigos y familiares del gobernador, así como empresas de otros estados, se llevan la mayoría de los millonarios contratos de obra pública mientras que las empresas locales quiebran o reciben contratos secundarios, con los que apenas consiguen subsistir y pagar el poco personal que les queda.

Entre los favorecidos por Velasco Coello señalan a su primo Juan Pablo Orantes Coello y a su amigo Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, que son funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Seinfrac).

Tras las insistentes denuncias, el primero fue destituido como subsecretario técnico pero algunos constructores indican que aún despacha en esa dependencia.

Luis Moya Constantino, de la Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas (OCIECH), dice que los contratos no se ajustan a la reglamentación para la obra pública y se otorgan de forma arbitraria a empresas creadas recientemente y que no cumplen con los requisitos ni tienen experiencia.

La OCIECH señala como ejemplo de ese trato privilegiado a la firma Arrendadora y Constructora Yalem Chem, registrada el 18 de enero de 2013, en los primeros días del gobierno de Velasco Coello, ante el notario público Oscar Gabriel Esquinca Camacho, de Tuxtla Gutiérrez, y que vive en Venustiano Carranza.

En la escritura aparecen Aurora Sánchez Sánchez y Mauricio Flores Saldaña como propietarios de Yalem Chem, pero la OCIECH informa que la empresa en realidad es propiedad de Montes de Oca, panista que fue alcalde de Venustiano Carranza. El domicilio de la empresa es la Avenida Central Poniente Número 6, es decir, la casa de Montes de Oca; incluso el recibo de la Comisión Federal de Electricidad llega a nombre de la madre del funcionario estatal, Eugenia Margar Avendaño Borraz.

Montes de Oca fue designado por Velasco Coello subsecretario de Infraestructura, Carretera e Hidráulica de la Seinfrac en diciembre de 2012 y al mes siguiente fue creada la firma Yalem Chem.

Además de adjudicarle millonarios contratos a su empresa, en junio pasado el funcionario desvió materiales y maquinaria para pavimentar un kilómetro del camino hacia su rancho en Venustiano Carranza, según denunció en la prensa local el particular Mariano Avendaño Jiménez.

Tan pronto como fue creada, Yalem Chem empezó a recibir contratos de obra pública, muchos por adjudicación directa. El primero en esta modalidad se le otorgó en 2013 y fue por 10 millones 757 mil pesos, según la página de internet de la Seinfrac.

En 2014 le fue aún mejor a la empresa de Montes de Oca con las adjudicaciones directas. Recibió 29 millones 536 mil 682 pesos para reconstruir un camino en Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, en un tramo del municipio de Acala que, a pocos meses de haberse terminado, muestra deterioro visible. Otro contrato, por 22 millones 610 mil 169 pesos, fue para modernizar y ampliar el camino de Comitán a Las Margaritas.

Para rehabilitar y ampliar una red de agua potable en Venustiano Carranza se le pagaron 30 millones 586 mil 513 pesos; por construir un sistema de alcantarillado en el ejido La Central de Pijijiapan se le asignaron 10 millones 957 mil 685 pesos, y por rehabilitar y ampliar la red de agua potable en el ejido Carranza de la Independencia se le entregaron 7 millones 798 mil 368 pesos.

Tan sólo estos cinco contratos asignados a Arrendadora y Constructora Yalem Chem sumaron 101 millones 489 mil 166 pesos.

En abril pasado los medios impresos comitecos denunciaron la obra inconclusa de la carretera de Comitán a Las Margaritas, por la que se pagaron 68 millones de pesos a tres empresas. A Yalem Chem le tocaron 22 millones.

En 2015 la bonanza siguió. En marzo se le asignaron 19 millones 495 mil 798 pesos para reconstruir 57 kilómetros de caminos en comunidades de Comitán. La firma comenzó a recuperar la carpeta asfáltica pero dejó el trabajo inconcluso, lo que provocó muchas molestias a los pobladores.

También se le asignaron este año 21 millones 262 mil 305 pesos para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (tercera etapa) en el municipio de Parral.

En agosto pasado se le adjudicó, junto a la Arrendadora y Constructora ACCSA, otro contrato por 45 millones 266 mil 339 pesos para construir y modernizar un tramo carretero entre San Cristóbal de Las Casas y Comitán. Tras la adjudicación, Constructora María Esther interpuso un juicio de inconformidad con el fallo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual hasta el momento no se ha resuelto.

Las otras siete empresas que participaron en esa licitación presentaron propuestas de entre 43 y 44 millones de pesos.

Las firmas consentidas

Moya Constantino denuncia que las licitaciones se manipulan para favorecer a las empresas consentidas de Velasco Coello.

Es el caso de la sociedad de Gorsa Obras Civiles y Grupo Barkus, que pese a estar en el último lugar de 39 participantes, obtuvo una obra de 22 millones 263 mil 997 pesos: reparar el tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Comitán.

De igual forma, a Grupo Pavimentos del Sureste se le dieron cuatro contratos millonarios en 2013 y cinco en 2014. Los constructores independientes señalan que detrás de esa empresa está José María Coello, más conocido en el mundo de la publicidad en espectaculares como Chema Coello.

A esta empresa se le dieron 51 millones 389 mil 402 pesos por cuatro contratos en 2013, uno por adjudicación directa. En 2014 fueron cinco contratos por adjudicación directa para obras en Tuxtla, Larráinzar, Pichucalco, Cintalapa y Comitán, por un total de 33 millones 765 mil 627 pesos.

En 2015 se le encargó construir y modernizar un tramo de la carretera de Comitán a San Cristóbal de Las Casas por 29 millones 90 mil 190 pesos. En esa licitación, otras empresas con experiencia en el ramo presentaron cotizaciones menores a 29 millones, excepto una que hizo una propuesta muy cercana a la del Grupo Pavimentos del Sureste.

En consecuencia, se presentó un proceso de inconformidad ante la SFP en el que se objeta la forma de aplicar la Ley de Obra Pública para asignar el contrato.

Constructora Inmobiliaria CAPE es otra de las constructoras favorecidas por el gobierno de Coello Velasco. En 2013 se le dieron tres contratos por adjudicación directa que sumaron 57 millones 216 mil 403 pesos, por construir caminos en Marqués de Comillas y Ocozocoautla, así como labores de bacheo en Tuxtla Gutiérrez.

El año siguiente obtuvo cuatro contratos –tres por adjudicación directa– por un total de 39 millones 873 mil 824 pesos para realizar caminos y una cancha de futbol, además de rehabilitar calles y avenidas en Tuxtla, Chiapa de Corzo y Comitán.

El empresario Juan José Almanza Carrasco, también de la OCIECH, encontró en el sistema Compranet y en la página de la SFP que de enero a agosto de 2015 el gobierno chiapaneco otorgó 101 contratos por un total de mil 606 millones 767 mil pesos. De ellos, 24 se quedaron en manos de 10 empresas, a las cuales les tocaron entre dos y cuatro obras.

Las beneficiadas acapararon 32% del presupuesto (casi 530 millones de pesos) y 24% de los contratos.

La OCIECH sostiene que muchas de estas asignaciones no cumplieron la normatividad establecida. Principalmente, indica, se declaró ganadoras a las propuestas más caras, causando un daño patrimonial al Estado.

Las constructoras favorecidas con los contratos más caros son Coyatoc Construcciones, Arrendadora y Constructora Yalem Chem, Técnicos Especializados de Chiapas, Constructora en Ingeniería Integral México, Grupo Urbanizador y Constructor Mexicano, y Estudios, Proyectos y Construcciones Tuxtla.

Igualmente, se benefició de esa forma a Mezcalapa Construcciones, Arrendadora Integral California, Construcciones COMOVE, y Francisco Aguilera Gómez (una licitación asignada a esta empresa también se encuentra en un proceso de inconformidad ante la SFP).

La OCIECH señala que muchos alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales se están metiendo de constructores y utilizan las complicidades con funcionarios para repartirse la obra pública.

Como las quejas por ese entramado corrupto no han sido oídas en las cúpulas empresariales, los constructores se han organizado para manifestar su desacuerdo y denunciar los ilícitos. Por eso a mediados de julio, “empresarios independientes de la industria de la construcción del Estado de Chiapas” marcharon para exigir el pago de adeudos gubernamentales y que la obra pública no se entregue a firmas foráneas.

El 28 de septiembre pasado realizaron otra marcha con camiones y maquinaria pesada. Denunciaron que la obra pública en la entidad sólo ha beneficiado a un grupo de empresas foráneas, que son “palomeadas” por Juan Pablo Orantes Coello, primo hermano del gobernador, desde la Seinfrac.

Como sus peticiones no se atienden, la OCIECH anuncia que marchará a la Ciudad de México para exhibir ante el Congreso de la Unión las corruptelas mencionadas; también presentarán denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la SFP.

“El señor de las obras”

Humberto Naturi Pérez, quien encabeza la Organización de Constructores Independientes del Sureste, denunció que durante la administración de Velasco Coello sólo han recibido promesas y migajas de obra pública, por lo que decenas de empresas han quebrado.

En la marcha de septiembre, denunció que desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero el gobierno estatal arrastra fuertes adeudos con empresas locales, a las que no les paga ni les asigna obra.

Señaló que la mayoría de las asignaciones pasa por las manos del “señor de las obras”, Orantes Coello, quien hace unas semanas fue removido de la Subsecretaría Técnica a causa de las denuncias pero sigue despachando de forma ilegal “en el sótano de la Seinfrac”.

Los constructores inconformes dieron a conocer en esa movilización que las empresas foráneas con prestanombres chiapanecos son Grupo Constructor Oxchuc, Grupo Industrial CAMO, Constructora Montes Azules y Constructora de Desarrollo Urbano y de Servicios del Sureste.

Incluyeron también a GAVT Iluminación, Parachicos Construcciones, Grupo VITRE, BELSAS Construcciones, y Construcciones y Edificaciones Sector 7.

En esa ocasión Naturi Pérez señaló que Orantes Coello tiene constructoras y subcontrata a las empresas locales, a las cuales les debe millones, y los constructores advirtieron que si el gobernador no pone fin a las “transas” de su primo hermano, la economía del estado se irá en picada por la quiebra de las constructoras y el aumento del desempleo.

La respuesta demoró hasta el 14 de octubre. En la sesión permanente del Plan de Atención Prioritaria para Empresas Constructoras, Bayardo Robles Riqué, titular de la Seinfrac, anunció ante los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) la asignación de mil 578 millones de pesos para dar continuidad a las acciones de infraestructura en Chiapas.

El funcionario dijo que gracias a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, la infraestructura pública de Chiapas seguirá siendo un pilar de crecimiento económico y social. Añadió que el 97% de la obra pública es ejecutada por constructoras chiapanecas.

Los recursos anunciados por Robles Riqué proceden de dos carteras de financiamiento: el Fondo Regional (Fonregión), que dispone de mil 26 millones, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (Fise) con 552 millones.

El mismo día, Robles Riqué dijo que de 600 constructores que antes había en la entidad, aumentaron a 3 mil 400.

–Hay denuncias de que no hay transparencia en la asignación de obra –se le preguntó.

–Obviamente, cuando uno no resulta favorecido siempre habrá señalamientos y protestas. Pero todo está en el portal de transparencia. Está auditado. Al menos 133 auditorías tengo ahorita.

–Se habla de favoritismo hacia empresas foráneas…

–Foráneas es relativo, son mexicanas. Lo que sí puedo decir es que hay entre un 5 y un 6% de obras asignadas a empresas que no son chiapanecas pero tienen tanto derecho como las locales. Así como las empresas chiapanecas pueden ir a licitar a otros estados, las de fuera pueden hacerlo aquí. Insisto, todo está en el portal de transparencia.

–Se ha señalado al primo del gobernador, Juan Pablo Orantes Coello, como el que asigna obras de forma discrecional. ¿Sigue operando en las oficinas de la Seinfrac?


–Fue mi subsecretario técnico, pero fue removido por el gobernador y la secretaría sigue los parámetros que marca la Ley de Obra Pública. Y sobre todo, en el portal de transparencia está la forma en que fue asignada cada una de las obras y a qué empresa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421663