La devastación que provocaron los huracanes “Ingrid y “Manuel” en la Montaña de Guerrero es aprovechada por empresas “fantasma” y los tres niveles de Gobierno que están cometiendo un “fraude descomunal” contra más de 16 mil familias que viven en comunidades indígenas, denunciaron líderes civiles.
Alrededor de 16 mil familias de 185 comunidades indígenas de 13 municipios de La Montaña de Guerrero denunciaron el “trato discriminatorio y defraudación descomunal” por parte de los tres niveles de gobierno y empresas privadas en la atención a los daños provocados por las lluvias de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, que hace más de dos años devastaron esa región.
Las miles familias que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) iniciaron ayer “la marcha Caravana contra el hambre y la discriminación” con dirección a la capital guerrerense de Chilpancingo a donde prevén llegar el miércoles. En su recorrido, harán una parada en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
La devastación que dejó a su paso el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” en La Montaña de Guerrero fue aprovechada por “empresas fantasmas” para cometer fraude a las miles de familias damnificadas, acusó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Es un fraude descomunal que se da a costillas del erario y de las instancias de gobierno, que son las responsables de vigilar. No están haciendo su trabajo. Las comunidades harán una denuncia ante la PGR [Procuraduría General de la República], para que investigue estas acciones que están generando un mayor daño y que de algún modo se está acreditando el delito de fraude”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con Barrera Hernández, la organización solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los nombres de las empresas que obtuvieron licitaciones para construir las viviendas, escuelas y hospitales en las comunidades afectadas, pero la información le fue negada.
Para el director de Tlachinollan, las empresas pertenecen a políticos que aprovecharon las sumas millonarias para obtener sumas millonarias del Fondo de desastres naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37 mil 425 millones de pesos en el 2014 y 30 mil 410 millones en lo que va del 2015 al 2018.
“Así se da ese fenómeno. Hay mucho encubrimiento de las autoridades. Más de 100 mil pesos por cada casa, de no más de 40 metros cuadrados, los materiales son de mala calidad, obligan a la que la gente empareje su propio terreno, cuando eso es obligación de la empresa y las familias les tienen que dar de comer a los trabajadores para que les hagan su casa”, dijo.
Abel Barrera indicó que hay 4 mil 200 viviendas que aún no han sido construidas. La mayoría de las familias damnificadas han reconstruido con palos y lodo las casas que destruyó el huracán.
Algunas familias viven en cobertizos, otras con familiares y a las que mejor les ha ido, les han entregado su casa en obra negra: sin puertas, ni ventanas.
“Como sucedió en San Miguel Amoltepec el Viejo. Tuvieron que dar de comer como compensación a los trabajadores y al final le dicen a la gente que ya entregaron la obra, y está en obra negra”, dijo.
El activista narró que las empresas fantasma llegan con los comisarios ejidales y les hacen firmar documentos que en la mayoría de los casos, no leen ni entienden.
Con esos documentos se “lavan las manos” e informan que las obras fueron entregadas, cuando las familias continúan sin techo y en extrema pobreza”.
“Ellos con eso se blindan, porque, ¿quién va a subir a La Montaña para verificar que ya fueron construidas?”, cuestionó.
Este miércoles la caravana llegará a Chilpancingo y las familias damnificadas solicitarán una reunión con el Gobernador de Guerrero y con autoridades federales.
PEÑA NIETO NO CUMPLIÓ
Abel Barrera Hernández, del centro de Derechos Humanos de la montaña la Tlachinollan, dijo a la prensa que el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de invertir parte de los 37 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero en la montaña no se materializó ya que, refirió, en los 13 municipios afectados los beneficios no han llegado.
De acuerdo con el Consejo aún hay:
4 mil 351 casas con necesidad de ser reconstruidas3 centros educativos afectados20 comunidades con afectaciones en centros de salud49 pueblos con daños en sus redes de distribución de agua potable21 comunidades con afectaciones en puentes colgantes20 puentes vehiculares destruidos75 comunidades con carreteras afectadas por deslave39 comunidades con daños en la red de energía eléctrica26 comunidades con daños en comisarías y delegaciones48 pueblos con afectaciones en huertos de árboles frutales90 por ciento de las huertas de café con pérdidas totales85 pueblos con daños en parcelas para milpa28 comunidades en alto riesgo de ser reubicadas, y69 comunidades con daños diversos como pérdida de ganado vacuno, bobino, caprino y avícola.
“Estamos exigiendo que Sedatu, Sedesol y la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, así como al gobierno del estado [que[ cumplan con los compromisos asumidos y erradiquen sus prácticas corruptas”, dijo el Consejo en un comunicado.
El Consejo de comunidades Damnificadas de la Montaña es una instancia creada por los pueblos ante la emergencia provocada por la tormenta “Ingrid” y el huracán “Manuel”, que ocasionaron graves daños a su patrimonio.
El Consejo fue constituido el 22 de septiembre de 2013 en la comunidad Me’phaa de La Ciénega Municipio de Malinaltepec, en La Montaña de Guerrero, como “una respuesta al trato desigual y discriminatorio que aplicaron las autoridades de los tres niveles de gobierno a las comunidades indígenas de La Montaña”.
En posicionamiento, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que las comunidades damnificadas padecen los estragos de la naturaleza “pero sobre todo la voracidad de las autoridades y las empresas constructoras que se coludieron para atracar a las familias más pobres del país, quienes siguen viviendo sobre casas derruidas”.
“La tragedia se volvió el gran negocio para políticos y empresarios corruptos. Fue la gran oportunidad para varios patanes del poder que crearon empresas fantasmas para obtener sumas millonarias del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37 mil 425 millones de pesos en el 2014 y 30 mil 410 millones en lo que va del 2015 al 2018″, dijo la organización.
Dijo que para asegurar que estos fondos quedaran “dentro de los círculos más cercanos a las cúpulas del otrora partido de estado”, el Presidente Peña Nieto creó el Consejo Consultivo ciudadano para la restauración de Guerrero, “poniendo al magnate Miguel Alemán Velasco, como presidente del consejo, ‘en representación de la sociedad guerrerense’”.
“La lucha del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña es para poner un alto a esta devastación, sobre todo para contener la depredación del poder político que sigue socavando la vida de las familias indígenas al malversar los fondos destinados a garantizar sus derechos básicos”
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2015/1560422
Este caso se “ha transparentado más de lo normal”, dice el subprocurador responsable de la averiguación, quien niega que le hayan dado carpetazo. Un juez federal decidirá en diciembre si ampara a víctimas por presuntas anomalías en el caso.
Tras casi cuatro meses de investigación del multihomicidio en la colonia Narvarte, las pruebas que han reunido las autoridades fortalecieron sólo una línea de investigación: el crimen tuvo como origen la amistad de los responsables con la joven Mile Virginia Martin, una de las cinco víctimas, informó el subprocurador de Justicia del DF, Edmundo Garrido.
En entrevista con Animal Político, el funcionario local reconoció que aunque actualmente no tienen un móvil totalmente confirmado, el origen del homicidio múltiple está en el nexo de la joven colombiana con los detenidos. Defendió que la investigación que han hecho hasta ahora ha permitido construir un caso sólido ya consignado, del que se mantiene un desglose abierto.
Incluso, dijo que esta averiguación ha sido “transparentada más allá de los estándares regulares” pese a que esto ha generado situaciones “incómodas”.
Lo anterior, luego de que los abogados coadyuvantes de varias de las víctimas criticaron públicamente el trabajo de la Procuraduría e interpusieron una demanda de amparo en la que sostienen que no se han desahogado todas las pruebas requeridas y que tampoco se les ha informado con precisión de los avances.
Un juez federal admitió a trámite la referida demanda y será el próximo 8 de diciembre cuando se lleve a cabo la audiencia para la presentación de pruebas, y resolver si se concede el amparo, confirmo la abogada Karla Michel Salas.
No cerrado… pero casi
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantiene abierto un desglose de la averiguación previa iniciada por el multihomicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa ocurrido el 31 de julio, pero la parte medular del expediente ya fue consignada a un juez.
De acuerdo con el subprocurador Edmundo Garrido, se siguieron todas las líneas del caso incluyendo la que apuntaba a Veracruz por el autoexilio de dos de las víctimas de esa entidad – Rubén Espinosa y Nadia Vera – pero la que se fortaleció fue la del vínculo de los probables homicidas con Mile Virginia.
“Evidentemente que con tres personas consignadas una (línea) se fortalece y otras se debilitan. La que se fortaleció es que hay tres personas que privaron de la vida a estas cinco personas que estaban en el interior y que estas tres personas tenían un vínculo de amistad y afectividad con una de las personas que estaban en el interior” dijo el funcionario.
No obstante, el subprocurador reconoció no tienen los elementos suficientes para confirmar al cien por ciento el motivo que llevó a los sospechosos, según la PGJDF amigos de Virginia, para decidir matarla a ella y a todos los demás en el departamento. Es decir, no se ha confirmado el móvil del crimen.
Sobre la posibilidad de que el asunto tuviera que ver con la distribución de drogas en la ciudad, Garrido dijo que en la declaración de uno de los detenidos, está asentado que la joven colombiana recibía supuestos cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no hay pruebas que confirmen que eso sea cierto.
Garrido desestimó por otra parte, el que las tres personas detenidas por el caso – Daniel Pacheco, Omar Martínez y Abraham Tranquilino – hayan dado declaraciones contradictorias en torno a lo ocurrido en el interior del departamento del multihomicidio, pues dijo que a su juicio, hay pruebas suficientes para vincularlos en el caso.
“Ellos se hubieran podido reservar y de todos modos los hubiéramos consignado y hubiéramos obtenido el auto de formal prisión y la sujeción a proceso pues es evidente que son los que entraron y que ellos son los que salieron del departamento” subrayó el subprocurador.
Insistió en que la averiguación previa del caso no se ha cerrado ya que aún faltan algunos elementos de la investigación que recabar, entre ellos testimonios que no específico, así como la localización de otras personas que podrían estar involucradas en el homicidio.
¿Exceso de transparencia?
El pasado 6 de noviembre, los abogados coadyuvantes de dos de las víctimas del multihomicidio interpusieron una demanda de amparo, bajo el argumento de que la PGJDF se ha negado a darles un informe por escrito sobre el avance del caso, así como a realizar varias diligencias que han solicitado en los últimos tres meses.
Una de las litigantes, Karla Michel Salas, aseguró que la Procuraduría no ha realizado hasta ahora una reconstrucción completa de los hechos ni tampoco ha practicado otras diligencias que pidieron como coadyuvantes.
El subprocurador Edmundo Garrido dijo que la realidad – desde su perspectiva – es al revés, pues han dado una apertura total al expediente de la averiguación, tanto a los abogados coadyuvantes así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del DF, e incluso a oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Incluso, el subprocurador consideró que esta situación es lo que ha generado que se hagan cuestionamientos respecto al avance de la averiguación y se generen malentendidos.
“Es un asunto que se transparentó más de lo normal y en un asunto de homicidio la transparencia a veces provoca situaciones incómodas (…) Todas las averiguaciones se atienden de manera transparente pero si alguna ha rebasado el estándar es esta” dijo Edmundo Garrido.
Respecto al motivo por el cual la Fiscalía para la Investigación de Homicidios no ha realizado algunas de las diligencias solicitadas por los coadyuvantes, el subprocurador argumentó que varias de esas pruebas solicitadas corresponden más a un ejercicio de defensa de los detenidos que al trabajo propio del Ministerio Público.
Insistió en que los elementos que las pruebas que eran necesarias para sostener el caso consignado en contra de los detenidos ya se hicieron, incluyendo redes de vínculos y la recopilación de huellas dactilares por lo que el caso que se ha construido es sólido desde su punto de vista,.
“Hay muchas cosas que se nos han pedido y que de manera responsable el Ministerio Público ha contestado, hay cosas que no nos corresponden y muchas de esas cosas son a nivel defensa no a nivel de Ministerio Público, y no nos corresponde a nosotros. Nosotros ya presentamos los elementos que consideramos eran suficientes y ya un juez consideró que eran suficientes para someterlos a proceso” dijo,
En ese contexto, el amparo tramitado por los abogados coadyuvantes fue admitido por el Poder Judicial bajo el número de expediente 400/2015 y turnado al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo quien solicitó a la PGJDF un informe sobre la investigación realizada hasta el momento.
El próximo 8 de diciembre será la audiencia en la que se analizarán los elementos entregados por la Procuraduría y los aportados por los abogados en su demanda para definir si se concede o no el amparo.
“Ha habido varios amparos, algunos se han sobreseído, hemos contestado de manera responsable porque ningún amparo se puede dejar sin responder. Los informes previos y justificados se han dado de manera puntual” dijo Garrido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/caso-narvarte-sin-movil-pgjdf-concluye-que-amistad-de-detenidos-con-mile-fue-el-origen-del-crimen/
México, D.F: Víctimas directas e indirectas de la represión policiaca del 20 de noviembre de 2014 en esta ciudad durante las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa interpusieron denuncias penales y administrativas para exigir la reparación del daño y castigo a los responsables.
A través de la agrupación denominada Compas DH, cinco de los 11 ciudadanos detenidos, así como los defensores de derechos Humanos Layda Negrete y Juan Martín Pérez, víctimas de la agresión, presentaron denuncias por abuso de autoridad, detención ilegal, tortura, uso ilegítimo de la fuerza y falsedad de declaraciones.
Los cinco activistas que fueron detenidos y procesados por tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín son: Atzin Andrade, Hugo Bautista, Isaac Domínguez, Luis Carlos Pichardo y Tania Damián.
Con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de académicos e intelectuales como Denisse Dresser, Lorenzo Meyer, Luis González Placencia y Lydia Cacho, los denunciantes demandaron el esclarecimiento de los hechos en los que participaron efectivos de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal y, según algunos testimonios, del Ejército mexicano.
También exigieron determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el diseño del operativo, así como la reparación de daño.
Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia (ODI), recordó que en el proceso penal que se siguió a los 11 inculpados –remitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) a los penales de máxima seguridad de Perote y Nayarit –, “cinco policías federales declararon que los detenidos se llamaban entre sí ‘compas’ y que eso los hacía cómplices, que habían sido detenidos frente al Palacio Nacional, que formaban parte de un grupo de 40 personas y que estaban tratando de asesinar a un policía”.
No obstante, dijo, las acusaciones cayeron cuando se demostró que las detenciones ocurrieron en distintos sitios al señalado.
“Es una estrategia que va más allá de cinco policías que decidieron detener arbitrariamente y fabricar delitos. Un punto fundamental es establecer responsabilidades más allá de estos servidores públicos”.
De acuerdo con Griesbach, se trata de una estrategia que también se aplicó en manifestaciones “que se ubican entre 2012 y 2014 en contra de acciones de esta administración: del 2 de octubre, 1 de diciembre y las relacionadas con Ayotzinapa”.
Y precisó que si hay voluntad del Estado, el asunto se va a esclarecer sin ningún problema.
“En la denuncia se piden garantías en términos de satisfacción, que muchas veces se considera un monumento, una disculpa pública, nosotros lo entendemos. Como el derecho a la verdad, tiene que ver con un esclarecimiento de cómo sucedieron los hechos, el reconocimiento de que no fueron acciones de unos servidores públicos actuando por la libre, necesitamos saber cómo se organizó, cómo se planeó, y esa verdad constituye una pieza indispensable para garantías de no repetición”, añadió.
Las denuncias fueron presentadas el pasado viernes 20 en la PGR, pero también ante la Secretaría de Gobernación (por reparación administrativa), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Comisión Nacional de Seguridad, y a nivel local ante la SSP capitalina, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria General de Gobierno.
En las querellas se reproduce el contexto en que se han desarrollado las manifestaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la respuesta violenta de los cuerpos policiacos federales y del DF, así como el testimonio de cinco de los detenidos esa noche, y el de Juan Martín Pérez y Layda Negrete.
Como pruebas de la política represiva en la ciudad a partir de 2012, se incluyó la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y actas circunstanciadas de la quejas presentadas ante ese organismo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2014.
Destacan también los protocolos de operación de las corporaciones policiacas que participaron en la represión, la inspección de las videograbaciones captadas por las cámaras de la SSP del DF, así como los certificados del estado de salud de los detenidos, elaboradas por los visitadores de la CNDH y la CDHDF.
Y además de las resoluciones judiciales, los denunciantes ofrecen como pruebas videos grabados por particulares referentes a las detenciones ocurridas en aquella ocasión, así como notas periodistas.
Luis Carlos Pichardo, uno de los manifestantes que fue detenido y posteriormente liberado el 29 de noviembre del año pasado, habló del miedo que sufrió cuando él y sus compañeros fueron “incomunicados, golpeados, amedrentados y humillados”.
Dijo que aún recuerda las patadas que le propinaron “elementos del Ejército y de la Policía Federal, que al golpear decían: ‘tienes miedo, tienes miedo’”.
Luego de señalar que fueron vulnerados sus derechos, incluso “nuestras necesidades fisiológicas”, además de que “fuimos señalados como delincuentes”, Pichardo relató que decidió apoyar la iniciativa de Compas DH porque “lo que se está necesitando en este país es justicia y para que eso que sufrimos no vuelva a suceder”.
Por su parte, Juan Martín Pérez García sostuvo que la represión del 20 de noviembre del año pasado “pretendía trastocar la solidaridad a la que fuimos convocados por los hechos de Ayotzinapa, que no cabe duda pasarán décadas y seguirá siendo una herida para México”.
A un año de los hechos, cuando en las redes sociales y medios de comunicación se publicó una imagen de Pérez García tratando de proteger a su familia de los golpes de granaderos, éste manifestó que con las querellas presentadas se busca “que no quede en el olvido lo ocurrido esa noche, que no nos conformemos con lamernos las heridas para estar listos para la siguiente agresión del Estado. Lo que se requiere es que se investigue, aunque sea a través de la máquina podrida del Estado mexicano”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421777
México, DF: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión en contra de los empresarios que presuntamente firmaron contratos con el extitular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, para la expedición de 10 mil tarjetas “Premia Platino”.
Se trata de María Guadalupe Robles –hermana de Luisa María Robles, apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles–, Pablo Líder Robles y Ramiro Quintero Ramos, quienes realizaron aportaciones en dinero y en especie, pese a que eso está prohibido por ley.
Con base en la denuncia que presentó la exdiputada federal perredista Julissa Mejía y una más que promovió el PAN, la Fepade determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral encabezado por Escobar y Vega cuando fungía como vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La indagatoria está enfocada en las tarjetas denominadas “Premia Platino” que el PVEM compró a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y Escobar y Vega, como representante legal del partido, firmó los contratos con esos empresarios violando la ley electoral.
Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), así como en el artículo 7 Fracción XXI relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (INE).
Este jueves la exdiputada Julissa Mejía acudió a la Fepade para conocer la resolución de la demanda que interpuso contra el PVEM el 9 de abril pasado, previo al proceso electoral.
De acuerdo con la denuncia, Proyectos Juveniles subcontrató a la empresa Cards, de Pablo Líder Robles –quien se encargó de elaborar las tarjetas–, así como a Multiservicios, de Ramiro Quintero Ramos, responsable de la distribución de los plásticos que podían ser usados en miles de establecimientos.
La Fepade informó que la orden de aprehensión contra Escobar y coacusados es sólo por el uso de las tarjetas Premia Platino, aunque hay otros temas que quedaron pendientes.
“Por la información que proporciona la Fepade se advierte otra vez un esquema de triangulación en el reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012”, destacó la exlegisladora perredista.
Añadió: “No descarto que haya algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta denuncia que ya daba por desechada. Éste es un paso importante, ya que es delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, y ya no nos vamos a quedar como si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana”, advirtió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421779
MEXICO, DF: Alegando “presiones” de autoridades federales, la defensa de Elba Esther Gordillo Morales se desistió en su demandada de amparo por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, dos de los tres delitos por los que la maestra ha sido procesada desde su arresto, en febrero de 2013.
Así se difundió a través del portal que abogados y familiares de Gordillo crearon para litigar públicamente su caso (elcasodelamaestra.com), donde se alega:
“Hemos podido conocer de una serie de presiones por parte de autoridades federales que hicieron caso omiso –por intereses y aspiraciones propias– a la posición que fijó el Presidente de la República desde que ocurrió la detención, quien fue enfático en señalar que en este caso se respetaría el debido proceso”, dice un boletín de prensa.
El recurso de desistimiento se presentó esta mañana, a unas horas de que el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial de la Federación debatiera el proyecto de sentencia de amparo por violación de derechos humanos y garantías individuales en contra de la exlideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) y dos presuntos cómplices en el auto de formal prisión por las acusaciones mencionadas.
Sin embargo, acusan los abogados de Gordillo Morales, la filtración a la prensa de que su defendida sería beneficiada con el amparo, aun antes de discutirse, propició el desistimiento y la determinación de “valorar con seriedad lo ocurrido” antes de retomar la estrategia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el asunto.
Como consigna, la publicación concluye: “Se denuncia públicamente el hecho, a fin de que quede constancia de lo que sucede en un asunto que, sin el menor sustento jurídico, pretende mantener un estado de cosas tal que privilegie otros intereses por encima del Derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTO: SANTIAGO IGARTÚA.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421796
Orizaba, Ver.- La parálisis económica por la que atraviesa Veracruz puede provocar estallidos sociales al acercarse el fin de año; de hecho los pensionados del IPE advierten la dificultad que tendrá la Secretaría de Finanzas para solventar el pago de prestaciones y aguinaldos, tan sólo a ese sector e incluso revelan que el Gobierno del estado incumplió con el pago del retroactivo, del incremento salarial, que se aprobó desde enero pasado.
De acuerdo con Jesús Arenzano Mendoza, representante del Frente en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado, la crisis económica del gobierno del estado, “cada vez es más evidente”, considera y pone como ejemplo la insuficiencia que ha tenido la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para pagar el retroactivo -del incremento salarial- que contempla desde el mes de enero y que no se ha pagado.
En la entregas de los contra cheques, “quedó evidenciado la insolvencia económica del gobierno del estado debido a que tampoco en el pago que se realizará a fin de mes, se contempla el pago del retroactivo salarial, simplemente no se tiene dinero para poder cubrir ese pago que se debió hacer desde mayo pasado”.
Este pago es el producto del aumento salarial, “pero nos deben 11 meses con noviembre y tenían que venir en los cheques de este fin de mes pero no sucederá y eso ya nos preocupa, porque con las condiciones en sí nos hace pensar que en diciembre, cuando se deba de pagar el aguinaldo y demás prestaciones de fin de año, el gobierno del estado va a tener problemas para poder cubrir nuestros pagos”
Advierte que si eso sucede, “no se dude que vamos a iniciar movilizaciones como lo hecho en otras ocasiones para exigir que se cumpla con lo que por ley nos corresponde. En nuestra organización tenemos como objetivo defender las prestaciones de jubilados y pensionados, pero también tiene la intención de impulsar las reformas que requiere el Instituto como lo es la rendición de cuentas, que tanto afecta a la vida del IPE”
Este escenario, explica, “nos anticipa la posibilidad de que haya nuevas reformas al sistema de pensiones del estado, sobre todo si partimos de la base en el hecho de que el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), José Ángel Gurría, propuso que México debiera reducir la pensiones- de sus ex trabajadores- en un 50 por ciento, esto en sí ya es una amenaza y no dudamos que podrían venir reformas otra vez en el IMSS e Issste”
Pero los pensionados de Veracruz, apunta, “ya estamos tomando las precauciones necesarias y por ello vamos a reunirnos en un congreso estatal, en donde analizaremos las condiciones en las que se encuentra el sistema pensionario de la entidad y si detectamos el inicio de nuevas reformas, nos sumaríamos a organizaciones de carácter internacional y nacional en defensa de jubilados y pensionados, vamos a escalar la lucha”.
Por otro lado, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, la agrupación que aglutina a los pensionados del estado, rechaza las agresiones a las que fueron sometidos los docentes veracruzanos el pasado fin de semana, “queremos hacer un llamado de alerta a los ciudadanos veracruzanos, porque si esto lo dejamos pasar, no nos quejemos que se apliquen a cualquiera que tuviera un desacuerdo, porque fueron acciones brutales por medio de la policía, sacaron a los profesores de los hoteles donde estaban hospedados”.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/la-crisis-de-veracruz-se-vera-reflejada-en-el-pago-del-aguinaldo-pensionados/?utm_source=hootsuite
Coatzacoalcos, Ver.- Debido al enfrentamiento de dos células delictivas de los Zetas en el límite entre Tabasco y Veracruz, se establecerán retenes de ingreso a la entidad para frenar su operación en los municipios de la región sur.
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública del estado, ratificó que los informes de inteligencia de diversas corporaciones de la policía, detectaron la operación de dos células de un mismo cartel, los cuales se están peleando territorios.
Indicó que el grupo más antiguo se está peleando con el nuevo, por eso se ha registrado un disparo en los homicidios dolosos en municipios como Coatzacoalcos y Las Choapas.
La nueva célula de las zetas opera en Tabasco y cruza la frontera con Veracruz para delinquir, por eso firmarán un convenio con su similar tabasqueña para realizar investigaciones y perseguir a los miembros de este grupo.
Especificó que en los límites entre Las Choapas y Huimanguillo se establecerán filtros de vigilancia que apoyarán a los retenes que mantiene la policía federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
La frontera sur está considerada como un foco rojo y la Secretaría de Seguridad Pública utilizará un helicóptero para realizar gráficas de la circulación en esa zona, como una forma de apoyar la vigilancia.
“El delincuente pasa una frontera y nosotros dejamos de tener atribuciones para perseguirlo, ya tenemos convenios con Tamaulipas, Oaxaca y San Luis Potosí y ahora vamos a firmarlo con Tabasco”, anotó Bermúdez Zurita.
El funcionario manifestó que ya se tiene esquemas de vigilancia similares en otras fronteras y sólo en los límites con Tamaulipas se instalaron arcos de seguridad.
Reciclan patrullas de Tránsito
El secretario de Seguridad Pública presidió la entrega de 4 unidades usadas para la Dirección de Tránsito además de bicicletas y motos, las cuales fueron retiradas de otro municipio para reforzar la vigilancia vial.
Las unidades fueron pintadas y remachadas para que parecieran nuevas, aunque en su interior se notaba que ya tienen varios años de uso.
Para este evento se organizó nuevamente un desfile de unidades de la Secretaría, traídas de otros puntos del estado, aunque Bermúdez Zurita aseguró que estarán laborando de manera permanente hasta que se cuente con la nueva generación de policías, en diciembre.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/retenes-frenaran-a-celulas-delictivas-en-veracruz-dice-bermudez-zurita/?utm_source=hootsuite
MÉXICO, D.F: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) negó que su director general Enrique Ochoa Reza se haya reunido el viernes 27 de marzo de 2015 con José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México.
En una tarjeta informativa, agregó que “es totalmente falso que la licitación para el proyecto Central de Ciclo Combinado Empalme I haya estado ‘arreglada’”.
De esta manera respondió a la filtración de un par de audios difundidos vía Youtube que exhiben la presunta intervención de los directores de Petroleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, a favor de OHL México en la adjudicación de un contrato millonario.
En las grabaciones aludidas se escucha una doble conversación sostenida el pasado 31 de marzo entre el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza y el director técnico de OHL México, Jesús Campos. http://www.proceso.com.mx/?p=421719
La CFE recordó este jueves la difusión de un boletín fechado el pasado 31 de marzo en el que informó que el consorcio conformado por Senermex Ingeniería y Sistemas SA de CV, Sener Ingeniería y Sistemas SA, IEPI México SA de CV, y OHL Industrial SL., “ofertó la mejor propuesta técnica y económica” en la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I.
Agregó que “como lo dice la propia nota, la oferta de Iberdrola, que quedó en segundo lugar en la licitación, era casi 100 millones de dólares más cara que la de OHL”.
La dependencia añadió que dicha licitación “fue supervisada por Transparencia Mexicana como testigo social en un proceso transparente y competitivo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421790
MÉXICO, DF: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó la violación al derecho de presunción de inocencia de su “compañero y amigo” Arturo Escobar y Vega acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de presuntos delitos electorales.
En un comunicado plagado de elogios hacia el exvocero del instituto político, el PVEM afirmó que sus dirigentes están “seguros y convencidos” de que es inocente.
“El Partido Verde pronuncia total respaldo para Arturo Escobar y Vega, un hombre clave en la construcción de las reformas transformadoras de nuestro país, y un firme defensor del estado de derecho, quien estamos seguros y convencidos, es inocente de las acusaciones que se le imputan”, afirmó el PVEM en un comunicado.
Carlos Puentes Salas, vocero nacional del PVEM reclamó además que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer el proceso de investigación que sigue contra Escobar de manera pública, mediante el comunicado 814/15.
“Tendríamos que advertir y señalar respetuosamente la presunción de inocencia, un derecho constitucional consagrado en el artículo 20, que ha sido vulnerado toda vez que se hizo pública y se expuso a medios de comunicación información que debió ser resguardada debidamente, como parte de una investigación activa”, reclamó Puentes.
Y siguió:
“En México hemos trabajado por casi ocho años en la implementación de un nuevo modelo de justicia, basado en el respeto a los derechos humanos y cuyo pilar fundamental es el principio de presunción de inocencia, mismo que claramente no se conoce ni se respeta el día de hoy, para nuestro compañero y amigo.
“Arturo Escobar y Vega tiene derecho a un debido proceso que en este caso no se le ha respetado”, exigió el vocero del PVEM.
Además respondió a un señalamiento de la Fepade sobre prveedores no autorizados por la autoridad administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones intermedias de junio pasado.
Puentes dijo que no son varios proveedores, “es un proveedor de servicios al que se hace referencia y se puede constatar en la página del Instituto Nacional Electoral que este proveedor fue dado de alta el 3 de marzo de 2015”.
El vocero del PVEM Puente Salas afirmó que Escobar proporcionará “toda la información necesaria” que se le requiera en el caso pues es un hombre que “se maneja con total apego a derecho”.
De ello, abundó, ha dado muestra al solicitar de manera inmediata “tan pronto como se conoció esta información, su separación del cargo, para que la investigación se realice con la mayor transparencia”.
Tras fijar la postura oficial del partido Puentes Salas afirmó que el instituto político no abordará más información o detalle sobre el caso, toda vez que “ya se encuentra turnado a un juzgado, y cualquier declaración pudiera entorpecer a dicha investigación”.
Escobar renunció el miércoles pasado a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de que se diera a conocer la investigación en su contra.
Su renuncia fue celebrada por organizaciones civiles que venían pidiendo su renuncia porque consideran que el exvocero del PVEM “no es un servidor público confiable” y desconoce “los principios éticos democráticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421778
MÉXICO, DF: Los políticos mexicanos no soportan la autonomía de los poderes ajenos al que pertenecen, y por eso aprovechan su facultad de designar a los integrantes de estos últimos para someterlos a sus designios. La regresión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó en febrero del 2011, con el nombramiento del sucesor del ministro José de Jesús Gudiño, fallecido en diciembre de 2010.
En ese momento comenzó a conformarse una mayoría de ministros letristas y conservadores que claramente lograron limitar los alcances de la trascendental reforma constitucional de junio de 2011, que obliga al Estado mexicano a reconocer los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales suscritos por México.
Ello se hizo evidente en abril de este año, cuando seis ministros avalaron la constitucionalidad y convencionalidad de la figura del arraigo establecido en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, extensivo a todos los delitos considerados como graves, no únicamente a los relacionados con la delincuencia organizada, como establece el artículo 16 de la Constitución.
Entre los seis ministros que respaldaron dicha resolución se encontraban los cuatro de más reciente ingreso (Jorge Mario Pardo, febrero de 2011; Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, noviembre de 2012; y Eduardo Medina Mora, marzo de 2015). Los otros dos votos fueron de la ministra Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco, quienes arribaron en 2004 y 2006, respectivamente. En contra se pronunciaron los tres con mayor antigüedad (Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, designados en enero de 1995, y José Ramón Cossío, en 2003), así como los dos que llegaron en el 2009 (Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar).
Entre los que se opusieron a dicha resolución estuvieron los dos ministros que concluyen su encargo el día último de este mes de noviembre, y si las designaciones de sus sustitutos se realizan a partir de las ternas que envió al Senado el presidente Enrique Peña Nieto, esa mayoría, de seis, se incrementará.
Incluso la reciente resolución de la Primera Sala de la Corte en relación con la producción y consumo de mariguana probablemente no hubiese sido aprobada si se hubiese presentado en el pleno, pues de los cuatro ministros que la votaron a favor, tres son parte del grupo que se oponía a la constitucionalidad y convencionalidad del arraigo (Cossío, Sánchez Cordero y Zaldívar).
Otra tendencia muy evidente en las últimas designaciones es la de privilegiar a los candidatos que provienen directamente del Poder Ejecutivo (Proceso 2002), lo cual conlleva un incremento en la posibilidad de injerencia de dicho poder en las resoluciones del Judicial. En estos momentos hay tres integrantes del pleno cuya principal actividad profesional, antes de llegar a la Corte, la ejercieron en el Ejecutivo: José Fernando Franco, quien entró al pleno en diciembre de 2006; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en noviembre de 2012; y Eduardo Medina Mora, en marzo de este año; pero si la designación se hace de las ternas en discusión, próximamente serán cuatro, pues hay una terna conformada totalmente por funcionarios del Ejecutivo o de tribunales administrativos.
En enero de 1995, en la primera generación de ministros con la actual configuración de la Corte, nueve de los 11 provenían del mismo Poder Judicial, ya fuese federal o estatal, aunque una de ellas, Olga Sánchez Cordero, había desarrollado gran parte de su carrera profesional en la academia y el libre ejercicio de la profesión, y otro, Mariano Azuela, tuvo lugar 12 años en el Tribunal Fiscal; Juventino Castro y Castro, a su vez, toda su carrera había sido funcionario del Ejecutivo; y Sergio Aguirre Anguiano era notario público adjunto e intervino en competencias para puestos de elección popular por el PAN.
En la composición actual, además de los tres ya mencionados: cinco (Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Juan Silva Meza) tienen una larga carrera en el Poder Judicial; dos en el libre ejercicio de la profesión (Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar); y uno (José Ramón Cossío) proviene de la academia.
El presidente optó por enviar una terna conformada en su totalidad por magistradas, del propio Poder Judicial, para mantener el mismo número de ministros de carrera y de mujeres en el pleno; y la otra constituida por hombres con una carrera profesional como funcionarios públicos dentro del Poder Ejecutivo, federal o estatal.
Entre las propuestas, en esta segunda terna se encuentran Alejandro Jaime Gómez, actual procurador de Justicia del Estado de México y quien ha hecho su carrera profesional muy cerca del actual presidente Peña Nieto; Álvaro Castro Estrada, magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que en 2010 fue removido como subsecretario del Trabajo, a solicitud del Senado, por haber reclamado “al senador panista Ricardo García Cervantes el hecho de que hubiera exigido justicia para los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos, desde la tribuna de la entonces sede de Xicoténcatl”, según señala el diario La Jornada en su edición del 24 de junio de 2012; y Javier Laynez Potisek, quien estuvo en la terna que el mismo Peña Nieto envió en marzo de este año para sustituir al fallecido ministro Sergio Valls, y el cual, al no ser favorecido, fue nombrado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Desde 1990 había hecho carrera en varias dependencias del Ejecutivo federal.
De concretarse la presencia de cuatro ministros provenientes del Ejecutivo con vínculos con el priismo, las posibilidades de injerencia de dicho Poder en la Corte se incrementan, especialmente en lo referente a las acciones de inconstitucionalidad, pues el artículo 105 de la Constitución señala explícitamente: “Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos”, lo cual difícilmente podría lograrse porque únicamente restarían siete votos.
Así que difícilmente podría repetirse el caso de la llamada Ley Televisa, cuyas principales disposiciones fueron derogadas en el Pleno de la Corte, precisamente por la independencia y autonomía de la que gozaba en esos momentos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421666
Han llegado los primeros vagones del tren turístico de Puebla, adquiridos a la empresa alemana Vosslohya.
De acuerdo al lanzamiento de la legislación para la construcción de la dos terminales del proyecto ferroviario, los trabajos comenzarán a partir del próximo 15 de diciembre.
Así mismo el documento de la licitación confirma la entrega del titulo de asignación por 30 años para la operación, explotación y prestación del servicio público.
Los nuevos vagones tipo tren-tran, que es una combinación de ferrocarril y tranvía, tendrá una capacidad para trasladar a 80 pasajeros, así como un sistema de control de tráfico que puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.
Según la información emitida por la Secretaria de Finanzas y Administración esta obra tendrá una ejecución de 180 días naturales y una inversión de 800 millones de pesos.
Llama la atención que a pesar de que ya se licitó la obra en cuestión, agrupaciones como Cholula Libre y Digna han exigido a las autoridades la exhibición del permiso del INAH para llevar a cabo los trabajos en la zona arqueológica.
Una de las terminales se construirá en el antiguo mercado del ferrocarril, derrumbado la semana pasada, mientras que la segunda estación será edificada en torno a la pirámide de Cholula.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZUREZ.
LINK: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/11/26/desde-alemania-llegan-los-primeros-vagones-del-tren-turistico-a-puebla/
"Ojalá que esto sea un buen precedente para que no haya impunidad", expresó el perredista Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados; el panista Gustavo Madero solicitó quitar el registro al PVEM.
Diputados del PAN y del PRD celebraron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) haya solicitado a un juez, el miércoles, girar una orden de aprehensión contra el ex vocero del Partido Verde y ahora ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, por haber violado la ley electoral, con la repartición de tarjetas Premia Platino previo a las elecciones del 7 de junio.
“Ojalá que esto sea un buen precedente para que no haya impunidad”, declaró a la prensa el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano.
“Qué bueno que la Fepade de repente da un anuncio que hace pensar que sí existe, porque ya nadie se acordaba de ella, porque allí estaba prácticamente sin actuar”, comentó y añadió su deseo de que la acción emprendida contra Escobar “no sea una llamarada de petate”.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, pidió mano firme en el caso y que se proceda de manera estricta en términos legales.
“No hay que olvidar que el Partido Verde Ecologista es un buen aliando del PRI y que en estas circunstancias todo puede ser una cortina de humo que se haya tendido sobre el particular y que al final no se proceda”, sostuvo el legislador.
A su vez, en conferencia de prensa, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, exigió a la Segob “que nos explique, aún sabiendo toda las violaciones reiteradas a la ley, por qué a pesar de eso quiso nombrar y nombró a Arturo Escobar y Vega, como subsecretario” en septiembre pasado, cargo al que renunció la noche del miércoles.
Cortés también recordó que “el 13 de marzo del 2015, el Partido Acción Nacional (…) presentó ante la Fepade una denuncia de hechos contra quien resultara responsable por delitos electorales que se cometieron (…), y hoy se confirma, en la distribución de las tarjetas denominadas: Premia Platino, impresas con el logotipo del Partido Verde Ecologista”.
El diputado de Acción Nacional Gustavo Madero agregó que “le toca al INE actuar en consecuencia y admitir que existen todos los elementos para que le sea retirado el registro al Partido Verde Ecologista de México. No se debe quedar en una sanción administrativa o en una multa”.
Además, a través de Twitter, Madero publicó:
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, afirmó que el caso que enfrenta Arturo Escobar y Vega “es de carácter legal, sin ingredientes políticos”, y rechazó que afecte la relación del Partido Verde con el PRI.
“Éste es un asunto que no afecta en modo alguno la relación con el PRI, porque hemos tenido una consistente alianza electoral programática y ahora legislativa, en esta Cámara, en donde las fracciones mantenemos una permanente comunicación, nos respetamos y dialogamos”, indicó en declaraciones a la prensa.
Aseveró que la alianza entre el PVEM y el PRI es sólida y no está sujeta a coyunturas: “Ha acreditado eficacia y muy buenos resultados para ambos partidos, para las organizaciones institucionales”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/prd-y-pan-celebran-actuacion-de-fepade-contra-escobar-alianza-con-pvem-seguira-pri/
MÉXICO, DF: Una iniciativa de ley tildada de benéfica para Televisa, promovida por el panista Roberto Gil Zuarth, confrontó a senadores por el “viciado” trámite que se le dio y que, pese a un receso, se prevé será aprobada por las bancadas de PRI, PAN y Partido Verde.
El dictamen, que pretendía ser aprobado con un “albazo”, prorroga un año el apagón analógico a las televisoras públicas y sociales, con lo que nadie está en desacuerdo, pero beneficia también a más de 500 estaciones complementarias propiedad de Televisa y Tv Azteca.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Lozano Alarcón, pretendió que se aprobara el dictamen de manera acelerada, pero los perredistas Miguel Barbosa, Dolores Padierna, Zoé Robledo y Alejandro Encinas, así como el panista Javier Corral le reclamaron a gritos.
Fue Corral quien dimensionó el asunto, al destacar que lo relevante no era sólo el desaseo, sino el objetivo de la iniciativa:
“Es mucho más grave el fondo que el procedimiento, que lo que se pretende burlar. Si no supiera que en el fondo de esta iniciativa están los intereses de Televisa, me asombraría la rapidez con la que se procesa este asunto, pero así son las cosas cuando de televisoras se trata”.
Y añadió: “La iniciativa busca condonar una multimillonaria multa al duopolio de la televisión. ¿Vamos a modificar una ley para condonar una multa a una empresa de televisión?”.
Las multas a Televisa y Televisión Azteca por no cumplir con la transición digital de las estaciones de televisión de bajo impacto, que la iniciativa pretende evitar, serían de entre 400 y 600 millones de pesos, estimó Corral en su intervención, que Lozano pretendió acallar.
Y es que al panista poblano los perredistas lo calificaron de autoritario por pretender dar un albazo y dictaminar la iniciativa de Gil, presentada el martes y agendada sin cumplir con el procedimiento.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, acusó a la Mesa Directiva del Senado de haber modificado los documentos originales del orden del día para que se procesara la iniciativa de Gil.
“No frieguen cabrones, es ofensivo cabrones”, exclamó ante los senadores y se dirigió al secretario de Asuntos Parlamentarios, Arturo Garita. “No pueden hacer eso, Garita. Es increíble que hagan un cambio de documento, ¿por qué se atreven a hacer esto?”
A su vez, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el perredista Zoé Robledo, le reclamó por no haberle turnado la iniciativa a ese organismo, y sólo remitirla a la que preside Lozano.
“Esto pone en duda la dignidad del Senado”, dijo Robledo ante la posición inamovible de Lozano de llamar a votar “y se acabó”. “¡No la chinguen!”, expresó el perredista Isidro Pedraza.
Al final, la presión surtió efecto: Lozano decretó un receso para procesar el caso, aunque para los senadores como Corral con toda seguridad será aprobada. “Son las complicidades con las televisoras”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421757
VILLAHERMOSA, Tab: Javier May Rodríguez, alcalde electo de Morena en Comalcalco, denunció saqueo del exedil y ahora diputado federal del PRD, Héctor Peralta Grappin, en complicidad con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Neyda García Martínez.
May Rodríguez dijo tener pruebas de sus imputaciones y adelantó que las presentará ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) del Congreso, luego de asumir la alcaldía el próximo 1 de enero.
En entrevista de radio, el edil electo morenista denunció que Peralta Grappin convirtió el ayuntamiento de Comalcalco en una comercializadora para beneficiarse con compras a sobreprecios y realizar proyectos de infraestructura por más de 152 millones de pesos en localidades donde tiene y adquirió propiedades.
También acusó que el primer “negociazo” fue la compra de 2 mil 675 luminarias en 38 millones de pesos, a un costo de más de 14 mil pesos cada, cuando en el mercado se cotizaba a 6 mil, por lo que en esta operación “se embolsaron más de 20 millones en una sola acción”.
Además los presuntos responsables adquirieron una barredora al doble del precio, edificaron viviendas de mala calidad sobreestimadas en más de 120 mil pesos y Peralta Grappin compró dos ranchos en Comalcalco, uno de 60 hectáreas en la comunidad de Zaragoza y otro en el ejido Trujillo Gurría de iguales medidas.
Javier May acusó al ahora diputado federal de haber consolidado “una mafia que atracó el presupuesto del municipio”, y que una vez que se presenten las denuncias, las autoridades señaladas y el propio Peralta Grappin deberán aclarar “de dónde agarró para tantas propiedades”.
Luego admitió que Peralta Grappin formó parte de sus colaboradores como director del Finanzas del ayuntamiento de Comalcalco cuando, bajo las siglas del PRD, gobernó por primera vez el municipio de 2007 a 2009, y nunca, aseguró, hicieron negocios ni le pidió hacer nada que no estuviera sustentado en la ley.
También denunció que la diputada y presidenta de la Jucopo, Neyda García, hizo negocios no sólo con Peralta Grappin en Comalcalco, sino que también se benefició con la obra pública de los municipios de Huimanguillo, Jalapa y Macuspana, a través de una constructora de su propiedad.
“Neyda García hizo negocios con Héctor Peralta y se corrompió, la verdad es lamentable, se benefició de la obra pública. Los negocios los hizo en Huimanguillo, Jalapa y Macuspana”, expuso.
La diputada Neyda García rechazó las acusaciones y negó que sea propietaria de una constructora; además, dijo, nunca se ha coludido con alguien para beneficiarse del presupuesto público.
El alcalde electo de Morena informó que el gobernador Arturo Núñez y la Contraloría estatal ya están enterados de estas irregularidades, “y están sorprendidos por los elementos probatorios”.
“Fue más de 20 por ciento del presupuesto de Comalcalco lo que se llevó Héctor Peralta”, sostuvo May Rodríguez, por lo que emplazó a los diputados de la Legislatura que entrará en funciones el 1 de enero a que revisen la obra pública que se pagó y no se hizo en el municipio.
El perredista Peralta Grappin gobernó Comalcalco de 2013 hasta principios de 2015, debido a que solicitó licencia para contender en los comicios del 7 de junio pasado para la diputación federal del III distrito electoral, el cual ganó.
Durante el primer gobierno de May Rodríguez en Comalcalco, de 2007 a 2009, en el primer tramo del sexenio del gobernador priista Andrés Granier Melo, Peralta Grappin fue director de Finanzas del ayuntamiento.
En esa fecha, la diputada Neyda García era la lideresa municipal del PRD y aliada de May Rodríguez.
A Peralta Grappin lo sustituyó el actual alcalde, Jesús Romero López, a quien el 31 de diciembre se le termina el periodo constitucional que inició el ahora diputado federal.
En días pasados Peralta Grappin festejó en grande su cumpleaños y como invitado de honor asistió el senador con licencia y dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421771
México, DF: Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, se perfila como la nueva dirigente del PRI en el Distrito Federal sin tener mayor experiencia política y tampoco ascendencia priista.
De acuerdo con información dentro del PRI, la llegada de Mariana Moguel es una concesión presidencial que se dio a su madre luego de que fue removida de la Sedesol tras el fracaso de la política de combate al hambre y la pobreza.
Mariana Moguel Robles tiene una escasa militancia priista de apenas tres años cuando fracasó como candidata a la Asamblea Legislativa por el PRI y el PVEM. Pero antes coqueteó con el PAN, pues de hecho de 2009 a 2012 se incorporó a la administración pública local como subdirectora de Vinculación en la delegación Miguel Hidalgo que encabezaba Demetrio Sodi.
Una vez que Rosario Robles se incorporó al equipo de Enrique Peña Nieto, Mariana Moguel también lo hizo bajo la égida maternal.
En el 2013 fue nombrada coordinadora de Proyectos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde estuvo por un año.
En 2014 pasa a ser integrante del comité directivo priista en el Distrito Federal y también es nombrada consejera política nacional.
Para el 2015 el PRI la lanza de nuevo como candidata a diputada por la Asamblea Legislativa, y una vez que obtuvo la victoria ahora se perfila como posible dirigente del PRI en lugar de Mauricio López, quien sustituyó a Cuauhtémoc Gutiérrez, quien estuvo envuelto en un escándalo por una red de prostitución.
Según El Universal, el próximo jueves 3 de diciembre, cuando se lleve a cabo la elección para la dirigencia capitalina del PRI, es casi un hecho que Mariana Moguel sea impuesta desde Los Pinos en una fórmula donde iría acompañada de Tonatiuh González Case como secretario general.
Desde 1997 en que perdió la jefatura de Gobierno local, el PRI se encuentra pulverizado en el Distrito Federal. De tener en su poder todas las delegaciones, hoy apenas administra tres: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, aparte de que es la cuarta fuerza política detrás de Morena, PRD y PAN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421773
"Luego de una año lo que encontramos es que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Este decálogo fue un discurso para transitar el momento pero que así como se anunció se dejó atrás", estableció el informe.
Dos meses después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en noviembre 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez medidas en materia de seguridad y justicia, de las cuales sólo una se cumplió totalmente; otras dos fueron cumplidas de forma parcial y el resto no se llevaron a cabo, indica un estudio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
“De las diez medidas comunicadas sólo una se ha cumplido, la sexta, pues se realizó el operativo en la región de Tierra Caliente (de Guerrero). No se dispone de información sobre el grado de éxito”, detalló el documento elaborado por Edgar Cortez.
“Dos medidas fueron cumplidas parcialmente. La cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora sólo se cuenta el visto bueno por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha de ese número está pendiente. Mientras que respecto de la octava medida, consistente en acciones para fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones pero otras están pendientes también de cumplirse como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada. Siete medidas no se han cumplido”, agregó.
“A dos meses de sucedida la desaparición de los 43 era urgente anunciar medidas que atendieran el caso pero que también fueran una respuesta más amplia al recurrente problema de la impunidad. El anuncio del decálogo fue poco afortunado pues de las medidas anunciadas la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI”, lamentó.
El reporte íntegro:
CumplimientoMedidasSeguridad_nov14 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/de-10-medidas-anunciadas-por-epn-tras-caso-ayotzinapa-solo-cumplio-una-estudio/
