MÉXICO, DF: Petróleos Mexicanos (Pemex) acusó al presidente de OHL, José Andrés de Oteyza, “de hacer gala de supuestas reuniones o intervenciones” a favor de la compañía “que jamás ocurrieron”.
Después de que fueran difundidos un par de audios que exhiben la presunta intervención de los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, a favor de OHL México, la paraestatal respondió en un comunicado:
“Exhortamos, una vez más, a cualquier persona que tenga pruebas de actos irregulares a presentar las denuncias correspondientes ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública en Pemex”.
En una doble conversación presuntamente sostenida el pasado 31 de marzo entre José Andrés de Oteyza y el director técnico de OHL México, Jesús Campos, se escucha al primero presumir:
“Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con (Emilio) Lozoya, y el viernes hablé directamente con (Enrique) Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio (…) O sea le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba… bueno hasta el último siempre se puede caer, (…) se puede caer, pero teníamos una gran, pero una enorme posibilidad de ganar (…) si no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso”.
A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado de Pemex:
“En relación con la nota publicada hoy en el portal de Proceso sobre la difusión de una serie de supuestas grabaciones del presidente de OHL, José Andrés de Oteyza, es importante precisar lo siguiente:
“El director general de Pemex nunca ha abordado ni gestionado temas de licitaciones públicas con funcionarios de OHL o de otras empresas y mucho menos en asuntos que no son de su competencia como los contratos de la CFE, tal y como lo hacen suponer dichas grabaciones.
“Sin pronunciarnos sobre la veracidad de las grabaciones, deploramos el uso del nombre del Director General de Pemex para abonar a intereses personales que desconocemos. El señor De Oteyza ha hecho gala de supuestas reuniones o intervenciones a favor de la empresa OHL que jamás ocurrieron.
“Exhortamos, una vez más, a cualquier persona que tenga pruebas de actos irregulares a presentar las denuncias correspondientes ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública en Pemex”.
FUENTE: PROCESO.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421774
MÉXICO, DF: A 14 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus padres y familiares instalaron un plantón en el Paseo de la Reforma, a unos metros de la residencia oficial de Los Pinos, y advirtieron que no lo levantarán hasta que las autoridades les presenten al nuevo equipo de investigación del caso.
El llamado “Plantón por la Dignidad y la Resistencia” quedó instalado en la banqueta del cruce entre Reforma y la calle Chivatito, que desemboca a la residencia presidencial, al término de la marcha para recordar la agresión y desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aclaró que no se irán hasta que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora general de la República Arely Gómez conformen al equipo técnico y nombren al nuevo fiscal para reanudar la investigación y tratar de dar con el paradero de los jóvenes.
También exigió que este equipo “profundice las nuevas líneas de investigación” e informe a los padres de los avances de la misma.
“Vamos a estar varios días en plantón, vamos despacio porque vamos lejos”, dijo. Además, informó que abrirán centros de acopio en solidaridad con los padres de familia para mantener el plantón de resistencia.
“No vamos a permitir que desplieguen una campaña de desprestigio contra el movimiento y la normal de Ayotzinapa”, advirtió.
“Que se abran los cuarteles”
Durante el mitin que siguió a la marcha, los padres de los 43 denunciaron el asesinato de cuatro integrantes de la policía comunitaria esta mañana en Tixtla, Guerrero, por hombres armados.
María de Jesús expresó su enojo contra el gobierno quien, a pesar de sus promesas, “no nos ha ayudado, por eso seguiremos en pie de lucha, una lucha justa… Recordamos a nuestros hijos siempre, todo el día”.
Luego, le mandó un mensaje al presidente Peña Nieto: “No te creemos. No te tenemos confianza. Respeta a nuestros expertos”.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los normalistas, insistió en que tras el derrumbe de la “verdad histórica”, desapareció la confianza en el gobierno.
La marcha estuvo encabezada por una comitiva de padres de los 43 que, como desde la primera manifestación, llevaban fotografías de sus hijos. A las cinco de la tarde arrancó desde la glorieta del Ángel de la Independencia y recorrió el carril derecho del Paseo de la Reforma, rumbo a Los Pinos.
Detrás de los padres caminó la generación de recién ingresados de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, seguida de integrantes de organizaciones sociales, maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, así como un contingente de pobladores de Atenco que, con machetes en alto, gritó consignas de repudio a Enrique Peña Nieto y de solidaridad con los normalistas desaparecidos.
Organizaciones sociales y políticas, así como grupos de ciudadanos sin bandera cerraron la marcha. Esta vez la comunidad estudiantil prácticamente no acudió a la manifestación.
Mientras caminaban, los padres de los 43 resaltaron los mensajes de dolor y enojo contra el gobierno, pero también reafirmaron su determinación a continuar sus movilizaciones, tal como lo repiten de manera incansable desde hace 14 meses.
“Ya basta de impunidad, queremos volver a casa con nuestros hijos”, dijo con la voz quebrada la madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, quien tenía 19 años al momento de su desaparición forzada.
“No somos narcotraficantes, como lo dice el gobierno”, aseveró por su parte un normalista.
En la marcha también hubo espacio para rechazar la represión contra los profesores de la CNTE que se oponen a la evaluación.
A las 18:20 horas la manifestación penetró en los primeros 100 metros de la calle Chivatito hasta que se topó con rejas de hierro flanqueadas por decenas de granaderos.
Mientras el mitin se desarrollaba, un pequeño grupo de encapuchados se acercó a las rejas y, debajo de una bandera negra marcada con el símbolo anarquista, gritó mensajes de repudio al Estado.
Ante la escasa participación de manifestantes –a diferencia de las marchas que iniciaron el movimiento el año pasado–, un normalista dijo que “sabemos que muchos no nos pudieron acompañar hoy”, pero aclaró que durante los recorridos en los estados acude mucha gente a mostrarles su apoyo.
Todavía el pasado 26 de septiembre, decenas de miles marcharon del Ángel al Zócalo capitalino y llenaron la Plaza de la Constitución para protestar contra las inconsistencias y la ausencia de resultados de la investigación oficial, a un año de los hechos.
Tres semanas antes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su informe que exhibió las múltiples fallas en la “verdad histórica” que presentó el gobierno federal a finales del año pasado en voz de del exprocurador Jesús Murillo Karam.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421812
México, DF. El déficit comercial mexicano alcanzó en el mes de octubre mil 444 millones de dólares, una suma 22.5 veces mayor a los 64 millones del mismo mes de 2014, debido a la caída en las ventas foráneas de los productos petroleros, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las exportaciones totales cayeron 7.4 por ciento durante octubre por disminuciones de 4.1 por ciento en productos no petroleros y de 41.5 en los petroleros, en comparación con igual mes del año pasado. Las ventas destinadas a Estados Unidos se redujeron 2.7 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 10.6 por ciento.
Así en el déficit comercial acumulado de enero a octubre sumó 11 mil 965 millones de dólares, el cual se compara con el de 2 mil 82 millones de dólares alcanzado en igual lapso de un año antes.
En los primeros diez meses del año, el déficit de la balanza comercial se disparó 474.61 por ciento o 5.7 veces, informó el instituto.
Si sólo se toma en cuenta el mes de octubre, las importaciones que hizo México superaron lo que vendió a otras naciones en mil 344 por ciento o las 22.5 veces ya referidas.
El valor de las exportaciones drre mercancías fue 34 mil 155 millones de dólares. La mayoría, 32 mil 245 millones de dólares fueron exportaciones no petroleras y mil 910 millones de dólares de productos petroleros.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, en octubre del presente año las exportaciones totales de mercancías mostraron un incremento mensual de 2.05 por ciento, el cual fue reflejó de avances de 1.81 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 6.14 por ciento en las petroleras.
En cuanto a las importaciones sumaron 35 mil 599 millones de dólares, monto que implicó una reducción anual de 3.6 por ciento. Hubo retrocesos de 1.7 por ciento en las importaciones no petroleras y de 22.9 por ciento en las petroleras.
Los bienes de consumo y de uso intermedio descendieron 7 y 3.6 por ciento, respectivamente, en tanto que las importaciones de bienes de capital registraron un aumento anual de 1.1 por ciento.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ G.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/27/en-octubre-deficit-comercial-22-veces-mayor-a-2014-5304.html
México, DF. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que en el caso de la consignación contra Arturo Escobar “la fiscalía desarrolló su trabajo, desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos (el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el expediente), se consignó ante el juez y en este momento el órgano jurisdiccional es el que se tiene que pronunciar”.
Entrevistado al término de su participación en el XVII curso interamericano de elecciones y democracia, Nieto Castillo, nervioso -con las manos y mejillas temblando- dijo que no puede pronunciarse sobre la manera en que los jueces decidan si libran o no la orden de captura en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues, dijo, “hasta en tanto no venga el pronunciamiento respectivo por parte de las instancias jurisdiccionales no puedo hacer pronunciamiento alguno en virtud de que estaría vulnerando una esfera de trabajo, de deliberación, de ejercicio de la independencia judicial en la que creo”.
Antes de concluir de manera abrupta la entrevista y abandonar el salón resguardado por sus escoltas y colaboradores para no responder si violó el derecho de presunción de inocencia del dirigente partidista y si es verdad que el Ministerio Público consignó el expediente sin haber comparecido a Arturo Escobar, el titular de la Fepade señaló cuando se le preguntó sobre el llamado caso Escobar:
“Eh todos los casos que ha abordado la fiscalía, su resolución la hacemos ajustados al marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas.
“En ningún momento y ninguna circunstancia, en ningún caso, no me refiero en este caso (Escobar) en específico, ni en ningún caso que tenga la fiscalía, hemos vulnerado disposiciones de carácter normativo, hay información que es pública en virtud de que se trata de asuntos que toman su origen en casos resueltos por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la información es pública, en muchos de los casos que tiene conocimiento la fiscalía.
“En el caso específico, también quiero decirle que en todos los casos en donde la fiscalía sigue trabajando en las indagatorias respecto a dirigentes de los partidos políticos, del PVEM o cualquier otro partido, seguimos integrando las averiguaciones previas y en el momento en que se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad —actuando como tengo instrucción por parte de la procuradora, de forma autónoma y en ejercicio de las funciones de mi competencia, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias—, consignarlos ante los órganos jurisdiccionales cuando consideremos que se han acreditado estos dos elementos.
“Para hablar del caso específico que ustedes nos comentan (Escobar), la fiscalía desarrolló su trabajo, desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos, se consignó ante el juez y en este momento el órgano jurisdiccional es el que se tiene que pronunciar, la fiscalía habla por los pliegos de consignación que ha consignado.
“En este momento —y lo digo por que yo en lo personal tuve la oportunidad de ser cinco años el titular de un órgano jurisdiccional—, tengo absoluto respeto por el criterio que generen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que analizan este caso, y hasta en tanto no venga el pronunciamiento respectivo por parte de las instancias jurisdiccionales, no puedo hacer pronunciamiento alguno en virtud de que estaría vulnerando una esfera de trabajo, de deliberación, de ejercicio de la independencia judicial en la que creo, y por lo tanto creo que es importante que los jueces desarrollen sus funciones, así como nosotros las desarrollamos, es importante que el órgano jurisdiccional determine lo que conforme a derecho corresponda”.
En días pasados, Nieto Castillo reveló a un medio de comunicación la existencia de una solicitud de orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, quien se desempeñaba como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Por separado, abogados litigantes y representantes del PVEM señalaron que Santiago Nieto Castillo violó el derecho de presunción de inocencia de Arturo Escobar y también la decrecía que deben guardar las actuaciones del Ministerio Púalico Federal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/27/consignacion-contra-escobar-apegada-a-las-normas-santiago-nieto-6234.html
La jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido ejemplo de que la violación de la Ley no es obstáculo para crecer en el sistema político ni para llegar a la administración pública.
La ilustración más clara fue el aumento de posiciones que ganó durante las elecciones de este año, como en la jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones. En Julio siguiente, en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.
Y estos triunfos, pese a que en la elección federal cometió tantas irregularidades –como anunciarse en cines fuera de los tiempos de campaña y repartir miles de tarjetas de descuento en comercios– que se hizo acreedor a la segunda multa más alta de la historia nacional por delitos electorales. En Chiapas, mientras, la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que la campaña de dádivas en el estado con mayor proporción de población en condiciones de pobreza generaba denuncias a razón de siete probables delitos electorales diarios, o uno cada tres horas.
El mensaje enviado a la sociedad con cada triunfo, planteó en junio la investigadora en materia de elecciones y Estado de Derecho, Sandra Ley Gutiérrez, es que violar la ley “está bien” y no tiene consecuencias.
“Si yo como ciudadano veo que mi autoridad no respeta la ley, y que no hay ninguna autoridad capaz de aplicar la ley o que las sanciones realmente duelan y no sean sólo simbólicas; si puedo seguir sacando préstamos para pagar las multas, si puedo seguir participando en las contiendas y termino ganando con el partido en el poder, el mensaje es que está bien violar la ley, que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo Ley, experta en comportamiento electoral y violencia e investigadora, entre otros centros, del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales.
El mensaje de impunidad fue reforzado en septiembre, cuando en medio de las críticas e incluso de peticiones ciudadanas para que el Verde perdiera su registro, la Secretaría de Gobernación nombró al vocero nacional de ese partido, Arturo Escobar y Vega, como Subsecretario, precisamente, de Prevención y Participación Ciudadana.
La designación motivó mensajes públicos de ruptura de relaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron no sólo la falta de experiencia de Escobar en materia de prevención social y sus posiciones a favor de la pena de muerte, sino, sobre todo, las conductas delictivas en las que probablemente incurrían él y su partido.
“¿Por qué se nombró a una persona que forma parte de un partido político que destaca por hacer gala de conductas ilegales y violaciones sistemáticas a la Ley, como es el Partido Verde Ecologista de México; siendo que una de las responsabilidades de este cargo es liderar un programa de promoción de la cultura de la legalidad?”, cuestionó la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), que también lanzó un posicionamiento en la plataforma Change.org en contra el nombramiento.
Escobar había sido vocero del Verde –carente de dirigente oficial– desde 2012, cuando este partido, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), postuló a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia.
En septiembre pasado, fue colocado por Osorio Chong al frente de las políticas de prevención del delito aun cuando ya era parte de la averiguación previa iniciada en marzo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que, el miércoles, pidió un orden de aprehensión en su contra por un contrato para el reparto de miles de tarjetas electrónicas para descuentos comerciales durante la campaña federal.
“Se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político [Arturo Escobar] y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa [Instituto Nacional Electoral]”, informó la Fepade.
UN CASO EXTRAÑO
a consignación de la averiguación previa, sin embargo, fue tomada con reservas. Para Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), resultó incluso “extraño” que la Fepade actuara cuando su trayectoria carece de resultados y menos contra algún subsecretario.
“Es un poco extraño porque la Fepade no suele emitir este tipo de órdenes de aprehensión; ha sido bastante blanda a través de los años, y es una suerte de instancia a la cual los que hacen los delitos electorales no le temen, precisamente, porque su actuación deja mucho qué desear”, dijo.
De acuerdo con Pablo Javier Becerra, especialista en temas electorales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el caso del Verde pone en entredicho a tres instituciones: al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros votaron en agosto pasado a favor de que el partido mantuviera su registro; al Tribunal Electoral, donde está pendiente de resolución una impugnación a la decisión favorable del INE, y a la misma Fepade, que con la petición de la orde aprehensión, dijo el investigador, “desvía la atención” del tema del registro.
La acusación contra Escobar se encuentra en la averiguación previa 618/2015, e inició por una denuncia presentada el 13 de marzo de este año por el Partido Acción Nacional (PAN), y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del 9 de abril.
De ser encontrado responsable, el ex subsecretario podría pagar una multa de más de cinco mil días de salario mínimo o enfrentar una pena que va de cinco a 15 años de prisión.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SANDRA RODRÍGUEZ NIETO, JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2015/1564215
CHILPANCINGO, Gro: Luego de que fue acusado de presuntos nexos con el narco en una manta colocada en Acapulco, el fiscal de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, anunció esta tarde su renuncia al cargo que concluye a finales de este mes.
Este hecho se registra en el contexto de la designación del nuevo fiscal que organiza el Congreso estatal, donde se han registrado al menos una veintena de aspirantes.
En conferencia realizada en la sede de la Fiscalía General del Estado en el puerto de Acapulco, Godínez Muñoz se limitó a decir que su renuncia se debe simplemente a una “decisión personal”.
Al respecto, admitió que deja pendientes en esta dependencia, entre otros la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, así como equipamiento profesionalización del personal administrativo y policial.
El Congreso estatal designó a Godínez como fiscal el pasado 14 de diciembre por un periodo de 11 meses, fecha que concluye a finales de este mes.
No obstante, en el contexto del cambio de administración estatal y el relevo legislativo, Godínez se convirtió en un personaje incómodo para la clase política del PRI que asumió el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, luego de 12 años que el PRD administró la entidad con caciques y empresarios de derecha y surgidos del priismo.
Además, en días pasados Godínez fue vinculado junto a otros abogados de Acapulco con el narco, a través de una manta que fue colocada en el puerto.
Miguel Ángel Godínez anunció que en su lugar queda como encargado de despacho el vicefiscal de Investigaciones, Alejandro Santos, hasta que el Congreso designe al nuevo titular de la FGE en los primeros días de diciembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421805
México, DF: El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, entregarán a los diputados de la comisión especial de Ayotzinapa las bitácoras de vuelo del mes de septiembre de 2014, pues los legisladores no descartan la hipótesis de que los jóvenes hayan sido arrojados al mar.
Al entrevistarse con los integrantes de la comisión, tanto Sales como Galindo relataron los motivos por los cuales la PF no intervino en los hechos, e insistieron en que los agentes federales no participaron en la desaparición de los normalistas.
A pesar de ser un punto de trasiego de la goma de opio, la ciudad de Iguala nunca fue prioridad para la PF en septiembre de 2014, por ello sólo movilizó seis elementos la noche en que estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y otros desaparecidos, sostuvo Galindo.
Durante el encuentro el comisionado Renato Sales se comprometió a entregar las bitácoras de los vuelos, pues la diputada del PRD, Cristina Gaytán, señaló que no podían descartar la hipótesis de que los jóvenes hubieran sido arrojados al mar desde aviones o helicópteros.
En su relato, Galindo sostuvo que él se enteró de los acontecimientos entre las 22:30 y once de la noche, pues ellos no tenían integrantes en el C-4 de Iguala.
Ante los cuestionamientos de las legisladores, en especial la presidenta y miembro del PAN, Guadalupe Murguía; Aracely Damián, de Morena, y la perredista Cristina Gaytán, quienes recordaron a Galindo que desde las siete de la noche se supo que uno de los camiones pasó por la caseta en donde había dos elementos de la PF, acerca de diferentes señalamientos de que sí participaron en los hechos, el comisionado respondió que sólo “eran versiones”, pero que “no hay un solo indicio que muestre su participación”.
El comisionado de la PF reiteró que sus elementos acudieron a auxiliar a los jóvenes del equipo de futbol Los Avispones, y hasta ese momento no sabían de otros ataques en la ciudad de Iguala.
También insistió en que no pudieron enterarse antes porque ellos no tenían en ese momento gente en el C-4 de Iguala, aunque sí en el de Acapulco. Lo anterior, añadió, porque Iguala era considerada la ciudad más tranquila de la entidad, donde “no pasaba nada”.
Algunas legisladoras cuestionaron esas declaraciones, pues le recordaron al funcionario federal que Iguala es una zona de trasiego de la droga que se siembra en la sierra guerrerense. En ese momento, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aprovechó para comentar sobre las versiones del quinto camión y la posibilidad de que estuviera “cargado” de estupefacientes.
Como se recordará, el 6 de septiembre pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH destacó la versión de que los jóvenes hubieran “tomado” por error un camión cargado de droga, lo que habría motivo la saña del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Al respecto, Sales comentó que ninguno de esos camiones “llegaba hasta la frontera”, con lo que cuestionó la hipótesis del GIEI. Aunque lo que no estableció el comisionado de Seguridad Nacional es que la versión completa es que alguno de esos camiones llevaba la droga y se trasladaba a otro camión en otro punto del país, y luego a otro, así hasta llegar a la frontera.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, insistió en recibir una explicación válida que pudiera justificar la no intervención de la PF, a lo que el comisionado Enrique Galindo respondió que se trataba de “delitos del fuero común”, por lo que no había motivo para su participación.
La legisladora panista se molestó con la respuesta, por lo que aclaró al funcionario que al haber armas de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército, ya había un delito federal que perseguir, y ellos sí debieron haber intervenido en auxilio de los estudiantes.
Galindo dijo en su defensa que en ese momento “los infractores, quienes se robaban los camiones, eran los estudiantes; además de que la policía local les decía que no pasaba nada”.
Al igual que los representantes del Ejército, como el titular de Derechos Humanos de las fuerzas armadas, la PGR, el Cisen y la propia Segob, el encargado de la PF se escudó en lo que les reportaba la policía local. Por tanto también habrían sido “engañados” por la corporación de Iguala, pues –justificó—“nosotros le creímos a la policía”.
En el mismo tenor que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Galindo dijo que “qué bueno que no le ayudamos a la policía, porque hubiéramos estado obligados a apoyarlos a ellos”.
Luego contó que su participación inició el 5 de octubre, debido a que la Secretaría de Gobernación les demandó un plan de búsqueda de los jóvenes; que se reunieron con los padres de los 43 jóvenes el 11 de ese mes, pero que hoy, en esta segunda etapa de localización, ya no han podido mantener contacto con todos los padres, pues éstos se niegan a proporcionar información sobre amigos de sus hijos.
Tanto Renato Sales como Galindo Ceballos se comprometieron a entregar los registros de las llamadas de celular realizadas entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como las bitácoras de vuelos.
El encuentro entre funcionarios y diputados fue privado y asistieron a él la presidenta Guadalupe Murguía; Víctor Silva, del PRI; Roberto Guzmán, de PRD; Cristina Gaytán, PRD, y Araceli Damián, de Morena.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421811
La devastación que provocaron los huracanes “Ingrid y “Manuel” en la Montaña de Guerrero es aprovechada por empresas “fantasma” y los tres niveles de Gobierno que están cometiendo un “fraude descomunal” contra más de 16 mil familias que viven en comunidades indígenas, denunciaron líderes civiles.
Alrededor de 16 mil familias de 185 comunidades indígenas de 13 municipios de La Montaña de Guerrero denunciaron el “trato discriminatorio y defraudación descomunal” por parte de los tres niveles de gobierno y empresas privadas en la atención a los daños provocados por las lluvias de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, que hace más de dos años devastaron esa región.
Las miles familias que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) iniciaron ayer “la marcha Caravana contra el hambre y la discriminación” con dirección a la capital guerrerense de Chilpancingo a donde prevén llegar el miércoles. En su recorrido, harán una parada en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
La devastación que dejó a su paso el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” en La Montaña de Guerrero fue aprovechada por “empresas fantasmas” para cometer fraude a las miles de familias damnificadas, acusó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Es un fraude descomunal que se da a costillas del erario y de las instancias de gobierno, que son las responsables de vigilar. No están haciendo su trabajo. Las comunidades harán una denuncia ante la PGR [Procuraduría General de la República], para que investigue estas acciones que están generando un mayor daño y que de algún modo se está acreditando el delito de fraude”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con Barrera Hernández, la organización solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los nombres de las empresas que obtuvieron licitaciones para construir las viviendas, escuelas y hospitales en las comunidades afectadas, pero la información le fue negada.
Para el director de Tlachinollan, las empresas pertenecen a políticos que aprovecharon las sumas millonarias para obtener sumas millonarias del Fondo de desastres naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37 mil 425 millones de pesos en el 2014 y 30 mil 410 millones en lo que va del 2015 al 2018.
“Así se da ese fenómeno. Hay mucho encubrimiento de las autoridades. Más de 100 mil pesos por cada casa, de no más de 40 metros cuadrados, los materiales son de mala calidad, obligan a la que la gente empareje su propio terreno, cuando eso es obligación de la empresa y las familias les tienen que dar de comer a los trabajadores para que les hagan su casa”, dijo.
Abel Barrera indicó que hay 4 mil 200 viviendas que aún no han sido construidas. La mayoría de las familias damnificadas han reconstruido con palos y lodo las casas que destruyó el huracán.
Algunas familias viven en cobertizos, otras con familiares y a las que mejor les ha ido, les han entregado su casa en obra negra: sin puertas, ni ventanas.
“Como sucedió en San Miguel Amoltepec el Viejo. Tuvieron que dar de comer como compensación a los trabajadores y al final le dicen a la gente que ya entregaron la obra, y está en obra negra”, dijo.
El activista narró que las empresas fantasma llegan con los comisarios ejidales y les hacen firmar documentos que en la mayoría de los casos, no leen ni entienden.
Con esos documentos se “lavan las manos” e informan que las obras fueron entregadas, cuando las familias continúan sin techo y en extrema pobreza”.
“Ellos con eso se blindan, porque, ¿quién va a subir a La Montaña para verificar que ya fueron construidas?”, cuestionó.
Este miércoles la caravana llegará a Chilpancingo y las familias damnificadas solicitarán una reunión con el Gobernador de Guerrero y con autoridades federales.
PEÑA NIETO NO CUMPLIÓ
Abel Barrera Hernández, del centro de Derechos Humanos de la montaña la Tlachinollan, dijo a la prensa que el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de invertir parte de los 37 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero en la montaña no se materializó ya que, refirió, en los 13 municipios afectados los beneficios no han llegado.
De acuerdo con el Consejo aún hay:
4 mil 351 casas con necesidad de ser reconstruidas3 centros educativos afectados20 comunidades con afectaciones en centros de salud49 pueblos con daños en sus redes de distribución de agua potable21 comunidades con afectaciones en puentes colgantes20 puentes vehiculares destruidos75 comunidades con carreteras afectadas por deslave39 comunidades con daños en la red de energía eléctrica26 comunidades con daños en comisarías y delegaciones48 pueblos con afectaciones en huertos de árboles frutales90 por ciento de las huertas de café con pérdidas totales85 pueblos con daños en parcelas para milpa28 comunidades en alto riesgo de ser reubicadas, y69 comunidades con daños diversos como pérdida de ganado vacuno, bobino, caprino y avícola.
“Estamos exigiendo que Sedatu, Sedesol y la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, así como al gobierno del estado [que[ cumplan con los compromisos asumidos y erradiquen sus prácticas corruptas”, dijo el Consejo en un comunicado.
El Consejo de comunidades Damnificadas de la Montaña es una instancia creada por los pueblos ante la emergencia provocada por la tormenta “Ingrid” y el huracán “Manuel”, que ocasionaron graves daños a su patrimonio.
El Consejo fue constituido el 22 de septiembre de 2013 en la comunidad Me’phaa de La Ciénega Municipio de Malinaltepec, en La Montaña de Guerrero, como “una respuesta al trato desigual y discriminatorio que aplicaron las autoridades de los tres niveles de gobierno a las comunidades indígenas de La Montaña”.
En posicionamiento, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció que las comunidades damnificadas padecen los estragos de la naturaleza “pero sobre todo la voracidad de las autoridades y las empresas constructoras que se coludieron para atracar a las familias más pobres del país, quienes siguen viviendo sobre casas derruidas”.
“La tragedia se volvió el gran negocio para políticos y empresarios corruptos. Fue la gran oportunidad para varios patanes del poder que crearon empresas fantasmas para obtener sumas millonarias del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37 mil 425 millones de pesos en el 2014 y 30 mil 410 millones en lo que va del 2015 al 2018″, dijo la organización.
Dijo que para asegurar que estos fondos quedaran “dentro de los círculos más cercanos a las cúpulas del otrora partido de estado”, el Presidente Peña Nieto creó el Consejo Consultivo ciudadano para la restauración de Guerrero, “poniendo al magnate Miguel Alemán Velasco, como presidente del consejo, ‘en representación de la sociedad guerrerense’”.
“La lucha del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña es para poner un alto a esta devastación, sobre todo para contener la depredación del poder político que sigue socavando la vida de las familias indígenas al malversar los fondos destinados a garantizar sus derechos básicos”
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2015/1560422
Este caso se “ha transparentado más de lo normal”, dice el subprocurador responsable de la averiguación, quien niega que le hayan dado carpetazo. Un juez federal decidirá en diciembre si ampara a víctimas por presuntas anomalías en el caso.
Tras casi cuatro meses de investigación del multihomicidio en la colonia Narvarte, las pruebas que han reunido las autoridades fortalecieron sólo una línea de investigación: el crimen tuvo como origen la amistad de los responsables con la joven Mile Virginia Martin, una de las cinco víctimas, informó el subprocurador de Justicia del DF, Edmundo Garrido.
En entrevista con Animal Político, el funcionario local reconoció que aunque actualmente no tienen un móvil totalmente confirmado, el origen del homicidio múltiple está en el nexo de la joven colombiana con los detenidos. Defendió que la investigación que han hecho hasta ahora ha permitido construir un caso sólido ya consignado, del que se mantiene un desglose abierto.
Incluso, dijo que esta averiguación ha sido “transparentada más allá de los estándares regulares” pese a que esto ha generado situaciones “incómodas”.
Lo anterior, luego de que los abogados coadyuvantes de varias de las víctimas criticaron públicamente el trabajo de la Procuraduría e interpusieron una demanda de amparo en la que sostienen que no se han desahogado todas las pruebas requeridas y que tampoco se les ha informado con precisión de los avances.
Un juez federal admitió a trámite la referida demanda y será el próximo 8 de diciembre cuando se lleve a cabo la audiencia para la presentación de pruebas, y resolver si se concede el amparo, confirmo la abogada Karla Michel Salas.
No cerrado… pero casi
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantiene abierto un desglose de la averiguación previa iniciada por el multihomicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa ocurrido el 31 de julio, pero la parte medular del expediente ya fue consignada a un juez.
De acuerdo con el subprocurador Edmundo Garrido, se siguieron todas las líneas del caso incluyendo la que apuntaba a Veracruz por el autoexilio de dos de las víctimas de esa entidad – Rubén Espinosa y Nadia Vera – pero la que se fortaleció fue la del vínculo de los probables homicidas con Mile Virginia.
“Evidentemente que con tres personas consignadas una (línea) se fortalece y otras se debilitan. La que se fortaleció es que hay tres personas que privaron de la vida a estas cinco personas que estaban en el interior y que estas tres personas tenían un vínculo de amistad y afectividad con una de las personas que estaban en el interior” dijo el funcionario.
No obstante, el subprocurador reconoció no tienen los elementos suficientes para confirmar al cien por ciento el motivo que llevó a los sospechosos, según la PGJDF amigos de Virginia, para decidir matarla a ella y a todos los demás en el departamento. Es decir, no se ha confirmado el móvil del crimen.
Sobre la posibilidad de que el asunto tuviera que ver con la distribución de drogas en la ciudad, Garrido dijo que en la declaración de uno de los detenidos, está asentado que la joven colombiana recibía supuestos cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no hay pruebas que confirmen que eso sea cierto.
Garrido desestimó por otra parte, el que las tres personas detenidas por el caso – Daniel Pacheco, Omar Martínez y Abraham Tranquilino – hayan dado declaraciones contradictorias en torno a lo ocurrido en el interior del departamento del multihomicidio, pues dijo que a su juicio, hay pruebas suficientes para vincularlos en el caso.
“Ellos se hubieran podido reservar y de todos modos los hubiéramos consignado y hubiéramos obtenido el auto de formal prisión y la sujeción a proceso pues es evidente que son los que entraron y que ellos son los que salieron del departamento” subrayó el subprocurador.
Insistió en que la averiguación previa del caso no se ha cerrado ya que aún faltan algunos elementos de la investigación que recabar, entre ellos testimonios que no específico, así como la localización de otras personas que podrían estar involucradas en el homicidio.
¿Exceso de transparencia?
El pasado 6 de noviembre, los abogados coadyuvantes de dos de las víctimas del multihomicidio interpusieron una demanda de amparo, bajo el argumento de que la PGJDF se ha negado a darles un informe por escrito sobre el avance del caso, así como a realizar varias diligencias que han solicitado en los últimos tres meses.
Una de las litigantes, Karla Michel Salas, aseguró que la Procuraduría no ha realizado hasta ahora una reconstrucción completa de los hechos ni tampoco ha practicado otras diligencias que pidieron como coadyuvantes.
El subprocurador Edmundo Garrido dijo que la realidad – desde su perspectiva – es al revés, pues han dado una apertura total al expediente de la averiguación, tanto a los abogados coadyuvantes así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del DF, e incluso a oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Incluso, el subprocurador consideró que esta situación es lo que ha generado que se hagan cuestionamientos respecto al avance de la averiguación y se generen malentendidos.
“Es un asunto que se transparentó más de lo normal y en un asunto de homicidio la transparencia a veces provoca situaciones incómodas (…) Todas las averiguaciones se atienden de manera transparente pero si alguna ha rebasado el estándar es esta” dijo Edmundo Garrido.
Respecto al motivo por el cual la Fiscalía para la Investigación de Homicidios no ha realizado algunas de las diligencias solicitadas por los coadyuvantes, el subprocurador argumentó que varias de esas pruebas solicitadas corresponden más a un ejercicio de defensa de los detenidos que al trabajo propio del Ministerio Público.
Insistió en que los elementos que las pruebas que eran necesarias para sostener el caso consignado en contra de los detenidos ya se hicieron, incluyendo redes de vínculos y la recopilación de huellas dactilares por lo que el caso que se ha construido es sólido desde su punto de vista,.
“Hay muchas cosas que se nos han pedido y que de manera responsable el Ministerio Público ha contestado, hay cosas que no nos corresponden y muchas de esas cosas son a nivel defensa no a nivel de Ministerio Público, y no nos corresponde a nosotros. Nosotros ya presentamos los elementos que consideramos eran suficientes y ya un juez consideró que eran suficientes para someterlos a proceso” dijo,
En ese contexto, el amparo tramitado por los abogados coadyuvantes fue admitido por el Poder Judicial bajo el número de expediente 400/2015 y turnado al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo quien solicitó a la PGJDF un informe sobre la investigación realizada hasta el momento.
El próximo 8 de diciembre será la audiencia en la que se analizarán los elementos entregados por la Procuraduría y los aportados por los abogados en su demanda para definir si se concede o no el amparo.
“Ha habido varios amparos, algunos se han sobreseído, hemos contestado de manera responsable porque ningún amparo se puede dejar sin responder. Los informes previos y justificados se han dado de manera puntual” dijo Garrido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/caso-narvarte-sin-movil-pgjdf-concluye-que-amistad-de-detenidos-con-mile-fue-el-origen-del-crimen/
México, D.F: Víctimas directas e indirectas de la represión policiaca del 20 de noviembre de 2014 en esta ciudad durante las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa interpusieron denuncias penales y administrativas para exigir la reparación del daño y castigo a los responsables.
A través de la agrupación denominada Compas DH, cinco de los 11 ciudadanos detenidos, así como los defensores de derechos Humanos Layda Negrete y Juan Martín Pérez, víctimas de la agresión, presentaron denuncias por abuso de autoridad, detención ilegal, tortura, uso ilegítimo de la fuerza y falsedad de declaraciones.
Los cinco activistas que fueron detenidos y procesados por tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín son: Atzin Andrade, Hugo Bautista, Isaac Domínguez, Luis Carlos Pichardo y Tania Damián.
Con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de académicos e intelectuales como Denisse Dresser, Lorenzo Meyer, Luis González Placencia y Lydia Cacho, los denunciantes demandaron el esclarecimiento de los hechos en los que participaron efectivos de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal y, según algunos testimonios, del Ejército mexicano.
También exigieron determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el diseño del operativo, así como la reparación de daño.
Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia (ODI), recordó que en el proceso penal que se siguió a los 11 inculpados –remitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) a los penales de máxima seguridad de Perote y Nayarit –, “cinco policías federales declararon que los detenidos se llamaban entre sí ‘compas’ y que eso los hacía cómplices, que habían sido detenidos frente al Palacio Nacional, que formaban parte de un grupo de 40 personas y que estaban tratando de asesinar a un policía”.
No obstante, dijo, las acusaciones cayeron cuando se demostró que las detenciones ocurrieron en distintos sitios al señalado.
“Es una estrategia que va más allá de cinco policías que decidieron detener arbitrariamente y fabricar delitos. Un punto fundamental es establecer responsabilidades más allá de estos servidores públicos”.
De acuerdo con Griesbach, se trata de una estrategia que también se aplicó en manifestaciones “que se ubican entre 2012 y 2014 en contra de acciones de esta administración: del 2 de octubre, 1 de diciembre y las relacionadas con Ayotzinapa”.
Y precisó que si hay voluntad del Estado, el asunto se va a esclarecer sin ningún problema.
“En la denuncia se piden garantías en términos de satisfacción, que muchas veces se considera un monumento, una disculpa pública, nosotros lo entendemos. Como el derecho a la verdad, tiene que ver con un esclarecimiento de cómo sucedieron los hechos, el reconocimiento de que no fueron acciones de unos servidores públicos actuando por la libre, necesitamos saber cómo se organizó, cómo se planeó, y esa verdad constituye una pieza indispensable para garantías de no repetición”, añadió.
Las denuncias fueron presentadas el pasado viernes 20 en la PGR, pero también ante la Secretaría de Gobernación (por reparación administrativa), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Comisión Nacional de Seguridad, y a nivel local ante la SSP capitalina, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria General de Gobierno.
En las querellas se reproduce el contexto en que se han desarrollado las manifestaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la respuesta violenta de los cuerpos policiacos federales y del DF, así como el testimonio de cinco de los detenidos esa noche, y el de Juan Martín Pérez y Layda Negrete.
Como pruebas de la política represiva en la ciudad a partir de 2012, se incluyó la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y actas circunstanciadas de la quejas presentadas ante ese organismo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2014.
Destacan también los protocolos de operación de las corporaciones policiacas que participaron en la represión, la inspección de las videograbaciones captadas por las cámaras de la SSP del DF, así como los certificados del estado de salud de los detenidos, elaboradas por los visitadores de la CNDH y la CDHDF.
Y además de las resoluciones judiciales, los denunciantes ofrecen como pruebas videos grabados por particulares referentes a las detenciones ocurridas en aquella ocasión, así como notas periodistas.
Luis Carlos Pichardo, uno de los manifestantes que fue detenido y posteriormente liberado el 29 de noviembre del año pasado, habló del miedo que sufrió cuando él y sus compañeros fueron “incomunicados, golpeados, amedrentados y humillados”.
Dijo que aún recuerda las patadas que le propinaron “elementos del Ejército y de la Policía Federal, que al golpear decían: ‘tienes miedo, tienes miedo’”.
Luego de señalar que fueron vulnerados sus derechos, incluso “nuestras necesidades fisiológicas”, además de que “fuimos señalados como delincuentes”, Pichardo relató que decidió apoyar la iniciativa de Compas DH porque “lo que se está necesitando en este país es justicia y para que eso que sufrimos no vuelva a suceder”.
Por su parte, Juan Martín Pérez García sostuvo que la represión del 20 de noviembre del año pasado “pretendía trastocar la solidaridad a la que fuimos convocados por los hechos de Ayotzinapa, que no cabe duda pasarán décadas y seguirá siendo una herida para México”.
A un año de los hechos, cuando en las redes sociales y medios de comunicación se publicó una imagen de Pérez García tratando de proteger a su familia de los golpes de granaderos, éste manifestó que con las querellas presentadas se busca “que no quede en el olvido lo ocurrido esa noche, que no nos conformemos con lamernos las heridas para estar listos para la siguiente agresión del Estado. Lo que se requiere es que se investigue, aunque sea a través de la máquina podrida del Estado mexicano”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421777
México, DF: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión en contra de los empresarios que presuntamente firmaron contratos con el extitular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, para la expedición de 10 mil tarjetas “Premia Platino”.
Se trata de María Guadalupe Robles –hermana de Luisa María Robles, apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles–, Pablo Líder Robles y Ramiro Quintero Ramos, quienes realizaron aportaciones en dinero y en especie, pese a que eso está prohibido por ley.
Con base en la denuncia que presentó la exdiputada federal perredista Julissa Mejía y una más que promovió el PAN, la Fepade determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral encabezado por Escobar y Vega cuando fungía como vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La indagatoria está enfocada en las tarjetas denominadas “Premia Platino” que el PVEM compró a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y Escobar y Vega, como representante legal del partido, firmó los contratos con esos empresarios violando la ley electoral.
Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), así como en el artículo 7 Fracción XXI relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (INE).
Este jueves la exdiputada Julissa Mejía acudió a la Fepade para conocer la resolución de la demanda que interpuso contra el PVEM el 9 de abril pasado, previo al proceso electoral.
De acuerdo con la denuncia, Proyectos Juveniles subcontrató a la empresa Cards, de Pablo Líder Robles –quien se encargó de elaborar las tarjetas–, así como a Multiservicios, de Ramiro Quintero Ramos, responsable de la distribución de los plásticos que podían ser usados en miles de establecimientos.
La Fepade informó que la orden de aprehensión contra Escobar y coacusados es sólo por el uso de las tarjetas Premia Platino, aunque hay otros temas que quedaron pendientes.
“Por la información que proporciona la Fepade se advierte otra vez un esquema de triangulación en el reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012”, destacó la exlegisladora perredista.
Añadió: “No descarto que haya algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta denuncia que ya daba por desechada. Éste es un paso importante, ya que es delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, y ya no nos vamos a quedar como si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana”, advirtió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421779
MEXICO, DF: Alegando “presiones” de autoridades federales, la defensa de Elba Esther Gordillo Morales se desistió en su demandada de amparo por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, dos de los tres delitos por los que la maestra ha sido procesada desde su arresto, en febrero de 2013.
Así se difundió a través del portal que abogados y familiares de Gordillo crearon para litigar públicamente su caso (elcasodelamaestra.com), donde se alega:
“Hemos podido conocer de una serie de presiones por parte de autoridades federales que hicieron caso omiso –por intereses y aspiraciones propias– a la posición que fijó el Presidente de la República desde que ocurrió la detención, quien fue enfático en señalar que en este caso se respetaría el debido proceso”, dice un boletín de prensa.
El recurso de desistimiento se presentó esta mañana, a unas horas de que el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial de la Federación debatiera el proyecto de sentencia de amparo por violación de derechos humanos y garantías individuales en contra de la exlideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) y dos presuntos cómplices en el auto de formal prisión por las acusaciones mencionadas.
Sin embargo, acusan los abogados de Gordillo Morales, la filtración a la prensa de que su defendida sería beneficiada con el amparo, aun antes de discutirse, propició el desistimiento y la determinación de “valorar con seriedad lo ocurrido” antes de retomar la estrategia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el asunto.
Como consigna, la publicación concluye: “Se denuncia públicamente el hecho, a fin de que quede constancia de lo que sucede en un asunto que, sin el menor sustento jurídico, pretende mantener un estado de cosas tal que privilegie otros intereses por encima del Derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTO: SANTIAGO IGARTÚA.
FECHA: 26 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421796
Orizaba, Ver.- La parálisis económica por la que atraviesa Veracruz puede provocar estallidos sociales al acercarse el fin de año; de hecho los pensionados del IPE advierten la dificultad que tendrá la Secretaría de Finanzas para solventar el pago de prestaciones y aguinaldos, tan sólo a ese sector e incluso revelan que el Gobierno del estado incumplió con el pago del retroactivo, del incremento salarial, que se aprobó desde enero pasado.
De acuerdo con Jesús Arenzano Mendoza, representante del Frente en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado, la crisis económica del gobierno del estado, “cada vez es más evidente”, considera y pone como ejemplo la insuficiencia que ha tenido la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para pagar el retroactivo -del incremento salarial- que contempla desde el mes de enero y que no se ha pagado.
En la entregas de los contra cheques, “quedó evidenciado la insolvencia económica del gobierno del estado debido a que tampoco en el pago que se realizará a fin de mes, se contempla el pago del retroactivo salarial, simplemente no se tiene dinero para poder cubrir ese pago que se debió hacer desde mayo pasado”.
Este pago es el producto del aumento salarial, “pero nos deben 11 meses con noviembre y tenían que venir en los cheques de este fin de mes pero no sucederá y eso ya nos preocupa, porque con las condiciones en sí nos hace pensar que en diciembre, cuando se deba de pagar el aguinaldo y demás prestaciones de fin de año, el gobierno del estado va a tener problemas para poder cubrir nuestros pagos”
Advierte que si eso sucede, “no se dude que vamos a iniciar movilizaciones como lo hecho en otras ocasiones para exigir que se cumpla con lo que por ley nos corresponde. En nuestra organización tenemos como objetivo defender las prestaciones de jubilados y pensionados, pero también tiene la intención de impulsar las reformas que requiere el Instituto como lo es la rendición de cuentas, que tanto afecta a la vida del IPE”
Este escenario, explica, “nos anticipa la posibilidad de que haya nuevas reformas al sistema de pensiones del estado, sobre todo si partimos de la base en el hecho de que el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), José Ángel Gurría, propuso que México debiera reducir la pensiones- de sus ex trabajadores- en un 50 por ciento, esto en sí ya es una amenaza y no dudamos que podrían venir reformas otra vez en el IMSS e Issste”
Pero los pensionados de Veracruz, apunta, “ya estamos tomando las precauciones necesarias y por ello vamos a reunirnos en un congreso estatal, en donde analizaremos las condiciones en las que se encuentra el sistema pensionario de la entidad y si detectamos el inicio de nuevas reformas, nos sumaríamos a organizaciones de carácter internacional y nacional en defensa de jubilados y pensionados, vamos a escalar la lucha”.
Por otro lado, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, la agrupación que aglutina a los pensionados del estado, rechaza las agresiones a las que fueron sometidos los docentes veracruzanos el pasado fin de semana, “queremos hacer un llamado de alerta a los ciudadanos veracruzanos, porque si esto lo dejamos pasar, no nos quejemos que se apliquen a cualquiera que tuviera un desacuerdo, porque fueron acciones brutales por medio de la policía, sacaron a los profesores de los hoteles donde estaban hospedados”.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/la-crisis-de-veracruz-se-vera-reflejada-en-el-pago-del-aguinaldo-pensionados/?utm_source=hootsuite
Coatzacoalcos, Ver.- Debido al enfrentamiento de dos células delictivas de los Zetas en el límite entre Tabasco y Veracruz, se establecerán retenes de ingreso a la entidad para frenar su operación en los municipios de la región sur.
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública del estado, ratificó que los informes de inteligencia de diversas corporaciones de la policía, detectaron la operación de dos células de un mismo cartel, los cuales se están peleando territorios.
Indicó que el grupo más antiguo se está peleando con el nuevo, por eso se ha registrado un disparo en los homicidios dolosos en municipios como Coatzacoalcos y Las Choapas.
La nueva célula de las zetas opera en Tabasco y cruza la frontera con Veracruz para delinquir, por eso firmarán un convenio con su similar tabasqueña para realizar investigaciones y perseguir a los miembros de este grupo.
Especificó que en los límites entre Las Choapas y Huimanguillo se establecerán filtros de vigilancia que apoyarán a los retenes que mantiene la policía federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
La frontera sur está considerada como un foco rojo y la Secretaría de Seguridad Pública utilizará un helicóptero para realizar gráficas de la circulación en esa zona, como una forma de apoyar la vigilancia.
“El delincuente pasa una frontera y nosotros dejamos de tener atribuciones para perseguirlo, ya tenemos convenios con Tamaulipas, Oaxaca y San Luis Potosí y ahora vamos a firmarlo con Tabasco”, anotó Bermúdez Zurita.
El funcionario manifestó que ya se tiene esquemas de vigilancia similares en otras fronteras y sólo en los límites con Tamaulipas se instalaron arcos de seguridad.
Reciclan patrullas de Tránsito
El secretario de Seguridad Pública presidió la entrega de 4 unidades usadas para la Dirección de Tránsito además de bicicletas y motos, las cuales fueron retiradas de otro municipio para reforzar la vigilancia vial.
Las unidades fueron pintadas y remachadas para que parecieran nuevas, aunque en su interior se notaba que ya tienen varios años de uso.
Para este evento se organizó nuevamente un desfile de unidades de la Secretaría, traídas de otros puntos del estado, aunque Bermúdez Zurita aseguró que estarán laborando de manera permanente hasta que se cuente con la nueva generación de policías, en diciembre.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/retenes-frenaran-a-celulas-delictivas-en-veracruz-dice-bermudez-zurita/?utm_source=hootsuite
