domingo, 29 de noviembre de 2015

“El Bronco”, en reversa

Jaime Rodríguez Calderón llegó a la gubernatura de Nuevo León en buena medida por sus fuertes críticas al gobernador priista Rodrigo Medina y por sus atractivas ofertas de campaña. Ahora argumenta que no conocía la dimensión del desastre en las finanzas y se desdice de sus promesas electorales. Y lleva sólo dos meses en el cargo.

MONTERREY, NL: El arranque del sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha sido titubeante.

En sus dos primeros meses de gestión, colisionó de frente con el Congreso de Nuevo León y tuvo que reconocer el incumplimiento de promesas de campaña como la de eliminar la tenencia vehicular: ahora la respalda con el argumento de que el estado está quebrado y necesita recursos para aliviar el déficit.

Además debe cargar con el compromiso de la anterior administración con la armadora coreana Kia, próxima a inaugurarse en la entidad. Rodríguez dice que el pacto es abusivo y lo renegociará, pues a la trasnacional se le regalaron como incentivos miles de millones de pesos.

Pero el mayor problema de carácter político es la sombra del exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, a quien El Bronco responsabiliza de todos los males pero aún no se anima a llevar ante la justicia.

Con un gobernador independiente, que no puede seguir la costumbre de enviar sus propuestas para que las impulse la fracción de su partido en el Congreso, el PRI y el PAN responder a Rodríguez Calderón con acuerdos previos; juntos forman mayorías simple y calificada para mover como deseen los acuerdos y, en su momento, las leyes.

Para colmo, los partidos y sus dirigentes están rebasados. El PRI viene de perder la gubernatura y el PAN, tercera fuerza política, tiene un nuevo dirigente que carece de liderazgo. La línea que envían a sus bancadas es ignorada. Los que mandan son los diputados.

Ellos decidirán el presupuesto para 2016, que sigue contemplando el cobro de la tenencia vehicular.

En campaña, El Bronco ofreció eliminar el impuesto de la tenencia vehicular. “Pagarla o comer bien”, ofreció. Aunque ese cobro fue derogado en 2011 por el presidente Felipe Calderón, estados como Nuevo León decidieron conservarlo.

Sin embargo, ya como gobernador Rodríguez Calderón dijo que el estado no tiene recursos y por lo tanto no emprenderá obra pública en los primeros seis meses. También suplicó a los legisladores que no quitaran la tenencia. Incluso hubo un acuerdo inicial para retirarla gradualmente que el mandatario vetó.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421976

El Ramo 33, para la delincuencia organizada

La delincuencia organizada tiene repartidos todos los municipios de Guerrero o se los disputa, pero se fortalece aún más con extorsiones a los presidentes municipales y a los constructores que realizan obras del gobierno. Los más afectados, como siempre, son los pobladores. Por eso cobran dimensiones alarmantes las denuncias de dirigentes del PRD sobre los presuntos acuerdos del gobernador priista Héctor Astudillo con el crimen organizado para intercambiar apoyos electorales por impunidad.

MÉXICO, DF: Convulsionado por el hallazgo de decenas de fosas clandestinas y la desaparición de los estudiantes normalistas, el estado de Guerrero enfrenta un “reacomodo” del crimen organizado a partir de que el priista Héctor Astudillo llegó a la gubernatura el pasado 6 de junio.

Además, los nueve grupos criminales que se disputan el territorio siguen exigiendo a los alcaldes entrantes un “derecho de piso” de 15% de los fondos que les entrega la federación; de lo contrario comienzan las amenazas, el cierre de los establecimientos que tengan y, finalmente, sus vidas penden de un hilo.

Es el caso del presidente municipal perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, quien le arrebató el municipio al PRI en junio pasado. Apenas asumió el cargo, Los Caballeros Templarios –que según un documento oficial  no dominan esa zona– le exigieron 3 millones de pesos. Soto se negó a pagar.

Después de casi dos meses recibió la amenaza: o entregaba el dinero o “clausuraban” dos de sus comercios. El mensaje de texto fue el siguiente:

Buenaz nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidió d favor qce arrime a platikar, noc aarrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me komenta mi apa q para mañana lunes kiere loz 3 millonez akordadoz, ia ez mucho tiempo, d lo kontrario si paza un día zera lo doble.

Soto volvió a negarse. El pasado lunes 23 Los Caballeros Templarios cerraron las dos refaccionarias del alcalde.

En entrevista con Proceso, Soto recuerda que cuando Carlos Navarrete era presidente nacional del PRD, le sugirió denunciar el caso ante Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad. Así lo hizo y el funcionario se comprometió a tomar medidas preventivas, pero nada ocurrió. Ante la inacción de la autoridad federal, Soto puso “a disposición de la dirigencia nacional” del PRD la presidencia municipal, aunque sigue despachando en  Ciudad Altamirano, en Pungarabato.

Agustín Basave y Beatriz Mojica, presidente y secretaria general del PRD, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para el alcalde, además de hacer responsables a las autoridades federales de la vida de Soto y su familia.

Para este año la federación destinó a los 81 municipios de Guerrero poco más de 4 mil millones de pesos a través del Ramo 33. Si los extorsionadores demandan una cuota del 15%, esto implica que el gobierno federal “subsidia” al crimen organizado con 600 millones de pesos.

Esto, además de la cuota de 50 mil a 100 mil pesos que los delincuentes exigen a los pequeños comerciantes y al 20% que se les exige a los constructores por las obras estatales y federales que realizan en los municipios, como admiten algunos empresarios que pagan la extorsión con tal de seguir trabajando.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421974

"Fueron sólo 200 profesores a evaluarse"; seguirá protesta, destacan

Cientos de policías resguardaron las vallas, con un cartel en el cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y no la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les decía “maestros bienvenidos”, a quienes presentarían su examen de evaluación.

Inconformes a la reforma educativa arribaron a las 08:00 horas a la Plaza Lerdo, previamente habían marchado por las principales calles de la capital del estado.

Los manifestantes determinaron no ir al Complejo Omega para evitar una confrontación ante tantos retenes policiacos. Denunciaron que dirigentes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) y de la Coordinadora Nacionales de Trabajadores de la Educación (CNTE) han sido amenazados de muerte y que aunque el gobierno presumió que el 98 por ciento de mil 500 docentes de educación media superior presentaron su evaluación, “fueron sólo 200, los demás eran trabajadores del propio gobierno”.

Matan a cinco en distintos hechos de violencia en la ciudad, entre ellas un niño de un año

Matan a cinco en distintos hechos de violencia en la ciudad, entre ellas un niño de un año. Balean por la madrugada cerca de la Central de Abastos a tres personas, una de las cuales murió.

Cinco personas asesinadas a balazos, un niño de un año entre ellos, así como tres heridos más en diferentes hechos, fue el saldo de otra jornada de violencia en la ciudad.

Este viernes se presentó un ataque a una familia que causó la muerte de una mujer y dejó heridos a su esposo e hijo de un año en la colonia La Sabana. El menor murió posteriormente. Otro asesinato ocurrió en la avenida El Quemado, por la Central de Abasto. Uno más dentro de una casa en la colonia La Laja y otro en el Centro.

A las cinco de la mañana fue reportado a las autoridades el ataque a una familia en la avenida Lázaro Cárdenas, por la colonia La Máquina.

Paramédicos de la Cruz Roja, así como agentes de la Policía del Estado y Federal llegaron a dicha avenida y en la gasolinera de la colonia La Máquina encontraron dos personas heridas, entre ellos un niño de un año, y una mujer muerta a disparos, identificada como Isabel Ortega García de 45 años, quien quedó en el asiento del copiloto.

Las tres personas agredidas son integrantes de una familia, que circulaban por la avenida en un taxi colectivo amarillo con blanco de la ruta Coloso-Sabana con número económico 0557 y placas de circulación 4057-FFY.

Según las autoridades, el chofer del taxi explicó que viajaba con su familia cuando por el rastro en La Sabana, hombres armados desde otro vehículo les dispararon, quedando heridos él y su hijo y su esposa Isabel muerta, por lo que aceleró el taxi para poder llegar a la gasolinera de la colonia La Máquina. Los agresores huyeron del lugar.

El chofer, esposo de Isabel y su hijo de un año, fueron auxiliados por los paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para su atención médica, pero al mediodía de ayer, el niño murió en el hospital General de Ciudad Renacimiento.

Se informó que los agentes policiacos encontraron en la zona del crimen al menos tres casquillos percutidos de calibre 9 milímetros.

Una hora antes,  a las cuatro de la mañana, los agentes policiacos acudieron a la avenida de El Quemado por la Central de Abastos donde tres hombres habían sido baleados.

Los agentes policiacos llegaron a dicha avenida esquina con la calle 15 y a unos metros de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, y encontraron atados de las manos hacia atrás y con signos de tortura, los cuerpos de tres hombres. Uno de ellos de playera amarilla y pantalón de mezclilla azul, fue hallado ya muerto, con al menos cinco disparos en el cuerpo y uno en la nuca.

Los otros dos hombres presentaron disparos en el cuerpo y rostro, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Renacimiento.

La zona fue acordonada por agentes policiacos y efectivos del Ejército, mientras que el agente del Ministerio Público realizaban las primeras diligencias.

Poco antes del medio día de ayer, otro hombre fue hallado muerto a disparos dentro de un cuarto de una vecindad en la colonia La Laja.

De acuerdo con la información que propietarios de la vecindad dieron a las autoridades, a las cuatro y media de la mañana de ayer fue reportado disparos en dicha colonia, cerca de uno de los cuartos de una vecindad.

Pero fue poco antes del medio día los vecinos descubrieron que uno de los inquilinos estaba muerto, con disparos en el cuerpo y rostro, por lo que alertaron a las autoridades.

Los agentes policiacos llegaron al callejón Agapando de dicha colonia y en un cuarto desordenado y con basura encontraron el cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años, a un costado de una cama, vistiendo solamente una bermuda y en su cabeza una gorra.

Los agentes policiacos localizaron en el cuarto una pistola calibre 9 milímetros, y del mismo calibre dos casquillos percutidos.

Una de las versiones de los agentes policiacos es que al parecer el cuarto donde fue hallada la víctima y otro adjunto que también rentaban, funcionaban como casa de seguridad de una presunta banda criminal.

A las seis y media de la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos en la colonia Centro del Barrio de Petaquillas.

Los agentes policiacos encontraron el cuerpo de un hombre asesinado en la calle Cinco de Mayo en dicho barrio, tirado boca abajo, en medio de la vía y con disparos en el pecho y rostro.

La víctima de unos 30 años, vestía una playera blanca con el logotipo de la UAG, una gorra con una bermuda blanca. Según las primeras ver0siones, al parecer fue perseguido por sus agresores.

En todos los homicidios, los cuerpos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales correspondientes.


En lo que va del año en el municipio suman 803 asesinatos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

FUENTE: EL SUR.
AUTOR: CARLOS MORENO A.
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://suracapulco.mx/4/matan-a-cinco-en-distintos-hechos-de-violencia-en-la-ciudad-entre-ellas-un-nino-de-un-ano/

Que la Corte no abdique en la defensa de las libertades: Sánchez Cordero

Testigo de las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1994, Olga Sánchez Cordero pasa revista a la labor del máximo tribunal en los cuatro sexenios (dos priistas, dos panistas) que le tocó vivir como ministra, cargo del cual está a punto de retirarse; y advierte –ante el inminente relevo de integrantes de la SCJN– que no es posible retroceder en la protección de los derechos ni renunciar a las libertades, especialmente ahora, cuando las políticas de seguridad nacional los amenazan.

MÉXICO, DF: Cuando la seguridad se ha convertido en la prioridad de los gobernantes, a los jueces les toca defender las libertades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como tribunal constitucional, no puede abdicar de esa defensa, aun cuando deba enfrentarse al presidente de la República o los senadores, quienes deciden su conformación.

Las propuestas para la designación de los ministros dicen mucho del titular del Ejecutivo federal en turno, pero más las votaciones de los jueces constitucionales: si reivindican la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), obedecen a sus antiguos jefes o ponen por delante su ideología.

En momentos en que el Senado procesa las ternas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para la elección de los nuevos ministros de la SCJN, y a unos días de convertirse en ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero pone en esos términos la tarea de la institución en los próximos años y advierte en entrevista: “La Corte no puede retroceder en la protección de los derechos. Es un camino que nunca se acaba”, sobre todo cuando la seguridad está al acecho de las libertades.

Sánchez Cordero fue una de los 11 ministros de la reforma de 1994, cuando durante el receso judicial de fin de año desapareció la Corte del presidencialismo priista en lo que entonces se llamó el “golpe de Estado técnico” del presidente Ernesto Zedillo. La actual conformación y concepción de la SCJN se echó a andar en enero de 1995.

Marginado durante décadas, convertido en un poder de tercera durante el presidencialismo priista del siglo pasado, el PJF, que tiene en la SCJN su máxima representación, en dos décadas ha pasado a dirimir las diferencias entre los poderes formales del Estado y a “defender e incluso reparar derechos violados”, aun cuando en 2010 el Ejecutivo y el Legislativo le quitaron la facultad de investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421973

Pobreza y marginación causan muertes maternas; indígenas en México, las más vulnerables

En México, una de las poblaciones vulnerables a este tipo de situaciones es la población indígena, aseguró el Director General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Ciudad de México, 28 de noviembre: La mortalidad materna en América Latina está ampliamente relacionada con la pobreza, falta de educación y desigualdad, así como con deficiencias en el acceso a la salud y la calidad de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio.

Así aseguró Cuauhtémoc Ruiz Matus, director interino del Departamento de Familia, Género y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco de la presentación en México de la campaña #CeroMuertesMaternas, que busca reducir la muerte de mujeres por hemorragia posparto en la AL.

El representante de la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que aunque en los últimos cinco lustros la región ha presentado una importante reducción en mortalidad materna, “los avances han sido insuficientes [pues] aún más de 5 mil mujeres mueren en en América Latina y el Caribe por complicaciones evitables del embarazo y del parto. En la región, todos los días mueren al menos 16 mujeres por estas causas”.

Los principales grupos de edad en los que se encuentran más muertes por hemorragias son en menores de 16 años y mayores de 35; y el fenómeno generalmente está ligado a mujeres con múltiples embarazos, cesáreas previas o que tuvieron complicaciones en otros embarazos.

Pero Riuz Matus apuntó que esta problemática no sólo es de tipo médica y de salud, sino también social, por lo que es necesario atenderla de forma integral “haciendo frente a las desigualdades y a las inequidades, y a las determinantes sociales en salud como es la pobreza, la educación, la falta de acceso a transporte, el acceso a servicios de planificación familiar, la atención oportuna y de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio”.

En entrevista para SinEmbargo, el médico detalló que es urgente que los gobiernos entiendan y disminuyan estas inequidades y detalló que la sensibilización y capacitación del personal de los centros de salud es crucial para evitar la mortandad materna:
“Los responsables de organizar y brindar servicios de salud tenemos que entender el contexto comunitario en los que están las embarazadas para darles consejerías y apoyo [...] Hay mujeres que tienen que atravesar ríos, cerros o montes. Que no pueden pagar el dinero del transporte. Hay que saber cómo sacarlas de la comunidad y participar con los pobladores para atenderlas oportunamente.

“Por otro lado, muchas veces las mujeres que llegan son rechazadas o enviadas a otras instituciones, o no está el médico, o está lleno, etcétera. Tenemos que trabajar con los prestadores de salud para que no exista rechazo a las mujeres embarazadas. Debemos sensibilizar al personal, tener personal calificado y garantizar una atención oportuna”, dijo.

“En este sentido, los países de las Américas deben proveer de elementos necesarios para  tener servicios de salud oportunos y de alta calidad, porque eso, en la región, sigue siendo un desafío”, añadió.

En cuanto a los avances de la materia, Ricardo Juan García Cavazos, Director General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, perteneciente a la Secretaría de Salud, señaló que ya se han implementado 109 Posadas de Atención a Mujeres Embarazadas en comunidades de difícil acceso a la salud, en las que mujeres embarazadas pueden alojarse previo al parto para recibir atención oportuna.

También en entrevista para SinEmbargo, el funcionario señaló que aunque en el país las muertes maternas se han reducido, aún es “necesario visibilizar y combatir determinantes que pueden influir en inequidades como acceso a los servicios de salud, la distancia a recorrer para tener acceso, las situaciones del escenario de vida, y la atención a la prevención de embarazo adolescente”.

En México, anualmente mueren alrededor de 860 mujeres por alguna causa relacionada con el parto o embarazo, y entre los estados que presentan las tasas mas altas se encuentran Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo y Puebla. Estados como Colima, Nayarit, Campeche y Tamaulipas, por su parte, presentan tasas mulas de mortalidad por estas causas.


“Una de las poblaciones vulnerables a este tipo de situaciones es la población indígena, por las dificultades que enfrentan en el acceso a la salud”, señaló García Cavazos. Por ello, insistió: “para garantizar una atención integral al tema se requiere de responsabilidades compartidas de todos y cada uno de los que tomamos parte de los sectores tanto económico, educativo, social y en salud. Todos tenemos que entrar en este esfuerzo por disminuir inequidades y poder atender mejor a las mujeres”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PAOLA RAMOS ROMERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-11-2015/1561610

Alfredo Castillo: De apagafuegos de Peña Nieto a verdugo de los atletas olímpicos

La cruzada de Alfredo Castillo contra las federaciones deportivas mexicanas llevan un sello de imposición que ha caracterizado durante años al que fuera considerado el “apagafuegos” de Peña Nieto. ¿Su presencia terminará dejando a México fuera de Río 2016?

Alfredo Castillo Cervantes llegó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sin ningún antecedente en este rubro. Sin embargo, detrás de él llevaba arrastrando una serie de escándalos. Con esa misma tónica incursionó en el deporte y no ha defraudado a su historial turbulento.

Su mandato en este sector ha hecho gala de la misma intolerancia que caracterizó su paso previo como Comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, la Procuraduría del Estado de méxico, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otros lugares e instituciones que ha pisado. Con esta misma tendencia, ahora busca imponerse en su nuevo cargo sin medir las consecuencias.


El primer paso de Castillo Cervantes fue fiscalizar el dinero que la Conade daba a las federaciones y al encontrar irregularidades como facturas falsas, largos periodos de dirigencia, abusos de autoridad y desfalcos, decidió abanderarse en una cruzada que ahora tiene a la participación mexicana en Río 2016 pendiendo de un hilo.

Las medidas despertaron inconformidades de inmediato. Sin embargo, lejos de relajar su imposición, decidió llevar las cosas un paso más allá y pidió a Federaciones Internacionales que desconocieran a sus filiales en México y realizó otro tipo de maniobras como apoyar las ligas de beisbol profesional para que se desvinculen de su Federación.

La primera “desconocida” internacionalmente fue la federación de Lucha Olímpica y ante la situación otras nueve federaciones mexicanas (box, atletismo, pesas, boliche, lucha, tiro con arco) se unieron para emitir un comunicado al Comité Olímpico Internacional (COI) que explicaba lo que se estaba viviendo.

Carlos Padilla, titular del (Comité Olímpico Mexicano) COM, se encargó de enviar el mensaje a Thomas Bach, titular del COI y, según Padilla, éste considera que ya es una intromisión excesiva del Gobierno federal, acción que va en contra de la Carta Olímpica.

“A los que se les va a revertir es a los hoy quejosos, porque va a quedar exhibidos internacionalmente como lo que son, presuntos delincuentes, gente que le ha hecho daño al deporte”, dijo el directivo respecto a los señalamientos del COM y las distintas federaciones que se han mostrado en desacuerdo con las medidas implementadas por Castillo Cervantes.
“Lamentó que en el país tengamos un comité olímpico que está más preocupado por el COI que por México”, agregó.

ADMINISTRADOR SEVERO

Las federaciones nacionales en México son Asociaciones Civiles que reciben dinero del Gobierno federal para desarrollar su deporte. Sin embargo, a pesar de que deben comprobar ese recurso a la Conade, la rendición de cuentas de todo su trabajo se la deben a sus federaciones internacionales.

No obstante, Castillo se empeña en defender el dinero del Estado como si fuera suyo y, al menos tratándose de eventos realizados en nuestro país, afirma que no está dispuesto a perder más dinero.

“No queremos seguir gastando cientos de millones de pesos sólo por amenazas”, dijo el directivo refiriéndose al preolímpico de basquetbol, por el que se tuvieron que pagar unos 74 millones de pesos a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para garantizar que la competencia se realice en México.

La renuencia de Castillo no sólo se extiende al basquetbol. Actualmente la Conade sostiene un juicio en Suiza, sede de la Federación Internacional de Natación (FINA), debido a un pago que exige el organismo internacional por el contrato que no se cumplió al renunciar al mundial de la especialidad que se realizaría el año pasado en Guadalajara.
“Nos estamos enfrentando a federaciones que quieren que se pague, pero no queremos seguir regalando dinero”, agregó el directivo.

Simultáneamente, la Conade ha dejado de darle recursos a algunas federaciones, sin importarle que dicho presupuesto estuviera etiquetado desde el año pasado. Esto ha afectado a atletas, como los de tiro con arco, entre los que se encuentra la medallistya olímpica Aída Román, que deben pagarse sus viajes para competir o los boxeadores que “botearon” en la calle para ir al Mundial, por plaza olímpica.

Ante las intromisiones y falta de apoyo al deporte olímpico mexicano, por parte del Gobierno Federal, el COI piensa sancionar a Mexico y tomará la decisión entre el 8 y el 10 de diciembre, cuando se lleve a cabo la reunión del Comité Ejecutivo del organismo, en donde se tocarán los problemas del deporte mexicano. El castigo puede ser que las insignias nacionales (Himno y Bandera) no aparezcan en Río 2016.


Respecto al destino de los atletas, una delegación de México con deportistas nacionales clasificados a Río 2016 podrían competir, pero estos portarían las insignias olímpicas y, en caso de ganar una medalla de oro, sonaría el himno del COI.

UN PASADO TURBULENTO


Desde hace más de una década, a Castillo Cervantes lo ha caracterizado una tendencia preocupante a estar ubicado en puntos de conflicto, ya sea por nombramiento o por sus mismas acciones.

Castillo fue asesor de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2002, con Rafael Macedo de la Concha; fue director del área de Planeación Estratégica de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR. Después de esto, estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como director de Concertación, Modernización y Profesionalización y director de Servicios de Seguridad Privada. Años después ya era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, y en mayo de 2010, el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto lo designó como titular de la Procuraduría del Edomex cuando Alberto Bazbaz renunció por el escandaloso caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette. Nunca se responsabilizó a nadie por la muerte  de la menor.

Como Procurador  también tuvo a su cargo la captura de Óscar Osvaldo García, alias “El Compayito”, líder de la organización delictiva conocida como La Mano con Ojos, conformada por células del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Uno de los golpes más polémicos de Castillo al frente de esta dependencia fue la detención de 17 personas involucradas en el robo y la violación de siete menores que se encontraban en un campamento en el lugar conocido como “El Colibrí”, en Chalco. La presentación del video en el interrogatorio a los detenidos y la crudeza con la que se hablaba de los hechos, principalmente las violaciones,  generó una serie de críticas por la difusión de los mismos en los medios de comunicación.

Se recibieron distintas quejas por parte de los familiares de las víctimas pues las declaraciones de los presuntos culpables fueron transmitidas por cadena nacional y se detallaban los ultrajes a las víctimas.

Castillo también presentó ante las cámaras la detención de Armando Librado Legorreta, mejor conocido como “El Coqueto”, un chofer de autobús acusado de siete feminicidios, seis de ellos ocurridos en la entidad mexiquense y el otro en la Ciudad de México. Una vez atrapado, se dio a la fuga en la Subprocuraduría de Barrientos, Tlalnepantla, a causa de un descuido de los policías que lo resguardaban, quienes posteriormente también huyeron.

Después de su aventura en la justicia del Edomex fue designado Procurador federal del consumidor luego de que Humberto Benítez dejara esa dependencia por otro escándalo. Sin embargo, el mejor ejemplo de la marcada preferencia que el Gobierno Federal tiene por él se dio cuando se le nombró titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, tras lo cual se le acusó, entre otras cosas, de meter a prisión al doctor José Manuel Mireles con cargos no comprobables.

Castillo fue nombrado Comisionado el 16 de enero de 2014 en medio de una crisis en la que el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa fue incapaz de frenar los enfrentamientos entre grupos de autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios.

Desde entonces, a Castillo Cervantes le llovieron todo tipo de calificativos y se convirtió en una especie de “virrey” al que todos en la entidad tenían que rendirle cuentas. Las críticas no demoraron.
“Si Peña Nieto lo designó mediante un decreto ¿le va a rendir cuentas al Congreso de la Unión? ¿Le va a rendir cuentas al congreso local? ¿A quién le va rendir cuentas? Será una suerte de virrey con plenos poderes sin ningún contrapeso, sin ninguna responsabilidad legal ante ninguno de los poderes establecidos. Eso es la autocracia”, dijo en su momentos Jesús Zambrano Grijalva, cuando era presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para entonces, si algo caracterizaba ya a Castillo Cervantes, era su función de apagafuegos de Peña Nieto. Siempre sus actuaciones fueron espectaculares y estuvieron bajo los reflectores. Sin embargo, sus medidas siempre dejan un rastro de imposición. Las relaciones actuales entre la Conade y el COM son el ejemplo claro de esto. No obstante, ahora no se trata de cuestiones judiciales, sino del futuro deportivo del país.

“Castillo sabrá de política, de cómo meter a la cárcel a delincuentes y desafortunadamente estamos recibiendo un trato como si fuéramos delincuentes, yo me siento así”, expresó en semanas pasadas Aida Román, medallista olímpica mexicana.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-11-2015/1564775

Repudian la prueba maestros de Oaxaca

Participan 2,600; 20 mil protestan pacíficamente. No habrá represalias, dice la sección 22. Un grupo de encapuchados enfrenta a la PF.

Oaxaca, Oax. A las cinco de la mañana los más jóvenes comenzaron a reunirse en el Mercado las Flores, a unas cuatro calles del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo).

Una hora después llegaron dos maestras que traían en sus mochilas carteles y mantas: una de ellas con dibujitos escolares, pero que en lugar de lápices o cuadernos mostraba toletes y cascos: Así evalúa el gobierno a los maestros de México.

Aún estaba oscuro cuando los maestros retuvieron tres autobuses. Que eran de transporte público, dicen unos. Que en ellos viajaban docentes que sí habían aceptado la evaluación, afirman otros. El caso es que fue entonces que apareció la Policía Federal, en su versión granaderos, y volaron los gases lacrimógenos y las pedradas. El zafarrancho duró poco. La escena habría de repetirse pasado el mediodía, cuando un grupo de encapuchados que fueron expresamente rechazados por los profesores, rompió una de las vallas y se lío brevemente con los granaderos de la Federal.

Fuera de esos episodios, la marcha transcurrió pacíficamente y la inmensa mayoría de los manifestantes atendieron disciplinadamente las instrucciones de los líderes.

El dato a destacar es, entonces, que la marcha fue muy nutrida: de unas 20 mil personas.

Es un buen músculo, reconoció Joaquín Echeverría, secretario general de la sección 59 del SNTE, creada expresamente por Elba Esther Gordillo para hacerle contrapeso a la 22.

Según Echeverría, cuando la 22 llama a paro va 100 por ciento, a las marchas han llegado a ser hasta 40 mil, así que si ahora son 20 mil no está mal.

A pesar de que son sus adversarios y de que en muchas ocasiones sus confrontaciones han llegado incluso a la disputa cuerpo a cuerpo por el control de escuelas, Echeverría no se suma al coro de linchamiento contra la 22: No va a enfrentar a las fuerzas federales. Está actuando con mucha mesura y resistiendo. Y su apuesta de resistencia pasa por la elección del gobernador el año que viene y llega hasta 2018.

Los maestros de la 22 no tendrán que esperar: la disputa por la gubernatura comenzó hace tiempo y hoy la expresan con claridad meridiana los diarios locales que en sus portadas traen como notas principales las declaraciones sin sustancia de algunos de los suspirantes.

El triunfo de la evaluación, como lo presentará más tarde el gobierno local, no merece ninguna de ocho columnas.

La conveniente confidencialidad

Hace unos días, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que para garantizar la evaluación serían enviados a esta entidad entre 8 y 10 mil policías adicionales de los que existen.

¿Cuántos maestros serán evaluados gracias al enorme despliegue de fuerzas federales? ¿Le saldrán las cuentas al secretario Aurelio Nuño?

Ayer, el director del Ieepo, un abogado con más experiencia ministerial que educativa, dijo que participarían 4 mil 900 de 6 mil docentes convocados. Bajo el brazo cargaba el reporte real de avance, pero no quiso mostrarlo a la prensa. El examen fue blindado no sólo para evitar que la sección 22 consiguiera cumplir su acuerdo de boicotearlo, sino para guardar estricta confidencialidad sobre la identidad de quienes lo presentaron. Con ese pretexto, ningún observador que no portara uniforme o un gafete del Ieepo pudo ingresar a los salones donde se realizó ni constatar que los examinados eran efectivamente profesores, y no burócratas obligados a participar.

El argumento de las autoridades para impedir que los medios de comunicación atestiguaran la aplicación del examen fue que era preciso resguardar la identidad de los participantes por temor a represalias de la sección 22. Así se lo expresaron a los reporteros locales y así lo machacaron durante días los espots de radio. Sin embargo, en los boletines oficiales de la jornada, las mismas autoridades incluyeron fotografías que muestran los rostros de los docentes.

Rubén Núñez aseguraba, a punto de partir la caminata, que las precauciones son innecesarias, porque saben que muchos compañeros fueron presionados y que no habrá represalias contra ellos.


La marcha, que se extendió casi todo el día, arrancó al grito de Si hay que evaluar, por Peña hay que empezar. Los insultos a la policía fueron el sonido ambiente para las consignas que los líderes soltaban desde el carro de sonido:

“La evaluación más cara para el estado más pobre, esa es la fórmula de Peña y Ñoño para Oaxaca”.

El magisterio de Oaxaca no termina de procesar el golpazo del 21 de julio. La asistencia a las asambleas estatales ha disminuido en porcentajes significativos e incluso hay algunos dirigentes escondidos (nada raro si la autoridad anuncia que hay pendientes una treintena de órdenes de aprehensión).

Sin embargo, son muchos los que se empeñan en la resistencia. Como los maestros que se encabritaron cuando después del segundo escarceo con la policía uno de los líderes comenzó a cantar Venceremos, pieza que indica el final de un acto.

Lo pararon en seco. A gritos y mentadas. “¡Charros!” ¡Vendidos! ¡Hay que aguantar!

Los dirigentes tuvieron que avanzar hasta la valla metálica y luego ordenar una marcha de regreso, no sin que antes un profesor treintañero de la Sierra Juárez les gritara: ¡Cabrones, no me hicieron bajar del cerro para estar aquí media hora!

La mitad de 10 por ciento

Volvamos a la pregunta. ¿Cuántos de los aproximadamente 60 mil docentes de Oaxaca han presentado el examen, el gran tótem de la reforma educativa?

Desde temprano, una fuente del Ieepo deslizó un número: 2 mil 800. No serán ni mil, juraba Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, poco antes de que arrancara la marcha.

Su adversario Joaquín Echeverría, el citado líder de la 59, fue más preciso, cuando refirió que un día antes funcionarios del Ieepo le dieron una cifra: poco más de 3 mil. Por la tarde, el titular del nuevo Ieepo, Moisés Robles Cruz, dijo que la participación fue de 2 mil 981docentes, esto es, poco más de 60 por ciento de los 4 mil 900 inscritos.

Poco después la SEP desmintió al Ieepo y señaló que asistieron 2 mil 600. ¿Quién evalúa a los evaluadores?, preguntarán los quisquillosos maestros de la CNTE.

Por donde se le vea, resulta que respondieron al llamado apenas la mitad de los convocados, que a su vez representaban sólo 10 por ciento del magisterio oaxaqueño.

Echeverría contaba también con un desglose de los participantes por su pertenencia a niveles educativos y condición laboral. La lista se ponía más interesante. Dijo Echeverría que, según el informe oficial, 500 examinados pertenecen al nivel medio superior (bachilleratos generales y técnicos) “donde de por sí estamos más avanzados en la evaluación). Otro medio millar son miembros de la sección 59. Poco más de mil son docentes de nuevo ingreso al servicio, obligados al examen para no perder el empleo. De modo que los mil restantes serían propiamente los miembros de la sección 22 que aceptaron inscribirse a la evaluación.

Frente a esos números, fue inevitable preguntar al maestro Echeverría si a ese ritmo la evaluación demorará décadas.

Pues más o menos por ahí va la cosa, reconoció.

Los puentes rotos del Ieepo

Concentrada en la evaluación, y sobre todo en el examen, que sólo es uno de sus componentes, la estructura del nuevo Ieepo, surgida del manotazo del 21 de julio, no ha tenido tiempo de ocuparse de otras tareas del servicio educativo.

Cuando fue secretario de Educación, Ernesto Zedillo solía decir que ignoraba qué pasaba con sus instrucciones una vez que atravesaban la puerta de su oficina. Los directivos de educación de Oaxaca no tienen ese problema porque sencillamente no existe manera de que sus órdenes sean obedecidas (acátese, pero no se cumpla, es una vieja máxima de la educación pública mexicana).

Esto es así porque toda la cadena de mando, de jefes de sector a directores de escuela, toda esa estructura es leal a la sección 22. No hay puente alguno entre los directivos del Ieepo y la base en las escuelas, remató Echeverría.


Dato menor. Porque lo que importaba al gobernador Gabino Cué y al secretario Aurelio Nuño era el titular que adelantó en su boletín el gobierno estatal: Cumple Oaxaca con evaluación docente.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARTURO CANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/29/politica/002n1pol

Termina evaluación en Oaxaca; tras enfrentamientos, CNTE se retira

La evaluación concluyó como se tenía previsto a pesar de que hubo un par de enfrentamientos de miembros de la CNTE con policías federales.

La evaluación a maestros de Oaxaca concluyó sin mayores contratiempos y los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraron de la sede después de que en el transcurso del día hubo un par de enfrentamientos con la Policía Federal.

Los maestros de la CNTE dejaron Ciudad Administrativa, sede de la evaluación, después de haber permanecido alrededor de 3 horas frente a la valla de policías federales que resguardan el lugar. El líder de la Sección 22, Rubén Núñez, dio la instrucción de salir de la zona.

Núñez agradeció la presencia de los miembros de la Coordinadora que acudieron a la movilización de este sábado y advirtió que seguirán su lucha contra la reforma educativa, y la evaluación, pues insistió, es punitiva.

El contingente de profesores marchó sobre la carretera federal 190 de regreso al Monumento a Benito Juárez, localizado a un kilómetro y medio de distancia.

Por otra parte, la evaluación al interior de la sede se completó como estaba previsto, informó el Gobierno del Estado de Oaxaca. Aquí, 2 mil 981 profesores se presentaron para completar con la prueba, esto es el 60.8% del universo total de maestras y maestros que se dieron de alta en el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente de la SEP.


La evaluación de hoy se dio en medio de un operativo coordinado para resguardar las instalaciones de Ciudad Administrativa, donde se desplegó a 8 mil elementos de la Gendarmería, policías federales, estatales, viales y del Cuerpo de Bomberos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/11/concluye-evaluacion-en-oaxaca-cnte-se-retira-de-la-sede/

Derecho de réplica: la ley amenazante

Políticos y funcionarios públicos dispondrán de un nuevo instrumento contra la libertad de expresión. El próximo 4 de diciembre, cuando entre en vigor la ley del derecho de réplica, los medios de comunicación, en particular los escritos, estarán más acotados, pues podrán ser sometidos a litigios y sancionados con multas millonarias si no atienden  disposiciones basadas en criterios subjetivos sobre la “falsedad o inexactitud” de una información.  A la misma amenaza latente estará  sujeto todo aquel que emita opiniones críticas. Sólo podrá salvarse el periodista o comentarista que se atenga a información oficial.

MÉXICO, DF: A partir del viernes 4 de diciembre el periodismo mexicano estará sujeto a demandas civiles y por daño moral por parte de políticos, empresas y cualquier persona o entidad que considere que se publicó “información inexacta o falsa” sobre ellos.

Ese día entra en vigor la ley del derecho de réplica, que prevé juicios sumarios que a la larga pueden derivar en millonarias multas y costosos litigios para los medios de información, no sólo por violaciones al derecho de réplica, sino por daño moral. Los periodistas estarán exentos de juicios y sanciones cuando publiquen información oficial.

El alcance de la norma va más allá de los meros datos o informaciones; abarca también la crítica periodística. Y refiere particularmente como víctimas de agravios a “partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular”.

El miércoles 4, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la Ley Reglamentaria del artículo Sexto de la Constitución en materia del Derecho de Réplica, que establece los términos, procedimientos y sanciones bajo los cuales quedarán sometidos los periodistas y todo aquel que difunda información por violación a esa ley reglamentaria.

A iniciativa del grupo parlamentario del PAN, la ley fue aprobada primero en la Cámara de Diputados en diciembre de 2013 en medio de las discusiones de la reforma energética de Peña Nieto. El 5 de ese mes, el entonces presidente de la Cámara de Diputados y ahora presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, la envió para su aprobación en el Senado.

Después de casi dos años, el Senado la aprobó el pasado 13 de octubre sin ninguna modificación a pesar de la oposición de senadores del PRD, el senador del PAN Javier Corral, los petistas Manuel Bartlett, David Monreal y la senadora independiente por el Distrito Federal Martha Tagle, quienes la consideraron como un riesgo para la libertad de expresión.

Aprobada por el Congreso y publicada en el DOF, la ley estará vigente a partir del próximo 4 de diciembre. Desde ese día, cualquier persona o razón social que se sientan afectadas por lo publicado en medios impresos o difundido en medios electrónicos podrán iniciar acciones ante los propios medios y luego ante tribunales para reparar lo que consideren como información inexacta o falsa.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421959

Saqueo al erario y riqueza ilícita, saldos de Duarte en Chihuahua a meses de cerrar su gestión

Cuando César Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la SHCP.

El priista César Duarte Jáquez ha llevado a Chihuahua a ser una de las entidades más endeudadas del país, sólo en su administración el porcentaje de deuda respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) creció 77.4 por ciento, el más alto en el país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La organización México ¿Cómo vamos? señala que la entidad gobernada por el priista ocupa el primer lugar en relación de la deuda con su PIB, detrás de Quintana Roo, Coahuila, Chiapas y Nayarit, al cierre del segundo trimestre de 2015.

Cuando Duarte Jáquez llegó a la gubernatura, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la misma SHCP.

En 2013, año en que se disparó la deuda, el Congreso del estado aprobó el proyecto del Gobernador para reestructurar el pasivo, que contemplaba adquirir un préstamo a 30 años por 25 mil millones de pesos para pagar y quedar con una sola deuda, además de la colocación en el mercado bursátil de certificados por hasta 5 mil millones de pesos.

Según el dictamen que se votó en el pleno, Duarte proponía mecanismos “innovadores” para el financiamiento de la deuda como la colocación de certificados bursátiles y la creación de fideicomisos.

En casi seis años, César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua sin que hasta ahora queden claros los motivos para los legisladores y ciudadanos.

En agosto pasado, el Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, aseguró en entrevista para SinEmbargo que la entidad no aumentó la deuda en 233 por ciento como lo indicaban cifras oficiales. Dijo que de los 42 mil millones en pasivos que se le atribuyen a la entidad tenían un pago garantizado y que sólo debían  menos de la mitad.

De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos” de la SHCP, Chihuahua es el tercer estado más endeudado del país.

Su deuda per cápita, según el estudio “Reporte Deuda Subnacional”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), representa 11 mil 127 millones por habitante.

EL BANCO DE DUARTE

En septiembre del año pasado, el activista y miembro de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana en la que acusaron a Duarte Jáquez, a funcionarios de la administración estatal y a otros con carácter de prestanombres, de participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y para ello haber desviado 65 millones de pesos de recursos públicos.

El Gobernador chihuahuense ha negado haber utilizado recursos públicos de manera indebida; sin embargo, el Senador panista Javier Corral Jurado asegura que César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos.

“El caso del Banco Progreso es sólo un caso, pero el más documentado. Lo que en realidad ha sucedido es que el Gobernador ha ido a un saqueo a las arcas del erario. Ha comprado una gran cantidad de ranchos en el estado en los últimos años, ha habido licitaciones amañadas y uso de información privilegiada, directamente y personeros”, ha revelado en varias ocasiones el Senador panista.

En abril, activistas, intelectuales y académicos anunciaron la integración de un grupo de observadores a nivel nacional para dar seguimiento a la denuncia penal que se tiene abierta en contra del Gobernador de Chihuahua por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.

A esta acción se han unido cientos de chihuahuenses, que han salido a las calles para manifestarse en contra de estas irregularidades; sin embargo, la represión por parte del gobierno se ha hecho presente en cada marcha, acusaron los miembros de la Unión Ciudadana. Un ejemplo, señalaron, sucedió el pasado 26 de febrero donde se registraron agresiones hacia los miembros de la organización.

El pasado 14 de mayo, ciudadanos, activistas, académicos y senadores de la República denunciaron en la Cámara de Diputados la represión que ejerce el Gobernador de Chihuahua, hacia la organización Unión Ciudadana de Chihuahua.


La precariedad económica de un estado cuya principal fuente de empleos formales es la industria maquiladora, donde los obreros ganan dos salarios mínimos al día, es el elemento que destacan los analistas consultados por este medio digital al hablar de la descomposición social de Chihuahua.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-11-2015/1563984

El narco compra bonos de deuda del Gobierno de México y todos lo pasan por alto: Buscaglia

La falta de vigilancia en transacciones bursátiles, el vacío de Estado y la “asociación mafiosa” entre gobierno y criminales impide detectar cómo y a través de quiénes los cárteles compran estos bonos.

Los cárteles de la droga en México tienen parte de la responsabilidad en la abultada deuda pública, gracias a la compra de bonos y al poco control que existe sobre quiénes compran estos instrumentos, advirtió Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia.

Afirmó que el poco control que existe en los sistemas bursátiles sobre quiénes son los tenedores de bonos de deuda del sector público, y la falta de herramientas que permitan a la ciudadanía “auditar” constantemente al a funcionarios y gobiernos, permiten este tipo de inversión ilícita.

“Es necesario hacer una auditoría a la deuda pública – que en el caso de México supera los 7 billones de pesos– porque no en pocas ocasiones estos grupos criminales son los que compran, a través de empresas o personas ‘legales’ estos bonos que coloca el gobierno”, expresó en entrevista con SinEmbargo.
“La deuda pública son pedazos de papel que se venden en un mercado y si el mecanismo de compra venta no es transparente ni está debidamente regulado, la colocación de bonos del gobierno a tasas obscenas, en muchos casos, son un ejemplo muy claro de que son usados [los bonos] por empresas vinculadas con los cárteles”, expresó.

–¿Estamos hablando de que bonos de deuda del gobierno están en manos de los cárteles?

–Así es, a través de empresas legales, de bonos legales; cuando ves que la deuda publica aumenta exorbitantemente, como sucedió en Coahuila o Chiapas, te vas a dar cuenta que la delincuencia organizada se convierte en tenedores de bonos. Entre un 20 y 40 por ciento de las transacciones que hace la delincuencia organizada son financieras, el resto son transacciones criminales no financieras, respondió.


EL VACÍO DE ESTADO

Explicó que en la economía, la delincuencia organizada invade dos espacios: el de las empresas que producen bienes tangibles y mercados financieros. “La delincuencia organizado desde sus distintos mercados invade, en gran medida, las compañías agropecuarias en las que la familia de Guzmán Loera [El Chapo] tiene muchas propiedades… es una telaraña muy compleja que involucra a actores políticos y a empresarios legalizados”.
“México ha progresado de a poquito, cumpliendo con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero en la economía real, que alcanza al otro 60 por ciento de las transacciones criminales, hay un vacío de Estado porque no hay regulaciones que impidan que sigan transfiriéndose propiedades, a través de notarios, a la delincuencia organizada, como hacían los Zetas, que te iban a visitar y te decían: ‘si no me escrituras esta propiedad mañana con este notario, te matamos a toda tu familia’ y todo esto no se está investigando porque el gobierno se niega a realizar recomendaciones patrimoniales a través de la minería de datos –un campo de las ciencias de la computación que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos–. Si esa minería de datos la llevas el DF, te vas encontrar grandes transacciones patrimoniales criminales”, expresó el experto en temas de seguridad.

Lo anterior, continuó, es ejemplo de que el lavado de dinero producto del narcotráfico no sólo se da a través de grandes empresas o instituciones financieras como los bancos HSBC y Citibank –ambos envueltos en escándalos relacionados con el dinero de los cárteles de la droga– sino también vía los gobiernos.

“Existe siempre ese pacto de impunidad mafiosa, que he venido diciendo desde hace varios años, que impide que otros países implementen mecanismos como en Colombia, y eso permite que no haya corresponsabilidad entre los países para que no se activen este tipo de mecanismos”, lamentó.


MEXICO ES UNA GANGA PARA LOS CÁRTELES

En su más reciente libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, Buscaglia cita una investigación de los científicos Walker y Unger, quienes concluyeron que desde Sinaloa se habían presuntamente realizado transacciones por mil 100 millones de dólares hacia Estados Unidos, tan sólo en 2008, es decir poco más de 11 millones de dólares diarios.

El informe precisa que los lavadores diseñaron cajas especiales, del tamaño de la ventanilla de una caja de banco, para que los cajeros pudieran llevar los recursos directo a la bóveda de la sucursal en cuestión.

Por otro lado, expuso, el vacío de Estado que existe en México, hace al país uno de los más baratos para los grupos de la delincuencia organizada y lamentó que hasta ahora, el gobierno priista no haya mostrado disposición para cambiar las cosas, a pesar de que el Presidente se ha comprometido a implementar unidades de investigación patrimonial autónomas de todos los estados.

En el caso de México, reprochó el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga funciones muy acotadas para analizar la deuda pública, lo que impide que se establezca quiénes, cómo, cuándo y dónde adquirieron los bonos de deuda del gobierno.

“Tampoco hay corresponsabilidad en aplicar los mecanismos penales: en México existe la negligencia criminal que es tan alevosa que no castiga a los bancos que tiene transacciones ilícitas, pero también la ASF debería involucrarse más para investigar la deuda pública en todos los niveles de gobierno”, dijo en entrevista.

En su libro, Buscaglia hace referencia a que desde 1994 existen análisis de miles de expedientes judiciales en los que dan cuenta de las ventajas comparativas que tiene el crimen organizado en al menos 111 países.

Uno de los mecanismos para evitar el lavado de dinero en el que consideró que México ha fallado es el establecimiento de mecanismos de auditoría ciudadana, es decir, que un solo ciudadano, y no un grupo de personas de la sociedad civil, puedan en cualquier momento, establecer a través de información pública el origen y la ruta del dinero tanto de los gobiernos de cualquier nivel como del de servidores públicos.

A pesar de que existen organizaciones civiles que ya han tratado de dar seguimiento al tema de transparencia de las finanzas públicas, afirma que estos esquemas son limitados y el “vacío de Estado” facilita el ocultamiento de información.

Puso ejemplos como el de Brasil en ciudades como Porto Alegre, la Asamblea Ciudadana es la encargada de auditar el presupuesto público, “la sociedad mexicana se tiene que juntar para hacer algo más para que se comience a ver qué políticos son los que van a resistirse”.


A juicio de Buscaglia, una auditoría ciudadana, aplicada por personas capacitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sería la verdadera Revolución Zapatista Mexicana, porque permitiría auditar temas para confirmar cuestiones como el que 8 de cada 10 pesos de las campañas políticas son de procedencia ilícita.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-11-2015/1565261

sábado, 28 de noviembre de 2015

Rechazan periodistas acreditaciones de la SSP durante evaluación educativa

Xalapa,Ver.-Más de cien reporteros, fotógrafos, camarógrafos y ocho medios comunicación de Veracruz, se sumaron a la exigencia pública para garantizar la integridad física, y el derecho al libre ejercicio periodístico durante las evaluaciones docentes a realizarse en la entidad.


En una carta abierta firmada por periodistas reprobaron los hechos de violencia ocurridos el fin de semana pasado – 21 y 22 de noviembre- donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública agredieron a integrantes del medios periodístico durante la cobertura informativa en las sedes de Xalapa y Veracruz.


Los periodistas exigieron al gobierno estatal, y las secretarías de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública garantizar el libre ejercicio de las labores informativas.

También rechazaron la intención de que sea la Secretaría de Seguridad Pública, quien imponga un proceso de acreditación para realizar la cobertura periodística, pues las credenciales de los diversos medios de comunicación son válidas para identificarse como periodistas y fotoperiodistas.


La misiva pide también “ Que se respeten los protocolos de atención y protección a periodistas que firmaron autoridades estatales y federales en la alerta temprana donde el gobierno de Veracruz está obligado a cesar el hostigamiento, la represión y la intimidación en contra de los periodistas y fotoperiodistas, así como garantizar la libertad de expresión”.


También se solicitó que sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien realice una observación informativa de la evaluación docente, para evitar violaciones a los derechos humanos.


La carta es firmada por reporteros y fotógrafos de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Poza Rica, así como colegas de la Ciudad de México y respaldada por medios de comunicación como: La Jornada Veracruz, E- Consulta Veracruz, Blog Expediente MX, AVC Noticias, Plumas Libres, Formato Siete, Crónica de Xalapa y el Colectivo de Periodistas Voz Alterna.

Fuente: La Jornada Veracruz
http://www.jornadaveracruz.com.mx/rechazan-periodistas-acreditaciones-de-la-ssp-durante-evaluacion-educativa/

Resguardan agentes ministeriales e INM a 11 migrantes; viajaban ocultos en autobús

Córdoba, Ver.- Como resultado de los operativos efectuados entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y Policía Ministerial, este jueves fueron rescatados 11 migrantes, entre ellos cinco menores de edad, todos viajaban en un compartimento de un autobús de la línea ADO; los indocumentados fueron detectados en un puesto de revisión instalado sobre la carretera Córdoba-Veracruz a la altura de la caseta de Cuitláhuac.

Fue por la tarde del jueves que con la instalación de este retén, cuando los efectivos de Migración y de la Policía Ministerial iniciaron una supervisión de rutina al autobús ADO-GL con placas de circulación 673-HY-4 con número económico 8205.

Tras varios minutos de búsqueda se localizaron a los 11 indocumentados en el área de maleteros, de los cuales seis eran adultos y cinco menores de edad originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador todos con el mismo fin, llegar a la frontera del país en busca de nuevas oportunidades.

Los operadores del autobús de turismo de nombre Aurelio Abner Arreola Cruz y Delfino Ramos Sánchez Quiroz fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal debido al tipo de delito al que podrían enfrentarse, no obstante, aún están por deslindarse responsabilidades.

Por su parte, los indocumentados, al no portar con la documentación necesaria para corroborar su paso legal por el país, fueron trasladados al Ministerio Público (MP) en Córdoba para su declaración y posterior repatriación.

Fuente: La Jornada Veracruz
http://www.jornadaveracruz.com.mx/resguardan-agentes-ministeriales-e-inm-a-11-migrantes-viajaban-ocultos-en-autobus/?utm_source=hootsuite