¿Veremos a Arturo Escobar Vega tras las rejas?… Uno de los graves problemas de México es la simulación, una práctica generalizada en el gobierno y particularmente durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
La estrategia simuladora de Peña Nieto es hacer parecer que hace. Por ejemplo, la PGR a través de la Fepade anuncia que ha girado una orden de aprehensión en contra el ex coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados y Vocero Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
Escobar Vega responde: “hasta el momento no he sido requerido por ninguna autoridad judicial. Rechazo las imputaciones en mi contra, y expreso mi plena confianza en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”.
¿No les parece todo un show montado por la PGR y la FEPADE por orden de Peña Nieto? ¿No sería mejor detener al susodicho presunto culpable sin anunciar la orden de aprehensión? ¿O es que se trata de anunciarla para darle tiempo a que huya como muchos políticos para no ser enjuiciados por sus supuestos delitos?
Es absolutamente previsible que este señor jamás estará tras las rejas. Cualquier ciudadano medianamente informado puede analizar este asunto como otra simulación del gobierno, otro montaje para hacernos creer que vivimos en un estado de derecho.
Si realmente viviéramos en un estado de derecho, si así fuera, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hubiera nombrado Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Cuando lo hizo, surgieron multitud de críticas al respecto, advirtiendo que se trataba de un presunto delincuente electoral. ¿A poco Osorio Chong no conocía el pasado presuntamente delincuencial del señor Escobar Vega?
Hagamos historia para recordarle a Osorio Chong y a la PGR a través de la FEPADE claro, que este señor debería haber estado tras las rejas hace mucho tiempo. Para empezar, los delitos cometidos por los dirigentes del PVEM son del dominio público.
Fueron históricos los 320 millones de pesos que el PVEM se gastó en spots en cine, algo por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo multó con 322.4 millones de pesos al considerar como ilegales esos anuncios que fueron financiados con recursos asignados a sus legisladores. En definitiva esos promocionales que informaban sobre labores de sus diputados y senadores, transmitidos entre septiembre de 2014 y febrero de 2015, sumaron un total de 293,231 impactos.
Todos vimos que los kits escolares repartidos por el PVEM que incluían mochilas, lápices y relojes también fueron ilegales, que el exceso de publicidad en espectaculares, parabuses, metro, autobuses o papel para envolver las tortillas, también fueron ilegales.
Los ciudadanos asistimos estupefactos a la entrega del PVEM de las llamadas tarjetas Premia Platino personalizadas, cuyo objetivo era captar simpatías y posibles votos en las elecciones de junio.
Ahora la FEPADE solicitó la aprehensión de los empresarios que involucrados en la elaboración y reparto de estas tarjetas. Se trata de Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce y la empresa Proyectos Juveniles, fueron los que firmaron el contrato con Escobar Vega que a la vez, subcontrató a la empresa Cards para la producción de las tarjetas, por que también se ha solicitado la detención de Pablo Oliver Robles. Por último, esta empresa Cards, subcontrató a la empresa Multiservicios para la distribución de las 10 mil tarjetas, por lo tanto, se giró la orden de detener a Ramiro Quintero Ramos, titular de esa empresa.
Pero todo esto ya lo sabía desde hace meses, Santiago Nieto Castillo titular de la FEPADE, la señora procuradora Arely Gómez, el inefable Lorenzo Córdova del INE y por supuesto, Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La pregunta es ¿por qué no han actuado al respecto? ¿por qué han protegido al PVEM? ¿Por qué a estas alturas, no le han quitado el registro? Sencillamente porque es un partido satélite del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue fundamental para cometer el fraude electoral que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto.
Gracias a la impunidad que estas instituciones y sus funcionarios de primer nivel le han otorgado al PVEM, ese partido ha logrado escalar posiciones en los gobiernos. Y gracias a su coalición con el PRI obtuvo nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones, mientras en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.
La impunidad del PVEM no viene sola, esta acompañada por la complicidad de las autoridades electorales y judiciales del país. La protección a Escobar Vega está al más alto nivel. Fue Peña Nieto quien lo colocó en la Secretaría de Gobernación junto a su amigo Osorio Chong.
Por tanto, ¿quién puede creer que Escobar Vega terminará en la cárcel? Señores y Señoras del gobierno, dejen de tratar a los ciudadanos como personas no pensantes.
Nada menos, el jueves 26 de noviembre, el INE aprobó por unanimidad el monto del financiamiento que recibirá el PVEM: 372 millones de pesos en concepto de prerrogativas públicas para el año 2016.
Seamos serios. Lo único que nos falta saber es el elenco completo de actores principales de esta pantomima. ¿Será Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, un intérprete de esta faramalla, un peón más de Enrique Peña Nieto y títere del sistema de simulación?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ (OPINIÓN).
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/30-11-2015/42014
La primera denuncia contra Ana Valencia Chávez fue presentada por la Comisión Federal de Electricidad, luego de que la exesposa de Mireles presuntamente participó en la retención de trabajadores de CFE que les habían cortado el servicio de luz.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a la exesposa de José Manuel Mireles, Ana Valencia Chávez, por su presunta participación en la comisión de los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público y lo que resulte, relacionada en las averiguaciones previas AP/PGR/MICH/A/ 449/2015 y AP/PGR/MICH/U-II/130/2015.
De acuerdo con un informe en poder de Animal Político, la primera denuncia fue presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Agencia única del Ministerio Público Federal con sede en Apatzingán, por los delitos antes citados.
El documento indica que, debido al adeudo de los morosos —que ascendía a más del millón y medio de pesos—, personal de la CFE decidió cortar el servicio en los domicilios de los deudores el 15 de julio de este mismo año.
Resultado de manifestaciones anteriores en ese mismo sentido, las diligencias fueron acompañadas de tres agentes del Ministerio Público federal, tres peritos, cuatro personas operativas y al menos un centenar de militares, quienes realizaron las inspecciones y el levantamiento de actas correspondientes.
En respuesta, Ana Valencia, junto con otro grupo de habitantes del municipio de Tepalcatepec, irrumpieron en las oficinas de la paraestatal en esa región, retuvieron a los trabajadores, exigieron que les condonaran los pagos y el restablecimiento del servicio de electrificación.
Los cerca de 60 inconformes, encabezados por la exesposa del ahora exvocero de las autodefensas, argumentaron tarifas elevadas en el servicio e incapacidad para cubrirlas.
Tras confrontarlos y agredirlos, Rubén Padilla Rosales, así como el personal de la PGR, los peritos y militares, fueron llevados hasta la plaza principal de ese municipio ubicado en el corazón de la Tierra Caliente, donde fue condicionada su liberación por la exesposa de Mireles y demás inconformes.
De acuerdo con las constancias, los servidores públicos fueron impedidos de terminar las diligencias ministeriales, privados de su libertad por varias horas y en algunos casos agredidos físicamente por la turba, hasta que se llegó a un acuerdo con ellos para su liberación.
De estos hechos, se integró de oficio otra Averiguación Previa ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Federal de la ciudad de Uruapan por los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público y lo que resulte en agravio de los ministerios públicos federales y demás personas que los asistían, señala el documento.
A pesar de los acuerdos alcanzados el 20 de agosto entre Ana Valencia Chávez como representante del grupo de inconformes y autoridades del estado y la federación —de los cuáles este medio también tiene copia en su poder—, dos actuarios más del Poder Judicial fueron agredidos y retenidos por los mismos manifestantes.
Se trata de los actuarios Elsa Samanta Hernández García e Ismael Solano Pacheco, adscritos al Juzgado Segundo Civil con sede en Apatzingán, quiénes entregarían a los deudores del servicio las notificaciones del juicio mercantil promovido por la CFE.
Elsa e Ismael respondían a la solicitud del Juzgado Octavo de Distrito, hecha a la primera instancia, a fin de cumplimentar los medios preparativos del juicio ejecutivo mercantil en contra de los deudores.
En esta ocasión, tuvo que acudir al lugar el secretario técnico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para que luego de varias horas, su personal pudiera ser liberado.
A decir del informe, por los hechos de violencia antes señalados, no pudieron concretar las notificaciones, por lo que no hubo avances en las acciones de juicio mercantiles.
“Los hechos perpetrados en contra de los actuarios, son constitutivos de delitos federales, por estar atendiendo un despacho del Poder Judicial de la Federación”, cita el informe de 13 páginas.
Debido a la radicalización de las acciones, al incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades, al incremento del número de deudores que se han sumado al grupo de inconformes y al monto que rebasa actualmente los 120 millones de pesos, el pasado 25 de noviembre, la Delegación de la PGR en Michoacán tenía planeada una reunión con autoridades estatales y federales para determinar el plan de acciones a seguir.
Lo anterior, en específico, con el objeto de establecer la consignación de las averiguaciones previas señaladas y robustecerlas con más elementos proporcionados por la misma Comisión Federal de Electricidad que derive en las órdenes de aprehensión pertinentes en contra de Ana Valencia y al menos 60 personas más, revela el documento.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/la-pgr-investiga-a-exesposa-de-jose-manuel-mireles-por-los-delitos-de-robo-y-lesiones/
58% de los ciudadanos desaprueba el trabajo del presidente Peña, el nivel más alto que ha registrado cualquiera de los últimos mandatarios mexicanos, ya que Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón registraron al menos 40% de desaprobación a la mitad de su administración.
El presidente Enrique Peña Nieto llega este martes 1 de diciembre a la mitad de su sexenio. A tres años del arranque de su administración, el nivel de aprobación ciudadana del mandatario mexicano muestra un repunte al subir de 34 a 39%, mientras que el apoyo de líderes creció de 15 a 21%, indica una encuesta publicada por el diario Reforma.
El ejercicio de Reforma destaca que esta es la primera ocasión en 16 meses que la aprobación del presidente muestra un incremento; sin embargo, el porcentaje de personas que lo desaprueba sigue siendo mayoría.
La encuesta indica 58% de los ciudadanos desaprueba el trabajo del presidente, mientras que 78% de los líderes reprueba el desempeño de Peña Nieto.
Reforma señala que el nivel de desaprobación de Peña Nieto es el más alto que ha registrado cualquiera de los últimos mandatarios mexicanos, ya que Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón registraron al menos 40% de desaprobación a la mitad de su administración.
El ejercicio agrega que la ciudadanía percibe más corrupción en el gobierno federal, ya que 42% de los consultados opina que ésta ha aumentado, lo que representa un incremento de seis puntos porcentuales en comparación con los resultados de marzo de este año.
El funcionario peor evaluado del gabinete del presidente Peña es el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien obtuvo una calificación de 2.5 puntos.
El único integrante del gabinete federal que obtiene una calificación aprobatoria es el almirante Vidal Francisco Soberón, titular de la Secretaría de Marina, quien sacó un 6.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/pena-peor-evaluado-que-calderon-fox-o-zedillo-a-la-mitad-del-sexenio-encuesta/
MÉXICO, D.F: Reconocidos medios internacionales como The Guardian y The Telegraph que han dado seguimiento al caso de los dos surfistas australianos cuya camioneta fue hallada quemada junto con dos cuerpos en Sinaloa, destacaron el vínculo de ese estado con el narcotráfico.
Los dos periódicos londinenses refirieron que Sinaloa es un estado “plagado” de cárteles y hogar de uno de los más poderosos de todo el país: el cártel de Sinaloa “dirigido por el señor de las drogas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, señaló The Guardian.
The Telegraph lo menciona como un estado “conocido por sus poderosos cárteles de las drogas”.
Por su parte el portal www.independent.co.uk publicó que los cuerpos habrían sido hallados en el estado de Sinaloa, “plagado de bandas de las drogas”.
En el mismo sentido se pronunciaron The Washington Post y New York Times al retomar una nota de The Associated Press.
“Sinaloa es un estado plagado de bandas de drogas y es hogar del cártel del mismo nombre”, publicaron.
El portal abc.net.au de Australia señaló que la Van quemada fue hallada en “uno de los más peligrosos y violentos lugares en México, hogar de poderosas bandas y cárteles de las drogas”.
La misma página publicó una advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos de no viajar a Sinaloa fuera de las ciudades grandes y que es especialmente peligroso hacerlo alejado de las carreteras de peaje.
El domingo pasado se informó que los dos cuerpos hallados en la camioneta quemada localizada el 21 de noviembre en Navolato, podrían ser los de los dos australianos reportados como desaparecidos.
De hecho el lunes pasado la Procuraduría General de Sinaloa confirmó que el vehículo hallado pertenecía a uno de los jóvenes extranjeros: Adam Coleman y Dean Lucas, ambos de 33 años, aficionados al surf, quienes realizaban un viaje de Canadá a México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422173
David Korenfeld, antiguo colaborador de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, cobró notoriedad en marzo de este año, cuando era director de la Conagua y utilizó un helicóptero oficial para dar inicio a unas vacaciones con su familia. El escándalo derivado de la difusión de ese abuso culminó con la renuncia del funcionario. Pero ahora un anónimo “mexicano indignado” revela otro caso –confirmado con fuentes de la SRE– que empaña más el sexenio peñanietista: la esposa de Korenfeld fue enviada como empleada del consulado mexicano en San Diego con uno de los salarios más altos para personal de la Cancillería… Pero ella simplemente nunca se presenta a trabajar.
WASHINGTON: Sandra Kershenobich, esposa del exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) David Korenfeld, percibe desde julio pasado un salario mensual de 4 mil 995 dólares como “agregada administrativa C” del consulado general de México en San Diego, California, aunque a laborar en la sede diplomática sólo se presentó una semana, denuncia un “mexicano indignado” y confirman funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Pese a los escándalos de corrupción, conflicto de interés y abusos de autoridad que se han destapado durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, los amigos, colaboradores y exfuncionarios –o sus cónyuges– del mandatario siguen gozando de los privilegios que les brinda el erario.
“De forma sigilosa, desde julio de 2015, la Secretaría de Relaciones (Exteriores) ordenó al consulado de México en San Diego la contratación como ‘agregada’ de la esposa de David Korenfeld, Sandra Kershenobich”, dice la breve carta que recibió la semana pasada la oficina de Proceso en Washington, firmada por “un mexicano indignado”.
La carta –aunque no está fechada, por el sello del servicio postal se sabe que fue enviada desde San Diego– hace las siguientes anotaciones sobre los beneficios de la esposa del exdirector de la Conagua: “Sueldo de más de 5 mil dólares, visa americana y pasaportes diplomáticos para toda la familia, coches con placas diplomáticas, seguro médico, etc.”
Varios funcionarios de la SRE en la Ciudad de México, consultados telefónicamente por el reportero, confirmaron la asignación al consulado mexicano de Sandra Kershenobich.
“Sí, efectivamente, la señora Kershenobich está registrada en el consulado como empleada técnico-administrativa desde julio de 2015, pero su sueldo no es superior a los 5 mil dólares; gana 4 mil 500 dólares al mes”, dice a Proceso uno de los cuatro funcionarios de la Cancillería consultados…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422165
SAN PEDRO CHOLULA, Pue: El abogado Adán y su hijo Paul Xicale fueron liberados esta noche bajo caución, tras poco más de un año de estar encarcelados por oponerse a la construcción de un parque que pretende llevar a cabo el gobierno de Rafael Moreno Valle en las inmediaciones de la Gran Pirámide y del Templo de la Virgen de los Remedios.
“Cholula no se vende, ni se venderá, porque Cholula ha sido viva y es digna”, afirmó el abogado Xicale ante decenas de personas que desde las 10 de la mañana esperaban a las afueras del penal de esta ciudad y que, a su salida –poco después de las 8:40 de la noche- los recibieron con música, confeti, carteles de agradecimiento, porras, abrazos y lágrimas.
Al salir del reclusorio, los Xicale portaban camisetas que decían “Inocente comprobado” y “totalmente absuelto”, mientras que los cholultecas gritaban la consigna que ha acompañado por más de un año a este movimiento: “Cholula no se vende, se ama y se defiende”.
Los Xicale, junto con los hermanos Primo y Albino Tlachi, fueron apresados la madrugada del 7 de octubre cuando participaban en un plantón a las afueras de la presidencia municipal de San Andrés, a fin de exigir la cancelación del parque que, aseguran, atenta contra las tradiciones y riqueza arqueológica y cultural del pueblo cholulteca.
Aunque los Tlachi fueron absueltos de cargos desde marzo de este año, los Xicale fueron mantenidos en prisión pese a que estaban sujetos al mismo proceso judicial y a que después volvieron a ganar otros recursos.
Incluso, cuando lograron ganar la revisión del amparo, el Ministerio Público les notificó una nueva orden de aprehensión por otro expediente que se basaba en los mismos hechos y con las mismas acusaciones de funcionarios y policías municipales.
Bajo los mismos cargos y procesos, se mantienen vigentes órdenes de aprehensión en contra de otros 10 integrantes del movimiento “Cholula Viva y Digna”, que desde entonces han tenido que ocultarse para evitar su aprehensión.
Al dirigir un mensaje tras su excarcelación, Adán dijo que se mantendrá en lucha en contra del parque de las Siete Culturas que aún insiste en construir el gobierno de Moreno Valle, por lo que retó al alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, que muestre los estudios y permisos que lo respaldan.
“Retamos al señor Leoncio Paisano a que muestre los permisos de construcción del parque y tiene que demostrar la factibilidad del uso de suelo, porque sabemos que ahí no hay, porque ahí hay patrimonio arqueológico, ahí hay la riqueza de todos nosotros, no sólo de los cholultecas, sino de todos los mexicanos y de todo el mundo”, recalcó.
Agradeció a los activistas, agrupaciones, académicos y universidades que han ayudado a difundir el caso de destrucción de patrimonio que pretende llevar a cabo el gobierno poblano y que además han evidenciado que el encarcelamiento de él y su hijo se trató de una represión política.
De hecho, afuera del penal se congregaron algunos de los arqueólogos, antropólogos e historiadores que han sustentado la inviabilidad de la construcción del parque turístico sobre suelos ricos en vestigios arqueológicos.
De nueve cargos que les fincaron en dos procesos que les iniciaron, los Xicale fueron absueltos de siete de ellos y sólo se mantiene el proceso por los supuestos delitos de motín y daño en propiedad ajena a la presidencia municipal.
Josué Xicale, otro de los hijos de Adán quien llevó la defensa jurídica, informó que el juzgado fijó este día una fianza de 25 mil pesos a cada uno.
“Siempre hemos sido inocentes”, expresó Adán, “ustedes saben que esos delitos que nos acusan nunca los cometimos”.
Acusó que en Puebla el poder judicial es usado como instrumento de represión del gobernador Moreno Valle, para obligar a los activistas a que no opongan resistencia a sus proyectos y programas de gobierno.
Xicale convocó a los integrantes del movimiento a “cerrar filas” para seguir la lucha y para exigir la liberación de otros presos y perseguidos políticos del gobierno estatal. A la vez, responsabilizó al mandatario panista de cualquier atentado que pudieran sufrir.
“Desde acá les decimos que nosotros no tenemos ningún problema con personas particulares y si sufrimos algún atentado no va a ser de ningún particular, es de allá de Casa Puebla”.
Con la voz quebrada, Paul Xicale, de 25 años de edad, agradeció el apoyo de los integrantes de la agrupación “Cholula Viva y Digna” que mantuvieron la lucha tanto en contra del parque como en exigencia de la liberación de ambos activistas.
“Quiero reconocerles a ustedes lo que han hecho, porque gracias a ustedes estamos aquí, dándonos un abrazo libres, libres, aunque siempre fuimos libres”, expresó.
A su salida de la cárcel, los Xicale encabezaron una caminata hasta la Parroquia de San Andrés, que justo hoy celebra su fiesta, para participar en una misa en la que se sumaron cientos de habitantes de los dos Cholulas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422161
También estuvo impedida la entrada para Antúnez y la Salida a Parácuaro, y pese a que el Ejército logró liberar las vías de comunicación, aún hay movilizaciones de gente armada.
Grupos armados bloquearon casi dos horas todos los accesos a los municipios de Apatzingán y Buenavista, ubicados en la región de Tierra Caliente, Michoacán.
Los bloqueos se registraron a la altura de las comunidades de San Juan de los Plátanos, La Majada, localizadas sobre la carretera Apatzingán-Tepalcatepec y en la vía Apatzingán-Aguililla a la altura de los poblados de Cenobio Moreno y Loma de los hoyos, Pinzándaro.
También estuvo impedida la entrada para Antúnez y la Salida a Parácuaro, y pese a que el Ejército logró liberar las vías de comunicación, aún hay movilizaciones de gente armada.
De acuerdo con autoridades estatales, estos bloqueos son en respuesta a la detención que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de un presunto líder del grupo identificado como ‘Los Viagras’, el cual opera en los límites con el estado de Guerrero.
En tanto, en Buenavista presuntos integrantes del grupo armado ‘H3’, encabezado por Luis Antonio Torres, ‘Simón/El Americano’, bloquearon los accesos al municipio buscando una persona que habría asesinado a uno de sus colaboradores.
Hasta el momento, todas las líneas de autobuses de pasajeros han suspendido las corridas hacia esa región de la entidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/grupos-armados-bloquean-acceso-a-apatzingan-y-buenavista-en-michoacan/
Poza Rica, Ver: Este inicio de semana, Petróleos Mexicanos (Pemex) continuó con los trabajos de limpieza de gasoductos en la región, lo que propició el incremento de la flama del quemador de fosa ubicado al interior del Complejo Procesador de Gas Poza Rica, liberando gases contaminantes a la atmósfera que, de acuerdo con investigaciones de la Universidad Veracruzana, están relacionados con los elevados índices de infecciones respiratorias agudas.
Estos trabajos de limpieza de ductos se prolongarán esta semana, por lo que los gases serán enviados a los quemadores instalados en la Central de Turbinas San Andrés, Poza Rica II, Estación de Compresión Mecatepec y en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica, según informó la empresa productiva del Estado; los cuales, “no representan riesgo alguno para la población, por lo que no deben ser motivo de alarma”, pues se realizan para “reforzar la integridad mecánica de los ductos y tienen el propósito de mantener las condiciones óptimas de seguridad y operación”.
No obstante, estudios realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 34 ciudades conurbadas con más de medio millón de habitantes para cuantificar los costos que genera la mala calidad del aire en la ciudades mexicanas, en Poza Rica se registraron 5 mil 315 consultas médicas por enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, lo que requirió invertir cuatro millones 778 mil 187 pesos para la atención de la salud; provocando pérdidas económicas por 40 millones 602 mil 877 pesos al sector productivo.
Al estar ubicada en un valle, la ciudad de Poza Rica presenta el fenómeno de inversión térmica, al igual que ocurre en la Ciudad de México, por lo que durante las mañanas, una gruesa capa de contaminantes se posa sobre las casas y edificios, contaminantes que son respirados por los habitantes.
Estudios realizados por investigadores y alumnos de la Universidad Veracruzana, refieren que en la ciudad se han alcanzado calificaciones de entre 4 y 5 puntos Imeca (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), lo que supondría la necesidad de implementar estrategias como el “Hoy no circula”.
No obstante de que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) instaló desde agosto de 2014 una unidad de monitoreo ambiental, con valor de 2.5 millones de pesos, con lo que se podría contar con parámetros para la aplicación de contingencias ambientales por la mala calidad del aire, dicha unidad se encuentra en el abandono ante la falta de interés de las autoridades estatales.
Utilizan material de mala calidad para bachear, en Poza Rica
En los primeros días de noviembre, personal de la Dirección de Imagen Urbana realizó trabajos de bacheo en la principal vía de comunicación entre Poza Rica y Coatzintla; sin embargo, el material empleado se debilitó rápidamente y en menos de tres días habían resurgido los baches. Sergio Chagoya Ponce, titular de la dependencia, explica que los trabajos de bache integral se desarrollarán este fin de año, por lo que están en búsqueda de una constructora que realice la obra y que se le pueda liquidar la misma el año entrante.
Cuestionado respecto a la gran cantidad de hoyancos que se encuentran por toda la ciudad, el director de Imagen Urbana respondió que con personal a su cargo, dos cuadrillas de trabajadores, se encuentran realizando un levantamiento integral de cada uno de los baches, aunque reconoció que la cantidad de trabajadores resulta insuficiente para acelerar el registro.
Algunos de los puntos a los que se les dará mayor énfasis serán los bulevares Petromex, Ruíz Cortines y González Ortega, así como las avenidas Pozo 13 y 20 de Noviembre, así como la carretera a Coatzintla.
En esta última, el cinco de noviembre pasado se llevaron a cabo labores de bacheo, en los que se empleó un material conocido como fresado, es decir, material reciclado del que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está reemplazando en la autopista. Al no contar con el asfalto AC-20, que diera mayor impermeabilidad, con las lluvias que se registraron esa misma semana, el material fresado prácticamente desapareció y los baches resurgieron aun más grandes.
Para evitar nuevamente esta situación, como parte del programa de bacheo integral, el ayuntamiento está en busca de una constructora que desee realizar los trabajos, los cuales podrían desarrollarse entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero.
Informó que durante el año se realizaron trabajos de rehabilitación de 70 calles con la colaboración de los propios vecinos, a quienes se les dotó de grava en greña. De igual forma se rehabilitaron 22 calles con el fresado que donó la SCT al ayuntamiento.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornadaveracruz.com.mx/limpia-de-gasoductos-acentua-contaminacion-en-poza-rica/?utm_source=hootsuite
Unas 60 madres centroamericanas que realizaron un recorrido desde el 2 de diciembre hasta este fin de semana por Guatemala y México hallaron a nueve hijos que llevaban varios años desaparecidos.
La Caravana de Madres Centroamericanas informó que nueve hijas e hijos, la mayoría de ellos procedentes de Honduras, fueron ubicados en cárceles, zonas rurales y comunidades de México.
Las madres lamentaron que muchos más permanezcan sin aparecer y reiteraron su denuncia de la violencia que sufren los migrantes centroamericanos en México camino a Estados Unidos.
El grupo de madres también criticó la situación en los países de origen de los migrantes.
"Los alarmantes niveles de violencia, la impunidad, la debilidad institucional, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la falta de acceso a la justicia" propician la salida de miles de personas de sus lugares de origen, expusieron las madres en un mensaje que leyó la coordinadora del Movimiento Migrante Centroamericanos, Martha Sánchez.
Sánchez agregó que entre los países centroamericanos "las condiciones sólo se diferencian por el grado de intensidad, pero todas son similares y afectan principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables de manera que provocan el desplazamiento forzoso de hombres, mujeres y niños".
Insistió en que durante los diez años que llevan realizando la caravana de madres persiste la violencia en contra de los migrantes en su tránsito por México, debido a patrones de corrupción de algunas autoridades y la presencia del crimen organizado.
Asimismo, las madres criticaron las políticas migratorias de control, detención y deportación que sólo criminaliza a los migrantes y los entrega a la criminalidad para ser explotados.
Antes de abandonar territorio mexicano por la frontera sur a través del puente internacional Rodolfo Robles sobre el río Suchiate, entre Ciudad Hidalgo (México) y Ciudad Tecún Umán (Guatemala), las madres reconocieron a la sociedad civil y a organizaciones locales que los acompañaron en la búsqueda de sus desaparecidos.
Puntualizaron que en esta última caravana y gracias a las anteriores, mediante el proyecto "Puentes de Esperanza", se reunieron migrantes hondureños y salvadoreños con sus familias por primera vez en años.
La caravana, que comenzó en la localidad guatemalteca de El Ceibo, fronteriza con Tenosique (México) recorrió casi 4,000 kilómetros por varias entidades mexicanas, entre ellas Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.
El objetivo principal de la caravana es hallar a sus familiares desaparecidos.
Grupos criminales les exigen cuantiosas sumas a los migrantes a cambio de trasladarlos a
Estados Unidos pero los mantienen secuestrados hasta que sus familias pagan un rescate, los obligan a ejercer la prostitución o los reclutan por la fuerza.
Fuente: La Prensa Gráfica
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/08/madres-centroamericanas-encuentran-a-nueve-desaparecidos-en-mexico#.VlvqGh15GdU.mailto
MÉXICO, DF: A cuatro meses del multihomicidio de la colonia Narvarte, las hermanas del fotoperiodista Rubén Espinosa, una de las cinco víctimas, rompieron el silencio en el que permanecían para denunciar las “inconsistencias” de la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y el incumplimiento del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera para aclarar el caso e impartir justicia.
En respuesta, el procurador Rodolfo Ríos reiteró que la investigación continúa abierta y en etapa probatoria. Además, repitió que “de las tres personas que estuvieron ese día en el departamento se encuentran sujetas a proceso”.
A través de entrevistas en distintos medios de comunicación, Alma y Patricia Espinosa manifestaron que viven en la incertidumbre por no saber el motivo por el que su hermano Rubén fue asesinado. Una y otra vez aseguraron que existen inconsistencias en el expediente y elementos que la PGJDF no ha investigado.
En entrevista con El Universal, Alma y Patricia demandaron a Miguel Ángel Mancera impedir que se cierre el caso y hacer que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Mancera “se comprometió a que este caso se iba a aclarar. Yo creo que no es justo que lo cierren si no tienen los elementos para decir realmente ‘los que están ahí son culpables’”.
A la PGJDF le exigieron la explicación de lo que ocurrió la tarde del viernes 31 de julio en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón. “No puede ser que nadie escuchó los disparos, eso es imposible desde nuestra lógica. Que nos digan de quién es el ADN masculino que se encontró en una cuerda (una de las usadas en el estrangulamiento de una de las víctimas) y que no corresponde ni a los detenidos ni a Rubén”, dijeron.
También denunciaron que en el expediente no existe información sobre la labor profesional y el activismo de Rubén y Nadia en Veracruz ni sobre las intimidaciones que sufrieron.
“No estamos diciendo que haya sido por su trabajo, no estamos casadas con una idea, queremos verdad y justicia, que se agoten todas las líneas y que se incluyan las de Rubén y Nadia”, añadieron.
En charla con la agencia internacional AFP las hermanas Espinosa Becerril solicitaron: “Que nos demuestren el por qué dicen que fue una cuestión de drogas (…) o si tiene que ver con su labor periodística, que se investigue. Que nos aclaren que pasó dentro del departamento en realidad”.
Destacaron que uno de los detenidos ha insistido en que “hay otras dos personas implicadas al menos”. Sin embargo, agregó que la PGJDF “no ha querido investigar sobre ellos ni sobre las llamadas (telefónicas) que recibieron antes, durante y después del periodo en el que se cometió el homicidio”.
Y ante la supuesta intención de la Procuraduría de cerrar el caso, dijeron: “No sabemos si hay prisa por cerrarlo, lo que nos interesa es saber la verdad, que se haga justicia y todos los familiares de los que estuvieron ahí eso es lo que queremos””.
Ante los micrófonos de Radio Fórmula, Alma y Patricia aseguraron que la investigación de la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos “no parece seria” pues ha dejado “muchos cabos sueltos”.
Por ello, exigieron conocer la verdad del caso y la impartición de justicia, no sólo en el caso del joven fotógrafo, sino de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yazmin Quiroz y Mile Virginia Martín.
Dijeron que en el expediente del caso no hay indicios para definir el móvil de la ejecución de las cinco víctimas, por lo que demandaron que se agoten las investigaciones con claridad y rigor.
En esta entrevista, las hermanas de Rubén estuvieron acompañadas del abogado de la organización Artículo 19, coadyuvante en la investigación, quien destacó que no se ha agotado la línea de investigación referente a los antecedentes de amenazas y hostigamiento en Veracruz que, tanto Rubén como Nadia, denunciaron públicamente.
Los entrevistados coincidieron al decir que si bien “no estamos casados con ninguna línea de investigación, queremos elementos objetivos que descarten o confirmen las detenciones arbitrarias que sufrieron Nadia en diversas manifestaciones, cómo fue golpeado Rubén en las manifestaciones de septiembre del 2013 en el desalojo de maestros de la plaza Lerdo, el seguimiento, el hostigamiento que sufrió y que finalmente lo orilló a regresar a la Ciudad de México en junio de este año”.
PGJDF argumenta amparo para no informar
Luego de la difusión de las entrevistas de la familia de Rubén Espinosa, el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos se limitó a repetir lo que ha dicho desde septiembre pasado.
“Lo que podemos únicamente comentar es que hay un desglose, que tenemos a tres personas sujetas a proceso y que en este momento se encuentra en etapa probatoria, en el desahogo de las mismas”.
En conferencia, argumentó que un juez federal resolvió un amparo –interpuesto por la familia de Rubén— “que no permite que demos detalles, que no demos algunos detalles, que incluye a un servidor, de este asunto”.
Sobre la manifestación que ayer por la mañana hicieron fotoperiodistas frente al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la reapertura de la Línea 12 del Metro en demanda de justicia en el caso Narvarte, el procurador se defendió:
“Yo creo que los resultados se están viendo. Tenemos, y lo he manifestado y trataré no incluso volver a entrar en detalles, lo he comentado, con la certeza que tiene la Procuraduría capitalina, de las tres personas que estuvieron ese día en el departamento se encuentran sujetas a proceso. Es lo único que podría comentar”.
Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Perla Gómez adelantó que el organismo emitirá dos recomendaciones a la PGJDF y al Tribunal Superior de Justicia local por las filtraciones de información y la violación de las medidas precautorias en el caso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN/ SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422137
MÉXICO, DF: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina al fortalecimiento del conservadurismo con el retiro de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, conocidos por sus votos mayoritariamente liberales, de defensa de los derechos humanos y de la autonomía del Poder Judicial.
La Corte los despidió en una ceremonia de los plenos de ministros, de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Fue un acto entre la familia judicial, con la sola presencia del presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la breve estadía del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos.
En sus discursos, ambos reiteraron lo que fue su posición en el último tramo de su carrera de ministros: de construcción de derechos desde la SCJN como tribunal constitucional.
Silva Meza, quien fue presidente de la Corte entre 2011 y enero de este año, se refirió incluso “al gran lastre” que significa “la falta de ciudadanía en México”, por lo que, en su consideración, la SCJN debe seguir construyendo en la defensa de los derechos humanos.
La ministra Olga Sánchez Cordero se refirió a la tarea de la Corte de “velar por la libertad de las personas”, como lo expresó en una entrevista que se publicó en la actual edición de la revista Proceso.
El discurso de despedida estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldívar, quien se refirió a ambos como “jueces de la libertad”.
Silva Meza y Sánchez Cordero son los dos últimos ministros de la reforma judicial de 1994 del gobierno de Ernesto Zedillo. La reforma reorganizó a la SCJN en un tribunal constitucional y redujo de 26 a 11 ministros la integración de su pleno. Ambos duraron 21 años en el encargo a propuesta de Zedillo con el aval del Senado.
El ministro Zaldívar, quien desde que asumió como ministro en diciembre de 2009 se declaró un abierto defensor de los derechos humanos, se quedó prácticamente aislado en sus posiciones a favor de los derechos de las personas.
El voto concurrente es el del ministro José Ramón Cossío Díaz, aunque es conocida la distancia entre ambos.
Silva Meza y Sánchez Cordero buscaron que Zaldívar llegara este año a la presidencia de la Corte, pero Cossío se inclinó por el actual presidente de la SCJN y del CJF, Luis María Aguilar.
Durante casi cinco horas, los ministros votaron hasta en 30 ocasiones. Al final, Silva Meza, como presidente saliente, terminó por apoyar a Aguilar Morales.
El Senado comenzó este lunes en comisiones las comparecencias de los integrantes de las dos ternas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para reemplazar a los ahora ministros en retiro.
Entre los más mencionados está Javier Láynez Potisek, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación y consejero jurídico adjunto en la presidencia de Felipe Calderón.
El expresidente también lo propuso para juez de la Corte Penal Internacional, pero fue rechazado en la primera fase de selección.
Hace tres años, con el retiro del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, también fue incluido en una terna.
En noviembre de 2012 se integró a la Corte el también fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, extitular del Sistema de Administración Tributaria (SAT). En marzo de este año, también a propuesta de Peña Nieto, llegó a la Corte como ministro el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eduardo Medina Mora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422136
México, DF. Al levantar el plantón indefinido que durante casi cinco días mantuvieron en Paseo de la Reforma y Calzada Chivatito, los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa destacaron el compromiso del gobierno federal de reiniciar las pesquisas bajo nuevas líneas de investigación y búsqueda.
En el acto con el cual levantaron dicho plantón, se dijo que durante la reunión de ayer con funcionarios del gobierno federal lo realmente importante es que la supuesta "verdad histórica" del basurero de Cocula ya no es el eje principal de la investigación.
Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres de familia, dijo que esa versión no tiene horizonte ni ofrece verdad y justicia sobre los hechos ocurrido en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de hace un año.
Varios de los padres de familia que tomaron la palabra durante el acto señalaron que no hay confianza en más autoridades, pero que los acuerdos tomados con el gobierno federal son un "buen inicio" para retomar la investigación de sus hijos desaparecidos hace más de 14 meses.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/01/inicia-retiro-de-planton-de-padres-de-normalistas-en-chivatito-8831.html
Este martes 1 de diciembre, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de diputados iniciará los foros de análisis para recibir las propuestas y consideraciones de investigadores, trabajadores y especialistas para “fortalecer” la iniciativa presidencial y conseguir un dictamen en consenso, asegura el presidente de la comisión, Santiago Taboada.
En su tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Secretaría de Cultura para que este rubro ya no dependiera de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras diputados afirman que aprobarán la iniciativa de ley a más tardar en abril de 2016, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alertan deficiencias en la propuesta presidencial, como la estrategia de explotación “intensa” del patrimonio histórico, que abriría la puerta a la privatización.
Este martes 1 de diciembre, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de diputados iniciará los foros de análisis para recibir las propuestas y consideraciones de investigadores, trabajadores y especialistas para “fortalecer” la iniciativa presidencial y conseguir un dictamen en consenso, asegura el presidente de la comisión, Santiago Taboada.
Profesores de investigación científica y docencia del INAH advierten que la desvinculación de la educación con la cultura contradice el principio impulsado como parte de la reforma educativa de José Vasconcelos y afectaría la formación integral de las nuevas generaciones, por lo que piden a los diputados no sólo modificar la propuesta de ley, sino rechazarla completamente.
Las controversias
La iniciativa de ley publicada en la gaceta de la Cámara de Diputados el 8 de septiembre pasado, advierte que se requiere una nueva secretaría que atienda la administración de las instituciones, museos, teatros, galerías, escuelas, centros culturales y un patrimonio de más de 200 mil vestigios arqueológicos y más de 140 mil monumentos históricos.
Hasta ahí, la propuesta suena bien, pero, según los investigadores que han analizado el texto, en el apartado de estrategias se establece “el aprovechamiento intensivo del patrimonio”, lo que abre al “usufructo privado el aprovechamiento de las zonas arqueológicas y artísticas de México”.
Esto contradice la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigida al Estado mexicano para “establecer criterios para mantener un acceso público irrestricto a las zonas arqueológicas, de modo que se evite que la propiedad privada ejerza un derecho de usufructo que resulta en la alteración del carácter público de estos bienes del patrimonio cultural”, establecida en el “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos humanos en México” de 2003.
La profesora investigadora del INAH, Aldir González, advierte que la iniciativa presidencial es “peligrosa” porque el patrimonio entraría a una “mercantilización” que podría afectar la conservación. Un ejemplo de ello es la propuesta “Resplandor Teotihuacano”, presentada por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México en 2009 y que consistía en la instalación de luz y sonido en las pirámides de Teotihuacán.
El argumento del exgobernador era propiciar mayor derrama económica para los habitantes de una de las zonas arqueológicas más importantes del país; sin embargo, el proyecto fue suspendido ante la oposición de trabajadores, legisladores e incluso del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la UNESCO.
Esto podría repetirse, sobre todo porque la decisión para la conservación y aprovechamiento recaería solamente en el secretario de cultura, toda vez que el INAH y el INBA (actualmente facultados para ello) quedarían reducidos sólo a oficinas administrativas.
La iniciativa de ley se refiere al INAH e INBA como órganos administrativos; sin embargo, actualmente son órganos descentralizados, es decir, tienen “personalidad jurídica y patrimonio propios”, según se establece en la Ley orgánica de la Administración Pública Federal.
Una de las características es que se les asignan competencias exclusivas, para la atención de un fin de interés general o un servicio público determinado, mientras que los órganos administrativos están “jerárquicamente subordinados” a las dependencias federales, refiere la misma ley.
Esto, agrega la investigadora Alba Barrios, “pone en riesgo las funciones sustantivas de ambos órganos, que son la investigación científica, la conservación del patrimonio cultural y la difusión de estos”.
El presidente de la Comisión de Cultura, Santiago Taboada, afirmó que es más conveniente que el INAH e INBA sean órganos administrativos, por eso, dijo, en los foros deberán aclararse las dudas y, en todo caso, modificar la redacción.
Al preguntarle si, efectivamente la iniciativa tiene un resquicio para la privatización, el legislador panista advirtió que la propuesta tal como está redactada “puede ser interpretable y genere incertidumbre, por eso hay que fortalecerla”.
Otra crítica es que la propuesta pretende crear primero la Secretaría de Cultura y después los reglamentos que regule sus responsabilidades, lo cual es un “absurdo legislativo”, afirma la investigadora y secretaria general de la delegación DII-1A de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
De acuerdo con el análisis que trabajadores del INAH hicieron, esta iniciativa “altera sustancialmente la esfera de funciones estatales ya normada, que corresponde a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del INAH y la Ley que crea el INBA.
El diputado Taboada advierte que si bien se abrirá la discusión para elaborar el dictamen, “no nos podemos tardar un año. Tenemos que trabajar en tiempos cortos para que sea aprobada en este periodo ordinario o el siguiente. No más”.
México ocupa el sexto lugar en Patrimonio Mundial, primero en América Latina y décimo segundo en Patrimonio Inmaterial y tercero en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que debe conservarse, advierten los investigadores.
Si bien la idea de una secretaría es aplaudible, la propuesta presidencial es imprecisa, que atenta contra el derecho a la cultura y “no es más que una estrategia política y no una verdadera medida para impulsar el desarrollo de la cultura”, afirman los investigadores.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/privatizar-el-patrimonio-la-intencion-de-la-secretaria-de-cultura-investigadores-2/
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
Con consignas y pancartas, integrantes de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa y Frente Cívico Tonalteco AC, se concentraron en la cabecera municipal y demandaron al alcalde Aristeo Trinidad Nolasco que firme un compromiso para no permitir el despojo de tierras en esa circunscripción.
“Somos organizaciones conformadas por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica y el fracking”, destacaron en un pronunciamiento.
De acuerdo con los inconformes, desde que se modificó el artículo 27 de la Constitución mexicana se ha permitido a las empresas trasnacionales que entren sin permiso a sus territorios para explotar los bienes naturales, “y lo único que han dejado es una serie de afectaciones a la flora y fauna”, por lo que ahora se mantienen alertas con el fin de evitar la entrada de nuevas empresas.
Explicaron que ante los reiterados intentos de las mineras para comprar las tierras que habitan, en diversas asambleas determinaron declarar a sus territorios libres de minería y mini hidroeléctricas.
Asimismo, señalaron que la marcha de este lunes tuvo como objetivo principal exigir al alcalde de Pijijiapan que firme un acuerdo donde les garantice que las empresas trasnacionales o mexicanas no destruirán las tierras que han cuidado durante décadas, porque es el futuro de sus familias.
Los manifestantes exigieron a Trinidad Nolasco que no expida ningún tipo de permiso o concesión a favor de las trasnacionales, “y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra integridad física y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente, en especial los bosques y ríos”.
Los habitantes de Pijijiapan se declararon en resistencia civil hasta que el Estado respete la libre autodeterminación de los pueblos de esa región de la Costa de Chiapas y su autonomía, y advirtieron que evitarán la entrada de las empresas a sus tierras.
De igual manera, hicieron un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que se unan a la defensa de la tierra y el territorio, “y luchar todos juntos en favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte”.
En su pronunciamiento demandaron “la cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas mineras e hidroeléctricas; el respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro tipo de régimen agrario, y la cancelación de la explotación de gas a través del uso del fracking”.
También exigieron respeto a su derecho de asociación, reunión y de participación política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios; respeto a su autonomía y libre determinación de sus pueblos, y que se garantice el derecho a un ambiente sano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422104
OAXACA, Oax: Autoridades ejidales y comunales de los distritos de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declararon su territorio libre de la minería, debido a que esos proyectos contaminan sus terrenos de cultivo, afirmó el representante del Colectivo en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes Méndez.
El agente municipal de San Matías Chilazoa, Ejutla, Nicolás Cruz Arango, dio a conocer en rueda de prensa la declaratoria firmada por nueve autoridades de Valles Centrales, en la que exigen al gobierno federal y estatal la cancelación de 18 proyectos mineros.
La declaratoria será entregada a las secretarías de Gobernación, de Economía y del Medio Ambiente, así como a la CNDH, además de instancias estatales de Turismo y Desarrollo Económico, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Secretaría de Asuntos Indígenas.
Además, el comisariado ejidal de Monte del Toro denunció que la minera Cuzcatlán pretende ampliar su área de operación, pues está perforando otras áreas cercanas a sus ejidos, donde hay más de 100 invernaderos que producen toneladas de tomate y su preocupación radica en la eventual contaminación de sus productos.
El secretario técnico del colectivo resaltó que en la región de Valles Centrales hay 18 proyectos mineros, de los que dos se encuentran en producción comercial de oro y plata, el de San José del Progreso y San Pedro Totolapan, autorizados en 2004 y con vigencia de 50 años.
Luego adelantó que las comunidades acordaron promover acciones legales y pacíficas para hacer respetar estos acuerdos y prohibir todo tipo de actividad relacionada con la minería, actividad que sólo ha dejado violencia, como en el caso de San José del Progreso, donde de 2010 a 2012 se contabilizan cuatro muertos, dos del ayuntamiento y dos defensores del territorio, así como ocho lesionados, aparte de que cinco defensores cuentan con medidas cautelares.
Así, los comisariados ejidales y comunales de Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac prohibieron de manera estricta la emisión de autorizaciones para realizar estudios de prospección, exploración y explotación minera en la región.
En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor de 90% del territorio de estas comunidades a las empresas mineras Cuzcatlán SA, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; Minera Aurea SA, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla SA y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos.
Los inconformes exigen la cancelación de los títulos de concesión minera denominados San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracción 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracción 2, Ejutla Fracción 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracción 1, Los Ocotes Cinco Fracción 2, Los Ocotes y Los Ocotes Seis Fracción 1, que afectan una superficie de 49 mil 376 hectáreas de su territorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422110
URUAPAN, Mich: Ignacio Mendoza, abogado del fundador y exlíder de autodefensas José Manuel Mireles Valverde, calificó como una “burla” para el sistema de justicia mexicano la negativa del excomisionado para la Seguridad de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y el procurador Martín Godoy Castro para acatar la orden del Juzgado Quinto de Distrito de esta ciudad para presentarse a declarar.
El también abogado de Cemeí Verdía dijo que ninguno tiene justificación para no presentarse y de mantener esa postura los tres podrían hacerse acreedores a una multa superior a los 80 salarios mínimos.
Castillo, abundó, tiene un cargo de gran envergadura (es titular de la Comisión Nacional del Deporte) por lo que pudo haber ido a declarar y en lugar de ello envió con un ayudante un escrito sin firma.
“José Martín Godoy es el procurador de Justicia de Michoacán y bien pudo haber venido en helicóptero y no se hubiera entretenido ni cuatro horas”, abundó.
En el caso del exgobernador, sostuvo, ahora es un ciudadano común y corriente, y con mayor razón pudo acudir pero al parecer tenía problemas de salud, explicó el defensor de Mireles.
El abogado afirmó que tiene ganado el caso, que el exlíder de las autodefensas saldrá pronto en libertad por el cúmulo de pruebas que ha presentado en el Juzgado Quinto de Distrito y cuyo titular, el juez José Armando Wong Aceituno, no tendrá más opción que dejarlo en libertad.
“El juez les hará llegar un cuestionario (a Vallejo, Castillo y Godoy) a ver si se dignan a contestarlo, pero este caso ya está ganado para que el doctor Mireles recupere su libertad, porque las causales son iguales a las de Cemeí Verdía, por la que le otorgaron la libertad”.
Por su parte, el fundador de las autodefensas de La Ruana Hipólito Mora Chávez dijo en entrevista a los medios que el sí se presentó a declarar y dijo por qué surgieron las autodefensas y cómo los utilizó el gobierno enviándolos como “carne de cañón” a limpiar Michoacán del crimen organizado.
“Nos organizamos porque el crimen organizado nos humilló, pisoteó y asesinó a muchos; hizo que dejaran sus pueblos, por tal motivo nos convertimos en autodefensas, para defender a nuestra familia ya que el gobierno nos dejó en manos del crimen organizado, no hubo ningún otro motivo por el que nosotros tomamos las armas.
“No fue para apoderarnos de plazas como dicen los narcotraficantes, no fue para asesinar sólo para defender nuestros derechos. En el momento que surgieron las autodefensas llegaron las fuerzas armadas y nos apoyaron a combatir a Los Caballeros Templarios, tanto la Policía Federal como el Ejército”, relató Hipólito al juez Wong Aceituno.
La declaración se realizó en medio de un despliegue de elementos de las policías federal, estatal y rural así como de unos 20 familiares de las 185 autodefensas detenidos en la comunidad de La Mira, el 9 de mayo del 2014.
Con pancartas en mano los familiares de los autodefensas presos exigieron su libertad. “A los que sean culpables que los castiguen si tienen antecedentes y a los que no y sean inocentes que ya los dejen en libertad”, pidieron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422093
México, DF. Al cumplir tres años como presidente, Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de trabajar "por un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global".
En un par de tuits publicados en su cuenta personal, el Ejecutivo destacó que el país "está en movimiento" a través de las reformas estructurales, políticas públicas innovadoras e infraestructura.
"Hoy refrendo mi compromiso de trabajar para que tod@ mexican@ pueda escribir su propia historia de éxito y ser feliz #3AñosDeGobierno", agregó.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/01/mexico-avanza-con-reformas-dice-pena-3833.html
México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que de la reunión con los familiares de los normalistas desaparecidos y los integrantes del Grupo de Expertos, se lograron “importantes acuerdos”, como el establecimiento de reuniones de trabajo periódicas, exhaustividad en las nuevas líneas de investigación y en las acciones de búsqueda.
En el encuentro, la titular de la PGR, Arely Gómez, reiteró que la investigación del caso Iguala “sigue abierta” y que “se desarrolla con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes (GIEI)”, con lo cual se refrenda el compromiso institucional de que los responsables de estos lamentables hechos sean consignados ante las autoridades federales.
Informó que la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, encargada de conducir la segunda etapa de la investigación, comenzó actividades coincidiendo con la renovación del mandato del GIEI el pasado 1 de noviembre.
En el comunicado, que da cuenta del encuentro que se llevó a cabo en las oficinas centrales de la PGR,
se informa que fue presentado de manera oficial a los integrantes de la nueva Oficina de Investigación del Caso Iguala, que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Esta unidad, encargada de conducir la segunda etapa de la investigación, comenzó actividades coincidiendo con la renovación del mandato del GIEI el pasado 1 de noviembre y es encabezada por el Licenciado José Aarón Pérez Carro, quien se ha desempeñado en el servicio de procuración de justicia federal desde 1998.
A la reunión asistieron los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el titular de la división de la Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, y el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres.
También participaron los expertos del GIEI, Ángela Buitrago y Francisco Cox Vial, así como representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/30/investigacion-del-caso-iguala-201csigue-abierta201d-reitera-pgr-1153.html
