Conapo deberá informar sobre presupuesto para prevenir embarazo adolescente

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Consejo Nacional de Población (Conapo) buscar y entregar la el soporte documental sobre el presupuesto asignado a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA).

Dicha información, pidió, deberá entregarse desagregada por estados y municipios y especificar los criterios que determinan la asignación de los recursos en el ejercicio fiscal 2015.

En su respuesta inicial a la particular que requirió la información el Conapo indicó que su Secretaría General y las entidades federativas, recibieron “cero” presupuesto para operar y ejecutar la ENAPEA y por lo tanto no hay documento alguno.

A fin de verificar su respuesta el Conapo adjuntó la captura de pantalla del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y 2015.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el Inai en el que argumentó que resultaba inverosímil que el Conapo no contara con recursos federales para la operación del programa ya que éste ha sido señalado de alta prioridad para el gobierno federal. El caso fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez.

El Conapo reiteró su respuesta en los alegatos y al analizar el caso el comisionado ponente pudo verificar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, anexo 13 titulado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se puede encontrar el presupuesto etiquetado para la ENAPEA.

Incluso encontró que las dependencias que cuentan con recursos para la ENAPEA son Gobernación, mediante el programa presupuestario PP06 con 10 millones de pesos; Hacienda y Crédito Público, el P010 con cinco millones, y el sector Salud con la partida E022 con ocho millones.

Tras realizar una búsqueda de información pública, Salas Suárez localizó el boletín de prensa 254, emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que se advierte que la ENAPEA fue puesta en marcha por el presidente a partir de 2015.

“Por tanto, el Conapo es competente para pronunciarse respecto de lo solicitado en lo concerniente al año 2015”, concluyó el comisionado ponente.

Según la ponencia de Salas Suárez el organismo utilizó un criterio de búsqueda “incorrecto”, pues en su respuesta remitió a la particular la captura de pantalla del Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos, para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y ahí no se establece un presupuesto etiquetado para la ENAPEA.

La Secretaría General del Conapo, abundó, es la coordinadora del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) de la misma ENAPEA “por lo que el presupuesto asignado se reflejaría en esa Institución”.

Salas Suárez destacó la importancia de la ENAPEA al señalar que de 2003 a 2012 se elevó de 15.6% a 18.7% el número de nacimientos en madres entre los 15 y 19 años de edad.


Propuso al pleno del Inai revocar la respuesta del Conapo e instruirlo a que realice una nueva búsqueda en la Unidad Administrativa competente, es decir, su Secretaría General y entregue a la particular la información en los términos referidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Tres años después, buscan ordenar y transparentar el gobierno federal

Se trata de un plan estratégico que la función pública implementará en los últimos tres años de una administración fuertemente criticada por su falta en la rendición de cuentas.

Al cumplirse el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien junto con otros miembros de su gabinete se ha visto inmerso en escándalos de conflicto de interés, el polémico secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, anunció el Plan Estratégico 2016-2018, encaminado a lograr un gobierno ordenado, abierto, cercano a la sociedad, transparente y que genere confianza.

En el marco del encuentro de los 211 titulares de los órganos Internos de Control (OICs) y los comisionarios propietarios y suplentes de toda la Administración Pública Federal (APF), el funcionario propuso que con base en las grandes demandas públicas, se profundice el plan en cuatro ejes fundamentales.

El primero en materia de quejas y responsabilidades públicas, para mejorar el contacto con la ciudadanía; el segundo, dirigido a una mayor apertura en las contrataciones públicas, no sólo a nivel local, sino también global.

El tercero, mantener el seguimiento de la Administración Pública Federal, considerando que la auditoría es el instrumento principal para determinar su desempeño; y por último, consolidar un gobierno cercano y moderno, mediante un conjunto de indicadores establecidos.

Andrade Martínez, el funcionario peor evaluado según la encuesta de Reforma difundida este martes 1 de diciembre, precisó que estos cuatro rubros conformarán la agenda estructural a mediano plazo, para avanzar en la modernización del ejercicio gubernamental, en la oportuna aplicación de los recursos federales, así como en la rendición de cuentas.

A la reunión asistieron los subsecretarios de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, y de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Javier Vargas Zempoaltécatl y Raúl Sánchez Kobashi, respectivamente.


También estuvieron presentes la coordinadora general de Órganos de Vigilancia y Control, Blanca Alicia Mendoza Vera, y el titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, Óscar Sánchez Delgado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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En ocho días, detienen a 105 presuntos delincuentes en Tamaulipas

Las cifras se dieron a conocer durante una reunión del Grupo de Coordinación Tamaulipas que encabezó el gobernador Egidio Torre Cantú en las instalaciones de la Octava Zona Militar.

Un total de 105 personas fueron detenidas como presuntas responsables de delitos en Tamaulipas, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas, conformado por fuerzas federales y del estado.

En un comunicado, detalló que las detenciones ocurrieron del 19 al 26 de noviembre pasado.

44 personas quedaron a disposición de las autoridades por delitos del orden federal, mientras que otras 61 por delitos del fuero común.

En cuanto al desmantelamiento de comunicaciones y vehículos de los grupos delincuenciales que operan en Tamaulipas, en los municipios de Victoria y Soto la Marina se destruyeron dos antenas de radiocomunicación; en Camargo aseguraron siete vehículos, cinco de ellos con blindaje artesanal.

Por otra parte, ante la Procuraduría General de la República (PGR) fueron puestas a disposición 176 armas de fuego, 103 largas y 73 cortas, aseguradas también del 19 al 26 de noviembre por las fuerzas de seguridad.

En el periodo referido se decomisaron tres mil 158 kilos de mariguana y 134 dosis de cocaína en diferentes municipios, además se aseguraron 46 mil litros de hidrocarburo, nueve vehículos, nueve contenedores y se detuvo a una persona en relación a este ilícito.

Otros logros fueron el hallazgo y anulación de dos tomas clandestinas de hidrocarburos sobre ductos propiedad de Petróleos Mexicanos y el aseguramiento de 260 migrantes centroamericanos en diferentes puntos del estado.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas enfatizó que en otras acciones, policías estatales de Fuerza Tamaulipas frustraron la noche del 30 de noviembre el secuestro de una persona en ciudad Victoria.


La víctima fue rescatada con vida y en el operativo murió uno de los presuntos responsables y deteniendo a dos más, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por su probable comisión en el delito de privación ilegal de la libertad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Camioneta y cuerpos calcinados en Sinaloa serían de turistas australianos desaparecidos

El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, consideró que el posible asesinato de los surfistas australianos es una "nota que no nos deja bien parados y nos lastima".

Los cuerpos de dos hombres fueron localizados el domingo pasado en el interior de una camioneta Chevy Van quemada en Navolato, Sinaloa; reportes preliminares apuntan que los cadáveres pertenecen a dos surfistas australianos que habían desaparecido.

Los dos hombres, Dean Lucas y Adam Coleman, ambos de 33 años y provenientes de la Bahía Dorada, en las afueras al norte de Perth, fueron vistos por última vez abandonando un ferry en Topolobampo, Sinaloa, la noche del 20 de noviembre. Desde entonces no han contactado con nadie.

Sin embargo, el Departamento de Asuntos Exteriores informó el lunes que el fin de semana había recibido noticias de “acontecimientos alarmantes”, que han sido comunicados a las familias de los surferos.

La pareja se encontraba realizando un viaje de surf y, de acuerdo con la novia de uno de ellos, tenían “planes sólidos y reservas” para estar en Guadalajara el 21 de noviembre, pero nunca llegaron a su destino.

Los padres de la pareja parecen tener la confirmación de sus muertes, ya que el lunes rindieron homenaje a ambos en las redes sociales.

El Departamento de Asuntos Exteriores está dando asistencia consular a las familias y emitió un comunicado en su nombre el domingo, en el que explicaban que se había encontrado la furgoneta y un “suceso trágico” había ocurrido.

“Las familias tienen profundos temores sobre la seguridad de sus hijos, pero subrayan que todavía están esperando que se confirmen los detalles”, según el comunicado.

“Pedimos privacidad durante este dificilísimo momento”, reclamaban.

Las novias de los dos surfistas australianos reportados como desaparecidos llegan esta semana a Culiacán, Sinaloa para estar al tanto de los exámenes de ADN que se practicarán a los cuerpos hallados en Novolato y comprobar si se trata de sus parejas.

De acuerdo con la agencia AP, Andrea Gómez, novia de Adam Coleman y Josie Cox, novia de Dean Lucas, viajarían a Culiacán junto con familiares de los australianos, luego de que se encontró una camioneta similar a la que ocupaban, quemada con dos hombres en su interior, quienes podrían ser los australianos desaparecidos.

El fin de semana fue hallada en el municipio de Navolato, Sinaloa, una camioneta calcinada y dos cuerpos a bordo. Ya se confirmó que el vehículo pertenecía a los jóvenes.

“El número de identificación vehicular sí corresponde a su país, Canadá (…), traían placas de circulación de Alberta, Canadá, a nombre de Adam Coleman”, informó el procurador de Sinaloa, Marco Antonio Higuera.


La noticia ha llegado hasta The Sidney Morning Herald tanto en video como en texto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Fiscalía Anticorrupción de España investigaría operaciones de OHL en México

La comisión rogatoria, que habría enviado España a México, es una comunicación oficial que un juez o tribunal dirige a una autoridad judicial extranjera, para que ésta ejecute un acto de instrucción o practique otra diligencia.

La Fiscalía Anticorrupción de España envió a México una comisión rogatoria, con la que busca obtener información para aclarar el tema de los presuntos sobornos y extorsiones pagados por OHL a funcionarios del gobierno del Estado de México, de acuerdo con información de El Confidencial.

Diversas fuentes indicaron a El Confidencial la petición de información por parte del Ministerio Público, pesquisas que irían dirigidas a aclarar si ha habido soborno de funcionarios por parte de la constructora, que opera en el país a través de su filial OHL México, para hacerse con contratos y mejoras posteriores de sus concesiones.

El medio refiere que algunos diputados le han preguntado a la procuradora si las autoridades españolas le han solicitado algún tipo de información o ayuda en relación al presunto caso de corrupción, a lo que Arely Gómez se limitó a responder que “estamos trabajando en estos temas que tú comentas” y que “se hará lo que se tenga que hacer”.

Mientras que en la Fiscalía Anticorrupción la respuesta es que “prefieren no pronunciarse aún sobre este asunto”, según ha señalado un portavoz oficial ante las retiradas consultas de este medio.

En tanto, en los servicios jurídicos de OHL afirman “no tener constancia de la supuesta comisión rogatoria enviada a México en relación con el Viaducto Bicentenario por la fiscalía española en nuestra empresa, ni en Madrid ni en México, DF”.

OHL ha sido implicada, en los últimos meses, tanto en un presunto caso de corrupción en el Viaducto Bicentenario, como por la contabilización irregular de sus concesiones, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza una investigación contra la empresa.


El Confidencial afirma que México ha sido para OHL “el maná de la compañía en los últimos años, hasta el punto de que es el principal mercado del grupo, sólo por detrás de España, al representar casi un 15% de su cifra de negocio. Actualmente, la compañía construye, administra, opera y mantiene seis autopistas de peaje y un aeropuerto”. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Tortura, sello de la PGJE en casos de feminicidios en Quintana Roo

CANCUN, Q. Roo: Activistas y familiares de presuntos implicados en feminicidios advierten que la aparente eficacia de la PGJE para localizar y detener a supuestos responsables se consumó partir de la tortura y la “fabricación” de culpables.

Frente a la presión social y política bastaron dos semanas para que la Procuraduría aparentemente resolviera seis de 11 feminicidios reportados este año, siete de ellos ocurridos entre octubre y noviembre.

Así, la dependencia localizó y arrestó a presuntos responsables, mientras que otro fue detenido en flagrancia y uno más está identificado pero sin aprehender, aunque su fotografía ya fue divulgada.

Sin embargo, la principal prueba contra los cuatro presuntos homicidas localizados y arrestados es su propia confesión.

Ello ha levantado suspicacias, sobre todo porque las capturas han sido ampliamente publicitadas, e incluso el gobernador priista Roberto Borge ha encabezado ruedas de prensa para dar a conocer la identidad y la aprehensión de los supuestos responsables de dos de estos asesinatos.

Los cuatro implicados primero fueron consignados por cohecho y ultrajes a la autoridad, y una vez dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) se les acumuló el delito de homicidio.

La actuación de la PGJE en estos casos ha estado antecedida por escándalos de violación de derechos humanos.

Un caso es el de Héctor Casique Fernández, donde se comprobó a través del Protocolo de Estambul que fue sometido a tortura en los separos de la Policía Judicial (PJ).

También destaca la injusta detención de dos jóvenes –uno acusado de homicidio y otro por robo–, quienes finalmente fueron liberados al confirmarse su inocencia.

Ante estos antecedentes un grupo de activistas de derechos humanos tomó la defensa de Carmen Ramos Pérez, “El Conejo”, al que el gobernador presentó como el culpable de la muerte de Karen Carrasco, quien fue encontrada el 12 de octubre sin vida en un área verde de la Región 207, en donde fue violada y después asesinada a golpes con una piedra en la cabeza.

El homicidio de la universitaria provocó la indignación y la presión ciudadana. Más de 6 mil personas, convocadas por estudiantes de la Universidad del Caribe, realizaron una manifestación de protesta en las calles del centro de Cancún y en la plaza de la Reforma del palacio municipal.

El procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera refirió que el señalado era lavador de carros y frecuentaba esta área verde para masturbarse, drogarse o emborracharse.

El activista Raúl Fernández indicó que “El Conejo” denunció que fue víctima de tortura para que se adjudicara la muerte de Karen.

Leonardo Kumul, abogado de esta agrupación, visitó a “El Conejo” en el Cereso de Cancún, y tras ese encuentro tramitó una amparo contra actos tortura, recurso que le concedió de forma provisional el Juzgado Quinto de Distrito.

“Pudo constatar (Kumul), el día que fue lo visitar a los cubículos del (penal de Cancún), que lo torturaron. (Carmen Ramos) se bajó los pantalones y tenía los testículos completamente inflamados, a punto de reventar, además la mandíbula dislocada por los golpes. También la clavícula”, dijo Raúl Fernández a Apro.

El acusado presentó el jueves 26 un nuevo escrito ante el juez quinto de distrito, en el que solicitó un amparo para recibir atención médica.

“Debido a los golpes y lesiones sufridos durante mi tortura, me encuentro en un mal estado de salud tanto física como mental, por tanto solicito a usted se me otorgue atención médica y se me practique un examen extenuante”, señala el acusado en los recursos presentados al juez federal.

Además, a través de las redes sociales, universitarios exigen pruebas de ADN para comprobar que fue él quien sin lugar a dudas atacó y mató a su condiscípula.

Previo a la captura de “El Conejo”, la Procuraduría detuvo a César Castillo Ríos, de 29 años, acusado de asesinar a su exnovia Abril Alejandra López Valencia, de 36 años, y a Luis Enrique Meza Calderón, de 27 años, “El Peque”, señalado como el responsable del homicidio de María Fernanda Vargas Sánchez, de 13 años.

Pero el 12 de diciembre, al rendir su declaración ante el juez, “El Peque” no aceptó la declaración que firmó en el MP del fuero común, pues acusó que fue golpeado por los agentes judiciales.

También llamó la atención que los rasgos faciales del detenido no correspondían con el retrato hablado que difundió hace cinco meses la PGJE tras el homicidio de la adolecente.

La dependencia lo señaló de ser un ladrón y que, drogado, atacó a Maryfer cuando la joven caminaba cerca de un lote baldío en el fraccionamiento Paseos del Mar.

De igual modo César Castillo, de 27 años y acusado por el homicidio de su exnovia, declaró ante el juez penal que fue torturado para que se confesara culpable del asesinato de quien fuera su pareja, y cuyo cuerpo apareció en un área verde en la zona hotelera de Cancún.

César fue arrestado luego que en redes sociales divulgó un video en el que pidió apoyo para dar con el paradero de Abril Alejandra López, quien era su compañero de trabajo en un centro de hospedaje de la zona turística.

Sin embargo, para la PJ Castillo Ríos mató por celos su expareja, ya que ella le confesó que tenía otro novio con el que se iba a casar.

Y el domingo 22 el gobernador Roberto Borge presentó a Everardo Elías Escobar, un taxista y exfuncionario del Instituto Municipal del Deporte como presunto responsable del homicidio de Elsy del Rosario Sánchez Pisté, instructora de spinning y zumba, quien el viernes 6 fue encontrada desnuda, con moretones en el cuerpo y estrangulada en su vivienda en el fraccionamiento Paseos Kabah, en la Región 233.

“Es un presunto confeso”, acotó el gobernador en rueda de prensa esa noche en la sede de la Subprocuraduría de la Zona Norte.

El mandatario estatal, que ha insistido en que estos casos no sean referidos como feminicidios, afirmó que el asesinato de Elsy Sánchez fue por celos, pues la madrugada del homicidio le informó a Everardo Elías que regresaría Mérida, Yucatán, con su esposo.

En todos los casos Borge Angulo también destacó que en los interrogatorios ha estado presente un defensor de oficio.

A través de su cuenta de Facebook, Trinidad Pérez, pareja de Everardo Elías, respondió al mandatario estatal:

“Sr gobernador, es una injusticia lo que se está haciendo con Everardo Elías, no se vale que a base de tortura lo hayan obligado a echarse la culpa; él es inocente y toda la gente que lo conoce lo sabe”, escribió.

También refirió que una mujer que la PJ presentó como testigo del crimen negó que las características físicas del sujeto que observó que frecuentaba a Elsy coincidieran con las de Everardo Elías.

“A una mujer le mostraron una foto de él y ella dijo: ‘No, él no es, la persona que vi es más joven y éste no es’. Luego le preguntaron que si ella vio el número de taxi y contesto que no”, abundó Trinidad Pérez.

También destacó que en la madrugada del viernes 6, cuando ocurrió el crimen, Everardo se encontraba con ella.

Y subrayó:

“Dios es grande y sabe que lo obligaron a decir que es culpable”.

Así, la única captura relacionada con esta secuencia de homicidios de mujeres que no ha requerido una investigación para localizar al responsable es la de Jaime Abraham May Alfaro, “El Güero”, quien fue detenido en flagrancia minutos después de atacar en su domicilio a su pareja Yolanda Sánchez, en Chetumal.

Además, la PJ anda tras la pista del expolicía municipal Néstor Orlando Cel Carrillo, acusado de asesinar en la madrugada del lunes 2 a su pareja Paloma Guadalupe Balam Poot, de 18 años, quien fue encontrada sin vida en una calle del fraccionamiento Villas del Mar III.

De los homicidios de mujeres ocurridos en Cancún y Playa del Carmen en lo que va del año quedan aún cinco por resolver, y en uno de ellos, ocurrido en la segunda semana de junio en las playas de Cancún, la PJ ni siquiera identificó a la víctima.

Pero la aparente eficacia en la detención de cuatro presuntos responsables de los homicidios de mujeres ha estado antecedida por casos de tortura e incriminación de inocentes que ha dejado mal parada a la Procuraduría.

Uno de los casos más notables fue el de un estudiaste de la Universidad Tecnológica de Cancún, quien permaneció 77 días en presión, acusado de participar en el asesinato de un proxeneta en un “spa” en la Región 92.

Unas de la sexoservidoras de ese establecimiento señaló que uno de los asesinos vestía un “abrigo” rojo, y Christian Vicente Córdoba, que poco después de los hechos corría hacia el paradero de camiones, fue detenido por vestir un suéter de ese color.

Tras las protestas de la familia, la PGJE reconoció su error y liberó al estudiante.

Otro caso simular fue el del joven Leyva Uscanga, quien fue detenido, cuando estaba acompañado de su novia, acusado de pertenecer a una peligrosa banda de ladrones y cuyo atraco más relevante habría sido un robo a casa-habitación, en agravio de María Concepción Garfias López, ocurrido el 13 de agosto de 2014.

El joven permaneció durante 48 horas en los separos de la PJ, en donde fue sometido a tortura, incluida la amenaza de que su novia sería violada frente a él.

El 17 de julio de 2014, tras 10 meses en presión, Jorge Leyva salió libre, pero en la Procuraduría le dieron instrucciones de negar entrevistas a los medios.

Sin embargo, el caso más relevante de abusos por parte de la Procuraduría es el cometido en agravio de Héctor Casique Fernández, instructor de artes marciales y exescolta de funcionarios públicos, quien fue señalado de pertenecer al Cártel del Golfo y acusado de ser uno de los responsables de la masacre de siete personas en el bar “La Sirenita”.

Más tarde se comprobó que Casique Fernández fue torturado para que se declarara culpable.

Por ello la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado determinó, por las lesiones de que fue objeto Héctor durante su reclusión en los separos de la PJ, proceder penalmente contra 37 funcionarios de la Procuraduría, incluido quien fue director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, actual subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP).

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Belio Rosado, en Quintana Roo la práctica de la tortura “es sumamente preocupante”.

Y llama la atención, manifestó el legislador panista, la celeridad con la que se han resuelto la mayoría de los casos de homicidios de mujeres.

“Las pesquisas, de manera inusual, han llevado con prontitud a dar con los culpables. Esto crea suspicacias”, sentenció.

“El ciudadano lo que pide es claridad y aquí no la hay. Se tiene que probar a cabalidad la culpabilidad”, subrayó.

El activista Omar Sánchez Cutis, coordinador de Morena en el distrito electoral 01federal del estado, afirmó que el caso de la localización y captura de los supuestos responsables de los feminicidios sólo ha evidenciado las carencias de la PGJE.


“Solamente obtienen la confesión a “tehuacanazos”, comentó Omar Sánchez, que también fue acusado penalmente de sabotaje por la Procuraduría al participar en la defensa de los activistas que por el mismo delito fueron detenidos tras encabezar protestas por el incremento de tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto.

FUENTE: PROCESO,
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421895

Grupos civiles: “otro Escobar” podría ir a Segob; pagan al PVEM con puestos públicos, acusan

Integrantes de organizaciones civiles enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Segob se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

Organizaciones civiles de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social hicieron un llamado este martes para dar un giro a la política de prevención del delito en México.

Después de congratularse por la salida de Arturo Escobar y Vega como Subsecretario de Prevención y Participación del Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), los grupos civiles alertaron del riesgo que existe de que otros servidores públicos que no son idóneos vuelvan a ocupar el puesto.

Entre los posibles candidatos que las organizaciones acusan de no llenar los requerimientos del cargo señalaron al director general de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Eduardo Vásquez Rossainz, y a la actual directora general de Participación Ciudadana, Ruth Zavaleta.

“Vásquez tiene un perfil meramente de Policía y queda en duda la parte de prevención del delito, y Zavaleta, más bien, tiene una trayectoria política, fue Diputada Federal por el Verde. Por eso pedimos que desde ya se revisen sus perfiles”, dijo Clara Jusidman de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social.

Los integrantes de las organizaciones enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

La Coalición expuso que la salida de Escobar, ex vocero y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue un primer paso para “el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado”.

Escobar y Vega salió el 25 de noviembre de la Segob luego de una solicitud por parte de la Fiscalía Especializada para la Atenciónde Delitos Electorales (Fepade) a un juzgado de girar una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

En conferencia de prensa las organizaciones exigieron que la Segob incorpore una red de vigilancia ciudadana para la designación de cargos públicos que esté compuesta por ciudadanos expertos en la prevención del delito.

“Lamentablemente en México nunca se ha hecho. Estamos haciendo una exigencia y no es necesario hacer una asamblea en una plaza. Nosotros tenemos experiencia en esto y queremos que nos dejen hacerlo” , dijo Alfredo Peña de México Unido contra la Delincuencia.

Entre otras cosas, las organizaciones instaron a las autoridades a dar protección al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien tomó el cargo en febrero y dirigió durante seis meses la investigación a Arturo Escobar.

“Nosotros no tenemos conocimiento de que Nieto haya sido amenazado, ni hemos hablado con él, pero lamentablemente, sabemos de las presiones que surgen a raíz de estas investigaciones”, explicó Carlos Cruz.

Sobre la posible la designación de Escobar ameritaba la salida del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la representante de la asociación civil Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, dijo:

“No sabemos si el Secretario de Gobernación sabía de la investigación que se estaba realizando a cabo sobre Arturo Escobar, pero sí creemos que los perfiles que fueron designados no tenían el sustento moral para estar en ese puesto”.

Cuando Arturo Escobar fue designado a principios de septiembre como subsecretario, los miembros de la Coalición manifestaron su rechazo, por el menosprecio que se hace a los funcionarios de carrera y el favoritismo político a un personaje que arrastraba con varias polémicas durante su gestión en la campaña del PVEM.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-12-2015/1567694

Detienen en Michoacán a un presunto delincuente buscado por la DEA

MÉXICO, D.F: Elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron en Michoacán a René González Lagunas, de 48 años, quien presuntamente es buscado por la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El sujeto es buscado por su probable participación en delitos de narcotráfico y homicidio.

Según la PF la detención fue resultado de una denuncia ciudadana y labores de inteligencia e investigación con las que dieron con la ubicación del presunto delincuente en Michoacán.

Elementos federales se desplazaron a Morelia, realizaron una serie de vigilancias fijas y móviles y detuvieron a González Lagunas quien portaba un arma de fuego abastecida y diversas cápsulas, al parecer de metanfetamina, indicó la corporación federal.

El sujeto y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Michoacán que dará seguimiento a las investigaciones.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422177

Deudas ahorcan a Veracruz: Duarte y municipios deben a Banobras más de 13 mil mdp

XALAPA, Ver: Un documento de la dirección de negocios con gobiernos y organismos del Banco Nacional de Obras (Banobras) revela que el gobierno de Javier Duarte adeuda a ese organismo financiero 11 mil 579 millones 834 mil 149 pesos.

Estos pasivos según el oficio R/UETAIPG/324/2015 de Banobras en poder de Apro, corresponden únicamente a financiamientos otorgados durante el actual sexenio (2010-2016). El mismo documento refiere que durante el gobierno de Fidel Herrera –hoy cónsul en Barcelona– no se entregó crédito alguno.

Además el documento adquirido través de una solicitud de transparencia (0632000037915), revela que 97 de los 212 municipios de la entidad presentan un adeudo total acreditado de mil 598 millones mil 922 pesos.

Juntas, la deuda del gobierno de Duarte y la de los municipios suman 13 mil 177 millones 835 mil 241 pesos.

En 2014, señala Banobras, 71 municipios de Veracruz contrataron deuda con la dirección de crédito de la dependencia federal, mientras que en este año 14 ayuntamientos de Veracruz procedieron a la contratación de pasivos para poder efectuar obra pública.

Banderilla, Atoyac, Alto Lucero, Benito Juárez, Ciudad Mendoza, Catemaco, Chumatlán, Huayacocotla, Jesús Carranza, Otatitlán, Puente Nacional, Tancoco, Tecolutla y Tlapacoyan, fueron los municipios que contrataron deuda este año.

El 17 de noviembre pasado el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez, fijó la deuda del gobierno de Javier Duarte con proveedores, contratistas, empresarios y terceros institucionales en tres mil 468 millones 700 mil pesos.

Y la “deuda fija” del gobierno de Duarte registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 43 mil 786.5 millones de pesos más los pasivos de Organismos Públicos Desconcentrados (OPD) cuyos montos dijo no recordar, más las deudas de los ayuntamientos, las cuales Banobras tasó en mil 598 millones mil 922 pesos.

De acuerdo con el oficio de Banobras entregado vía Infomex, los ayuntamientos de Veracruz con mayor deuda contratada en Banobras son: Coatzacoalcos, con un pasivo de 392 millones 96 mil 573 pesos; Cosoleacaque, con 60 millones 549 mil 347 pesos; Acayucan, con una deuda de 29 millones 232 pesos; Minatitlán, con 59 millones 299 mil 736 pesos; Panuco, con pasivos por 42 millones 344 mil 969 pesos, y Tierra Blanca, endeudada con 25 millones 919 mil 355 pesos.

Además Tecolutla, con pasivos por 23 millones 148 mil 906 pesos; Tuxpan, con 36 millones 671 mil 991 pesos; el puerto de Veracruz, con deudas por 43 millones 790 mil 265 pesos, y Zongolica con empréstitos con la dependencia federal por 33 millones 60 mil 274 pesos.

Hace un mes el pleno del Congreso local aprobó al gobierno de Javier Duarte la contratación de un nuevo crédito por 21 mil millones de pesos para pagar parte de la deuda que le heredó Fidel Herrera y la que el propio Duarte contrajo.

Herrera la había dejado en 11 mil millones de pesos a diciembre del 2010 y en cinco años el priista la elevó a 44 mil millones de pesos, incluyendo los pasivos con Banobras.

Tras la reestructuración el préstamo se va a pagar con el 25% de dos fondos federales y el impuesto de 3% a la nómina de burócratas y prestadores de servicios.

El legislativo también dejó una rendija crediticia para que, “de ser necesario”, el mandatario veracruzano pueda contratar en su último año de gestión nuevos empréstitos hasta por 21 mil 700 millones de pesos.


En tanto los contratistas y constructores reclaman pago de obras de hace dos y tres años, la Universidad Veracruzana exige el pago de dos mil millones de pesos para infraestructura académica, proyectos de investigación y para el pago de la plantilla laboral y docente, y deportistas profesionales, universitarios y músicos mantienen el reclamo del pago de sus estímulos económicos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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Inicia en EU nuevo juicio contra ‘Pancho’ Colorado

Cuando fue detenido en 2013 las autoridades lo acusaron de adquirir caballos con dinero que recibía de 'Los Zetas', para luego hacer pasar los equinos como propiedad de su compañía ADT Petroservicios.

El mexicano Francisco Colorado Cessa comenzó a ser juzgado de nuevo en una corte federal de Austin, seis meses después de que se anulara el fallo de culpabilidad y la sentencia por participar en una operación de lavado de dinero de la organización criminal “Los Zetas”, mediante la compra de caballos.

Colorado, de 55 años de edad, enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero, misma pena que le dictaron en septiembre de 2013 y que fue anulada por una corte federal de apelaciones.

En mayo pasado, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, concedió a Colorado la oportunidad de un nuevo juicio al considerar que el gobierno no sustentó las acusaciones de que el empresario participó voluntariamente en la conspiración para el lavado de dinero.

El caso contra Colorado se desprende de una acusación presentada por un gran jurado federal en Texas en junio de 2012, contra 14 sospechosos de conspirar para lavar parte de las cuantiosas utilidades que obtienen “Los Zetas” por el tráfico de drogas.

De los 14 acusados, nueve fueron detenidos en Estados Unidos. El líder de la pandilla, Miguel Ángel Treviño Morales, quien también estaba enlistado en la acusación fue aprehendido el 15 de julio 2013 en México y otros cuatro más permanecen prófugos.

A lo largo del juicio, los procuradores federales argumentaron que desde 2008 hasta 2012, los presuntos conspiradores habían blanqueado millones de dólares mediante el uso de dinero de la droga para comprar caballos de carreras a través de empresas fantasmas, para pagar por sus gastos y sobornar a personal de las pistas de carreras.

Chris Flood, el abogado defensor de Colorado, dijo en su presentación inicial del caso al comenzar el segundo juicio contra su cliente este lunes, que el grupo delictivo forzó a Colorado a participar en el esquema de lavado de dinero adquiriendo caballos cuarto de milla.

Flood insistió en que “Colorado era un hombre de negocios” y pagó por los caballos utilizando su propio dinero, de procedencia legítima.

Sin embargo, el procurador federal Douglas Gardner, argumentó que Colorado sabía que todo el dinero de los Zetas procedía de ganancias del tráfico de drogas y la extorsión.

Colorado tenía una estrecha relación con el líder de los Zetas, Efraín “Z-14” Torres, y utilizó el dinero de éste para construir su negocio y fue arrastrado a la trama por el dinero que le debía, dijo Gardner.

En el juicio, la fiscalía planea llamar a testificar a más de 30 personas, varias de ellas entrenadores y compradores de caballos que trabajaron con Colorado y con José Treviño Morales, hermano del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño.

José Treviño administraba las actividades de lavado de dinero en Estados Unidos, haciéndose pasar como “legítimo” propietario de caballos de carrera cuarto de milla.


El resultado del juicio será independiente a una sentencia de cinco años de cárcel impuesta a Colorado en febrero de este año, por intentar sobornar con un millón de dólares a un juez federal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Se extenderá TV analógica sólo en unas estaciones: Ifetel

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones indicó que se pretende encontrar una salida al problema de las estaciones públicas que no han alcanzado a migrar.

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, indicó que tienen identificadas más de 200 estaciones de baja potencia del sector público social y más de 300 complementarias por parte de las estaciones comerciales, con las cuales se trabajará para extender la señal analógica, pues no están preparadas para el apagón analógico que se concretará en todo el país, el 31 de diciembre de este año.

“El número es grande, pero es importante señalar en el caso de las comerciales no representan a un nivel de población algo considerable, será acaso 3.0 por ciento de la población, según estudios que hemos hecho”, precisó, tras lo aprobado en el Senado para retrasar el apagón en algunos casos.

Sin embargo, precisó que la fecha del apagón analógico se mantendrá, aunque solo las estaciones públicas de baja potencia podrán hacer la migración después del 31 de diciembre próximo.

En entrevista con medios, explicó que la Ley Federal de Telecomunicaciones prevé que las estaciones públicas de baja potencia se incorporen a un programa que establezca el Instituto y sigan con la transmisión de señales analógicas después de la fecha establecida.

De hecho, comentó, es posible técnicamente que las emisoras públicas de alta potencia la bajen para de esta manera ser parte de este programa, propuesta que está en consideración en la Cámara de Senadores.

“Lo más importante es asegurarnos de cumplir con el propósito constitucional de lograr una transición digital ordenada, que todas las audiencias mantengan la continuidad de la prestación del servicio público y que logremos un uso eficiente del espectro radioeléctrico”, afirmó el presidente del Ifetel.

A su vez, confió en que la banda 700 megahertz estará liberada el 31 de diciembre de este año y recordó que se ha trabajado de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asegurar que el programa implementado les permita liberarla lo antes posible.

“Está previsto que la banda 700 megahertz estará completamente liberada al 31 de diciembre con o sin reforma legal”, destacó el presidente del Ifetel.


Recordó que el próximo 17 de diciembre se dará el apagón en la zona del Valle de México, lo que implicará el despeje de la banda.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Aprueban Comisiones del Senado retrasar ‘apagón analógico’ en televisoras públicas

Se trata de que los medios públicos que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, antes de esa fecha den aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que les autorice la suspensión temporal de transmisiones y con ello evitar las sanciones respectivas y la consecuente revocación del permiso o concesión.

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos aprobaron el proyecto de decreto que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para que los permisionarios o concesionarios de radiodifusión de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas, puedan concretar la transición digital.

En el dictamen se explica que está previsto que sea discutido y votado en el pleno en la sesión de este martes, que los medios públicos que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, con antelación a esa fecha, den aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que les autorice la suspensión temporal de transmisiones y con ello evitar las sanciones respectivas y la consecuente revocación del permiso o concesión.

Además, propone garantizar la continuidad del servicio público para la televisión de baja potencia, ya que el IFT deberá implementar un programa para que la población continúe recibiendo el servicio público de interés general, en tanto las estaciones de televisión inician transmisiones digitales o se alcanzan los niveles de penetración establecidos.

Con ello, se menciona en el documento aprobado, “se da cauce a las inquietudes de los medios públicos ante la cercanía del apagón analógico y la imposibilidad de muchos de ellos de cumplir con la transición digital”; además de garantizar la pluralidad de contenidos culturales, educativos y científicos.

El dictamen modifica el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Plantea que aquellos permisionarios o concesionarios de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se les autorice la suspensión temporal de sus transmisiones, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

O en su caso, se agrega, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea aplicable el programa de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artículo.

El dictamen precisa que los plazos que autorice el Instituto a los operadores para que lleven a cabo la suspensión de sus transmisiones, en ningún caso, excederán del 31 de diciembre de 2016.

En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre, y/o no hubieren alcanzado el nivel de penetración, el IFTdeberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general en las áreas respectivas, en tanto inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en este artículo.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras agregaron que “los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa”.

Además, acordaron que “a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral se suspenderá la distribución o sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como los programas de entrega de televisores digitales, en aquellas entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales durante 2016”.

El Instituto Nacional Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición y aplicará, en su caso, las sanciones correspondientes. La entrega, distribución o sustitución de equipos receptores, decodificadores o televisores digitales, en contravención a lo dispuesto en este artículo, se reputará como propaganda gubernamental y será sancionada en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dijo que desde que se presentó la reforma constitucional se advirtió que el plazo “no era realista” e incluso se discutió la posibilidad de que para las televisoras públicas fuera para 2016, pero esta propuesta se rechazó.


De lo que se trata con la reforma, enfatizó, es que sólo este tipo de televisoras puedan suspender operaciones porque “si no hacemos nada” se ubican en causal grave de violación a la ley que podría ser objeto de revocación de su concesión.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0112/mexico/aprueban-comisiones-del-senado-retrasar-apagon-analogico-en-televisoras-publicas/

Corte de EU desecha demanda de Alejandra Sota contra la periodista Dolia Estévez

WASHINGTON: La Corte Federal del Distrito Este del estado de Virginia desechó los tres cargos de la acusación por difamación y daños económicos que interpuso Alejandra Sota Mirafuentes en contra de Dolia Estévez.

La demanda de la exvocera del expresidente Felipe Calderón contra la periodista asentada en esta capital derivó de la publicación de un artículo de opinión en el portal de Forbes titulado: “Los 10 mexicanos más corruptos de México”, en el que incluyó a Sota.

“Los argumentos que hace Sota son en su mayor parte opiniones de Estévez que no pueden razonablemente ser declaradas o implicadas en hechos falsos”, se lee en el fallo de 12 páginas que ayer emitió el juez Liam O’Grady.

En su querella contra la periodista –colaboradora de Noticias MVS y también de Forbes–, Sota Mirafuentes sostuvo que fue difamada y, además, que el artículo le causó daños económicos a sus negocios personales.

En su texto, Estévez señala que la excoordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el sexenio pasado “estaba siendo investigada por parte de las autoridades mexicanas”, presuntamente por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, y añade que Sota estudiaba en la Kennedy School de la Universidad de Harvard sin contar con una licenciatura profesional.

También destaca que cuando fungió como vocera y asesora de Calderón, Sota Mirafuentes favoreció con la asignación de contratos gubernamentales a sus excompañeros de escuela y amigos.

“Sota admite que ella estaba siendo investigada por corrupción, por parte de las autoridades mexicanas, y que estudiaba en la Universidad de Harvard sin contar con un título profesional”, subraya el dictamen del juez O’Grady.

El fracaso de la demanda de Sota, según la interpretación del magistrado en Virginia, se sustenta en lo que en Estados Unidos se garantiza en la Primera Enmienda: la libertad de expresión.

“Las opiniones no están generalmente sujetas a demandas porque dichas declaraciones no pueden ser objetivamente caracterizadas como verdaderas o falsas”, destaca el juez en su fallo.

Para su demanda contra Estévez, la exvocera de Calderón contrató los servicios del bufete de abogados Boies, Schiller & Flexner, uno de los mas caros en Estados Unidos. Por su parte, la periodista mexicana es representada sin costo alguno por la firma de abogados Morrison & Foerster.

La demanda de Sota Mirafuentes califica como “difamación” el que Estévez la considere en su artículo como una de las personas a quienes los mexicanos “perciben” como entre las más corruptas.

“La aserción de que Sota era percibida entre los mexicanos más corruptos en 2013, no puede ser objeto de demanda porque no es objetivamente verificable y porque conlleva a una aserción subjetiva”, enfatiza O’Grady en sus conclusiones.

Sobre los supuestos daños económicos que le causó el texto publicado, Sota Mirafuentes sostuvo en su queja que se le fueron de las manos unos contratos que presuntamente le otorgaría el gobierno mexicano a su firma de consultaría Integra, Metas Estratégicas.

Supuestamente, y según la demanda, la exfuncionaria federal hubiese percibido de 850 mil a un millón 700 mil dólares con esos contratos, pero no se concretaron porque justo cuando estaba en negociaciones con el gobierno, apareció el artículo de Estévez.

“No existe una manera objetiva de probar si Sota es percibida como una de las 10 personas más corruptas en México. Estévez establece su opinión sobre el asunto y aportó una base factual para esta opinión. Sota admite la base factual de que la opinión de Estévez es verdad”, remarca el juez O’Grady en su fallo.

“Estoy muy satisfecha con el resultado y muy agradecida con mis abogados de la firma Morrison & Foerster que me representaron gratuitamente, con dedicación y profesionalismo. Es hora de ver hacia adelante”, declaró Estévez a Apro después de conocer el fallo de la Corte en Virginia.


La exvocera de Calderón tiene un plazo de 30 días para apelar la decisión del juez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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Castillo, Vallejo y Godoy caen en desacato al no presentarse a declarar por el caso Mireles

MORELIA, Mich: El titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Alfredo Castillo Cervantes, el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y el procurador General de Justicia del estado José Martín Godoy Castro incurrieron en desacato al no presentarse el lunes pasado ante el Juez Quinto de Distrito con sede en Uruapan para declarar por el caso de Manuel Mireles Valverde.

Expertos penalistas consultados por el reportero señalaron que el argumento esgrimido por Castillo para responder por escrito a un cuestionario de la defensa de José Manuel Mireles Valverde, no tiene fundamento legal y es una facultad exclusiva de “altos funcionarios” de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales.

El término aplica, precisaron, para el presidente de la república, los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados federales, Senadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral, básicamente y ninguno de los mencionados ostenta un cargo como estos.

El artículo 245 del Código de Procedimientos Penales, dice a la letra:

“Cuando haya que examinar a los altos funcionarios de la federación, quien practique las diligencias se trasladará al domicilio u oficina de dichas personas para tomarles su declaración o, si lo estima conveniente, solicitará de aquellos que la rindan por medio de oficio, sin perjuicio de que el interesado si se le requiere y lo desea, comparezca personalmente”.

La duda estribaría explicaron los expertos en que Alfredo Castillo Cervantes es funcionario federal, pero evidentemente no de “alto” nivel pues es titular de un organismo descentralizado que ni siquiera forma parte del gabinete presidencial y depende del secretario de Educación Pública.

Para responder a los cuestionamientos de la defensa de Mireles, el excomisionado para la seguridad de Michoacán envió un escrito ni siquiera firmado por él sino por el José Ramón Ávila Farca, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade.

El lunes pasado luego de la audiencia a la que asistió a declarar Hipólito Mora Chávez, Ignacio Mendoza, defensor de Mireles, afirmó que “Castillo no quiere dar a cara y decirle al juez y a los mexicanos que todo lo que se hizo fue fuera de la ley”.

De Martín Godoy Castro, procurador de Justicia de Michoacán, indicó que es lamentable que la persona encargada de procurar la justicia en Michoacán no se haya hecho presente.

En los casos de Godoy Castro y Vallejo Figueroa los penalistas consultados afirmaron que no hay duda de que incurrieron en desacato al no asistir a declarar: el primero es funcionario estatal, no federal y el segundo ni lo uno ni lo otro.

El abogado Víctor Carlos López Ruiz quien representa a 10 de los poco más de 300 autodefensas detenidos también lamentó que no se hayan presentado a comparecer Castillo Cervantes, Vallejo y Godoy Castro.


Estos dos últimos podrían ser multados hasta con siete mil pesos por no haber asistido a comparecer.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
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A 3 años del gobierno de EPN, profunda decepción: PAN

El dirigente de Acción Nacional dijo que su partido está "del lado de la inmensa mayoría de mexicanos que está decepcionada por los pobres y mediocres resultados del gobierno federal".

El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que “la inmensa mayoría de los mexicanos está profundamente decepcionada y desilusionada de los mediocres resultados del gobierno federal priista”.

De acuerdo con un comunicado del partido, al hacer un balance sobre los tres años de Enrique Peña Nieto como presidente, Anaya sostuvo que los resultados que prometieron los priistas no se cumplieron; por el contrario, la economía está estancada, el precio del dólar ha alcanzado máximos históricos, las reservas cayeron, y el año pasado se perdieron más empleos de los que se generaron.

“Además, la violencia en el país no cesa. Han aumentado delitos que lastiman profundamente a la sociedad como el secuestro y la extorsión”, refirió.

Tras realizar un análisis comparativo entre los gobiernos del PAN y el PRI, Anaya Cortés comentó que en los últimos 11 trimestres del gobierno del Presidente Felipe Calderón, la economía nacional creció más del doble de lo que lo hizo en los primeros 11 trimestres del actual gobierno priista.


“En este año 2015, agregó, se están alcanzando los niveles de endeudamiento más altos de los que se tenga registro en México, cuando menos en el último cuarto de siglo. También, de acuerdo con el Coneval, hay dos millones más de personas en pobreza; en la pasada administración panista se combatía la pobreza extrema 16 veces más rápido de lo que los priistas lo están haciendo con su ineficaz Cruzada Contra el Hambre”, destacó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0112/mexico/a-3-anos-del-gobierno-de-epn-profunda-decepcion-pan/

83.3 millones viven por debajo del promedio del ingreso en México: Estudio de Diputados

La reducción en el ingreso per cápita incide en la ampliación de la brecha de desigualdad, indica un estudio del CEFP de la Cámara de Diputados. Mencionó también que, a pesar de que el gasto social se ha incrementado a lo largo de dos décadas, los resultados en el combate a la pobreza han sido limitados.

El ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos en 19 de las 32 entidades federativas se ubica por debajo de la media nacional, que es de 39 mil 914 pesos trimestrales, además, 83.3 millones de mexicanos viven por debajo del promedio de ingreso nacional; Chiapas es la entidad con el menor nivel, reveló un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

En el censo más reciente, levantado en 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la población registrada en México fue de 112 millones 336 mil 538 personas. Sin embargo, en las proyecciones para 2015 del Consejo Nacional de Población (Conapo), México tiene 121 millones de habitantes, lo que lo coloca como el onceavo país a nivel mundial con mayor población, según los datos de 2013 del Banco Mundial (BM).

El estudio que ofrece elementos de análisis sobre la situación de la distribución del ingreso y gasto de los hogares, y de algunos indicadores de la pobreza en México, así como del gasto público en desarrollo social, señala también que de 2008 a 2014, la distribución del ingreso ha mejorado aunque de manera insatisfactoria [según el índice de Gini, que mide los niveles de desigualdad en el ingreso], detalla en el documento titulado “La Pobreza y el Gasto Social en México”.

El CEFP indica también que el comportamiento de la pobreza y la desigualdad en México han estado asociados, al parecer, a procesos de la reforma de los ochentas y a choques externos específicos, entre otros.

Dice, además, que los estados con mayor incidencia de “pobres moderados y extremos” se concentran en el sur y sureste. Refiere que se ha dado una “polarización de las regiones económicas del país”, en donde Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados con los menores niveles de desarrollo humano y los más altos de marginación.

El CEFP indica también que la reducción en el ingreso per cápita incide en la ampliación de la brecha de desigualdad en el ingreso. Esto contribuye a retrocesos en los avances logrados. El estudio menciona por ello la necesidad de revisar la efectividad y eficacia de los programas dirigidos a la atención y superación de la pobreza.

El Centro dependiente de la Cámara de Diputados indica que entre los componentes que integran el ingreso corriente, el de trabajo remunerado es el más importante. Sin embargo, en los dos deciles más bajos este tipo de incorporación oscila entre el 34.6 y 48.7 por ciento, por lo que reciben una mayor proporción de ingresos vía transferencias que el resto de los deciles.

El Centro argumentó que la población con menores recursos monetarios destina un mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos (los primeros seis deciles destinan entre el 40 y 51 por ciento), y presentan la mayor cantidad de carencias y son los más vulnerables por ingresos.

El CEFP indicó que el gasto en protección social se ha incrementado en detrimento de la proporción de recursos que la función de desarrollo social al gasto destina en salud y educación. Mencionó que, a pesar de que el gasto social se ha incrementado a lo largo de dos décadas, los resultados en el combate a la pobreza han sido limitados, pues el número de mexicanos considerados en situación de pobreza (extrema y moderada, según el CONEVAL) pasó del 45.5 por ciento del total de la población en 2012, al 46.2 por ciento en 2014.

De igual modo, el CEFP puntualizó que, considerando el Índice de Marginación, existe, en general, equidad en el manejo de los recursos destinados al Ramo 33. Esto es, que se dirigen mayores fondos a las entidades con mayor pobreza.

Además, fórmulas como Oportunidades, Adultos Mayores, Programa Alimentario (PAL) y Empleo Temporal (PET) son progresivos, lo que implica que se encuentran focalizados a beneficiar a los deciles de menor ingreso. Por el contrario, otros programas como Subsidio a Gasolina y Jubilaciones y Pensiones son regresivos, lo que significa que se encuentran focalizados a beneficiar a los deciles de mayor ingreso.

En el documento, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas relató que la política social en México se ha enfocado en realizar acciones que buscan mejorar el nivel de calidad de vida de las personas, sobretodo de los grupos en situación vulnerable, tales como la población indígena, adultos mayores y niños.

La elaboración de las diversas estrategias y programas para hacer frente a la desigualdad y pobreza han tenido, a lo largo de la historia, distintos enfoques y alcances de acuerdo a la orientación particular que cada administración pública le ha dado.

Indicó que, de acuerdo con el Informe de Desarrollo 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para México en 2013 fue de 0.756, ubicándose en la posición 71 de 156 países.

Este resultado lo coloca por arriba de la media regional en América Latina y el Caribe (0.740) y del dato obtenido en 1990 (0.647), aunque con una evolución más modesta de lo esperado.

Sin embargo, destacó que a pesar de la mejora en diversos indicadores asociados a la medición de pobreza y bienestar de la población como esperanza de vida, escolaridad y vivienda, entre otras, la población considerada en situación de pobreza se ha incrementado.

Con base en información del CONEVAL, la población en situación de pobreza representó el 45.5 por ciento de la total en 2012 y el 46.2 por ciento en 2014; por ello, indicó, es necesario realizar una revisión en la efectividad y eficacia de los programas dirigidos a la atención y superación de la pobreza.

Subrayó que el gasto social tuvo un mayor impulso entre 1993 y 2001. Posteriormente, ha representado en promedio cerca el 58 por ciento del total programable. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, representa 61.8 por ciento respecto al gasto total programable, pese a su reducción, indica el CEFP.


Además, si bien el gasto en programas de desarrollo social ha aumentado nominalmente en todos sus rubros, en proporción se observa que el gasto en protección social se ha ido incrementando en detrimento en la proporción del gasto en salud y educación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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