BERLÍN: Las instituciones mexicanas de gobierno se encuentran vinculadas con el crimen organizado en todos sus niveles, lo que hace que el país atraviese una profunda crisis política y jurídica, con un estado de derecho débil.
Tal es la conclusión de las organizaciones no gubernamentales alemanas y mexicanas que participaron en la Conferencia sobre Desaparición Forzada, realizada en la ciudad de Bad Boll, Alemania, en octubre pasado.
Esta realidad contradice la apreciación oficial del gobierno alemán -que parte de la idea de que México es una democracia funcional que respeta los derechos humanos- por lo que cualquier tipo de cooperación entre ambas naciones tendría que estar sujeta a un necesario fortalecimiento de la sociedad civil.
En una declaración fechada el 1 de diciembre 19 agrupaciones civiles alemanas y mexicanas piden al gobierno alemán redireccionar los alcances y compromisos firmados como resultado de la Comisión Binacional entre ambas naciones, instaurada en junio de este mismo año.
“México se encuentra actualmente en una profunda crisis política y jurídica. Todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado. Por lo menos 26 mil personas están desaparecidas desde los últimos años sin que se sepa hasta la fecha sobre su paradero. La impunidad en el país es de 98.3%.
“Tomando en cuenta estos hechos, no pueden sostenerse las apreciaciones oficiales de la política y economía alemana, que declaran que México es un Estado de Derecho, que dispone de una democracia presidencial funcional y que respeta los derechos humanos”, señala el documento.
El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exponen los activistas, dejó al descubierto la vinculación entre la clase política mexicana y el crimen organizado.
Y exponen un diagnóstico del país poco halagador:
“Problemas estructurales como pobreza y polarización social, conflictos de tierra y situaciones de emergencia de la población rural, falta de oportunidades de trabajo y de educación, siguen sin resolverse. La criminalización de los movimientos sociales va en aumento; los líderes sociales son culpados por delitos sin contar con evidencias serias, son detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad; periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados.
“Las desapariciones forzadas de personas en México se extienden en medidas inimaginables. Estos inconvenientes ya son conocidos desde hace tiempo por observadores críticos. El acontecimiento de Ayotzinapa terminó con la imagen de un estado de derecho democrático que el gobierno mexicano había construido”.
Por todas esas razones, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México considera en su declaración que el trabajo conjunto acordado entre México y Alemana el pasado junio, cuando el entonces canciller mexicano José Antonio Meade y el ministro del Exterior alemán Frank-Walter Steinmeier constituyeron una Comisión Binacional de trabajo, es erróneo y despierta grandes dudas.
Y es que el pasado 9 de junio los dos gobiernos firmaron una Declaración de Intenciones en el marco de la mencionada Comisión Binacional mediante la cual acordaron una colaboración estrecha en materia de seguridad, política exterior, desarrollo, medio ambiente, ciencia, educación y cultura.
Uno de los interlocutores del lado mexicano en lo que se refiere al fortalecimiento del estado de derecho mexicano es la Procuraduría General de la República (PGR). Tal actor despierta la suspicacia de las organizaciones civiles mexicana y alemanas.
“El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa evidencia que esta instancia central de investigación (PGR) ha retrasado y ocultado información en vez de facilitar la aclaración de la desaparición forzada de los estudiantes.
“De acuerdo con la opinión de la Coordinación y de las organizaciones mexicanas participantes, el gobierno alemán ha elegido el camino erróneo al mantener la política de ‘continuar así’, y así estabilizar las condiciones existentes en México”, señala el documento.
Las organizaciones firmantes entre las que destacan Amnistía Internacional y la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, proponen que antes de cualquier tipo de colaboración el gobierno alemán promueva cambios en México como el fortalecimiento de su sociedad civil y condene la situación de los derechos humanos en el país, además de realizar con anticipación un diagnóstico de las instituciones mexicanas con las que trabajará, así como establecer mecanismos de evaluación de cada proyecto conjunto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422301
México, DF. En una sentencia de amparo, la jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ordenó al Estado mexicano pedir disculpas por feminicidios, y reparar el daño por el retardo injustificado de la Alerta de Violencia de Género para el estado de México.
Y es que desde hace cinco años, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), presentaron ante el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una solicitud para que se declarara dicha alerta en el estado de México, la cual fue declarada improcedente.
Para ese entonces en el estado de México se habían documentado ya 922 casos de feminicidios, entre 2005 y 2010.
Tras la negativa, las organizaciones de la sociedad civil iniciaron un largo litigio, en la cual la Procuraduría General de Justicia del estado de México no entregó información solicitada por el juzgado sobre cifras estadísticas del número de homicidios de mujeres en la entidad.
Pese a esta posición de las autoridades mexiquenses, el pasado 31 de julio de este año, el Sistema, donde interviene la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres de once municipios del Estado de México, es decir, cuatro años y medio después de la solicitud.
En la sentencia del juzgado del pasado 2 de octubre se determinó que efectivamente había elementos para realizar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero que no se justificaba un retraso de cuatro años y medio.
En su resolución, la jueza reconoció la grave problemática que han enfrentado las mujeres del Estado de México en materia de violencia de género, así mismo enfatizó que de haberse accionado la declaratoria de forma oportuna se hubiera podido evitar múltiples casos de feminicidio en dicha entidad.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/ordena-jueza-al-edomex-ofrecer-disculpas-por-feminicidios-270.html
Este 3 de diciembre se cumplen dos años de la desaparición de tres choferes dedicados al transporte de carga en Michoacán: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui y Sergio Camarena Castellanos.
Sus familiares han tenido que recurrir hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Suiza, para exigir que las autoridades mexicanas investiguen el caso.
Los tres choferes son originarios de San José de las Flores, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.
Hasta ahora, las autoridades no se han esforzado en encontrarlos, afirma el señor Miguel Ángel Macías Moreno, hermano de una de las víctimas.
Miguel Ángel y familiares de los otros dos choferes -José Luis Servín, Juan Ignacio Camarena y Víctor Javier Contreras- explicaron a Aristegui Noticias cada esfuerzo que han hecho por presionar a las autoridades para que busquen a los desaparecidos.
Con documentos, las familias muestran cómo han tratado con representantes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, las comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional, Presidencia de la República, sacerdotes, obispos y organizaciones independientes de derechos humanos.
Durante los dos últimos años han tocado cada puerta que permite el sistema de justicia, en busca de personas que faciliten el contacto con las autoridades, pero en realidad hoy saben lo mismo que hace dos años: sus familiares desaparecieron en algún camino de Michoacán sin dejar rastro alguno.
El viaje a Michoacán
Lunes 2 de diciembre 2013:
Daniel Contreras Jauregui recibió en su almacén de materiales en Zapotlanejo, Jalisco, al empresario minero Miguel Ángel del Toro, originario de Tepalcatepec, Michoacán.
Del Toro dijo que en la ciudad de Aguililla, Michoacán, se requería el transporte de minerales rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas. Y agregó que en esa zona había varias compañías mineras que requerían los mismos servicios, por lo que podrían hacer varios contactos.
Contreras y Del Toro buscaron al señor Salvador Macías Moreno para analizar la posibilidad de emprender un negocio, pues su familia está dedicada al transporte de mercancías en diversas partes del país.
De esa reunión concluyeron que irían al día siguiente a Aguililla para reconocer la zona.
Antes de despedirse, el minero Miguel Ángel del Toro les entregó una tarjeta de presentación con su nombre y les dijo que la presentaran si llegaban a ser detenidos en algún retén, pues su compañía tenía protección de las guardias comunitarias.
Al terminar la reunión, Daniel Contreras planteó el negocio a su primo Sergio Camarena Castellanos y al señor Alejandro López, quien ya tenía un camión trabajando en la zona, por lo que acordaron visitarla.
6:00 de la mañana. Martes 3 de diciembre 2013:
A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2002, salieron rumbo a Aguililla los cuatro transportistas: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui, Sergio Camarena Castellanos y Alejandro López.
Durante el viaje se comunicaron varias veces con sus familiares y dijeron que todo iba bien, aunque fueron detenidos en algunos retenes de las policías comunitarias sin tener mayores problemas.
Llegaron a las minas alrededor de las 16:30 horas. En la zona se encontraron con Ignacio Camarena Castellanos, hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas.
Después de comer decidieron regresar a sus casas a las 17:30 horas, aunque el señor Alejandro López se quedó, por lo que sólo viajaron de vuelta tres personas: Salvador Macías, Daniel Contreras y Sergio Camarena.
Macías le marcó a su esposa y le dijo que llegaría a la medianoche.
Contreras habló con su esposa; le dijo que todo iba bien y que ya iban de regreso.
A las 18:30, Macías también le marcó a Ángel Ramírez, un empleado que tenía en Ensenada, Baja California, para comentarle que estaba en el Aguaje, Michoacán.
Miércoles 4 de diciembre 2013. Primeras horas:
El hijo de Salvador Macías recibió un mensaje de texto que decía “vamos en”. Hasta hoy se desconoce porqué el mensaje no llegó completo. Son los últimos indicios de los transportistas jaliscienses.
Durante las horas, los teléfonos celulares de las víctimas siguieron prendidos, pero al llamar se mantenía el tono de espera hasta mandar al buzón de voz.
Ignacio Camarena, el hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas, confirmó que nunca llegaron a Jalisco, por lo que empezó a preguntar a otros transportistas y empresarios de la zona.
Sólo encontró un poco de información con los policías comunitarios, que informaron que la camioneta pasó por el último retén antes de entrar a Apatzingán.
Durante las primeras horas a Ignacio Camarena le llegó un rumor: que la policía municipal de Apatzingán tenía a tres hombres detenidos en la presidencia municipal, pero no podía acercarse porque los uniformados trabajaban para Los Caballeros Templarios y también lo estaban buscando a él. Le recomendaron dejar la zona porque podrían secuestrarlo y así lo hizo.
Dos años después los familiares de los desaparecidos no saben nada de sus familiares, pero aventuran la razón de su detención: quizá, la tarjeta de presentación que les dio el empresario Miguel Ángel del Toro significó su perdición, pues tenía protección de las autodefensas pero no con los Caballeros Templarios. O peor aún, el empresario no pagó alguna extorsión y los choferes fueron secuestrados como castigo.
Hasta hoy, la Procuraduría no ha interrogado al minero Miguel Ángel Del Toro, quien invitó a los transportistas a las minas.
Zona de Templarios
A finales de 2013, Los Caballeros Templarios tenían el control de los municipios de Tierra Caliente y era muy complicado entrar a ellos sin su permiso, afirma el doctor Salvador Maldonado, académico de El Colegio de Michoacán y experto en temas de seguridad de la región.
La zona de Tierra Caliente fue el bastión de la organización criminal en materia económica y control territorial. “Lograron controlar las rutas y vías de comunicación, que aunque puede parecer muy sencillo es crucial por la geografía local”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias.
El territorio michoacano prácticamente fue capturado por esta organización y gran parte de su éxito se explica por el control sobre las actividades económicas, sobre todo la minería, el negocio de la carne; el cultivo de limón, sandia, melón, papaya, aguacate, etc.
Salvador Maldonado dice que los narcotraficantes controlaban la economía regional, pues podían manipular precios, zonas de venta y producción.
Para el académico la crisis de seguridad inició formalmente en 2006, con el arranque de la Operación Conjunta Michoacán que lanzó el entonces presidente Felipe Calderón para enfrentar a los grupos criminales y que hasta 2011 siguió degradando la calidad de vida de los michoacanos.
Según la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año 2013 tiene el récord histórico de denuncias por secuestro en Michoacán, con 194 y, precisamente, se aprecia un aumento vertiginoso desde 2006, cuando se presentaron 16 denuncias.
En este contexto, Los Caballeros Templarios tenían como objetivo uno de sus pilares “brindar seguridad a la población” al bloquear la entrada de otros cárteles de la droga: “hasta 2011 la organización ganó la batalla a otros cárteles y al gobierno”, afirma Salvador Maldonado.
Los criminales controlaron a la mayor parte de las policías municipales, ya sea mediante el soborno o las amenazas. Comúnmente utilizaban a los uniformados locales para vigilar o monitorear territorios, aunque también intervenían directamente a favor de los templarios.
A nivel estatal la Procuraduría tenía capacidades limitadas de investigación, sobre todo en regiones dominadas por el crimen, y la población confiaba poco en las autoridades para presentar denuncias.
En febrero de 2013 nacieron los grupos de autodefensa como una respuesta al dominio que mantenían los grupos criminales sobre todos los aspectos de la vida cotidiana.
“A nivel local la seguridad estaba suprimida, en su momento fueron las fuerzas federales las que brindaban seguridad, hacían recorridos locales”, dijo Maldonado.
Ese era el estado donde en 2013 desaparecieron los tres choferes jaliscienses.
Confiar en las autoridades
En diciembre 2013, los familiares de los choferes desaparecidos se trasladaron a Michoacán para iniciar la búsqueda.
Miguel Ángel Macías dice que escucharon advertencias: si las víctimas siguen vivas es mejor no denunciar y buscar a los delincuentes para alcanzar un acuerdo, porque cualquier indicio de persecución podría significar su muerte.
Los familiares buscaron en hospitales y cárceles; siguieron atentamente las noticias de violencia en el estado de Michoacán y preguntaron a los contactos que han hecho en el negocio del transporte de carga.
Durante los primeros días no recibieron información de calidad, a pesar de los rumores de un posible secuestro o intento de extorsión, por lo que finalmente acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán el 19 de febrero de 2014.
Aristegui Noticias tuvo acceso a una copia de la averiguación previa 41/2014/III-DAE, donde consta que la Procuraduría ordenó mediante oficios el inicio de la investigación, estudios psicológicos de los familiares denunciantes, colaboración de procuradurías estatales y otras actuaciones ministeriales.
expediente.pdf by Aristegui Noticias:
Miguel Ángel Macías dice que las actividades de investigación sólo existen en los oficios pero no se han ordenado detenciones ni interrogatorios a personas que podrían saber el paradero de sus familiares, como por ejemplo, los policías de Apatzingán.
En el expediente consta que, el 7 de marzo de 2014, los policías ministeriales Luis Fernando Gutiérrez y René Vincent Gallegos entrevistaron a familiares de las víctimas, quienes reiteraron el relato sobre la desaparición.
Al final del oficio 1101 los funcionarios apuntaron: “realizamos recorridos de vigilancia y rastreos en las poblaciones de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y El Aguaje, sin encontrar rastros o evidencias que permitan conocer el paradero de los hoy ofendidos desaparecidos”.
Ese es el único trabajo de investigación en campo que consta en el expediente, el cual pudo consultar Aristegui Noticias.
Miguel Ángel Macías afirma que hasta ahora “sólo se envían oficios, no hay una línea precisa de investigación y la policía sólo se ha paseado por los lugares, pero no informa qué ha investigado”.
En el expediente consta que se solicitó el seguimiento a las líneas telefónicas, pero no vienen los resultados de estas tareas.
El contacto con la ONU
La familia Macías Moreno logró comunicarse con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante correo electrónico.
“Es la mejor atención que hemos recibido hasta ahora”, dice Miguel Ángel Macías, porque un funcionario les marcó por teléfono y les explicó en perfecto español los detalles de la cita.
El 13 de mayo de 2015 los familiares visitaron el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, para encontrarse con un grupo de trabajo especializado en desapariciones forzadas o involuntarias.
Los funcionarios del sistema de Naciones Unidas se comprometieron a dar seguimiento al caso y presionar a las autoridades mexicanas.
Los hermanos José Vicente y Juan Pablo Macías Moreno aprovecharon el viaje para visitar Roma y buscar una audiencia con el Papa. No pudieron reunirse con Francisco, pero el viaje les hizo recobrar la fe en encontrar a su hermano.
Los familiares de los choferes desaparecidos se reunieron con personal de Presidencia de la República, buscando ayuda para agilizar el proceso o contactos que pudieron darles ayuda en los procesos legales.
Miguel Ángel Macías afirmó que los atendieron muy bien, pero los licenciados Rafael Pérez, Roberto Herrera y Mario Valdez no dieron seguimiento al caso. En correo electrónico, Rafael Pérez envió a Miguel Ángel Macías una lista con los contactos de las comisiones de derechos humanos que podrían ayudarle en el caso.
El 13 de julio de 2014, Miguel Ángel Macías presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el 30 de septiembre de 2015 el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, le comunicó mediante oficio que no había competencia federal, por lo que el asunto debía llevarse ante la comisión estatal.
El 31 de agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán (CEDH) informó que admitió la queja en contra de personal de la Procuraduría de Justicia por hecho violatorios de derechos humanos, presuntamente cometidos en contra de los desaparecidos relacionados con “derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistente en la dilación en la averiguación previa penal”.
Derivado de esta queja la Procuraduría de Justicia está obligada a presentar avances, respondiendo las inquietudes de los familiares que no aprecian un trabajo de investigación.
Pista no explorada: una esperanza
La desaparición de los choferes de Jalisco coincide con dos secuestros ocurridos en Apatzingán en las mismas fechas.
Aristegui Noticias tuvo acceso a la denuncia que presentó un electricista de 28 años que fue secuestrado por policías municipales de Apatzingán y entregado a miembros de Los Caballeros Templarios el domingo 1 de diciembre de 2013.
El denunciante, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, narró que después de varias golpizas y amenazas de muerte fue llevado a una finca. Ahí escuchó que policías municipales de Apatzingán detuvieron a una “regidora” y no sabían qué hacer con ella.
“Les hablaron por el radio y les dijeron que había una regidora de Buenavista por donde estaba la Pepsi o el Telcel y que la tenía agarrada una patrulla de la policía municipal de Apatzingán, pero que supuestamente no tenían una razón para detenerla más tiempo (los templarios) comenzaron a mandar gente (…) y la patrulla les iba dando señales del carro que llevaba y se escuchaba que les decía que era un Honda Acor de color azul y que ella vestía una playera con rayas azules”.
La regidora de Buenavista Tomatlán, María Mariscal Magaña, desapareció en Apatzingán el martes 3 de diciembre de 2013. El mismo día que los choferes de Jalisco.
El denunciante de 28 años declaró que los templarios tenían detenidas a varias personas en la finca, que estaban separadas en grupos de hombres y mujeres.
Por la noche del 3 de diciembre los delincuentes juntaron a los secuestrados para llevarlos a su jefe y decidir “quién se iba y quién se quedaba”.
Luego de un viaje de dos horas, los secuestrados fueron interrogados por un hombre, quien aparentemente estaba al mando de Los Caballeros Templarios en esa región.
Durante los interrogatorios el denunciante escuchó que “unos de los secuestrados decían que eran de Jalisco, choferes de unas minas”.
El joven de 28 años dijo que él no era autodefensa y finalmente los criminales le creyeron, por lo cual ordenaron su regreso a la finca.
La declaración dice: “se quedaron los de Jalisco”. En el documento no queda claro el destino de la regidora.
El secuestro del denunciante terminó el 7 de diciembre de 2013 tras un operativo del Ejército mexicano.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha informado ningún avance sobre el secuestro de la regidora Mariscal Magaña y a los familiares de los choferes desaparecidos no les consta que se esté explorando esa línea de investigación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/desaparecidos-en-michoacan-dos-anos-de-impunidad-reportaje-especial/
México, D.F: Con el aplazamiento del “apagón analógico”, los legisladores le restan autoridad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se mantienen en la línea de beneficiar a televisoras privadas, afirmó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
De acuerdo con el organismo, presidido por Jorge Fernando Negrete, los senadores sustraen atribuciones regulatorias y sancionatorias al IFT, afectan la calidad y comprometen la continuidad del servicio público de radiodifusión.
Los legisladores –agregó– alteran los conceptos de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), repiten disposiciones ya establecidas en la legislación y transgreden lo dispuesto en la Constitución, que ordena que el apagón analógico debe hacerse el 31 de diciembre de 2015.
En un comunicado difundido antes de que el Senado aprobara la reforma al Artículo 19 transitorio de la LFRT, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Amedi subrayó:
“Con el subterfugio de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del apagón analógico, el nuevo dictamen será discutido en el Pleno del Senado, pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales, que no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la televisión digital, al tiempo que aplaza hasta el último día de 2016 el apagón”.
Indicó que el Estado mexicano “ya ha destinado 27 mil millones de pesos para entregar 9.7 millones de televisores digitales a igual número de hogares de bajos recursos”, y esta inversión de recursos públicos inédita en el mundo –apuntó– “representa en sí misma un subsidio estatal a los actuales radiodifusores, que no han dotado de receptores a sus audiencias”.
En la sesión de ayer, el Senado aprobó con 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención la reforma al Artículo 19 transitorio de la LFRT, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Con ello, se postergará por un año el llamado “apagón analógico” o la entrada en vigor del sistema digital de televisión para medios públicos, culturales y estatales, así como estaciones de baja potencia.
La reforma aprobada establece que el IFT deberá emitir un calendario para que esas televisoras públicas cumplan con la transición digital, cuyo plazo fatal será el 31 de diciembre de 2016.
Señala, asimismo, que las estaciones de televisión de baja potencia, aquellas menores o iguales a un kilowatt para canales de VHF y de 10 kilowatts para canales de UHF, pueden postergar por un año la transición al sistema digital.
El pleno del Senado también incluyó un artículo transitorio por el cual a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral de 2016 deberá suspenderse la distribución y sustitución de equipos receptores, así como la entrega de televisores digitales para la población.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422294
MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que 79 empresas participarán en la tercera convocatoria de licitaciones de la Ronda Uno, que incluye 25 campos terrestres.
Durante la cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del organismo, el director de licitaciones, Martín Álvarez Magaña, destacó que la CNH precalificó a los 52 interesados en participar, 36 de los cuales lo harán de forma individual y 16 en consorcio.
Las empresas que participarán de forma individual son: Armour Energy Limited, Carso Oil and Gas, Cheiron Holdings Limited, La Huasteca, Citla Energy Onshore, Compañía Petrolera Perseua, Consorcio Manufacturero Mexicano, Construcciones y Servicios Industriales Globales, Controladora de Infraestructura Petrolera México, CPVEN E&P, además de Diavaz Offshore.
En la misma lista están East West Petroleum, Gat Oil & Gas, GDF Suez E&P, Generadora y Abastecedora de Energía de México, GPA Energy, Gran Tierra Energy, Grupo DIARQCO, Iberoamericana de Hidrocarburos, Lewis Energy México, Newpek Exploración y Extracción, Pacific Rubiales E&P México, Perote Exploración y Producción, así como Petrobal.
A esas se suman Petroleum Incremental, Renaissance Oil Corp, Sanchez-Olium, Sarreal, Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, Servicios PJP4 de México, Strata Campos Maduros, Sun God Energía de México, T5 Enermusa, Tecpetrol Internacional y Tonalli Energía.
Las empresas que participarán en forma de consorcios son: BIN Administrativo, con Max Energy Holdings y Galca Energy; CAABSA Infraestructura, junto con Zenith Servicios Petroleros y Oleoducto del Norte de Colombia; Desarrolladora Oleum, junto con Ingeniería Construcciones y Equipos Conequipos, Industrial Consulting, Marat International y Constructora Tzaulan.
También Geo Estratos MXOIL Exploración y Producción, en consorcio con Geo estratos; GeoPark Limited de la mano de LG international; Grupo Industrial de Tabasco junto con Servicios Asociados; Grupo R Exploración y Producción con Constructora y Amendadora México.
En este esquema destacan de igual manera Grupo Vordcab y OCM Vordcab; Nuvoil, Sistemas Integrales de Compresión y Constructora Marusa; Omega Energy Internamonal, IEED Holding Group y GSEM; Operadora Productora y Exploradora Mexicana con Petrosantander Luxembourg Holdings; Perfolat de México, Canamex Dutch y American Oil Tools.
Además, Servicios Administrativos Somer y Mexport Equipment; Steel Serv, Constructora Hostotipaquillo, Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales, Mercado de Arenas Sílicas; Torenco Energy con Petrodata Services; Tubular Technology, GX Geoscience Corporation y Roma Energy Holdngs.
Los campos a licitar el próximo martes 15 son: Barcodon, Benavides, Calibrador, Calicanto, Carretas, Catedral, Cuichapa Poniente, Tuna, Fortuna Nacional, La Laja, Malva, Mareografo, Mayacaste, Moloacán, Mundo Nuevo, Paraíso, Paso de Oro, Peña Blanca, Pontón, Ricos, San Bernardo, Secadero, Cajón, Tecolutla y Topen.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422293
México, D.F. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, confirmó que el proceso de evaluación de los docentes de Guerrero se realizará sin cambios este jueves y a partir del viernes continuará en otras entidades. Señaló que ha mantenido el contacto con el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, para afinar los últimos detalles para su realización.
Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos, a donde acudió a la sesión de instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Nuño también señaló que la dependencia está dispuesta al diálogo con el magisterio, siempre y cuando éste se realice sobre la base de cómo se instrumenta la reforma educativa y no sobre la premisa de cuestionarla o ver la forma como “le damos la vuelta”.
Nuño dijo que mantienen la apertura a reunirse pero consideró poco serio y viable pretender discutir de nuevo la reforma educativa, porque eso ya se debatió en el Congreso, con la discusión en los cambios constitucionales y la aprobación de dos leyes secundarias.
En este sentido, cuestionado sobre la demanda de diálogo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que no ha existido en realidad una propuesta seria. “Estaremos siempre de acuerdo con un diálogo, pero que respete la ley y que sea para ver cómo vamos a implementar la reforma educativa. Entonces eso no tiene ninguna seriedad, ninguna viabilidad”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/sin-cambios-evaluacion-docente-en-guerrero-afirma-nuno-5747.html
Un grupo de policías federales se dirigen hacia el Bulevar de las Naciones, en las inmediaciones del Fórum Mundo Imperial, sede de la aplicación de la prueba; líderes de la Ceteg dicen que este miércoles comenzarán sus movilizaciones contra la evaluación.
Mientras los seis mil policías federales que vigilarán la evaluación docente en Guerrero instalan filtros de seguridad en distintos puntos de Acapulco, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) dio a conocer que este miércoles 2 de diciembre comenzará con sus movilizaciones.
Un grupo de federales se encuentra a un costado de las instalaciones de la Octava Región Naval — sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, esquina con la Avenida Escénica, mientras que camiones con policías antimotines se dirigen hacia el Bulevar de las Naciones, en las inmediaciones del Fórum Mundo Imperial, sede de la aplicación de la prueba.
Al menos 10 autobuses de federales se encuentran en los alrededores del hotel Copacabana, también sobre la Costera.
Para esquivar bloqueos y protestas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de Guerrero concentrarán en la Zona Diamante de Acapulco a los maestros que participarán en la evaluación de desempeño, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
A pesar del operativo federal, Ramos Reyes, líder de la Ceteg, dio a conocer que marcharán a partir de este miércoles en contra de la evaluación docente y adelantó que sus manifestaciones continuarán hasta el próximo domingo, último día en que se aplicará la prueba.
“A los compañeros de base vamos a informarles de cómo están las cosas y de ahí determinamos el apoyo de ellos que se hará, pero, hasta el momento, sólo se trata de movilizaciones”, dijo Reyes en entrevista con Grupo Imagen.
Explicó que la Ceteg hace un llamado a los maestros de Guerrero a no participar en la evaluación; no obstante, dijo, “no es una amenaza”.
Horas antes, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, señaló que espera que entre 75 y 80% de los maestros presenten la evaluación.
“Más de tres mil esperemos que lleguen. Pero también, el día de ayer tuvimos la información que hay maestros que están registrándose en el último momento, había más de 150 maestros que estaban llamando que no habían dado sus evidencias y también harán el examen. Podrían ser tres mil 200, tres mil 300”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/evaluacion-docente-federales-instalan-filtros-en-acapulco-ceteg-prepara-5-dias-de-protestas/
Tanto Murat como Pérez buscarán la candidatura; Pérez afirma que está por arriba en preferencia respecto a sus contrincantes.
Alejandro Murat, quien renunció este lunes 30 de noviembre a su cargo como director del Infonavit, reveló que irá por la candidatura al gobierno de Oaxaca. En este mismo día, el senador por el PRI, Eviel Pérez, dijo que también buscará la candidatura y en enero pedirá licencia a su cargo actual.
Murat anunció sus intenciones en entrevista con Grupo Imagen y afirma que Oaxaca tiene “sed de justicia” y “grandes retos”, además aseguró: “esta es una vocación, un anhelo. La vocación de servicio uno la desarrolla. Y cada quien es su propio hombre y construye su propio destino”.
Sobre su padre, José Murat, quien gobernó Oaxaca de 1998 a 2004, Alejandro dijo que “sin duda, tener un padre como el que tengo es, en lo personal, un activo; pero en la parte pública, hay que decirlo claro: Los que ya bailaron que se sienten y, en ese sentido, pues la responsabilidad la enfrentaré yo; los aciertos y, por supuesto, también los fracasos”.
Por otra parte, el senador priista Eviel Pérez dijo en entrevista con Grupo Fórmula que sí buscará la candidatura al gobierno de Oaxaca. “Tengo que cumplir con varias tareas y dejar listo también esta posibilidad, lógicamente lo voy a hacer de la mano de mi partido, voy a buscar mi aspiración de poder ser candidato de mi partido al gobierno del estado de Oaxaca”, afirmó.
El senador aprovechó para adelantar que, según él, los estudios de opinión lo posicionan con 12 puntos de ventaja entre los demás precandidatos priistas. Sobre su licencia, Pérez comentó: “nosotros [los senadores] tenemos todavía una fecha límite que nos permite estar en el Senado hasta el mes de enero”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/alejandro-murat-y-eviel-perez-van-por-la-gubernatura-de-oaxaca/
El Estado de México es una de las entidades que tiene el mayor número de organizaciones civiles registradas formalmente –con más de 2 mil–. Sin embargo, ser activista en territorio mexiquense significa ser presa de amenazas, ataques e incluso intentos de homicidio. En los últimos años, al menos 150 agresiones han sido documentadas. Organizaciones No Gubernamentales aseguran que estos casos están relacionados con intereses políticos y económicos.
Ser activista en el Estado de México es una actividad de alto riesgo. En aquella entidad, que ha sido gobernada por el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde siempre, defender un bosque, resguardar ríos, oponerse a las megaobras, o defender una idea puede costarle a un ciudadano su libertad, integridad, privacidad o incluso su vida, denunciaron activistas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), de 2011 a la fecha se han documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos con presencia en territorio mexiquense.
“[Detrás de los ataques y el acoso] es evidente, hay grandes intereses económicos o políticos. Por ello los grandes grupos de poder están dispuestos a violentar a las personas que defienden los derechos humanos y opositores”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.
Lara explicó que gracias a una observación que fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, se pudo determinar que en la entidad que gobierna actualmente el priista Eruviel Ávila Villegas existe violencia sistemática contra luchadores sociales, y ese patrón ha provocado –en los últimos cinco años– detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intento de homicidio, por mencionar algunas acciones.
“Nosotros incluso hemos estados abierto al diálogo, buscamos la armonía y la paz, pero el Gobierno del estado ha insistido en recriminar todo acto de protesta”, agregó Lara Duque, quién añadió que gracias a que se ha conformado un frente contra estas acciones, los ataques han disminuido.
Itzia Miravete Veraza, coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que en lo que va de la actual administración priísta –que empezó el 16 de septiembre de 2011–, tan sólo en esa organización han llevado 150 casos legales por agresiones o amenazas de este tipo. Sin embargo comentó que existen más, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala.
La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil refiere que en el Estado de México existen 2 mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante autoridades, mientras que en el Distrito Federal hay 5 mil 413 y en Baja California Sur 168, según cifras de 2014.
Información de prensa refiere que desde 2011, con la ayuda de la campaña “Haz que se vean”, en la entidad mexiquense se han visibilizado agresiones, como la sufrida por José Antonio Lara Duque, por amenazas de detención, o la que se reportó contra la Casa del Migrante San Juan Diego, donde las instalaciones del albergue fueron incluso tiroteadas. Aun así, muchas más no llegan a la denuncia formal por intimidaciones y amenazas.
En el mismo sentido de protección y para ejercer mayor presión en su causa social, desde principios de 2015 organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú [uno de los empresarios más favorecidos con contratos por los gobiernos federal y estatal] Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el Gobierno de Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras, como acueductos, autopistas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otras.
Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esa entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Pobladores de esa comunidad, municipio de Lerma, en el Estado de México, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a una filial de Grupo Higa.
El pasado 17 agosto, Zenón se encontraba en San Francisco Xochicuautla cuando le fue notificado por parte de sus vecinos que afuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando la puerta de su hogar, que se encontraba deshabitado.
Cuando el defensor volvió a su casa, tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a su vivienda. Un día más tarde dio cuenta que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos de casos que llevaba a lo largo de años habían desaparecido.
Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.
Días después hubo amenazas a los voceros de ese movimiento, informaron. Por ello, otras organizaciones de la entidad emitieron una alerta a nivel nacional.
El 21 de julio pasado, Sergio Velázquez Morales y Vicente Moreno Domínguez, activistas en pro del derecho humano al agua y beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que habitan en el municipio mexiquense de Coyotepec, fueron detenidos de manera arbitraria por policías municipales cuando se acercaron a una obra en el libramiento Francisco Villa, donde se perforaba un pozo de agua de manera clandestina, pues de acuerdo con sus investigaciones, la empresa no contaba con permiso otorgado por la Administración de Agua Potable de Coyotepec en coordinación con el Presidente Municipal, que revista de certeza y legalidad la realización de dicha obra.
En 2013, Vicente Moreno fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa; no obstante escapó, pero denunció que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado por el entonces Presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano Fuentes.
En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, fue víctima de intento de homicidio. Tres sujetos dispararon contra ella, hiriendo al oficial que la custodiaba.
Además, organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que han luchado para que se emita la Alerta de Género en todo el Edomex y no en solamente 11 municipios, denunciaron que las autoridades las han amenazado y han ocultado y omitido información.
Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos que marcó la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador fue la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco al iniciar mayo de 2006, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus terrenos. Organizaciones, pobladores, periodistas y observadores documentaron serias violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos, diversos líderes e incluso niños.
El 3 de mayo de 2006, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.
“No se va a negociar. Se va a aplicar la Ley y a hacer respetar el Estado de Derecho”, dijo entonces el Gobernador Peña Nieto.
Al día siguiente, 3 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea; 50 personas fueron heridas y más de 200 pobladores arrestados. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por por los propios uniformados.
De hecho, a la fecha existen 12 personas presas por los disturbios de San Salvador Atenco, a pesar que el movimiento ha logrando avances legales para la libertad de sus compañeros, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió el caso, todavía siguen saliendo causas penales por resolverse.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1566842
Los colombianos cuyos cadáveres fueron hallados hace un par de semanas en Veracruz, con huellas de tortura y tiro de gracia, eran los operadores del escalón más bajo de una red de usura importada desde su país y conocida como “gota a gota”: préstamos rápidos con altas tasas de interés y exigencias de pago diario. Los asesinados, oriundos de Pereira, Colombia, eran jóvenes pobres y sin perspectivas de crecimiento, como todos los que reclutan los jefes de la red de usureros, generalmente vinculados con el crimen organizado.
BOGOTÁ: Los cinco colombianos que el martes 17 aparecieron ejecutados en el estado mexicano de Veracruz eran el “eslabón más débil” de una organización criminal dedicada a una modalidad de usura conocida en Colombia como “gota a gota”.
Se trata de créditos con altas tasas de interés que se pagan en abonos diarios y forman parte de las actividades delictivas de bandas implicadas también en el tráfico de drogas y la extorsión.
Este negocio ilegal, por el cual se obtienen réditos de hasta 20% mensual sobre el monto del préstamo, ha sido exportado por colombianos de Chile a México.
Según las investigaciones de la Policía Nacional (PNC) y la Fiscalía de Colombia, quienes aparecieron muertos en una fosa en un rancho de Veracruz fueron reclutados este año como “cobradores de una banda delincuencial dedicada al ‘gota a gota’” en el centroccidental departamento de Risaralda.
“Es una banda con ramificaciones en México, Centroamérica y Ecuador. Esa gente les ofrece trabajo a muchachos en Pereira (capital de Risaralda) y los manda al extranjero”, dicen a Proceso las fuentes policiacas consultadas.
Carlos Arturo Marulanda Orozco, uno de los ejecutados, viajó hace cuatro meses de Pereira a México luego de trabajar en una pizzería en Panamá. Como los otros ejecutados, era la primera vez que se empleaba como “cobrador” de los créditos “gota a gota”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422166
El pasado jueves 5 hubo un incidente grave en la capital colombiana: De acuerdo con una denuncia penal formal, ejecutivos de Televisa irrumpieron con gente armada en la compañía C&P, propiedad en partes iguales de la de Emilio Azcárraga Jean y del consorcio local RCN. Según la demanda, los directivos de la televisora intentaron dirimir así un problema con sus socios, sobre todo en lo referente a un supuesto adeudo millonario de los mexicanos.
BOGOTÁ: Ejecutivos de Televisa, entre ellos el vicepresidente internacional de la división editorial del grupo, Porfirio Sánchez Galindo, están en la mira de la justicia penal de Colombia por haber allanado con guardias armados las oficinas de una empresa cuyo control le disputa a Radio Cadena Nacional (RCN), consorcio colombiano de las comunicaciones.
El episodio, ocurrido el jueves 5 en esta ciudad, en la sede de Caras & Poder (C&P), propiedad por partes iguales de RCN y Televisa, es investigado por la Fiscalía de Colombia y la institución prepara los citatorios para que los ejecutivos de la televisora mexicana implicados en esos hechos acudan a declarar.
“Estos funcionarios de Televisa invadieron con guardias la oficina de C&P, sacaron los libros contables, facturas y correspondencia privada, y pusieron sellos como si fueran autoridades judiciales. Uno de ellos golpeó a una secretaria. Eso fue un acto de fuerza ilegal, un abuso”, dice a Proceso el abogado de RCN, Jaime Lombana.
El litigante presentó el viernes 6 y el lunes 9 dos demandas penales ante la Fiscalía contra Sánchez Galindo y el gerente jurídico de Televisa, Hugo Ríos –ambos mexicanos–, así como contra la gerente general de la Editorial Televisa en Colombia, la colombiana Beatriz Pizano.
Los tres están acusados de allanamiento de un lugar de trabajo, violación de correspondencia privada y presunto fraude contra C&P, empresa que edita en Colombia la revista de sociales y farándula Caras.
“Nosotros esperamos que la fiscalía encuentre méritos para una imputación y los llame a un juicio criminal”, dice Lombana, quien prevé que la próxima semana sean citados a declarar los tres ejecutivos ante esa institución judicial.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: RAFAEL CRODA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422290
Las entidades cada vez son más dependientes de los recursos que les entrega el gobierno federal. Cada año gastan más y recaudan menos, mientras aumentan su deuda y la mantienen opaca, indica el Índice de Información Presupuestan Estatal, del Instituto Mexicano para la Competitividad.
El 81% de los ingresos estatales son recursos transferidos año con año por el gobierno federal, mientras que sólo 8.6% corresponde a ingresos propios.
Gracias a los recursos que este 2015 les entregó el gobierno federal, las entidades pudieron ejercer 1.7 billones de pesos, es decir, 20 veces el presupuesto de Prospera, el principal programa de política social del país.
Del total de ingresos generados por México, cerca del 25% son transferidos a los estados y municipios, según datos recolectados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las aportaciones y participaciones para los estados no han dejado de crecer en los últimos quince años; el problema es que aunque apenas generan el 16% de los ingresos totales, gastan el 44%.
En promedio, el 70% de su gasto se utiliza para financiar a la burocracia. En los últimos diez años los salarios de los funcionarios en los estados aumentó 39%. Con casos destacados en Zacatecas y Durango, con incrementos de 219 y 230%, respectivamente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad advierte: generan poco y gastan mucho; aumentan cada vez más su dependencia y no terminan de transparentar la información sobre sus finanzas públicas.
En el Índice de Información Presupuestan Estatal (IIPE) que el IMCO presentó este martes, cuatro entidades están por debajo del mínimo aprobatorio sobre la calidad de información de sus finanzas públicas: el Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo.
Y aunque tres entidades (Coahuila, Jalisco y Puebla) tuvieron 100% de cumplimiento todavía existen malas prácticas en los estados que obstaculizan la transparencia presupuestaria.
Por ejemplo, Baja California Sur publica su presupuesto ciudadano sin información para la ciudadanía, con un lenguaje técnico difícil de entender.
En San Luis Potosí no se incluyen montos para el clasificador por objetivo del gasto; Yucatán presenta su deuda pública sin informar sobre la tasa de interés; Morelos no contempla el tope para contratar deuda pública; y estados como Guerrero, Baja California, Durango, Oaxaca, Querétaro y Tabasco publican un presupuesto ilegible.
Ante ese escenario, el IMCO considera que las entidades se enfrentan a importantes desafíos: dependencia de los recursos federales, baja generación de ingresos propios y creciente deuda pública.
Según la única información disponible, el saldo de la deuda estatal asciende a 456 mil millones de pesos, monto que no considera pasivos a proveedores ni la deuda que no se garantiza con participaciones o aportaciones federales.
Los datos disponibles muestran que la deuda per cápita promedio es de 3 mil 828 pesos y aún así el 58% de las entidades federativas no entrega información suficiente sobre la contratación de deuda.
“La relevancia de la deuda no es tanto el monto si no la capacidad de pago. El problema es cuando se contrata y se ejerce en condiciones de opacidad”, dijo Juan E. Pardinas, director general del IMCO.
Los resultados completos del Índice y del análisis de finanzas públicas de estados y municipios están disponibles aquí.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/los-estados-gastan-mas-de-lo-que-pueden-80-de-sus-ingresos-son-transferencias-federales/
El gasto de la evaluación serviría para resolver problemas de miles de escuelas, dice.
Oaxaca, Oax. En el mismo auditorio en el cual Elba Esther Gordillo Morales dio posesión, en 1989, al primer comité ejecutivo de la sección 22 que siguió al derrumbe de Carlos Jonguitud, los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteran su reto: quieren que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, sostenga un diálogo público con ellos el 13 de este mes en la ciudad de México: Queremos que él exponga las bondades de la reforma y nosotros presentaremos nuestra propuesta de modelo educativo, dice Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Michoacán.
Entre las opciones que barajan los líderes de la CNTE está instalar un mesa en la Plaza de Santo Domingo, frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, y colocar una silla para el secretario Nuño, a la espera de que cumpla su compromiso de sostener un diálogo abierto con los docentes.
La SEP de Aurelio Nuño ha centrado sus baterías en la sección 22 de Oaxaca, quizá con el convencimiento de que si infringe una derrota en toda la línea a los oaxaqueños habrá de diluirse la resistencia a la reforma política –Nuño dixit–, que ha encontrado en la CNTE a su principal adversario público.
Ortega Madrigal, rodeado de líderes de otros estados, llama la atención sobre el hecho de que el examen, buque insignia de la reforma educativa, se haya topado con resistencias en entidades donde la coordinadora tiene una presencia incipiente o marginal.
Los michoacanos han conseguido una vía que los oaxaqueños hubiesen esperado del gobernador que ayudaron a llevar al poder, Gabino Cué: un congreso organizado de manera bipartita para discutir las características del nuevo modelo educativo. Aún tantean los caminos para hacer realidad el acuerdo, pero, por lo pronto, brindan su respaldo al resto de los contingentes de la CNTE.
Al lado de Ortega Madrigal está el líder de una porción de la CNTE guerrerense, Ramos Reyes, que esta semana afrontará el examen en una entidad marcada por la violencia, de un estado donde hay escuelas cerradas no por los radicales de la coordinadora, sino por la violencia delincuencial contra la cual no puede nadie, el gobierno para empezar.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARTURO CANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/02/politica/004n1pol
Junto con Gran Bretaña, la punta de lanza del liberalismo económico, estos países de América Latina entregaron al sector privado gran parte de su sistema de pensiones. Ahora lo pagan los trabajadores. La OCDE dice, en su Panorama de las Pensiones 2015, que naciones como la mexicana, la chilena, la coreana, la estadounidense y la turca combinan un riesgo alto de pobreza con prestaciones bajas.
Los trabajadores de México, Chile y Gran Bretaña se enfrentan al abandono con un sistema público de pensiones que, al término de su vida laboral, les dará los ingresos más bajos de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), de acuerdo con el Panorama de las Pensiones 2015.
En México, se discute una reforma que actuará directamente sobre el Pensionissste la cual busca convertirla en una empresa paraestatal, es decir, una empresa en la que el Estado tiene la participación mayoritaria, por lo menos el 50 por ciento. Esta figura dejaría un 49 por ciento que la iniciativa privada puede adquirir a través de acciones. Así, las ganancias se dividirían entre las empresas y los trabajadores.
El Pensionissste es la única afore pública que hay en el país, en la que están inscritos alrededor de un millón 400 mil trabajadores. Es la que cobra menos a los ahorradores y reparte más utilidades; en comparación con otras 12 que están en manos de entes financieros privados y con fines de lucro.
México y Chile siguieron la corriente “modernizadora” de los sistemas de pensiones entre los años 80 y 90. En el tramo más álgido de la racha liberalizadora de las economías, entregaron los retiros a fondos privados. Ahora los trabajadores pagan estas consecuencias.
El reporte de la OCDE indica al respecto que los trabajadores mexicanos obtendrán en promedio el 28 por ciento de los ingresos que percibían en su edad laboral cuando se retiren. Alerta además que algunos países como Chile, Corea, Estados Unidos, México y Turquía, combinan un riesgo relativamente alto de pobreza entre los pensionados con prestaciones bajas.
Refiere también que el retraso de la entrada en el mercado de trabajo por cinco años para un trabajador promedio salarial implica, más allá de sus implicaciones para las perspectivas de beneficios, una pérdida de pensiones del 6 por ciento en promedio. ”El mayor impacto se encuentra en Chile y México, con un 15 por ciento, y otros ocho países con caídas superiores al 10 por ciento”, dice el reporte.
La OCDE indica que una mujer con una salario medio podría perder, en promedio, el 4 por ciento de los ingresos de su pensión al interrumpir su carrera durante cinco años para cuidar a sus hijos. Los mayores descensos se registraron en Alemania, Islandia, Israel, Italia, México y Portugal, mientras que las pensiones no se ven afectados en alrededor de un tercio de los países.
La OCDE menciona en contraparte que la edad promedio efectiva para salir del mercado laboral aún está debajo de las edades normales de jubilación en varios países. Menciona que en Corea, México, Islandia y Japón, los trabajadores permanecen más tiempo en el mercado laboral.
El Panorama precisa que las tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, son aún muy altas en muchos países, al igual que las tasas de desempleo a largo plazo entre trabajadores de mayor edad. Una baja en los empleos con contratos de duración indefinida y el aumento paralelo de los empleos temporales y a menudo muy poco estables, reducen también la continuidad de las aportaciones a las pensiones que los trabajadores pueden solicitar al jubilarse.
En algunos países, el tiempo que se permanece desempleado significa tiempo fuera del sistema de pensiones, por lo que, como resultado, muchas personas acabarán recibiendo pensiones menores cuando se retiren, manifiesta la OCDE.
“Los períodos de desempleo generan similares, aunque ligeramente mayores, reducciones en los derechos de pensiones. Encontrar el justo equilibrio entre la duración de la licencia de los derechos laborales y de prestaciones sociales es fundamental para garantizar que las personas vuelvan a trabajar, pero no pierdan demasiado por las interrupciones del trabajo. Los políticos deben garantizar que las pérdidas de pensiones sean bajas y también deben tener en cuenta que el pago de altas prestaciones para largas ausencias pueden atraer a los trabajadores fuera del mercado de trabajo”, dice el estudio.
El Panorama indica que en los países con altas tasas de pobreza entre los beneficiarios de edad avanzada hay un margen para aumentar el valor de sus pagos de protección social, incluso después de tener en cuenta su nivel del PIB per cápita. Este es el caso de Chile, Corea, México y Turquía, pero también en Suiza y Estados Unidos.
Dice que la mayoría de los países ajustan también sus pensiones de primer nivel a los precios, de modo que su valor, contrastado con los ingresos, baja con el tiempo, ya que los precios tienden a aumentar menos que los salarios.
La indización de precios, dice la OCDE, es atractiva para los gobiernos que afrontan restricciones presupuestarias, pero también implica el riesgo de alimentar la pobreza entre los pensionados, ya que, según el informe, las redes de seguridad social también pierden valor con el tiempo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1568476
