Yecenia Armenta lleva tres años y medio en prisión acusada de un crimen que no cometió. Esto lo han ratificado diversos organismos de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales. La mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.
El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano transportaba en su automóvil particular a su cuñada y a su hermana rumbo al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En el momento en que estacionó su vehículo, policías ministeriales vestidos de civil y sin identificación oficial se la llevaron a una bodega, para después atarla, colgarla cabeza abajo, golpearla y violarla. Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando sucumbió a las exigencias de los policías de firmar una confesión y dejarles tomar sus huellas dactilares. Posteriormente la acusaron del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que Yecenia dice desconocer. Mientras estaba detenida, médicos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa, examinaron las lesiones de Yecenia, sin embargo, no documentaron nada. Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron, pero nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. En septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia, y detectaron señales físicas y psicológicas de que la misma sí había sucedido. Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y concluyeron también que Yecenia fue torturada. Tres años y medio después, Yecenia narró a través de un video, cómo las autoridades de Sinaloa le decían que contestara todo lo que ellos le pedían o “la iba a pasar muy mal”. Ella recuerda cómo pensó que se trataba de un secuestro [su detención], y lo que sus torturadores le decían, entre otras cosas, que le podían cortar la lengua, las orejas, “que estaban afilando los cuchillos”, o que podrían traer a sus hijos… “hechos pedacitos”, después de violarlos. La mujer narró su historia a Amnistía Internacional, y señaló que pensó que jamás saldría viva de la tortura a la que fue sometida, todo para que confesara, “a cualquier costo”, que había asesinado a su esposo [aunque ella no lo hubiera hecho]. Sus agresores la violaron y le hicieron firmar su confesión vendada de los ojos, por lo que asegura que jamás pudo leer lo que firmó. De eso hace tres años y medio, y la señora Armenta sigue en la prisión, mientras los hombres que la torturaron brutalmente continúan en libertad.
LA NOTICIA RETOMADA POR MEDIOS AUSTRALIANOS
El caso de Yecenia Armenta Graciano fue revivido por diversos medios australianos luego de que una camioneta quemada con dos cuerpos calcinados dentro, abandonada en medio de la nada, puede ser la misma que transportaba a Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas de aquel país desaparecidos hace una semana en México. En un viaje que comenzó en Edmonton, Canadá, los jóvenes, ya en México, habían tomado el trasbordador que los llevó de La Paz, en Baja California, a Topolobampo, una ciudad portuaria sinaloense de unos 6 mil habitantes. Allí enviaron un mensaje de texto a sus amigos y familiares. Después, nada se supo de ellos. News Australia, The Sydney Morning Herald, ABC de Australia, y otros más, han analizado la “terrible” violencia que vive México, en especifico Sinaloa. “Para una población mucho menor de Melbourne o Sydney, el estado de Sinaloa (con una población de 2.7 millones de habitantes) tiene un número de muertos que rivaliza con algunos de los peores lugares del planeta fuera de una zona de guerra [...] Excepto que es una zona de guerra para el tráfico de drogas, en una nación que se ha vuelto insensible a la violencia. Aun cuando 43 de sus propios alumnos fueron asesinados el año pasado [en referencia a Ayotzinapa] por orden de policías corruptos que los entregaron a una banda de narcotraficantes, nada parece haber cambiado”, señala ABC. LA DENUNCIA DE AMNISTÍA Un año después de la tortura que ella asegura sufrió [cuando las marcas de los hechos ya habían desaparecido de su cuerpo, incluyendo las marcas de los tobillos de donde fue colgada], los médicos de la Procuraduría de Sinaloa dictaminaron que no había “evidencias” o “pruebas” de que había sido torturada.
De aquello, dice Yecenia, lo único que le quedó es “el enorme daño psicológico” y recordó que fue agredida “de todas las formas”. Por ello, la mujer imploró, exigió que se le haga justicia, y tal vez como una quimera, pidió que no existan ya más personas torturadas en México.
“Si los doctores del estado hubieran documentado las lesiones de la tortura, ella no estaría en prisión hasta ahora. Yecenia merece justicia”, dice Amnistía en un video que tituló “Alto a la tortura”.
Amnistía inició una petición [con más de 3 mil firmas hasta el momento] dirigida a Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General del estado de Sinaloa, pidiendo que la denuncia de tortura de Yecenia se investigue plenamente, además, que se retiren los cargos en su contra y que se reforme “radicalmente” la manera en que se llevan a cabo los exámenes médicos forenses a sobrevivientes de tortura en México.
PRUEBAS DE LA INOCENCIA DE YECENIA
“Hasta el día de hoy no hay ninguna persona castigada [por la tortura que sufrió y los autores del homicidio de su esposo], sólo yo”, narra Yecenia en su desgarrador testimonio que fue publicado en la plataforma YouTube.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en enero de 2015, una recomendación para que se libere a la acusada y se proceda contra los torturadores. Sin embargo, hasta el momento, ni un juez local, ni el Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa y ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han conocido el procedimiento, le ha hecho justicia a Yecenia. La CNDH pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se acate la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Yesenia Armenta Graciano, quien, se confirmó, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial.
“Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que el personal médico adscrito al Departamento Médico de la Policía Ministerial y a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), para garantizar la imparcialidad y veracidad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando se presuma que hubo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, se lee en la recomendación de la CNDH. La investigadora para México de Amnistía, Madeleine Penman, señaló en entrevista con el diario Noroeste, que tras analizar el caso, AI no encontró evidencias que inculpen a Armenta Graciano, además, dijo que el caso está basado en irregularidades, tortura y en un indebido proceso. Desafortunadamente este caso, mencionó, es paradigmático y es un ejemplo de muchos donde las autoridades basan sus actuaciones en la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. El Gobernador ordenó una investigación contra los agentes que presuntamente la torturaron, dijo, pero no ha habido avances.
“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa es Juez y parte de resolver, tanto es así que hay una acusación contra Yecenia, ella sigue en la cárcel acusada de delitos por la Procuraduría estatal de sinaloa. Además los policías de la Procuraduría estatal fueron los que torturaron a Yecenia”, indicó Penman.
El caso de Yecenia, mencionó la investigadora de AI en México, es una oportunidad del Gobierno de Sinaloa para mostrar a la sociedad su compromiso con los derechos humanos y el debido proceso. En julio pasado, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, dijo a diversos medios locales haber recibido la visita de representantes de AI y dijo haber compartido con ellos la serie de intervenciones que ha habido sobre el caso y “el estupor que causa”.
A pesar de ello, aseguró Murillo, el gobierno estatal se mantiene firme privándola de la libertad, por lo que la activista expresó su “preocupación por el desprecio a la dignidad humana que ha demostrado este gobierno en Sinaloa y por su empeño en defender a policías señalados de actuar con una saña bestial en el caso de una mujer, incluso de violarla sexualmente con exceso de crueldad [...]“. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1567787
El día que mataron al Jefe Policíaco Margarito Saldaña Rivera se supo que no era un policía deshonesto. Los asesinos de la mafia habían llegado de madrugada hasta su casa, una hechiza construcción de madera que no pudo resistir mínimamente las ráfagas de metralleta que escucharon los vecinos de una colonia de bajos recursos de Tijuana. Los sicarios también asesinaron a la esposa de Margarito Saldaña, a una de sus hijas, y dejaron heridos a otros familiares. Más allá de las condiciones en las que vivía el Jefe de Distrito Policíaco, en las cuales era evidente que no había dinero sucio, ni recursos del narcotráfico que todo lo corrompe; Margarito Saldaña había intentado horas antes de su muerte, detener a unos presuntos delincuentes. No le perdonaron lo que consideraron una afrenta. Al Policía lo asesinaron por cumplir con su deber, y en ello se llevaron a su familia. Era 2008 y en Baja California estábamos en medio de una guerra de cárteles. El de Sinaloa le disputaba esta zona fronteriza al cártel Arellano Félix que la regenteaba para el tráfico de drogas desde 1985. Las células criminales divididas, empistoladas y con generoso recurso de la venta de droga, el secuestro y la extorsión, tenían azorada a la ciudadanía. Entonces Felipe Calderón desde la Presidencia de la República, había emprendido dos años atrás su “guerra contra las drogas”, cuyo legado fue de más de cien mil ejecutados en seis años. Por aquel tiempo hubo también asesinatos a Policías que estaban infiltrados por parte del narcotráfico. Que engolosinados por la delincuencia y la ambición del dinero fácil, se habían convertido en narcotraficantes unos, y en protectores de los mafiosos la gran mayoría. Se inició una limpia de las corporaciones que, francamente, quedó a medias. Ciertamente se instauraron herramientas como los exámenes de control, evaluación y confianza que sirvieron para identificar, un poco pero lo hicieron, a los policías corruptos. Se les persiguió, se les encarceló y ahora están de regreso. No hay muchos Margaritos Saldaña, pero sí abundan los policías corruptos. Otra vez, o más que antes, los Policías de México están comenzando a coludirse con el crimen organizado y el narcotráfico. El ejemplo mejor sería la huida de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Resulta imposible, aun cuando se ha detenido y perseguido a funcionarios de segundo y hasta quinto nivel, que la fuga se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración de alguna o varias corporaciones policíacas o miembros de las fuerzas armadas. Fue notorio en 2009 cuando el Gobierno de los Estados Unidos le perdió la confianza al Ejército Mexicano. Aparte que no tenían una buena experiencia (¿Recuerdan al General Jesús Gutiérrez Rebollo?), ya eran muchos los pitazos que les habían dado para detener a “los grandes capos” y estos siempre terminaban huyendo a tiempo. Así el Gobierno de los Estados Unidos se estrenó con la Marina en diciembre de aquel año. Les alertaron de la presencia en el centro de Morelos de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, jefe del cártel que lleva su apellido. Ensoberbecido, el narcotraficante intentó ganar el enfrentamiento a los marinos y lo pagó con su vida. Los suyos, inconformes y molestos, arremeterían días después –como lo hicieron con Margarito Saldaña- con la madre y tres familiares de uno de los marinos que participaron en el operativo contra Beltrán Leyva y había perdido la vida en ello. En contraparte, a José Ramón Velázquez, un Comandante que fue de la Policía Judicial de Baja California, los criminales lo capturaron, lo torturaron y le videograbaron en una confesión criminal. Acusaba las relaciones que existían entre el cártel de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Los asesinatos que habían cometido, los crímenes por venganza contra Policías que no eran afines al ala criminal de Ismael Zambada García “El Mayo”, y los lugares donde los habían desaparecido. Días después de la confesión que fue distribuida bastamente entre medios locales y nacionales, el cuerpo del ex Comandante fue arrojado por sus verdugos, frente a la casa de la entonces novia del Procurador. Y cómo borrar de la historia reciente la emboscada que sufrieron 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco en abril de 2015 por obra del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales que registra mayor crecimiento en el territorio mexicano y que el Gobierno Federal no ha podido contener. Los narcotraficantes, los criminales organizados, matan a los policías por una de dos razones: Porque los combaten, o porque están coludidos con ellos o con alguna otra organización criminal. He conocido y documentado casos de Policías Federales que fueron acribillados después de haberse robado un cargamento de droga, o haber secuestrado al narcotraficante equivocado. En México existen –según el informe de la Secretaría de Gobernación- 431 mil 246 Policías entre Municipales, Estatales y Federales; en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un General de División, el número promedio –varía por razones administrativas- es de 200 mil elementos. En el mismo apartado de la Secretaría de Gobernación del III Informe de Gobierno Federal, dan cuenta de únicamente haber practicado exámenes de control, evaluación y confianza a 71 mil 511 Policías, un escaso 16.58 por ciento de la totalidad de Policías en el País, lo cual puede ser un indicador de los elementos, deje usted no evaluados, sino que están una probabilidad de ser corruptos o infiltrados. Enrique Peña Nieto le sigue debiendo pues, a los mexicanos, una depuración en las corporaciones policíacas. Ni la inversión federal en las mismas, ni las capacitaciones producto de la Iniciativa Mérida, ni los incentivos económicos serán suficientes para tener una Policía Efectiva que pueda repeler las agresiones, investigar y capturar criminales y asesinos de las calles de México. Otro ejemplo del nivel tan pobre de depuración y supervisión entre elementos policíacos es el apartado –en el mismo informe de Gobernación- de los casos consignados: “Se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 91 integrantes de la corporación policial, con el propósito de sancionar la comisión de actos de corrupción. Se presentaron 412 denuncias penales en contra de integrantes de la corporación policial, entre las que destacan 393 por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado; ello derivó en la consignación de 89 elementos ante jueces penales federales, mismos que libraron 60 órdenes de aprehensión. Por su parte, el Órgano Interno de Control en la PF realizó 16 auditorías aplicadas a distintas áreas de la corporación policial. Se aplicaron 1,011 sanciones a 946 servidores públicos de la PF”. Nada pues, en comparación con los 431 mil 246 Policías en el País, que ejercen su labor sin haber sido evaluados correctamente para ello. En los últimos meses, en varios estados de la República Mexicana, Policías Federales, Estatales y Municipales han caído a manos del narcotráfico y el crimen organizado. En Baja California, en los últimos cinco días han matado a tres y la alerta está al máximo. No todos son Margarito Saldaña. Tampoco Juan Ramón Velázquez. Pero sí es evidente, por las cifras de Gobernación y la pobreza en la evaluación, que estamos en manos de Policías no adecuados para protegernos del crimen organizado que está mejor armado y tiene mayores recursos para corromper
Matar Policías en México, se está convirtiendo en un juego de poder para delincuentes agrupados –en su mayoría por el narcotráfico- en el País de la impunidad que Enrique Peña Nieto no quiere, no puede o no le interesa corregir. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-12-2015/42080
BERLÍN: Las instituciones mexicanas de gobierno se encuentran vinculadas con el crimen organizado en todos sus niveles, lo que hace que el país atraviese una profunda crisis política y jurídica, con un estado de derecho débil. Tal es la conclusión de las organizaciones no gubernamentales alemanas y mexicanas que participaron en la Conferencia sobre Desaparición Forzada, realizada en la ciudad de Bad Boll, Alemania, en octubre pasado. Esta realidad contradice la apreciación oficial del gobierno alemán -que parte de la idea de que México es una democracia funcional que respeta los derechos humanos- por lo que cualquier tipo de cooperación entre ambas naciones tendría que estar sujeta a un necesario fortalecimiento de la sociedad civil. En una declaración fechada el 1 de diciembre 19 agrupaciones civiles alemanas y mexicanas piden al gobierno alemán redireccionar los alcances y compromisos firmados como resultado de la Comisión Binacional entre ambas naciones, instaurada en junio de este mismo año. “México se encuentra actualmente en una profunda crisis política y jurídica. Todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado. Por lo menos 26 mil personas están desaparecidas desde los últimos años sin que se sepa hasta la fecha sobre su paradero. La impunidad en el país es de 98.3%. “Tomando en cuenta estos hechos, no pueden sostenerse las apreciaciones oficiales de la política y economía alemana, que declaran que México es un Estado de Derecho, que dispone de una democracia presidencial funcional y que respeta los derechos humanos”, señala el documento. El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exponen los activistas, dejó al descubierto la vinculación entre la clase política mexicana y el crimen organizado. Y exponen un diagnóstico del país poco halagador: “Problemas estructurales como pobreza y polarización social, conflictos de tierra y situaciones de emergencia de la población rural, falta de oportunidades de trabajo y de educación, siguen sin resolverse. La criminalización de los movimientos sociales va en aumento; los líderes sociales son culpados por delitos sin contar con evidencias serias, son detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad; periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados. “Las desapariciones forzadas de personas en México se extienden en medidas inimaginables. Estos inconvenientes ya son conocidos desde hace tiempo por observadores críticos. El acontecimiento de Ayotzinapa terminó con la imagen de un estado de derecho democrático que el gobierno mexicano había construido”. Por todas esas razones, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México considera en su declaración que el trabajo conjunto acordado entre México y Alemana el pasado junio, cuando el entonces canciller mexicano José Antonio Meade y el ministro del Exterior alemán Frank-Walter Steinmeier constituyeron una Comisión Binacional de trabajo, es erróneo y despierta grandes dudas. Y es que el pasado 9 de junio los dos gobiernos firmaron una Declaración de Intenciones en el marco de la mencionada Comisión Binacional mediante la cual acordaron una colaboración estrecha en materia de seguridad, política exterior, desarrollo, medio ambiente, ciencia, educación y cultura. Uno de los interlocutores del lado mexicano en lo que se refiere al fortalecimiento del estado de derecho mexicano es la Procuraduría General de la República (PGR). Tal actor despierta la suspicacia de las organizaciones civiles mexicana y alemanas. “El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa evidencia que esta instancia central de investigación (PGR) ha retrasado y ocultado información en vez de facilitar la aclaración de la desaparición forzada de los estudiantes. “De acuerdo con la opinión de la Coordinación y de las organizaciones mexicanas participantes, el gobierno alemán ha elegido el camino erróneo al mantener la política de ‘continuar así’, y así estabilizar las condiciones existentes en México”, señala el documento.
Las organizaciones firmantes entre las que destacan Amnistía Internacional y la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, proponen que antes de cualquier tipo de colaboración el gobierno alemán promueva cambios en México como el fortalecimiento de su sociedad civil y condene la situación de los derechos humanos en el país, además de realizar con anticipación un diagnóstico de las instituciones mexicanas con las que trabajará, así como establecer mecanismos de evaluación de cada proyecto conjunto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: YETLANECI ALCARAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422301
México, DF. En una sentencia de amparo, la jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ordenó al Estado mexicano pedir disculpas por feminicidios, y reparar el daño por el retardo injustificado de la Alerta de Violencia de Género para el estado de México. Y es que desde hace cinco años, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), presentaron ante el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una solicitud para que se declarara dicha alerta en el estado de México, la cual fue declarada improcedente. Para ese entonces en el estado de México se habían documentado ya 922 casos de feminicidios, entre 2005 y 2010. Tras la negativa, las organizaciones de la sociedad civil iniciaron un largo litigio, en la cual la Procuraduría General de Justicia del estado de México no entregó información solicitada por el juzgado sobre cifras estadísticas del número de homicidios de mujeres en la entidad. Pese a esta posición de las autoridades mexiquenses, el pasado 31 de julio de este año, el Sistema, donde interviene la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres de once municipios del Estado de México, es decir, cuatro años y medio después de la solicitud. En la sentencia del juzgado del pasado 2 de octubre se determinó que efectivamente había elementos para realizar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero que no se justificaba un retraso de cuatro años y medio.
En su resolución, la jueza reconoció la grave problemática que han enfrentado las mujeres del Estado de México en materia de violencia de género, así mismo enfatizó que de haberse accionado la declaratoria de forma oportuna se hubiera podido evitar múltiples casos de feminicidio en dicha entidad. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/ordena-jueza-al-edomex-ofrecer-disculpas-por-feminicidios-270.html
Este 3 de diciembre se cumplen dos años de la desaparición de tres choferes dedicados al transporte de carga en Michoacán: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui y Sergio Camarena Castellanos. Sus familiares han tenido que recurrir hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Suiza, para exigir que las autoridades mexicanas investiguen el caso. Los tres choferes son originarios de San José de las Flores, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Hasta ahora, las autoridades no se han esforzado en encontrarlos, afirma el señor Miguel Ángel Macías Moreno, hermano de una de las víctimas. Miguel Ángel y familiares de los otros dos choferes -José Luis Servín, Juan Ignacio Camarena y Víctor Javier Contreras- explicaron a Aristegui Noticias cada esfuerzo que han hecho por presionar a las autoridades para que busquen a los desaparecidos. Con documentos, las familias muestran cómo han tratado con representantes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, las comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional, Presidencia de la República, sacerdotes, obispos y organizaciones independientes de derechos humanos. Durante los dos últimos años han tocado cada puerta que permite el sistema de justicia, en busca de personas que faciliten el contacto con las autoridades, pero en realidad hoy saben lo mismo que hace dos años: sus familiares desaparecieron en algún camino de Michoacán sin dejar rastro alguno. El viaje a Michoacán Lunes 2 de diciembre 2013: Daniel Contreras Jauregui recibió en su almacén de materiales en Zapotlanejo, Jalisco, al empresario minero Miguel Ángel del Toro, originario de Tepalcatepec, Michoacán.
Del Toro dijo que en la ciudad de Aguililla, Michoacán, se requería el transporte de minerales rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas. Y agregó que en esa zona había varias compañías mineras que requerían los mismos servicios, por lo que podrían hacer varios contactos.
Contreras y Del Toro buscaron al señor Salvador Macías Moreno para analizar la posibilidad de emprender un negocio, pues su familia está dedicada al transporte de mercancías en diversas partes del país. De esa reunión concluyeron que irían al día siguiente a Aguililla para reconocer la zona. Antes de despedirse, el minero Miguel Ángel del Toro les entregó una tarjeta de presentación con su nombre y les dijo que la presentaran si llegaban a ser detenidos en algún retén, pues su compañía tenía protección de las guardias comunitarias. Al terminar la reunión, Daniel Contreras planteó el negocio a su primo Sergio Camarena Castellanos y al señor Alejandro López, quien ya tenía un camión trabajando en la zona, por lo que acordaron visitarla. 6:00 de la mañana. Martes 3 de diciembre 2013: A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2002, salieron rumbo a Aguililla los cuatro transportistas: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui, Sergio Camarena Castellanos y Alejandro López. Durante el viaje se comunicaron varias veces con sus familiares y dijeron que todo iba bien, aunque fueron detenidos en algunos retenes de las policías comunitarias sin tener mayores problemas. Llegaron a las minas alrededor de las 16:30 horas. En la zona se encontraron con Ignacio Camarena Castellanos, hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas. Después de comer decidieron regresar a sus casas a las 17:30 horas, aunque el señor Alejandro López se quedó, por lo que sólo viajaron de vuelta tres personas: Salvador Macías, Daniel Contreras y Sergio Camarena. Macías le marcó a su esposa y le dijo que llegaría a la medianoche. Contreras habló con su esposa; le dijo que todo iba bien y que ya iban de regreso.
A las 18:30, Macías también le marcó a Ángel Ramírez, un empleado que tenía en Ensenada, Baja California, para comentarle que estaba en el Aguaje, Michoacán. Miércoles 4 de diciembre 2013. Primeras horas: El hijo de Salvador Macías recibió un mensaje de texto que decía “vamos en”. Hasta hoy se desconoce porqué el mensaje no llegó completo. Son los últimos indicios de los transportistas jaliscienses.
Durante las horas, los teléfonos celulares de las víctimas siguieron prendidos, pero al llamar se mantenía el tono de espera hasta mandar al buzón de voz. Ignacio Camarena, el hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas, confirmó que nunca llegaron a Jalisco, por lo que empezó a preguntar a otros transportistas y empresarios de la zona. Sólo encontró un poco de información con los policías comunitarios, que informaron que la camioneta pasó por el último retén antes de entrar a Apatzingán. Durante las primeras horas a Ignacio Camarena le llegó un rumor: que la policía municipal de Apatzingán tenía a tres hombres detenidos en la presidencia municipal, pero no podía acercarse porque los uniformados trabajaban para Los Caballeros Templarios y también lo estaban buscando a él. Le recomendaron dejar la zona porque podrían secuestrarlo y así lo hizo.
Dos años después los familiares de los desaparecidos no saben nada de sus familiares, pero aventuran la razón de su detención: quizá, la tarjeta de presentación que les dio el empresario Miguel Ángel del Toro significó su perdición, pues tenía protección de las autodefensas pero no con los Caballeros Templarios. O peor aún, el empresario no pagó alguna extorsión y los choferes fueron secuestrados como castigo. Hasta hoy, la Procuraduría no ha interrogado al minero Miguel Ángel Del Toro, quien invitó a los transportistas a las minas. Zona de Templarios A finales de 2013, Los Caballeros Templarios tenían el control de los municipios de Tierra Caliente y era muy complicado entrar a ellos sin su permiso, afirma el doctor Salvador Maldonado, académico de El Colegio de Michoacán y experto en temas de seguridad de la región. La zona de Tierra Caliente fue el bastión de la organización criminal en materia económica y control territorial. “Lograron controlar las rutas y vías de comunicación, que aunque puede parecer muy sencillo es crucial por la geografía local”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias. El territorio michoacano prácticamente fue capturado por esta organización y gran parte de su éxito se explica por el control sobre las actividades económicas, sobre todo la minería, el negocio de la carne; el cultivo de limón, sandia, melón, papaya, aguacate, etc. Salvador Maldonado dice que los narcotraficantes controlaban la economía regional, pues podían manipular precios, zonas de venta y producción. Para el académico la crisis de seguridad inició formalmente en 2006, con el arranque de la Operación Conjunta Michoacán que lanzó el entonces presidente Felipe Calderón para enfrentar a los grupos criminales y que hasta 2011 siguió degradando la calidad de vida de los michoacanos.
Según la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año 2013 tiene el récord histórico de denuncias por secuestro en Michoacán, con 194 y, precisamente, se aprecia un aumento vertiginoso desde 2006, cuando se presentaron 16 denuncias.
En este contexto, Los Caballeros Templarios tenían como objetivo uno de sus pilares “brindar seguridad a la población” al bloquear la entrada de otros cárteles de la droga: “hasta 2011 la organización ganó la batalla a otros cárteles y al gobierno”, afirma Salvador Maldonado. Los criminales controlaron a la mayor parte de las policías municipales, ya sea mediante el soborno o las amenazas. Comúnmente utilizaban a los uniformados locales para vigilar o monitorear territorios, aunque también intervenían directamente a favor de los templarios. A nivel estatal la Procuraduría tenía capacidades limitadas de investigación, sobre todo en regiones dominadas por el crimen, y la población confiaba poco en las autoridades para presentar denuncias. En febrero de 2013 nacieron los grupos de autodefensa como una respuesta al dominio que mantenían los grupos criminales sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. “A nivel local la seguridad estaba suprimida, en su momento fueron las fuerzas federales las que brindaban seguridad, hacían recorridos locales”, dijo Maldonado. Ese era el estado donde en 2013 desaparecieron los tres choferes jaliscienses. Confiar en las autoridades En diciembre 2013, los familiares de los choferes desaparecidos se trasladaron a Michoacán para iniciar la búsqueda. Miguel Ángel Macías dice que escucharon advertencias: si las víctimas siguen vivas es mejor no denunciar y buscar a los delincuentes para alcanzar un acuerdo, porque cualquier indicio de persecución podría significar su muerte. Los familiares buscaron en hospitales y cárceles; siguieron atentamente las noticias de violencia en el estado de Michoacán y preguntaron a los contactos que han hecho en el negocio del transporte de carga. Durante los primeros días no recibieron información de calidad, a pesar de los rumores de un posible secuestro o intento de extorsión, por lo que finalmente acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán el 19 de febrero de 2014.
Aristegui Noticias tuvo acceso a una copia de la averiguación previa 41/2014/III-DAE, donde consta que la Procuraduría ordenó mediante oficios el inicio de la investigación, estudios psicológicos de los familiares denunciantes, colaboración de procuradurías estatales y otras actuaciones ministeriales. expediente.pdf by Aristegui Noticias:
Miguel Ángel Macías dice que las actividades de investigación sólo existen en los oficios pero no se han ordenado detenciones ni interrogatorios a personas que podrían saber el paradero de sus familiares, como por ejemplo, los policías de Apatzingán. En el expediente consta que, el 7 de marzo de 2014, los policías ministeriales Luis Fernando Gutiérrez y René Vincent Gallegos entrevistaron a familiares de las víctimas, quienes reiteraron el relato sobre la desaparición. Al final del oficio 1101 los funcionarios apuntaron: “realizamos recorridos de vigilancia y rastreos en las poblaciones de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y El Aguaje, sin encontrar rastros o evidencias que permitan conocer el paradero de los hoy ofendidos desaparecidos”. Ese es el único trabajo de investigación en campo que consta en el expediente, el cual pudo consultar Aristegui Noticias. Miguel Ángel Macías afirma que hasta ahora “sólo se envían oficios, no hay una línea precisa de investigación y la policía sólo se ha paseado por los lugares, pero no informa qué ha investigado”.
En el expediente consta que se solicitó el seguimiento a las líneas telefónicas, pero no vienen los resultados de estas tareas. El contacto con la ONU La familia Macías Moreno logró comunicarse con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante correo electrónico. “Es la mejor atención que hemos recibido hasta ahora”, dice Miguel Ángel Macías, porque un funcionario les marcó por teléfono y les explicó en perfecto español los detalles de la cita. El 13 de mayo de 2015 los familiares visitaron el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, para encontrarse con un grupo de trabajo especializado en desapariciones forzadas o involuntarias. Los funcionarios del sistema de Naciones Unidas se comprometieron a dar seguimiento al caso y presionar a las autoridades mexicanas. Los hermanos José Vicente y Juan Pablo Macías Moreno aprovecharon el viaje para visitar Roma y buscar una audiencia con el Papa. No pudieron reunirse con Francisco, pero el viaje les hizo recobrar la fe en encontrar a su hermano. Los familiares de los choferes desaparecidos se reunieron con personal de Presidencia de la República, buscando ayuda para agilizar el proceso o contactos que pudieron darles ayuda en los procesos legales. Miguel Ángel Macías afirmó que los atendieron muy bien, pero los licenciados Rafael Pérez, Roberto Herrera y Mario Valdez no dieron seguimiento al caso. En correo electrónico, Rafael Pérez envió a Miguel Ángel Macías una lista con los contactos de las comisiones de derechos humanos que podrían ayudarle en el caso. El 13 de julio de 2014, Miguel Ángel Macías presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el 30 de septiembre de 2015 el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, le comunicó mediante oficio que no había competencia federal, por lo que el asunto debía llevarse ante la comisión estatal. El 31 de agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán (CEDH) informó que admitió la queja en contra de personal de la Procuraduría de Justicia por hecho violatorios de derechos humanos, presuntamente cometidos en contra de los desaparecidos relacionados con “derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistente en la dilación en la averiguación previa penal”. Derivado de esta queja la Procuraduría de Justicia está obligada a presentar avances, respondiendo las inquietudes de los familiares que no aprecian un trabajo de investigación. Pista no explorada: una esperanza La desaparición de los choferes de Jalisco coincide con dos secuestros ocurridos en Apatzingán en las mismas fechas. Aristegui Noticias tuvo acceso a la denuncia que presentó un electricista de 28 años que fue secuestrado por policías municipales de Apatzingán y entregado a miembros de Los Caballeros Templarios el domingo 1 de diciembre de 2013. El denunciante, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, narró que después de varias golpizas y amenazas de muerte fue llevado a una finca. Ahí escuchó que policías municipales de Apatzingán detuvieron a una “regidora” y no sabían qué hacer con ella. “Les hablaron por el radio y les dijeron que había una regidora de Buenavista por donde estaba la Pepsi o el Telcel y que la tenía agarrada una patrulla de la policía municipal de Apatzingán, pero que supuestamente no tenían una razón para detenerla más tiempo (los templarios) comenzaron a mandar gente (…) y la patrulla les iba dando señales del carro que llevaba y se escuchaba que les decía que era un Honda Acor de color azul y que ella vestía una playera con rayas azules”. La regidora de Buenavista Tomatlán, María Mariscal Magaña, desapareció en Apatzingán el martes 3 de diciembre de 2013. El mismo día que los choferes de Jalisco. El denunciante de 28 años declaró que los templarios tenían detenidas a varias personas en la finca, que estaban separadas en grupos de hombres y mujeres. Por la noche del 3 de diciembre los delincuentes juntaron a los secuestrados para llevarlos a su jefe y decidir “quién se iba y quién se quedaba”. Luego de un viaje de dos horas, los secuestrados fueron interrogados por un hombre, quien aparentemente estaba al mando de Los Caballeros Templarios en esa región.
Durante los interrogatorios el denunciante escuchó que “unos de los secuestrados decían que eran de Jalisco, choferes de unas minas”.
El joven de 28 años dijo que él no era autodefensa y finalmente los criminales le creyeron, por lo cual ordenaron su regreso a la finca.
La declaración dice: “se quedaron los de Jalisco”. En el documento no queda claro el destino de la regidora.
El secuestro del denunciante terminó el 7 de diciembre de 2013 tras un operativo del Ejército mexicano.
México, D.F: Con el aplazamiento del “apagón analógico”, los legisladores le restan autoridad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se mantienen en la línea de beneficiar a televisoras privadas, afirmó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). De acuerdo con el organismo, presidido por Jorge Fernando Negrete, los senadores sustraen atribuciones regulatorias y sancionatorias al IFT, afectan la calidad y comprometen la continuidad del servicio público de radiodifusión. Los legisladores –agregó– alteran los conceptos de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), repiten disposiciones ya establecidas en la legislación y transgreden lo dispuesto en la Constitución, que ordena que el apagón analógico debe hacerse el 31 de diciembre de 2015. En un comunicado difundido antes de que el Senado aprobara la reforma al Artículo 19 transitorio de la LFRT, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Amedi subrayó: “Con el subterfugio de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del apagón analógico, el nuevo dictamen será discutido en el Pleno del Senado, pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales, que no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la televisión digital, al tiempo que aplaza hasta el último día de 2016 el apagón”. Indicó que el Estado mexicano “ya ha destinado 27 mil millones de pesos para entregar 9.7 millones de televisores digitales a igual número de hogares de bajos recursos”, y esta inversión de recursos públicos inédita en el mundo –apuntó– “representa en sí misma un subsidio estatal a los actuales radiodifusores, que no han dotado de receptores a sus audiencias”. En la sesión de ayer, el Senado aprobó con 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención la reforma al Artículo 19 transitorio de la LFRT, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Con ello, se postergará por un año el llamado “apagón analógico” o la entrada en vigor del sistema digital de televisión para medios públicos, culturales y estatales, así como estaciones de baja potencia. La reforma aprobada establece que el IFT deberá emitir un calendario para que esas televisoras públicas cumplan con la transición digital, cuyo plazo fatal será el 31 de diciembre de 2016. Señala, asimismo, que las estaciones de televisión de baja potencia, aquellas menores o iguales a un kilowatt para canales de VHF y de 10 kilowatts para canales de UHF, pueden postergar por un año la transición al sistema digital.
El pleno del Senado también incluyó un artículo transitorio por el cual a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral de 2016 deberá suspenderse la distribución y sustitución de equipos receptores, así como la entrega de televisores digitales para la población. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422294
MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que 79 empresas participarán en la tercera convocatoria de licitaciones de la Ronda Uno, que incluye 25 campos terrestres. Durante la cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del organismo, el director de licitaciones, Martín Álvarez Magaña, destacó que la CNH precalificó a los 52 interesados en participar, 36 de los cuales lo harán de forma individual y 16 en consorcio. Las empresas que participarán de forma individual son: Armour Energy Limited, Carso Oil and Gas, Cheiron Holdings Limited, La Huasteca, Citla Energy Onshore, Compañía Petrolera Perseua, Consorcio Manufacturero Mexicano, Construcciones y Servicios Industriales Globales, Controladora de Infraestructura Petrolera México, CPVEN E&P, además de Diavaz Offshore. En la misma lista están East West Petroleum, Gat Oil & Gas, GDF Suez E&P, Generadora y Abastecedora de Energía de México, GPA Energy, Gran Tierra Energy, Grupo DIARQCO, Iberoamericana de Hidrocarburos, Lewis Energy México, Newpek Exploración y Extracción, Pacific Rubiales E&P México, Perote Exploración y Producción, así como Petrobal. A esas se suman Petroleum Incremental, Renaissance Oil Corp, Sanchez-Olium, Sarreal, Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, Servicios PJP4 de México, Strata Campos Maduros, Sun God Energía de México, T5 Enermusa, Tecpetrol Internacional y Tonalli Energía. Las empresas que participarán en forma de consorcios son: BIN Administrativo, con Max Energy Holdings y Galca Energy; CAABSA Infraestructura, junto con Zenith Servicios Petroleros y Oleoducto del Norte de Colombia; Desarrolladora Oleum, junto con Ingeniería Construcciones y Equipos Conequipos, Industrial Consulting, Marat International y Constructora Tzaulan. También Geo Estratos MXOIL Exploración y Producción, en consorcio con Geo estratos; GeoPark Limited de la mano de LG international; Grupo Industrial de Tabasco junto con Servicios Asociados; Grupo R Exploración y Producción con Constructora y Amendadora México. En este esquema destacan de igual manera Grupo Vordcab y OCM Vordcab; Nuvoil, Sistemas Integrales de Compresión y Constructora Marusa; Omega Energy Internamonal, IEED Holding Group y GSEM; Operadora Productora y Exploradora Mexicana con Petrosantander Luxembourg Holdings; Perfolat de México, Canamex Dutch y American Oil Tools. Además, Servicios Administrativos Somer y Mexport Equipment; Steel Serv, Constructora Hostotipaquillo, Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales, Mercado de Arenas Sílicas; Torenco Energy con Petrodata Services; Tubular Technology, GX Geoscience Corporation y Roma Energy Holdngs.
Los campos a licitar el próximo martes 15 son: Barcodon, Benavides, Calibrador, Calicanto, Carretas, Catedral, Cuichapa Poniente, Tuna, Fortuna Nacional, La Laja, Malva, Mareografo, Mayacaste, Moloacán, Mundo Nuevo, Paraíso, Paso de Oro, Peña Blanca, Pontón, Ricos, San Bernardo, Secadero, Cajón, Tecolutla y Topen. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422293
México, D.F. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, confirmó que el proceso de evaluación de los docentes de Guerrero se realizará sin cambios este jueves y a partir del viernes continuará en otras entidades. Señaló que ha mantenido el contacto con el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, para afinar los últimos detalles para su realización. Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos, a donde acudió a la sesión de instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Nuño también señaló que la dependencia está dispuesta al diálogo con el magisterio, siempre y cuando éste se realice sobre la base de cómo se instrumenta la reforma educativa y no sobre la premisa de cuestionarla o ver la forma como “le damos la vuelta”. Nuño dijo que mantienen la apertura a reunirse pero consideró poco serio y viable pretender discutir de nuevo la reforma educativa, porque eso ya se debatió en el Congreso, con la discusión en los cambios constitucionales y la aprobación de dos leyes secundarias.
En este sentido, cuestionado sobre la demanda de diálogo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que no ha existido en realidad una propuesta seria. “Estaremos siempre de acuerdo con un diálogo, pero que respete la ley y que sea para ver cómo vamos a implementar la reforma educativa. Entonces eso no tiene ninguna seriedad, ninguna viabilidad”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALONSO URRUTIA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/sin-cambios-evaluacion-docente-en-guerrero-afirma-nuno-5747.html
Un grupo de policías federales se dirigen hacia el Bulevar de las Naciones, en las inmediaciones del Fórum Mundo Imperial, sede de la aplicación de la prueba; líderes de la Ceteg dicen que este miércoles comenzarán sus movilizaciones contra la evaluación.
Mientras los seis mil policías federales que vigilarán la evaluación docente en Guerrero instalan filtros de seguridad en distintos puntos de Acapulco, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) dio a conocer que este miércoles 2 de diciembre comenzará con sus movilizaciones. Un grupo de federales se encuentra a un costado de las instalaciones de la Octava Región Naval — sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, esquina con la Avenida Escénica, mientras que camiones con policías antimotines se dirigen hacia el Bulevar de las Naciones, en las inmediaciones del Fórum Mundo Imperial, sede de la aplicación de la prueba. Al menos 10 autobuses de federales se encuentran en los alrededores del hotel Copacabana, también sobre la Costera. Para esquivar bloqueos y protestas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de Guerrero concentrarán en la Zona Diamante de Acapulco a los maestros que participarán en la evaluación de desempeño, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. A pesar del operativo federal, Ramos Reyes, líder de la Ceteg, dio a conocer que marcharán a partir de este miércoles en contra de la evaluación docente y adelantó que sus manifestaciones continuarán hasta el próximo domingo, último día en que se aplicará la prueba. “A los compañeros de base vamos a informarles de cómo están las cosas y de ahí determinamos el apoyo de ellos que se hará, pero, hasta el momento, sólo se trata de movilizaciones”, dijo Reyes en entrevista con Grupo Imagen. Explicó que la Ceteg hace un llamado a los maestros de Guerrero a no participar en la evaluación; no obstante, dijo, “no es una amenaza”. Horas antes, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, señaló que espera que entre 75 y 80% de los maestros presenten la evaluación.
“Más de tres mil esperemos que lleguen. Pero también, el día de ayer tuvimos la información que hay maestros que están registrándose en el último momento, había más de 150 maestros que estaban llamando que no habían dado sus evidencias y también harán el examen. Podrían ser tres mil 200, tres mil 300”, dijo en entrevista con Radio Fórmula. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/evaluacion-docente-federales-instalan-filtros-en-acapulco-ceteg-prepara-5-dias-de-protestas/
Tanto Murat como Pérez buscarán la candidatura; Pérez afirma que está por arriba en preferencia respecto a sus contrincantes.
Alejandro Murat, quien renunció este lunes 30 de noviembre a su cargo como director del Infonavit, reveló que irá por la candidatura al gobierno de Oaxaca. En este mismo día, el senador por el PRI, Eviel Pérez, dijo que también buscará la candidatura y en enero pedirá licencia a su cargo actual. Murat anunció sus intenciones en entrevista con Grupo Imagen y afirma que Oaxaca tiene “sed de justicia” y “grandes retos”, además aseguró: “esta es una vocación, un anhelo. La vocación de servicio uno la desarrolla. Y cada quien es su propio hombre y construye su propio destino”. Sobre su padre, José Murat, quien gobernó Oaxaca de 1998 a 2004, Alejandro dijo que “sin duda, tener un padre como el que tengo es, en lo personal, un activo; pero en la parte pública, hay que decirlo claro: Los que ya bailaron que se sienten y, en ese sentido, pues la responsabilidad la enfrentaré yo; los aciertos y, por supuesto, también los fracasos”. Por otra parte, el senador priista Eviel Pérez dijo en entrevista con Grupo Fórmula que sí buscará la candidatura al gobierno de Oaxaca. “Tengo que cumplir con varias tareas y dejar listo también esta posibilidad, lógicamente lo voy a hacer de la mano de mi partido, voy a buscar mi aspiración de poder ser candidato de mi partido al gobierno del estado de Oaxaca”, afirmó.
El senador aprovechó para adelantar que, según él, los estudios de opinión lo posicionan con 12 puntos de ventaja entre los demás precandidatos priistas. Sobre su licencia, Pérez comentó: “nosotros [los senadores] tenemos todavía una fecha límite que nos permite estar en el Senado hasta el mes de enero”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/alejandro-murat-y-eviel-perez-van-por-la-gubernatura-de-oaxaca/
El Estado de México es una de las entidades que tiene el mayor número de organizaciones civiles registradas formalmente –con más de 2 mil–. Sin embargo, ser activista en territorio mexiquense significa ser presa de amenazas, ataques e incluso intentos de homicidio. En los últimos años, al menos 150 agresiones han sido documentadas. Organizaciones No Gubernamentales aseguran que estos casos están relacionados con intereses políticos y económicos.
Ser activista en el Estado de México es una actividad de alto riesgo. En aquella entidad, que ha sido gobernada por el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde siempre, defender un bosque, resguardar ríos, oponerse a las megaobras, o defender una idea puede costarle a un ciudadano su libertad, integridad, privacidad o incluso su vida, denunciaron activistas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), de 2011 a la fecha se han documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos con presencia en territorio mexiquense.
“[Detrás de los ataques y el acoso] es evidente, hay grandes intereses económicos o políticos. Por ello los grandes grupos de poder están dispuestos a violentar a las personas que defienden los derechos humanos y opositores”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.
Lara explicó que gracias a una observación que fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, se pudo determinar que en la entidad que gobierna actualmente el priista Eruviel Ávila Villegas existe violencia sistemática contra luchadores sociales, y ese patrón ha provocado –en los últimos cinco años– detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intento de homicidio, por mencionar algunas acciones.
“Nosotros incluso hemos estados abierto al diálogo, buscamos la armonía y la paz, pero el Gobierno del estado ha insistido en recriminar todo acto de protesta”, agregó Lara Duque, quién añadió que gracias a que se ha conformado un frente contra estas acciones, los ataques han disminuido.
Itzia Miravete Veraza, coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, detalló que en lo que va de la actual administración priísta –que empezó el 16 de septiembre de 2011–, tan sólo en esa organización han llevado 150 casos legales por agresiones o amenazas de este tipo. Sin embargo comentó que existen más, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala. La Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil refiere que en el Estado de México existen 2 mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante autoridades, mientras que en el Distrito Federal hay 5 mil 413 y en Baja California Sur 168, según cifras de 2014. Información de prensa refiere que desde 2011, con la ayuda de la campaña “Haz que se vean”, en la entidad mexiquense se han visibilizado agresiones, como la sufrida por José Antonio Lara Duque, por amenazas de detención, o la que se reportó contra la Casa del Migrante San Juan Diego, donde las instalaciones del albergue fueron incluso tiroteadas. Aun así, muchas más no llegan a la denuncia formal por intimidaciones y amenazas.
En el mismo sentido de protección y para ejercer mayor presión en su causa social, desde principios de 2015 organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú [uno de los empresarios más favorecidos con contratos por los gobiernos federal y estatal] Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros. Pobladores aseguraron que el Gobierno de Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras, como acueductos, autopistas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otras. Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esa entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Pobladores de esa comunidad, municipio de Lerma, en el Estado de México, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a una filial de Grupo Higa. El pasado 17 agosto, Zenón se encontraba en San Francisco Xochicuautla cuando le fue notificado por parte de sus vecinos que afuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando la puerta de su hogar, que se encontraba deshabitado. Cuando el defensor volvió a su casa, tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a su vivienda. Un día más tarde dio cuenta que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos de casos que llevaba a lo largo de años habían desaparecido. Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.
Días después hubo amenazas a los voceros de ese movimiento, informaron. Por ello, otras organizaciones de la entidad emitieron una alerta a nivel nacional. El 21 de julio pasado, Sergio Velázquez Morales y Vicente Moreno Domínguez, activistas en pro del derecho humano al agua y beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que habitan en el municipio mexiquense de Coyotepec, fueron detenidos de manera arbitraria por policías municipales cuando se acercaron a una obra en el libramiento Francisco Villa, donde se perforaba un pozo de agua de manera clandestina, pues de acuerdo con sus investigaciones, la empresa no contaba con permiso otorgado por la Administración de Agua Potable de Coyotepec en coordinación con el Presidente Municipal, que revista de certeza y legalidad la realización de dicha obra. En 2013, Vicente Moreno fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa; no obstante escapó, pero denunció que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado por el entonces Presidente municipal priísta, Alfredo Anguiano Fuentes. En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, fue víctima de intento de homicidio. Tres sujetos dispararon contra ella, hiriendo al oficial que la custodiaba. Además, organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que han luchado para que se emita la Alerta de Género en todo el Edomex y no en solamente 11 municipios, denunciaron que las autoridades las han amenazado y han ocultado y omitido información. Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos que marcó la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador fue la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco al iniciar mayo de 2006, quienes se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus terrenos. Organizaciones, pobladores, periodistas y observadores documentaron serias violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos, diversos líderes e incluso niños. El 3 de mayo de 2006, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se movilizaron en apoyo a un grupo de vendedores que fueron desalojados del municipio de Texcoco por policías. Se dio una trifulca entre fuerzas del orden y vecinos de Texcoco y los de Atenco.
“No se va a negociar. Se va a aplicar la Ley y a hacer respetar el Estado de Derecho”, dijo entonces el Gobernador Peña Nieto.
Al día siguiente, 3 mil elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal llegaron al pueblo en un operativo que duró más de 10 horas y que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea; 50 personas fueron heridas y más de 200 pobladores arrestados. Además, 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por por los propios uniformados. De hecho, a la fecha existen 12 personas presas por los disturbios de San Salvador Atenco, a pesar que el movimiento ha logrando avances legales para la libertad de sus compañeros, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió el caso, todavía siguen saliendo causas penales por resolverse. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1566842
Los colombianos cuyos cadáveres fueron hallados hace un par de semanas en Veracruz, con huellas de tortura y tiro de gracia, eran los operadores del escalón más bajo de una red de usura importada desde su país y conocida como “gota a gota”: préstamos rápidos con altas tasas de interés y exigencias de pago diario. Los asesinados, oriundos de Pereira, Colombia, eran jóvenes pobres y sin perspectivas de crecimiento, como todos los que reclutan los jefes de la red de usureros, generalmente vinculados con el crimen organizado.
BOGOTÁ: Los cinco colombianos que el martes 17 aparecieron ejecutados en el estado mexicano de Veracruz eran el “eslabón más débil” de una organización criminal dedicada a una modalidad de usura conocida en Colombia como “gota a gota”. Se trata de créditos con altas tasas de interés que se pagan en abonos diarios y forman parte de las actividades delictivas de bandas implicadas también en el tráfico de drogas y la extorsión. Este negocio ilegal, por el cual se obtienen réditos de hasta 20% mensual sobre el monto del préstamo, ha sido exportado por colombianos de Chile a México. Según las investigaciones de la Policía Nacional (PNC) y la Fiscalía de Colombia, quienes aparecieron muertos en una fosa en un rancho de Veracruz fueron reclutados este año como “cobradores de una banda delincuencial dedicada al ‘gota a gota’” en el centroccidental departamento de Risaralda. “Es una banda con ramificaciones en México, Centroamérica y Ecuador. Esa gente les ofrece trabajo a muchachos en Pereira (capital de Risaralda) y los manda al extranjero”, dicen a Proceso las fuentes policiacas consultadas. Carlos Arturo Marulanda Orozco, uno de los ejecutados, viajó hace cuatro meses de Pereira a México luego de trabajar en una pizzería en Panamá. Como los otros ejecutados, era la primera vez que se empleaba como “cobrador” de los créditos “gota a gota”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAFAEL CRODA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422166
El pasado jueves 5 hubo un incidente grave en la capital colombiana: De acuerdo con una denuncia penal formal, ejecutivos de Televisa irrumpieron con gente armada en la compañía C&P, propiedad en partes iguales de la de Emilio Azcárraga Jean y del consorcio local RCN. Según la demanda, los directivos de la televisora intentaron dirimir así un problema con sus socios, sobre todo en lo referente a un supuesto adeudo millonario de los mexicanos.
BOGOTÁ: Ejecutivos de Televisa, entre ellos el vicepresidente internacional de la división editorial del grupo, Porfirio Sánchez Galindo, están en la mira de la justicia penal de Colombia por haber allanado con guardias armados las oficinas de una empresa cuyo control le disputa a Radio Cadena Nacional (RCN), consorcio colombiano de las comunicaciones. El episodio, ocurrido el jueves 5 en esta ciudad, en la sede de Caras & Poder (C&P), propiedad por partes iguales de RCN y Televisa, es investigado por la Fiscalía de Colombia y la institución prepara los citatorios para que los ejecutivos de la televisora mexicana implicados en esos hechos acudan a declarar. “Estos funcionarios de Televisa invadieron con guardias la oficina de C&P, sacaron los libros contables, facturas y correspondencia privada, y pusieron sellos como si fueran autoridades judiciales. Uno de ellos golpeó a una secretaria. Eso fue un acto de fuerza ilegal, un abuso”, dice a Proceso el abogado de RCN, Jaime Lombana. El litigante presentó el viernes 6 y el lunes 9 dos demandas penales ante la Fiscalía contra Sánchez Galindo y el gerente jurídico de Televisa, Hugo Ríos –ambos mexicanos–, así como contra la gerente general de la Editorial Televisa en Colombia, la colombiana Beatriz Pizano. Los tres están acusados de allanamiento de un lugar de trabajo, violación de correspondencia privada y presunto fraude contra C&P, empresa que edita en Colombia la revista de sociales y farándula Caras. “Nosotros esperamos que la fiscalía encuentre méritos para una imputación y los llame a un juicio criminal”, dice Lombana, quien prevé que la próxima semana sean citados a declarar los tres ejecutivos ante esa institución judicial.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2039 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTRO: RAFAEL CRODA. LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422290
