miércoles, 2 de diciembre de 2015

Universitarios de Veracruz exigen con bloqueo a Sefiplan el pago de becas atrasadas

XALAPA, Ver: Estudiantes universitarios tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en protesta porque ya se cumplieron 10 meses sin que el gobierno de Javier Duarte les haya puesto pagado sus becas de educación superior (manutención), becas de excelencia y de buen promedio.

Además, medio centenar de estudiantes tomó de forma intermitente la vialidad de la avenida Adolfo Ruiz Cortínez, afuera de la Sefiplan, que conecta hacia el norte de la capital del estado y da salida hacia la autopista que conduce a la ciudad de México.

Los estudiantes reclamaron un adeudo total de 56 millones de pesos destinados a 17 mil estudiantes de educación superior a quienes ya se les adeuda, a cada uno, insumos educativos por 10 mil pesos.

Los voceros de los estudiantes recriminaron que hace un mes se reunieron con el titular de Sefiplan Antonio Gómez Pelegrín quien se comprometió a que en dos semanas quedaría “solventando” el adeudo, situación que nunca ocurrió.

A través de transparencia, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), informó que año con año destina 330 millones de pesos para el pago de becas y en el oficio SEV/UAIP/334/2015 el Secretariado Técnico y Ejecutivo del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior negó “tener algún atraso” en dicho programa educativo.

La Secretaria Técnica y Ejecutiva del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la SEV Yajaira Yahel Rodríguez Bello señala en el documento –en poder de Apro- que hoy tiene inscritos a 32 mil 789 estudiantes universitarios, de bachillerato y educación media.

“Aunque no se contaba con calendarización de pagos para el ciclo escolar 2013-2014 no tuvieron retraso. Para el ciclo escolar 2014-2015 no existió retraso”, asegura la SEV en el documento.

La dependencia estatal asegura que se siguen depositando los “montos mensuales” que van de 760 a mil pesos dependiendo de la antigüedad de inscripción al Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención).

Sin embargo en las calles del centro histórico y afuera de la Sefiplan es constante el reclamo de jóvenes universitarios que se quejan de que el gobierno no deposita a tiempo.

Y no son los únicos. El martes pasado un centenar de jubilados del Instituto de Pensiones del Estado realizó una misma protesta similar frente al Palacio de Gobierno donde despacha Duarte y el reclamo era similar, exigían “fondos y retroactivos” que no les han pagado.

En la manifestación el secretario general de la delegación IV del SNTE Guadalupe Sánchez recriminó que el gobierno de Duarte se atrasa con las pensiones de los jubilados, no paga retroactivos y otras prestaciones y en contraste las dietas de los diputados y las pensiones de los magistrados en retiro que alcanzan los 100 mil pesos siempre se depositan de forma puntual.

Los pensionados reclaman retroactivos cercanos al 4% del total de sus pensiones y afirman que desde enero el gobierno de Duarte les ha puesto a pugnar por dichos recursos.

“Otra vez son los centavos los que nos traen a bloquear a estas horas aún no se nos ha hecho el depósito respecto al mes de noviembre (la pensión) y en términos generales no vino el retroactivo del 3.4% a las pensiones, desde enero se adeuda”, acusó el líder sindical.

Guadalupe Sánchez aseguró que son más de mil 700 pensionados de la sección 56 del SNTE quienes se han visto perjudicados con está retención de recursos.


La bolsa de presupuestos que el gobierno de Duarte adeuda, según pensionados de la sección 56 del SNTE ronda los mil 200 millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422300

Con bloqueo carretero y plantón, habitantes de Ostula exigen libertad de Cemeí Verdía

MORELIA, Mich: Alrededor de mil habitantes de Ostula, de la Costa Sierra Nahua, mantienen bloqueada la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, a la altura de Xayacalan, mientras otro contingente viajó a la capital del estado para realizar un plantón en Casa de Gobierno y exigir a Silvano Aureoles la liberación de Cemeí Verdía Cepeda.

También exigen el esclarecimiento de la muerte del menor Hidelberto Reyes García presuntamente asesinado por elementos del Ejército durante una manifestación el pasado 19 de julio, en el poblado de Ixtapilla.

Afuera de Casa de Gobierno y sin bloquear la vialidad alrededor de 200 manifestantes se apostaron con cartulinas y pancartas en mano en espera de ser atendidos por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Al respecto la autoridad michoacana informó que una comisión de inconformes será recibida y atendida por el propio secretario.

Cemeí Verdía, quien fuera líder de autodefensas en el municipio de Aquila, fue detenido y señalado por el homicidio de sujetos armados que lo emboscaron cuando circulaba en la carretera, también fue acusado de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Posteriormente fue señalado del delito de robo en agravio del Ayuntamiento de Aquila que se desistió de interponer una denuncia, y también fue acusado de cometer delitos electorales.

Tras su detención los habitantes de la comunidad náhuatl de Ostula se manifestaron en el poblado de Ixtapilla para exigir su liberación pero durante la protesta presuntamente personal del Ejército realizó disparos para dispersar a la gente y “esquirla de bala” impactó en la cara de Hidelberto Reyes García, de 12 años.

Según los peritajes del gobierno es imposible determinar el calibre de la bala que terminó con su vida, debido a que lo que causó su muerte fue un fragmento del proyectil.


Los inconformes que bloquean la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en Xayacalan advirtieron que continuarán el bloqueo carretero con tráileres y piedras por tiempo indefinido. La gente porta palos, piedras, guadañas, azadones, machetes y otros objetos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422302

Suspende tribunal federal tercera toma de posesión de Elías Azar en TSJDF

Esto implica que "no tome posesión del cargo el 1° de enero de 2016 sino que, en su caso, lo haga hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías".

El noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa suspendió de manera provisional la toma de posesión de Édgar Elías Azar para un nuevo periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) .

La ceremonia estaba prevista para enero de 2016, aunque aún falta esperar que el mismo tribunal federal determine el próximo jueves si suspende la toma de posesión de manera definitiva, lo que obligaría al pleno del TSJDF a designar una especie de presidente interino.

Aquí el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal:

NOTA INFORMATIVA

CASO: Declara Tribunal Colegiado procedente conceder suspensión provisional contra elección de Presidente del TSJDF

ASUNTO: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal informa que al declarar fundado el recurso de queja 307/2015, determinó procedente el conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que Edgar Elías Azar, Presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), no tomé posesión del cargo el 1° de enero de 2016, sino hasta en tanto, en su caso, se resuelva el fondo del juicio de amparo 2133/2015 y la sentencia fuera adversa a los intereses de la parte quejosa y se determine si la elección es legal.

En la resolución se establece que la quejosa, Petra Quezada Guzmán, magistrada integrante del Pleno del TSJDF, promovió el juicio de amparo referido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

La quejosa argumentó como acto reclamado del Pleno del TSJDF, la elección del magistrado Edgar Elías Azar como Presidente de dicho tribunal, llevada a cabo el 4 de noviembre de 2015, al no cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Entre las violaciones alegadas por la quejosa cometidas durante el procedimiento de elección y que trascendieron al final del mismo, reclamó el registro del mencionado magistrado como aspirante a ocupar la Presidencia de ese cuerpo colegiado, efectuado en la sesión del 12 de octubre de 2015; la omisión de verificar de oficio la elegibilidad de los aspirantes registrados, en particular la de Edgar Elías Azar; la omisión de resolver la impugnación contenida en escrito de fecha 12 de octubre de 2015, firmada por varios magistrados, la cual se hizo en relación con las bases que se deberán seguir para la elección del Presidente del TSJDF para el periodo 2016-2018; así como el registro del magistrado presidente en funciones para contender por tercera ocasión y de manera continua a la presidencia del mismo.

También, la omisión de resolver la impugnación efectuada el 20 de octubre de 2015 en relación con el registro del magistrado Presidente mencionado para contender por un tercer periodo al frente del TSJDF.

De la Comisión de Ética del TSJDF, reclama la omisión de verificar de oficio la elegibilidad de los aspirantes a dicho cargo; la omisión de intervenir en la resolución de la impugnación realizada el 12 de octubre de 2015, firmada por varios magistrados, y la omisión de intervenir en la resolución de la impugnación efectuada el 20 de octubre de 2015, en relación con el registro del magistrado presidente.

El 26 de noviembre de 2015, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo, dado que se afectaría, en mayor medida, el interés general y el orden público, que el interés particular; ello, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, numerales de los que se apreciaba que el Presidente cuenta con diversas facultades indispensables para el funcionamiento del TSJDF, el cual es un organismo que tiene como objetivo la impartición de justicia. Ante ello, la quejosa interpuso el citado recurso de queja.

En su resolución, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundados los agravios y consideró que procede la concesión de la suspensión solicitada, en virtud de que de no otorgarse, el actual Presidente electo del TSJDF, Edgar Elías Azar, asumirá dicho cargo por el periodo de 2016 a 2018, en la primera sesión celebrada en enero de 2016, con lo que se dejaría sin materia el juicio de garantías.

Los efectos y consecuencias de los actos reclamados se traducen en que Edgar Elías Azar, Presidente electo del TSJDF, no tome posesión del cargo el 1° de enero de 2016 sino que, en su caso, lo haga hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías del que deriva el presente incidente, en el que se reclamaron diversas omisiones de las impugnaciones relacionadas con las Bases que se siguieron para la elección del Presidente de dicho Tribunal para el periodo de 2016-2018, así como del registro de candidatos para dicha contienda, cuestiones que son inherentes al fondo del asunto, y que se estiman necesarias que se resuelvan antes de que el tercero interesado, Edgar Elías Azar, tome posesión del cargo como Presidente del referido Tribunal.

Lo anterior, en atención a que, de resultar procedentes las impugnaciones cuya falta de estudio reclama la ahora quejosa, en su calidad de magistrada integrante del Pleno del TSJDF, ello podría traer como consecuencia que se dejara sin efectos la elección del Presidente electo.

Es de señalar que con la suspensión no se afecta el orden público y el interés social, en virtud de que si bien es cierto que la Ley Orgánica del TSJDF, establece las funciones y atribuciones que realizará el Presidente de dicho Tribunal, cuyo cumplimiento es de orden público, también lo es que la propia ley prevé un supuesto para cubrir las ausencias del presidente del multicitado Tribunal.

Se agrega en la resolución que con la concesión de la suspensión provisional no se contravienen disposiciones de orden público, precisamente porque dicho funcionario será suplido en términos de lo que establece el artículo 73, fracción I, de la Ley Orgánica del TSJDF, es decir, mediante designación especial que hará el Pleno de dicho Tribunal, con lo cual, éste podrá seguir funcionando hasta en tanto se decida si se ajustaron a derecho las Bases para la elección de su Presidente, así como el registro de candidatos para dicha contienda, cuestiones que precisamente están vinculadas con el fondo del juicio de garantías.

Además, de no concederse la medida suspensional solicitada, se estaría afectando el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los cargos públicos los desempeñen personas que cumplan con todos los requisitos previstos en la ley para desempeñar las funciones encomendadas en el puesto que fue elegido.
Este órgano jurisdiccional sustentó su resolución en la tesis 1047 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de la contradicción de tesis 13/2011.


La resolución fue tomada por unanimidad de los magistrados María Simona Ramos Ruvalcaba, en funciones de presidenta; y José Alejandro Luna Ramos, así como la secretaria en funciones de magistrada, Martha Lilia Mosqueda Villegas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/suspende-tribunal-federal-tercera-toma-de-posesion-de-elias-azar-en-tsjdf/

PAN y PRI van con los mismos por la gubernatura de Colima

Por su parte, Leoncio Morán Sánchez va por MC; José Francisco Gallardo Rodríguez por Morena; Gerardo Galván Pinto, por Encuentro Social, y Carlos Barbazán Martínez por el Humanista; el único partido que falta es el PRD.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligieron por segunda ocasión a Jorge Luis Preciado y a Ignacio Peralta como sus candidatos a la elección de gobernador en el estado de Colima.

El primero en quedar definido fue José Ignacio Peralta Sánchez como abanderado del tricolor, luego de que, por unanimidad, recibió el voto de los delegados participantes en la Convención Estatal Electiva de ese instituto político.

Por su parte, el presidente estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez, dio a conocer que la militancia panista se pronunció con el 97% de la votación a favor de Jorge Luis Preciado Rodríguez, para que nuevamente sea su candidato a la gubernatura.

En tanto, Movimiento Ciudadano (MC), emitió un comunicado en el que dio a conocer que su candidato será otra vez Leoncio Morán Sánchez, actual dirigente estatal del mismo.

A su vez, se confirmó la designación de José Francisco Gallardo Rodríguez como candidato de Morena; de Gerardo Galván Pinto, por Encuentro Social, y Carlos Barbazán Martínez, por el Partido Humanista, que ya habían contendido en la elección ordinaria.

Respecto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), se informó que, debido a la cancelación de su asamblea electiva por falta de quórum, será la dirigencia nacional la que determine si su abanderado será nuevamente Martha Zepeda del Toro o José Guadalupe Rojo, registrado para la contienda interna.


De acuerdo con las fechas establecidas por el INE, el registro oficial de los candidatos será desde este miércoles y hasta el 8 de diciembre próximo, lapso en el que habrá una veda para los aspirantes, quienes realizarán sus respectivas campañas del 10 de diciembre al 13 de enero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/pan-y-pri-van-con-los-mismos-por-la-gubernatura-de-colima/

Policías de Sinaloa la violan y torturan; lleva presa 3.5 años por un crimen que no cometió

Yecenia Armenta lleva tres años y medio en prisión acusada de un crimen que no cometió. Esto lo han ratificado diversos organismos de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales. La mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

El 10 de julio de 2012, Yecenia Armenta Graciano transportaba en su automóvil particular a su cuñada y a su hermana rumbo al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En el momento en que estacionó su vehículo, policías ministeriales vestidos de civil y sin identificación oficial se la llevaron a una bodega, para después atarla, colgarla cabeza abajo, golpearla y violarla.

Después de casi 15 horas de tortura, sus agresores la amenazaron con ir a buscar a sus hijos para violarlos y matarlos. Fue en ese momento cuando sucumbió a las exigencias de los policías de firmar una confesión y dejarles tomar sus huellas dactilares.

Posteriormente la acusaron del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que Yecenia dice desconocer.

Mientras estaba detenida, médicos de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa, examinaron las lesiones de Yecenia, sin embargo, no documentaron nada.

Meses más tarde, médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) también la revisaron, pero nunca acreditaron indicios de tortura u otras formas de malos tratos. En septiembre de 2012, expertos médicos independientes acreditaron la tortura de Yecenia, y detectaron señales físicas y psicológicas de que la misma sí había sucedido.

Dos años después, en marzo de 2014, dos expertos del Consejo Internacional de la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura realizaron más exámenes y concluyeron también que Yecenia fue torturada.

Tres años y medio después, Yecenia narró a través de un video, cómo las autoridades de Sinaloa le decían que contestara todo lo que ellos le pedían o “la iba a pasar muy mal”.

Ella recuerda cómo pensó que se trataba de un secuestro [su detención], y lo que sus torturadores le decían, entre otras cosas, que le podían cortar la lengua, las orejas, “que estaban afilando los cuchillos”, o que podrían traer a sus hijos… “hechos pedacitos”, después de violarlos.

La mujer narró su historia a Amnistía Internacional, y señaló que pensó que jamás saldría viva de la tortura a la que fue sometida, todo para que confesara, “a cualquier costo”, que había asesinado a su esposo [aunque ella no lo hubiera hecho].

Sus agresores la violaron y le hicieron firmar su confesión vendada de los ojos, por lo que asegura que jamás pudo leer lo que firmó. De eso hace tres años y medio, y la señora Armenta sigue en la prisión, mientras los hombres que la torturaron brutalmente continúan en libertad.




LA NOTICIA RETOMADA POR MEDIOS AUSTRALIANOS

El caso de Yecenia Armenta Graciano fue revivido por diversos medios australianos luego de que una camioneta quemada con dos cuerpos calcinados dentro, abandonada en medio de la nada, puede ser la misma que transportaba a Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas de aquel país desaparecidos hace una semana en México.

En un viaje que comenzó en Edmonton, Canadá, los jóvenes, ya en México, habían tomado el trasbordador que los llevó de La Paz, en Baja California, a Topolobampo, una ciudad portuaria sinaloense de unos 6 mil habitantes.

Allí enviaron un mensaje de texto a sus amigos y familiares. Después, nada se supo de ellos. News Australia, The Sydney Morning Herald, ABC de Australia, y otros más, han analizado la “terrible” violencia que vive México, en especifico Sinaloa.

“Para una población mucho menor de Melbourne o Sydney, el estado de Sinaloa (con una población de 2.7 millones de habitantes) tiene un número de muertos que rivaliza con algunos de los peores lugares del planeta fuera de una zona de guerra [...] Excepto que es una zona de guerra para el tráfico de drogas, en una nación que se ha vuelto insensible a la violencia. Aun cuando 43 de sus propios alumnos fueron asesinados el año pasado [en referencia a Ayotzinapa] por orden de policías corruptos que los entregaron a una banda de narcotraficantes, nada parece haber cambiado”, señala ABC.

LA DENUNCIA DE AMNISTÍA

Un año después de la tortura que ella asegura sufrió [cuando las marcas de los hechos ya habían desaparecido de su cuerpo, incluyendo las marcas de los tobillos de donde fue colgada], los médicos de la Procuraduría de Sinaloa dictaminaron que no había “evidencias” o “pruebas” de que había sido torturada.


De aquello, dice Yecenia, lo único que le quedó es “el enorme daño psicológico” y recordó que fue agredida “de todas las formas”. Por ello, la mujer imploró, exigió que se le haga justicia, y tal vez como una quimera, pidió que no existan ya más personas torturadas en México.
“Si los doctores del estado hubieran documentado las lesiones de la tortura, ella no estaría en prisión hasta ahora. Yecenia merece justicia”, dice Amnistía en un video que tituló “Alto a la tortura”.

Amnistía inició una petición [con más de 3 mil firmas hasta el momento] dirigida a Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General del estado de Sinaloa, pidiendo que la denuncia de tortura de Yecenia se investigue plenamente, además, que se retiren los cargos en su contra y que se reforme “radicalmente” la manera en que se llevan a cabo los exámenes médicos forenses a sobrevivientes de tortura en México.



PRUEBAS DE LA INOCENCIA DE YECENIA
“Hasta el día de hoy no hay ninguna persona castigada [por la tortura que sufrió y los autores del homicidio de su esposo], sólo yo”, narra Yecenia en su desgarrador testimonio que fue publicado en la plataforma YouTube.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en enero de 2015, una recomendación para que se libere a la acusada y se proceda contra los torturadores. Sin embargo, hasta el momento, ni un juez local, ni el Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa y ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han conocido el procedimiento, le ha hecho justicia a Yecenia.

La CNDH pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se acate la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso Yesenia Armenta Graciano, quien, se confirmó, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial.



“Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que el personal médico adscrito al Departamento Médico de la Policía Ministerial y a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sea capacitado en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), para garantizar la imparcialidad y veracidad en las certificaciones de estado físico que realicen, y no omita describir las lesiones que observe, ni denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público, cuando se presuma que hubo tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, se lee en la recomendación de la CNDH.

La investigadora para México de Amnistía, Madeleine Penman, señaló en entrevista con el diario Noroeste, que tras analizar el caso, AI no encontró evidencias que inculpen a Armenta Graciano, además, dijo que el caso está basado en irregularidades, tortura y en un indebido proceso.

Desafortunadamente este caso, mencionó, es paradigmático y es un ejemplo de muchos donde las autoridades basan sus actuaciones en la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. El Gobernador ordenó una investigación contra los agentes que presuntamente la torturaron, dijo, pero no ha habido avances.
“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa es Juez y parte de resolver, tanto es así que hay una acusación contra Yecenia, ella sigue en la cárcel acusada de delitos por la Procuraduría estatal de sinaloa. Además los policías de la Procuraduría estatal fueron los que torturaron a Yecenia”, indicó Penman.

El caso de Yecenia, mencionó la investigadora de AI en México, es una oportunidad del Gobierno de Sinaloa para mostrar a la sociedad su compromiso con los derechos humanos y el debido proceso.

En julio pasado, la presidenta del ­Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, dijo a diversos medios locales haber recibido la visita de representantes de AI y dijo haber compartido con ellos la serie de intervenciones que ha habido sobre el caso y “el estupor que causa”.


A pesar de ello, aseguró Murillo, el gobierno estatal se mantiene firme privándola de la libertad, por lo que la activista expresó su “preocupación por el desprecio a la dignidad humana que ha demostrado este gobierno en Sinaloa y por su empeño en defender a policías señalados de actuar con una saña bestial en el caso de una mujer, incluso de violarla sexualmente con exceso de crueldad [...]“.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2015/1567787

Matar Policías, un juego de poder

El día que mataron al Jefe Policíaco Margarito Saldaña Rivera se supo que no era un policía deshonesto. Los asesinos de la mafia habían llegado de madrugada hasta su casa, una hechiza construcción de madera que no pudo resistir mínimamente las ráfagas de metralleta que escucharon los vecinos de una colonia de bajos recursos de Tijuana.

Los sicarios también asesinaron a la esposa de Margarito Saldaña, a una de sus hijas, y dejaron heridos a otros familiares.

Más allá de las condiciones en las que vivía el Jefe de Distrito Policíaco, en las cuales era evidente que no había dinero sucio, ni recursos del narcotráfico que todo lo corrompe; Margarito Saldaña había intentado horas antes de su muerte, detener a unos presuntos delincuentes. No le perdonaron lo que consideraron una afrenta. Al Policía lo asesinaron por cumplir con su deber, y en ello se llevaron a su familia.

Era 2008 y en Baja California estábamos en medio de una guerra de cárteles. El de Sinaloa le disputaba esta zona fronteriza al cártel Arellano Félix que la regenteaba para el tráfico de drogas desde 1985. Las células criminales divididas, empistoladas y con generoso recurso de la venta de droga, el secuestro y la extorsión, tenían azorada a la ciudadanía.

Entonces Felipe Calderón desde la Presidencia de la República, había emprendido dos años atrás su “guerra contra las drogas”, cuyo legado fue de más de cien mil ejecutados en seis años.

Por aquel tiempo hubo también asesinatos a Policías que estaban infiltrados por parte del narcotráfico. Que engolosinados por la delincuencia y la ambición del dinero fácil, se habían convertido en narcotraficantes unos, y en protectores de los mafiosos la gran mayoría. Se inició una limpia de las corporaciones que, francamente, quedó a medias.

Ciertamente se instauraron herramientas como los exámenes de control, evaluación y confianza que sirvieron para identificar, un poco pero lo hicieron, a los policías corruptos. Se les persiguió, se les encarceló y ahora están de regreso.

No hay muchos Margaritos Saldaña, pero sí abundan los policías corruptos. Otra vez, o más que antes, los Policías de México están comenzando a coludirse con el crimen organizado y el narcotráfico. El ejemplo mejor sería la huida de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Resulta imposible, aun cuando se ha detenido y perseguido a funcionarios de segundo y hasta quinto nivel, que la fuga se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración de alguna o varias corporaciones policíacas o miembros de las fuerzas armadas.

Fue notorio en 2009 cuando el Gobierno de los Estados Unidos le perdió la confianza al Ejército Mexicano. Aparte que no tenían una buena experiencia (¿Recuerdan al General Jesús Gutiérrez Rebollo?), ya eran muchos los pitazos que les habían dado para detener a “los grandes capos” y estos siempre terminaban huyendo a tiempo. Así el Gobierno de los Estados Unidos se estrenó con la Marina en diciembre de aquel año. Les alertaron de la presencia en el centro de Morelos de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, jefe del cártel que lleva su apellido. Ensoberbecido, el narcotraficante intentó ganar el enfrentamiento a los marinos y lo pagó con su vida. Los suyos, inconformes y molestos, arremeterían días después –como lo hicieron con Margarito Saldaña- con la madre y tres familiares de uno de los marinos que participaron en el operativo contra Beltrán Leyva y había perdido la vida en ello.

En contraparte, a José Ramón Velázquez, un Comandante que fue de la Policía Judicial de Baja California, los criminales lo capturaron, lo torturaron y le videograbaron en una confesión criminal. Acusaba las relaciones que existían entre el cártel de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Los asesinatos que habían cometido, los crímenes por venganza contra Policías que no eran afines al ala criminal de Ismael Zambada García “El Mayo”, y los lugares donde los habían desaparecido. Días después de la confesión que fue distribuida bastamente entre medios locales y nacionales, el cuerpo del ex Comandante fue arrojado por sus verdugos, frente a la casa de la entonces novia del Procurador.

Y cómo borrar de la historia reciente la emboscada que sufrieron 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco en abril de 2015 por obra del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales que registra mayor crecimiento en el territorio mexicano y que el Gobierno Federal no ha podido contener.

Los narcotraficantes, los criminales organizados, matan a los policías por una de dos razones: Porque los combaten, o porque están coludidos con ellos o con alguna otra organización criminal. He conocido y documentado casos de Policías Federales que fueron acribillados después de haberse robado un cargamento de droga, o haber secuestrado al narcotraficante equivocado.

En México existen –según el informe de la Secretaría de Gobernación- 431 mil 246 Policías entre Municipales, Estatales y Federales; en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un General de División, el número promedio –varía por razones administrativas- es de 200 mil elementos.

En el mismo apartado de la Secretaría de Gobernación del III Informe de Gobierno Federal, dan cuenta de únicamente haber practicado exámenes de control, evaluación y confianza a 71 mil 511 Policías, un escaso 16.58 por ciento de la totalidad de Policías en el País, lo cual puede ser un indicador de los elementos, deje usted no evaluados, sino que están una probabilidad de ser corruptos o infiltrados.

Enrique Peña Nieto le sigue debiendo pues, a los mexicanos, una depuración en las corporaciones policíacas. Ni la inversión federal en las mismas, ni las capacitaciones producto de la Iniciativa Mérida, ni los incentivos económicos serán suficientes para tener una Policía Efectiva que pueda repeler las agresiones, investigar y capturar criminales y asesinos de las calles de México.

Otro ejemplo del nivel tan pobre de depuración y supervisión entre elementos policíacos es el apartado –en el mismo informe de Gobernación- de los casos consignados: “Se puso a disposición del Ministerio Público Federal y del Fuero Común a 91 integrantes de la corporación policial, con el propósito de sancionar la comisión de actos de corrupción. Se presentaron 412 denuncias penales en contra de integrantes de la corporación policial, entre las que destacan 393 por uso de documentos falsos y fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio público y peculado; ello derivó en la consignación de 89 elementos ante jueces penales federales, mismos que libraron 60 órdenes de aprehensión. Por su parte, el Órgano Interno de Control en la PF realizó 16 auditorías aplicadas a distintas áreas de la corporación policial. Se aplicaron 1,011 sanciones a 946 servidores públicos de la PF”. Nada pues, en comparación con los 431 mil 246 Policías en el País, que ejercen su labor sin haber sido evaluados correctamente para ello.

En los últimos meses, en varios estados de la República Mexicana, Policías Federales, Estatales y Municipales han caído a manos del narcotráfico y el crimen organizado. En Baja California, en los últimos cinco días han matado a tres y la alerta está al máximo. No todos son Margarito Saldaña. Tampoco Juan Ramón Velázquez. Pero sí es evidente, por las cifras de Gobernación y la pobreza en la evaluación, que estamos en manos de Policías no adecuados para protegernos del crimen organizado que está mejor armado y tiene mayores recursos para corromper


Matar Policías en México, se está convirtiendo en un juego de poder para delincuentes agrupados –en su mayoría por el narcotráfico- en el País de la impunidad que Enrique Peña Nieto no quiere, no puede o no le interesa corregir.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-12-2015/42080

Instituciones mexicanas, vinculadas al crimen organizado en todos sus niveles: ONG’s en Alemania

BERLÍN: Las instituciones mexicanas de gobierno se encuentran vinculadas con el crimen organizado en todos sus niveles, lo que hace que el país atraviese una profunda crisis política y jurídica, con un estado de derecho débil.

Tal es la conclusión de las organizaciones no gubernamentales alemanas y mexicanas que participaron en la Conferencia sobre Desaparición Forzada, realizada en la ciudad de Bad Boll, Alemania, en octubre pasado.

Esta realidad contradice la apreciación oficial del gobierno alemán -que parte de la idea de que México es una democracia funcional que respeta los derechos humanos- por lo que cualquier tipo de cooperación entre ambas naciones tendría que estar sujeta a un necesario fortalecimiento de la sociedad civil.

En una declaración fechada el 1 de diciembre 19 agrupaciones civiles alemanas y mexicanas piden al gobierno alemán redireccionar los alcances y compromisos firmados como resultado de la Comisión Binacional entre ambas naciones, instaurada en junio de este mismo año.

“México se encuentra actualmente en una profunda crisis política y jurídica. Todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado. Por lo menos 26 mil personas están desaparecidas desde los últimos años sin que se sepa hasta la fecha sobre su paradero. La impunidad en el país es de 98.3%.

“Tomando en cuenta estos hechos, no pueden sostenerse las apreciaciones oficiales de la política y economía alemana, que declaran que México es un Estado de Derecho, que dispone de una democracia presidencial funcional y que respeta los derechos humanos”, señala el documento.

El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exponen los activistas, dejó al descubierto la vinculación entre la clase política mexicana y el crimen organizado.

Y exponen un diagnóstico del país poco halagador:

“Problemas estructurales como pobreza y polarización social, conflictos de tierra y situaciones de emergencia de la población rural, falta de oportunidades de trabajo y de educación, siguen sin resolverse. La criminalización de los movimientos sociales va en aumento; los líderes sociales son culpados por delitos sin contar con evidencias serias, son detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad; periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados.

“Las desapariciones forzadas de personas en México se extienden en medidas inimaginables. Estos inconvenientes ya son conocidos desde hace tiempo por observadores críticos. El acontecimiento de Ayotzinapa terminó con la imagen de un estado de derecho democrático que el gobierno mexicano había construido”.

Por todas esas razones, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México considera en su declaración que el trabajo conjunto acordado entre México y Alemana el pasado junio, cuando el entonces canciller mexicano José Antonio Meade y el ministro del Exterior alemán Frank-Walter Steinmeier constituyeron una Comisión Binacional de trabajo, es erróneo y despierta grandes dudas.

Y es que el pasado 9 de junio los dos gobiernos firmaron una Declaración de Intenciones en el marco de la mencionada Comisión Binacional mediante la cual acordaron una colaboración estrecha en materia de seguridad, política exterior, desarrollo, medio ambiente, ciencia, educación y cultura.

Uno de los interlocutores del lado mexicano en lo que se refiere al fortalecimiento del estado de derecho mexicano es la Procuraduría General de la República (PGR). Tal actor despierta la suspicacia de las organizaciones civiles mexicana y alemanas.

“El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa evidencia que esta instancia central de investigación (PGR) ha retrasado y ocultado información en vez de facilitar la aclaración de la desaparición forzada de los estudiantes.

“De acuerdo con la opinión de la Coordinación y de las organizaciones mexicanas participantes, el gobierno alemán ha elegido el camino erróneo al mantener la política de ‘continuar así’, y así estabilizar las condiciones existentes en México”, señala el documento.


Las organizaciones firmantes entre las que destacan Amnistía Internacional y la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, proponen que antes de cualquier tipo de colaboración el gobierno alemán promueva cambios en México como el fortalecimiento de su sociedad civil y condene la situación de los derechos humanos en el país, además de realizar con anticipación un diagnóstico de las instituciones mexicanas con las que trabajará, así como establecer mecanismos de evaluación de cada proyecto conjunto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422301

Ordena jueza al Estado mexicano ofrecer disculpas por feminicidios

México, DF. En una sentencia de amparo, la jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ordenó al Estado mexicano pedir disculpas por feminicidios, y reparar el daño por el retardo injustificado de la Alerta de Violencia de Género para el estado de México.

Y es que desde hace cinco años, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), presentaron ante el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una solicitud para que se declarara dicha alerta en el estado de México, la cual fue declarada improcedente.

Para ese entonces en el estado de México se habían documentado ya 922 casos de feminicidios, entre 2005 y 2010.

Tras la negativa, las organizaciones de la sociedad civil iniciaron un largo litigio, en la cual la Procuraduría General de Justicia del estado de México no entregó información solicitada por el juzgado sobre cifras estadísticas del número de homicidios de mujeres en la entidad.

Pese a esta posición de las autoridades mexiquenses, el pasado 31 de julio de este año, el Sistema, donde interviene la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres de once municipios del Estado de México, es decir, cuatro años y medio después de la solicitud.

En la sentencia del juzgado del pasado 2 de octubre se determinó que efectivamente había elementos para realizar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero que no se justificaba un retraso de cuatro años y medio.


En su resolución, la jueza reconoció la grave problemática que han enfrentado las mujeres del Estado de México en materia de violencia de género, así mismo enfatizó que de haberse accionado la declaratoria de forma oportuna se hubiera podido evitar múltiples casos de feminicidio en dicha entidad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/ordena-jueza-al-edomex-ofrecer-disculpas-por-feminicidios-270.html

Desaparecidos en Michoacán: dos años de impunidad

Este 3 de diciembre se cumplen dos años de la desaparición de tres choferes dedicados al transporte de carga en Michoacán: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui y Sergio Camarena Castellanos.

Sus familiares han tenido que recurrir hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Suiza, para exigir que las autoridades mexicanas investiguen el caso.

Los tres choferes son originarios de San José de las Flores, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Hasta ahora, las autoridades no se han esforzado en encontrarlos, afirma el señor Miguel Ángel Macías Moreno, hermano de una de las víctimas.

Miguel Ángel y familiares de los otros dos choferes -José Luis Servín, Juan Ignacio Camarena y Víctor Javier Contreras- explicaron a Aristegui Noticias cada esfuerzo que han hecho por presionar a las autoridades para que busquen a los desaparecidos.

Con documentos, las familias muestran cómo han tratado con representantes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, las comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional, Presidencia de la República, sacerdotes, obispos y organizaciones independientes de derechos humanos.

Durante los dos últimos años han tocado cada puerta que permite el sistema de justicia, en busca de personas que faciliten el contacto con las autoridades, pero en realidad hoy saben lo mismo que hace dos años: sus familiares desaparecieron en algún camino de Michoacán sin dejar rastro alguno.

El viaje a Michoacán

Lunes 2 de diciembre 2013:

Daniel Contreras Jauregui recibió en su almacén de materiales en Zapotlanejo, Jalisco, al empresario minero Miguel Ángel del Toro, originario de Tepalcatepec, Michoacán.


Del Toro dijo que en la ciudad de Aguililla, Michoacán, se requería el transporte de minerales rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas. Y agregó que en esa zona había varias compañías mineras que requerían los mismos servicios, por lo que podrían hacer varios contactos.

Contreras y Del Toro buscaron al señor Salvador Macías Moreno para analizar la posibilidad de emprender un negocio, pues su familia está dedicada al transporte de mercancías en diversas partes del país.

De esa reunión concluyeron que irían al día siguiente a Aguililla para reconocer la zona.

Antes de despedirse, el minero Miguel Ángel del Toro les entregó una tarjeta de presentación con su nombre y les dijo que la presentaran si llegaban a ser detenidos en algún retén, pues su compañía tenía protección de las guardias comunitarias.

Al terminar la reunión, Daniel Contreras planteó el negocio a su primo Sergio Camarena Castellanos y al señor Alejandro López, quien ya tenía un camión trabajando en la zona, por lo que acordaron visitarla.

6:00 de la mañana. Martes 3 de diciembre 2013: 

A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2002, salieron rumbo a Aguililla los cuatro transportistas: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui, Sergio Camarena Castellanos y Alejandro López.

Durante el viaje se comunicaron varias veces con sus familiares y dijeron que todo iba bien, aunque fueron detenidos en algunos retenes de las policías comunitarias sin tener mayores problemas.

Llegaron a las minas alrededor de las 16:30 horas. En la zona se encontraron con Ignacio Camarena Castellanos, hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas.

Después de comer decidieron regresar a sus casas a las 17:30 horas, aunque el señor Alejandro López se quedó, por lo que sólo viajaron de vuelta tres personas: Salvador Macías, Daniel Contreras y Sergio Camarena.

Macías le marcó a su esposa y le dijo que llegaría a la medianoche.

Contreras habló con su esposa; le dijo que todo iba bien y que ya iban de regreso.


A las 18:30, Macías también le marcó a Ángel Ramírez, un empleado que tenía en Ensenada, Baja California, para comentarle que estaba en el Aguaje, Michoacán.

Miércoles 4 de diciembre 2013. Primeras horas: 

El hijo de Salvador Macías recibió un mensaje de texto que decía “vamos en”. Hasta hoy se desconoce porqué el mensaje no llegó completo. Son los últimos indicios de los transportistas jaliscienses.


Durante las horas, los teléfonos celulares de las víctimas siguieron prendidos, pero al llamar se mantenía el tono de espera hasta mandar al buzón de voz.

Ignacio Camarena, el hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas, confirmó que nunca llegaron a Jalisco, por lo que empezó a preguntar a otros transportistas y empresarios de la zona.

Sólo encontró un poco de información con los policías comunitarios, que informaron que la camioneta pasó por el último retén antes de entrar a Apatzingán.

Durante las primeras horas a Ignacio Camarena le llegó un rumor: que la policía municipal de Apatzingán tenía a tres hombres detenidos en la presidencia municipal, pero no podía acercarse porque los uniformados trabajaban para Los Caballeros Templarios y también lo estaban buscando a él. Le recomendaron dejar la zona porque podrían secuestrarlo y así lo hizo.


Dos años después los familiares de los desaparecidos no saben nada de sus familiares, pero aventuran la razón de su detención: quizá, la tarjeta de presentación que les dio el empresario Miguel Ángel del Toro significó su perdición, pues tenía protección de las autodefensas pero no con los Caballeros Templarios. O peor aún, el empresario no pagó alguna extorsión y los choferes fueron secuestrados como castigo.

Hasta hoy, la Procuraduría no ha interrogado al minero Miguel Ángel Del Toro, quien invitó a los transportistas a las minas.

Zona de Templarios

A finales de 2013, Los Caballeros Templarios tenían el control de los municipios de Tierra Caliente y era muy complicado entrar a ellos sin su permiso, afirma el doctor Salvador Maldonado, académico de El Colegio de Michoacán y experto en temas de seguridad de la región.

La zona de Tierra Caliente fue el bastión de la organización criminal en materia económica y control territorial. “Lograron controlar las rutas y vías de comunicación, que aunque puede parecer muy sencillo es crucial por la geografía local”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias.

El territorio michoacano prácticamente fue capturado por esta organización y gran parte de su éxito se explica por el control sobre las actividades económicas, sobre todo la minería, el negocio de la carne; el cultivo de limón, sandia, melón, papaya, aguacate, etc.

Salvador Maldonado dice que los narcotraficantes controlaban la economía regional, pues podían manipular precios, zonas de venta y producción.

Para el académico la crisis de seguridad inició formalmente en 2006, con el arranque de la Operación Conjunta Michoacán que lanzó el entonces presidente Felipe Calderón para enfrentar a los grupos criminales y que hasta 2011 siguió degradando la calidad de vida de los michoacanos.


Según la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año 2013 tiene el récord histórico de denuncias por secuestro en Michoacán, con 194 y, precisamente, se aprecia un aumento vertiginoso desde 2006, cuando se presentaron 16 denuncias.



En este contexto, Los Caballeros Templarios tenían como objetivo uno de sus pilares “brindar seguridad a la población” al bloquear la entrada de otros cárteles de la droga: “hasta 2011 la organización ganó la batalla a otros cárteles y al gobierno”, afirma Salvador Maldonado.

Los criminales controlaron a la mayor parte de las policías municipales, ya sea mediante el soborno o las amenazas. Comúnmente utilizaban a los uniformados locales para vigilar o monitorear territorios, aunque también intervenían directamente a favor de los templarios.

A nivel estatal la Procuraduría tenía capacidades limitadas de investigación, sobre todo en regiones dominadas por el crimen, y la población confiaba poco en las autoridades para presentar denuncias.

En febrero de 2013 nacieron los grupos de autodefensa como una respuesta al dominio que mantenían los grupos criminales sobre todos los aspectos de la vida cotidiana.

“A nivel local la seguridad estaba suprimida, en su momento fueron las fuerzas federales las que brindaban seguridad, hacían recorridos locales”, dijo Maldonado.

Ese era el estado donde en 2013 desaparecieron los tres choferes jaliscienses.

Confiar en las autoridades

En diciembre 2013, los familiares de los choferes desaparecidos se trasladaron a Michoacán para iniciar la búsqueda.

Miguel Ángel Macías dice que escucharon advertencias: si las víctimas siguen vivas es mejor no denunciar y buscar a los delincuentes para alcanzar un acuerdo, porque cualquier indicio de persecución podría significar su muerte.

Los familiares buscaron en hospitales y cárceles; siguieron atentamente las noticias de violencia en el estado de Michoacán y preguntaron a los contactos que han hecho en el negocio del transporte de carga.

Durante los primeros días no recibieron información de calidad, a pesar de los rumores de un posible secuestro o intento de extorsión, por lo que finalmente acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán el 19 de febrero de 2014.


Aristegui Noticias tuvo acceso a una copia de la averiguación previa 41/2014/III-DAE, donde consta que la Procuraduría ordenó mediante oficios el inicio de la investigación, estudios psicológicos de los familiares denunciantes, colaboración de procuradurías estatales y otras actuaciones ministeriales.

expediente.pdf by Aristegui Noticias:



Miguel Ángel Macías dice que las actividades de investigación sólo existen en los oficios pero no se han ordenado detenciones ni interrogatorios a personas que podrían saber el paradero de sus familiares, como por ejemplo, los policías de Apatzingán.

En el expediente consta que, el 7 de marzo de 2014, los policías ministeriales Luis Fernando Gutiérrez y René Vincent Gallegos entrevistaron a familiares de las víctimas, quienes reiteraron el relato sobre la desaparición.

Al final del oficio 1101 los funcionarios apuntaron: “realizamos recorridos de vigilancia y rastreos en las poblaciones de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y El Aguaje, sin encontrar rastros o evidencias que permitan conocer el paradero de los hoy ofendidos desaparecidos”.

Ese es el único trabajo de investigación en campo que consta en el expediente, el cual pudo consultar Aristegui Noticias.

Miguel Ángel Macías afirma que hasta ahora “sólo se envían oficios, no hay una línea precisa de investigación y la policía sólo se ha paseado por los lugares, pero no informa qué ha investigado”.


En el expediente consta que se solicitó el seguimiento a las líneas telefónicas, pero no vienen los resultados de estas tareas.

El contacto con la ONU

La familia Macías Moreno logró comunicarse con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante correo electrónico.

“Es la mejor atención que hemos recibido hasta ahora”, dice Miguel Ángel Macías, porque un funcionario les marcó por teléfono y les explicó en perfecto español los detalles de la cita.

El 13 de mayo de 2015 los familiares visitaron el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, para encontrarse con un grupo de trabajo especializado en desapariciones forzadas o involuntarias.

Los funcionarios del sistema de Naciones Unidas se comprometieron a dar seguimiento al caso y presionar a las autoridades mexicanas.

Los hermanos José Vicente y Juan Pablo Macías Moreno aprovecharon el viaje para visitar Roma y buscar una audiencia con el Papa. No pudieron reunirse con Francisco, pero el viaje les hizo recobrar la fe en encontrar a su hermano.

Los familiares de los choferes desaparecidos se reunieron con personal de Presidencia de la República, buscando ayuda para agilizar el proceso o contactos que pudieron darles ayuda en los procesos legales.

Miguel Ángel Macías afirmó que los atendieron muy bien, pero los licenciados Rafael Pérez, Roberto Herrera y Mario Valdez no dieron seguimiento al caso. En correo electrónico, Rafael Pérez envió a Miguel Ángel Macías una lista con los contactos de las comisiones de derechos humanos que podrían ayudarle en el caso.

El 13 de julio de 2014, Miguel Ángel Macías presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el 30 de septiembre de 2015 el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, le comunicó mediante oficio que no había competencia federal, por lo que el asunto debía llevarse ante la comisión estatal.

El 31 de agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán (CEDH) informó que admitió la queja en contra de personal de la Procuraduría de Justicia por hecho violatorios de derechos humanos, presuntamente cometidos en contra de los desaparecidos relacionados con “derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistente en la dilación en la averiguación previa penal”.

Derivado de esta queja la Procuraduría de Justicia está obligada a presentar avances, respondiendo las inquietudes de los familiares que no aprecian un trabajo de investigación.

Pista no explorada: una esperanza

La desaparición de los choferes de Jalisco coincide con dos secuestros ocurridos en Apatzingán en las mismas fechas.

Aristegui Noticias tuvo acceso a la denuncia que presentó un electricista de 28 años que fue secuestrado por policías municipales de Apatzingán y entregado a miembros de Los Caballeros Templarios el domingo 1 de diciembre de 2013.

El denunciante, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, narró que después de varias golpizas y amenazas de muerte fue llevado a una finca. Ahí escuchó que policías municipales de Apatzingán detuvieron a una “regidora” y no sabían qué hacer con ella.

“Les hablaron por el radio y les dijeron que había una regidora de Buenavista por donde estaba la Pepsi o el Telcel y que la tenía agarrada una patrulla de la policía municipal de Apatzingán, pero que supuestamente no tenían una razón para detenerla más tiempo (los templarios) comenzaron a mandar gente (…) y la patrulla les iba dando señales del carro que llevaba y se escuchaba que les decía que era un Honda Acor de color azul y que ella vestía una playera con rayas azules”.

La regidora de Buenavista Tomatlán, María Mariscal Magaña, desapareció en Apatzingán el martes 3 de diciembre de 2013. El mismo día que los choferes de Jalisco.

El denunciante de 28 años declaró que los templarios tenían detenidas a varias personas en la finca, que estaban separadas en grupos de hombres y mujeres.

Por la noche del 3 de diciembre los delincuentes juntaron a los secuestrados para llevarlos a su jefe y decidir “quién se iba y quién se quedaba”.

Luego de un viaje de dos horas, los secuestrados fueron interrogados por un hombre, quien aparentemente estaba al mando de Los Caballeros Templarios en esa región.


Durante los interrogatorios el denunciante escuchó que “unos de los secuestrados decían que eran de Jalisco, choferes de unas minas”.

El joven de 28 años dijo que él no era autodefensa y finalmente los criminales le creyeron, por lo cual ordenaron su regreso a la finca.


La declaración dice: “se quedaron los de Jalisco”. En el documento no queda claro el destino de la regidora.

El secuestro del denunciante terminó el 7 de diciembre de 2013 tras un operativo del Ejército mexicano.


La Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha informado ningún avance sobre el secuestro de la regidora Mariscal Magaña y a los familiares de los choferes desaparecidos no les consta que se esté explorando esa línea de investigación. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/desaparecidos-en-michoacan-dos-anos-de-impunidad-reportaje-especial/

Senadores restan autoridad al IFT con el aplazamiento del “apagón analógico”: Amedi

México, D.F: Con el aplazamiento del “apagón analógico”, los legisladores le restan autoridad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se mantienen en la línea de beneficiar a televisoras privadas, afirmó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

De acuerdo con el organismo, presidido por Jorge Fernando Negrete, los senadores sustraen atribuciones regulatorias y sancionatorias al IFT, afectan la calidad y comprometen la continuidad del servicio público de radiodifusión.

Los legisladores –agregó– alteran los conceptos de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), repiten disposiciones ya establecidas en la legislación y transgreden lo dispuesto en la Constitución, que ordena que el apagón analógico debe hacerse el 31 de diciembre de 2015.

En un comunicado difundido antes de que el Senado aprobara la reforma al Artículo 19 transitorio de la LFRT, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la Amedi subrayó:

“Con el subterfugio de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del apagón analógico, el nuevo dictamen será discutido en el Pleno del Senado, pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales, que no han realizado las inversiones necesarias para transitar a la televisión digital, al tiempo que aplaza hasta el último día de 2016 el apagón”.

Indicó que el Estado mexicano “ya ha destinado 27 mil millones de pesos para entregar 9.7 millones de televisores digitales a igual número de hogares de bajos recursos”, y esta inversión de recursos públicos inédita en el mundo –apuntó– “representa en sí misma un subsidio estatal a los actuales radiodifusores, que no han dotado de receptores a sus audiencias”.

En la sesión de ayer, el Senado aprobó con 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención la reforma al Artículo 19 transitorio de la LFRT, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Con ello, se postergará por un año el llamado “apagón analógico” o la entrada en vigor del sistema digital de televisión para medios públicos, culturales y estatales, así como estaciones de baja potencia.

La reforma aprobada establece que el IFT deberá emitir un calendario para que esas televisoras públicas cumplan con la transición digital, cuyo plazo fatal será el 31 de diciembre de 2016.

Señala, asimismo, que las estaciones de televisión de baja potencia, aquellas menores o iguales a un kilowatt para canales de VHF y de 10 kilowatts para canales de UHF, pueden postergar por un año la transición al sistema digital.


El pleno del Senado también incluyó un artículo transitorio por el cual a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral de 2016 deberá suspenderse la distribución y sustitución de equipos receptores, así como la entrega de televisores digitales para la población.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422294